Sin dar tregua, Israel bombardeó durante la madrugada de este domingo 80 objetivos solo en la capital iraní, según su ejército, mientras Teherán respondía con dos oleadas de ataques y el lanzamiento de decenas de misiles balísticos contra territorio israelí. Ya por la tarde, la República Islámica ha lanzado nuevas andanadas de proyectiles contra su enemigo. En las últimas horas, los proyectiles iraníes han matado al menos a 11 personas. Los heridos se calculan en unos 140. En Irán hay muchos más muertos. Hasta este domingo, al menos 224 personas, el 90% civiles, han muerto en los ataques israelíes, según los medios oficiales iraníes, que citan al Ministerio de Sanidad del país, informa desde Tel Aviv Luis de Vega.

El primer ministro británico, Keir Starmer, mantuvo conversaciones telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; con el príncipe saudí, Mohamed bin Salmán; y con miembros del Gobierno iraní.

Starmer recordó a los periodistas que le acompañan a Canadá la “preocupación sostenida en el tiempo ante el programa nuclear que Irán está desarrollando”, del mismo modo que quiso enfatizar “el derecho de Israel a defenderse”. “Nuestro mensaje constante es el de pedir una desescalada, y todo lo que estamos haciendo, todas nuestras discusiones, van en esa línea”, dijo.

“Irán e Israel deberían llegar a un acuerdo, y lo harán”, escribió por su parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Truth, su red social, en el que se mostró optimista: “Pronto habrá PAZ entre Israel e Irán. Se están llevando a cabo muchas llamadas y reuniones. Hago mucho y nunca se me reconoce nada, pero no pasa nada, el PUEBLO lo entiende. ¡HAGAMOS QUE ORIENTE PRÓXIMO VUELVA A SER GRANDE!”.

Ese optimismo del presidente de Estados Unidos se ha demostrado sin fundamento en ocasiones anteriores, como cuando dijo que acabaría con la guerra entre Rusia y Ucrania en un día, cuando auguró la rápida normalización de Gaza o, más recientemente, cuando creía que sería capaz de evitar la guerra entre Israel e Irán con las negociaciones sobre su programa nuclear.

En una entrevista difundida este domingo por ABC News, a Trump le han preguntado si Estados Unidos podría verse más involucrado en el conflicto: “No estamos involucrados. Es posible que nos involucremos. Pero en este momento no lo estamos”, ha contestadoTrump, que se mostró dispuesto a que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ejerciera como mediador: “Sí, estaría dispuesto a ello. Él está listo. Me llamó para hablarlo. Tuvimos una larga conversación al respecto. Hablamos más de esto que de su situación [la guerra de Ucrania]. Creo que es algo que se va a resolver”.

Alemania y Francia también se han unido a la petición del regreso a la diplomacia. Emmanuel Macron mantuvo este domingo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, para ofrecerle que se reanuden las conversaciones nucleares entre las potencias europeas y la República Islámica. “El programa nuclear de Irán es una grave preocupación y debe resolverse mediante la negociación. Por lo tanto, he invitado al presidente Pezeshkian a regresar rápidamente a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo, la única vía viable para la desescalada”, publicó Macron en su cuenta de la red social X. “Estamos dispuestos a contribuir y a movilizar todos nuestros esfuerzos para lograr ese objetivo”, añadió.

En respuesta, Pezeshkian avisó a Macron de que se equivoca si piensa que puede conseguir el retorno iraní a las conversaciones mientras Israel ataca el país. “Irán nunca ha buscado conflictos, pero no dudará en defenderse de las amenazas”, afirmó en comentarios recogidos por la agencia de noticias iraní Tasnim. La creencia de que la República Islámica cederá a exigencias ilógicas y dobles raseros bajo presión, o que negociará mientras el régimen sionista continúa sus ataques, es un error de cálculo, según palabras del mandatario.

Horas después de la conversación entre París y Teherán, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, tendió públicamente la mano a Israel durante una entrevista con la cadena ARD. “Alemania, junto con Francia y el Reino Unido, está lista. Ofrecemos negociaciones inmediatas sobre el programa nuclear. Espero que la oferta sea aceptada”. Previamente, el portavoz iraní de Exteriores había lamentado la posición de Berlín en favor del derecho de Israel a defenderse ante la amenaza nuclear. “Pregunten a los supervivientes de los refugiados polacos y franceses que recibieron pasaportes iraníes para estar a salvo de Hitler. Quienes están perpetuamente en el lado equivocado de la historia es mejor que ahora guarden silencio”, escribió en X.

Envío de cazas

A pesar de todos los esfuerzos por ahondar la vía diplomática, y en previsión de que esta no dé resultado de forma inmediata, el Reino Unido ha decidido reforzar sus bases militares en la región. Starmer confirmó a última hora del sábado que su país ha desplazado a la zona más cazas de combate y aeronaves de reabastecimiento de combustible de la Royal Air Force (RAF), como apoyo de contingencia.

La medida anunciada por el Reino Unido se produce después de las recientes amenazas lanzadas por Irán a las potencias occidentales. Los medios de comunicación oficiales iraníes trasladaron el mismo sábado a Londres, París y Washington la advertencia de Teherán de que sus bases en la región se convertirán en objetivos militares si esos países deciden apoyar a Israel en la ofensiva que lanzó el pasado jueves contra el régimen de los ayatolás.

El primer ministro británico mantuvo una ambigüedad calculada respecto a los siguientes pasos que podría dar su Gobierno y a una posible ayuda a la defensa de Israel. En abril y octubre del año pasado, cazas de combate del ejército del Reino Unido respaldaron a las Fuerzas de Defensa Israelíes.

“Todas estas son decisiones operativas. Se trata de una situación en evolución continua, con lo que no voy a dar más detalles. Pero hemos decidido desplazar refuerzos a la región, incluidos los cazas de combate, para un mayor apoyo”, señaló Starmer.

Trump: “Estados Unidos no ha tenido nada que ver”

Trump, mientras, trata de evitar verse arrastrado a una guerra que prefería haber evitado. Israel no dispone de las bombas antibúnker y los grandes aviones bombarderos necesarios para destruir la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, en Irán, construida en el interior de una montaña y a gran profundidad bajo tierra por lo que desea que Estados Unidos participe en la operación para desmantelar el programa nuclear iraní.

El presidente, sin embargo, ha reiterado la que fue la respuesta inicial de la diplomacia estadounidense: dejar claro a Irán que no participa en el ataque y amenazar al Gobierno de Teherán con dureza para el caso de que golpee a objetivos estadounidenses en la región.

Pasada la medianoche del sábado al domingo en Washington, seis horas más en la España peninsular, escribió también en Truth: “Estados Unidos no ha tenido nada que ver con el ataque a Irán de esta noche. Si Irán nos ataca de cualquier forma, con cualquier medio, toda la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos caerán sobre vosotros con una intensidad nunca vista. Sin embargo, podemos llegar fácilmente a un acuerdo entre Irán e Israel y poner fin a este sangriento conflicto”. Fácilmente, según Trump.

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La decisión se conocía apenas 24 horas después de que un nuevo grupo de siete hombres de origen paquistaní de Rochdale fueran condenados el pasado viernes por aquellos hechos: más de medio centenar de agresiones sexuales múltiples a mujeres menores blancas de situación familiar y económica vulnerable, entre 2001 y2006. Todo “bajo las narices de trabajadores sociales y otros responsables que deberían hecho mucho más por proteger a estas menores”, había dicho en la sala el fiscal encargado del caso.

El Gobierno laborista insistió desde enero pasado, cuando el magnate Elon Musk resucitó el asunto en la red social X con mensajes incendiarios, en que ya se había realizado un informe, elaborado a lo largo de siete años por la profesora Alexis Jay. La propia Jay dijo entonces que no había que investigar nada más, sino aplicar las recomendaciones añadidas a su documento.

Pero Starmer, cada vez más asediado por el mensaje racista de la derecha populista de Reform UK, el partido de Nigel Farage, quiso ganar tiempo. Encargó una consulta rápida a la baronesa Louise Casey, miembro independiente de la Cámara de los Lores que se ha significado durante muchos años por su tarea en ayuda de las personas vulnerables. El mandato incluía la obligación de tener en cuenta la etnia y el grupo demográfico tanto de los presuntos agresores como de las víctimas, así como “los factores culturales y sociales que pudieron ser determinantes en este tipo de delitos, en todos los grupos étnicos”.

Las principales críticas contra las autoridades ante la gestión de estos delitos sugerían que policías y servicios sociales decidieron mirar para otro lado ante el hecho de que los culpables eran de una minoría étnica —paquistaníes—, para evitar mayores tensiones raciales.

“Ella [Casey] ha llegado a la conclusión de que debería emprenderse una investigación de alcance nacional, después de haber visto lo que ha visto”, explicaba el sábado el primer ministro. Se refería a material policial y judicial que nunca se incluyó en el informe anterior. “He leído al detalle su texto y voy a aceptar su recomendación. Creo que es lo correcto”, anunciaba Stamer.

El origen del escándalo

A finales de los años noventa, las autoridades locales de Rotherham, una ciudad al norte de Inglaterra de casi 250.000 habitantes, pusieron en marcha la organización de ayuda Risky Business. Su propósito era atender a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes víctimas de la explotación sexual en las calles. Durante los años previos habían surgido señales de alarma. Algunos responsables de centros de acogida de menores vulnerables habían detectado un tráfico de taxis nocturnos, en su mayoría conducidos por personas de origen paquistaní, que transportaban a niñas a otros puntos de la ciudad.

La información acumulada, que trasladaba constantemente a las autoridades, llegó a ser abundante. La policía local sugirió a una de esas trabajadoras sociales, conocida como Senior, que la enviara directamente a un buzón de correo electrónico, bautizado como Box Five. Tres años más tarde, la trabajadora descubrió que ese buzón ni siquiera existía. Nadie había prestado atención a unas denuncias que habían acabado en la papelera.

“Siempre nos decían que no aportábamos suficientes pruebas”, contó Senior a la BBC. “Pero nuestra labor no era la de investigar, sino la de denunciar”, se quejó. “Nos decían que las declaraciones de las niñas no eran sólidas, y que eran ellas las que habían consentido sus abusos”.

En 2011, el periodista del diario The Times Andrew Norfolk reveló la existencia de bandas organizadas de tráfico y explotación sexual de menores que habían operado a lo largo de más de una década por diferentes ciudades del norte y las Tierras Medias (Midlands) de Inglaterra, incluida Rotherham. Un auténtico tsunami de explotación sexual, aseguraron fuentes policiales anónimas a Norfolk, que se extendía por los condados de Yorkshire, Lancashire o Greater Manchester, entre otros. Trece ciudades. Según los datos expuestos por el periodista, hasta 56 personas habían sido condenadas por violación, secuestro de menores, abusos y agresiones sexuales a menores.

La inmensa mayoría de los condenados pertenecía a la comunidad británico-paquistaní. La componen algo más de 1,6 millones de habitantes. Llegaron al Reino Unido durante la gran migración de los años cincuenta y sesenta. Norfolk señalaba en su artículo que 50 de los condenados eran musulmanes, aunque intentaba matizar en un párrafo posterior que, “en realidad, la inmensa mayoría de los musulmanes consideran este tipo de crímenes algo aborrecible”.

Casi todas las víctimas eran menores británicas blancas, procedentes muchas de ellas ―no todas― de entornos vulnerables y familias desestructuradas.

En 2014, la profesora Alexis Jay, al frente de una investigación pública, presentó un devastador informe. Era el resultado de una profunda indagación sobre las actividades de las bandas responsables de agresiones sexuales en Rotherham, una ciudad del condado de Greater Manchester.

Jay señaló que al menos 1.400 niñas habían sido víctimas de esas bandas entre 1997 y 2013. “Muchos de los casos que hemos estudiado describen a niños de entornos familiares conflictivos, con episodios de violencia doméstica, padres con adicciones, y en algunos casos graves enfermedades mentales. Un número significativo de víctimas presentaba un historial de desatención en sus cuidados y de abusos sexuales previos”, relató Jay.

La investigadora señaló que la mayoría de los agresores sexuales habían sido descritos como “asiáticos” por las víctimas. Las decenas de condenas surgidas en años posteriores fueron casi en un 80% a varones británicos de origen paquistaní. Jay indicó en su informe que algunos de los trabajadores de los servicios sociales “expresaron su nerviosismo a la hora de señalar el origen étnico de los supuestos acosadores por miedo a ser tachados de racistas”. Alguno, indicó, llegó a sugerir que había recibido instrucciones claras de sus superiores de no decir nada en ese sentido.

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La ciudad norirlandesa de Ballymena, que con sus apenas 30.000 habitantes es el séptimo núcleo urbano del territorio británico en la isla de Irlanda, lleva ya tres noches consecutivas, desde la del pasado lunes, con vehículos, neumáticos, contenedores y escaparates de comercios incendiados. Más de 30 policías han resultado heridos en los enfrentamientos con centenares de vándalos que se han lanzado a las calles a la caza de inmigrantes, a los que se ha respondido con cañones de agua y vehículos blindados.

Y la chispa de una violencia callejera que trae a la memoria de muchos las escenas de los troubles (la guerra sectaria que enfrentó a protestantes y católicos durante décadas) es la misma que saltó el verano pasado en la localidad inglesa de Southport, que se extendió más tarde por otras muchas ciudades; o la misma que agitó el centro de Dublín en noviembre de 2023: la sospecha de que un inmigrante estaba en el centro de un crimen aparentemente horrendo.

Cuando dos menores de 14 años comparecieron el lunes por la mañana ante el juzgado, acusados de una agresión sexual contra una menor, trascendió la información de que habían solicitado los servicios de un traductor de rumano para declararse no culpables. Las redes sociales, como en ocasiones anteriores, comenzaron a inundarse de mensajes racistas, y las vigilias y protestas pacíficas de los vecinos previstas para esa tarde se vieron dominadas por decenas de jóvenes encapuchados, armados con ladrillos, petardos y cócteles molotov.

“La violencia irracional que se ha desatado en Ballymena es muy preocupante y completamente inaceptable. Estos delincuentes no solo están poniendo vidas en riesgo, sino que socavan el proceso mismo de justicia liderado por la policía para apoyar a una víctima que merece justicia, protección y que se conozca la verdad”, reclamaba el comisario jefe de la policía de Irlanda del Norte (PSNI, en sus siglas en inglés), Jon Boutcher.

En muchas de las viviendas de la ciudad, cuya economía sufre un imparable declive por una desindustrialización que comenzó a finales del siglo pasado, se ha visto esta noche del jueves un despliegue inusitado de Union Jacks, la bandera aspada, blanca, roja y azul, del Reino Unido, en incluso carteles en lo que se decía “Aquí viven filipinos”, con la esperanza de desviar la rabia de los vándalos. Además de los enfrentamientos con los agentes de policía, la mayoría de los ataques han sido contra residencias en las que se sospechaba que podían vivir extranjeros.

En la tercera noche de violencia, los disturbios se han extendido a otros pequeños pueblos de la zona. En Larne, un grupo de medio centenar de encapuchados ha incendiado un centro de ocio destinado precisamente a acoger a algunas de las personas desplazadas por los destrozos en sus viviendas. Todas ellas han sido realojadas a otras instalaciones, según han informado las autoridades locales.

Aunque las voces políticas más radicales han intentado justificar la violencia en las calles, el consenso de la mayoría de los partidos ha ido dirigido a condenar la violencia racista y a reclamar la vuelta a la calma. “Un fracaso por parte de las sucesivas autoridades a la hora de manejar la integración o de responder a las preocupaciones de la población local ha dejado a muchos residentes con la sensación de ser ignorados y no respetados”, se lanzaba a denunciar en solitario Jim Allister, el diputado unionista radical del condado de Antrim (donde se encuentra Ballymena) que ocupa hoy un escaño en la Cámara de los Comunes en Londres.

Aunque Allister intentaba justificar el malestar en los “rápidos cambios demográficos” que han tenido lugar en los últimos años en Irlanda del Norte, lo cierto es que las últimas estadísticas oficiales señalan que ese territorio tiene un porcentaje del 3,4% (unas 65.600 personas) de población extranjera, frente al 18,3% de Inglaterra o Gales o el 12,9% de Escocia (las otras tres naciones que componen el Reino Unido). En Irlanda del Norte viven 1,9 millones de personas.

“Todos los que están utilizando este asunto como arma para agitar las tensiones raciales no tienen el menor interés en que se haga justicia, y lo único que pueden ofrecer a sus comunidades es división y desorden público”, han dicho en un comunicado conjunto todos los partidos, unionistas y republicanos, que forman parte obligatoriamente del Gobierno autónomo de Irlanda del Norte.

Los meses de junio y julio, con las celebraciones protestantes con hogueras y desfiles, son proclives al estallido de violencia sectaria en Irlanda del Norte. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 puso fin a décadas de guerra, pero la tensión sigue viva. El Brexit, y la sensación de los unionistas probritánicos de sentirse abandonados por parte de Londres ―con la firma del Protocolo de Irlanda, que retuvo al territorio en el espacio aduanero de la UE― ha provocado un resurgir del vandalismo callejero.

La ola contra los inmigrantes que se ha desatado en Inglaterra y en Dublín tenía necesariamente que prender también en un territorio, Irlanda del Norte, donde cualquier chispa provoca fácilmente un incendio.

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La portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Conservador, Pritti Patel (en su día poderosa ministra del Interior), ha mostrado, con su reacción al acuerdo, la mezcla de templanza, confusión y rabia a medio cocinar que ha provocado en la principal fuera opositora el acuerdo firmado en Bruselas: “Gibraltar es británica, y dado el historial del Partido Laborista a la hora de ceder nuestros territorios y de ofrecer privilegios, vamos a estudiar con mucho cuidado todos los detalles de este acuerdo”, ha dicho Patel.

La exministra es consciente de que sus propios aliados conservadores en Gibraltar están satisfechos con un acuerdo que pone fin a su inestabilidad, y establece claramente que no afecta a las respectivas reivindicaciones de soberanía y jurisdicción de los gobiernos británico y español respecto al Peñón. Se trata más bien de generar ruido sin provocar daños. Por eso las constantes comparaciones entre Gibraltar y la reciente cesión a Mauricio del archipiélago de Chagos, donde Londres y Washington comparten una base militar. Era el final de una disputa histórica en la que la legalidad internacional estaba en contra del Reino Unido. La decisión de pagar más de 120 millones de euros anuales, durante cien años, para seguir usando las instalaciones militares, fue la excusa perfecta para que la oposición conservadora hiciera ruido y hablara de “rendición” y “traición”.

La mayoría de la población británica, sin embargo, está a otra cosa. La economía no despega. Gran parte del país sufre el declive fruto de dos décadas de austeridad. Y la derecha populista de Nigel Farage y su partido Reform UK ha encontrado en la inmigración un filón electoral más rentable que el contencioso histórico de Gibraltar. “Ningún Parlamento puede atar a su sucesor en nada, por lo que [para nuestro partido], tanto esto como el acuerdo de pesca, son inválidos. Este Gobierno es el peor negociador de la historia. Lo de Gibraltar es otra rendición”, ha dicho.

Se refería Farage a la renovación aceptada por el Gobierno de Starmer para que las flotas pesqueras UE sigan teniendo acceso durante doce años a sus aguas. Fue un aspecto clave para sacar adelante el histórico acuerdo bilateral post Brexit firmado en Londres el mes pasado entre Londres y Bruselas. El político populista utiliza cualquier excusa para resucitar el argumento de un Gobierno entregado a los intereses europeos, pero cada vez con más desgana. Su estrategia se centra hoy más en el descontento de muchos sectores ante el deterioro de la calidad de vida y los recortes sociales impuestos por Downing Street.

A lo largo de las últimas horas, los políticos británicos de derechas más radicales y eurófobos, como la exministra Suella Braverman, o el portavoz conservador de Defensa, Mark Francois, han hablado de “traición” y “rendición”, e incluso han advertido de que el próximo territorio en caer serán las Malvinas. Sin embargo, bastaba un repaso a las principales cabeceras de los diarios del jueves, dedicadas a la posibilidad futura de un aumento de los impuestos sugerida por el Gobierno, para entender la verdadera relevancia del asunto. Tan solo el Daily Telegraph, la biblia del conservadurismo más eurófobo, ofrecía un titular incendiario: “Las fronteras de Gibraltar serán controladas por la policía de España, en un último acuerdo de rendición”, decía el diario al fondo de su portada. “Ha llegado el momento de dejar atrás las discusiones del pasado y mirar hacia un futuro de cooperación renovada y entendimiento”, decía Picardo, que dejaba claro que los gibraltareños no se apuntan a ninguna nueva batalla.

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El comunicado conjunto explica que se ha alcanzado “un acuerdo político definitivo sobre los aspectos fundamentales del futuro pacto entre la UE y el Reino Unido en relación con Gibraltar”, que “salvaguarda las respectivas posiciones jurídicas” de Madrid y Londres “en materia de soberanía y jurisdicción”, lo que afecta tanto al Peñón, como al istmo que le une con la Península y las aguas que lo rodean. El acuerdo culmina una negociación que formalmente ha durado casi tres años y medio (la primera ronda negociadora a tres bandas se celebró en febrero de 2022), pero en realidad se inició mucho antes, cuando Madrid y Londres empezaron a pergeñar lo que se conoció como el Pacto de Nochevieja, suscrito el 31 de diciembre de 2020, que ha servido de base al actual. Desde 2021 Gibraltar se encuentra en un limbo legal, ya que está formalmente fuera de la UE pero no se aplican los controles Schengen.

Tras asegurar que el principal objetivo del futuro tratado “es garantizar la prosperidad” del Peñón y del Campo de Gibraltar, el documento anuncia que “se eliminarán la totalidad de las barreras físicas, los chequeos y los controles sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar, preservando al mismo tiempo el espacio Schengen [el área sin fronteras que incluye a 29 países europeos] el Mercado Único de la UE y la Unión Aduanera”.

En concreto, explica la declaración, las partes han acordado “establecer controles fronterizos duales [de] Gibraltar y Schengen en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, que se llevarán a cabo mediante una plena cooperación entre las autoridades de la UE y del Reino Unido/Gibraltar, suprimiendo todos los controles en el paso fronterizo entre Gibraltar y La Línea”. Por parte de la UE, agrega el texto, “España realizará los controles Schengen completos”, mientras que, por parte del Reino Unido, “los controles gibraltareños completos seguirán llevándose a cabo como hasta ahora”.

Es decir, los pasajeros que lleguen al puerto y aeropuerto de Gibraltar pasarán un doble control: uno de la policía gibraltareña y otro de la española, sin los que no podrán entrar al Peñón. El texto no menciona la presencia de Frontex, la agencia de fronteras de la UE, a la que en el pacto inicial alcanzado entre España y Reino Unido en la Nochevieja de 2020 se planeaba recurrir durante un periodo transitorio, algo que finalmente se ha descartado.

Medios conservadores del Reino Unido han criticado duramente el hecho de que los ciudadanos británicos tengan que mostrar su pasaporte a la policía española para entrar en una de sus colonias. El Gobierno británico se ha apresurado a aclarar que la inmigración y la seguridad seguirá siendo competencia de la policía gibraltareña, mientras que los agentes españoles se encargarán de garantizar la integridad del espacio Shengen y han puesto como modelo los controles franceses en la estación londinense de St Pancras, desde donde sale el tren Eurostar que cruza el canal de La Mancha.

El pacto incluye también un acuerdo sobre visados y permisos de residencia y compromete “una estrecha cooperación entre las autoridades policiales y judiciales” de España y Gibraltar, según el texto.

El acuerdo consagra igualmente una “futura unión aduanera entre la UE y Gibraltar, manteniendo una estrecha colaboración entre las respectivas autoridades aduaneras y eliminando los controles de mercancías”, agrega la nota. “También se ha llegado a un acuerdo sobre los principios de imposición indirecta que se aplicarán en Gibraltar, incluyendo el tabaco”; lo que “evitará distorsiones y contribuirán a la prosperidad de toda la región”. Este era uno de los puntos más conflictivos, pues en el Peñón no se aplica el IVA y el impuesto de sociedades solo grava con un 10% los beneficios obtenidos en la colonia por las casi 13.000 sociedades activas registradas, que no tributan nada por sus beneficios en el exterior, pero el comunicado no detalla cómo se ha salvado este escollo.

La nota se limita a señalar que el acuerdo incluye “compromisos de igualdad de condiciones en materia de ayudas estatales, fiscalidad, trabajo, medio ambiente, comercio y desarrollo sostenible, lucha contra el blanqueo de capitales y transporte; incluyendo el aeropuerto; los derechos de los trabajadores transfronterizos [según datos de mayo, en Gibraltar hay 15.225 trabajadores de este tipo, de los que 10.500 son españoles] y la coordinación en materia de seguridad social”. También “una cooperación específica en materia de medio ambiente” ―se establecerá un mecanismo de concertación obligatoria ante vertidos y otros problemas medioambientales ― y la “creación de un mecanismo financiero adecuado para promover la cohesión y apoyar la formación y el empleo en la región”.

Una vez alcanzado el pacto político, concluye el comunicado, los equipos negociadores deberán ultimar “rápidamente el texto jurídico completo” y “ejecutar los respectivos procedimientos internos para su firma y ratificación”. En principio no está previsto que el futuro tratado se someta a la aprobación del Congreso español, ya que las competencias en materia de comercio están cedidas a la Comisión Europea, que es la que ha negociado en nombre de la UE. En cambio, sí tendrá que ser ratificado por el Parlamento europeo y el británico.

El comunicado deja muchas incógnitas sin despejar, desde los tipos impositivos que aplicará Gibraltar a los productos hasta el uso conjunto del aeropuerto, que España reclamaba y no se menciona en el texto. Aunque tampoco figura en el comunicado conjunto, las autoridades británicas han hecho saber que el acuerdo permite “que vuelos comerciales operen desde Gibraltar a destinos de la UE, aumentando la conectividad de Gibraltar con el continente y contribuyendo a su prosperidad”. Albares ha añadido que el aeropuerto de Gibraltar, construido en el istmo cuya soberanía reclama España, beneficiará a toda la zona, pues habrá vuelos comerciales de compañías tanto británicas como europeas y españolas.

El Gobierno británico también ha subrayado que se garantiza la “autonomía plena de las instalaciones militares del Reino Unido en Gibraltar”, lo que podría significar que los militares británicos y sus suministros no estarán sujetos a los controles de la policía española; lo que constituía una de las mayores preocupaciones de Londres.

Sefcovic, comisario de Comercio y Seguridad Económica, se ha felicitado por el acuerdo, que ha calificado de “verdadero hito histórico para la UE”; mientras que la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subrayado que el pacto “salvaguarda la integridad de la zona Schengen y del mercado único, mientras asegura la estabilidad, la certidumbre legal y la prosperidad de la región”.

“Con este acuerdo desaparecerá la Verja, el último muro de la Europa continental y queda garantizada la libre circulación de personas y mercancías. Gribraltar estará conectado con el espacio Schengen, ejerciendo España el control de entradas y salidas”, ha proclamado el ministro español de Asuntos Exteriores. “La libre circulación de mercancías queda también garantizada, evitando distorsiones, dado que habrá un proceso de convergencia fiscal que garantice una competencia justa para todos”, ha añadido.

“Este Gobierno [británico] heredó una situación del Ejecutivo anterior que colocó bajo amenaza la economía y el modo de vida de Gibraltar. El avance de hoy [por este miércoles] aporta una solución práctica después de años de incertidumbre”, ha dicho por su parte el ministro de Exteriores británico. Lammy ha añadido que el pacto “protege la soberanía británica, apoya la economía gibraltareña y permite planear de nuevo negocios a largo plazo”. Ante las previsibles críticas que el acuerdo provocará en España, Reino Unido e incluso Gibraltar, Picardo, integrado en la delegación británica, ha zanjado: “Es momento de mirar más allá de las discusiones del pasado y hacia una época de cooperación y entendimiento renovados. El acuerdo está hecho, es tiempo de finalizar el tratado”.

La interpretación del acuerdo plasmada por el diario Daily Telegraph, la referencia obligada de los euroescépticos británicos, que acusaba a Gibraltar y Gran Bretaña de “entregar el control de su frontera a Europa”, encendía los ánimos de los críticos. “Otra rendición y otra entrega. Este Gobierno se dedica a socavar el Reino Unido y es imperdonable. Lo próximo serán las Malvinas”, escribía en X la ex ministra del Interior, y candidata frustrada a dirigir el Partido Conservador, Suella Braverman. “Primero Chagos [el archipiélago que el Reino Unido acaba de devolver a Mauricio]. Ahora Gibraltar. Eres desastroso, Starmer”, acusaba al primer ministro el diputado Rupert Lowe, de las filas de Reform UK.

El jefe del Foreign Office ha viajado a Bruselas desde Gibraltar, donde se ha reunido este miércoles con el Gobierno gibraltareño para ultimar los “parámetros finales” del acuerdo, en palabras del ministro principal gibraltareño. A la reunión con el Gabinete de Picardo asistió también el secretario de Estado británico para Europa y Norteamérica, Stephen Doughty.

La última cita tripartita sobre Gibraltar se celebró en Bruselas en septiembre de 2024, aunque Sefcovic mantuvo el pasado mes de mayo reuniones bilaterales por separado con los jefes de la diplomacia española y británica y en ningún momento se han interrumpido los contactos e intercambio de documentos técnicos entre las partes.

La reunión en Bruselas vino precedida el martes por la decisión de la Comisión Europea de proponer la retirada de Gibraltar de la denominada “lista anti-blanqueo de capitales de la UE”, lo que ha sido recibido con satisfacción por el Gobierno del Peñón. A lo largo de la negociación, Picardo ha exigido también que España saque a la colonia de su propia lista de jurisdicciones no cooperativas o paraísos fiscales, pero el Ministerio de Hacienda no lo ha hecho todavía, para irritación de las autoridades gibraltareñas.

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Los sancionados son Itamar Ben Gvir, un diputado supremacista que ocupa el Ministerio de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, actual ministro de Finanzas. “La retórica extremista que aboga por el desplazamiento forzoso de los palestinos y por la creación de nuevos asentamientos israelíes es escandalosa y peligrosa. No resulta aceptable. Hemos solicitado insistentemente al Gobierno israelí que intervenga, pero siguen animando a los perpetradores violentos, que actúan impunemente”, subraya el texto.

Congelación de activos

Las medidas punitivas acordadas contra ambos suponen la prohibición de viajar al Reino Unido y el resto de países firmantes, así como la congelación de los activos que pudieran poseer fuera de Israel.

“Seguimos firmemente comprometidos con la solución de los dos Estados, el único modo de garantizar seguridad y dignidad para israelíes y palestinos, así como estabilidad a largo plazo en la región, puestas en peligro por la violencia extremista de los colonos y la expansión de los asentamientos”, denuncia el comunicado.

Starmer, que expresó un apoyo sin fisuras a la primera fase de la ofensiva bélica de Israel en Gaza, se topó de inmediato con el descontento y la rebelión interna en las filas laboristas, a medida que se conocía el sufrimiento de los gazatíes. Desde entonces, el primer ministro ha ido radicalizando de modo gradual sus críticas al Gobierno de Netanyahu. El lenguaje de la nota conjunta, sin embargo, revela todavía un intento de equilibrio en las palabras y en las condenas.

“Las medidas anunciadas hoy no se desvían de nuestro apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel, y seguimos condenando el horrendo ataque terrorista del 7 de octubre de Hamás. Son medidas dirigidas contra individuos que, bajo nuestro punto de vista, socavan la seguridad del propio Israel y su posición en el mundo”, dice el texto.

Réplica israelí

La respuesta israelí, como en ocasiones anteriores, ha sido dura y desafiante. Después de que el Ejecutivo de Netanyahu fuera informado de las sanciones en torno al mediodía de este martes, el ministro israelí de Exteriores, Guideon Saar, ha asegurado que era “escandaloso que diputados electos y miembros del Gobierno fueran sometidos a este tipo de medidas”. Saar ha dicho que el Gobierno celebrará una reunión extraordinaria esta misma semana para dar respuesta a “una decisión inaceptable”.

El ministro Smotrich, defensor de la expansión de los asentamientos de colonos judíos en Cisjordania, se ha opuesto con firmeza a la llegada de ayuda humanitaria a la Franja. “Gaza será destruida por completo, y los civiles serán enviados a una zona humanitaria en el sur, sin Hamás ni terrorismo. Desde allí, comenzarán a salir en grandes grupos hacia otros países”, dijo el viernes pasado.

Gvir ha pedido públicamente que la Cúpula de la Roca, la mezquita de Jerusalén que es el tercer lugar sagrado de mayor relevancia para los musulmanes, sea convertida en una sinagoga. Y no deja de reclamar la expulsión de la población palestina de la Franja. “Debemos alentar la emigración, la emigración voluntaria de los residentes de Gaza”, aseguró el año pasado.

Firmeza

La progresiva dureza del Gobierno de Starmer contra Israel obedece en gran parte —además de a la presión internacional y a la de los miembros de su partido— a la firmeza sostenida de su ministro de Exteriores, David Lammy, ante la crisis de Oriente Próximo. Fue él quien anunció el embargo de un buen número de armas que el Reino Unido vendía a Israel, ante la sospecha de que estaban siendo utilizadas para quebrar la legalidad internacional.

Y fue Lammy también el que defendió en la Cámara de los Comunes el duro comunicado firmado conjuntamente por el Reino Unido, Francia y Canadá en el que advertía de serias respuestas si “Israel no cesaba su renovada ofensiva militar en Gaza ni levantaba sus restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en la franja”. “El nivel de sufrimiento humano es intolerable”, denunciaba un texto de firmeza inusitada en el que se acusaba al Gobierno de Netanyahu de quebrar el derecho internacional humanitario.

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Las compañías que han apostado por esta tecnología podrán sacar a calles y carreteras servicios de taxi y de autobús autónomos, contratados previamente por los usuarios a través de una aplicación móvil. La Ley de Vehículos Automatizados prevé que en la primavera de 2027 el despliegue de este tipo de vehículos cubra todo el país. El Gobierno laborista calcula que la nueva realidad aporte casi 40.000 empleos, y miles de millones de libras —hasta 42.000 millones en el plazo de una década— a la economía del país.

“Ya está llegando el futuro del transporte. Los vehículos sin conductor pueden traer consigo puestos de trabajo, inversión y la oportunidad de que el Reino Unido se convierta en uno de los líderes mundiales de esta nueva tecnología”, ha proclamado la ministra de Transportes, Heidi Alexander, al dar a conocer su decisión de acelerar el despliegue.

Durante todo ese primer año, el Gobierno podrá estudiar a conciencia toda la información y datos generados por los nuevos vehículos. Antes, aseguran fuentes del Departamento de Transporte, se habrá exigido a todos esos automóviles robóticos un nivel de seguridad tan competente al menos como el de los mejores y más precavidos conductores.

Los defensores de esta nueva tecnología de movilidad aseguran que la capacidad de reacción de estos vehículos es mucho más rápida que la de los humanos, y después de un entrenamiento y aprendizaje continuo en escenarios complejos, es posible reducir notablemente el número de muertos y heridos que provocan cada año los accidentes de tráfico.

“No nos podemos permitir ser desplazados al asiento trasero cuando se trata de la Inteligencia Artificial, a no ser que se trate de un autobús sin conductor”, ha ironizado el ministro británico de Tecnología, Peter Kyle. “Debemos liderar un sector que va a hacer nuestras carreteras más seguras y mucho más fácil el transporte”.

La posibilidad de comenzar a utilizar estos vehículos en una ciudad como Londres, con un trazado medieval, escasa planificación urbana y apenas grandes avenidas, supone un desafío descomunal para las empresas implicadas en este sector, pero garantiza a la vez una generación de datos y un aprendizaje de los vehículos mucho más intenso que la conducción en grandes autopistas, espacios abiertos y trazados pensados para los automóviles que suponen los paisajes estadounidenses.

Ya se han realizado pruebas con vehículos sin conductor en el Reino Unido desde enero de 2015. Las compañías británicas Wayve y Oxa han estado a la cabeza de estos primeros ensayos reducidos. Wayve se aseguró recientemente inversión privada por casi 1.2000 millones de euros, y ha anunciado alianzas recientes con Nissan y con Uber. Oxa, por su parte, ya ha puesto en marcha servicios de autobús sin conductor en algunas zonas de Estados Unidos, y automóviles robóticos en el aeropuerto londinense de Heathrow que ayudan en el manejo de los equipajes de los viajeros.

“Con estos primeros ensayos lograremos ganarnos la confianza de los usuarios y generar nuevos empleos, servicios y mercados”, ha dicho el cofundador y director ejecutivo de Wayve, Alex Kendall. “Desde que desplegamos nuestro primer prototipo en Cambridge hemos sido capaces de realizar el primer trayecto en carreteras públicas con conducción generada por Inteligencia Artificial. Hemos comenzado en Londres y nos hemos expandido al resto del país”, ha señalado.

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Reeves, que presentará este miércoles una nueva Spending Review (Revisión de Gasto), ha decidido cambiar las reglas de equilibrio fiscal que limitan el aumento de la deuda pública para poder insuflar esa cantidad astronómica a la industria atómica, del mismo modo que ya ha anunciado un incremento de la inversión en defensa hasta el 2,5% del PIB en los próximos dos años.

“Pero la seguridad no se reduce a nuestras fuerzas armadas. También se trata de evitar que los precios energéticos no se disparen debido a sucesos que ocurren en algún lugar del mundo, o a que una cadena de suministro internacional frágil se vea distorsionada (...) La seguridad nacional también es la seguridad energética”, ha anunciado Reeves ante los delegados de la central sindical GMB, que celebran estos días su congreso anual en Brighton.

“Porque es la decisión correcta para abaratar el coste de la vida y crear empleos, y la decisión correcta para obtener seguridad energética, hoy anuncio que este Gobierno laborista va a invertir en el mayor despliegue de energía nuclear realizado en una generación”, ha proclamado la ministra entre aplausos.

El Gobierno de Starmer utiliza el argumento de la creación de empleo y del crecimiento económico para justificar decisiones de un calado político descomunal, como lo son la del rearme militar o la de la apuesta por las nucleares.

Según Reeves, la inversión en el proyecto Sizewell C supondrá la generación de 10.000 nuevos puestos de trabajo. Si se agregan los 13.600 millones de euros comprometidos a los 3.100 que ya se anunciaron hace un año, y a los 4.200 que el Tesoro británico ha apartado para la construcción de la central en los últimos dos años, la suma supera los 20.000 millones en inversión pública para una estación nueva.

Con una capacidad estimada de generación de 3,2 gigavatios, la nueva central podría suministrar electricidad para seis millones de hogares.

Un 15% del proyecto pertenece a la empresa pública francesa de energía EDF, que se ha comprometido a colaborar con el Gobierno británico para buscar inversores privados que se sumen también al empeño. La suma final será desvelada el mes que viene, durante la cumbre bilateral entre el Reino Unido y Francia que se celebrará en Londres.

Sizewell C tardará al menos entre 9 y 12 años en ser completada, pero es el primer empeño en levantar una nuclear nueva en el Reino Unido desde 1995. La vida útil de la mayoría de las centrales existentes en suelo británico está programada para finalizar a mediados de la década de los treinta.

El Gobierno de Starmer ha defendido desde el primer minuto la necesidad de construir nuevas centrales nucleares, para proporcionar una carga base que reduzca el riesgo de la producción intermitente de electricidad que suponen las eólicas y solares. El Reino Unido, abanderado en la lucha contra el cambio climático, ha realizado un inmenso esfuerzo en la última década por aumentar sus renovables.

Hasta ahora, sin embargo, la inversión en energía nuclear había quedado en manos de la iniciativa privada. El último gran proyecto nuclear financiado con dinero público fue Sizewell B, que recibió en 1987 unos 2.300 millones de euros.

Reeves también ha anunciado que el Gobierno ha elegido finalmente a la empresa británica Rolls-Royce para comenzar a construir los primeros Reactores Modulares Pequeños (SMR, en sus siglas en inglés). Con una capacidad de hasta 470 megavatios, este tipo de centrales son, en teoría, más fáciles y rápidas de poner en marcha, porque sus componentes pueden fabricarse en una localización distinta y ser posteriormente trasladados. En el Reino Unido no hay todavía ninguna en funcionamiento. Son la alternativa elegida por los grandes gigantes tecnológicos para alimentar los descomunales centros de datos necesarios para desarrollar todos los nuevos proyectos de inteligencia artificial.

Por último, el Gobierno británico destinará, ha anunciado también Reeves, casi 3.000 millones de euros en los próximos cinco años a los proyectos destinados a impulsar la tecnología de fusión nuclear.

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Dos delegaciones de alto nivel enviadas por los gobiernos estadounidense y chino se reúnen en el palacete de Lancaster House, en plena corte de St. James (el centro histórico del poder), en la capital británica, para tratar de resolver la disputa bilateral sobre aranceles y, sobre todo, sobre el suministro chino de tierras raras, imprescindibles para la fabricación de todo tipo de productos tecnológicos y de las que Pekín mantiene un cuasi monopolio mundial. Las tensiones entre ambos colosos sobre las restricciones que impone China a la exportación de esos materiales amenaza no solo la relación económica entre los dos países, sino también las cadenas globales de suministro y el crecimiento mundial.

A la cita londinense, por parte de Washington, han acudido el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y Jamieson Greer, representante de Comercio Internacional de la Administración de Donald Trump, quienes ya estuvieron en Suiza. Se les suma en esta ocasión el secretario de Comercio, Howard Lutnick, cuya cartera es responsable de los controles a las exportaciones estadounidenses, un indicador de la trascendencia que han adquirido las conversaciones.

Por parte de China, el emisario es de nuevo el viceprimer ministro He Lifeng, zar económico del país, y uno de los hombres de confianza de Xi. He llegó el domingo a Londres, donde ya ha mantenido una entrevista con la ministra de Economía, Rachel Reeves, y tiene previsto permanecer allí hasta el jueves.

Durante su encuentro con Reeves, He Lifeng urgió al Gobierno británico a mantener y profundizar la cooperación económica y financiera de ambos países, según la emisora pública china CCTV.

El Ejecutivo laborista, que persigue un reinicio de sus relaciones con Pekín a la vez que ultima un acuerdo comercial con la Administración estadounidense, ha aprovechado la oportunidad diplomática de ejercer de anfitrión en las conversaciones entre ambas potencias.

Los representantes estadounidenses y chinos se habían visto las caras el mes pasado en Ginebra, en medio de una disputa comercial cada vez más encendida en la que los países habían ido elevando sus aranceles respectivos hasta colocarlos en niveles imposibles. Washington llegó a decretar impuestos del 145% a las importaciones chinas, y Pekín respondió con tarifas del 125% a los productos americanos. Finalmente, tras aquellas negociaciones, los gravámenes sobre los productos chinos descendieron al 30%, mientras que China redujo al 10% los que imponía sobre las exportaciones de su rival.

No se mencionaban explícitamente las tierras raras, pero parte del pacto incluía que China retirase las contramedidas no arancelarias que había impuesto contra su rival desde el 2 de abril, el día que Washington había disparado los gravámenes contra todos los países del mundo y especialmente contra el gigante asiático. En esa retirada se incluían las restricciones del suministro de tierras raras y minerales a destinatarios finales estadounidenses.

Pero el frágil acuerdo amenazó con saltar por los aires hace dos semanas, cuando un beligerante Trump comunicó por redes sociales -toda una afrenta para el modo chino de negociar, lo más a puerta cerrada posible y desde luego nunca mediante tuits- que, en su opinión, Pekín estaba incumpliendo su palabra. No especificaba cómo. Pero a lo largo de los días siguientes quedó claro: Washington acusaba a Pekín de arrastrar los pies, o incluso haber detenido, el flujo de imanes de tierras raras y otros minerales.

Fue algo que indignó al gigante asiático, que replicó de inmediato acusando a Washington de ser quien se estaba saltando olímpicamente lo pactado. Mencionaba la introducción de nuevas restricciones a la exportación de semiconductores, las herramientas para fabricarlos y otros productos tecnológicos. También el anuncio de Trump de que se impondrían restricciones “agresivas” a los visados de estudiantes chinos en Estados Unidos.

En la llamada entre los dos líderes, Trump y Xi acordaron restablecer el flujo de los suministros. El director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, explicaba este lunes que las conversaciones en Londres tienen como objetivo consolidar ese entendimiento y cerrarlo con un apretón de manos. “La meta de la reunión es asegurarnos de que son serios”, declaraba Hassett a la cadena de televisión CNBC.

Como consecuencia de la guerra comercial y los tiras y aflojas entre los dos gigantes mundiales, el déficit estadounidense en el intercambio de bienes con China se desplomó en marzo y marcó un nuevo mínimo desde la pandemia en abril, al situarse en 17.185 millones de dólares. En ese mes, en plena oleada de aranceles, Estados Unidos importó productos chinos por valor de 25.378 millones de dólares y vendió al coloso asiático bienes por 8.193 millones. Durante la última década esos niveles solo habían estado tan bajos en lo peor de la pandemia, en febrero y marzo de 2020, cuando China echó el cerrojazo a su economía e impuso una oleada de cierres y confinamientos para combatir el virus.

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Una by-election es el mecanismo para sustituir, en mitad de un mandato legislativo, a cualquier diputado que haya podido enfermar, fallecer, dimitir o ser expulsado del partido por cualquier escándalo. Los votantes de esa circunscripción son convocados para elegir un nuevo representante, ya sea para la Cámara de los Comunes o para una asamblea autonómica.

En el caso de Hamilton, los comicios fueron convocados después de la muerte por enfermedad de Christina McKelvie, la diputada del Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés). La formación independentista se fio de unas encuestas que la situaban en primera posición, y que daban incluso el segundo puesto a Reform UK, la formación de derecha populista de Nigel Farage.

A pesar de que el Partido Laborista logró un histórico resultado en Escocia en las pasadas elecciones generales del 4 de julio, cuando obtuvo 37 de los 57 diputados que esa nación manda al Parlamento de Westminster, los recortes sociales y la baja popularidad de Keir Starmer llevaron a muchos analistas a pronosticar que la izquierda británica comenzaría también a desinflarse en territorio escocés.

“Si los electores quieren acabar de una vez por todas con el SNP, el único partido que puede conseguirlo es el Partido Laborista”, ha proclamado Anas Sarwar, el líder político hijo de paquistaníes musulmanes que ha conseguido resucitar en Escocia las expectativas de la izquierda británica, después de llevar años enterrada por la hegemonía nacionalista.

“El año que viene tenemos la oportunidad de acelerar el cumplimiento de nuestros objetivos políticos si colocamos al Partido Laborista en el Gobierno a ambos lados de la frontera”, ha escrito Starmer en la red social X al conocer la victoria de su partido.

Los escoceses serán llamados a las urnas en 2026 para elegir un nuevo Parlamento autónomo y, por tanto, un nuevo Gobierno. Para entonces, el SNP llevará 19 años en el poder.

Resulta llamativo que hable de “frontera” un primer ministro que ha dejado ya muy claro su rechazo a cualquier nuevo referéndum de independencia en Escocia bajo su mandato.

Golpe para el racismo de Farage

Con una participación del 44% de la circunscripción, y apenas 27.000 votantes que han acudido a las urnas, la elección parcial de Hamilton tiene una interpretación política limitada. Pero significativa. Era un territorio que el SNP había retenido hasta ahora con comodidad. Su candidata, Katy Loudon, ha obtenido este jueves 7.957 votos, 600 menos que el laborista Russell.

Y lo que es peor. Ross Lambie, la representante de Reform UK, una formación que en Escocia era casi tan fantasmal como el monstruo del Lago Ness, se ha hecho con 7.088 votos, y se ha colocado en el podio de los tres principales partidos a una distancia de ambos muy marginal. Todo sugiere que el populismo de Farage también puede arañar apoyos en Escocia tanto a conservadores como a laboristas, aunque los primeros están ya casi extintos, con apenas 1.621 papeletas logradas este jueves.

Por eso, tanto el Partido Laborista como el SNP han celebrado sobre todo que Reform UK siga tercero. Ambos habían condenado la campaña racista desatada por la formación de Farage contra el líder laborista Sarwar, plagada de ataques personales contra el político.

“Esta comunidad ha enviado un mensaje a Farage y su mafia: el veneno de Reform no nos representa, no son Escocia y no queremos aquí sus políticas divisorias”, ha dicho el candidato ganador, Russell.

Aunque Farage ha intentado presentar sus resultados como un éxito, las expectativas plasmadas en las encuestas situaban a su formación en segundo lugar. El racismo y la islamofobia expresados durante la campaña amenazan con agravar la crisis interna de la organización populista. Este mismo jueves dimitió su presidente, Zia Yusuf, un millonario paquistaní musulmán que en su día desembarcó en las filas de Reform UK desde el Partido Conservador. La obsesión de los diputados y las bases de este movimiento por declarar la guerra al burka, la prenda que visten algunas mujeres musulmanas, llevó a Yusuf a dar el portazo.

La relativa debilidad del nacionalismo

La derrota del SNP en la elección parcial de este jueves ha supuesto una caída del 17% respecto al resultado que obtuvo en 2021. Y en toda Escocia, las encuestas señalan que los nacionalistas están un 15% por debajo de su máximo apoyo histórico.

Pero la “fantástica victoria” de los laboristas, en palabras del propio Stamer, tiene matices preocupantes. La izquierda británica ha logrado arrebatar el escaño de Hamilton a pesar de bajar también un 2% respecto a 2021. Es el fantasma de Farage, y el reducido entusiasmo de los votantes con el SNP, lo que ha impulsado al candidato Russell.

Pero las encuestas en Escocia siguen dando a los nacionalistas un apoyo del 30%, frente al 19% del laborismo o el 11% de los conservadores. El verdadero desafío, con un respaldo también cercano al 20%, es la derecha populista de Farage.

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Es la misma mujer menuda, envuelta en una enorme sudadera negra, que recibe a EL PAÍS en una pequeña sala de las oficinas londinenses de Sony Music. Tiene ojos de pantera, pero transmite la humanidad de quien se ha criado en el universo multiétnico que fue un tiempo el barrio londinense de Islington.

“Vaya donde vaya, en esencia sigo siendo una chica de Londres. Algo áspera. Vengo de un barrio donde había una fuerte sensación de comunidad. Todo el mundo conocía a todo el mundo; la familia turca de la tienda de la esquina, los vecinos angoleño-portugueses que siempre estaban montando barbacoas, la tienda de la familia china…Toda esta mezcla de culturas creaba un vínculo muy sólido”, explica Little Simz para retratar la combinación que ha producido una voz tan original y propia como la suya. “Yo intento, a través de mi música, que todo esto sea muy intergeneracional. Que padres e hijos puedan escucharla juntos y se sientan parte de algo más grande que ellos mismos”, dice.

Tiene a sus espaldas 17 premios de la música, incluido el Brit a Mejor Artista Nuevo de 2022, o el Libera y el Mercury al mejor disco de hip-hop por su álbum Sometimes I Might Be Introvert. Es una de las musas de Miu Miu, la marca juvenil de la firma italiana Prada. Ha desfilado en la París Fashion Week. Ha tenido un importante papel en la aclamada serie de Netflix Top Boy, y ya de niña actuó en otros programas televisivos británicos como Spirit Warriors o Youngers.

Canta, escribe, desfila y le apasiona la fotografía. Pero la música es su primer vehículo de creatividad. Desde aquella vez, con 10 años, en la que su hermana mayor puso el disco de Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill, y la pequeña Simbi descubrió que la música podía transmitir toneladas de sentimientos y alterar el estado de ánimo de quien la escuchaba.

Criada por su madre nigeriana, aprendió a frasear como sus ídolos del hip-hop, Lauryn Hill, Missy Elliott o Jay-Z, en el club juvenil St. Mary´s Youth Club, donde se escapaba cada tarde después de clase. Y sus propias experiencias vitales, en un barrio duro, le ayudaron a entender que su realidad estaba más conectada de lo que pudiera parecer con aquellas voces que llegaban del otro lado del Atlántico.

“Hay una experiencia compartida por el solo hecho de ser una persona negra, para ser sinceros. Hemos experimentado ciertas cosas, ciertas presiones, muy similares a las de esos artistas. Dos cosas pueden ser igual de ciertas a la vez. Puedes ser de un lugar distinto, y que tu experiencia sea diferente, pero puede haber algo en su música que te conecte a ellos. Cuando subo a un escenario y miro al público, puedo ver que muchos no tienen mi aspecto ni son de Islington. Y, sin embargo, algo en mi música resuena en ellos y les conecta a mí”, describe Little Simz.

Escucha con atención cada pregunta. Reflexiona su respuesta, pero no exhibe soberbia. Busca empatizar. Quiere demostrar la profesionalidad con la que aborda cada faceta de su vida. Su sexto álbum, Lotus, que saldrá el 6 de junio (aunque desde hace tiempo se puede disfrutar de adelantos como Young, Free o Flood), es una amalgama de post-punk, soul, jazz, bossa-nova y la propia personalidad de la artista, en versos áridos pero ritmos alegres. Procede de un periodo oscuro, en el que la desafiante niña de Islington se había convertido en una mujer con dudas, inseguridades y decepciones con una industria tiburón.

El disco suena a Miles Davis, a Nina Simone y a una Little Simz madura y consciente de su versatilidad y del peso de su voz.

Tiempo oscuro, disco luminoso

“Cuando empecé a trabajar en Lotus estaba realmente perdida. Era un tiempo muy oscuro. Y, sin embargo, no es un álbum triste. De hecho, es muy bailable. He logrado sacar luz de la oscuridad y utilizar esa energía para lograr algo nuevo”, presume. Hay mensajes de compromiso social en una artista que rehúye la política pero no los problemas que la rodean. “Claro que hay cosas que me entristecen. Odio la injusticia. Odio las desigualdades. Todas esas cosas que, siendo una mujer joven y negra en Londres, he experimentado a la vez que crecía. Como que la policía te pare en medio de la calle y te registre sin más. No puedes dejar de preguntarte: ‘¿En serio te parece que tengo pinta de ser una amenaza?’. Todas estas experiencias han sido el combustible para mi música”, señala.

Practica la meditación, madruga para leer y conectarse en silencio con el mundo. Ama el deporte. Y es del Arsenal. El día anterior a la entrevista, su equipo había vapuleado al Real Madrid en el partido de ida de cuartos de la Champions League, y Little Simz se dio el gusto de reírse a carcajadas con la penuria de este corresponsal. Pero hasta de aquel partido, que fue a ver al estadio Emirates, sacó una reflexión: “Escuché todos esos abucheos de los míos cuando el Madrid tenía la pelota (imagino que será algo parecido cuando nosotros jugamos en el Bernabéu) y no podía dejar de pensar que se trataba de personas, y que nunca llegarás a saber cómo les afectan esos abucheos. Son muy jóvenes, algunos acaban de cumplir los 18 años”, señala. “No creo que sea algo normal. No es normal que un ser humano atraiga tanta atención. Evidentemente, hay niveles. Hay artistas que son muchísimo más conocidos que yo. En mi caso, procuro ser agradecida y entender que es algo que viene con el trabajo que haces”, admite.

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Yusuf ya había calificado de “estúpida” la decisión de la diputada Sarah Pocin, sin consultar a nadie, de introducir en la sesión de control al Gobierno un asunto tan incendiario en el Reino Unido como el uso del burka. Ironizando con la voluntad del Ejecutivo laborista de conseguir una relación más cercana con la UE, la parlamentaria de Reform retaba a Keir Starmer a seguir los pasos de otros países y prohibir esa vestimenta: “Dado el deseo del primer ministro de reforzar nuestro alineamiento estratégico con los vecinos europeos, ¿seguirá el ejemplo de Francia, Dinamarca, Bélgica u otros países, en beneficio de la seguridad pública, y prohibirá el uso del burka?“, preguntaba Pocin este miércoles en la Cámara de los Comunes.

A pesar de que un portavoz de Reform desmintió de inmediato que la prohibición del burka formara parte del programa oficial del partido, los otros cuatro diputados de la formación celebraron la intervención de su compañera, conscientes de que ese tipo de discurso tiene buena acogida en sus bases electorales.

Pero las risotadas del momento han producido una crisis interna no prevista en la formación. Yusuf, que había pertenecido al Partido Conservador, se convirtió en presidente de Reform poco después de las elecciones generales del pasado julio, en las que el Partido Laborista se hizo con el Gobierno del Reino Unido.

La derecha populista de Farage logró entrar por primera vez en el Parlamento, y comenzó a construirse en el debate político británico la idea de que era posible finalmente que este movimiento desbancara al Partido Conservador. Muchos tories decidieron dar el salto.

Yusuf era un ex financiero de éxito, que había vendido su start-up por 240 millones de euros. Llegó a donar casi un cuarto de millón a Reform, y se puso al frente de la organización. Todos, empezando por Farage, reconocieron que fue capaz de dotar al partido de una profesionalidad y un rigor del que hasta entonces carecía.

Su nuevo papel, casi un espejo del asumido hasta hace nada por Elon Musk en Estados Unidos, era el de recortar el gasto inútil —según el criterio del partido— en todas las entidades locales donde habían conseguido hacerse con el Gobierno.

“Hace 11 meses me convertí en el presidente de Reform. He trabajado de modo voluntario a tiempo completo para llevar al partido del 14% al 30% [en las encuestas nacionales], cuadruplicar sus afiliados y lograr unos resultados históricos", ha proclamado Yusuf antes de anunciar su dimisión.

Tanto Farage como su número dos, Richard Tice, han querido despedir con buenas palabras a Yusuf. Ambos, sin embargo, han evitado entrar en el debate del burka. El anarquismo que pervive en las filas de una formación más cómoda en el ruido que en la estrategia ha provocado una vez más que el talento que se arrima a sus filas huya más pronto que tarde despavorido.

“Siento sinceramente que Zia Yusuf haya decidido renunciar a la presidencia de Reform UK. Como ya dije la semana pasada, fue un enorme factor en nuestra victoria del 1 de mayo, y es una persona con mucho talento", ha escrito Farage en X. Pero a continuación, con su habitual astucia, ha atribuido esa renuncia a la falta de temple del paquistaní. “La política puede ser un juego con una presión muy alta y mucha dificultad. Está claro que para Zia ha sido demasiado”, añadía.

En un momento en que Farage sueña con ser primer ministro, y cuando el propio Starmer ha decidido que el enemigo a abatir es la derecha populista, esta crisis interna ha sido aprovechada al instante por el Partido Laborista. “Si Nigel Farage es incapaz de controlar a un puñado de políticos, ¿cómo rayos va a gobernar un país? Ha acabado mal con todos con los que ha trabajado. Reform no es un partido serio", sentenciaba un portavoz de los laboristas.

Yusuf se ha definido a sí mismo como un “patriota británico musulmán”, y era la carta perfecta de Farage para alejar las acusaciones contra su partido de islamofobia y racismo. Su elección no fue fácil. El empresario recogió su buena dosis de odio, con mensajes duros y agresivos en las redes sociales. “Voté a Reform para devolver Gran Bretaña a los británicos, no para ser liderado por un musulmán”, decía por ejemplo un mensaje en X poco después de su elección.

La crisis desatada por su dimisión deja claro que la islamofobia forma parte fundamental del adn de Farage y su partido, cuando sus propios diputados la utilizan como bandera sin siquiera consultar a la dirección.

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Un juez ha condenado ahora a tres años más de prisión a Griggs, después de conocer que el hombre, cuando ya cumplía condena, había intentado manipular a uno de sus tres hijos para que desenterrara el cuerpo de la madre, le cortara un mechón de pelo y viajara al extranjero para enviarlo de vuelta a casa a través del correo postal. Era la macabra idea del asesino para intentar convencer al mundo de que su esposa seguía viva.

“Una vez condenado por el asesinato [de Debbie], en un intento desesperado por demostrar su inocencia, intentó manipular a su hijo para que le ayudara del modo más escandaloso posible”, ha dicho la fiscal encargada del caso, Katie Samways.

“Esta maniobra revela lo cruel y egoísta que es esta persona, que no dedicó un solo minuto a pensar en el efecto devastador que tendría una petición así en su hijo”, ha añadido el inspector Neil Kimber, que ha descrito a la víctima como una “madre devota cuyo amor por sus tres hijos nunca estuvo en duda”.

Andrew, de 62 años, había tenido una aventura amorosa con una adolescente de 15 años. La idea de perder la mitad de su negocio, una pescadería, si su mujer reclamaba el divorcio, le llevó a cometer el crimen.

Durante años, logró esquivar a la justicia, al no aparecer el cadáver de la mujer. Fue una unidad especializada en casos sin resolver, mucho más tarde, la que acumuló las pruebas necesarias para lograr la condena del hombre, que defendió durante todo ese tiempo que su mujer había sido la que abandonó el hogar familiar.

A pesar de seguir negando la autoría del crimen, Griggs acabó dando detalles concretos de la localización del cadáver a la policía. En octubre de 2022, un equipo de agentes de la policía de Kent excavó en el jardín trasero de la vivienda, en Dorset, en el sur de Inglaterra, y extrajo un recipiente con forma de barril envuelto en lona azul. Dentro hallaron restos humanos, junto a una almohada, un edredón y ropas de mujer. Los análisis posteriores confirmaron que los restos pertenecían a la mujer desaparecida.

La familia de la víctima acabó devastada después de ese hallazgo, porque incluso la condena de Griggs previa al hallazgo de los restos no disipó del todo la esperanza de que siguiera viva.

“Más de 25 años después de la desaparición de Debbie, confiamos en que su familia y sus amigos puedan poner punto final a este capítulo de sus vidas. Griggs ha sido ya declarado completamente responsable, no solo del asesinato de su esposa, sino de todas las mentiras que elaboró durante este tiempo”, ha dicho la fiscal.

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“Hemos sido el primer país del mundo en alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que representa una buena noticia, y lo que ha llevado al presidente de Estados Unidos a hacer una excepción con el Reino Unido respecto al arancel del 50% a las importaciones al acero impuesto al resto de países”, ha defendido esta mañana en la BBC la ministra británica de Transportes, Heidi Alexander. “Ahora necesitamos que se comience a desarrollar ese acuerdo, y vamos a acelerar para ello los trámites legislativos”, ha añadido.

En la orden publicada por Trump, el presidente estadounidense presenta casi como una medida de gracia al Gobierno de Starmer su decisión de “proporcionar [al Reino Unido] un tratamiento diferente”, después del acuerdo comercial alcanzado por ambos países el mes pasado. Con la zanahoria viene el palo, en el estilo habitual del inquilino de la Casa Blanca, al advertir que los aranceles podrían equipararse a los del resto naciones el próximo 9 de julio si la Administración estadounidense “determina que el Reino Unido no ha cumplido aspectos relevantes” [del acuerdo firmado]“.

“La industria del acero puede respirar con cierto alivio esta mañana, pero lo que realmente necesitamos es que se eliminen definitivamente los aranceles”, ha dicho Gareth Stace, el director ejecutivo de UK Steel. “Confiamos en que se cierre pronto el acuerdo, y desde luego antes del 9 de julio”, ha insistido, para describir la situación actual de incertidumbre que vive el sector.

Estados Unidos es el principal socio comercial del Reino Unido, que exporta un volumen de unos 200.000 millones de libras anuales (unos 235.000 millones de euros), lo que lo convierte en el cuarto de la lista para Estados Unidos. En esa relación tienen un gran peso los vehículos y la industria farmacéutica, no tanto el acero. El mercado estadounidense es el destino de referencia de la automoción británica, por lo que el acuerdo supuso una victoria estratégica para Londres.

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El Reino Unido dispone actualmente de una flota de nueve submarinos, siete de los cuales son de la clase Astute, que transportan misiles balísticos Trident, patrullan las aguas constantemente con un secreto máximo respecto a su localización y constituyen el grueso fundamental de la disuasión nuclear británica.

Starmer ha anunciado la construcción, antes de que termine la próxima década, de una docena de submarinos SSN-AUKUS, como parte del programa AUKUS en el que el Reino Unido participa junto a Australia y Estados Unidos. Esta alianza está en el centro de un esfuerzo de rearme por parte de Londres que incluye, además, el recién firmado acuerdo de colaboración en materia de defensa con la UE.

“La amenaza a la que nos enfrentamos hoy es mucho más seria, más inmediata y más impredecible de lo que nunca fue durante la Guerra Fría”, ha dicho Starmer durante una visita a Escocia, donde tienen su base operativa los submarinos nucleares. “Nos enfrentamos a una guerra en Europa, a nuevos riesgos nucleares, a ciberataques diarios, a una creciente ofensiva agresiva rusa en nuestras aguas y a amenazas en nuestros cielos, con acciones temerarias que acaban incrementando nuestro coste de la vida, provocan dolor económico y golpean sobre todo a las clases trabajadoras”, ha dicho el primer ministro británico.

La estrategia de defensa publicada señala a Rusia como un claro enemigo, y contempla la posibilidad de un ataque militar ordenado por Moscú. Respecto a China, sin embargo, el documento retiene el lenguaje diplomático utilizado por la mayoría de países de Occidente, al hablar de “un desafio sofisticado y permanente”, más que de un enemigo.

Para preparar al Reino Unido para la guerra moderna, dice el texto, el Gobierno debería invertir en defensa más de 80.000 millones de euros a lo largo de próxima década de los treinta.

Los submarinos se construirán en los astilleros de Barrow and Raynesway, en la localidad de Derby, y la previsión señala que podría producirse uno cada 18 meses.

18.000 millones para disuasión

El Reino Unido destinará además cerca de 18.000 millones de euros a asegurar la continuidad de la llamada Disuasión Nuclear Continua en el Mar, el programa por el que hay una presencia constante y secreta de al menos un submarino patrullando bajo las aguas. Cerca de 9.000 personas dependen de este programa.

Starmer se compromete además a modernizar las infraestructuras del llamado Establecimiento de Armas Atómicas, con un impulso al programa de fabricación y adquisición de cabezas nucleares.

La nueva estrategia de defensa, preparada por el ex secretario general de la OTAN George Robertson, abandona definitivamente un planteamiento de décadas en el que el Reino Unido era una fuerza de intervención en misiones en el exterior, para centrarse en la defensa del territorio nacional, y “prepararse para la guerra”. Con ese propósito, el documento reclama un reforzamiento de la seguridad en la zona euro-atlántica, bajo el paraguas de la Alianza.

El primer ministro británico ha hecho suyo el mensaje central de Robertson, al emplear la expresión de poner al Reino Unido “en proceso de preparación para la guerra”.

El Gobierno de Stamer se compromete a incrementar considerablemente las reservas de munición existentes, con la adquisición, entre otras operaciones, de hasta 7.000 unidades de armamento de largo alcance. El nuevo compromiso supone destinar casi 1.800 millones de euros a la construcción de seis nuevas fábricas de munición.

La estrategia, que incluye 62 recomendaciones asumidas en su totalidad por el Ejecutivo, establece la creación de un nuevo mando para responder ante las amenazas cibernéticas y electrónicas, con la tecnología de inteligencia artificial en el centro del operativo.

Mejoras para las Fuerzas Armadas

Junto al refuerzo armamentístico, el Gobierno laborista se ha comprometido a mejorar las condiciones de vivienda y equipamiento de todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

El nuevo Gobierno laborista ya anunció su compromiso de incrementar hasta el 2,5% (actualmente está en el 2,3%) la partida presupuestaria destinada a defensa en abril de 2027. Y redobló luego su apuesta, ante la presión ejercida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Europa se rearme. Starmer anunció que el Reino Unido aumentaría la partida hasta el 3% en la próxima legislatura. El primer ministro, sin embargo, se resiste a poner una fecha concreta a ese compromiso, con unas cuentas públicas que hoy siguen muy presionadas por el débil crecimiento del país y el aumento del gasto público.

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“No se ha hecho pública ninguna información sobre el terrorista del atentado con coche de Liverpool. Podéis estar seguros de que es un musulmán”, proclamaba uno de los mensajes subidos a X. Otros iban aún más lejos, y daban el nombre completo de un supuesto islamista paquistaní.

La policía de Merseyside, responsable de la investigación del incidente, tomaba la inédita decisión de publicar, apenas dos horas después de arrestar al conductor, algunos de sus datos personales: “Blanco, británico, de 53 años”. A la vez, pedían a los ciudadanos que frenaran en seco cualquier especulación sobre la autoría.

“Estamos en la era del periodismo ciudadano. La gente tiene móviles con cámaras, y algunos contenidos suben a las redes sociales muy rápidamente. La gente se lanza de inmediato a sacar conclusiones o presunciones. El único modo de hacer frente a este mundo nuevo es publicando cuanto antes un mayor número de datos”, admitía esta semana Mark Rowley, el comisionado de la Policía de la Metrópolis, el nombre con el que se denomina al jefe máximo de New Scotland Yard. “Y, si la publicación de esos datos envalentona a algunos racistas, deberemos hacer frente a esos individuos. Pero creo que cada vez será más complicado ocultar la verdad si quieres evitar que circulen medias verdades”, añadía Rowley.

A finales del pasado julio, tres niñas (de nueve, siete y seis años) fueron brutalmente asesinadas a cuchilladas en Southport, durante una clase de baile. Otros ocho menores y dos adultos resultaron heridos. La policía decidió seguir el protocolo y ocultar la identidad del sospechoso, que entonces era menor.

Enseguida surgieron noticias falsas, que atribuían la matanza a un ciudadano sirio, Ali al Shakati. El nombre, completamente ficticio, apareció en Channel3 Now, una controvertida plataforma informativa con vínculos rusos. El bulo saltó de inmediato a Facebook, X y canales de extrema derecha en la red de mensajería instantánea Telegram. Otros mensajes sugerían que el presunto asesino era un refugiado asilado en el Reino Unido que había llegado al país en una pequeña embarcación.

El estallido de violencia, que se extendió como la pólvora por distintas ciudades inglesas, con intentos incluidos de incendiar alguno de los hostales que dan cobijo a los inmigrantes irregulares llegados al Reino Unido, reveló de inmediato los problemas que provocaba la falta de transparencia policial. El juez Andrew Menary decidió permitir que se revelara la identidad del principal sospechoso: Axel Rudakubana, entonces un menor de 17 años, nacido en Gales e hijo de unos padres ruandeses de religión cristiana que huyeron del genocidio perpetrado en aquel país a mediados de la década de los noventa. Se trataba de un adolescente con serios problemas de salud mental, un historial académico conflictivo, y obsesión por la violencia, que le llevó a adquirir por su cuenta un manual de lucha de Al Qaeda.

“La policía ha aprendido las lecciones de Southport. Lo que han hecho en esta ocasión es llenar cuanto antes los vacíos creados al hacer pública de inmediato cierta información. Pero si se hubiera tratado de un ataque terrorista, no estoy seguro de que con esta estrategia hubieran logrado rebajar la tensión”, ha dicho Nick Lowles, al frente de la organización humanitaria Hope not Hate.

Este viernes compareció ante un tribunal de Liverpool Paul Doyle, el hombre acusado de provocar casi 80 heridos, entre ellos varios niños, durante su alocada y acelerada carrera por Water Street, donde cientos de miles personas celebraban el título del Liverpool FC. Exsoldado de los Infantes de la Marina Real, casado, padre de tres niños, dueño de un pequeño negocio. Y, sobre todo, blanco y británico. Cabizbajo, apesadumbrado, con traje y corbata, escuchaba los siete delitos de los que se le acusa.

Era el mismo hombre al que la multitud hubiera querido linchar el lunes, cuando rompió los cristales de su vehículo e intentó sacarle a la calle. Un grupo de policías tuvo que protegerle de la rabia ciudadana. A falta de la verdad judicial, algunos medios como el Daily Mail ya han contado que Doyle fue víctima de un ataque de pánico, al acabar en medio de la concentración, sin poder avanzar, después de haber acercado a un amigo hasta un lugar de la ciudad.

Por eso, algunos expertos sugieren que este incidente no sirve para diseñar desde cero un nuevo protocolo de información para la policía, que deberá seguir practicando una estrategia de ensayo y error para cada caso concreto.

“Porque no hace falta ser un genio para predecir lo que ocurrirá a continuación: la extrema derecha retorcerá ahora lo sucedido y justificará la transparencia aplicada en el hecho de que se trataba de un hombre blanco”, razona Dal Babu, ex jefe superior de la Policía Metropolitana, en el diario The Guardian. “¿Por qué no decís la raza del siguiente detenido?’, reclamarán luego”, advierte Dal Babu, que aconseja “que no se vea este caso como un precedente, porque cada uno será diferente. La gente se creerá a partir de ahora con derecho a saber la etnia o la raza de cada detenido, y a veces lo más apropiado será ocultarlo”.

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El diario Daily Mail asegura que Doyle había accedido a llevar en su coche a un amigo al centro de la ciudad cuando, de repente, se vio en medio de la riada de gente. “Intentó salir de ahí y entró en pánico”, cuenta otro amigo con el que ha hablado el periódico. “Rompieron el cristal de su ventana, la gente intentó entrar en el vehículo y le agarraron del cuello”, ha añadido.

79 personas resultaron heridas de distinta gravedad cuando el detenido aceleró su vehículo, entre ellas un niño de nueve años y otra víctima de 78, según ha informado este jueves la policía. Siete personas permanecen aún hospitalizadas.

Doyle, que está al frente de un pequeño negocio que las autoridades no han querido especificar, comparecerá este viernes ante un tribunal por primera vez, después de haber permanecido casi 96 horas retenido e interrogado por la policía. Está acusado de siete delitos de lesiones y conducción peligrosa.

Los investigadores han revisado durante todo este tiempo un “alto volumen” de archivos de video, tanto de las cámaras de seguridad situadas en Water Street, la céntrica calle de Liverpool donde ocurrió el incidente, como de las grabaciones de los teléfonos móviles de muchos de los presentes.

Los cargos de los que se acusa a Doyle serán sometidos a permanente revisión a medida que se vaya estudiando todo ese material, ha dicho la fiscal encargada del caso, Sarah Hammond. “Es importante que nos aseguremos de que todas las víctimas obtengan la justicia que se merecen”, ha añadido.

La policía de Liverpool hizo públicos apenas dos horas después del incidente algunos de los datos del detenido para frenar en seco las especulaciones de las redes sociales. “Blanco, británico y de 53 años”, señalaron.

Aún estaba fresco el recuerdo del verano pasado, en Southport, cuando la decisión de preservar la identidad del agresor que mató a puñaladas a tres niñas e hirió a otras 10 ayudó a alimentar teorías conspiratorias y xenófobas que lanzaron a las calles de toda Inglaterra a miles de extremistas.

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Autores en lengua inglesa como Ian McEwan, Hanif Kureishi, Zadie Smith, Ian Kershaw e Irvine Welsh han firmado una carta, conocida el martes por la tarde y rubricada por 380 rostros de la cultura, en la que reclaman un alto el fuego inmediato, la distribución sin restricciones de ayuda humanitaria en la Franja, la liberación de los rehenes israelíes capturados por Hamás y la liberación de “los miles de prisioneros palestinos retenidos arbitrariamente en cárceles israelíes”.

La iniciativa ha cobrado también fuerza en Francia, donde cerca de 300 escritores francófonos publicaron el martes en el diario Liberation una carta muy similar señalando el “genocidio” lanzado por Israel y exigiendo un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria. Entre los firmantes figuraban en este caso dos premios Nobel —Annie Ernaux y Jean-Marie Gustave Le Clezio—, así como varios premios Goncourt: Herve Le Tellier, Jerome Ferrari, Laurent Gaude, Brigitte Giraud, Leila Slimani, Mohamed Mbougar Sarr, Nicolas Mathieu o Eric Vuillard.

“El término ‘genocidio’ no es un eslogan. Implica responsabilidades legales, políticas y morales. Del mismo modo que resulta cierto llamar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a las atrocidades cometidas por Hamás contra civiles inocentes el 7 de octubre de 2023, también es cierto llamar al ataque contra el pueblo de Gaza un genocidio atroz, en el que las Fuerzas de Defensa Israelíes cometen a diario crímenes de guerra y contra la humanidad, bajo las órdenes del Gobierno del Estado de Israel”, denuncia el texto firmado por los intelectuales británicos e irlandeses.

Los autores señalan cómo organizaciones humanitarias de la talla de Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como numerosos historiadores y especialistas, “han identificado como genocidio o actos de genocidio” la ofensiva de Israel en Gaza.

“Al adoptar esta posición, afirmamos sin reserva nuestra absoluta oposición y desprecio al antisemitismo o a los prejuicios anti-judíos o anti-israelíes. Rechazamos y abominamos de cualquier ataque o expresión de odio y violencia —escrita, verbal o física— contra palestinos, israelíes o judíos. Y mostramos nuestra solidaridad con la resistencia de palestinos, judíos o israelíes ante las políticas genocidas del actual Gobierno de Israel", prosigue la carta.

Los autores recuerdan que las manifestaciones públicas de miembros del actual Ejecutivo israelí de Benjamín Netanyahu, como Bezalel Smotrich [ministro de Finanzas, del Partido Sionista Religioso] o Itamar Ben-Gvir [ministro de Seguridad Nacional], “expresan intenciones genocidas”.

La carta comienza con el poema Una Estrella Dijo Ayer, de la poetisa palestina Hiba Abu Nada, que murió víctima de los bombardeos aéreos israelíes hace casi 20 meses. En ese texto, la autora imaginaba un imposible refugio cósmico para la población de Gaza.

“Reclamamos a la gente que se una en nuestra llamada a la compasión, la razón y la meditación. Por Hiba, por los casi 54.000 gazatíes asesinados y por los supervivientes, hambrientos, heridos y con cicatrices para el resto de sus vidas”, dicen los 380 autores firmantes.

El texto reclama que se impongan sanciones al Estado de Israel si su Gobierno no atiende esta petición de alto el fuego, “que es también la petición del mundo”.

El Gobierno de Netanyahu ha emprendido una feroz ofensiva diplomática y de propaganda contra todo país, líder político u organización que haya usado el término “genocidio” para denunciar la ofensiva contra Gaza. “La acusación no es solamente falsa. Es escandalosa, y la gente decente debería rechazarla”, ha llegado a exigir el primer ministro israelí.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha definido a Israel como “un Estado genocida” y fue de los primeros dirigentes políticos en impulsar el reconocimiento del Estado de Palestina, es blanco habitual de las iras de Netanyahu. Pero no es el único. El líder israelí, cada vez más acorralado por las críticas a su gestión partidista de la guerra, ha llegado a acusar a los mandatarios del Reino Unido, Francia y Canadá de estar “en el lado incorrecto de la historia” y de alentar el antisemitismo por haber reclamado en una carta conjunta un alto el fuego inmediato en Gaza y haber amenazado con sanciones al Gobierno israelí.

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Aún estaba fresco el recuerdo del verano pasado, en Southport, cuando la decisión de preservar la identidad del agresor que mató a puñaladas a tres niñas e hirió a otras 10 ayudó a alimentar teorías conspiratorias y xenófobas que lanzaron a las calles de toda Inglaterra a miles de extremistas.

“Blanco, británico y de 53 años. Incidente aislado. No está siendo investigado como un acto terrorista”. Eso fue todo. Pero la información bastó para contener la rabia de miles de aficionados. Las imágenes de vídeo grabadas por los testigos del incidente mostraban cómo muchas personas se lanzaron contra el vehículo del presunto agresor, lo golpearon, rompieron su luna trasera, y solo la actuación de los agentes de policía evitó que no acabaran linchando al conductor.

In Liverpool the driver has tried to back his car up, people have started punching and kicking his car and he's exploded in road rage and driven forward.

Insanity.https://t.co/bw8fyZ2dN3

— Sana M (@sana_mukh97) May 27, 2025

“He visto cómo funcionan estas cosas, que enseguida pueden convertirse en disturbios callejeros. Tienes que frenarlas lo más rápido posible”, ha explicado este martes por la mañana, en la zona de la ciudad donde fueron arrollados casi medio centenar de aficionados, el alcalde de Liverpool, Steve Rotheram. “Creo que la policía de Merseyside [al frente de la investigación] actuó correctamente al frenar algunas de las historias perversas que ya estaban circulando”, ha señalado Rotheram.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha seguido al minuto los sucesos de Liverpool. Sin embargo, ha evitado responder a la pregunta de si la premura de la policía en aportar datos sobre el sospechoso debía ser a partir de ahora el método habitual para tratar este tipo de incidentes.

“Eso es algo que tendrá que decidir la propia policía, a medida que avanza la investigación. Dejemos que hagan su trabajo”, ha dicho Starmer, después de elogiar la actitud de la mayoría de los aficionados del Liverpool F.C. y de agradecer la respuesta de los servicios de emergencia de la ciudad.

Tras una ambulancia

La policía de Merseyside, encargada de la investigación, ha explicado este martes que, con bastante probabilidad,el vehículo del agresor siguió a una ambulancia a la que se había permitido el acceso a la calle donde se estaba produciendo la celebración, que permanecía cortada, para atender a la víctima de un supuesto ataque cardíaco.

El hombre, que permanecerá detenido para ser interrogado hasta el mediodía del martes, ha sido acusado de intento de homicidio, conducción temeraria y conducción bajo los efectos de drogas.

El rey Carlos III, que se encuentra con su esposa Camilla en Canadá, donde participa en una visita de Estado, se ha mostrado “profundamente conmocionado y apenado” al conocer lo que había ocurrido en Liverpool. “Es verdaderamente devastador ver cómo lo que iba a ser para muchos una celebración alegre pudo terminar in circunstancias tan alarmantes”, ha dicho el monarca en un comunicado.

Las autoridades fueron alertadas en torno a las 18.00 (19.00 en el horario peninsular español). El coche, grabado por algunos de los presentes y compartido en redes sociales, enfiló directamente contra los cientos de miles de personas que celebraban en la céntrica Water Street el título del equipo local.

27 personas trasladadas a hospitales

Unas cincuenta personas fueron finalmente hospitalizas, entre ellas cuatro menores. Once de ellas, según han informado las autoridades, permanecen ingresadas y su condición es estable. Otras 20 personas fueron atendidas en las instalaciones de un restaurante situado en la misma calle, por lesiones menores, en el mismo momento del atropello.

El Liverpool FC ha transmitido en redes sociales su apoyo a las víctimas del atropello. “Estamos en contacto directo con la policía de Merseyside [...] Seguiremos dando todo nuestro apoyo a los servicios de emergencia y a las autoridades locales”, ha escrito.

El exentrenador del equipo Jürgen Klopp, uno de los personajes más populares de esta ciudad del norte de Inglaterra, se apresuró en expresar su consternación poco después de que surgieran las primeras informaciones sobre el atropello de decenas de aficionados: “Mis pensamientos y oraciones están con todos los heridos y afectados”, decía Kloff. "You´ll never walk alone (Nunca caminaréis solos)“, añadió en clara referencia a la legendaria canción que los aficionados del Liverpool F.C. cantan en el estadio de Anfield al principio de cada encuentro.

El Everton F.C., el otro equipo de la ciudad, ha querido transmitir su afecto y solidaridad con los aficionados y los heridos. “Como ciudad, todos estamos juntos”, dice el comunicado del club.

Cientos de miles de personas se habían congregado en las calles de Liverpool con motivo del desfile de celebración del vigésimo título de campeonato de liga inglesa del equipo. Los jugadores festejaron durante varias horas subidos a un autobús descapotable.

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El triunfo del partido de Farage, Reform UK, en las pasadas elecciones locales del 1 de mayo, celebradas en parte de Inglaterra, fue absoluto. Arrebató centenares de concejales al Partido Conservador en zonas donde el voto tradicional iba a esa formación, pero también dio un buen golpe al Partido Laborista en regiones históricas de voto obrero.

Farage vuelve a cabalgar en una ola, y este martes ha convocado a sus cinco diputados y a muchos de sus nuevos concejales en el Parlamento de Westminster para proclamar un nuevo manifiesto y presentarse ante la opinión pública como el partido de las clases trabajadoras y el mundo empresarial. “No existe en absoluto una contradicción cuando afirmamos que somos el partido de los trabajadores y de los empresarios. Ninguno de estos grupos puede existir y triunfar sin la existencia del otro”, ha afirmado ante los suyos.

Patria y familia

Si algo ha demostrado en los últimos años Farage es su capacidad camaleónica para adaptarse a las circunstancias cambiantes, sin abandonar las banderas que le han dado su popularidad. Cuando el consenso es absoluto en torno a las consecuencias negativas que el Brexit ha acarreado en el Reino Unido, él es capaz de seguir sosteniendo que los culpables son todos los demás -tanto conservadores como laboristas-, por no haber negociado con inteligencia con la UE. Y si el actual Gobierno de Keir Starmer endurece hasta límites insoportables su política migratoria, acercándose peligrosamente al discurso populista de Reform UK, nunca será suficiente para su líder Farage, que va tan lejos como para tachar de poco patriota al primer ministro: “No existe un gran debate sobre el peligro que supone para nuestra seguridad nacional el canal de la Mancha [en referencia a los inmigrantes irregulares que llegan a las costas inglesas por esa vía]”, denunciaba este martes en su discurso. “El liderazgo de Stamer es deprimente, poco inspirador, desconectado de la vida real y, en mi opinión, nada patriota”.

Consciente de que gran parte de su éxito en las pasadas elecciones locales ha derivado de la irritación de muchos votantes con los recortes sociales de Stamer -en las subvenciones energéticas a los pensionistas, ayudas a los discapacitados o beneficios por hijos-, Farage ha prometido recuperar todas esas ayudas. Toda una pirueta cínica por parte de un político que siempre ha cargado contra el Estado del bienestar, pero que ahora se presenta como defensor de la familia tradicional: “Sigo sin apoyar una cultura de subvenciones, pero creo que de este modo es algo más fácil tener hijos para los trabajadores con bajo salario”, ha explicado. “Es algo dirigido a las familias británicas, no a aquellos que vienen a este país y deciden tener un montón de hijos”, ha rematado, con esa dosis perfecta de demagogia y cinismo capaz de combinar el racismo y la defensa de los valores tradicionales.

Ataques conservadores y laboristas

Solo políticos como Farage o Johnson tienen licencia para lanzar proposiciones estrambóticas y que los medios de comunicación las acojan con pretendida seriedad. La última ocurrencia del político populista ha sido desafiar a Starmer a un debate cara a cara en algún club de clase trabajadora, para que quede claro quién cuenta con el calor del pueblo. “El primer ministro no tiene conexión con la clase trabajadora. No entiende en qué consiste levantarse a la cinco de la mañana y realizar tareas físicas”, remataba.

Downing Street no se ha dignado a contestar, pero el Partido Laborista y el Gobierno laborista, que sabían de antemano la carga del discurso preparado por Farage para este martes, han desplegado una estrategia de duras respuestas contra el político. “Nigel Farage es un corredor de Bolsa educado en colegios privados y político de carrera, al que solo le preocupan sus propios intereses y su ambición personal, nunca lo que pueda ser bueno para la clase trabajadora o para este país”, decía a primera hora la presidenta de los laboristas, Ellie Reeves.

“En vez de echar mano de estas propuestas facilonas y populares, con las que Farage va moviéndose de la derecha a la izquierda, pasando por el centro, sin pensar cómo las puede poner en marcha o financiar, nosotros nos centramos en unas políticas duras, serias y de personas adultas”, ha defendido el portavoz de Economía del Partido Conservador, Mel Stride.

El problema, tanto para conservadores como laboristas, es que los votantes, como ya ha ocurrido con políticos como Donald Trump en Estados Unidos o Boris Johnson en el Reino Unido, saben perfectamente de dónde vienen estos personajes, cuáles son sus vicios, sus pecados y sus dosis de cinismo. Y cada vez los apoyan más. Según la encuesta continua de YouGov, actualizada el pasado 19 de mayo, un 29% de los británicos votarían hoy por Reform UK y Farage. Un 22% lo haría por el Partido Laborista y un 16%, por los conservadores.

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“Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias que han llevado a esta colisión. Solicitamos a los ciudadanos que no compartan en redes imágenes impactantes, sino que nos las envíen a nosotros”, han pedido las autoridades.

Los investigadores consideran que lo sucedido ha sido “un hecho aislado” y no buscan más sospechosos. Por el momento han decidido no considerar lo sucedido un acto de terrorismo.

Las autoridades fueron alertadas en torno a las seis de la tarde (siete de la tarde, horario peninsular español). El coche, grabado por algunos de los presentes y compartido en redes sociales, enfiló directamente contra las cientos de miles de personas que celebraban en la céntrica Water Street el título del equipo local.

Es el momento en que un coche se lleva por delante a varias personas en el centro de Liverpool, donde celebraban la victoria de su equipo en la Premier League. Hay un hombre detenido y al menos tres heridos.

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Unas 27 personas han sido trasladadas a hospitales cercanos, entre ellas cuatro menores. Al menos uno de ellos ha sufrido heridas de gravedad, según ha informado el portavoz del servicio de ambulancias, Dave Kitchen. Otras 20 personas han sido atendidas en la misma calle, por lesiones menores.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha trasladado a través de sus redes sociales sus “condolencias a todos los heridos o afectados”. “Las escenas en Liverpool son espantosas”, afirma Starmer en su cuenta de X. “Quiero agradecer a la policía y a los servicios de emergencia por su rápida y constante respuesta a este impactante incidente”.

Las escenas grabadas en vídeo muestran a personas trasladadas en camilla, y a algunos asistentes ayudando a levantarse o a caminar a los heridos.

El vehículo se ha detenido en medio del tumulto de gente, después de atropellar a varias personas, han explicado las autoridades de la ciudad. Muchos de los concentrados comenzaron a golpear el automóvil, para frenar su avance. Algunos han llegado a romper el cristal trasero. “Los servicios de emergencia están actualmente en el lugar”, afirma la policía y asegura que continúa investigando las causas del atropello.

El Liverpool FC ha transmitido en redes sociales su apoyo a las víctimas del atropello. “Estamos en contacto directo con la policía de Merseyside [...] Seguiremos dando todo nuestro apoyo a los servicios de emergencia y a las autoridades locales”, ha escrito.

Un fotógrafo de la agencia de noticias Reuters ha contado que hay varias ambulancias en la calle, y que los bomberos han instalado una carpa de asistencia.

Miles de personas se han congregado en las calles de Liverpool con motivo del desfile de celebración del vigésimo campeonato de liga inglesa del Liverpool FC, en el que los jugadores del equipo han festejado durante varias horas subidos a un autobús descapotable.

“La ciudad de Liverpool permanecerá unida”, ha dicho el alcalde, Steve Rotheram.

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“Después de las turbulencias de la última década, la cumbre supone un salto hacia adelante en las relaciones entre el Reino Unido y la UE. El Gobierno ha mantenido un compromiso incesante con el libre comercio internacional, y esto aporta un impulso de confianza a las empresas, junto a los recientes acuerdos alcanzados con la India y Estados Unidos”, celebró Rain Newton-Smith, director ejecutivo de la principal confederación empresarial británica, CBI.

Es la más clara expresión de que la cumbre puede contemplarse tanto como un vaso medio lleno o como uno medio vacío. Porque ninguno de los grandes asuntos abordados en la reunión ha sido completamente acordado. En algunos casos, deberá abrirse un nuevo proceso de negociaciones técnicas tan complejo y tedioso como el que encauzó el Brexit. En otros, la ambigüedad del lenguaje utilizado -como en el caso de la movilidad juvenil- invita a pensar que el compromiso tiene más de patada hacia adelante que de voluntad de expandir la relación.

Estos son los principales asuntos impulsados en la cumbre:

Seguridad y Cooperación

Era el acuerdo más fácil de alcanzar. La realidad geopolítica actual, con las enormes dosis de incertidumbre que ha supuesto la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, y la presión constante de la guerra de Ucrania, ha acercado a la fuerza al Reino Unido y a la UE. El pacto firmado se limita a institucionalizar esta cooperación, con reuniones y diálogo permanentes para coordinar el apoyo a Kiev, la respuesta ante amenazas híbridas, la movilidad de material y personal o la defensa de infraestructuras críticas.

El punto del acuerdo más ambicionado por el Gobierno de Starmer era el acceso de la industria británica al fondo europeo de 150.000 millones de euros para el rearme, el SAFE. Aunque la cumbre de Londres ha dado luz verde a esta posibilidad, queda aún por delante una ardua negociación, y esa participación deberá contar con el permiso de socios comunitarios que, hoy por hoy, no están del todo convencidos.

Pesca

Ha sido la gran cesión del Gobierno británico, sin la cual, el resto de asuntos habrían quedado en dique seco. Cuando Boris Johnson cerró con la UE el Acuerdo de Cooperación y Comercio que evitó la posibilidad de un Brexit duro, se negoció un periodo de ajuste, hasta junio de 2026, que garantizaba a las flotas pesqueras del Reino Unido y la UE acceso mutuo a sus aguas. Era un pacto que beneficiaba sobre todo a la industria comunitaria. El 70% del pescado y marisco capturado en la costa británica tiene como destino el continente.

Starmer ha admitido que se prorrogue esa situación por 12 años más, aunque en un principio ofreció solo cuatro. La derecha euroescéptica del Reino Unido y los tabloides se agarraron a esta concesión para resucitar el debate del Brexit y sus “traiciones”.

“El debate doméstico del Reino Unido sigue ofreciendo muestras de inmadurez. La obsesión de los medios con esa visión estrecha de ganadores y perdedores, y su falta de atención respecto a los beneficios potenciales de una mayor cooperación en defensa, comercio o seguridad, demuestran que sigue viva esa imagen política de las relaciones entre el Reino Unido y la UE como la ‘guerra del Brexit’, y no como el reto ante posibles políticas públicas”, han denunciado Anand Menon y Jannike Wachowiak, director e investigadora principal, respectivamente, del centro de pensamiento UK in a Changing Europe.

Controles sanitarios aduaneros

Aunque se trate de la parte más técnica de todos los acuerdos de la cumbre de Londres, quizá sea la más simbólica de un principio de rendición por parte de Londres. El Gobierno de Starmer se ha encargado de señalar, para vender el acuerdo a su opinión pública, que en el periodo más intenso del Brexit (2018-2024) las exportaciones al continente se han reducido un 21%. Muchas empresas han disminuido su actividad o incluso han cerrado.

Con lo acordado, que todavía deberá atravesar una negociación final con Bruselas, se reducen o desaparecen controles y certificados sanitarios y fitosanitarios a productos de origen agrícola o ganadero, que suponían un exceso de burocracia, papeleo y coste, sobre todo para las empresas británicas que enviaban su mercancía al continente o a Irlanda del Norte.

A cambio, el Gobierno laborista admite lo que durante años fue tabú para los euroescépticos de la derecha: un “alineamiento dinámico” de la normativa británica con la de la UE, y la aceptación del Tribunal de Justicia Europeo como árbitro último. Starmer sabe que los ciudadanos están hartos de batallas ideológicas, y aceptarán el “pragmatismo sin escrúpulos” del acuerdo.

“La apuesta [del Gobierno] consiste en creer que la mayoría de los ciudadanos ya no quiere hablar del Brexit, pero está abierta a deshacer sus elementos más molestos si a cambio se obtienen beneficios concretos”, señala Jill Rutter, exdirectora del Programa de la UE del centro Institute for Government.

Alianza energética

El Reino Unido vio las orejas al lobo con el apagón de España y Portugal. El acuerdo abre las puertas a la integración de la isla británica en el sistema eléctrico del continente. Junto a esa posible incorporación, las partes se comprometen a estudiar el ingreso de Londres en el esquema de intercambio comercial de emisiones de carbono, para poder rebajar el alto coste que supone al Gobierno de Starmer este compromiso contra el cambio climático.

Movilidad Juvenil

Uno de los puntos del acuerdo que más expectativa había generado es probablemente el que más se ha desinflado. Con cifras desatadas de inmigración, y la derecha populista de Nigel Farage pisándole los talones, Starmer no quería ni oír hablar de un asunto que sonara a resucitar la libertad de movimiento de la UE a la que el Reino Unido renunció con el Brexit. El llamado “Esquema de Movilidad Juvenil”, impulsado sobre todo por países como Alemania, ha pasado a llamarse “Esquema de Experiencia Juvenil”. El Gobierno británico insiste en que las cifras y el tiempo de estancia de los menores de 30 años que quieran viajar, trabajar o estudiar a ambos lados del canal de la Mancha serán limitados, y se exigirá visado.

La única sorpresa en este planteamiento tan poco ambicioso del Gobierno de Starmer es que ha accedido a incorporar de nuevo a las universidades del Reino Unido en el popular programa Erasmus de intercambio de estudiantes.

Pasaportes, mascotas y artistas

Fuera de los grandes bloques de negociación, hay una serie de avances muy concretos salidos de la cumbre, pero ni siquiera estos han sido acordados definitivamente.

Los turistas británicos que viajan al continente podrán usar las mismas máquinas electrónicas de control de pasaportes que hoy utilizan los ciudadanos comunitarios, en los aeropuertos que las tengan. Las mascotas tendrán su propio pasaporte, para reducir el costoso certificado sanitario requerido hasta la fecha o la cuarentena. Y Londres y Bruselas se comprometen a negociar la libre circulación por la UE de los artistas británicos -músicos, especialmente- que hoy se ven obligados a negociar visados por cada país incluido en su gira.

Quizá la batalla más llamativa de todas las negociadas, porque la abanderó en todo momento Elton John.

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A cambio de la devolución de la soberanía, tanto Londres como Washington se han asegurado el control futuro, al menos durante 99 años, de la base militar conjunta de la isla de Diego García, en la parte sur del archipiélago. El coste del arrendamiento es de unos 120 millones de euros anuales. Las condiciones del pago establecen que durante los primeros tres años la cifra a entregar será de 196 millones de euros. Del año cuarto al decimotercero, la cantidad será de casi 143 millones. A partir de ahí, el montante se ajustará a la inflación del momento. El cálculo del Ministerio de Defensa británico sitúa el total en poco más 4.000 millones de euros.

Aunque en un primer momento, cuando se anunció el acuerdo el pasado octubre, desató las críticas del equipo del entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el propio Trump dio su respaldo a la entrega cuando recibió en febrero al primer ministro británico, Keir Starmer, en la Casa Blanca.

“Este acuerdo es una de las contribuciones más importantes que podemos hacer a nuestra relación con Estados Unidos en materia de seguridad”, ha dicho este jueves Starmer. La decisión ha sido respaldada por los gobiernos de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que forman parte de la alianza de servicios de inteligencia que incluye también a Londres y Washington.

Durante años, la base ha tenido una gran importancia estratégica por su localización, que permitía el control de una de las principales rutas marítimas de hidrocarburos y materias primas. Hoy resulta fundamental para la supervisión del tráfico ilegal de seres humanos que suponen los flujos de inmigrantes irregulares. El archipiélago lo componen unas 58 islas, a medio camino entre la costa oriental del continente africano e Indonesia.

La decisión todavía ha tenido que superar más obstáculos. Algunos diputados del Partido Laborista han cuestionado unos pagos desorbitados mientras que el Gobierno de Starmer llevaba a cabo recortes en muchas ayudas sociales.

Finalmente, un magistrado del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha dado un último susto al Gobierno, al dictar este jueves de madrugada una medida cautelar por la que suspendía la decisión. Respondía así a la petición de una ciudadana británica de Chagos, Bertrice Pompe, y amenazaba con arruinar la ceremonia de entrega prevista horas más tarde, en la que iba a estar presente Starmer.

Ha sido, sin embargo, otro tribunal el que ha tumbado la medida cautelar en el último minuto, al señalar: “El interés público y el del Reino Unido se verían sustancialmente perjudicados si la medida cautelar de suspensión sigue adelante”.

“Tenemos derechos. Somos ciudadanos británicos, pero parece que nuestros derechos no cuentan. No queremos entregar nuestros derechos a Mauricio, no somos ciudadanos de esa isla”, ha protestado Pompe, la demandante, a las puertas del tribunal poco después de conocerse la sentencia.

División en Chagos

La comunidad de Chagos, sin embargo, no habla con una sola voz. Hay división respecto a la decisión alcanzada.

Francia cedió las islas al Reino Unido en el Acta de Capitulación de 1810. Cuando en 1965 Mauricio alcanzó su independencia, Londres retuvo el archipiélago, como parte de lo que denominó Territorio Británico del océano Índico. La decisión contrariaba el derecho internacional vigente, que prohibía desgajar territorios colonizados antes de su devolución.

En la década de los sesenta del siglo pasado, Estados Unidos puso su mirada en la isla de Diego García por su interés estratégico, como el tiempo se ha encargado de demostrar. Durante las guerras de Afganistán e Irak, desde su base militar despegaron muchos bombarderos de largo alcance estadounidenses y británicos.

A través de un pacto secreto, nunca refrendado por el Parlamento británico, Londres puso a disposición de su aliado, en 1966, el control de la isla por un periodo de 50 años. Por exigencia estadounidense, el Gobierno británico expulsó a los habitantes indígenas del archipiélago, los chagosianos o Ilois, unas 2.000 personas, a las que prohibió regresar y envió a Mauricio y las Seychelles. Muchos de ellos se enfrentaron a una situación de pobreza, y luchan desde entonces en los tribunales por su regreso.

En 2019, la Asamblea General de Naciones Unidas votó de manera abrumadoramente mayoritaria a favor de la devolución del Archipiélago de Chagos a Mauricio. Países como Francia o Alemania expresaron su apoyo mediante la abstención. El Tribunal Internacional de Justicia sentenció ese mismo año que el Reino Unido debía renunciar cuanto antes a la soberanía sobre las islas.

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La ministra de Economía, Rachel Reeves, obsesionada por presentar unas cuentas equilibradas y una imagen de rigor presupuestario, puso fin, en una de sus primeras decisiones ―respaldada hasta ahora por Starmer―, a las ayudas universales en la factura del gas y la electricidad que recibían los pensionistas británicos. Solo las mantuvo para poco más de un millón de ellos, los más vulnerables económicamente. El resto, cerca de 10 millones, dejaron de percibir este invierno una subvención que oscilaba entre los 240 y los 360 euros.

“Creo que es la decisión correcta, dadas las circunstancias económicas que hemos heredado”, defendió entonces Reeves ante la oleada de críticas que surgieron de las propias filas laboristas. El sindicato Unite, la central más poderosa del Reino Unido, declaró la guerra al Gobierno de Starmer por la supresión de una política puesta en pie hace casi dos décadas por el anterior primer ministro laborista, Gordon Brown, y que gozaba de inmensa popularidad entre la población mayor.

El enfado entre los votantes era palpable a finales de abril. En Runcorn, la localidad inglesa cuyo escaño en la Cámara de los Comunes logró con facilidad la derecha populista de Nigel Farage, lo primero que salía de la boca de cada vecino irritado con el actual Gobierno era el asunto de las ayudas energéticas. Nadie parecía dispuesto a perdonar esa puñalada, por mucha lógica económica que hubiera detrás de la decisión.

Hay un consenso general, entre políticos y analistas, que señala aquella medida como el principio de un imparable descenso de la popularidad del primer ministro, y como una de las causas fundamentales de la enorme derrota electoral laborista de las elecciones del 1 de mayo.

El Gobierno de Starmer se ha fijado como objetivos prioritarios e inseparables el crecimiento económico y el rigor en las cuentas. La ministra Reeves debe preparar un nuevo presupuesto para el próximo otoño, y todo sugiere que deberá elevar algunos impuestos, en contra de su promesa inicial. La actividad económica del Reino Unido, a pesar de experimentar un ligero crecimiento superior al previsto en el primer trimestre del año, sigue en una situación lánguida, con una inflación que alcanza el 3,7%.

Por eso, el primer ministro, como en otros muchos anuncios, se ha negado a aportar detalles. Starmer no ha dejado claro si será este próximo invierno cuando los pensionistas recuperarán las ayudas. “Solo tomaremos decisiones cuando tengamos claro que hay dinero para respaldarlas, cómo vamos a pagarlas y si nos lo podemos permitir”, ha dicho el primer ministro. Nadie duda, sin embargo, que en su propio interés está dar cuanto antes ese giro en forma de ‘u’, para frenar un deterioro de imagen y popularidad inimaginable para un Partido Laborista que, apenas hace diez meses, obtuvo una victoria parlamentaria holgada e histórica.

“Los ciudadanos siguen sufriendo la presión del elevado coste de la vida, incluidos los pensionistas. A medida que mejora la economía, queremos asegurarnos de que mejore el día a día de la gente”, ha dicho Starmer, consciente de que es mejor sufrir el inevitable pitorreo por parte de la oposición conservadora ante su volantazo que la rabia de muchos votantes de izquierda que comienzan a preguntarse si mereció la pena votar al actual Gobierno.

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Recibe a cuatro destacados diarios europeos (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, Corriere della Sera y EL PAÍS) nada más concluir la cumbre.

Pregunta. Desde la UE, algunos críticos señalan que este acuerdo no es para tanto. Es muy genérico y deja asuntos a medio negociar, dicen. Y los euroescépticos británicos le acusan de haberse vendido a Bruselas.

Respuesta. Creo que es enormemente relevante que hayamos podido firmar un acuerdo de seguridad y defensa con nuestros amigos europeos. Un acuerdo que no solo incluye asuntos convencionales como la estrategia de guerra o el gasto en defensa, sino cosas como las amenazas híbridas o la inmigración irregular. No debería subestimarlo. Había una guerra en Europa y esta relación entre el Reino Unido y la UE no existía. Abre el camino para que desarrollemos el papel que nos corresponde en Europa respecto a la gran cuestión de la próxima década: la planificación industrial y la financiación para el rearme que nos aportará más seguridad.

P. ¿Algún ejemplo concreto de lo que va a suponer este acuerdo? ¿Tropas británicas en misiones europeas, por ejemplo?

R. Sin ir más lejos, he estado hablando con Kaja Kallas [la alta representante de Política Exterior de la UE] de los desafíos a los que nos enfrentamos en los Balcanes. Hay preocupación, por ejemplo, sobre cómo se están socavando los acuerdos de Dayton en Serbia, Kosovo o Bosnia. Creo que debemos ser capaces de complementar a la OTAN y de cumplir nuestras obligaciones respecto a esa alianza, pero en una era en la que Europa se ha comprometido a aumentar su carga de responsabilidad. Creo que es muy bueno que el acuerdo alcanzado nos permita acceder al fondo de 150.000 millones de euros de defensa [el llamado SAFE, impulsado por la Comisión Europea].

P. Dos asuntos clave del nuevo acuerdo: el Reino Unido verá relajados los controles sanitarios y fitosanitarios de los productos que exporta a la UE, a cambio de alinearse con la normativa comunitaria. Y se trabaja ya en un Esquema de Experiencia Juvenil que permita a los jóvenes viajar y trabajar a uno y otro lado del canal de la Mancha. La derecha euroescéptica ya habla de la “traición” del Gobierno laborista.

R. Mi impresión es que los británicos ya han pasado página. Quieren un Gobierno pragmático que sea capaz de mirar hacia el futuro y que negocie un acuerdo que ayude a rebajar sus facturas —y este lo hace con pactos en electricidad, energía y emisiones de carbón—; que abarate los productos de los supermercados —y eso hemos logrado con el acuerdo sanitario y fitosanitario—; y que refuerce su seguridad, y eso es el resultado del nuevo pacto en defensa.

Será todo eso lo que juzgarán. Los que quieran resucitar las peleas del pasado, que lo hagan. Nosotros debemos ser pragmáticos, y con este pacto logramos prosperidad, seguridad y crecimiento económico.

P. Al final, es la demostración de que la geografía importa. El Reino Unido es una isla, pero no está aislado.

R. Dejamos la UE, pero no creo que nadie haya sugerido nunca que hemos abandonado Europa. El Gobierno anterior arrastró por los suelos las relaciones con países como Francia, Alemania o Irlanda. Estaban en su nivel más bajo, y el comercio entre el Reino Unido y la UE se desplomó. Este acuerdo pretende comenzar a superar ese declive.

Ya dejamos muy claro en las pasadas elecciones que no habría un regreso al mercado único ni a la unión aduanera, pero también que íbamos a enmendar el acuerdo chapucero que alcanzó Boris Johnson.

P. Pero con esas aspiraciones, ¿por qué no han ido más allá en los compromisos? No hay muchos detalles respecto al plan de movilidad juvenil. Parece que siguen teniendo miedo al fantasma de la inmigración.

R. Hicimos un pacto con la ciudadanía británica y debemos mantenerlo. Junto a la promesa de no regresar al mercado único o a la unión aduanera, estaba la de no volver a la libertad de movimiento [de ciudadanos comunitarios]. Trabajaremos en los detalles de este Esquema de Experiencia Juvenil, y creo que es algo maravilloso que puedan trabajar o estudiar en el Reino Unido o viceversa, como ya tenemos acuerdos similares con otros 13 países. Pero tiene que haber un tope en las cifras y un límite en el tiempo de estancia, porque eso es lo que quieren los británicos.

P. Despejado ya el acuerdo en defensa, ¿estamos ya más cerca de cerrar el acuerdo sobre Gibraltar?

R. Siempre hemos sido muy claros: debe ser un acuerdo que proteja la soberanía de Gibraltar. Pero junto a la Comisión Europea, mi homólogo español, José Manuel Albares, y con el ministro principal, [Fabian] Picardo, estamos haciendo todo lo que podemos para cerrarlo. Y sepa que le estoy dedicando un montón de esfuerzo.

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Starmer ha recibido a Costa, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y a la alta representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en Lancaster House, la imponente mansión cercana al palacio de St. James, en el corazón de Londres. En ese momento, todos sabían ya que las últimas horas de negociaciones contra el reloj habían arrojado finalmente un resultado consistente que poder ofrecer a la opinión pública, para garantizar el éxito de una cumbre que había generado enormes expectativas, sobre todo en el lado británico.

“Es hora de mirar para adelante. De dejar atrás los viejos y estancados debates y las contiendas políticas para buscar soluciones prácticas y de sentido común que favorezcan a los ciudadanos británicos”, ha proclamado Starmer en la rueda de prensa conjunta, consciente de que él, mucho más que sus interlocutores, deberá hacer frente a los ataques de una derecha británica euroescéptica que ya comienza a acusarle de traición.

Costa también ha saludado el inicio de “un nuevo capítulo en la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, el comienzo de una asociación estratégica renovada y reforzada”. No se trata, ha subrayado ante las preguntas euroescépticas de periodistas británicos, de un cambio de sentido, sino de “un nuevo capítulo basado en valores y desafíos compartidos que queremos afrontar juntos. Esto no va del pasado. Va del futuro”, ha recalcado. “No se trata —ha continuado— de volver al mercado único o a la unión aduanera, sino de trabajar mejor como vecinos, aliados y amigos”.

También Von der Leyen ha celebrado un acuerdo que, ha subrayado, le permite de nuevo a “socios históricos y naturales” trabajar codo con codo y afrontar juntos los desafíos. Algo especialmente importante en el actual contexto global incierto: “En tiempos de inestabilidad global, y cuando nuestro continente afronta su mayor amenaza en generaciones, en Europa permanecemos juntos. Y una relación fuerte entre la UE y Reino Unido es importante para ello”, ha insistido.

El pulso final de la pesca

El Gobierno laborista ha cedido finalmente en la que era la principal reclamación de Bruselas, impulsada sobre todo por Francia: la prórroga de los derechos de pesca de las flotas de la UE, que finalizaban en 2026. El Reino Unido extenderá por 12 años más esos derechos, hasta junio de 2038. Ambas partes se comprometen a tener formalizado este acuerdo en un plazo máximo de un mes, otra muestra de la importancia que para los europeos tenía este requisito responsable en buena parte de que las negociaciones se alargaran hasta casi el último momento. A cambio, para aplacar la posible irritación de sus propios pescadores, Starmer ha prometido casi 430 millones de euros en nuevas inversiones, para actualizar las flotas y la tecnología de captura, junto a una revitalización de la economía de las comunidades costeras.

“Doce años de acceso a las aguas británicas es tres veces más de lo que quería el Gobierno [hasta última hora se barajó la cifra de cuatro años]. Nos estamos convirtiendo de nuevo en una nación obediente a las reglas de Bruselas, algo muy preocupante”, escribía en la red social X la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch. Daba así una idea clara de la beligerancia con que piensa acoger la oposición británica el intento de Starmer de pasar página.

Aunque los negociadores británicos han insistido en que ambos asuntos no estaban vinculados, la concesión de los derechos pesqueros ha sido fundamental para que saliera adelante la parte económica del nuevo acuerdo que más interesaba al Gobierno de Starmer: la UE accede a suavizar los controles sanitarios y fitosanitarios de los productos procedentes del Reino Unido que contienen componentes animales o vegetales (casi un 80% del total).

Desde la entrada en vigor del Brexit, las empresas británicas han visto caer sus exportaciones al continente hasta un 21%. Un cambio como el acordado, que permitirá de nuevo la venta de productos como hamburguesas o salchichas, ha sido celebrado por el sector alimentario. Bruselas por su parte celebra un acuerdo que permitirá reducir significativamente la burocracia -en momentos en que la Comisión está imbuida en una maratón “simplificadora” de normas- y facilitar el comercio de productos agroalimentarios.

Acuerdo de defensa

La seguridad y defensa han sido la puerta que ha abierto el reinicio de las relaciones con la UE al Gobierno laborista de Starmer. La guerra de Ucrania, la amenaza de Vladímir Putin y la incertidumbre geopolítica que suponía la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump aceleraron este acercamiento. Poco más de tres meses después de que Starmer se convirtiera en el primer jefe de gobierno británico en participar en una reunión de líderes europeos desde el Brexit -precisamente una reunión informal centrada en defensa, el 4 de febrero- Londres y Bruselas han cerrado en su primera cumbre bilateral formal un acuerdo de cooperación para la financiación conjunta del necesario rearme, una planificación industrial compartida y una estrategia de seguridad común.

Con ciertas condiciones que deberán ser detalladas en negociaciones posteriores, las empresas de defensa británicas podrán acceder a SAFE, el plan de préstamos para compras militares conjuntas por 150.000 millones de euros propuesto por la Comisión Europea y que ha recibido también este lunes el acuerdo formal de los Veintisiete.

Londres y Bruselas han acordado además trabajar en la idea de compartir el mismo esquema de intercambio y comercio de emisiones de carbono, así como una mayor conexión de sus redes energéticas. El apagón de España y Portugal fue una clara señal de aviso para el Reino Unido, que en su condición de isla presenta una clara vulnerabilidad.

Junto un incremento en la cooperación para combatir a las bandas organizadas que trafican con la inmigración irregular, ambas partes han acordado dar luz verde a una petición británica sostenida desde hace meses: los viajeros del Reino Unido que vuelen al continente podrán ahora acceder al país de destino por la misma fila electrónica por lo que entran los ciudanos comunitarios.

La movilidad juvenil

El Gobierno británico se ha mostrado reticente durante meses al empeño de la UE, impulsado sobre todo por Alemania, de poner en marcha un esquema de movilidad juvenil que recuperara la capacidad de viajar, trabajar y estudiar a ambos lados del canal de la Mancha. La reciente victoria la derecha populista de Nigel Farage en las elecciones locales de Inglaterra ha puesto en guardia al primer ministro Starmer, que ha endurecido su política y su discurso migratorio. Downing Street no quería recuperar la idea de una libertad de movimiento que hubiera agitado las críticas de los euroescépticos.

A cambio, Starmer ha accedido a dar luz verde al inicio de negociaciones para poner en marcha lo que se ha bautizado como un Esquema de Experiencia Juvenil (desaparece el término ‘movilidad’) cuyos detalles deberán ser concretados en los próximos meses. El Gobierno británico, que ha querido evitar a toda costa que el asunto de la movilidad juvenil nublara el logro de la cumbre, ha cedido en un asunto relacionado: la reincorporación futura, también por negociar, al popular programa universitario de intercambio Erasmus.

Para una Bruselas donde la herida del Brexit sigue escociendo, era fundamental abrir una vía de intercambio entre las generaciones más jóvenes, reciba el nombre que reciba, con la esperanza de que, algún día, los británicos vuelvan a sentir el apego a Europa que se quebró con su marcha del bloque hace ahora un lustro. “Esto construirá amistades que durarán toda la vida”, ha confiado Von der Leyen, que también en su día se benefició de intercambios de estudios en el mismo Londres donde ahora se ha abierto un nuevo camino de cooperación.

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“Es hora de construir una nueva Asociación Estratégica”, ha proclamado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, a su llegada a Londres para cerrar formalmente el acuerdo junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

La cumbre de Londres es la esperanza de un “reinicio” (versión británica) o “relanzamiento” (versión europea) de unas relaciones que han sufrido años de deterioro. Pero también implica el temor a una nueva maraña de complicaciones técnicas y políticas a la hora de alcanzar un acuerdo. El Gobierno laborista avanza con cautela y timidez, mientras recela por el retrovisor de la amenaza de una derecha populista y euroescéptica dispuesta a acusarlo de traición.

Bruselas acoge con agrado la voluntad de Londres de reparar puentes, pero mantiene la firmeza ante un intento de pacto que requiere que las dos partes cedan en algo. Ambas aseguran que no se han cruzado las “líneas rojas” que fijó el Brexit, aunque se confía en que este acuerdo abra la puerta a una nueva etapa que permita establecer una relación más estrecha y fluida que la mantenida desde la consolidación del divorcio británico del bloque europeo en 2020. Bruselas busca también nuevas áreas de cooperación.

Seguridad y defensa, pesca, mayor flexibilidad de controles aduaneros, colaboración energética o una mayor libertad para viajar de los jóvenes británicos y comunitarios. La cumbre presenta una ambición en sus objetivos que justifica la relevancia que se le ha dado.

“Mañana [por este lunes], vamos a dar un nuevo paso adelante, que traerá mayores beneficios al Reino Unido, como resultado de una colaboración reforzada con la Unión Europea. Será bueno para crear empleo, para nuestras facturas y para nuestras fronteras”, dijo el domingo Starmer.

Esa es su estrategia: intentar arrinconar el debate ideológico que emponzoñó la política británica durante el proceso de divorcio de la UE para resaltar los beneficios, en materia económica y de seguridad, de un acercamiento al continente.

El comunicado previo a la cumbre lanzado por Downing Street el domingo promete beneficios para la industria británica, “que se enfrenta a papeleo burocrático y controles a la hora de exportar a nuestro mayor y más cercano socio comercial”; asegura que será mejor para los supermercados, “que tienen que trasladar estos costes a los consumidores y ven reducida la oferta de productos en sus estanterías”; y señala que aliviará también las facturas de las familias británicas.

Pero del otro lado del Canal de la Mancha también se esperan resultados positivos para el bloque europeo. “El acuerdo debe ser equilibrado y beneficioso para las dos partes”, subrayaban fuentes europeas también el domingo. Las negociaciones en Bruselas para dar el visto bueno al acuerdo se prolongaron buena parte de esa noche y se retomaron a primera hora de este lunes, mientras los representantes europeos ya llegaban a Londres.

La máxima de los Veintisiete era que nada está cerrado hasta que todo está cerrado, de manera satisfactoria no solo para Londres sino también para las capitales comunitarias. Era el mismo mantra repetido durante los largos años de las negociaciones del Brexit, pero en este caso la voluntad de ambas partes es claramente más positiva.

Primero seguridad, luego el resto

La reunión en Londres convocará al Gobierno británico, con su primer ministro, Keir Starmer, y su ministro de Exteriores, David Lammy, a la cabeza, y a las principales autoridades de la UE. Además de Von der Leyen y Costa, participan la alta representante de Política Exterior, Kaja Kallas, y el comisario de Comercio, Maros Sefcovic.

De todos los asuntos agendados para el encuentro, el más maduro es el acuerdo de cooperación en seguridad y defensa. La guerra de Ucrania y la incertidumbre geopolítica desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han ayudado a estrechar la cooperación en este terreno. Londres y Bruselas han caminado de la mano en su respaldo a Kiev y en su firmeza ante Vladímir Putin.

El acuerdo perseguirá una mayor cooperación entre los dos bloques a la hora de financiar el “rearme” perseguido por Europa, y abre la puerta a las empresas británicas a mecanismos como el SAFE, el fondo de 150.000 millones de euros lanzado por la Comisión para la adquisición de armamento. El Reino Unido y la UE respetarán el marco que cobija a ambos, la OTAN, pero trabajarán a su vez en una planificación industrial de defensa conjunta y en una colaboración a la hora de desarrollar una estrategia geopolítica a largo plazo.

Los detalles de esta mayor cooperación en una de las áreas clave de toda Europa en estos momentos de incertidumbre geopolítica se cerrarán en futuros acuerdos específicos, aunque este lunes se sella la voluntad política de avanzar juntos en la materia. La idea, se explica desde Bruselas, es establecer además un marco de diálogo formal semestral entre altos responsables de ambas partes para poder tratar estos temas, igual que el migratorio, de manera más coordinada.

“El Reino Unido y la UE comparten intereses estratégicos: en su apoyo a Ucrania, a la hora de gestionar la amenaza de Rusia, y a la hora de adaptarse a un mundo en el que la dependencia del apoyo militar de Estados Unidos ya no es una estrategia viable”, señala Olivia O’Sullivan, directora del programa UK in the World (El Reino Unido en el Mundo) del centro de pensamiento Chatham House.

Después de la defensa, la cumbre pretende avanzar considerablemente en otros asuntos para superar la rigidez derivada del Brexit. En primer lugar, un acuerdo en materia de controles sanitarios y fitosanitarios que permita flexibilizar la exportación de productos ganaderos y agrícolas británicos al continente y a Irlanda del Norte. Londres ambiciona una reducción de hasta el 80% de esos controles, pero sabe que el precio a pagar será un mayor alineamiento con la normativa comunitaria y aceptar como árbitro último al Tribunal Europeo de Justicia.

Tanto el populista Nigel Farage, que ha agitado el escenario político británico con su victoria en las elecciones locales del 1 de mayo, como la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, cada vez más cuestionada internamente, han olido sangre. Ambos han alertado a Starmer ante posibles “cesiones” a Bruselas, y han prometido que las revertirán si llegan al poder. Algo así no ayuda a generar confianza en la otra parte negociadora.

El Gobierno laborista persigue además la reanudación de la colaboración en materia energética. Starmer sabe que la autonomía de la isla en esta materia tiene sus límites. El apagón de España y Portugal ha sido una seria advertencia de la urgencia del asunto.

Los jóvenes, el frente más delicado

En los últimos meses, la UE ha impulsado con fuerza la idea de un Esquema de Movilidad Juvenil (Youth Mobility Scheme) que recupere los intercambios que el Brexit eliminó. Sería un acuerdo similar al que ya tiene el Reino Unido con otros países, como Australia: visados limitados en el tiempo para jóvenes de uno y otro lado del canal de la Mancha, que les permitan estudiar, trabajar o viajar durante largo tiempo.

El Gobierno laborista, que ha endurecido considerablemente su política migratoria para retener a los votantes de izquierda seducidos por Farage, se ha mostrado hasta ahora reacio a abrir la puerta a un acuerdo que aumentaría las cifras de inmigrantes y resucitaría el fantasma de la libertad de movimientos que tanto agitaron los euroescépticos.

Starmer, sin embargo, está dispuesto a contemplar un plan con cifras concretas de beneficiarios y tiempo limitado (en torno a dos años) que recupere esas ventajas para los jóvenes británicos y europeos. Según adelantó la BBC y confirman fuentes europeas, el programa podría renombrarse como Youth Experience Scheme (YES) para reducir la vinculación a la sensible cuestión migratoria. En cualquier caso, de la cumbre de este lunse solo se espera un principio de acuerdo en este asunto, que deberá ser negociado en todos sus detalles en los próximos meses.

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En primer lugar, las negociaciones sobre temas tan espinosos como la pesca, los controles aduaneros o la movilidad siguen teniendo la misma complejidad técnica y política de siempre, complicada de sortear tan solo con buena voluntad y buenas palabras. En segundo lugar, el sentimiento antieuropeo que ha alimentado durante años a la derecha y a la extrema derecha del país sigue latente, y tanto Nigel Farage, que encabeza Reform UK, como la actual líder de los tories, Kemi Badenoch, huelen en el encuentro del lunes una oportunidad de acorralar a Starmer. La precaución habitual del primer ministro —tibieza, para sus críticos— ha templado la ambición de la cumbre.

“El triunfo de Reform UK ―la reencarnación del Partido del Brexit― en las elecciones locales del 1 de mayo va a aumentar la precaución extrema del Gobierno laborista a la hora de dar pasos que pueden ser vistos como demasiado proeuropeos. Y el ascenso de Reform UK también ha tenido su efecto sobre la visión que la UE tiene del Reino Unido: algunos líderes europeos se muestran reticentes a lograr una reconciliación amplia con Londres, ante el temor de que en cuatro años se acabe asentando en Westminster [como se denomina al Parlamento británico] un Gobierno fuertemente euroescéptico”, han señalado Aslak Berg, Ian Bond y Charles Grant, del influyente Centre for European Reform, en su informe previo a la cumbre.

Defensa, sí; aduanas y movilidad, más adelante

La estrategia de reencuentro con Europa del Gobierno de Starmer se centró desde un primer momento en el asunto más urgente, en el que ponía más fácil tender puentes entre Londres y Bruselas, y el que la guerra de Ucrania hizo más evidente, con la sintonía de respuesta a ambos lados del canal de la Mancha: la seguridad y defensa conjuntas. “Ya tenemos muchos puntos de cooperación. Necesitamos desarrollarlos aún más, y confío en que podamos firmar ese acuerdo en la cumbre que se celebrará la semana que viene”, anunciaba el pasado lunes Kaja Kallas, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, durante la reunión en Londres del G-5 Plus.

Se da por seguro que la cumbre UE-Reino Unido cerrará un ambicioso acuerdo de defensa, que contemple incluso el acceso de las empresas británicas al fondo de 150.000 millones de euros, el SAFE, propuesto por la Comisión para facilitar el ansiado rearme de Europa.

Otros asuntos requerirán de negociaciones más prolongadas, y probablemente solo obtendrán un respaldo político y diplomático en la cumbre, sin entrar en detalles.

Starmer, sin embargo, ha mostrado en los últimos minutos su voluntad de impulsar un acuerdo con algo de ambición. “Para todo el mundo, para nuestras empresas, para los trabajadores, esta es una oportunidad importante de que nuestro país avance”, ha defendido este viernes en una entrevista al diario The Times.

Como ha ocurrido desde hace décadas en la historia de las negociaciones de la UE, la pesca volverá a ser un escollo que habrá que superar. Con Francia a la cabeza, Bruselas reclama una prolongación del acceso de sus flotas a los caladeros británicos que se negoció durante el Brexit. No se trata de un asunto con gran dimensión económica, pero sí simbólica. El 70% del producto capturado en aguas del mar del Norte se destina a otros países. El Gobierno de Starmer ofrece, de momento, una prórroga de cuatro años. La industria necesita un horizonte mayor, porque determinadas inversiones requieren un largo plazo.

Si Londres se resiste a ampliar su oferta, para retener una baza negociadora, es posible que se encuentre con una limitación similar por parte de Bruselas respecto al objetivo más perseguido por el Gobierno laborista: una eliminación de hasta el 80% de los controles sanitarios y fitosanitarios (SPS, en sus iniciales en inglés) de sus productos agrícolas y ganaderos, que han supuesto un elevado coste para sus empresas. Es posible que la oferta de la UE también esté condicionada a un tiempo limitado, en contra de los deseos de la industria británica.

En esta negociación concreta, además, el Gobierno de Starmer intuye una amenaza política: la reducción de esos controles implica un mayor alineamiento del Reino Unido con la normativa comunitaria, y la aceptación del Tribunal de Justicia de la UE como garante último del respeto a las reglas. “Todo esto es una rendición miserable de Starmer, y algo de lo que se arrepentirá políticamente”, ha dicho el populista Farage al diario The Daily Telegraph, anticipando una línea de ataque que también pretende poner en marcha el Partido Conservador.

El Gobierno británico busca también un acuerdo energético que le permita asegurar, con las conexiones con el continente, el suministro en la isla. Bruselas sabe que, también en este asunto, tiene una baza negociadora importante. Sobre todo para reclamar a Londres algo ante lo que hasta ahora ha sido muy reticente el Ejecutivo de Starmer, con constantes pasos hacia atrás y hacia delante: un esquema de movilidad juvenil que ofrezca a los menores de 30 años, británicos y europeos, volver a poder trabajar y estudiar, por un tiempo limitado, a ambos lados del Canal.

El temor del Gobierno laborista a que la llegada de jóvenes infle aún más las cifras de inmigración ha frenado hasta ahora avances en este asunto.

“Quizá lo renombren ‘oportunidades juveniles’, para evitar el término movilidad, que en el debate político del Reino Unido se asocia a la libertad de movimiento de la UE. Y en negociaciones futuras, Londres reclamará límites en las cifras o en la edad. Pero el mayor punto de contención será sin duda la reclamación de Bruselas de que el precio de la matrícula universitaria para los estudiantes de la UE sea el mismo que para los británicos”, señala Jannike Wachowiak, analista del European Policy Centre.

“Movilidad juvenil no significa libertad de movimiento”, ha dicho Starmer a The Times, al admitir que contempla la posibilidad de visados temporales de hasta dos años, en la línea de los acuerdos que el Reino Unido tiene con otros países como Australia.

Hay una voluntad muy clara por parte de Londres y de Bruselas para transmitir una imagen de éxito en la cumbre del lunes. Ambas partes han apostado con fuerza relanzar la relación, en momentos de gran incertidumbre geopolítica. Pero el Gobierno de Starmer ha podido comprobar en su propia carne que negociar con la UE requiere de algo más que abrazos y sonrisas.

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“Tres cuartas partes de lo que se captura con las redes de arrastre acaba siendo arrojado de vuelta al mar. Es difícil imaginar un modo de pescar más ineficiente”, explica Attenborough, que compara este método de pesca con la idea de un bulldozer arrasando una selva tropical.

Provoca angustia en el espectador seguir el avance de la cadena que estabiliza la red, cuyos dientes avanzan por el fondo marino levantando arena y destrozando cualquier vegetación a su paso. Los animales intentan desesperadamente escapar de la trampa. Las imágenes muestran a una manta raya en una carrera despavorida por escapar de la red.

Cuando el contenido de la captura es volcado en la cubierta del pesquero, la película muestra el final agonizante de muchas de las especies arrastradas. Con una pala, gran parte de lo obtenido se empuja a una rendija del barco para arrojarlo de nuevo al mar.

El codirector de la película y productor ejecutivo de Silverback Films, Keith Scholey, explica cómo lograron el permiso de una empresa pesquera para colocar una cámara en la red de arrastre. “No queríamos hacerlo realmente”, ha dicho, porque suponía implicarse de algún modo en ese proceso destructivo. Pero llegaron a la conclusión de que era el único modo de mostrar al espectador lo que ocurre en el fondo del mar.

“Hay algunas secuencias terribles en las que se ve a los cangrejos araña completamente triturados por los dientes de la cadena de dragado”, relata Scholey, para explicar por qué decidieron eliminar algunas imágenes en el corte final de la película.

Mensaje de esperanza para el mar

“Después de casi cien años en este planeta, ahora entiendo que el lugar más importante no es la superficie terráquea, sino el mar”, ha dicho Attenborough, que confía en remover tantas conciencias con su último film como las que logró con Big Planet II, el documental de 2017 que llevó a la primera línea de la atención del público la invasión de residuos plásticos en mares y océanos. Aquella denuncia irritó a la ciudadanía hasta cierto punto. El entonces ministro conservador, Michael Gove, decidió ordenar la retirada del mercado, por ejemplo, de las pajitas de plástico que se usaban hasta entonces para beber refrescos.

Pero ni siquiera entonces fue tan lejos el naturalista británico como para denunciar directamente la responsabilidad de la industria pesquera en muchos de estos destrozos ecológicos. La mayoría de los trabajos con la firma de Attenborough, desde sus inicios, han tenido el respaldo de la corporación pública la radiotelevisión británica, la BBC, y habían evitado una confrontación directa con los pescadores británicos. Como ocurre con los de la UE, son terreno sagrado para los políticos, aunque su peso en la economía nacional no sea tan elevado. Londres y Bruselas se disponen estos días a “reiniciar” sus relaciones, después de largos y años agrios de Brexit, con una cumbre que tendrá lugar el próximo lunes en la capital británica. Uno de los asuntos negociados que más complicado ha acabado resultando, precisamente, ha sido el de los derechos de pesca de las flotas de la Unión Europea en aguas del Reino Unido.

“El océano puede resucitar con gran rapidez. Si lo respetamos y protegemos, no solo es capaz de recuperarse de este daño, sino de resurgir con una fuerza que ningún otro organismo vivo experimentaría”, explica Attenborough, consciente de su influencia política. La película ha sido financiada por el magnate minero australiano convertido en ecologista combativo Andrew Forrest, que se ha sumado a organizaciones medioambientales que reclaman la prohibición de la pesca de arrastre en todas las zonas marinas protegidas. En la actualidad, solo está prohibida en un 5% de estas zonas en el Reino Unido.

El 9 de junio se celebrará en Niza la Conferencia de los Océanos de Naciones Unidas. El último mensaje de Attenborough ―hasta ahora― llega en el momento preciso para que los gobernantes tomen conciencia del problema. Un ecosistema marino más sano es capaz de atrapar más dióxido de carbono, y contribuir de ese modo al combate contra el cambio climático.

“Tenemos frente a nosotros la oportunidad de proteger el clima, nuestra alimentación, nuestro hogar”, resume el naturalista británico.

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“El mundo es muy grande. Hay continentes arriba y abajo, y la gente como vosotros puede ir de un lugar a otro. Para muchos como yo, sin embargo, el mundo es muy pequeño y reducido. Nunca nos dejan ir donde tenemos que ir y donde necesitamos ir”, se había lamentado el autor inmigrante esta semana, al conocer la primer decisión denegatoria de su visado.

El teatro Jermyn Street, que había gestionado durante meses la solicitud de visado del autor, para que pudiera estar presente en la primera presentación del próximo martes, reclamó al Gobierno británico que se replanteara su decisión, que en principio no podía ser ya recurrida.

“Nos complace que el Ministerio del Interior haya revocado su decisión y que Ibrahima pueda acudir a Londres para presenciar su propia historia en nuestro teatro”, ha dicho David Doyle, productor del Jermyn Street. “Si el Reino Unido quiere seguir siendo un líder mundial en arte y cultura, como nación, debemos ser más cautelosos y no imponer restricciones innecesarias a los artistas que viajan aquí”, ha señalado.

Ibrahima residirá, durante su estancia en Londres, en el domicilio de la dramaturga Timberlake Wertenbaker, que ha traducido al inglés el libro (Little Brother) y ha realizado la adaptación teatral. Un fascinante giro de guion hizo que la autora, que había pasado meses de su infancia en el País Vasco Francés y se impuso a sí misma la tarea, durante la pandemia, de aprender euskera, diera con un ejemplar de Hermanito (la primera edición fue en vasco) y quedara seducida por el relato.

Wertenbaker ha escrito teatro para la Royal Shakespeare Company, y llegó a recibir seis nominaciones a los premios Tony por su obra Our Country´s Good (Por el Bien de Nuestro País). Es toda una institución, respetada por sus obras de contenido político y social.

En su nota de protesta, los responsables del teatro ponían el dedo en la llaga, al resaltar la vertiente política que implica una decisión tan escandalosa. El Gobierno laborista de Keir Starmer ha endurecido sus leyes migratorias, y su retórica contra los recién llegados, en su intento por frenar la amenaza electoral de la derecha populista y xenófoba de Nigel Farage, de un modo que ha desatado las alarmas entre miembros de la propia formación política y entre organizaciones humanitarias.

“La denegación de un visado a un escritor de tal magnitud sustrae a la audiencia británica una conexión cultural importante. Es una decisión que no puede abstraerse del actual debate político sobre la migración y de la retórica que lo rodea”, había señalado el teatro cuando luchaba por dar la vuelta a la resolución del Gobierno.

Traducido a múltiples idiomas, recomendado en múltiples ocasiones por el fallecido Papa Francisco para entender el drama de la inmigración, el libro cuenta el terrible viaje de Balde (Guinea-Conakri, 31 años) en busca de su desaparecido hermano pequeño, para acabar recalando en Madrid, donde hoy trabaja en un taller mecánico de reparación de camiones.

Antes de morir, su padre le pidió que cuidara de su hermano pequeño, que había emprendido por su cuenta el viaje hacia Libia, como miles de africanos, con la intención de cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa. Nunca lo encontró, pero durante cuatro años atravesó Malí, Argelia, Libia, y vivió experiencias duras, casi insoportables.

Fue en en la estación de tren y autobuses de Irún, dispuesto ya a cruzar a Francia, cuando conoció al voluntario, y más tarde amigo del alma, que le ayudaría a contar su historia. Arzallus comenzó a elaborar un dosier con la historia personal de Balde, para ayudarle a preparar su solicitud de asilo. “Sufrió un auténtico calvario durante su viaje. Violencias y situaciones que ni siquiera se pueden contar. Y nunca encontró al hermano. Quedó desorientado, sin saber que hacer. Era imposible volver a su país. Así acabó en Europa. Así le conocí yo”, cuanta el activista vasco, que mantiene una férrea amistad con Balde, a pesar de que viven ahora a cientos de kilómetros de distancia.

El guineano llegó a España en 2018. Tras una primera denegación de asilo, vivió cuatro años en situación irregular, hasta que obtuvo el “arraigo social”, la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que concede el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De momento, respira tranquilo hasta abril de 2026.

Ambos viajarán finalmente juntos a Londres para celebrar su éxito. “Ibrahima tiene un contrato indefinido en Madrid. Yo, como bertsolari improvisador, no tengo un contrato indefinido, ni seguridad laboral alguna. Yo podré ir a Londres y él no. El criterio está claro, ¿no?“, había explicado el periodista con amargura a EL PAÍS, resignado en un principio a bajar solo, antes de que el Reino Unido revocara su decisión. ”Tengo la sensación de que sigue perdido en el desierto. Esta vez no es el africano. Es el desierto europeo de la burocracia, del que nunca podrá salir", decía.

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El departamento antiterrorista de la policía decidió desde un primer momento liderar la investigación, por “implicar a una persona de relevancia pública”.

Starmer, informado en todo momento de la investigación, llegó a definir los tres incidentes el miércoles, durante la sesión de control de la Cámara de los Coumunes, como “un atentado contra todos nosotros, contra la democracia y contra los principios que defendemos”.

El primer incidente ocurrió en la madrugada del lunes en la vivienda propiedad del primer ministro en Kentish Town, un barrio en el norte de Londres.

Ni Starmer ni su familia residen en el inmueble, que se halla alquilado a la cuñada del primer ministro, por un precio más bien testimonial, desde que se mudaron a la residencia oficial de Downing Street.

El inmueble, según señala el diario The Times, está valorado en casi 2.400.000 euros, y Starmer terminó de pagar la hipoteca el año pasado.

“Roman Lavirnovich ha sido acusado de tres delitos de incendio con la intención de poner la vida de las personas en peligro o con el resultado de provocar ese riesgo de modo temerario”, ha explicado el Servicio de la Fiscalía de la Corona. “Las acusaciones hacen referencia a dos incendios en dos inmuebles residenciales en Islington, el domingo 11 de mayo, y en Kentish Town, el lunes siguiente, así como un vehículo en llamas en Kentish Town el jueves 8 de mayo”, ha detallado la fiscalía.

El vehículo, un Toyota Rav 4 de 2018, había pertenecido a Starmer, pero se lo vendió a un vecino poco después de vencer en las elecciones generales de julio del año pasado y convertirse en primer ministro.

Starmer vivió en el inmueble de Islington durante la pasada década de los noventa, pero ya no guarda relación con el edificio, transformado en varios apartamentos.

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Sullivan fue detenido un mes después de que Diane Sindall, de 21 años, que atendía la barra de un bar, fuera hallada muerta en la localidad de Birkenhead. La mujer había sido víctima de una agresión sexual cuando regresaba a su casa. En 1987, el hombre fue condenado, basándose en pruebas circunstanciales, a una pena permanente revisable —con un mínimo de 16 años—, pero acabó pasando entre rejas casi cuatro décadas, después de que los tribunales rechazaran hasta en dos ocasiones sus recursos.

No fue hasta 2021 cuando la Comisión para la Revisión de Casos Penales pudo comprobar que el ADN hallado en la escena del crimen no coincidía con el de Sullivan. Se trataba de restos de semen de un atacante cuya identidad sigue siendo desconocida a día de hoy.

Sullivan ha escuchado la decisión de su puesta en libertad por videoconferencia, desde la prisión. No ha podido evitar estallar en sollozos mientras se tapaba la boca con una mano.

El abogado Duncan Atkinson, en representación de los familiares de la víctima y del Servicio de Fiscalía de la Corona, había comunicado previamente a los tres magistrados del tribunal que sus clientes estaban de acuerdo en que el resultado de las nuevas pruebas de ADN había socavado la condena de Sullivan, y que no tenían intención de solicitar un nuevo juicio.

“No existen pruebas que sugieran que hubiera más de un hombre implicado en este crimen, ni las hay tampoco para deducir que el semen hallado fuera resultado de una actividad sexual consentida”, ha leído la sentencia el magistrado Timothy Holroyde. “A la luz de las pruebas recabadas, es imposible concluir que la condena del señor Sullivan sea firme”, añadía.

La policía de Merseyside, al frente de la investigación, se ha comprometido ahora a localizar a la persona cuyo ADN quedó en la escena del crimen, pero ha admitido a la vez que no existe de momento ninguna concordancia en la base nacional de datos genéticos. Lo que sí han podido confirmar es que los restos hallados no corresponden a ningún familiar de la víctima ni a quien era su novio durante esa época.

Las autoridades policiales aseguraron al tribunal, durante la vista de apelación, que solo gracias a una nueva tecnología había sido posible rastrear ADN de los restos de semen hallados en el abdomen de Sindall.

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Todos los asistentes al encuentro han mostrado su escepticismo ante la oferta unilateral de Putin para que Moscú y Kiev negocien directamente este próximo jueves en Estambul. Ni el ejército ruso ha cesado este lunes sus ataques contra territorio ucranio, ni Putin ha querido responder a la propuesta de Zelenski para que los dos líderes se vean las caras en la capital turca.

“Esta va a ser una semana crucial en la que vamos a ver de verdad quién quiere la paz y quién quiere la guerra. Quién se sienta con voluntad de alcanzar la paz, sin condiciones, simplemente con la voluntad de terminar la guerra, y quién está en tácticas dilatorias y en juegos de ir retrasando esas conversaciones para que sigan hablando las armas, cuando lo que tiene que hablar es la diplomacia“, ha dicho el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al final del encuentro.

El anfitrión del encuentro en el palacete londinense de Lancaster House, el ministro británico de Exteriores, David Lammy, ha pedido a sus colegas que todos estén preparados ante la posibilidad de que no se consiga la paz en Ucrania. “Ha llegado el momento de que Putin se tome en serio la paz en Europa, de que se tome en serio un alto el fuego y de que se tome en serio las negociaciones. Nosotros, en Europa, nos prepararemos ante cualquier escenario de paz, y para eso nos hemos reunido hoy. Pero también debemos estar preparados ante la posibilidad de que Putin no tome este momento con la seriedad debida y no logremos esa paz”, dijo Lammy.

Es la primera vez que el Reino Unido acoge una reunión del G5+, que con el de este lunes en Londres ha mantenido ya seis encuentros en este formato. La sesión de trabajo se ha centrado en discutir los siguientes pasos respecto a Ucrania, la posibilidad de incrementar la presión sobre Rusia con nuevas sanciones y el rearme de Europa ante la nueva incertidumbre geopolítica.

Los ministros han querido expresar unidad y coherencia en torno a la paz en Ucrania, y reclaman que sea “duradera, justa y que no permita que un crimen de agresión tenga recompensa”, en palabras del ministro Albares.

Descolocados

Sin embargo, la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha conminado a Zelenski a aceptar la oferta negociadora de Putin, ha dejado descolocados a los líderes europeos, que confiaban en que Washington se sumara a la presión con un nuevo paquete de sanciones. Por eso, el Reino Unido ha decidido que no se anunciaran nuevas medidas punitivas contra Moscú en el encuentro del G5+, y solo se advirtiera de que ya se están preparando las nuevas medidas.

“Hemos acordado impulsar medidas ambiciosas que reduzcan la capacidad de Rusia de prolongar la guerra, que consisten en limitar los ingresos del Kremlin, alterar las maniobras de la ‘flota en la sombra’, ajustar el tope del precio del petróleo y reducir aún más nuestras importaciones de Rusia que aún persisten”, dice el comunicado conjunto hecho público al término del encuentro.

“Si Putin rechaza de nuevo [el alto el fuego], la conclusión lógica es que la presión debe ejercerse sobre el causante de la agresión, no sobre la víctima, hasta que comience a sentir el dolor y se vuelva más razonable”, ha dicho el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, en el encuentro de Londres. El Gobierno de Polonia, que acababa de decidir este mismo lunes el cierre del Consulado ruso en Varsovia tras un informe oficial que apunta a la mano de los servicios especiales rusos en el incendio de unos grandes almacenes el año pasado, reclama con insistencia el incremento de las sanciones a Moscú.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha acusado a Putin de “estar jugando”, con el bombardeo de las últimas horas en Ucrania. “Tenemos que poner presión sobre Rusia, para que quiera la paz, y se siente a negociar con Ucrania”, ha dicho.

Kallas ha confirmado que la semana que viene, durante el primer encuentro bilateral entre el Reino Unido y la UE que se celebrará en Londres para “reiniciar” unas relaciones estropeadas por años de Brexit, se cerrará un acuerdo en materia de seguridad y defensa.

“Una relación reforzada en materia de seguridad y defensa entre el Reino Unido y la UE es clave para mejorar las vidas de nuestros ciudadanos y para que nuestro continente sea más seguro”, afirma el comunicado de los responsables de Exteriores del G5+.

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El departamento antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres (New Scotland Yard, como se la conoce popularmente) ha decidido liderar la investigación, por “implicar a una persona de relevancia pública”.

El primer incidente ocurrió en la madrugada de este lunes en la vivienda propiedad del primer ministro en Kentish Town, un barrio en el norte de Londres.

Ni Starmer ni su familia residen en el inmueble, que se halla alquilado desde que se mudaron a la residencia oficial de Downing Street.

Poco después, a las tres de la madrugada del domingo (cuatro, en horario peninsular español), la policía informó de que los servicios de emergencia acudieron a la entrada de un inmueble del barrio de Islington, convertido en apartamentos, cuya propiedad está también vinculada al dirigente político. Una persona fue socorrida por personal ataviado con mascarillas y evacuada por la escalera interna del edificio.

Finalmente, un vehículo aparcado en la zona sufrió un incendio en la madrugada del jueves, que está siendo igualmente investigado.

Respecto a la vivienda principal, en Kentish Town, la Brigada de Incendios de Londres ha informado que recibió el aviso de un “pequeño fuego” en torno a las 01.11 horas (02:11, en horario peninsular español), que fue sofocado en apenas 20 minutos. Dos camiones acudieron al lugar, junto con una dotación de 10 bomberos.

Nadie resultó herido en el percance, pero la investigación abierta ha hecho que la residencia permaneciera acordonada durante todo el lunes. La casa ya había sido seleccionada como objetivo por grupos de activistas en ocasiones anteriores. Tres personas fueron condenadas por un delito de alteración del orden público el año pasado por organizar una protesta propalestina frente a la vivienda, cuando Starmer y su familia aún residían allí.

“Se han producido daños en la entrada de la propiedad, pero nadie ha resultado herido. Se investiga el incendio y el cordón policial seguirá instalado mientras prosigan las pesquisas”, ha informado la policía.

“En esta fase inicial de la investigación, los agentes están trabajando en intentar establecer las circunstancias de los tres fuegos, y mantienen la mente abierta ante la posibilidad de alguna conexión. Todos ellos están siendo tratado como si hubieran sido intencionados”, señala el comunicado.

El primer ministro, que ha dado las gracias a los servicios de emergencia por su trabajo, ha declinado realizar ningún comentario al respecto “porque se trata de una investigación abierta”.

El inmueble, según señala el diario The Times, está valorado en casi 2.400.000 euros, y Starmer terminó de pagar la hipoteca el año pasado.

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“Lo hago porque creo que es lo correcto, y porque es algo en lo que creo. Creo que necesitamos reducir significativamente la inmigración”, ha asegurado Starmer en defensa de sus nuevas medidas, imprescindibles, según él, para que Gran Bretaña no se acabe convirtiendo en “una isla de forasteros”.

Starmer se ha apropiado de la idea impulsada previamente por los gobiernos tories de Boris Johnson o Rishi Sunak, según la cual la restricción de las condiciones para obtener un visado de trabajo acabará forzando a las empresas británicas, acostumbradas durante años a una mano de obra no cualificada extranjera que era barata, a formar y contratar trabajadores nacionales. El primer ministro británico, que llegó a Downing Street con la promesa del crecimiento económico, se niega a vincular el mayor número de inmigrantes con una mayor actividad económica.

Desde junio de 2023 a junio de 2024, según los últimos datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística, el número de personas que entraron en el Reino Unido fue de 728.000. Un año antes, la cifra rozó el millón: 906.000. Prácticamente el cuádruple que la media registrada cinco años antes. La inmensa mayoría de ellos procedían de países ajenos a la UE. El Brexit frenó en seco la llegada de ciudadanos comunitarios a suelo británico, pero no impidió en absoluto (más bien aceleró) el aumento de la inmigración.

“El daño que esto ha hecho a nuestro país es incalculable. Los servicios públicos y la vivienda pública han sido sometidos a demasiada presión. Nuestra economía se ha visto distorsionada por incentivos perversos para importar trabajadores en vez de invertir en nuestras propias habilidades. En sectores como la ingeniería, las becas de aprendizaje se han reducido a la mitad y los visados de trabajo se han duplicado”, ha señalado Starmer.

El Gobierno laborista no quiere caer en la trampa en la que cayeron sus predecesores, al poner números concretos al objetivo de reducción de inmigrantes. Starmer se vería atado de ese modo a la cifra, si resultase muy elevada, o tachado de poco ambicioso si fuese muy baja.

En cualquier caso, el primer ministro británico se ha comprometido a que la cifra neta de inmigrantes vaya reduciéndose, año a año, hasta el final de su primer mandato, previsiblemente en 2029.

Y ha querido reafirmar esa voluntad con la promesa de un mayor endurecimiento, si lo considera necesario: “Si necesitamos ir más lejos, si es necesario hacer más para aliviar la presión en la vivienda o los servicios públicos, háganme caso, lo haremos”, ha enfatizado.

Diez años para la residencia

Una de las principales medidas anunciadas por el Gobierno británico será la de duplicar, de cinco a 10 años, el tiempo necesario para que un inmigrante pueda adquirir su residencia permanente o la nacionalidad.

“Durante mucho tiempo se ha sostenido el principio de que la residencia o la ciudadanía en el Reino Unido es un privilegio, y no un derecho. Estamos creando un [nuevo] sistema que beneficiará a las personas que respeten las normas y hagan una contribución al Reino Unido, mientras tomará medidas contra los que no lo hacen”, afirma el documento oficial de trabajo, el llamado white paper, en el que el Gobierno de Starmer detalla sus nuevas normas de inmigración.

De este modo, se abre la puerta a mantener el plazo reducido de cinco años para aquellas personas que “realicen contribuciones reales y duraderas a la economía y la sociedad” británicas, como el pago en tiempo y forma de sus impuestos, la participación en tareas de voluntariado o el desempeño de trabajos altamente cualificados en sectores clave.

El Ministerio del Interior británico, encargado de elaborar las nuevas propuestas, se ha querido centrar especialmente en tres áreas: el mercado laboral, el ámbito universitario y el sector de la atención social y la dependencia (donde más mano de obra extranjera cualificada se ha incorporado en los últimos años).

El grado de formación de los trabajadores extranjeros cualificados que hoy pueden ser contratados por las empresas británicas aumentará. Se exigirá a todos ellos el graduado escolar. También subirá el salario mínimo anual de estos contratados, que actualmente era de casi 30.000 euros para el nivel más bajo.

El nuevo plan corta de raíz la concesión de nuevos visados de trabajo para el sector de la dependencia, aunque abre un periodo de transición hasta 2028 para extender los visados actualmente concedidos.

Finalmente, las nuevas medidas prometen un control más exhaustivo de los visados para estudiantes. El Gobierno de Starmer ha comprado la idea de que las universidades, que necesitan de las matrículas de estudiantes extranjeros —el triple de caras que las de los nacionales— para su financiación, son muy poco rigurosas a la hora de seleccionar a los recién llegados. Muchos abandonan sus estudios, pero permanecen en el país, o aprovechan al periodo de trabajo que permite el visado, una vez graduados, para incorporarse a actividades laborales que nada tienen que ver con los estudios finalizados.

Finalmente, el Gobierno de Starmer también se apropia de ideas ensayadas ya por anteriores ejecutivos conservadores, como exigir un mayor nivel de inglés a los recién llegados y endurecer aún más los criterios de reagrupación familiar de los inmigrantes.

“Creo que el Partido Laborista tiene como uno de sus principios fundamentales la idea de que la inmigración debe ser controlada y selectiva. Debemos poder elegir a quién queremos, y atraer a los mejores talentos a nuestro país, de un modo justo”, ha defendido Starmer, consciente de que el miedo instalado entre sus diputados después de la reciente victoria del populismo de Farage y su partido Reform UK en las elecciones locales hará que pocos protesten ante una deriva más autoritaria en política migratoria.

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Las elecciones locales celebradas esta semana en Inglaterra, sin embargo, han transmitido una sensación generalizada de que esta vez va en serio. Las reglas del juego parecen haber empezado a cambiar, y el Reino Unido se parece ya más a otros países europeos donde nuevos actores con un discurso radical agitan el panorama político. Reform UK ha sido el claro ganador de esos comicios: de los cerca de 1.600 concejales en juego, se ha hecho con más del 40%. Ha obtenido por primera vez una alcaldía, la de Greater Lincolnshire, y ha arrebatado al Partido Laborista del primer ministro, Keir Starmer, el diputado de la circunscripción de Runcorn & Helsby, hasta hace nada un feudo indiscutible de la izquierda.

“Nigel Farage tiene, por fin, una maquinaria política eficaz, profesional y bien organizada detrás de él. Una capaz de hacer frente al profesionalismo sin escrúpulos del Partido Laborista de Keir Starmer y derrotarlo, aunque sea por un pelo, en la batalla por el escaño de una circunscripción que la izquierda tenía aparentemente asegurada. Y una maquinaria capaz de destrozar a los conservadores en territorios pro-Brexit como Lincolnshire y Staffordshire”, escribía el periodista y escritor Andrew Marr en la revista New Statesman.

Farage y sus dos enemigos

En las calles de Runcorn, este corresponsal pudo comprobar a principios de la semana pasada, en los días previos a la votación del jueves, que el caldo de cultivo del resentimiento en el que Farage se mueve como pez en el agua se había extendido por gran parte de la ciudad. Hartazgo con los políticos, sensación de abandono, miedo a los recortes en las ayudas sociales y rechazo a la inmigración. Sobre todo, rechazo a la inmigración.

“No soy el Señor Blandito. Soy quien soy, y me tomas o me dejas. Hablo muy claro. Digo lo que creo. Si te gusta, fantástico. Si no, me da igual”, proclamaba desafiante Farage el viernes, al celebrar la victoria de su partido. Y añadía: “Hay una mayoría silenciosa que cree en las cosas en las que nosotros creemos. Westminster [como se conoce en la jerga británica al establishment político] y gran parte de los medios no tienen ni idea de hacia dónde se está moviendo este país”.

Esta vez parece que la amenaza es real, y resulta igual de sombría tanto para conservadores como para laboristas. En el caso de los primeros, porque después de diversos ensayos en los que han intentado imitar el discurso populista de Farage, se debaten ahora entre buscar un pacto con ese partido o resignarse a desaparecer, como temen muchos. “A partir de ahora somos el principal partido de oposición al Gobierno”, sostenía el viernes Farage.

“Han demostrado ser unos contendientes igual de serios que el resto. Ahora están dispuestos a proclamar que son ellos la verdadera oposición. No lo son, pero el argumento de que pueden llegar a serlo va a resonar con más y más fuerza. Suponen un desafío tanto para laboristas como conservadores en toda Inglaterra”, afirmaba Giles Dilnot, el director de ConservativeHome, la página web a la que acuden muchos tories para entender la realidad interna de su partido.

La líder de los conservadores, Kemi Badenoch, tan radical y populista en su discurso como Farage pero con un aire urbano y elitista que no convence a la Inglaterra profunda, sabe que pronto comenzará a ser cuestionada internamente, a pesar de insistir en que el suyo es un proyecto a largo plazo.

En cuanto al Partido Laborista de Starmer, la derrota ante Reform UK en Runcorn, la 16ª circunscripción más segura de toda Inglaterra, hasta ahora, para la izquierda, es un cuestionamiento en toda regla de un Gobierno que transmite sensación de agotamiento apenas diez meses después de llegar a Downing Street. Muchos de sus diputados, todavía sin dar la cara públicamente, cuestionan los recortes sociales llevados a cabo en aras del rigor presupuestario, y el discurso de naturaleza conservadora en asuntos como la inmigración o el movimiento trans.

El sociólogo John Curtice, uno de los analistas electorales más escuchados en el Reino Unido, lo explicaba así: “El Partido Laborista ha tenido la suerte de tener que defender poco más de trescientos representantes en estas elecciones locales [frente a los más de mil que tenía el Partido Conservador]. Aun así, el partido ha perdido prácticamente la mitad de sus concejales. Y en la mayoría de los casos se los ha arrebatado Reform UK. Han perdido nueve puntos porcentuales de apoyo desde 2021”.

La victoria de Reform UK en las elecciones locales ofrece una cara doble. Con cierto voluntarismo, muchos de sus críticos confían en que el partido comience a desgastarse con la gestión municipal de basuras, carreteras o colegios. Otros, sin embargo, ven en el hecho de que el partido de Farage haya podido presentar candidatos para todos los puestos municipales en disputa la constatación de que el populismo de derechas ya no es una molestia pasajera que irrumpe en cada elección, sino una estructura organizada y extendida por el país que puede dar finalmente un vuelco al panorama político.

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Algunos han querido ver en este gesto la desesperación de un hombre triste y abatido. Otros, los más, la enésima estrategia de cinismo de una batalla que se prolonga ya cinco años y ofrece abundante carnaza a los tabloides británicos.

“Devastado” ante la decisión adoptada el viernes por el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido, que desestimó finalmente su recurso legal contra la decisión del Gobierno de rebajar su grado de seguridad cuando visita el Reino Unido, el príncipe Enrique se mostraba sobrio y compungido ante la entrevistadora de la cadena pública británica. “El rey no quiere hablar conmigo por culpa de este asunto de la seguridad”, explicaba, para añadir que no desea seguir peleando con un padre al que no sabe ”cuánto le queda”.

El Daily Express fue uno de los primeros periódicos sensacionalistas en cuestionar la “frustración y el enfado” del rey ante una pretensión “claramente inconstitucional” de su hijo. Citaba, sin nombrarlo, a “un amigo de Carlos III”, que explicaba su irritación “por el fallo del Duque [de Sussex] al no respetar ese principio [constitucional]”. Y reprochaba “a sus seguidores [del príncipe] que sugirieran que al padre no le importaba nada este asunto”.

Era el propio palacio de Buckingham, de un modo más frío y pausado, el que cortaba de raíz cualquier debate sentimental derivado de las declaraciones del príncipe Enrique a la BBC: “Todos estos asuntos han sido examinados repetida y meticulosamente en los tribunales, y en cada ocasión han llegado a la misma conclusión”.

Nada de eso basta para Enrique, que veía detrás de la sentencia la maniobra del anterior Gobierno conservador del Reino Unido y del entorno de Buckingham para no dejarle levantar cabeza, “un montaje de la vieja escuela por parte del establishment” que no había sido evitado, deslizó, por la casa real. “Nunca le pedí a mi padre que interviniera, solo que se mantuviera al margen y dejara trabajar a los expertos”, asegura el príncipe.

Representantes de la casa real británica intervinieron en la decisión del Comité Ejecutivo de Protección de Figuras Públicas y de la Realeza (RAVEC, en sus siglas en inglés) de denegar la seguridad reclamada por el Duque de Sussex, pero el palacio de Buckingham asegura que solo aportaron información técnica.

Ante el fallo judicial, el príncipe decidió responder de modo inmediato con una maniobra sentimental que hizo las delicias de la prensa británica. “Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando. La vida es demasiado preciosa”, se lamenta en la entrevista. “Estoy seguro de que mucha gente, todos los que desean hacerme daño, habrán considerado [la sentencia] una gran victoria”, añade.

Lo más sorprendente de la entrevista fue la revelación por parte del duque de Sussex de que había llamado al primer ministro, Keir Starmer, y a la ministra del Interior, Yvette Cooper, para que revisaran el caso y cambiaran las reglas de procedimiento del RAVEC. En un comunicado posterior a la difusión de la entrevista, el príncipe afirmaba que pensaba escribir de nuevo a la ministra “para que examinara el asunto y revisara de nuevo todo el proceso”.

La decisión final de un tribunal no basta al hijo de Carlos III, que involucra al Gobierno de Starmer en una batalla familiar en el preciso momento en que el líder laborista libra su propia batalla existencial para intentar que la derecha populista de Farage no le borre del mapa político. Y eso es precisamente lo que señalan muchos de los críticos del duque de Sussex: que prioriza sus propias cuitas personales a las del país al que constantemente profesa su amor.

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Tras la resolución, Enrique de Inglaterra ha asegurado en una entrevista con la BBC sentirse “devastado”, y, luciendo molesto, ha descrito su derrota en la corte como un “buen truco del establishment a la antigua usanza”, de la que culpa a la casa real por influir en la decisión de reducir su seguridad. Según asegura, no habla con su padre, el rey Carlos III, precisamente por esta cuestión: “No quiere hablar conmigo por cuestiones de seguridad”, ha dicho al medio británico, añadiendo que no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida a su padre, que fue diagnosticado de cáncer en febrero del año pasado, y a quien no ve desde entonces. “Nunca le pedí a mi padre que interviniera [en la disputa legal]; le pedí que se hiciera a un lado y dejara que los expertos hicieran su trabajo”, añade al respecto. También ha asegurado en la entrevista, realizada en California, que le encantaría una “reconciliación” con su familia, a los que, a pesar de los muchos desacuerdos, dice haber perdonado: “Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más”.

El duque de Sussex, que asistió personalmente a las vistas que tuvieron lugar el 8 y 9 de abril, interpuso una querella contra el Ministerio de Interior por la decisión adoptada poco después de su abandono de las funciones públicas derivadas de su pertenencia a la casa real, y de su salida del país. El príncipe, hijo menor del actual monarca británico, Carlos III, ha estado intentando anular todo este tiempo la decisión adoptada por el Ministerio del Interior británico en febrero de 2020. La reducción de esta seguridad se llevó a cabo después de que Enrique de Inglaterra, de 40 años, y su mujer, Meghan Markle (California, 43 años), renunciaran a sus títulos y abandonaran sus compromisos como miembros a tiempo completo de la familia real británica ese mismo año. En la actualidad, residen en California junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet.

El tribunal entiende la sensación de desamparo del príncipe, pero rechaza que tenga una base legal para su reclamación. “Tras estudiar los documentos detallados, concluimos que no se puede afirmar que el sentimiento de agravio se traduzca en un argumento legal para impugnar la decisión del Comité ejecutivo de Protección de Figuras públicas y de la realeza (Ravec), el ente que tomó la decisión”, ha asegurado hoy el juez Geoffrey Vos, uno de los tres magistrados que han estudiado el caso. Varios medios británicos apuntan a que ahora Enrique de Inglaterra se enfrenta a tener que hacer frente a los costes de ambas partes, que podrían ascender a 1,5 millones de libras.

Los jueces también afirman que los duques de Sussex estuvieron “entrando y saliendo” del dispositivo de protección de Ravec antes de que este tomara la decisión que tan poco ha gustado a Enrique, ya que “fuera del Reino Unido estaban fuera del sistema, pero cuando estaban dentro su seguridad se consideraba apropiada”. “Era imposible decir que este razonamiento fuese ilógico o inapropiado, de hecho parecía sensato”, considera el tribunal, que sostiene que la decisión de este organismo fue “comprensible, y quizá previsible”. El juez ha afirmado, en una vista en la que no ha estado presente el príncipe, que los argumentos de su defensa eran “poderosos y conmovedores”, y que era “evidente que se sentía maltratado por el sistema”. Aun así, no ha sido insuficiente para darle la razón.

“Todos sabían que nos estaban poniendo en riesgo en 2020 y esperaban que yo, sabiendo ese riesgo, nos obligaría a regresar. Pero luego, cuando te das cuenta de que eso no funcionó, ¿no quieres mantenernos a salvo? Ya seas el gobierno, la casa real, mi padre o mi familia, a pesar de todas nuestras diferencias, ¿no quieres simplemente garantizar nuestra seguridad?”, reflexiona Enrique de Inglaterra en la mencionada entrevista en la BBC, en la que asegura echar de menos y amar a su país, “a pesar de lo que han hecho algunas personas”. Por su parte, el Palacio de Buckingham ha dicho en relación con este caso legal: “Todos de estas cuestiones han sido examinadas repetida y meticulosamente por los tribunales, llegando a la misma conclusión en cada ocasión”, según recoge la agencia Reuters.

El pasado mes de abril, el príncipe Enrique aterrizaba por sorpresa a Londres para asistir a los días de vista judicial sobre su caso, celebradas en el Alto Tribunal de Apelación de Londres, tras haber perdido en primera instancia hace algo más de un año su batalla judicial contra el Gobierno británico.

“Ha sido señalado por un trato diferente, injustificado e injusto”, aseguró entonces Shaheed Fatima, abogada del duque de Sussex en el primer día. La letrada también afirmaba que él no perseguía recibir el mismo trato que cuando era un miembro activo de la familia real, pero quería que su seguridad fuera considerada sobre la misma base que otras figuras públicas. Su apelación contra el Gobierno británico “alude al derecho más fundamental, el de la seguridad de una persona”, añadía durante su intervención del 8 de abril.

Su abogada llegó a defender la necesidad de protección del príncipe y su familia asegurando que Al Qaeda había pedido recientemente que le asesinaran, y que él y Meghan Markle se habían visto envueltos en “una peligrosa persecución en coche con paparazis en Nueva York” en 2023. “No hay que olvidar la dimensión humana de este caso: “la seguridad y la vida” del hijo menor de Carlos III “están en juego”, dijo Fatima. “Su presencia a lo largo de esta apelación es una demostración de la importancia que tiene este caso para él y su familia”, llegó a afirmar la abogada.

En enero de 2022, Enrique de Inglaterra explicaba los motivos de esa denuncia a través de un comunicado emitido por un representante. Según se afirmaba en el escrito, su objetivo es “garantizar su seguridad y la de su familia mientras se encuentra en el Reino Unido para que sus hijos puedan conocer su país de origen”. Una protección sin la que no podrá volver a su hogar, denunciaba, pues a pesar de contar con su cuerpo estadounidense de seguridad privada, sus representantes legales apuntaban que ese equipo no tiene jurisdicción en el extranjero ni acceso a la información de inteligencia del Reino Unido, necesaria para mantenerlos a salvo.

Tras un primer juicio celebrado en diciembre de 2023, fue en febrero de 2024 cuando el magistrado Peter Lane, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, propinó un varapalo al príncipe, dando la razón al Gobierno de retirarle el servicio de seguridad del que gozaba en el Reino Unido.

Desde entonces, no se le proporciona de manera automática seguridad policial al pisar suelo británico, y tiene que mandar un aviso con 30 días de anticipación sobre cualquier plan de viajar a Gran Bretaña para que sea evaluado en cada caso y según lo que implique cada visita. Él y su defensa siempre han sostenido que sigue teniendo derecho a esa protección por el mero hecho de haber nacido dentro de la familia real, aunque ya no tenga un papel oficial desde que se marchó a vivir con su familia hace cinco años a Estados Unidos. Ahora, ha recibido otro duro revés judicial. “No veo un mundo en el que traería a mi esposa e hijos de regreso al Reino Unido en este momento”, ha dicho a la BBC. Ya solo le quedaría llevar su caso al Tribunal Supremo, aunque rechaza en la entrevista con la BBC una nueva impugnación legal, pues el fallo de este viernes, asegura, “ha demostrado que no había manera de ganar esto a través de los tribunales”.

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La irrupción del partido de Farage, por número de concejales arrebatados, ha sido especialmente dura para el Partido Conservador. Los resultados ponen en cuestión la continuidad de su líder, Kemi Badenoch, y resucitan el debate sobre cuál de los dos partidos de derecha representa hoy realmente la oposición, y si el futuro de los tories está en entredicho.

Además del escaño de diputado del condado de Runcorn & Helsby, el jueves se celebraron comicios locales en aproximadamente un tercio de Inglaterra (ni en Gales, ni en Escocia o Irlanda del Norte hubo votación). Estaban en juego más de 1.600 representantes locales y seis alcaldías. Casi 1.000 de las plazas en juego correspondían al Partido Conservador. Los cargos actuales fueron elegidos en 2021, cuando los tories, bajo el liderazgo de Boris Johnson, disfrutaban de una ola de popularidad gracias a una campaña de vacunación exitosa contra el coronavirus. La izquierda laborista apenas tenía que defender la permanencia de 300 concejales.

El recuento ha ido dibujando un panorama de triunfo para Reform UK, y una derrota sin paliativos para los dos partidos mayoritarios y tradicionales. Pero especialmente para los tories, que han visto cómo la formación de Farage les arrebataba gran parte de sus concejales.

Al final de la tarde, con los 23 Consejos Locales ya contabilizados, Reform UK se había hecho con 677 concejales. Prácticamente los mismos que había perdido el Partido Conservador, que retenía 317. De los casi 300 que tenía que defender el laborismo, había perdido ya 186 y apenas retenía 99.

Como en otros comicios locales, los otros grandes triunfadores habían sido el Partido Liberal-Demócrata, con 370 concejales, y los verdes, con 80.

Una derrota laborista muy especial

La elección parcial de Runcorn, llamada by-election en la jerga política británica, se puso en marcha después de que el diputado laborista de la circunscripción, Mike Amesbury, fuera condenado a 10 semanas de cárcel por derribar a puñetazos a un ciudadano en plena calle. Desde entonces, el partido de Farage ha realizado una intensa campaña en una región del noroeste de Inglaterra en declive, donde el tradicional voto de la clase trabajadora ya no estaba garantizado para el Partido Laborista.

La llegada de inmigrantes irregulares a un hotel de Runcorn, donde los alojó el Gobierno, así como los recortes llevados a cabo por los laboristas en ayudas sociales, provocaron el hartazgo de unos votantes seducidos en su día por el Brexit o por Boris Johnson, y que solo a regañadientes votaron por Starmer el año pasado. En esta ocasión, le han dado la espalda.

“El resultado de esta elección nos cuenta la gran historia de la noche, y la gran pregunta que todos nos debemos hacer es: ‘¿Supone Reform UK un enorme desafío al predominio tradicional de conservadores y laboristas en la política del Reino Unido? Creo que todos sabemos que la respuesta es que sí“, ha afirmado en la BBC el sociólogo y analista electoral John Curtice, una de las voces más prestigiosas y escuchadas cada noche electoral.

“Hemos hecho historia esta noche, y quiero dar las gracias a todos los ciudadanos valientes de Runcorn & Helsby que han puesto mi nombre en la papeleta”, ha dicho la candidata vencedora, Sarah Pochin, que ha definido a Farage como un “gran líder” que “siempre ha estado ahí para defender a su país”.

“Creo que hemos logrado suplantar al Partido Conservador como la principal fuerza de oposición al Gobierno”, ha proclamado Farage. “El mensaje que hemos recibido en lugares donde nunca ganábamos era el mismo siempre: votar a los conservadores era como votar a los laboristas”, ha celebrado desafiante al conocer la victoria de Runcorn.

“Los resultados son decepcionantes”, ha admitido Starmer a la BBC. “El mensaje que me llevo de estas elecciones es que necesitamos ir mucho más rápido y mucho más lejos en todos los cambios que la gente quiere ver”, ha dicho el primer ministro.

A pesar de que gran parte de la culpa del resultado recae en las decisiones presupuestarias de recortar las subvenciones para la factura energética de jubilados, o los beneficios sociales para discapacitados, el dirigente laborista ha defendido todas esas medidas: “Tomamos las decisiones duras, pero correctas porque habíamos heredado una economía rota (...) Gracias a esas decisiones estamos arreglando cosas como las listas de espera en la sanidad”, ha añadido.

“El duopolio de laboristas y conservadores de los últimos 100 años se ha fragmentado. Una nueva era, con cinco partidos que incluye en la cesta a Reform UK, los liberal-demócratas y los verdes, ha comenzado. Las cabezas más sabias de los dos principales partidos saben que esto no es un accidente, sino un cambio duradero en el panorama político con consecuencias impredecibles”, ha escrito Mujtaba Rahman, director para Europa del centro de pensamiento Eurasia Group.

Primera alcaldía

Por primera vez en su historia, la derecha populista de Farage, un producto impulsado por las alas del Brexit, se ha hecho con una alcaldía, la de Greater Lincolnshire. Su candidata, Andre Jenkyns, se ha proclamado vencedora. “Pulgada a pulgada, Reform UK va a devolver al Reino Unido su glorioso pasado, y Nigel Farage será un día primer ministro”, ha anunciado Jenkyns en su discurso de aceptación de los resultados.

El Partido Laborista de Starmer ha logrado retener tres de sus alcaldías (North Tyneside, West of England y Doncaster), pero han sido victorias agridulces, porque Reform UK le ha pisado los talones en las tres contiendas.

Si algo es inevitable en una noche electoral es que cada uno de los partidos en liza construya el relato de los resultados que más le convenga, por alejado o no que esté de la realidad. El Partido Conservador, cuantitativamente el gran derrotado de estos comicios municipales, se ha centrado en señalar la debilidad de Starmer, que “lleva camino de convertirse en un primer ministro de un solo mandato”.

“Estos resultados suponen un duro veredicto contra Starmer, que ha hecho que el Partido Laborista pierda un escaño que tenía prácticamente asegurado”, ha dicho un portavoz de la oposición conservadora. “Hace apenas 10 meses logró una inmensa mayoría en todo el país, incluida esta circunscripción [Runcorn & Helsby], donde su partido llegó a obtener el 52% de los votos. Sus políticas, sin embargo, han supuesto un puñetazo en la cara de los votantes de Runcorn”, ha añadido, en una clara referencia indirecta al episodio del exdiputado Amesbury y su paliza, visiblemente borracho, a un ciudadano.

El Partido Laborista apenas lleva un año en el poder y el clima de decepción y falta de entusiasmo es evidente. Los sindicatos están en guerra con un Gobierno que ha recortado las ayudas para gas y electricidad a los jubilados y que ha recortado las ayudas sociales a discapacitados y personas con bajas indefinidas por enfermedad; los votantes laboristas de las áreas más deprimidas miran cada vez más hacia la derecha populista de Farage.

A la espera de una reacción del propio Starmer a esta debacle electoral, el resurgir de Reform UK sugiere que el Gobierno laborista virará aún más hacia la derecha en asuntos como la inmigración o en su respuesta a cuestiones como el movimiento trans. Y se abrirá de nuevo el debate envenenado, en el seno del Partido Conservador, en torno a la idea de fusionarse con las fuerzas de Farage antes de ser fagocitados por ellas.

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Esta vez solo vota una fracción de Inglaterra. Ni Gales, ni Escocia ni Irlanda del Norte celebran comicios. Están en juego más de 1.600 representantes locales, seis alcaldías y el escaño de diputado del condado de Runcorn & Helsby. De todas esas cifras, casi 1.000 corresponden al Partido Conservador. Los cargos actuales fueron elegidos en 2021, cuando los tories, bajo el liderazgo de Boris Johnson, disfrutaban de una ola de popularidad gracias a una campaña de vacunación exitosa contra el coronavirus. La izquierda laborista apenas tiene que defender la permanencia de 300 concejales.

Y, sin embargo, el primer ministro Starmer tiene mucho más que perder que la actual líder de la oposición, Kemi Badenoch. Las encuestas pronostican una debacle conservadora, con la pérdida de más de la mitad de los puestos, pero son pocos los que se sorprenden de esta casi segura derrota, porque los conservadores todavía están en un proceso de recomposición y en una larga travesía del desierto.

Downing Street quiere presentar el relato anticipado del resultado de estos comicios como la demostración de que los tories aún no han salido del hoyo ni aprendido las lecciones de su derrota del pasado julio. “La primera oportunidad que va a tener el país de expresar su veredicto sobre la líder de la oposición”, ha dicho Starmer.

Nervios en el Gobierno

El análisis general, sin embargo, es muy diferente. El Partido Laborista apenas lleva un año en el poder y el clima de decepción y falta de entusiasmo es evidente. Los sindicatos están en guerra con un Gobierno que ha recortado las ayudas para gas y electricidad a los jubilados y que ha recortado las ayudas sociales a discapacitados y personas con bajas indefinidas por enfermedad; los votantes laboristas que un día se dejaron seducir por el Brexit y por Johnson, con el discurso de antiinmigración en la cabeza, y que el año pasado votaron sin convicción por Starmer, miran hoy de reojo a Reform UK, el partido del populista Farage.

En la “encuesta de encuestas” que elabora a diario la web de información Politico la derecha de Farage ocupa la primera posición, con una intención de voto del 26%, seguida del Partido Laborista, con un 24%. Los conservadores tienen un apoyo del 21%. Los liberales-demócratas se sitúan en el 13%, y los verdes en el 10%.

Es muy posible que la euforia de Farage vuelva a desinflarse. Que saque buenos resultados, pero que no levante una ola que arrase con el orden establecido. Pero determinadas victorias, como la posibilidad de arrebatar a los laboristas el diputado en disputa en Runcorn, lograr varios centenares de concejales u obtener incluso alguna alcaldía, daría alas a un político con una extraordinaria capacidad de resucitar como el Ave Fénix.

Un resurgir de Reform UK empujaría todavía más a la derecha al Gobierno de Starmer en asuntos como la inmigración o su respuesta a cuestiones como el movimiento trans. Y abriría de nuevo el debate envenenado, en el seno del Partido Conservador, en torno a la idea de fusionarse con las fuerzas de Farage antes de ser fagocitados por ellas.

“El Reino Unido parece encaminarse hacia un sistema con cinco partidos políticos muy sólidos, y estas elecciones locales van a ser la prueba definitiva que nos ayude a comprobar si nos encaminamos a esa nueva realidad”, ha asegurado en la BBC John Curtice, unos de los sociólogos y analistas electorales británicos más prestigiosos. También él ve el principio de un cambio de era en la política del país, que hasta ahora se había resistido al aluvión multipartidista y populista experimentado en otros países de Europa.

El factor Trump

Frente a los intentos del propio Starmer, pero también de los conservadores, de mostrarse conciliador con el presidente estadounidense, Donald Trump, en busca de un trato diferenciado que no ha terminado de producirse, el liberal-demócrata Ed Davey ha tenido el discurso más severo contra el dirigente estadounidense. Y confía en sacar rédito de esa actitud en estos comicios locales. Por lo general, tanto su partido como los verdes son capaces de arañar muchos votos tanto a la izquierda como a la derecha en este tipo de elecciones, que los votantes utilizan en general para expresar su irritación y castigar a unos o a otros. Pero las encuestas señalan ahora que el respaldo a estas formaciones podría ser más sólido y permanente.

Los primeros resultados de los comicios se conocerán en la madrugada del viernes, pero no será hasta las primeras horas de la tarde cuando se pueda vislumbrar un resultado claro de este desafío electoral.

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Amesbury fue sentenciado a 10 semanas de prisión, y su condena provocó lo que en la jerga política británica se llama una by-election, algo así como una elección parcial. Los votantes de la circunscripción de Runcorn y Helsby, a la que representaba el diputado, acuden de nuevo a las urnas este jueves.

Esta particular votación se sumará a las elecciones locales que se celebrarán en parte de Inglaterra ese mismo día. Son los primeros comicios desde que Starmer logró una amplia mayoría parlamentaria en julio pasado. Tradicionalmente, son una oportunidad para que los electores se desahoguen, castiguen poco o mucho al partido en el Gobierno e insuflen algo de vida a opciones como los verdes o los liberales-demócratas.

“Estas elecciones son el primer test al que se enfrentan los tres protagonistas políticos. Es la primera prueba electoral para el primer ministro desde que ganó las elecciones en julio del año pasado; es el primer desafío ante las urnas de Kemi Badenoch como líder del Partido Conservador; y aunque Nigel Farage [líder del partido populista Reform UK] lleva ya muchos años en política, también se trata del primer ensayo real para comprobar qué tienen de cierto esas increíbles encuestas que afirman que su partido sería hoy el más votado en el Reino Unido. Estas elecciones podrían ser el primer paso en un giro fundamental de la política británica”, explica Sara B. Holbolt, profesora del Departamento de Gobierno de la London School of Economics.

El microcosmos de Runcorn

La elección parcial de Runcorn tiene una carga más envenenada que los comicios municipales, y ha logrado poner nerviosos a los laboristas. Con poco más de 60.000 habitantes, la pérdida de gran parte de su industria química a lo largo de los años ha provocado la decadencia de la ciudad. De tradición obrera y voto de izquierdas, su población apoyó el Brexit y se dejó seducir por Boris Johnson en 2019. Con desgana, regresaron al Partido Laborista y votaron a Starmer el pasado julio. Pero la segunda formación con más apoyos en la ciudad, a 14.000 votos de distancia, fue Reform UK.

El populista Farage, que huele el desencanto de los habitantes con el actual Gobierno, ha visitado ya tres veces Runcorn durante la campaña. Es el caldo de cultivo perfecto para su discurso: la ciudad ha vivido con nervios y tensión la llegada de un grupo de inmigrantes al Hotel Daresbury Park, donde el Ministerio del Interior los ha tenido alojados durante meses.

“Mi hijo trabajaba de chef en el Daresbury Park. Y le echaron cuando trajeron a todos los inmigrantes. Ahora trabaja de taxista”, dice Ryan Yates. A sus 72 años, en silla de ruedas por la diabetes y una rodilla destrozada, pasa cada mañana con su mujer, Jean, en el mismo café. Votó siempre al Partido Laborista. Ahora se está planteando dar su apoyo a la candidata de Farage. “No, definitivamente el mío no es un voto de protesta. Creo que la gente de Reform UK puede hacer algo útil, empezando por sacar a toda esa gente del pueblo”, explica.

“Le están quitando el dinero a todo el mundo: a los pensionistas y a personas que han trabajado toda su vida. Y para dárselo a todos estos inmigrantes ilegales. Tienes a tipos que han estado en el ejército y han servido a su país, y ahora están durmiendo en la calle. Deberían cuidar a esa gente. Cuando veo que dan una casa a uno de estos inmigrantes en vez de a ellos, me enfurece”, dice un vecino desocupado, con tatuajes hasta el cuello, que no para de protestar, pero se niega a dar su nombre al periodista.

Junto con otros compañeros, pasa las horas pescando en el canal que atraviesa la ciudad. Agarra un puñado de gusanos vivos, los coloca en su tirachinas y los lanza al agua, para atraer algún lucio despistado. “Claro que entiendo el triunfo de Reform UK. Aquí ya no tenemos siquiera libertad para decir lo que queremos”, se queja, sin dejar de explayarse.

Es cierto que el partido de Farage huele un posible vuelco, que aportaría un triunfo simbólico al populismo británico. Han abierto una oficina electoral en el principal centro comercial de la ciudad, que apenas concentra salones de manicura, casas de empeño y supermercados de saldo. “Vienen al local unas 50 personas cada día. Algunas en busca de información, otras con la idea de sumarse al partido. Y muchas de ellas son exvotantes laboristas. Al ser los únicos que hemos ofrecido cierta visibilidad, en gran parte de los casos vienen a exponer sus problemas a nuestra candidata y a pedir ayuda”, explica uno de los responsables locales del partido.

Escepticismo y desencanto

Es posible que las encuestas acierten, y Farage logre otro de sus éxitos- sorpresa que descoloca el panorama político del Reino Unido y acerca más la posibilidad, hasta ahora desactivada en este país, de una mayoría de la derecha populista. Pero en el tono de muchos ciudadanos de Runcorn hay también un poso de hartazgo hacia los políticos, sin ganas de premiar ninguna opción concreta.

“Llevo 27 años viviendo en mi casa, y es la primera vez que han llamado a la puerta para pedir mi voto. Los laboristas, los conservadores y la gente de Reform UK”, dice una de las clientas de la peluquería del centro comercial, que ha ido a hacerse las mechas y charla junto con otras cinco mujeres. “Esta zona lleva tanto tiempo siendo laborista que dan por descontado nuestro voto, y se van a llevar una sorpresa. No es que me guste Reform UK, pero creo que mucha gente va a darles su apoyo simplemente como castigo”, dice.

El Gobierno de Starmer lleva meses ensayando un discurso de mano dura con los inmigrantes, o de tolerancia cero con la delincuencia. Una derrota en Runcorn, sugieren los expertos, aumentará aún más la deriva conservadora de un Partido Laborista que apenas lleva un año en Downing Street (le quedan cuatro más) y ya vive obsesionado con las próximas elecciones y la amenaza de Farage.

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“Esta acción es la respuesta a una amenaza persistente de los hutíes a la libertad de navegación”, ha afirmado en un comunicado escueto John Healey, ministro de Defensa británico. “La caída del 55% en el transporte marítimo a través del mar Rojo ya ha costado miles de millones, alimentando la inestabilidad regional y poniendo en riesgo la seguridad económica de las familias en el Reino Unido”, ha alegado, después de que su ministerio confirmara la acción. “[Cazas de combate Eurofighter] Typhoons de la Royal Air Force han realizado con éxito ataques contra un objetivo militar hutí en Yemen y todas las aeronaves y el personal han regresado a la base sanos y salvos”, ha señalado el departamento.

“El ataque se realizó al caer la noche, cuando las posibilidades de que hubiera civiles en la zona [bombardeada] eran más bajas”, ha explicado el ministro. Según los detalles aportados por los británicos, el objetivo era un grupo de edificios, a unos 25 kilómetros al sur de la capital, que los hutíes utilizaban, según Londres, para fabricar los drones que luego enviaban contra las embarcaciones que atraviesan el mar Rojo y el golfo de Adén.

Los rebeldes hutíes han respondido en la mañana de este miércoles augurando que el ataque tendrá “consecuencias”. “Con la típica insolencia británica, el Ministerio de Defensa británico anunció la implementación de una agresión militar conjunta con el enemigo estadounidense contra nuestro país, al sur de Saná. Y, en respuesta, el Gobierno de Cambio y Construcción afirma que el enemigo británico debe contar con su predicamento y anticipar las consecuencias de su agresión contra la República del Yemen”, ha aseverado el Gobierno hutí en un comunicado.

La nota añade que el grupo proiraní “se compromete a responder a esta agresión brutal e ilegal”, la cual “demuestra una vez más que Estados Unidos y el Reino Unido son aliados en la misma agresión contra Yemen y Palestina”. “Cualesquiera que sean los desafíos, Yemen se enfrentará al trío maligno de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, y a quienes orbitan a su alrededor”, concluye el comunicado.

Los hutíes gobiernan cerca de un tercio del territorio de Yemen, en la zona noroeste del país, donde se concentra la mayoría de su población. También dominan buena parte de la costa del mar Rojo y la capital, Saná. El Gobierno reconocido por la comunidad internacional, liderado por un consejo presidencial muy fragmentado, tiene, por su parte, la sede en la ciudad de Adén, y controla amplias zonas del sur y el este de Yemen. El conflicto entre ambos se encuentra en gran medida congelado desde 2022, aunque se han seguido produciendo enfrentamientos puntuales.

Los bombardeos actuales sobre Yemen se enmarcan en la campaña que Trump inició contra los hutíes el 15 de marzo después de que el grupo yemení amenazara con retomar los ataques contra el tráfico marítimo en el mar Rojo, una arteria clave para el comercio mundial, en respuesta a la decisión de Israel de bloquear la ayuda humanitaria a Gaza. Hasta ahora se creía que la fuerza aérea británica apoyaba la operación de Trump con el reabastecimiento de aviones estadounidenses, pero esta es la primera vez que Londres reconoce públicamente un ataque.

Según los datos del Comando Central de EE UU (CENTCOM), desde el inicio de esa Operación Rough Rider las fuerzas estadounidenses han atacado más de 800 objetivos y han matado a “cientos de combatientes hutíes y a numerosos líderes, incluyendo altos mandos de misiles y vehículos aéreos no tripulados”. Washington reconoce que la operación no ha logrado detener a los insurgentes, si bien apunta que la campaña de bombardeos ha reducido “el ritmo y la eficacia de sus ataques” en el mar Rojo, ya que los lanzamientos de misiles balísticos se han reducido en un 69% y los de drones en un 55%.

Los bombardeos conjuntos de la noche del martes golpearon varias zonas de Yemen. Una de ellas fue la capital, Saná, donde varias viviendas resultaron dañadas, según el cuerpo de defensa civil local, que no ha informado hasta ahora de víctimas civiles, pero ha asegurado que sus equipos se han desplazado al lugar para extinguir un incendio. El resto de ataques se han lanzado principalmente contra otros puntos de la gobernación de Saná y de la de Saada, la región natal de los hutíes y una de las más castigadas en la operación en curso.

El ejército de Estados Unidos, que cuenta con dos portaaviones desplegados en el mar Rojo en el marco de la campaña actual, no se ha pronunciado hasta ahora sobre los últimos ataques, pero el domingo declaró que está limitando “intencionadamente” la publicación de detalles acerca de sus bombardeos para “preservar la seguridad operativa” de sus fuerzas. En aquel comunicado, anticipó que no revelará “detalles específicos” sobre sus acciones.

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El documento presentado por Blair, junto con el apagón en España, han dado alas a la oposición conservadora para arremeter contra la política de emisiones cero del Gobierno laborista de Keir Starmer.

“La mayoría de las personas que admiten que el cambio climático es una realidad causada por la actividad humana están a su vez alejándose de las políticas desplegadas en esta materia porque creen que las soluciones propuestas no están basadas en un buen criterio”, afirma con rotundidad en su introducción el ex primer ministro laborista.

Blair señala en el texto que los países desarrollados están reclamando a sus votantes que realicen una serie de sacrificios económicos y de cambios en su estilo de vida, y que esos mismos votantes son conscientes de que el impacto de todos esos sacrificios en la reducción global de las emisiones es mínimo.

A ese desencanto de muchos ciudadanos, señala Blair, se une el resentimiento de muchos países emergentes a los que se niega la inversión necesaria para generar la energía que necesitan para su desarrollo, porque no es energía “verde”.

“Creen, con razón, que tienen derecho a desarrollarse, y que aquellos que ya se han desarrollado gracias al uso de combustibles fósiles no tienen derecho a impedirles a ellos el acceso a los medios que consideran más eficaces para su desarrollo”, explica.

Inversión en la captura de carbono

Blair urge en su texto a los gobiernos un mayor énfasis y una mayor inversión en tecnologías de captura de las emisiones de carbono que en objetivos de reducción de esas emisiones que considera poco realistas y difíciles de llevar a la práctica, con los actuales niveles globales de crecimiento económico.

En los últimos quince años, “a pesar de la explosión en energías renovables y de que los vehículos eléctricos se hayan convertido en el sector de más rápido crecimiento del mercado del motor”, la demanda de combustibles fósiles ha seguido aumentando. China e India siguen impulsando macroproyectos de centrales eléctricas de carbón. India ha llegado a anunciar el récord de producción de mil millones de toneladas de carbón en un solo año.

“Demasiado a menudo, los líderes políticos tienen miedo de decir lo que muchos de ellos saben que es verdad: la estrategia actual no está funcionando. Pero no deben permanecer callados. Puede ponerse en pie una nueva coalición, que una a activistas desencantados con legisladores y expertos técnicos dispuestos a emprender acciones”, asegura Blair.

En ningún momento cuestiona el ex primer ministro que deba seguir adelante el desarrollo de las energías renovables —“necesarias y eficientes en su costo”—, pero pide que se cambie el enfoque y el destino de los recursos.

“Más nucleares”

“La energía nuclear va a ser una parte esencial de la respuesta”, aventura Blair. “La confusión con las armas nucleares y el consiguiente miedo irracional generado, intensificado por campañas exageradas, ha llevado al mundo a cometer un error flagrante, al dar la espalda muchas naciones a esta fuente de energía desde la década de los ochenta. De haber abrazado esta energía, la trayectoria registrada de las emisiones globales habría variado significativamente”, defiende. “La nueva generación de pequeños reactores modulares supone una esperanza de renacimiento de la energía nuclear, pero deber ser integrada en las políticas energéticas nacionales”, reclama Blair.

El planteamiento del veterano político choca con el del actual primer ministro británico, el también laborista Keir Starmer, que la semana pasada, en su intervención en la Cumbre del Futuro de la Seguridad Energética celebrada en Londres, aseguró que la lucha contra el cambio climático estaba “en el ADN de su Gobierno”, y que no tenía ninguna intención de retrasarla sino más bien de acelerarla.

“Los líderes políticos saben que todo este debate se ha vuelto irracional”, denuncia Blair. “Pero les aterra decirlo, por miedo a ser acusados de ‘negacionistas’. Cuando las personas razonables no denuncian el modo en que se dirige una campaña, la campaña queda en manos de aquellos dispuestos a alienar la misma opinión pública de cuyo consentimiento dependen precisamente las políticas aplicadas”, dice.

El problema de muchas intervenciones de Tony Blair, incluida esta última, es que los matices o sutilezas que puedan contener se pierden en el debate político, y la impresión final es que el ex primer ministro se acaba alineando con la derecha. De hecho, poco ha tardado el Partido Conservador del Reino Unido en dar la bienvenida a Blair: “Parece que Tony Blair también se ha dado cuenta de que la loca carrera hacia el objetivo de emisiones cero en 2050, tanto Keir Starmer como el Partido Laborista, no es ni realizable ni sostenible”, ha asegurado el portavoz de Energía del principal partido de la oposición, Andrew Bowie.

A propósito de España...

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, que ha hecho bandera durante los últimos años del cuestionamiento de la lucha contra el cambio climático, se ha apresurado en señalar como causa directa del apagón sufrido este lunes por España y Portugal a la dependencia excesiva en las renovables. “Algunos han hablado de ciberterrorismo, pero creo que los más probable es que la causa esté en la propia red. Cuando tu suministro de electricidad depende en exceso de las renovables, se necesita un gran almacenamiento de baterías. Estamos viendo muy a menudo cómo las renovables sobrepasan la capacidad de almacenaje, con subidas de tensión y apagones. Esa es una de las razones por las que vengo diciendo que nuestros planes de emisión cero no están suficientemente pensados”, ha afirmado Badenoch.

El Gobierno de Starmer no ha tardado en responder a la líder de la oposición a través de un portavoz: “Son afirmaciones infundadas y especulaciones”, ha dicho. “Es demasiado pronto para confirmar la causa exacta del incidente [del apagón de España]. La transición de una energía generada por combustibles fósiles a otra generada de modo autóctono y limpia, como las renovables y otras tecnologías limpias, nos ofrece seguridad y un suministro que los combustibles fósiles son incapaces de proporcionar”, ha afirmado el portavoz de Downing Street.

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“Por decirlo en una frase, pasas de meditar sobre el significado de la tragedia en relación con la naturaleza humana a calcular cuántas fregonas son capaces de manejar entre bambalinas los actores del reparto”, bromea el director de la obra, Max Webster, en declaraciones a la BBC.

Tito Andrónico es una de las primeras tragedias escritas por William Shakespeare, y con toda seguridad la más violenta. En su época (entre 1591 y 1592), presenciada por un público popular, el éxito fue notable. Más tarde, el refinamiento victoriano retiró del repertorio una obra que rozaba un innecesario mal gusto. El siglo XX, sin embargo, con su propia carga de violencia, resucitó el interés por esta historia.

El general Tito Andrónico regresa a Roma después de derrotar a los godos del norte. Trae con él a la reina Tamora y a sus hijos. Para celebrar su victoria, sacrifica a Alarbo, uno de los hijos de la cautiva. Cuando el destino reparte de nuevo las cartas, y Tamora acaba convertida en nueva emperatriz del Imperio Romano, tras su matrimonio con Saturnino, se desata una venganza plagada de mutilaciones, sangre y canibalismo. Los hijos de la emperatriz violarán a la hija de Tito, y le cortarán las manos y la lengua para que no pueda contar su humillación. La tragedia concluye con 14 asesinatos, incluidos el del propio Tito y el del emperador, y con los dos hijos de Tamora convertidos en carne de un pastel que será servido en la cena final.

Simon Russell Beale, que a sus 64 años es uno de los actores más prestigiosos de la RSC, convenció a Webster para llevar una vez más a escena la tragedia, e interpreta el papel de Tito Andrónico. El escenario tiene un aire de actualidad, pero se ha evitado cualquier referencia expresa a un conflicto actual, o caer en el abusado cliché de utilizar soldados estadounidenses en lugar de romanos. En cualquier caso, la cercanía de masacres como la del 7 de octubre perpetrada por Hamás en Israel, la guerra de Gaza o la invasión rusa de Ucrania laten en cada escena cruel de la tragedia.

“Hay algunas obras del canon shakesperiano que rozan la inaceptabilidad, y Tito Andrónico es una de ellas. No entiendo tanta violencia, y no entiendo por qué el público se siente tan estimulado, excitado y desafiado por ella. Es algo implacable”, ha explicado al diario The Guardian el actor, que acumula en su trayectoria profesional tres premios Olivier, dos Bafta y un Tony.

“Han llegado a construir un sumidero alrededor del escenario [para poder evacuar los litros de sangre derramados]. Para mí, eso es más terrorífico que cualquier otra cosa. Me recuerda a las prisiones que vimos en Siria después de la caída del régimen de Assad, y todas las historias que contaron los que acudieron de nuevo a las salas donde habían sido torturados”, reflexiona Russell Beale.

A lo largo de los años, han sido muchas las puestas en escenas de la obra, con protagonistas como Laurence Olivier, Patrick Stewart, Brian Cox, David Bradley y hasta Anthony Hopkins en una adaptación al cine. Pero en la mayoría de ellas, los actos de violencia son más sugeridos que explicitados; se ha pretendido incluso suavizar la crueldad con efectos estéticos bellos, como los hilos rojos que cuelgan en vez de las manos amputadas de Lavinia.

La nueva producción de la RSC ha convocado a un numeroso público, imantado por esa atracción inexplicable que sigue produciendo la violencia irracional. Y la compañía se ha visto obligada a alertar de posibles mareos y desmayos. “Es importante lanzar ese aviso sobre la dureza del contenido, para que la gente tome una decisión informada sobre si quiere o no ver la obra. Y su luego se desmayan, que se desmayen”, dice a la BBC el director Webster.

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“Es lo más razonable y pragmático. Queremos que haya más dinero en los bolsillos de la clase trabajadora, así como proporcionar al Reino Unido mayor seguridad y estabilidad a largo plazo”, aseguró esta semana Thomas-Symonds en una tribuna en el diario The Guardian, en la que defendía el pacto entre ambos bloques que se prepara para la primera cumbre bilateral, el 19 de mayo en Londres. “No nos dejaremos limitar por los debates y argumentos del pasado (…) Esto no va de ideología o de regresar a las divisiones de hace unos años, sino de aplicar un pragmatismo sin escrúpulos, y aquello que resulte mejor para el interés nacional”, añadió el ministro.

Sus palabras precedían al encuentro bilateral de este jueves, en Downing Street, entre el primer ministro británico y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que viajó hasta Londres para participar en la Cumbre de Seguridad Energética. Los dos líderes utilizaron la reunión para dar un impulso político a la tarea de las delegaciones técnicas, que llevan meses trabajando. “Ambos están de acuerdo en que se ha realizado un buen progreso. Han pedido a sus respectivos equipos que sigan impulsando una labor tan importante en las próximas semanas, con el propósito de presentar un paquete de propuestas tan ambicioso como sea posible en la próxima cumbre Reino Unido-Unión Europea del mes que viene”, aseguró un portavoz del primer ministro.

El nudo gordiano de los jóvenes

Londres y Bruselas quieren cerrar en mayo cuatro acuerdos. El más articulado y casi listo para su aprobación es el de defensa y seguridad. La guerra de Ucrania ha provocado un intenso acercamiento entre el Reino Unido y la UE, y el club comunitario parece dispuesto finalmente a acceder a que las compañías británicas puedan tener acceso, previo pago de una cuota de financiación, a los más de 175.000 millones de euros del SAFE (Security Action for Europe, Acción de Seguridad para Europa) que la UE quiere destinar a rearmarse.

Junto al pacto en defensa, los equipos trabajan en un nuevo acuerdo pesquero y en la relajación de los controles sanitarios y fitosanitarios de los productos que el Reino Unido exporta al continente o a Irlanda del Norte, a cambio de un alineamiento británico con la normativa de la UE.

Pero el nudo gordiano que el Gobierno de Starmer sabe que debe desatar si quiere reiniciar con buen pie sus relaciones con la Unión Europea, es el Esquema de Movilidad Juvenil. Se trata de un plan propuesto por Bruselas, e impulsado insistentemente por gobiernos como el alemán, con el que se pretende recuperar el intercambio de jóvenes entre la isla y el continente con la intención de trabajar, estudiar o viajar, pero sobre todo para revitalizar unos vínculos que fortalecieron durante años el espíritu europeo. “Para poder extender las oportunidades culturales, educativas y económicas a los jóvenes del Reino Unido” han explicado en una carta dirigida al Gobierno un grupo de más de 70 diputados y lores que reclaman ese acuerdo con la UE.

Starmer tiene pavor a la idea de que la propuesta sea vista como un regreso a la libertad de movimientos de personas de la Unión Europea, a la que Londres renunció con el Brexit. La inmigración, que no cesa de aumentar, es percibida por el Gobierno laborista como la excusa para un fortalecimiento de los partidos populistas. La ministra del Interior, Yvette Cooper, ha sido la miembro del Ejecutivo más opuesta a un esquema que incrementaría las cifras de recién llegados al país.

Por eso se trabaja en alguna fórmula que limite el tiempo o el número de jóvenes que podrían acogerse a un esquema que nunca, insisten los expertos, se diseñó para recuperar la libertad de movimiento de la UE. Se trata de un programa de visados para personas de entre 18 y 30 años, similar al que tanto el Reino Unido como la UE tienen ya con países terceros. “El esquema de movilidad juvenil requiere de un visado y solo permite estancias temporales para trabajar, estudiar o viajar, pero bajo unas condiciones específicas y restringidas, sin poder acumular derechos de residencia ni libertad absoluta de movimiento”, explican los profesores de la Universidad de Warwick, Kirsty Warner y Husein Kasim, en un texto para la organización UK in a Changing Europe.

El Gobierno británico trabaja con varias ideas sobre la mesa, que incluirían la posibilidad de excluir a los jóvenes que se acogieran al programa de la contabilidad oficial de inmigrantes; la equiparación de la cifra de llegadas a la de salidas (un ciudadano de la UE por cada británico) o un límite estricto de tiempo de estancia, de uno a cuatro años.

Pero si el esquema contempla finalmente derechos de acceso a la sanidad pública y matrículas universitarias con idéntico coste al que hoy pagan los británicos (actualmente un estudiante de la UE debe pagar hasta tres veces más), se reabrirá definitivamente la puerta a un intercambio cultural, humano y económico que muchas empresas, instituciones y ciudadanos británicos echan de menos.

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La Agencia Internacional de la Energía (AIE), que surgió en 1973 precisamente para hacer frente a la crisis del petróleo de aquel año, cuando los países productores de la OPEP declararon un embargo a todos los aliados de Israel, ha convocado esta semana en Londres, junto con el Gobierno del Reino Unido, la Cumbre sobre el Futuro de la Seguridad Energética. Ha sido un comienzo modesto, contaminado por la incertidumbre geopolítica que ha generado la llegada al poder en Estados Unidos de Donald Trump, con su guerra declarada a las energías renovables y su nula voluntad de cooperación internacional. La delegación enviada por Washington a la cumbre ha sido de muy bajo nivel, y China ha puesto una excusa de problemas de agenda para evitar su presencia en la capital británica.

Y aun así, la cumbre puede ser un momento clave para cambiar un enfoque histórico obsesionado con los combustibles fósiles, ahora que el mayor desafío al que se enfrenta el mundo es el suministro eléctrico. La AIE ha circulado un documento confidencial preparatorio de la cumbre, que ha convocado a más de sesenta líderes políticos y del sector energético, en el que urge a los Gobiernos a convertir “la seguridad eléctrica en una prioridad estratégica de la política”.

“Existen tres reglas de oro para lograr la seguridad energética”, ha explicado a los asistentes Fatih Birol, el director ejecutivo de la IEA. “La primera es la diversificación, tanto de las fuentes de energía como de los países de los que se importa esa energía. La situación geopolítica puede cambiar, o cualquier fallo técnico puede provocar graves problemas”, señalaba.

Las otras dos reglas de oro, apuntaba Birol, son la predictibilidad y la cooperación. La primera, porque un sector como el energético, que requiere inversiones masivas y apuestas a muy largo plazo, no puede verse sometido a la continua alteración de las reglas del juego que se está produciendo en la actualidad. Y la segunda, porque “ningún país es una isla energética”, remarcaba el máximo responsable de la AIE.

De hecho, ha sido la ministra española de Transición Ecológica, Sara Aaagesen, la que ha apostado por defender la necesidad de esa cooperación internacional, y ha querido presentar a España en la cumbre como un modelo de éxito. “Esta cumbre es fundamental porque pone de manifiesto que el multilateralismo sigue completamente vivo y hoy España viene a contar su experiencia como superpotencia en renovables, un país que tiene resultados contundentes y la posibilidad de aunar sostenibilidad, seguridad y competitividad”, ha dicho Aagesen.

Demanda insaciable de electricidad

Desde 2010, la demanda de energía eléctrica en el mundo ha crecido el doble que la demanda global de toda la energía. Vehículos eléctricos, centros de datos, sistemas de Inteligencia Artificial…los nuevos actores que agilizan hoy la economía tienen un apetito insaciable de electricidad.

La inmensa mayoría del incremento de suministro de los últimos años procede de las energías renovables (eólica o solar), que a pasos agigantados sustituyen a otras fuentes tradicionales como los reactores nucleares, las hidroeléctricas, las de carbón o las de ciclo combinado.

Pero la AIE advierte en su documento que la demanda en aumento de electricidad, a cualquier hora y en cualquier lugar, provocará cada vez más tensión en un sistema generador que depende del viento o del sol que haya en ese momento. “Desafíos sistémicos surgirán a la hora de equilibrar unas redes con predominancia de las energías renovables, en periodos prolongados de baja generación”, dice el texto. En otras palabras, prevé la batalla por acceder al suministro en momentos de escasez.

“La electrificación es hoy imparable, y eso supone que ha pasado a ser un asunto de seguridad nacional”, ha afirmado Ignacio Sánchez Galán, el presidente ejecutivo de Iberdrola (una de las empresas patrocinadoras oficiales de la cumbre). “Tenemos que invertir mucho más en redes de transmisión y distribución, para proveer electricidad a esos nuevos agentes que son los vehículos electrónicos o los centros de datos”. El ejecutivo español ha insistido en una demanda similar a la que había expuesto minutos antes el director ejecutivo de la AIE. “Estabilidad, predictibilidad y principio de legalidad”, reclamaba. “Para poder movilizar toda esta gran inversión, necesitamos un marco regulatorio previsible. Un marco inestable supone mayor costo, y resulta poco atractivo para la inversión de capital. Hay que legislar para acelerar inversión y evitar una litigación excesiva”, pedía Sánchez Galán, que también preside un gigante energético en el Reino Unido como es Scottish Power.

El Gobierno laborista de Starmer quiere simplificar la planificación y construcción de infraestructuras, y un modo de hacerlo es poner más obstáculos a las demandas de particulares, que alargan durante años cualquier proyecto.

“Cuando hablamos de electricidad ponemos muchas veces el foco en las centrales nucleares, las de gas, los parques eólicos o las placas solares. Pero los principales problemas están surgiendo en el suministro, en cómo movemos esos electrones desde la producción a los consumidores. Y no se trata solo de las redes de alta tensión. En muchos casos los grandes cuellos de botella están en los diez últimos kilómetros del cable, desde las subestaciones a las casas o a la industria”, explica Javier Blas, analista de Bloomberg y coautor, junto con Jack Farchy, del libro El Mundo Está en Venta: La Cara Oculta del Negocio de las Materias Primas (Ed. Península). “La complejidad de esas redes es tal que son mucho más vulnerables a ciberataques de lo que pueden ser las redes de petróleo o gas”, añade.

El mundo no ha terminado de entender las lecciones de Ucrania y la AIE quiere que la cumbre de Londres comience a establecer nuevas prioridades y nuevos enfoques. “El petróleo y el gas seguirán desempeñando un papel importante en el sistema energético global de los años venideros, pero la inversión en energía limpia ya no es solo un imperativo climático sino un imperativo urgente de seguridad nacional”, han afirmado el ministro británico de Seguridad Energética, Ed Miliband, y el director ejecutivo de la AIE en una tribuna conjunta publicada por la revista New Statesman, horas antes del inicio del encuentro.

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El mandatario ucranio insiste en que renunciar a Crimea sería inconstitucional. “Ucrania está dispuesta a negociar, pero no a rendirse”, añade la vice primera ministra y responsable de Economía, Yulia Sviridenko. “Nuestro pueblo no aceptará un conflicto congelado disfrazado de paz. Nunca reconoceremos la ocupación de Crimea. Y si no se concede el ingreso en la OTAN, Ucrania necesitará garantías de seguridad” para “garantizar una paz duradera”, agrega en un mensaje en la red social X.

Pero en una publicación en su red social, Truth, Trump ha arremetido contra las declaraciones ucranias, especialmente las de Zelenski. “Esa declaración es muy perjudicial para las negociaciones de paz con Rusia”, apunta Trump en su comentario, en el que asegura que “Crimea ya se perdió hace años” y “no es ni siquiera tema de discusión”. También continúa: “Nadie le está pidiendo a Zelenski que reconozca a Crimea como territorio ruso, pero si quiere Crimea, ¿por qué no pelearon por ella hace 11 años, cuando se le entregó a Rusia sin disparar un solo tiro?”.

“Son declaraciones inflamatorias como las de Zelenski las que hacen tan difícil poner fin a esta guerra”, agrega el presidente estadounidense, que de nuevo vuelve a aceptar las tesis rusas sobre la guerra y la ocupación de Ucrania, mientras que critica al país invadido y teórico aliado y le responsabiliza de continuar la guerra. Según él, la resistencia del líder ucranio a aceptar la conquista rusa de territorio solo sirve para retrasar un acuerdo.

“La declaración de Zelenski no va a conseguir nada más que prolongar los ‘campos de la muerte’, ¡y nadie quiere eso! Estamos muy cerca de un Acuerdo, y el hombre ‘sin cartas que jugar’ debería, finalmente, CONCLUIRLO”, añade.

Trump —que, al igual que en la guerra de Oriente Próximo, exige también su parte del pastel—, prevé que la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, quede bajo su control junto a la explotación del subsuelo ucranio como contrapartida por el apoyo ofrecido durante la contienda, aunque no hace mención de ello en su mensaje de este miércoles.

Medios como Axios y el diario The Washington Post avanzaron los planes de EE UU, resumidos en un documento de una página presentados como la “oferta final” de Trump y que fuentes oficiales ucranias consideran sesgada hacia posiciones rusas, según Axios. El reconocimiento de la presencia rusa en Crimea sería de iure y en el resto de regiones, de facto. El plan del presidente de EE UU —resumido en siete puntos— ofrece a Ucrania “una sólida garantía de seguridad”, frente a los logros rusos, añade Axios, aunque obvia los detalles para lograrla: la salida del Kremlin de las zonas de la región de Járkov (noreste) que controla; la libre circulación a través del río Dniéper, principal arteria fluvial del país; así como una compensación y ayuda para la reconstrucción.

La Administración estadounidense había hecho circular ese documento de siete puntos antes de este miércoles, cuando estaba prevista una nueva ronda negociadora sobre un posible alto el fuego en Londres y que el Gobierno del Reino Unido ha decidido finalmente rebajar a un “nivel de técnicos”, después de que tanto el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como el enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, anunciaran la cancelación de su presencia en la capital británica. La idea de que el encuentro de Londres no lograra avances sustanciosos ha pesado en la decisión de Rubio de cancelar su viaje.

Un grupo de altos cargos alemanes, franceses, estadounidenses, ucranios y británicos sí seguirán avanzando en cuestiones técnicas, pero será en una reunión sin acceso a los medios de comunicación. Los contactos en la capital británica son la continuación de los celebrados la semana pasada en París, donde los representantes ucranios escucharon las líneas generales de la propuesta de Washington, que ya amenazó en la capital francesa con apartarse del proceso negociador si no hay avances pronto.

El tiempo juega en contra de Ucrania tanto en el campo de batalla como en la esfera diplomática mientras Rusia afianza sus posiciones en torno al 20% de los aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados de territorio ucranio, que, además de la península de Crimea, abarcan gran parte de las regiones de Lugansk y Donetsk en el este y Zaporiyia y Jersón en el sur. Zelenski señaló este martes que la Constitución del país impide otorgar reconocimiento alguno a Moscú sobre Crimea. Dio a entender, además, que lo que plantea EE UU sirve para que el presidente Putin continúe con la guerra y con sus ansias expansionistas.

La Comisión Europea ha reiterado este miércoles la “muy clara” posición de los Veintisiete: “Crimea es Ucrania”, ha subrayado un portavoz comunitario que ha reiterado la decisión de seguir apoyando militarmente a Kiev, informa desde Bruselas Silvia Ayuso. “Nada debe pasar sobre Ucrania sin Ucrania, ni sin la UE”, es el mensaje dirigido especialmente a Washington y Moscú ante unas negociaciones en las que se pretende desplazar a la parte agredida.

En cuanto a las instalaciones de la central nuclear de Zaporiyia, ocupadas por militares rusos desde los primeros días de la gran invasión en 2022, Washington prevé que sigan siendo consideradas como territorio ucranio, aunque pasen a estar bajo su control y pueda suministrar electricidad tanto a Rusia como a Ucrania. No lejos de esa zona de la central de Zaporiyia, aunque en la orilla opuesta del Dniéper, ha tenido lugar este miércoles un bombardeo ruso sobre un autobús que ha causado, al menos, nueve muertos —siete mujeres y dos hombres— y casi medio centenar de heridos, según las autoridades locales. El ataque ha sido llevado a cabo por medio de un dron en la localidad de Marhaset (región de Dnipropetrovsk).

Interés por el subsuelo ucranio

La oferta final de Trump desvelada por Axios no olvida tampoco su interés por el subsuelo ucranio. EE UU y Ucrania firmaron la semana pasada un preacuerdo para la explotación de los minerales, tierras raras y otros recursos, entre los que estarían el gas y el petróleo. Esa ha sido una de las contrapartidas que ha buscado la Administración de Trump a lo largo de las negociaciones con Zelenski para compensar su ayuda frente a la ofensiva rusa. A falta de conocer los detalles del pacto final —Trump espera que se alcance este jueves—, la idea de partida era la creación de un fondo común en el que Ucrania aportaría el 50% de los ingresos por la explotación futura de todos los recursos naturales de titularidad estatal. Washington calcula que Kiev se ha beneficiado de ayudas durante la invasión rusa por un valor de en torno a 300.000 millones de dólares (unos 263.000 millones de euros).

Tras la cancelación de la asistencia de los dos principales pilares del Gobierno de EE UU encargados del asunto de la guerra, Rubio y Witkoff —que tiene pensado viajar a Rusia esta misma semana—, la delegación de Estados Unidos en Londres es de perfil bajo. Rubio mantuvo una conversación telefónica este martes con su homólogo británico, David Lammy, en la que le anunció su renuncia a viajar a Londres, aunque suavizó la decisión al expresar su deseo de que se produjeran “reuniones [de nivel] técnico sustantivas y buenas”. Poco después anunciaba en la red social X que viajaría a la capital británica en los próximos meses.

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“Escaneé todas las regiones de España, en busca de activos infravalorados de los que no se ha sabido sacar un rendimiento óptimo en el mercado. Identificamos muchos, pero la algarroba destacaba por encima del resto”, explica este economista, especializado en análisis de datos y evaluación de proyectos públicos, que se ha afincado en la capital británica después de dar saltos por medio mundo. “Con los sobresaltos en el valor del cacao, resucitó la idea de la harina de algarroba como sustituto. No me gusta esa tendencia. Es un producto con personalidad y valor económico propio”, defiende.

La cabeza de Mora no deja de producir ideas y proyectos. En el caso del proyecto de la algarroba, realizó una tarea de prospección, de diálogo con los viejos del lugar y de rescate de recetas tradicionales del producto en la zona de Alicante, donde el cultivo está más extendido. Pasteles de algarroba con almendra, curris de pollo, brownies,… Su empresa, La Penya, ya gestiona la venta de esos platos preparados a supermercados británicos. Pero lo llamativo es que su objetivo no es convertirse en un importador o distribuidor más. El empresario quiere hacer un ejercicio de diplomacia económica y cultural en el Reino Unido, y la responsabilidad final de poner en marcha la idea queda en manos de unos agricultores o unas cooperativas que deben aprender a extraer valor de su producción.

-Es como la eterna queja de los españoles en el extranjero, cuando compran aceite de oliva italiano y comprueban en la etiqueta que está hecho con aceitunas españolas…

“Exacto. Nosotros no somos vendedores de algarroba. Somos creadores de IP (propiedad intelectual, en sus siglas en inglés). Añadimos valor a los productos españoles, e intentamos reeducar al productor para que invierta en innovación, o en educación económica y financiera”, explica.

Su otra empresa (tiene ya tres en marcha), la consultora Morapedros & Associates realiza un modelaje económico sistémico, que integra la geopolítica y la geoeconomía a la micro y a la macro. Todo este trabalenguas resulta mucho más sencillo de entender con un ejemplo concreto, que podría cambiar el modo en que las entidades bancarias se plantean la concesión de hipotecas a sus clientes. “Estamos preparando, para la banca minorista, un modelo de análisis de riesgo de crédito que va más allá del historial crediticio o la información laboral del cliente. Analizamos la tendencia o la prosperidad de la industria en la que trabaja, su paro potencial en un determinado país comparado con el panorama global…Es un modo de optimizar la adjudicación de hipotecas”, señala Mora.

Aunque factura ya casi medio millón de libras al año (casi 600.000 euros), la vocación de este economista tiene un espíritu pro bono muy marcado, más intrigado por reinventar modelos empresariales aparentemente agotados o por introducir sostenibilidad y responsabilidad social y de gobernanza a las empresas.

Su restaurante La Penya, en Greenwich, apenas estuvo tres meses abiertos. Era un laboratorio, un experimento para descubrir las ventajas de una comunicación constante con los clientes y una relación directa con agricultores, ganaderos y productores. El resultado, en forma de patente, es un modelo de negocio por el que ya han interesado potenciales clientes.

O el proyecto iEarths, que rastrea preventivamente, con el fin de evitarlo, el riesgo de que una empresa haya podido beneficiarse, sin ser consciente de ellos, de la esclavitud laboral moderna. “Aplicamos teoría del comportamiento y teoría económica para prevenir el tráfico de personas (…) Se trata de que las industrias conozcan bien sus cadenas de suministro. En especial, la industria de la moda, la de la construcción y la agricultura”, señala Mora.

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Lo cuenta el profesor Dan Hicks en su libro Every Monument Will Fall (Todos los monumentos caerán), una detallada denuncia de todos los beneficios y privilegios no reconocidos, derivados del expolio colonial del Imperio Británico, de los que ha disfrutado durante siglos la ciudad universitaria más famosa del mundo. El diario The Guardian ha sido el primero en señalar el hallazgo. Hicks enseña Arqueología en Worcester College y es el comisario del Museo Pitt Rivers, del centro. Fue la propia facultad la que encargó al académico que investigara los orígenes de un cráneo que hoy se encuentra ya a buen recaudo y oculto a los ojos del público, por respeto a su presunta propietaria.

“A lo largo del siglo XX, la copa fue expuesta en ocasiones junto a la vajilla de plata de la facultad, y usada incluso como vajilla de mesa. No hay registro de cuántas veces ocurrió esto, pero fue drásticamente restringido a partir de 2011. Hace 10 años, la copa fue retirada definitivamente de esa colección”, ha asegurado Worcester College en un comunicado.

Pasado expuesto, pasado oculto

Es difícil que cualquier viandante que recorra la High Street, en el centro de Oxford, preste atención a la pequeña estatua que corona la entrada del Oriol College. Se trata de Cecil Rhodes, un empresario y político de Sudáfrica que representaba en su persona todo el racismo, colonialismo y supremacismo blanco de una era. Rodesia (Rhodesia, en inglés), el Estado británico creado dentro de aquel país, lleva su nombre.

A pesar de la campaña a favor de la retirada de la estatua, la universidad alegó motivos financieros y logísticos para mantenerla en la fachada. A cambio, instalaron a un lado de la entrada un pequeño cartel donde se explicaba, en términos más bien generosos, la controversia detallada en torno al personaje histórico.

El problema, como señala Hicks en su libro, es que las estatuas son apenas la parte más visible y menos ofensiva de un pasado que acumula restos y gestos de denigración humana.

No ha sido posible detallar de modo preciso la identidad de la persona cuyo cráneo fue utilizado en las libaciones de los académicos, pero la prueba del Carbono-14 apunta a una antigüedad de 225 años. Y por el tamaño y otras pruebas circunstanciales, el profesor sugiere que los restos humanos proceden del entonces Caribe británico, y con mucha probabilidad eran los de una mujer esclava.

Lo que sí se sabe con certeza es quién y cuándo donó a Worcester College la copa. Fue George Pitt Rivers, un exalumno, en 1946. Su nombre está inscrito en el ribete de plata. Era un fanático defensor de la separación de las razas y de la intervención médica y política para preservar la pureza genética, al que el Gobierno británico mantuvo arrestado durante la Segunda Guerra Mundial por su apoyo al partido fascista de Oswald Mosley.

La copa había pertenecido previamente a su abuelo, el arqueólogo y soldado de la era victoriana, Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers, que fundó en 1884 el museo que hoy dirige el profesor Hicks.

“Resulta enfermizo que los catedráticos de Oxford, desde su posición de privilegio, en una institución enriquecida a lo largo de los siglos por un proceso de violencia colonial y de expolio, se dedicaran a beber de un cráneo humano que pudo haber pertenecido a una persona esclava, tan poco valorada como para convertir sus restos en ese objeto”, ha denunciado Bell Ribeiro-Addy, la presidenta de la Comisión Interparlamentaria de Reparaciones en África.

La decisión de dejar de usar la copa tuvo más que ver con un lento proceso de incomodidad e inquietud por parte de algunos miembros de la comunidad académica, que pidieron su retirada, que con un definitivo reconocimiento de su error por parte de Worcester College. Solo al final, la institución inició un cierto camino de redención, al encargar a Hicks que investigara los orígenes del cráneo, a la vez que lo retiraba definitivamente de cualquier exhibición pública. “De modo respetuoso, el acceso [al cráneo] está hoy completamente vetado. Como reconoce en su libro el profesor Hicks, la facultad ha abordado este asunto de un modo ético y reflexivo”, ha señalado un portavoz de Worcester College.

“La deshumanización y la destrucción de la identidad de las víctimas fue también parte de la violencia” colonial, escribe Hicks, que denuncia en su libro todos los restos de seres humanos, o todos los frutos de su trabajo, que el espíritu de una época decidió borrar.

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“Estoy harta de responder a los periodistas, pero te diré algo: ¿quién puede vivir en estas condiciones? Yo también tengo que levantarme cada día a trabajar a cambio de un sueldo que no me convence. ¿Pero esto? Vivimos rodeados de ratas y a nadie parece importarle lo más mínimo”, explica una mujer negra que fuma un cigarrillo y charla con su amiga, cubierta con un hiyab musulmán.

Las dos trabajan en un centro de acogida de personas sin hogar en el barrio de Balsall Heath, uno de los más afectados por la huelga. La mayoría de los vecinos son de origen paquistaní. Hay cerca de 200.000 en todo Birmingham, y constituyen la segunda comunidad más importante de esta nacionalidad en el Reino Unido. Son los que más sufren la huelga, en zonas como Sparkhill, Yardley Wood Road o Hallam Street.

El Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el Partido Laborista, se declaró en quiebra en 2023. En parte por una gestión inadecuada, que había elevado casi a los 100 millones de euros el déficit municipal. Pero sobre todo porque se vio inundado por múltiples reclamaciones que exigían la aplicación de la llamada Equal Pay Act (Ley de Igualdad Salarial). Una negociación fallida con los sindicatos supuso hacer frente a un montante de casi 900 millones de euros imposible de afrontar. Desde entonces, el Gobierno municipal ha emprendido una política de recortes que ha afectado también al personal de recogida de basuras.

Pretenden eliminar el departamento de Oficiales de Recogida y Reciclaje de Residuos, un equipo que surgió precisamente de la huelga anterior. Su tarea (básicamente, la del operario que viaja en la cola del camión de la basura) es la de controlar la seguridad e higiene del procedimiento. Al recolocar a esas 150 personas, dice el sindicato Unite, que lidera la huelga, todas ellas perderán más de 9.300 euros de su salario anual o se verán en la calle. El Ayuntamiento asegura que la mayoría recibirá formación y será recolocada. Las pérdidas de sueldo, aseguran, nunca serán tan elevadas.

Un desafío para el Partido Laborista

El pasado lunes, un 97% de los trabajadores rechazaron la última oferta del Gobierno municipal, y se mostraron dispuestos a mantener la huelga. Aunque el Ejecutivo del Partido Laborista y su primer ministro, Keir Starmer, intentaron desde un primer momento presentar la crisis de Birmingham como un asunto local, el deterioro de imagen provocado por miles de bolsas de basura acumuladas ha hecho que la situación se vuelva insostenible.

La central sindical Unite, un apoyo fundamental e histórico del laborismo, se ha mostrado cada vez más distanciada de las políticas de Starmer, que considera excesivamente conservadoras y contrarias a los intereses de los trabajadores. “En vez de poner en circulación medias verdades sobre estos trabajadores tan mal pagados, con el propósito de ganar la batalla en los medios, el Gobierno debería haberse tomado su tiempo en comprobar los hechos y usar su influencia para forzar al Ayuntamiento a negociar”, ha exigido Sharon Graham, la secretaria general del sindicato.

La viceprimera ministra, Angela Rayner, que ocupa también el puesto de ministra de Vivienda y Gobierno Local, tiene un pasado combatiente. Procede de clase trabajadora, y fue en un principio el enlace entre el equipo de Starmer, más tecnócrata y de clase media, y los sindicatos. Su visita a Birmingham, que culminó con la exigencia a Unite de que aceptara la oferta del Ayuntamiento, y con el envío a la ciudad de tres militares para colaborar en la logística de emergencia, ha soliviantado aún más al sindicato.

El pasado martes, las calles del barrio de Balsall Heath eran un reguero de suciedad. Los servicios mínimos habían recogido 12.000 de las 17.000 toneladas de basura acumulada, pero por todas partes había latas, botellas de plástico, cartón y hasta muebles viejos. Muchos vecinos habían recurrido a la práctica ilegal de arrojar sus restos de manera clandestina en puntos prohibidos.

“El olor era insoportable. Es muy normal en esta zona que la gente arroje la basura ilegalmente, pero lo de estos días pasados lo ha superado todo. Era irrespirable, y apenas ha mejorado”, explica Jenny, una vecina que lleva más de 40 años viviendo en Birmingham, y que habla con el corresponsal mientras utiliza en su calle una de esas pinzas extensibles que ayudan a recoger basura sin necesidad de agacharse.

―¿Está irritada con los huelguistas? ¿Vota usted al Partido Laborista?

“Soy socialista de toda la vida, y no voy a dejar de apoyar a los trabajadores. No están reclamando una subida salarial, sino que no se recorten aún más sus sueldos. Esto es fruto de un Ayuntamiento indolente que no ha sabido cómo gestionar la ciudad desde hace muchos años”, explica.

No todos son de su misma opinión. Mohamed, de 55 años, es un paquistaní que lleva dos décadas viviendo en Birmingham. Ha visto ratas por la calle del tamaño de gatos, dice, y se siente completamente abandonado por las autoridades. “Trabajo en el servicio municipal de limpieza, me levanto cada día a las seis de la mañana para limpiar oficinas y cobro la mitad que estos trabajadores. No me parece justo lo que están haciendo”, asegura junto al cubo de basura de su vivienda. Hace unos pocos días consiguió vaciarlo en unos de los puntos habilitados por el Ayuntamiento. Ya está de nuevo rebosante.

El Partido Conservador elude su responsabilidad pasada en el deterioro de muchas ciudades de Inglaterra y acusa al laborismo de Starmer de estar entregado a sus “amos”, los sindicatos. “17.000 toneladas de basura y ratas como no se habían visto desde las trincheras de la I Guerra Mundial. Esto es lo que uno obtiene si vota al Partido Laborista”, ha denunciado el populista Nigel Farage, líder del partido Reform UK.

La crisis de Birmingham se ha convertido en un doloroso recordatorio para Starmer del deterioro del Reino Unido que no cesó en denunciar desde la oposición, y que ahora corresponde solo a él y a su Gobierno enderezar.

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Birmingham es la ciudad más importante de las West Midlands, las Tierras Medias Occidentales, un condado de Inglaterra que agrupa una población aproximada de tres millones de personas. En el endiablado diseño de la administración municipal y local británica, las siete ciudades del condado comparten un mismo alcalde. El conservador Andy Street, que antes de dedicarse a la política fue directivo de éxito de dos compañías tan potentes como los grandes almacenes John Lewis o la cadena de supermercados Waitrose, se enfrenta a las urnas el 2 de mayo. Ese día se renovarán al menos un tercio de todos los cargos locales de Inglaterra y Gales (no votarán ni en Escocia ni en Irlanda del Norte). El primer ministro, Rishi Sunak, espera esa votación con el corazón en un puño. Si la derrota es tan estrepitosa como vaticinan los sondeos, y los tories pierden más de 500 de los casi 1.000 puestos representativos que deben volver a ser elegidos, sonarán tambores de guerra en el seno del partido.

Las encuestas lleva más de un año otorgando a la oposición laborista una ventaja promedio de 20 puntos porcentuales sobre los conservadores. Sunak nunca ha disfrutado de gran popularidad, y el ala dura del partido cada vez cuestiona de modo más directo sus decisiones, sobre todo en materia de impuestos e inmigración. No se ha desvelado el número de cartas de diputados a la dirección del grupo parlamentario reclamando la sustitución del primer ministro, pero se sabe que se va acercando al fatídico número de 53, que provocaría automáticamente una moción de censura interna.

El propio Sunak ha anunciado que no habrá elecciones generales hasta el próximo otoño, pero si las municipales del 2 de mayo suponen un hundimiento que lleve a los conservadores a un estado de pánico, y se vuelve a forjar una rebelión interna para cambiar de líder, resultaría muy tentador para el actual primer ministro forzar un adelanto electoral.

De las diez alcaldías que deben renovarse, prácticamente en ocho de ellas la victoria se prevé laborista (Londres, Manchester o Liverpool, las más relevantes). La atención del Partido Conservador se centrará casi en exclusiva en el resultado que haya en las Tierras Medias Occidentales o en Tees Valley, dos territorios en los que la derecha había gobernado con comodidad, hasta ahora.

Posible castigo a un alcalde eficaz

Paradójicamente, el alcalde Street, que durante casi siete años ha priorizado a su región frente a los intereses de su partido y es un político popular y querido, se encuentra 14 puntos porcentuales por detrás del candidato laborista, Richard Parker, según las últimas encuestas. Street, responsable sobre todo de la infraestructura de transportes en la región, ha impulsado proyectos de gran relevancia, y plantó cara a Sunak cuando el primer ministro anunció, el año pasado, que congelaba el proyecto de Alta Velocidad (HS2) que pretendía llegar, en una segunda fase, hasta Mánchester. Las obras de la Estación Curzon, que comunicará Birmingham con Londres, se encuentran ya muy avanzadas.

“West Midlands será definitivamente la región cuyo resultado se analizará con mayor detalle en cuanto los ciudadanos voten el 2 de mayo. Si los conservadores lograran retener esa plaza, respirarían algo más tranquilos. En estas elecciones locales es habitual que la oposición obtenga buenas cifras de voto, y el partido en el Gobierno siempre puede quitar importancia a la derrota. Pero si los ciudadanos deciden castigar a Sunak a través de la derrota al alcalde Street, será una mala señal para los tories”, explica Tony Travers, profesor del Departamento de Gobernanza de la Universidad London School of Economics (LSE).

EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la opinión de Street sobre una situación, la del Partido Conservador, que perjudica claramente sus expectativas.

Birmingham es la demostración exagerada del crecimiento desequilibrado que está ocurriendo también en Londres. La ciudad está en un estado permanente de ebullición constructora. Basta alzar la vista, en cualquier punto, para ver las obras en marcha de un nuevo rascacielos. No hay más que bajar la mirada para descubrir nuevos trabajos de infraestructura, ya sea en tramos de tranvía o en proyectos de ferrocarril.

Y, sin embargo, el Gobierno de la ciudad ha tenido que declararse en quiebra ante el tamaño descomunal de su deuda. Hasta 600 funcionarios municipales se enfrentan a un posible despido, y los impuestos municipales van a subir hasta un 20% en los próximos dos años. Los recortes en el presupuesto supondrán varios cientos de millones de euros.

“Quizá no sea del todo justo, pero los ciudadanos culpan de toda esta situación de miseria al actual Gobierno conservador”, asegura Andrew, un joven indio que vive desde hace siete años en Birmingham, donde acudió a realizar estudios universitarios. Con el título de Master of Wine añadido a sus estudios, trabaja en el negocio de distribución y venta Loki, situado en una galería comercial muy popular del centro de la ciudad. “En este tiempo he podido observar de primera mano el deterioro. Es increíble la cantidad de mendigos y gente sin hogar que hay ahora por la ciudad”, explica.

Este corresponsal pudo comprobar de primera mano esa afirmación. Es difícil dar con alguna calle del centro urbano donde no haya una o varias personas pidiendo dinero. Muchas de ellas de rodillas, bastantes con un aparente estado de salud mental claramente deteriorado.

Según la empresa de sondeos en línea YouGov, que mantiene en los últimos años un completo tracking electoral, los dos asuntos que más preocupan a los votantes son la economía (50%) y la sanidad pública (45%). En tercer lugar, está la inmigración, con un 37%, “pero no está nada claro que sea una preocupación real, o más bien algo inducido por parte del Gobierno de Sunak y de los conservadores, que han mantenido esta cuestión en primer plano con la propuesta de las deportaciones de inmigrantes irregulares a Ruanda”, señala Sara B. Hobolt, profesora de Política Europea y Comportamientos Electorales en la LSE.

No parece que esa vaya a ser la cuestión con la que se mida en Birmingham al alcalde Street. Apenas un 53% de sus habitantes son de raza blanca, en una ciudad que ha asimilado mejor que ninguna otra de Inglaterra a indios, paquistaníes, chinos, afrocaribeños o bangladesíes que han enriquecido su cultura hasta convertirla en una de las ciudades más atractivas y dinámicas del Reino Unido.

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La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC, en sus siglas en inglés), el organismo independiente que vigila el cumplimento de las leyes de igualdad y no discriminación en todo el Reino Unido, ha anunciado que pretende tener listas para este mismo verano unas normas de conducta actualizadas, y acordes al sentido de la sentencia del Supremo, para todos los organismos públicos del Reino Unido.

¿Pueden las mujeres trans seguir usando baños o vestuarios solo de mujeres? ¿Deben ir al de hombres? ¿Cómo se preserva la dignidad de estas personas? Y las mismas preguntas y dudas sirven para los hombres trans, que se verían forzados a usar las instalaciones de mujeres.

“Vamos a tener un nuevo código reglamentario de prácticas, y eso supone que pasará a ser la ley vigente. Ayudará a la futura interpretación de los jueces. Confiamos en que esté listo para el verano”, ha asegurado a la BBC Kishwer Falkner, la presidenta de la EHRC.

Falkner, que lleva al frente del organismo cinco años, ha expresado durante este tiempo una posición cercana a la de los grupos feministas que reclamaban la exclusión de las mujeres trans de la categoría biológica de mujer. Y ha reclamado insistentemente al Gobierno y a los organismos públicos que establecieran normas claras. Ha recibido mucho apoyo, pero también su parte de críticas y de mensajes de odio, a través de las redes sociales, que este debate lleva años generando.

“Es una victoria del sentido común”, ha dicho Falkner en referencia a la sentencia del Supremo. “Pero solo si reconoces también que las personas trans existen y tienen derechos. Y esos derechos deben ser respetados. Solo así se convierte en una victoria del sentido común, y no en una victoria que sirva para aumentar el número de acciones desagradables que se cometen contra las personas trans. No toleraremos eso, porque nos mantenemos firmes en su defensa”, ha querido enfatizar la presidenta de la EHRC.

La necesidad de explicar ese “sentido común” al que hace referencia Falkner surge en la sentencia del Supremo en múltiples referencias. La Ley de Igualdad de 2010, el texto analizado por los magistrados, define con precisión las nueve características que deben situarse bajo su manto protector y no pueden ser motivo de discriminación: edad, discapacidad, reasignación de género, matrimonio o unión civil, embarazo o maternidad, raza, religión o creencia y, finalmente, sexo.

En la sentencia, los magistrados se han pronunciado sobre esa última categoría digna de protección, el sexo, para establecer que la definición legal de mujer debe ser la de mujer biológica. Si una persona trans quiere acogerse al manto de la Ley de Igualdad, señalan, debe hacerlo bajo la categoría expresa de reasignación de género que contempla la ley y que tiene su protección específica.

Pero, y este pero es muy importante, el tribunal también señala que la ley protege a las personas trans ante lo que llama “discriminación directa”: “Tomemos, por ejemplo, el caso de una mujer trans que solicita un trabajo como agente de ventas, y el director de ventas cree que es una mujer biológica por su apariencia, y no le da el puesto, a pesar de que su presentación fue mejor durante la entrevista de trabajo, y se lo da a un hombre biológico”, explica la sentencia en un tono didáctico. “Ella tendría entonces derecho a demandar por discriminación directa por ser percibida como una mujer (...) el hecho de que no sea una mujer biológica no afectaría a su demanda, que debería ser tomada en la misma consideración que la de una mujer biológica”, dice el texto.

Añaden a continuación los jueces que el ejemplo serviría igual para casos de discriminación salarial o incluso de acoso sexual.

Pabellones médicos para mujeres

Pero al mismo tiempo, Falkner ha dejado claro que la comisión piensa exigir de inmediato al Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés) que cambie sus reglas internas respecto al trato a las personas trans. Hasta el momento, siguen vigentes las recomendaciones del NHS que permiten el ingreso de las mujeres trans en determinados pabellones o alas destinados a mujeres. La red sanitaria indica en su normativa interna que las personas trans deben ser acomodadas de acuerdo con el modo en que visten, sus nombres o los pronombres que utilizan para identificarse. En inglés, muchas personas reclaman que se usen los pronombres They/them/thier (ellos) en vez de los pronombres masculinos o femeninos he o her para dirigirse a ellos. Es una alternativa similar al elle que reclaman en español.

Algunos problemas, como el uso de baños o vestuarios, pueden intentar ser solucionados con la existencia de un tercer espacio de género neutro, ha dicho Falkner, que ha sugerido a las organizaciones trans que presionen para que sean incorporados. Pero otros presentan mayores complicaciones, como las residencias para mujeres que han sufrido abuso doméstico (el término con que aún se denomina en el Reino Unido gran parte de la violencia de género) o las prisiones.

Competiciones deportivas

La sentencia del Supremo del Reino Unido también hace referencia a uno de los terrenos más controvertidos en torno al debate trans: las competiciones deportivas. Extiende su exclusión de mujeres trans a “actividades definidas por el género”, en las que “la fuerza física, la resistencia o la estructura física media de las personas de un determinado sexo las colocaría en una situación de desventaja respecto a personas de otro sexo”.

Pero el tribunal recurre a un ejemplo que se ajusta como un guante a su definición, el boxeo, donde ha habido casos recientes de protestas por la intervención de una mujer trans.

Federaciones británicas como la de ciclismo o atletismo ya han decidido por sí mismas la exclusión de mujeres trans de la competición.

El Gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer ha intentado responder a la sentencia del Supremo del modo más pragmático posible, para evitar “las llamadas guerras culturales” derivadas de un debate tan espinoso. “Vamos a estudiar la sentencia, para asegurarnos de que la cumplimos completamente”, ha dicho la secretaria de Estado de Salud, Karin Smyth. “Creo que ha llegado el momento de mirar hacia el futuro, de que estén claros los derechos de todas las personas, y de que los organismos que ofrecen servicios públicos se aseguren de que cumplen con la ley”, ha añadido.

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Los magistrados descartan de ese modo que una mujer trans que haya obtenido un Certificado de Reconocimiento de Género (CRG) por el procedimiento que establece la ley pueda acogerse a la protección que la LI2010 ofrece bajo la categoría de “sexo” al resto de mujeres. “Los términos mujer y sexo en la LI2010 se refieren a una una mujer biológica y a un sexo biológico”, han escrito de un modo claro los cinco jueces.

La sentencia tiene su origen en un caso previo debatido en Escocia. El grupo For Women Scotland (Por las Mujeres Escocia, FWS) recurrió la Ley de Representación de Género en Organismos Públicos de 2018, aprobada por el Parlamento autónomo e impulsada por el Gobierno de Edimburgo, controlado por los nacionalistas del SNP. Aunque fue precisamente una enmienda del Partido Laborista escocés, incluida en el texto final, la que extendió a todas las mujeres trans, tuvieran o no un certificado de género, las protecciones recogidas en la ley.

FWS ganó una primera batalla judicial contra esta pretensión del Gobierno escocés de utilizar la definición más amplia posible de mujer. A pesar de esa primera derrota, el propio Ejecutivo insistió en que la Ley de Igualdad de 2010, vigente en todo el Reino Unido, incluía en su concepto de mujer a las mujeres trans con CRG.

Así que, finalmente, FWS decidió llevar el asunto al órgano máximo de interpretación del derecho en el Reino Unido, el Tribunal Supremo. La organización logró recaudar casi 270.000 euros para financiar su lucha en los tribunales. De esa cantidad, más de 80.000 fueron donados por J.K. Rowling, la multimillonaria autora de la saga de Harry Potter, que en los últimos años ha sido una de las voces públicas más escuchadas en torno al debate de las mujeres trans. Rowling defiende que no sean completamente asimiladas a las mujeres biológicas, para evitar su acceso a espacios reservados como vestuarios, colegios o prisiones.

“Han sido necesarias tres mujeres extraordinarias y tenaces, con un ejército detrás suyo, para que este caso fuera escuchado por el Tribunal Supremo y, al ganar, han protegido los derechos de mujeres y niñas por todo el Reino Unido. Estoy tan orgullosa de vosotras, FWS”, ha escrito la creadora del niño mago más universal en su cuenta de la red social X.

Sexo y género

La LI2010 define con precisión las nueve características que deben situarse bajo su manto protector: edad, discapacidad, reasignación de género, matrimonio o unión civil, embarazo o maternidad, raza, religión o creencia y, finalmente, sexo.

Es esta última característica la que los magistrados del Supremo Británico han querido establecer con claridad: “La definición de sexo en la LI2010 establece claramente que el concepto de sexo es binario. Una persona es hombre o mujer”, dice la sentencia. “Aunque la palabra ‘biológico’ no aparece en la definición, el significado ordinario de estas palabras simples y nada ambiguas corresponde a las características biológicas que hacen que un individuo sea hombre o mujer”, añaden los magistrados. “Se asume que son auto-explicativas, y no necesitan una explicación añadida”.

La sentencia viene a sugerir que las personas con un género reasignado ya cuentan con una protección específica precisamente por esa característica que la ley contempla, pero los abogados que han representado al Gobierno escocés durante el litigio han argumentado todo este tiempo que, en el caso de que la sentencia fuera finalmente la que ha sido (limitando la definición de mujer a la de mujer biológica), las mujeres trans con certificado de género “seguirían siendo hombres el resto de su vida respecto a lo que se refiere a la Ley de Igualdad de 2010″.

“El tribunal ha dado la respuesta correcta: la característica protegida del sexo [en la LI2020], hombre o mujer, hace referencia a una realidad, no a un documento administrativo”, ha celebrado la sentencia la organización FWS.

La organización Scottish Trans, que defiende los derechos de las personas trans en Escocia, ha pedido calma mientras estudia la sentencia. “Hemos pedido a la gente que no entre en pánico. Muchos comentarios intentarán exagerar el impacto que esta decisión va a tener en las vidas de las personas trans. Diremos más cuando lo hayamos analizado. Cuidaos a vosotros mismos y los unos a los otros de momento”, han escrito.

Los magistrados han pedido expresamente que su sentencia no sea interpretada como la victoria de una parte sobre otra. “Recomendamos que no se lea esta decisión como el triunfo de uno o más grupos de la sociedad a expensas de otro, porque no lo es”, han escrito.

Pero resulta ingenuo por su parte pensar que un asunto que ha formado parte de un debate político extremo durante la última década vaya a ser interpretado en términos estrictamente legales. Queda ahora en manos del Gobierno laborista de Keir Starmer decidir si dedica tiempo y esfuerzo a corregir la Ley de Igualdad de 2010, para clarificar de modo más inclusivo la definición de mujer (como prometió en campaña) o si decide aparcar discretamente en un cajón una cuestión que sabe positivamente que le acarreará muchos problemas entre sus votantes más tradicionales.

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Desde la visita que Starmer realizó a la Casa Blanca a finales de febrero, en la que Trump se deshizo en elogios hacia el líder laborista, equipos de ambos gobiernos han estado negociando un nuevo marco económico. Ese era el sueño de políticos impulsores del Brexit, como Boris Johnson, convencidos de que un refuerzo de la “relación especial” con Estados Unidos serviría para compensar las consecuencias negativas del divorcio de la UE. Nunca lo lograron, pero tampoco nunca pudieron imaginar que sería un Gobierno del Partido Laborista el que acabara utilizando la ventaja estratégica de navegar por libre para cerrar un acuerdo con un político como Trump, en teoría tan en las antípodas de un partido de la socialdemocracia europea.

“Estamos trabajando muy intensamente con el Gobierno de Starmer” para lograr ese acuerdo comercial, ha dicho Vance a UnHerd. “El presidente ama el Reino Unido. Amaba a la reina, y admira y ama al rey. Es una relación muy importante. Él es un empresario, y tiene relaciones empresariales importantes allí”, ha explicado el vicepresidente de Estados Unidos. “Hay una verdadera afinidad cultural. De hecho, Estados Unidos es un país anglosajón. Existe una buena oportunidad de alcanzar un gran acuerdo que sea lo mejor para los intereses de ambos países”, remataba Vance.

Cuando Trump anunció la gran oleada de aranceles en lo que bautizó como el “Día de la Liberación”, el pasado 2 de abril, el Gobierno de Starmer llegó a pensar que había salido beneficiado respecto a otros países europeos. El presidente estadounidense aplicó al Reino Unido únicamente el arancel general básico del 10%, a diferencia del gravamen del 20% que impuso a los miembros de la UE.

En cualquier caso, las exportaciones británicas de acero y automóviles ―dos de las más importantes con destino a Estados Unidos― sufrieron el arancel del 25% destinado a estos bienes, como el resto de productores del mundo.

La decisión de Trump de la semana pasada de poner en pausa los aranceles durante 90 días, ante el colapso de los mercados mundiales, puso finalmente al Reino Unido en la misma casilla de salida que el resto de países afectados. Y desató las críticas contra Starmer, al que se acusaba de haber cortejado excesivamente al presidente estadounidense sin haber logrado nada a cambio. Las declaraciones de Vance, a pesar de su falta de concreción, suponen definitivamente un espaldarazo, al menos provisional, a la estrategia de Starmer.

“El Reino Unido está en una buena posición” para alcanzar ese acuerdo, ha dicho a la BBC la ministra británica de Industria, Sarah Jones, horas después de la publicación de las declaraciones del vicepresidente Vance. Sin comprometerse a dar una fecha definitiva al posible acuerdo, la ministra recordaba que “las negociaciones siguen en marcha”, y que el ministro de Negocios y Comercio, Jonathan Reynolds, “está teniendo muchas conversaciones con sus homólogos estadounidenses” para asegurar la consecución de ese tratado.

El Gobierno británico apenas consigue enderezar una economía con crecimiento débil y muchos lastres heredados de los anteriores equipos conservadores. Starmer y su ministra de Finanzas, Rachel Reeves, han apostado por mantener la calma e intentar extraer ventaja de su aparente buena relación con Trump. Reeves viajará a Washington a finales de este mes, para asistir a la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, y confía en poder dar un impulso importante a un acuerdo en el que el Gobierno laborista ha puesto todas sus esperanzas. Londres sabe que su balanza comercial con Estados Unidos es más favorable a este país que la de otros miembros de la UE, como el propio Vance ha recordado.

“También amamos a los alemanes, pero en su caso, dependen en gran medida de sus exportaciones a Estados Unidos, mientras se muestran bastante duros con las empresas estadounidenses que quieren exportar allí sus productos”, ha señalado el vicepresidente, para alabar a continuación la “relación de reciprocidad” que disfrutan, según él, Washington y Londres.

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Este fin de semana, el Gobierno laborista de Keir Starmer tuvo que impulsar con urgencia una ley para asumir el control público de la planta de Scunthorpe, propiedad de British Steel, y frenar así el apagón de los dos últimos altos hornos que quedaban en territorio británico. Se lograba de este modo salvar, de momento, casi 3.000 empleos. Y se evitaba la humillación internacional de acabar siendo la única nación del G-7 sin capacidad para producir acero de alta calidad. El que se emplea, por ejemplo, para construir las vías del tren.

A cambio, aumentaba todavía más el enfrentamiento entre Londres y Pekín, en un momento en el que la comunidad occidental debate cuál debe ser su relación con el gigante asiático, y si seguir la escalada de conflicto promovida por la Administración estadounidense de Donald Trump o buscar una vía media de conciliación con un socio comercial imprescindible.

Los aranceles impuestos por Washington a las importaciones de acero han sido un factor clave en la decisión de la empresa china de acelerar el cierre de la planta.

Un portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores ha exigido al Gobierno británico que trate de un modo justo a las empresas chinas, y ha reclamado a las dos partes (el Ejecutivo de Starmer y el grupo Jingye) que resuelvan sus discrepancias por la vía de la negociación, según ha recogido la agencia Reuters. El Reino Unido, ha advertido el portavoz, debe “evitar la politización de sus relaciones comerciales o vincular este asunto con cuestiones de seguridad”.

La advertencia de Pekín surgía poco después de que el ministro de Negocios, Energía y Estrategia Industrial, Jonathan Reynolds, hubiera cuestionado la sabiduría del anterior Gobierno conservador de Boris Johnson, al dar entrada a una empresa china a un sector vinculado a la seguridad nacional y económica. “Debemos ser muy claros respecto a cuáles son los sectores donde podemos promover esa cooperación [con China] y cuáles no. Yo no hubiera permitido la entrada de una empresa china en el sector del acero”, añadía.

Poco después de lograr el control directo de la planta de Scunthorpe, tras la luz verde de la Cámara de los Comunes a última hora del sábado, el Gobierno británico ha asegurado que ya ha comprado el combustible necesario para mantener en funcionamiento sus dos altos hornos. Y que se encuentra ya en territorio nacional y protegido. Ha sido un traslado rodeado de medidas de seguridad y de secretismo, y todo sugiere que la transacción, que suele tardar hasta un mes y medio, según los expertos, se había puesto en marcha con anterioridad a la decisión parlamentaria.

A pesar de llevar meses de negociaciones infructuosas con el Gobierno, Jingye había anunciado su decisión de cerrar Scunthorpe. En el plazo de una semana, aseguraba la dirección de la planta, ya no habría el suficiente carbón metalúrgico y pellets de hierro (bolitas de hierro) para suministrar combustible a los dos hornos y evitar su enfriamiento hasta un punto en que la recuperación ya no fuera posible o resultara altamente costosa.

Desde el infructuoso intento por parte del Gobierno conservador de David Cameron de establecer una relación especial con China (la Golden Era, o Era Dorada, llegó a bautizar esa aspiración), Downing Street se ha debatido en torno a su postura respecto a la potencia asiática. En 2020, a pesar de haber dado su visto bueno inicial, Londres siguió los pasos de Washington y prohibió que el gigante tecnológico Huawei participara en el desarrollo de la infraestructura de 5G en el Reino Unido.

Sin embargo, el Gobierno británico seguía hasta ahora los pasos de otras diplomacias europeas y se resistía a definir China como una “amenaza” a su seguridad nacional. Prefería hablar de desafío, preservando siempre la posibilidad de cooperación en áreas comerciales menos delicadas.

La crisis desatada por la planta de acero de Scunthorpe ha llevado a los sectores más críticos con China, que están principalmente en el seno del Partido Conservador, a denunciar un claro intento de sabotaje.

“El grupo Jingye está construyendo una nueva planta de acero en China, y quiere suministrar desde allí las necesidades del Reino Unido. Lo que hemos presenciado [con la pretensión de la empresa de cerrar Scunthorpe] ha sido un intento de sabotaje industrial”, ha denunciado el diputado conservador, Christopher Chope.

La embajada china en Londres ha asegurado este lunes que sigue muy de cerca todo el asunto, y que su Gobierno ya ha exigido al del primer ministro Starmer que se actúe de acuerdo con los principios de “justicia, imparcialidad y no discriminación”.

Solo en 2024, la industria británica del acero perdió cerca de 6.000 puestos de trabajo. La compañía Tata, propietaria de la planta de Port Talbot, en Gales, provocó ella sola la eliminación de 2.500 empleos, al cerrar sus altos hornos convencionales, muy contaminantes, y sustituirlos por hornos de arco eléctrico, más baratos y limpios, pero que no necesitan tanto personal para su mantenimiento ni son capaces tampoco de producir acero de alta calidad.

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“Vamos a actuar con cierta urgencia, pero quiero ser claro en que tanto esta situación como nuestra respuesta son algo extraordinario. Aunque nos enfrentamos a una nueva era de inestabilidad global, nuestra preocupación respecto a esta planta y las negociaciones para intentar protegerla son el fruto de varios años”, ha explicado el primer ministro, Keir Starmer, en una comparecencia improvisada en Downing Street.

La decisión coincide con un momento geopolítico crítico. La Administración estadounidense de Donald Trump ha impuesto un 25% más de aranceles a las importaciones de acero. El Reino Unido vende a ese país gran parte de su producción, y el Partido Laborista había hecho bandera de la promesa de preservar una industria de gran raigambre británica, con 300 años de historia.

La empresa china Jingye compró British Steel en 2020. A pesar de llevar meses de negociaciones infructuosas con el Gobierno, ha anunciado su decisión de cerrar los dos últimos altos hornos, en la planta de Scunthorpe, ubicada en el norte de Inglaterra. En el plazo de una semana, asegura la dirección de la planta, serían necesarios el suficiente carbón metalúrgico y pellets de hierro (bolitas de hierro) para suministrar combustible a los dos hornos y evitar su enfriamiento hasta un punto en que la recuperación ya no fuera posible o resultara altamente costosa.

La ley de emergencia que pretende sacar adelante Starmer concederá “al Ministerio de Industria los poderes necesarios para hacer todo lo posible para detener el cierre de estos dos altos hornos”. “Y mantenemos además sobre la mesa todas las opciones posibles”, ha añadido el primer ministro. El análisis general de la maniobra de urgencia lleva a la conclusión de que se trata de un primer paso para la posterior nacionalización de British Steel.

El cierre de la planta convertiría al Reino Unido en el único miembro del G-7 que no puede fabricar su propio acero a partir de materia prima bruta. Aunque el país ha tenido una prolífica historia como productor de acero, lleva años compitiendo con China, que ha sido capaz de abaratar inmensamente los precios.

Solo en 2024, la industria británica del acero perdió cerca de 6.000 puestos de trabajo. La compañía Tata, propietaria de la planta de Port Talbot, en Gales, provocó ella sola la eliminación de 2.500 empleos, al cerrar sus altos hornos convencionales, muy contaminantes, y sustituirlos por hornos de arco eléctrico, más baratos y limpios, pero que no necesitan tanto personal para su mantenimiento ni son capaces tampoco de producir acero de alta calidad.

La empresa china ya advirtió el mes pasado que los dos últimos altos hornos que mantenía abiertos no eran económicamente viables. Jingye asegura que lleva invertidos en la compañía más de 1.200 millones de libras (casi 1.400 millones de euros) desde su adquisición, y que las pérdidas rondaban en la actualidad los 800.000 euros diarios. British Steel arrastraba ya en diciembre de 2023, según los últimos datos publicados, una deuda de casi 850 millones de euros.

El Gobierno de Starmer había ofrecido a la compañía una ayuda de casi 580 millones de euros para la financiación de un nuevo horno de arco eléctrico, pero Jingye reclamaba una cantidad muy superior. Downing Street acusa a la empresa de haber puesto muchos obstáculos durante las negociaciones, en las que el Ejecutivo se ofreció incluso a pagar el combustible necesario para mantener en funcionamiento los hornos.

La principal central sindical del Reino Unido, Unite, ha urgido al Gobierno de Starmer a poner en marcha cuanto antes un proceso de nacionalización de British Steel. “Pedimos al Gobierno que considere la posibilidad de declarar el acero un área de infraestructura nacional crítica, y que asegure que el acero británico sea utilizado en todos los nuevos proyectos de infraestructura”, ha reclamado Sharon Graham, la secretaria general de la central.

La última vez que el Parlamento británico fue convocado para una sesión extraordinaria fue en 2021, para dar luz verde a la retirada de tropas de Afganistán.

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La orden ejecutiva firmada por Trump en Washington el pasado 2 de abril, el llamado “Día de la Liberación” por el presidente republicano, eximió de la lluvia general de aranceles a la industria farmacéutica y a la de semiconductores. Pero fue un alivio temporal, porque Trump lleva mucho tiempo expresando su malestar por la huida a Irlanda, en busca de ventajas fiscales, de muchos grandes laboratorios estadounidenses, que siguen produciendo y vendiendo la inmensa mayoría de sus medicamentos a los norteamericanos.

“Tenemos un gigantesco déficit con Irlanda, porque Irlanda fue muy lista. Arrebataron nuestras compañías farmacéuticas de las manos de presidentes anteriores que no sabían lo que estaban haciendo”, dijo Trump a mediados de marzo en el Despacho Oval de la Casa Blanca, al lado del taoiseach (denominación oficial del primer ministro irlandés), Micheál Martin, que realizaba la tradicional visita a Estados Unidos y a su inmensa comunidad de origen irlandés durante las celebraciones de San Patricio. “Sois muy listos. Nos quitasteis nuestras farmacéuticas o otras empresas [las tecnológicas] a través de una política de impuestos inteligente (…) Teníamos entonces en Estados Unidos líderes muy estúpidos que no se enteraron de lo que estaba ocurriendo”, remató Trump.

La ventaja fiscal de Irlanda

¿Por qué resultó tan ventajoso el traslado de la producción a Irlanda? Básicamente, las compañías transfirieron la propiedad intelectual y la patente de sus medicamentos a sus filiales de la isla. Y a continuación, emitieron licencias de producción a los laboratorios estadounidenses. De ese modo, pagaban a Dublín unos impuestos muy bajos por sus operaciones. Hasta ahora, el impuesto de sociedades en Irlanda era del 12,5% (frente al 21% tanto en EE UU como de media en el resto de la UE). Mientras, en territorio estadounidense, las empresas tenían más gastos que ingresos, con lo cual evitaban el pago de gravámenes, y hasta se beneficiaban de créditos fiscales.

La industria farmacéutica se ha convertido en un importante motor de la economía irlandesa. La ciudad de Cork (la segunda más importante de Irlanda después de Dublín), y las pequeñas localidades de su condado, han visto multiplicar su población y su riqueza gracias al desembarco de decenas de laboratorios. Cerca de 50.000 personas trabajan en el sector, que crea además miles de empleos indirectos en todos los comercios y suministradores de la zona. A pesar de la generosidad fiscal, el dinero generado por los impuestos para las arcas públicas ha permitido al Gobierno de Dublín conseguir un superávit presupuestario que es la envidia de otros países de la UE.

De los 73.000 millones de euros que Irlanda exportó el año pasado a Estados Unidos, cerca de 58.000 millones eran productos farmacéuticos. La amenaza de nuevos aranceles, que podrían llegar al 25%, sigue muy presente, y es más una cuestión de cuándo tendrá lugar que de si realmente es una bala que se puede esquivar. Los grupos de presión estadounidense de los laboratorios, según ha informado la agencia Reuters, han logrado al parecer convencer a la Administración Trump del riesgo sanitario que supondría una disrupción acelerada de su actual cadena de suministros, y Washington estaría estudiando la posibilidad de una imposición gradual de los aranceles.

Algunos gigantes con fuerte presencia en Irlanda, como Eli Lilly, que produce algunas de las inyecciones más populares en la actualidad para combatir la obesidad, han anunciado un elevado esfuerzo de reinversión en Estados Unidos, originado por la necesidad de autonomía productiva que reveló la pandemia, pero también para calmar la ira de Trump. La compañía tiene previsto destinar 50.000 millones de dólares (casi 46.000 millones de euros) a la construcción de nuevas plantas y a la mejora de las actuales.

Pero la mayoría de las empresas son reticentes ante la idea de un completo regreso, porque tendrían que rediseñar su cadena de suministro global a un elevado coste. Los compromisos laborales y contractuales en Irlanda son muy potentes.

“Y no podemos romperlos, así que nos tocará digerir los nuevos aranceles y realizar maniobras de compensación con nuestras propias compañías”, admitía a la BBC el director ejecutivo de Eli Lilly, David Ricks. “Normalmente, eso supone una reducción de personal o un recorte en la investigación. Y me temo que esto último será lo más inmediato, lo cual es decepcionante”, avisaba.

No toda la industria farmacéutica irlandesa procede de Estados Unidos. Y tanto los laboratorios como el personal gozan de reconocimiento y resultan necesarios para el suministro sanitario de gran parte de la UE. El desafío al que debe hacer frente hoy Dublín es el de preservar un motor económico que, si se materializa la amenaza de Trump, resultara menos atractivo para la inversión exterior.

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Este miércoles 9 de abril se celebra el vigésimo aniversario de uno de los matrimonios más improbables y a la vez más exitosos de la historia. El rey Carlos III (Londres, 76 años) y la reina Camila estarán en Roma, donde tenían programada desde hace tiempo una visita de Estado. A pesar de la puntual alarma desatada en los medios el pasado 28 de marzo, cuando el palacio de Buckingham anunció una breve cancelación de la agenda del monarca, provocada por “los efectos secundarios temporales” del tratamiento contra el cáncer al que sigue sometido, el ritmo de compromisos públicos no ha frenado.

La reina consorte nunca seducirá por completo a una mayoría de británicos. La empresa de sondeos YouGov, que mantiene un tracking constante de la popularidad de los miembros de la familia real, refleja una opinión pública dividida. Un 45% de los ciudadanos tiene una imagen positiva de ella, frente a la visión negativa del 43%. No anda muy alejada, sin embargo, de su esposo. El porcentaje que le muestra su respaldo es del 59%. La aceptación popular de la pareja ha sido un trabajo que ha mezclado constancia y una estrategia de comunicación acertada. Pero, sobre todo, una voluntad de respaldo mutuo por parte de ambos.

“A pesar del tratamiento de cáncer, el rey está decidido a permanecer activo, autodisciplinado y positivo. Carlos III deja en manos de la genética y del Todopoderoso la decisión sobre la longitud de su reinado. Pero no tendrá nada de interino mientras tenga a su lado a la reina Camila”, escribe Hardman, uno de los periodistas más serios y con mayor acceso a la familia real británica. “Su mayor fortaleza, sin embargo, no reside tanto en lo que puede animar al rey a hacer o a disfrutar. Es el simple hecho de que se trata de un personaje intrínsecamente alegre, que levanta el ánimo de todos los que la rodean. Y mucho más importante, que levanta el ánimo del rey”, afirma el autor.

En los últimos días, los periodistas que siguen al monarca a diario le han visto ejercitar con vigor maniobras de rehabilitación a un muñeco, durante una visita al Real Colegio de Enfermeras; mezclar y servir un cóctel Dry Martini junto al actor italo-estadounidense Stanley Tucci; o tocar con humor y habilidad una famosa nana con la ayuda de una zanahoria tallada en forma de flauta, en una ceremonia en el castillo de Windsor con la London Vegetable Orchestra.

Amante, esposa, princesa, reina

Carlos y Camila se conocieron en 1970 durante una competición de polo en Windsor Great Park. Tuvieron que pasar casi 30 años, dos matrimonios, una relación furtiva y centenares de páginas escandalosas en los tabloides británicos antes de que expusieran pública y oficialmente su voluntad de seguir juntos. En julio de 1997, el entonces heredero al trono organizó una fiesta en su residencia campestre de Highgrove para celebrar el 50º cumpleaños de ella. Era toda una declaración de intenciones, realizada un año después de que finalizara el proceso de divorcio de Diana Spencer, Lady Di. La reina Isabel II no acudió a la fiesta. No está nada claro que su hijo se lo pidiera, a pesar de lo que insinúe la popular serie televisiva The Crown (Netflix). El príncipe de Gales era muy consciente de que llevaría tiempo que su madre aceptase los hechos, por muy consumados que fueran.

Un año después, la trágica muerte en un accidente automovilístico de Lady Di congeló un proceso de rehabilitación y volvió a colocar a Camila Parker Bowles en la diana de la ira popular. Sería en 2005, finalmente, cuando la pareja decidió contraer matrimonio y dejar atrás años de artificiosa clandestinidad. Fue una ceremonia civil en Windsor, seguida de un servicio religioso en la capilla de San Jorge, en las inmediaciones del castillo. Fiel a su papel de Gobernadora Suprema y Defensora de la Fe de la Iglesia anglicana de Inglaterra, Isabel II no asistió al primer evento. Sí lo hizo al segundo.

Cada vez estaba más clara la cercanía de la difunta monarca con una nueva nuera que compartía con ella, mucho más que Diana Spencer, una visión del mundo tradicional y muy pegada a la tierra. Camila nunca usó, después del matrimonio, el título de princesa de Gales, que en puridad ya era suyo. Pero uno de los últimos deseos de Isabel II, que expresó en 2022 durante la celebración de su Jubileo de Platino, fue que, cuando su hijo accediera al trono, su esposa fuera tratada como reina consorte.

La reina Camila ocupó un amplio espacio de representación pública durante los primeros meses del tratamiento de cáncer de Carlos III. Redobló su presencia en eventos y compromisos oficiales, a la vez que impulsaba sus propias organizaciones de ayuda a las mujeres maltratadas o de promoción de la lectura infantil.

El monarca británico se refiere siempre a Camila como “mi querida esposa” (my darling wife) y siempre se expresa en plural, ya sea para transmitir apoyo a una causa o para expresar agradecimiento. Ella le llama the boss (el jefe) en el entorno íntimo, cuenta Hardman. La gran victoria de la reina consorte ha sido la de proporcionar a Carlos III la calma y el bienestar suficientes para afrontar su reinado, dure lo que dure. El rey filósofo, que despistaba a menudo a los británicos con su introspección intelectual, ha logrado transmitir, a fuerza de humor y sonrisas, una imagen distinta y más cercana de sí mismo.

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Brand deberá comparecer ante un tribunal londinense el próximo 2 de mayo, después de que la fiscalía británica haya dado permiso a la Policía Metropolitana (New Scotland Yard) para proceder con la imputación. El actor está acusado de cinco delitos: violación, asalto indecente, violación oral y dos mas de agresión sexual.

En 1999, según el relato de la acusación, Brand presuntamente violó a una mujer en la zona de Bournemouth, en el sur de Inglaterra, y en 2001 agredió sexualmente a otra en el distrito de Westminster en Londres.

Además, se le acusa de violar oralmente y agredir sexualmente a una mujer en 2004 también en Westminster y, en esa misma área, agredir sexualmente a otra entre 2004 y 2005.La Policía comenzó la investigación en septiembre de 2023, tras recibir varias denuncias a raíz de las revelaciones difundidas en el programa Dispatches de Channel 4 y el periódico The Sunday Times.

El detective superintendente Andy Furphy ha señalado este viernes, al comunicar la imputación, que la investigación “sigue abierta” y que las denunciantes “continúan recibiendo apoyo de agentes especializados”.

Furphy ha pedido ayuda a las personas que dispongan de más información relativa al caso, que ha generado un gran impacto en el Reino Unido por la influencia que llegó a tener Brand cuando estaba en la cima de su éxito en este país.

El presentador, que tuvo programas de radio en la BBC, ha sostenido siempre que todas sus relaciones sexuales fueron “absolutamente consentidas” y su respuesta tras salir a la luz las acusaciones fue criticar la “corrupción mediática y la censura”.

En los últimos años, Brand se ha convertido en un prominente defensor de teorías extravagantes al respecto de asuntos como los atentados del 11-S de 2001 o la pandemia del coronavirus. Alabado, aplaudido y defendido por muchos, desde el progresismo británico, como un iconoclasta provocador contra los poderosos, hoy Brand es visto como un personaje capaz de creerse historias como la de que Bill Gates maniobra en secreto con otros multimillonarios para controlar el mundo, la Organización Mundial de la Salud aspiraba a convertir a los humanos en “siervos” con sus sistemas de control de la pandemia, y que los alienígenas son dioses que llevan años comunicándose con los humanos.

Su libro de memorias My Booky Wook: A Memoir of Sex, Drugs and Stand-Up (Mi Libro-librito: Unas Memorias sobre Sexo, Drogas y Monólogos de Humor), publicado en 2008, se convirtió en un éxito de ventas en el Reino Unido. Brand, que presume de haber tenido relaciones sexuales con más de mil mujeres, se ha alejado profesionalmente de los medios de comunicación tradicionales para establecer su propia marca con un canal de YouTube en el que cuenta con casi siete millones de seguidores. El tabloide Daily Mirror calcula en 18,5 millones de euros la fortuna personal del autor. Rabiosamente anticapitalista en el pasado, el actor posee hoy una mansión de siete habitaciones de estilo gótico victoriano en el condado inglés de de Oxfordshire, donde vive con su mujer, la autora e ilustradora Laura Brand y los dos hijos de ambos.

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El primer ministro ha expresado este viernes, a través de uno de sus portavoces, su intención de abrir a lo largo del fin de semana un diálogo con otros líderes internacionales “respecto al paisaje económico global” que abre la ofensiva de Trump. Downing Street aboga por mantener la cabeza fría, atemperar cualquier respuesta a Washington y perseguir una negociación.

¿Un bonus del Brexit o un dividendo del Brexit, como lo han bautizado algunos euroescépticos conservadores y los medios británicos? “Un 10% de aranceles es una mala noticia, pero mejor que el 20% impuesto a los miembros de la Unión Europea”, se ha apresurado a proclamar el político populista Nigel Farage, uno de los principales impulsores del divorcio del club comunitario.

Es indiscutible que el hecho mismo de estar fuera de la UE ha evitado al Reino Unido un arancel del 20% que todos los socios van a sufrir de modo homogéneo, al margen de sus respectivas balanzas comerciales con Washington.

Pero no parece ser esa la razón última para la rebaja obtenida por Londres. Ni tampoco la “relación especial” que Starmer ha pretendido cultivar con Trump en los últimos meses, por más que desde su Gobierno se sugiera discretamente que la cordialidad entre ambos líderes haya podido ayudar a que el castigo haya sido más suave.

Lo cierto es que el Gobierno de Trump se ha limitado a aplicar al Reino Unido la misma regla que al resto de países, derivada de la balanza que tiene con cada uno de ellos. Londres, al contrario que la UE en su conjunto, tiene un déficit comercial respecto a Washington. Compra más de lo que vende. Por eso recibe el arancel mínimo del 10% que la Casa Blanca ha querido imponer a todas sus importaciones.

Y Estados Unidos posee además una considerable porción de la economía británica, con lo que su decisión de ser más suave con la isla tiene mucho más que ver con la estrategia de no infligirse daño propio que con un trato especial a un aliado. Dos millones de británicos trabajan para compañías estadounidenses que en 2020 (el último año en que se registró el dato), reingresaron en impuestos al tesoro norteamericano unos 700.000 millones de dólares ((cerca de 637.000 millones de euros).

“Nadie gana en una guerra comercial. No está en nuestro interés nacional. Y disfrutamos de una relación comercial justa y equilibrada con Estados Unidos. Vamos a continuar negociando con ellos un acuerdo de prosperidad económica que fortalezca aún más esa relación. Lucharemos por el mejor acuerdo posible para el Reino Unido”, prometía Starmer, a primera hora de este jueves, a un grupo de empresarios británicos. Los había convocado en Downing Street para expresarles —a ellos, y al resto de ciudadanos— su primera reacción ante los nuevos aranceles anunciados por Trump el miércoles.

El primer ministro regresó de Washington, después de su visita oficial de finales de febrero, con un optimismo que algunos de sus críticos consideraron excesivo. Había obtenido de Trump la promesa de un acuerdo comercial entre ambos países, un premio que persiguieron inútilmente todos los impulsores del Brexit como el ex primer ministro, Boris Johnson, que soñaban con que el mercado estadounidense compensara el perjuicio económico que había supuesto el abandono de la UE.

Desde ese viaje a la capital estadounidense, los negociadores de ambos gobiernos trabajan en un pacto del que se conocen pocos detalles, más allá del deseo del Gobierno de Starmer de construir una alianza tecnológica, sobre todo en los avances en Inteligencia Artificial, con la primera potencia del mundo.

Con la esperanza de ese tratado comercial, el primer ministro ha intentado mantener la cabeza fría y no especular sobre posibles respuestas recíprocas a las amenazas de nuevos aranceles que proclamaba Trump.

Hasta que, este miércoles, el Gobierno británico ha comenzado a entender que no iba a salir indemne de un terremoto geopolítico que acabaría afectando a todos los países. La principal exportación del Reino Unido a Estados Unidos la componen los automóviles, para los que la Administración estadounidense ha impuesto una subida generalizada del 25%. Igual sucede con el 25% impuesto al acero. Después de la UE, Estados Unidos es el principal destino del acero británico.

Una respuesta templada

En política, si se quiere anular un asunto, se crea una comisión. Si se quiere retrasar, se abre un periodo de consultas. El Gobierno de Starmer sabe que tiene que preparar una posible respuesta a los aranceles de Trump, como preparan la UE, China o Canadá. Pero todavía tiene sus esperanzas puestas en una negociación bilateral con Washington que evite el castigo comercial.

El ministro británico de Comercio y Empresas, Jonathan Reynolds, confirmaba este jueves en la Cámara de los Comunes la estrategia para ganar tiempo: “Hemos lanzado hoy una petición [a las empresas] para que nos informen de las implicaciones que podría tener para ellas una acción de respuesta”, explicaba. “Escucharemos las opiniones durante cuatro semanas, hasta mayo de 2025, sobre la lista de productos que podrían ser incluidos en una respuesta arancelaria británica”, añadía.

La guerra comercial lanzada por Trump se produce apenas una semana después de que el Gobierno de Starmer anunciara nuevos recortes en el gasto social para equilibrar sus cuentas. Si no se frena el impacto de los nuevos aranceles, ha calculado ya el Instituto Nacional de Estudios Económicos y Sociales, la economía británica podría ver reducido en un 1% su crecimiento y poner a Downing Street entre la espada y la pared, cuando apenas lleva un año al mando del país el Partido Laborista.

Irlanda e Irlanda del Norte

La isla de Irlanda contempla con una preocupación agravada la guerra comercial desatada por Trump. Si la república, miembro de la UE, teme que la tensión arancelaria provoque la huida de las grandes tecnológicas estadounidenses, que llevan más de dos décadas como motor económico del país, en Irlanda del Norte cunde el temor entre las empresas, que de nuevo se van a encontrar en tierra de nadie.

La posible respuesta de la UE a Estados Unidos, en forma de aranceles, será probablemente de un grado superior a la que pudiera decidir el Reino Unido. La víctima de esta nueva divergencia, como lo viene siendo desde que el Brexit es una realidad, será el territorio británico norirlandés.

Desde la firma del Protocolo de Irlanda —que intentó adaptar este territorio a la nueva realidad fuera de la UE—, y del Acuerdo Marco de Windsor (que corrigió los problemas derivados del protocolo), el territorio norirlandés se considera parte del mercado interior de la Unión Europea. Debería imponer a los productos estadounidenses los mismos aranceles que el resto de países comunitarios. “Si el Reino Unido decide no aplicar reciprocidad, o no lo hace en la misma medida que la UE, nos situará en clara desventaja”, ha advertido Stephen Kelly, director de la organización de fabricantes norirlandeses Manufacturing NI. “Las empresas de Belfast [Irlanda del Norte] que compran productos estadounidenses pagarán más que las de Bolton [Inglaterra]”, ha señalado.

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Desde este mes, la tasa municipal (council tax), que cubre desde la recogida de basuras al mantenimiento de calles, va a aumentar un promedio anual de 130 euros en cada hogar; una cantidad similar (132 euros) subirán las facturas de electricidad y gas; el recibo del agua puede suponer hasta 12 euros mensuales más para cada casa; los impuestos de circulación para vehículos de gasolina y diésel aumentarán también (apenas 6 euros más al año), pero lo más doloroso será que los propietarios de automóviles eléctricos comenzarán a pagar este gravamen.

Incluso la licencia televisiva, el pago único que todos los británicos abonan anualmente para poder ver la BBC y otros canales, pasará de 202 euros a casi 209.

“No puedo negarlo: está claro. Las facturas que la gente va a comenzar a recibir están subiendo, y eso supone mucha presión”, ha admitido este martes el primer ministro, Keir Starmer. “Pero por eso resulta tan importante la subida del salario mínimo que ponemos hoy en marcha, que va a suponer un incremento anual de 1.400 libras [unos 1.670 euros] para millones de trabajadores”, recordaba Starmer.

Junto a esa subida, abril pondrá en marcha también un aumento de las cotizaciones a la seguridad social que pagan los empresarios, que ha puesto en pie de guerra a la patronal británica y ha llevado a muchos analistas y compañías a anticipar una congelación en las contrataciones y hasta nuevos despidos.

Los aranceles de Trump y el coste de la guerra

Starmer ha anunciado recientemente su propósito de aumentar el gasto en Defensa del 2,3% al 2,5% del PIB para abril de 2027. En dos años. Y, junto a ese compromiso, la ministra de Economía, Rachel Reeves, acaba de decidir un endurecimiento de los requisitos para reclamar ayudas por baja laboral, así como una congelación de las subvenciones existentes. La voluntad de la ministra de mantener a toda costa la ortodoxia fiscal y el rigor presupuestario puede transmitir un mensaje de confianza a los mercados, pero ha irritado a muchos diputados laboristas y a organizaciones de asistencia social que anticipan que cientos de miles de ciudadanos pueden cruzar el umbral de la pobreza con las nuevas medidas.

“Este hombre no es serio”, ha escrito la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, en la red social X. “Las facturas de los hogares van a subir unas 1.000 libras [1.200 euros] a partir de hoy. Su ‘impuesto al trabajo’ supondrá otras 3.500 libras [4.183 euros] a cada familia al final de este periodo legislativo. Dice ahora que está subiendo el salario, pero los sueldos no los paga él. Los pagan los empresarios, que están siendo golpeados”.

El principal partido de la oposición se aferra al deterioro de la economía británica para intentar levantar cabeza. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, el organismo independiente que supervisa las cuentas públicas, ha reducido del 2% al 1% su perspectiva de crecimiento del Reino Unido para 2025. La inflación, en el 2,8%, es todavía muy superior al 2,3% de la zona euro, y el incremento del coste de la vida amenaza con dispararla aún más y frenar así toda expectativa de un recorte de los tipos de interés y, por tanto, de las hipotecas.

Incluso la esperanza de Starmer de haber seducido al presidente estadounidense, Donald Trump, para salvar al Reino Unido de la guerra comercial desatada por Washington se ha diluido. El Gobierno laborista admite ahora que también sufrirá la avalancha de aranceles anunciada por el líder republicano. “Puede que no sea posible para ningún país del mundo quedar exento de todos estos anuncios iniciales [de nuevos aranceles], ha admitido este martes el ministro británico de Comercio, Jonathan Reynolds.

Starmer regresó a Londres, después de su visita a Washington a finales de febrero, con la vaga promesa por parte de Trump de un acuerdo comercial entre ambos países, el premio que los euroescépticos conservadores que impulsaron el Brexit habían perseguido sin éxito. Con ese señuelo a la vista, el primer ministro británico se había resistido hasta ahora a sugerir ni siquiera algún tipo de reciprocidad frente a la ofensiva arancelaria del estadounidense, como sí habían anunciado Canadá o la UE, por ejemplo.

Abril, “el mes más cruel”, como lo llamó T. S. Eliot en su poema La Tierra Baldía, se ha convertido para Starmer en la señal definitiva de urgencia para intentar enderezar la situación política y recuperar la confianza del electorado.

“La seguridad [económica] resultó útil para el Partido Laborista durante las pasadas elecciones porque muchos ciudadanos se sentían inseguros bajo los gobiernos conservadores. En parte por las políticas económicas de Liz Truss, pero sobre todo por un sentimiento generalizado de declive en la calidad de los servicios públicos”, ha advertido Sam Freedman, del centro de análisis Institute for Government, en el semanario Prospect. “Si no cambia su política fiscal y su restricción autoimpuesta sobre una posible subida de impuestos, los laboristas pueden encontrarse en una situación similar dentro de cuatro años”, avisa.

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“La exigencia inicial de Just Stop Oil de que se frenaran los nuevos yacimientos de gas y petróleo es hoy política gubernamental, con lo que nuestra campaña de resistencia civil se ha convertido en una de las más exitosas de la historia reciente”, asegura la organización en el comunicado que anuncia el fin de su estrategia. “Hemos logrado que nunca salgan a la superficie cerca de 4.400 millones de barriles, mientras que los tribunales han declarado ilegales las nuevas licencias de prospección”, añaden.

Pero el supuesto éxito reivindicado no está nada claro, y los sentimientos provocados en la ciudadanía con las acciones de boicot han resultado contradictorios, en algún caso, y contraproducentes en otro. De todas las acciones de protesta llevadas a cabo por los activistas, los actos de vandalismo contra obras de arte son, junto a la interrupción del tráfico, las que más rechazo provocan entre la gente. Según una encuesta de YouGov realizada a finales del año pasado, un 89% de consultados consideraba inaceptable (un 79%, “completamente inaceptable”) la idea de arrojar sopa de lata contra una pintura. Sin embargo, la mayoría de la opinión pública no comparte la respuesta penal de algunos Gobiernos, que ha supuesto un incremento desmesurado de las penas de prisión contra los activistas.

Los girasoles de Van Gogh

En octubre de 2022, Phoebe Plummer y Anna Holland, ambas de 22 años, lanzaron el contenido de una lata de sopa de tomate contra Los Girasoles de Van Gogh de la National Gallery de Londres (hay 11 óleos del pintor holandés por todo el mundo con su famoso motivo). A continuación, pegaron sus manos a la pared del museo. Apenas dos años después, un juez ordenó el ingreso en prisión de las dos mujeres, después del fallo condenatorio de un jurado. “Estáis convencidas de vuestras creencias, os otorgan el derecho a cometer actos delictivos cuando os apetezca y no es así”, les dijo el magistrado Christopher Hehir a las dos activistas en el momento en que les comunicaba la sentencia.

Ese mismo juez había condenado anteriormente a cinco años de prisión a Roger Hallam, uno de los fundadores de Just Stop Oil y de otra organización contra el cambio climático, Extinction Rebellion. Junto a Hallam acabaron en la cárcel otros cuatro activistas. Su boicot de la carretera de circunvalación de Londres, la M25, en noviembre de 2022, provocó 50.000 horas de retraso que afectaron a más de 700.000 vehículos.

“Muchos políticos relevantes y algunos medios de comunicación han agitado a la opinión pública para poder justificar penas más duras contra los activistas. Pero en nuestros estudios hemos descubierto que la mayoría de los ciudadanos no considera necesarias las condenas a prisión. Quizá porque entienden que la desobediencia civil juega un papel importante en las democracias liberales”, asegura Oscar Berglund, profesor de Política Social e Internacional de la Universidad de Bristol, que ha publicado un estudio continuado sobre la percepción pública del activismo medioambiental.

“Aquí terminan las sopas contra los cuadros de Van Gogh, los sacos de harina contra Stonehenge [el monumento megalítico, todo un símbolo en Inglaterra, fue rociado con polvo anaranjado en junio pasado] o la interrupción del tráfico con marchas lentas. Pero no han terminado ni los juicios, ni las pulseras electrónicas, ni la vigilancia [de los activistas], ni las multas, medidas cautelares o años de prisión”, denuncia Just Stop Oil en su comunicado.

Desde 2019, más de 7.000 activistas han sido arrestados únicamente en el Reino Unido, según datos de la organización Global Witness. La inmensa mayoría de ellos pertenecían a Extinction Rebellion o a Just Stop Oil, los dos grupos que han adquirido mayor protagonismo en los últimos años por sus acciones de denuncia del cambio climático.

Dos leyes aprobadas por gobiernos conservadores, que el nuevo Ejecutivo laborista no ha hecho nada por cambiar, la Ley de Orden Público de 2023 y la de Tribunales y Condenas de 2022, ampliaron de manera notable los poderes de la policía para hacer frente al desafío de los nuevos activistas. Por ejemplo, la práctica consistente en atarse con cadenas y candados a un espacio público para dificultar el desalojo y poner fin a la actividad de boicot, pasó a castigarse con penas de 12 meses de prisión, como alternativa a un posible multa.

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Lammy ha realizado a EL PAÍS declaraciones exclusivas, en las horas previas a su participación en un encuentro que persigue, desde la formación del grupo, una respuesta europea al desafío global que supone la Rusia de Vladímir Putin. Pero el canciller británico, al igual que su jefe, el primer ministro Keir Starmer, se cuida muy mucho de sacar de la ecuación a Estados Unidos. Londres no quiere ni oír hablar de un continente que se desentienda de Washington a la hora de buscar una solución para Ucrania. “Necesitamos incrementar la presión sobre los rusos, y eso es lo mismo que pretende Estados Unidos. Creo que Europa no había estado en mucho tiempo tan fuerte y unida, y ahora es el momento de reforzar la cooperación con nuestros socios para garantizar nuestra seguridad en los próximos años”, asegura.

Antes incluso de que el Partido Laborista se hiciera con el Gobierno del Reino Unido, Lammy expuso públicamente su intención de desarrollar lo que definió como un “progresismo realista”: la idea de que siempre es necesario responder al mundo tal y como es, y no como uno desearía que fuese. El entonces futuro ministro británico de Exteriores dejó claro que el primer paso para recuperar unas relaciones con la UE que el Brexit había deteriorado notablemente debía dirigirse a la búsqueda de una seguridad y defensa colectiva en Europa. La urgencia de Ucrania, y el modo en que la llegada de Trump dislocó el orden internacional de las últimas seis décadas, acrecentaba esa necesidad. Hoy Londres y Bruselas vuelven a hablar el mismo idioma.

“La seguridad de Europa es indivisible. El Reino Unido ya no es miembro de la UE, pero cuando se trata de preservar la seguridad de nuestro continente, Europa no se puede permitir ser menos que la suma de sus partes”, defiende Lammy. “Por eso trabajamos con nuestros socios europeos y con la OTAN para explorar todas las oportunidades de reforzar la coordinación entre nuestras capacidades militares, incluido el impulso de una mayor inversión del sector privado en defensa. Estamos listos para negociar un acuerdo de colaboración en seguridad y defensa con la UE”, anuncia el ministro británico.

Gibraltar y la base militar británica

El Gobierno laborista ha heredado un problema aún por resolver entre Londres, Madrid y Bruselas. Desde que el Brexit entró en vigor, en la medianoche del 31 de enero de 2020, se mantiene una situación de provisionalidad respecto al estatus de Gibraltar en la nueva era. Duras negociaciones en torno al aeropuerto, el control fronterizo o el paso de mercancías han retrasado un acuerdo definitivo. Y el nuevo escenario geopolítico, que resalta el valor estratégico del Peñón, ha añadido complejidad a las conversaciones. “Todas las partes coinciden en la importancia de concluir un acuerdo entre la UE y el Reino Unido. Celebro los avances realizados. Son negociaciones complejas, que llevan tiempo, pero estamos comprometidos a llegar cuanto antes a ese acuerdo”, explica Lammy. “Pero ya he dejado claro que solo firmaremos aquello que proteja la soberanía de Gibraltar y la autonomía de la base militar que tiene allí el Reino Unido. Y cualquier acuerdo deberá tener el respaldo pleno del Gobierno gibraltareño”, señala.

La defensa de Gaza

De todos los delicados equilibrios que Lammy ha tenido que mantener en su posición al frente de la política exterior del Reino Unido, ninguno ha sido más complejo que la respuesta del Gobierno británico a la ofensiva del ejército israelí sobre Gaza. El propio Starmer defendió con incomodidad el anuncio de su ministro de un embargo de armas a Israel. Y un portavoz de Downing Street llegó a corregir sus palabras en el Parlamento, cuando acusó al Gobierno de Benjamín Netanyahu de incumplir la legalidad internacional con su bloqueo a la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.

“Yo no creo que Occidente se haya olvidado de Gaza. El Reino Unido, de modo muy estrecho con sus socios europeos, ha enviado el claro mensaje de que se opone a la reanudación de las hostilidades por parte de Israel. Queremos la recuperación urgente del alto el fuego. A nadie beneficia un mayor derramamiento de sangre. En los próximos días vamos a redoblar nuestros esfuerzos para restaurar ese alto el fuego, poner fin a la espiral de violencia y establecer una ruta creíble que conduzca hacia la solución de dos Estados [Israel y Palestina ]”, anuncia Lammy.

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“La verdad es que, cuando me lo dijeron, creí que era una coña del grupo. No me lo esperaba en absoluto. Te puedes imaginar la alegría que fue, porque la nominación en sí misma ya es un premio. Los premios Olivier tienen aquí una importancia enorme”, cuenta el actor a EL PAÍS horas antes de la función, en una de las butacas que rodean el escenario circular del Soho Place, el primer teatro que se ha abierto en medio siglo en el West End londinense. Una construcción moderna y funcional, pero que transmite la misma calidez y veneración a la escena que los británicos sienten desde hace siglos.

Una mesa redonda en el centro alberga los debates de las distintas conferencias sobre el cambio climático impulsadas por la ONU, que tuvieron en el Protocolo de Kioto un parteaguas histórico: allí comenzó un compromiso firme y efectivo de muchos gobiernos —con altibajos posteriores— en el combate contra el cambio climático. El público asiste alrededor, como delegados u observadores inmersos en el drama, que uno de los protagonistas define, “no como una negociación, sino como un combate a puñetazos”.

Bosch ha dominado siempre como segunda lengua el francés. Cuando la Royal Shakespeare Company le propuso hacer una prueba para interpretar el papel de Estrada, en inglés y con diálogos y líneas complejas, el desafío estaba plagado de dudas. “Cuando lo leí, pensé que era algo muy difícil de hacer, porque contiene muchos datos, muchos nombres. Es una función muy complicada. Pero los directores y los autores tienen mucho talento. Han hecho un thriller político con mucho humor, con mucho movimiento. La gente se siente muy involucrada, y se lo pasa muy bien. Entra a fondo en la historia y se emociona”, cuenta.

Kyoto ha sido escrita por dos de los autores más requeridos hoy en la producción británica: Joe Murphy y Joe Robertson, que se sumergieron a fondo en la historia de la conferencia de 1997 y sus prolegómenos, para acabar escribiendo un thriller político que ayuda a explicar el mundo actual: un Estados Unidos acorralado por la realidad climática; una China que comenzaba a ser consciente de su propio poder; y unas naciones hartas de ser consideradas terceros actores ante un desafío en el que se jugaban su supervivencia.

—¿Tenía conciencia de lo que supone la amenaza del cambio climático?

—“Nada. Cero. Ahora estoy mucho más concienciado. He tenido la suerte de poder hablar con el verdadero héroe de Kioto, con Raúl Estrada-Oyuela. De hecho, mantenemos una amistad a distancia. He conversado mucho con él, y me he informado también por mi cuenta”, admite Bosch, que no disimula su admiración por el personaje que ha encarnado brillantemente sobre las tablas. “Raúl es un tipo con una fuerza espectacular. Con mucho tesón. Es una persona muy íntegra, que se sacrificó en parte por el bien común. ‘La satisfacción del deber bien hecho’, dice él”, cuenta.

Es imposible no reconocer a Bosch. Forma parte del imaginario de toda una generación, porque ha trabajado constantemente durante décadas en películas, serias televisivas y obras de teatro de éxito. Médico de Familia, Amar es Para Siempre, Los Lobos de Washington, Luces de Bohemia, El Método Grönholm… Su versatilidad y profesionalidad han hecho que siempre se cuente con él como un valor seguro.

Pero lo de Kyoto es diferente. La obra, dirigida por dos leyendas como Justin Martin y Stephen Daldry, tiene el sello de la Royal Shakespeare Company. Debutó en Strattford-upon-Avon (la villa donde nació el bardo inglés), ha arrasado en Londres y planea dar el salto a Nueva York. Entre catorce actores de una fuerza arrolladora, la crítica se ha enamorado de la personalidad en escena desplegada por Bosch, uno de los personajes que más complicidad y empatía despierta entre el público que acude al teatro seis días a la semana, desde hace siete meses.

“Es la primera función que hago en inglés. Y tuve que enfocarlo al principio de otro modo. Cuando el director, Stephen Daldry, me decía que lo estaba haciendo muy bien, yo le respondía que mi única preocupación era pronunciar correctamente las consonantes al final de cada palabra para que se me entendiera sin problema. Mi trabajo era ese, tenía algo de supervivencia. Ahora he comenzado a disfrutar un poquito. Me he olvidado de eso, para empezar a centrarme en otros aspectos de la interpretación”, explica Bosch, que tiene una manera humilde de contar cómo lleva flotando en una nube desde que fue nominado.

Se refiere con cariño a los mensajes que le llegan de sus compatriotas, que han recibido la noticia de su nominación “como si fuera a jugar la Champions o la final de Wimbledon. ‘Tráetelo’, me reclaman”, cuenta entre risas.

Lo que le produce cierta envidia, sin embargo, es el peso de una industria como la del mundo teatral británico, capaz de producir 250 nuevas obras en un solo año. La afición del público en el Reino Unido sostiene los proyectos más complejos y ambiciosos. Bosch entendió desde el primer minuto que tenía que ajustarse a un ritmo de trabajo y a un nivel de exigencia casi prusianos, que lograron extraer de él una interpretación antológica.

“Hay una cosa muy bonita que sucede en el teatro, y es cuando notas la energía del público. Y cuando tú puedes dirigir esa energía, sientes que se forma algo muy mágico, una unión con el espectador. Un viaje compartido. En esta obra pasa en ciertas ocasiones, acabas siendo un canal que conecta al personaje, a Raúl, con el público”, describe el actor.

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Horas antes —a última hora del jueves—, el equipo de comunicación de Palacio había hecho saltar todas las alarmas de las redacciones al comunicar que Carlos III había sido hospitalizado brevemente ese mismo día, para someterse a observación, después de sufrir efectos adversos derivados del tratamiento contra el cáncer al que sigue sometido.

“Durante una sesión programada de su tratamiento médico esta mañana [por este jueves], el rey ha experimentado efectos secundarios temporales que han requerido un breve periodo de observación en el hospital. La agenda de su majestad de esta tarde ha sido pospuesta”, informó el palacio de Buckingham. Poco después, el equipo de comunicación señaló que la visita del rey a Birmingham, prevista para este viernes, quedaba también cancelada.

El monarca ingresó en la London Clinic, donde en enero del año pasado fue intervenido por una próstata agrandada; en principio se preveía un diagnóstico benigno. Un mes más tarde, los médicos de ese mismo centro señalaron que habían detectado “un tipo de cáncer” (nunca especificado), y Carlos III comenzó a someterse a quimioterapia.

El palacio de Buckingham quiso facilitar en todo momento información sobre la situación del rey, pero sin aportar datos concretos sobre el tratamiento que había recibido ni sobre los efectos adversos precisos que habría sufrido.

Carlos III tenía previsto durante la tarde de jueves recibir credenciales de tres embajadores, pero este acto protocolario fue cancelado. De momento, Buckingham no ha considerado necesario que se cancelen otras citas del monarca, incluido el viaje que tiene previsto realizar a Italia dentro de 10 días, aunque siempre a expensas de la evolución que presente en las próximas fechas.

La reina Camila no acudió a visitarlo al centro médico, porque el tratamiento fue rápido y también tenía una agenda prevista. Se encontraba en Wembley, participando en el 70º aniversario de la cadena de televisión ITV.

Carlos III fue diagnosticado de cáncer en febrero de 2024. El tumor fue descubierto durante el tratamiento de su hipertrofia de próstata. El diagnóstico inicial fue una sorpresa, ya que fue conocido cuando apenas llevaba 18 meses de reinado. Conocido por ser un adicto al trabajo, que a menudo desempeñaba sus funciones hasta tarde en sus documentos oficiales, Camila y otros familiares señalaron que necesitaba que lo animaran a bajar el ritmo. Una fuente real afirmó entonces que el equipo médico del rey participó activamente en las conversaciones sobre su agenda, señalando que las reacciones al tratamiento podrían ser impredecibles.

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“Durante una sesión programada de su tratamiento médico esta mañana [por este jueves], el rey ha experimentado efectos secundarios temporales que han requerido un breve periodo de observación en el hospital. La agenda de su majestad de esta tarde ha sido pospuesta”, ha informado el palacio de Buckingham.

El palacio de Buckingham ha facilitado información sobre la situación del Rey, pero sin aportar datos concretos sobre el tratamiento que ha recibido y los efectos adversos, sino únicamente en aras de la transparencia.

Carlos III tenía previsto durante la tarde de este jueves recibir credenciales de tres embajadores, pero este acto protocolario ha sido cancelado. De momento, Buckingham no ha considerado necesario que se cancelaran otras citas del monarca, incluido el viaje que tiene previsto realizar a Italia dentro de 10 días, aunque siempre a expensas de la evolución que presente en las próximas fechas.

La reina Camila no ha ido a visitarlo al centro médico, porque el tratamiento fue rápido y también tenía una agenda prevista. Se encontraba en Wembley, participando en el 70º aniversario de la cadena de televisión ITV.

El rey, que espera poder reprogramar los compromisos en su momento, se disculpó ante quienes habían participado en su organización, según las mismas fuentes.

Carlos III fue diagnosticado de cáncer en febrero de 2024. El tumor fue descubierto durante el tratamiento de su hipertrofia de próstata. El diagnóstico inicial fue una sorpresa, ya que fue conocido cuando apenas llevaba 18 meses de reinado. Conocido por ser un adicto al trabajo, que a menudo desempeñaba sus funciones hasta tarde en sus documentos oficiales, Camila y otros familiares señalaron que necesitaba que lo animaran a bajar el ritmo. Una fuente real afirmó entonces que el equipo médico del rey participó activamente en las conversaciones sobre su agenda, señalando que las reacciones al tratamiento podrían ser impredecibles.

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“Nuestra misión es asegurar el futuro del Reino Unido en un mundo que está cambiando ante nuestros ojos. La tarea de un Gobierno responsable no se reduce a ser mero espectador de ese cambio”, ha dicho Reeves. Defendía así sus decisiones frente a una bancada laborista inquieta ante la sombra de lo que muchos anticipan como una nueva era de austeridad.

La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria ha reducido drásticamente su previsión de crecimiento del PIB británico, del 2% al 1%, y ha señalado un supuesto desfase de casi 6.000 millones de euros en las cuentas que ha presentado la ministra.

El Gobierno de Starmer ya provocó las iras de muchos empresarios y las críticas de no pocos economistas el pasado octubre, cuando en su primer presupuesto anunció una subida de impuestos de cerca de 48.000 millones de euros. La mayoría de esa presión recayó sobre las empresas, al aumentar las cotizaciones sociales de los empleadores. El resultado fue un enfriamiento de la economía y de las contrataciones laborales.

Ucrania y el rigor fiscal

Como le ocurrió en su día al conservador Boris Johnson, Starmer ha encontrado en su firme apoyo a Ucrania, y en su afán por hacerse con el liderazgo militar europeo, una vía para resucitar una popularidad política en horas bajas. Pero ese ímpetu viene con precio añadido. La promesa del primer ministro británico de acelerar el gasto en defensa ha tenido que compensarse con recortes en áreas muy queridas por la izquierda, como la ayuda internacional a la cooperación y el desarrollo, que se verá reducida del 0,5% al 0,3% del PIB. Cuando Johnson tomó en su día una decisión parecida, el Partido Laborista, entonces en la oposición, puso el grito en el cielo.

Al ardor guerrero de Starmer se suman el celo y la ortodoxia fiscal de su ministra de Economía, que se aferra a su doble promesa de financiar el gasto corriente únicamente con los ingresos de los impuestos y de reducir el porcentaje de la deuda respecto al PIB al finalizar sus cinco años de mandato. El cambio en el entorno geopolítico ha añadido presión a este compromiso.

“Este Gobierno fue elegido para cambiar nuestro país. Para proporcionar seguridad a la clase trabajadora. Y para poner en marcha una década de renovación nacional. Esta tarea comenzó en julio, y estoy orgullosa de lo que hemos hecho en nueve meses”, ha defendido Reeves en la Cámara de los Comunes. Son pocos, sin embargo, los que ven avance alguno.

El Gobierno se ha comprometido a impulsar reformas como la inversión en infraestructuras; la construcción de nueva vivienda social; la renovación de carreteras y ferrocarriles; la liberación de los mercados y reducción de la regularización, y el impulso a la industria de la inteligencia artificial. Pero junto a estas promesas (ambiciosas, pero poco concretas aún) de reformas económicas, lo único concreto hasta la fecha ha sido una subida de impuestos a las empresas y el anuncio de recortes en el estado de bienestar.

Se añade a todo esto una economía que se mantiene lánguida, una inflación superior a la deseada y unos tipos de interés aún elevados en comparación con los de la UE.

Estado del bienestar menguado

Todas esas condiciones imprevistas han acabado prácticamente con las reservas de casi 12.000 millones de euros que Reeves aparcó en el presupuesto de octubre, y han llevado al Gobierno laborista a imponer nuevos recortes.

Con el argumento de que es necesario incentivar la vuelta al mercado laboral de los millones de trabajadores con baja indefinida después de la pandemia, la ministra de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, anunció la semana pasada un endurecimiento de los requisitos para reclamar ayudas, así como la congelación de las subvenciones existentes. Todo ello por un valor de casi 6.000 millones de euros. Se prevé que el Gobierno pase a destinar a estas partidas, que hoy suponen un gasto anual de 77.000 millones de euros, cerca de 120.000 millones en 2029.

Añadido a ese tijeretazo al estado del bienestar, Reeves ha revelado este miércoles un recorte extra de casi 2.000 millones del gasto público, de los cuales casi 600 surgirán de una congelación del llamado Crédito Universal, el pago único mensual que reciben los ciudadanos más vulnerables.

“Estos recortes devastadores e inmorales van a empujar a la pobreza a más gente enferma, y van a empeorar la salud de las personas”, ha denunciado el Consorcio de Beneficiarios por Discapacidad, que agrupa a más de 100 organizaciones humanitarias.

Cientos de personas se manifestaban este miércoles, mientras se celebraba el debate en la Cámara de los Comunes, ante el edificio del Parlamento británico, en contra de los recortes a las ayudas sociales.

El propio Ministerio de Trabajo y Pensiones ha calculado en 3,2 millones las familias que verán mermados sus ingresos para el ejercicio fiscal 2029/30, con un recorte medio anual de cada una de unos 2.000 euros. Sin embargo, con los mismos cálculos, cerca de 3,8 millones de hogares experimentarán una mejora en sus finanzas con nuevas ayudas, según el Gobierno.

Unas 250.000 personas, señalan esas previsiones, entrarán en una situación de pobreza relativa en el plazo de cuatro años.

John McDonnell, portavoz de Economía del Partido Laborista durante los años de liderazgo de Jeremy Corbyn, y hoy uno de los diputados más críticos con el Gobierno de Starmer, ha intentado llamar a la rebelión ante los recortes: “La falta de entendimiento y de empatía en la planificación y desarrollo de las políticas de este Gobierno es estremecedor”, ha escrito McDonnell en el diario The Guardian. “Todavía están a tiempo los ministros de enfrentarse al Tesoro y frenar esos recortes en las ayudas a los enfermos y discapacitados”, exigía el veterano político de izquierdas.

Los equipos de Starmer y de Reeves, sin embargo, se han empleado a fondo para frenar cualquier conato de rebelión, aunque no se descarta que algún diputado acabe presentando su dimisión en señal de protesta.

El Gobierno dispone de una holgada mayoría y de un largo mandato por delante, pero muchos de sus críticos comienzan a exigir resultados cuanto antes, en forma de crecimiento económico y mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Y no tantos tambores de guerra.

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“Hasta hace poco, uno de los grandes éxitos de Tesla era su imagen de innovación, de empujar hacia un mundo más verde y sostenible y con más energías renovables”, señala Lars Hoffmann, que prueba coches cero emisiones en su canal TodosElectricos. “Ahora, Musk se está alejando cada vez más de eso y metiéndose en confrontaciones políticas, con resultados catastróficos para el mercado”, continúa. Por todo ello, hace un mes, Hoffmann vendió sus acciones de la compañía de Musk. El pasado lunes, los títulos de la marca cayeron un 15% y volvieron a niveles previos a la victoria de Trump.

En general, la venta de eléctricos crece en 2025 mientras los Tesla bajan: un 44% en dos meses en España —donde Musk apoyó a Vox—, casi un 50% en Noruega y Dinamarca, y hasta un 80% en Alemania, donde el magnate refrendó al partido neonazi Alternativa para Alemania (AfD). Hoffmann opina: “Está claro que algo de efecto tiene, aunque hay más factores: ha presentado un nuevo Model Y, pero ha estado dos meses casi sin entregas. Y luego la bajada es distinta en EEUU (75%), donde se está alejando de sus clientes demócratas; en Europa (50%), donde se está metiendo en política en algunos países; y en China (49%), donde se está quedando atrás frente a modelos chinos”. Trump convirtió esta semana la Casa Blanca en un concesionario de Tesla en apoyo a su estrecho colaborador.

El debate está abierto. “Abrir camino, como hizo este coche, siempre es complicado. Al principio se nos señalaba como pijos y ahora quizá la imagen esté cambiando. Pero estamos vacunados contra las polémicas”, dice Aland Bru, fundador del Club Tesla, que aglutina a 3.000 propietarios. Por lo que le comentan, “no parece que hayan llegado aquí las pintadas o ataques contra los coches”. Una portavoz de Tesla lo confirma: “Por el momento, ninguna tienda de Tesla en España se ha visto afectada”.

Luis Valdés, divulgador sobre eléctricos, alerta: “En Alemania y Francia empieza a haber mucho vandalismo contra estos coches. Si llegara a España sería un problema, porque puede aumentar el precio de los seguros para esta marca”. Y añade: “Aunque en España todavía no está pasando, en Alemania, EE UU y Reino Unido el precio de los Tesla de segunda mano se ha desplomado”.

“No me da vergüenza llevarlo, es muy buen coche, pero ahora no lo compraría, apostaría por otro modelo de eléctrico, aunque fuera peor, solo por no apoyar a Musk”, comenta Gutiérrez, el informático de San Vicente del Raspeig (Alicante) que asegura que, si pudiera, se desprendería de su Model 3 adquirido en 2020. Ahora no puede permitírselo, pero se ha propuesto usar lo menos posible la red de supercargadores de Tesla: “Aunque me cueste más cargar, prefiero hacerlo así por convencimiento. Y también he dejado Twitter [ahora X, propiedad de Musk] por Bluesky”, añade.

Juan Cuartero tiene una empresa de renovables en Cuenca y también conduce un Model 3, que ahora adorna con una pegatina que pone (en inglés): “Lo compré antes de saber que Elon [Musk] estaba loco”. “Antes lo llevaba con orgullo y se lo enseñaba a todo el mundo, pero ahora me da vergüenza. Con la deriva de este señor, para mí se ha convertido en algo tóxico. En mi familia incluso me mandan bromas sobre el coche. Le he puesto una pegatina y estoy seriamente pensando en venderlo”, comenta. Y añade que otro amigo está en la misma situación: “Tiene el vehículo en renting, así que cuando se le acabe lo dejará”.

Otra pegatina se ve en el coche de Ramon Noguera, profesor en un pueblo de Girona. “El coche sigue funcionando perfectamente, de hecho yo le he hecho 90.000 kilómetros por toda Europa y jamás me ha dado un problema. Pero me molesta que Musk esté fomentando a la ultraderecha. No lo puedo vender en estos momentos por la economía familiar, por eso he puesto una pegatina disculpándome por tenerlo”.

Juan Carlos Peña no se plantea venderlo, pero sí que siente “menos orgullo que antes” por su Model 3: “No me compré el coche por Musk y no lo voy a vender por lo que él diga. Estoy encantadísimo con el coche, pero sí que tengo menos orgullo del que solía mostrar. Antes se consideraba un coche de pijos-progres o verdes ricos y ahora parece que es un coche nazi. Eso me tiene descolocado”.

Protestas por todo el mundo

Las declaraciones de Musk han generado protestas en diferentes países frente a tiendas de Tesla. En Nueva York, hace unos días, cientos de manifestantes ocuparon un concesionario de la marca y se enfrentaron a la policía. Algunos supercargadores de los Estados de Colorado y Massachusetts han sido incendiados. En Alemania, un grupo crítico proyectó un vídeo con el saludo nazi del líder en la fachada de la factoría de Tesla en Berlín. En Francia, un grupo anarquista reivindicó un ataque a un concesionario cerca de Toulouse en el que ardieron nueve vehículos. Las protestas han sido en su mayoría pacíficas, pero ha habido episodios violentos y al menos media docena de arrestos. También ha habido ataques a algunos automóviles particulares, mientras en Reino Unido proliferan las campañas de guerrilla urbana contra su líder.

En Reino Unido, uno de los pocos países donde las ventas de Tesla no caen (han crecido un 20% este año), hay numerosas acciones de guerrilla urbana contra el polémico líder. Es algo muy común que los vagones del metro londinense se llenen de vez en cuando de carteles de protesta camuflados como anuncios comerciales, en los espacios reservados en las paredes para publicidad. Los mensajes anti-Elon Musk que han aparecido en las últimas semanas no han pasado inadvertidos.

“Hate Doesnt´t Sell. Just Ask Tesla” (El odio no vende. Simplemente, pregunta a Tesla), dice uno de los bocetos que más se ha extendido por el subterráneo londinense. Un gráfico con datos erróneos muestra la línea roja descendente de las ventas de los famosos automóviles eléctricos, y el trazo conecta con el brazo alzado, haciendo el saludo fascista, del propio Musk. Otro anuncio reza “The fast and the Führer” (en un juego de palabras con la película Fast & Furious).

First stop of the day for Overthrow Musk. Down the road from Tesla Tottenham showroom. #TeslaBoycott pic.twitter.com/wcqRILQIeK

— Overthrow Musk (@OverthrowMusk) March 12, 2025

La imagen del empresario apretando los dientes y realizando el saludo nazi, a la vista de todo el mundo, durante unos de los actos que celebraban el comienzo de mandato de Donald Trump el 20 de enero, ha dado mucho juego para los actos de guerrilla urbana contra el propietario de Tesla. “Elon´s Musk. Parfum de 1939. Pour Wankers” (Elon de Musk. Perfume de 1939. Para imbéciles), dice otro cartel en el que aparece un frasco de perfume con la esvástica nazi y, de nuevo, el empresario y su saludo. Musk es almizcle en inglés, una sustancia muy común en la industria perfumera.

Los activistas que hay detrás de esta campaña bautizada como Everyone Hates Elon (Todo el mundo odia a Elon) se hacen llamar People Vs. Elon (El pueblo contra Elon), y llevan recaudadas más de 31.000 libras (casi 37.000 euros) a través de la página web Gofundme. Su objetivo es llegar a los 60.000 euros. “No podemos permitir que el hombre más rico del mundo envenene nuestra política. Mientras nuestras enfermeras no llegan a fin de mes, la fortuna [de Musk] creció solo el año pasado en unos 200.000 millones de dólares”, dicen en su manifiesto.

La primera acción del grupo fue colocar un enorme cartel, en una marquesina londinense de autobús, en la que Musk, de pie sobre un Tesla blanco con el techo descubierto, similar a un Papamovil, de nuevo saludaba con el gesto fascista. “Acelera de 0 a 1939 en tres segundos”, dice el anuncio, en referencia al año en que Hitler desató la Segunda Guerra Mundial. “Tesla. The Swasticar” (Tesla. El coche esvástica), remata el cartel, con un juego de palabras.

Algunos propietarios británicos del automóvil eléctrico también han recurrido a las pegatinas para expresar su disgusto con Musk: “Tesla Vintage. Edición Pre-Locura”, para dejar claro que el vehículo es anterior a la “locura” del propio Musk.

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En los últimos días, Starmer ha escuchado a un hombre de confianza de Donald Trump calificar su ‘coalición de voluntarios’ como simple “pose y postureo”. Y altos mandos del ejército británico, desde el anonimato, han asegurado al diario conservador The Daily Telegraph que los planes del primer ministro son “teatro político”, y que el Gobierno se había precipitado al comprometerse a enviar soldados a territorio ucranio.

Steve Witkoff, enviado especial para Oriente Próximo del presidente estadounidense, llegó a ironizar este fin de semana, en una entrevista con el periodista/activista pro Trump, Tucker Carlson, sobre la pretensión de Starmer de “querer ser como Winston Churchill”.

Sin embargo, tanto de Starmer en el Reino Unido como de Emmanuel Macron en Francia, las dos potencias nucleares europeas de Europa, han acelerado estos días los preparativos de esa respuesta conjunta, a la que quieren incorporar, con diversos grados de colaboración, al mayor número de países tanto de la UE como de la OTAN.

“El proceso en marcha, liderado por el primer ministro Starmer y el presidente Macron, está preparando ya a Europa y a Ucrania para cualquier eventualidad futura. Aunque cualquier comentario sobre las opciones barajadas no ayudaría a la planificación y sería perjudicial para un potencial acuerdo de paz, nadie debería albergar la menor duda de que el trabajo que se está llevando a cabo es sustancial y clave”, ha respondido a las críticas Antony David Radakin, el jefe del Estado Mayor del Reino Unido.

Radakin se reunió este lunes en Londres con su homólogo francés, Thierry Burkhard, junto a los principales mandos militares respectivos del ejército, la Marina y las Fuerzas Aéreas de ambos países, para discutir la respuesta europea a la situación en Ucrania y esbozar las líneas maestras de la reunión prevista en Northwood para el jueves.

“Esta reunión debe verse como una señal de compromiso y de reafirmación. Las dos potencias nucleares de Europa dan un paso adelante para crear una alianza más profunda y de mayor fortaleza, que jugará un papel clave y fundacional en la defensa de la seguridad del continente”, proclamó el jefe los ejércitos británicos al término de ese encuentro.

El impulso militar y el político a la coalición de voluntarios, que todavía no ha definido ni el número total de países que la forman ni la aportación de cada uno, avanzan en paralelo. Macron ha convocado también para el jueves en París una nueva cumbre de líderes de Gobierno para proseguir las discusiones, tanto en torno a la situación en Ucrania como a la necesidad de fortalecer la seguridad de Europa.

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La estadística dice que, de promedio, todo jugador falla uno de cada cinco penaltis. Y alguien, inevitablemente, tiene que fallar para que el partido acabe. Y sin embargo, aquel hombre de 26 años arrastró durante mucho tiempo esa pesadilla, y recibió toneladas de odio y carga negativa. Resulta inconcebible pensar cómo hubiera sido todo aquello en un mundo de redes sociales.

“Creo que el mundo en el que están creciendo hoy nuestras chicas y chicos es cada vez más difícil. No porque sean más débiles, o porque no tengan la resistencia de generaciones pasadas, sino porque las presiones a las que se enfrentan hoy son únicas”, afirmaba Sir Gareth Southgate, hoy con 54 años y la admiración de gran parte de Inglaterra por su papel como seleccionador nacional (a pesar de que España le arrebató finalmente su sueño en la Eurocopa de 2024), el pasado 19 de marzo.

“Y en el corazón de este problema está el incesante impacto que tienen hoy las redes sociales”, señalaba Southgate en la Conferencia Richard Dimbledy, un acto organizado anualmente por la BBC en el que pide a un personaje relevante que imparta una lección magistral.

El ex seleccionador nacional no podía haber escogido un tema más ajustado a la realidad, con la sociedad británica (y la de medio mundo) inmersa en el debate suscitado por la miniserie Adolescencia, en la plataforma Netflix.

Aclamada por la crítica como una obra maestra de la televisión, por su original y complejo formato (una única secuencia para cada uno de sus cuatro capítulos) y por su ajustado realismo, Adolescencia ha puesto sobre la mesa un debate aterrador y todavía desconocido: la influencia tóxica de las redes sociales en los menores. Una chica popular y atractiva abusada por sus compañeros en Instagram; un adolescente de 13 años recluido en su miseria, seducido por el discurso misógino de la “manosfera” y que acaba acusado de asesinato por matar a puñaladas a su compañera, que se había burlado antes de él en las redes.

Southgate, que ha demostrado elegancia a lo largo de su trayectoria profesional, se cuida mucho de elegir bando. Entiende los retos a los que deben enfrentarse las mujeres adolescentes en un entorno digital frágil para su autoestima y su salud mental. Pero de lo que sabe es de chavales, aclara, porque ese ha sido siempre el entorno en que ha trabajado, “y como me dijo hace poco una madre, una de las cosas que podemos hacer para mejorar la vida de las mujeres es concentrarnos en mejorar a los hombres jóvenes”.

El ex seleccionador nacional inglés denuncia la falta de identidad, relaciones y entorno con que se enfrentan hoy muchos chicos, que buscan en internet referentes peligrosos. “Caen en alternativas poco saludables como los juegos, las apuestas y la pornografía. El hueco que tienen es ocupado por un nuevo tipo de modelo que no defiende los intereses de estos chavales”, ha señalado Southgate, “sino que son más bien influencers tóxicos, crueles y manipuladores que funcionan en su propio beneficio”. No hacía falta dar nombres. Todo el mundo sabe a quién señalaba en su conferencia: personajes como Andrew Tate, el luchador de kick-boxing con millones de seguidores, que promueve una masculinidad retorcida en la que las mujeres son las culpables de sus propios abusos.

Debate político

La voz de Southgate se ha sumado a la de los políticos que reclaman ya que se aborde de frente el problema. La diputada laborista Anneliese Midgley ha pedido que la miniserie Adolescencia sea proyectada en las aulas de todos los institutos del Reino Unido. El primer ministro, Keir Starmer, con hijos adolescentes, admite que también en su casa han quedado hipnotizados con la historia, y ha respaldado la idea de la diputada de su grupo.

Casi 25 millones de personas vieron la serie en sus primeros cuatro días de emisión. Está en la lista de las más vistas en decenas de países, y ha generado un debate en torno a la masculinidad tóxica que habita en las redes que va más allá del propio Reino Unido.

“Engañan a los hombres jóvenes haciéndoles creer que el éxito se mide por el dinero o por la dominancia de las mujeres. Les adiestran para no mostrar emoción alguna, y les convencen de que el mundo entero, sobre todo las mujeres, están en su contra”, describía Southgate ese mundo en su conferencia.

A mediados de julio, la policía británica detuvo a Kyle Clifford, de 26 años, acusado de asesinar con una ballesta su novia Louise Hunt, junto a la hermana y la madre de esta. Poco después, se supo que Clifford, antes de cometer su crimen, había estado buscando en internet el pódcast de Andrew Tate.

Han sido necesarios una serie de Netflix y el discurso de un ex seleccionador nacional venerado para que la sociedad británica comience a atar cabos.

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“Podemos confirmar que Heathrow está hoy abierto y plenamente operativo. Nuestros equipos desplegados por todo el aeropuerto siguen haciendo todo lo que pueden para dar apoyo a los pasajeros que sufrieron ayer el impacto del apagón eléctrico de una subestación localizada fuera de nuestras instalaciones”, ha explicado la dirección del aeródromo, uno de los de mayor tráfico del mundo, en un comunicado. “Hemos incorporado a cientos de trabajadores a nuestras terminales y hemos añadido vuelos extra al plan del día para facilitar el tránsito de 10.000 pasajeros extra”, añade la nota.

Las aerolíneas, sin embargo, ya han advertido que necesitarán días para recuperar la normalidad alterada por el incendio, que desvió cientos de aeronaves a otros aeropuertos de todo el mundo. Los desafíos de logística, para transportar a todos los clientes a su lugar de destino, reemplazar las tripulaciones que necesitan del obligatorio descanso o acelerar la entrega de productos y mercancías, son descomunales.

British Airways (BA), la compañía que más vuelos opera desde Heathrow, ya ha dejado claro que al menos 90 de los 600 trayectos que maneja cada día han sido cancelados. “Planeamos operar desde Heathrow tantos vuelos como sea posible este sábado, pero recuperar la plena normalidad de un operativo de nuestro tamaño después de un incidente como el ocurrido es algo extremadamente complejo”, ha señalado BA en un comunicado. “Confiamos en poder poner en marcha un 85% de los vuelos programados, pero es muy posible que los pasajeros sufran retrasos, mientras seguimos afrontando los desafíos provocados por el apagón eléctrico del viernes”.

Lecciones por aprender

Al tratarse de unas instalaciones estratégicas para la seguridad nacional, el departamento de antiterrorismo de la Policía Metropolitana de Londres lideró desde el inicio las investigaciones del incendio en la subestación de Hayes, pero las autoridades han insistido en todo momento en que no hay indicios de que el fuego haya sido intencionado.

Otra cuestión es el hecho de que un aeropuerto tan importante como Heathrow haya sido incapaz de mantener su rendimiento pleno ante la falta de suministro eléctrico de una única fuente. El Gobierno ya ha dejado claro que “habrá que dar respuesta a muchas preguntas planteadas”.

“Me gustaría incidir en que lo ocurrido ha sido un incidente de la mayor gravedad. No se ha tratado de un pequeño incendio. Perdimos el suministro eléctrico equivalente al que utiliza una ciudad de tamaño medio, y nuestros sistemas de refuerzo funcionaron, pero su potencia no basta para mantener la operatividad plena de todo el aeropuerto”, intentaba defender su gestión Thomas Woldbye, el director ejecutivo de Heathrow.

Sin embargo, han surgido las críticas ante la falta de respuesta del aeropuerto a los daños ocasionados a miles de pasajeros. Heathrow se ampara en lo excepcional de lo ocurrido para eludir esa responsabilidad, que tienen que asumir las aerolíneas. “Hemos de dar con una distribución justa de los costes derivados de redirigir a los pasajeros cuando las infraestructuras fallan, y no atribuirlos únicamente a las líneas aéreas. Mientras no impongamos ese reparto, Heathrow tendrá pocos incentivos para mejorar”, ha remarcado Willie Walsh, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y uno de los principales críticos del aeródromo londinense.

El incendio del viernes dejó atascados en su trayecto a cerca de 200.000 pasajeros, y cientos de vuelos fueron cancelados o dieron media vuelta cuando ya estaban en el aire. Heathrow es el mayor aeropuerto de Europa, y por sus terminales pasaron en 2024 casi 84 millones de viajeros. El incidente ocurrido es el más grave desde 2010, cuando la nieve y el temporal dejaron a miles de personas varadas en las instalaciones del aeródromo.

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“Trabajaremos ahora con las aerolíneas para repatriar a los pasajeros que fueron redirigidos a otros aeropuertos de Europa”, han explicado desde la dirección de Heathrow. “Como el aeropuerto con mayor tráfico de Europa, consume tanta energía como una ciudad pequeña. Por eso llevará su tiempo recuperar la plena normalidad”, han señalado.

Poco después de las seis de la tarde (siete, en horario peninsular español) aterrizaba por primera vez en todo el día un avión, de British Airways. La compañía británica, que tiene en Heathrow su principal base mundial de operaciones, anunció vía libre para varios vuelos a partir de las siete de la tarde (ocho, en horario peninsular español), con destino a Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Singapur, Riad y Río de Janeiro. El vuelo a Riad era el primero en despegar, en torno a las nueve de la noche. El Departamento de Transporte del Gobierno británico ha levantado temporalmente las restricciones de vuelos nocturnos, para poder comenzar a aliviar la congestión acumulada durante todo el día.

Pese a todo, el director ejecutivo del aeropuerto, Thomas Woldbye, ha asegurado a la BBC que despegarían pocos vuelos este viernes. Se concedería prioridad a los aviones procedentes del resto de Europa, ha añadido. “Para el sábado confiamos en la operatividad plena, como un día normal”, ha dicho.

Un aparatoso incendio en la subestación eléctrica de Hayes, al oeste de la capital británica, ha provocado un corte de energía que ha paralizado por completo los aterrizajes y despegues de aviones. “Heathrow está experimentando un importante corte de energía. Para mantener la seguridad de nuestros pasajeros, estará cerrado hasta las 23.59 del 21 de marzo”, explicaba de madrugada el operador del aeropuerto en un comunicado. Miles de vuelos previstos para este viernes han sido cancelados.

Los responsables del aeropuerto han admitido que la “disrupción significativa” en las operaciones se prolongará varios días.

Según el último parte de los bomberos de Londres, el incendio ha sido controlado a las 6.28 (7.28, hora peninsular española). Sin embargo, a las 15.00 (las 16.00, en horario peninsular español) seguía surgiendo humo de la subestación. Más de 10.000 viviendas se habían visto afectadas al perder su suministro eléctrico. El ministro de Energía, Ed Miliband, ha reducido —en declaraciones a la cadena pública BBC— a unos 4.000 los hogares aún afectados por la contingencia.

El aeropuerto dispone de “múltiples fuentes” de electricidad, según ha asegurado una fuente de la organización interna a la BBC. Existen generadores que funcionan con diésel y otros suministros con carácter ininterrumpido. Todos esos sistemas de refuerzo han funcionado, pero no producen suficiente energía como para mantener el operativo completo de Heathrow. Eso explica la decisión de suspender toda la actividad, mientras se redirige la electricidad hacia las zonas afectadas.

A pesar de que la unidad antiterrorista de la policía metropolitana de Londres es la que ha tomado las riendas de la investigación —algo que ocurre prácticamente por norma, dada la localización de la subestación y el impacto del incidente sobre infraestructuras críticas—, no existen indicios de que el incendio en la subestación eléctrica haya sido intencionado. “Estamos trabajando con los bomberos para identificar la causa del fuego, pero nada apunta a juego sucio”, ha apuntado un portavoz de esa unidad policial. 70 miembros del cuerpo de bomberos se han desplazado al aeropuerto en 10 camiones para luchar contra las llamas.

Un portavoz del Gobierno ya ha dejado claro que el caos de Heathrow deja muchas preguntas en el aire, “y esperamos que sean aclaradas”, ha dicho. La prioridad, sin embargo, es acabar con el fuego, y no especular con una posible intencionalidad, ha añadido.

Impacto sobre aerolíneas de todo el mundo

120 vuelos con destino Heathrow han sido dirigidos a otros aeropuertos a primera hora de la mañana, pero las autoridades han confirmado desde un principio que la actividad iba a paralizarse por completo durante toda la jornada. El principal aeropuerto de Londres, una de las ciudades más turísticas del mundo, tiene previstas 1.351 operaciones durante el día, entre despegues y aterrizajes. En cuanto a España, este viernes están previstos 52 operaciones desde y hacia España (29 con Madrid, 17 con Barcelona, y dos en Málaga, en Tenerife Sur y en Valencia), según informa el gestor aeroportuario español Aena.

“Esto va a perturbar las operaciones de las aerolíneas de todo el mundo”, ha declarado a Reuters el director de la web de seguimiento de vuelos FlightRadar24, Ian Petchenik. De hecho, otros expertos han declarado a la agencia que el caos derivado del parón del aeropuerto londinense durará varios días.

Evitar ir al aeropuerto

Salvo los viajeros que han salido a última hora, las autoridades británicas habían recomendado a todos los demás que tenían algún vuelo programado desde Heathrow que suspendieran sus planes y evitaran acudir al aeropuerto. Algunos aviones con destino a Londres han podido ser desviados al aeropuerto de Gatwick, el segundo mayor de la capital británica y unos 60 kilómetros al sur de Heathrow. Sin embargo, cientos de naves procedentes de todo el mundo con destino a la ciudad han sido retenidas en tierra, o han acabado aterrizando en otros aeropuertos europeos. La aerolínea australiana Qantas ha dirigido sus vuelos Singapur-Londres y Perth-Londres al aeropuerto parisino de Charles de Gaulle, para trasladar desde allí a los pasajeros a su destino final en autobús.

Algunos vuelos procedentes de Estados Unidos han cambiado de rumbo en medio de la travesía, al conocer los problemas en Heathrow, para regresar a su aeropuerto de origen o a algún otro cercano. Al menos media docena de los aviones procedentes de territorio estadounidense han acabado aterrizando en el aeropuerto irlandés de Shannon, al oeste de la isla. 34 vuelos que conectaban Dublín y Londres han sido cancelados.

La compañía Eurostar, que opera los ferrocarriles que conectan Londres y París a través del canal de la Mancha, ha habilitado este viernes dos trenes más, con capacidad para 882 pasajeros cada uno, para ayudar a trasladar a los viajeros afectados por el cierre de Heathrow.

Por el aeropuerto transitan cada año más de ochenta millones de pasajeros. Con cuatro terminales, las instalaciones conectan Londres con 200 destinos de más de 80 países. El Gobierno laborista de Keir Starmer acababa de dar autorización a la construcción de una tercera pista, prevista para 2035, que ayudará a aliviar la congestión de Heathrow. Otros cuatro aeropuertos prestan servicio a la capital británica.

Pasajeros y mercancías

Además de las decenas de millones de pasajeros que transitan por Heathrow, el aeropuerto es un intercambiador gigantesco para el transporte de mercancías. Da servicio a cerca de 234 destinos, y mueve productos por valor de más de 225.000 millones de euros. Según fuentes del propio aeropuerto, un 48% de todo el transporte aéreo de mercancía de 2023 pasó por Heathrow. Junto al desvío y recolocación de pasajeros, el reparto de todo el tapón de productos acumulados en las instalaciones tardará días en ser aliviado.

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Más de 30 altos mandos militares de diferentes países de Occidente (Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) se han reunido este jueves a puerta cerrada en la sede de la Junta de Jefes de Estado Mayor británica, en la localidad de Northwood (al noroeste de Londres). En nombre de España estaba previsto que asistiera al encuentro el almirante general Teodoro López Calderón, jefe de Estado Mayor de la Defensa.

El propósito de la reunión, adelantada el pasado domingo por Starmer al término de una videoconferencia con 26 jefes de Gobierno, es el de avanzar ya hacia una fase operativa en la respuesta que lideran el Reino Unido y Francia. “Si se alcanza un acuerdo [de paz], y yo confío en que se alcance, la paz que se alcance debe ser sostenible. Y eso supone que haya garantías de seguridad”, dijo Starmer a la BBC. “Hoy vamos a saltar del concepto acordado por los líderes políticos a los planes. Debemos centrarnos en cómo preservar la seguridad en el espacio aéreo, en el marítimo y en las fronteras con Ucrania, colaborando con los ucranios. Hay que empezar a trabajar ya en todo eso”, señaló el primer ministro.

“Se trata de dejar claro a Rusia que habrá graves consecuencias si incumple su parte en cualquier acuerdo de paz”, añadió Starmer.

No se espera una decisión firme de un encuentro que se prevé el primero de muchos más. Se trata, han explicado desde el Gobierno británico, de comenzar a definir las aportaciones que cada uno de los países que se acaben sumando a la “coalición de voluntarios” pueden hacer al esfuerzo de paz. Más allá del compromiso ya hecho público por los gobiernos británicos y francés —y en cierta medida del australiano— de enviar soldados al territorio de Ucrania como fuerza de paz tras un hipotético acuerdo, quedan muchas incógnitas por resolver, como la cifra de ese contingente o su capacidad operativa.

De hecho, Starmer no ha puesto este jueves el énfasis en el posible envío de tropas, sino en reforzar la seguridad del espacio aéreo o marítimo de Ucrania. “Contemplamos el mar, en un primer escenario, el cielo, y obviamente el territorio y las fronteras”, ha dicho a los mandos militares.

El diario Financial Times señala que durante la videoconferencia del sábado comenzó a producirse ese giro, que se alejaba de la idea de “las botas sobre el terreno”, la expresión que alude al envío de soldados.

Debe tratarse de una fuerza de paz que transmita credibilidad, y dé al Gobierno ucranio la posibilidad de rearmarse, ha explicado el secretario británico de las Fuerzas Armadas, Luke Pollard. “Putin no se detendrá si vence en Ucrania. Si conquista todo el país, como lleva planeando desde hace años, se rearmará y buscará dónde extender su influencia y dominio”, ha dicho Pollard.

Starmer lucha en estos momentos contra malos augurios. Vladímir Putin ya ha dejado claro que no quiere tropas europeas en Ucrania. Y la Administración estadounidense de Donald Trump no ha dado señal alguna de estar dispuesta a contribuir con garantías de seguridad a ese posible esfuerzo de paz, a pesar de que el primer ministro británico no deja de repetir que se trata de una condición indispensable.

Países europeos de la relevancia de Alemania, Italia, Polonia o España no están demasiado convencidos de la oportunidad de construir ya una coalición, como la que persigue Starmer, cuando ni siquiera está claro que se pueda alcanzar un alto el fuego efectivo.

“Tengo muy claro que el [hipotético] acuerdo de paz que se alcance puede tener un desarrollo en diferentes fases, y para ello habrá diversas opciones, diferentes aspectos que deberán ser planeados. Cuanto más planeemos ahora, mejor. Debemos adelantarnos a los desafíos, para procurar ser lo más efectivos posibles”, dijo Starmer a los altos mandos militares de Northwood.

La disuasión nuclear

El Reino Unido mantiene desde la segunda mitad del siglo XX una capacidad de disuasión nuclear que, a diferencia de Francia, ha vinculado siempre a la OTAN, aunque la capacidad última de decidir corresponda al primer ministro británico. La “disuasión marítima permanente” es parte fundamental de esa estrategia. Al menos un submarino de la Royal Navy permanece constantemente en aguas marinas, sin especificar localización o calendario, como garantía de una respuesta nuclear segura ante una posible amenaza.

El HMS Vanguard, visitado por Starmer, ha regresado a puerto después de 200 días de misión. Starmer ha visitado también este jueves el puerto de Barrow, para presidir la “puesta de quilla” (la ceremonia que da inicio a la construcción de una embarcación) del primero de los submarinos nucleares Dreadnought, la nueva generación que debe estar lista para próxima década de 2030.

“El Kremlin respeta el arsenal nuclear del Reino Unido, porque es una capacidad disuasoria independiente, pero comprometida con la OTAN”, defendió el primer ministro en las horas previas a reunirse con los altos mandos militares.

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La vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, se ha reunido este martes en Londres con los ministros británicos de Exteriores y Defensa, David Lammy y John Healey, respectivamente, así como con el jefe del Estado Mayor de la Defensa, David Radakin. El propósito era doble: coordinar el mensaje de firme apoyo a Ucrania, e impulsar el rearme de ambos bloques.

El Reino Unido acogerá el próximo 19 de mayo a los líderes comunitarios en una cumbre ampliamente anunciada que pretende comenzar a discutir seriamente el reinicio de unas relaciones que el Brexit dejó en un maltrecho estado.

“Este Gobierno quiere potenciar la seguridad europea, intensificar nuestras relaciones de defensa con la UE y los aliados de la OTAN, porque es algo clave en un periodo crítico como el actual”, afirmó Healey.

Cuando comenzó el largo y doloroso divorcio de la UE, ambos bloques quisieron preservar su cooperación en defensa. Londres y Bruselas firmaron en 2019 una declaración política anexa al Acuerdo de Retirada. El Reino Unido expresó su voluntad de concluir cuanto antes acuerdos de cooperación con la Agencia Europea de Defensa, así como con el Fondo Europeo de Defensa y con PESCO, la estructura permanente de cooperación en defensa de los 26 países miembros (Malta está excluida).

Sin embargo, el primer ministro que debía llevar a buen puerto esos compromisos, Boris Johnson, mostró un claro desdén hacia cualquier línea de acercamiento con la UE. La invasión de Ucrania fue el modo de demostrar, según pretendía Johnson, que el Reino Unido podía ser un actor clave y solitario en la geopolítica mundial.

Starmer y su Gobierno se alejaron desde el primer minuto de esa pretensión. La seguridad y la defensa eran el camino hacia una mejora de las relaciones con Bruselas, que debería incluir más adelante avances en el trato comercial.

La guerra de Ucrania, el distanciamiento de la nueva Administración de Estados Unidos de sus compromisos con Europa y con el paraguas común que era la OTAN, y la voluntad de incremento del gasto en defensa tanto de Londres como de Bruselas, han acelerado esa voluntad de reconciliación.

“Más de tres años después de la invasión ilegal a gran escala lanzada por Putin, el continente se enfrenta a un desafío histórico”, ha asegurado el ministro británico de Exteriores. “Debemos actualizar nuestra relación con la UE y trabajar juntos para poner fin a esta guerra y proporcionar seguridad a todos nuestros ciudadanos”, ha proclamado Lammy.

La amenaza de retirada de EE UU

“Ha habido un cambio de mentalidad drástico en Europa, a partir del aparente alineamiento de Estados Unidos con Rusia. La convicción de que los países europeos necesitan ser más autónomos y responsabilizarse más de su propia defensa se ha asentado ya en las suficientes capitales como para que sea algo irreversible”, explica Mujtaba Rahman, director general para Europa del Eurasia Group, consultora internacional de riesgo político.

El problema, señala Rahman, es que ese cambio de mentalidad está aún a medio camino en las estructuras de mando de la OTAN. Y el Gobierno de Starmer, que no quiere perder su “relación especial” con Washington y su relevancia en la que sigue siendo la principal organización militar de Occidente, navega entre dos aguas.

“El liderazgo europeo de la OTAN, encabezado por el Reino Unido, constituye el futuro de la defensa del continente, que protegerá a nuestros hijos y a nuestros nietos”, decía hace apenas dos semanas el secretario de Estado de Defensa, Pete Hegseth, al recibir en Washington a su homólogo británico, Healey.

Los expertos sugieren que el mejor modo de comenzar a construir una cooperación sólida entre el Reino Unido y la UE en esta materia pasa, en primer lugar, por trabajar en una industria europea de defensa, con financiación común. “Los activos británicos en este campo deben ser tenidos en cuenta: una cultura estratégica, unas industrias de defensa vibrantes y un claro liderazgo en este sector. Ha de permitirse al Reino Unido contribuir a la construcción de una base industrial de defensa genuinamente europea, y no solo de la UE”, defiende Armida van Rij, investigadora del Programa Europa del centro de pensamiento Chatham House.

La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, discutió ya con sus homólogos del G-20, reunidos en Ciudad del Cabo a finales del mes pasado, “las posibilidades de movilizar financiación privada para maximizar los recursos destinados a la defensa” europea.

Su departamento ha acogido con interés la propuesta lanzada por el exjefe del Estado Mayor británico Nick Carter de impulsar un “banco para el rearme” similar al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, al que aportarían fondos todos los países miembros para proyectos comunes de defensa.

Una financiación compartida, así como proyectos industriales y compras conjuntas, indica Luigi Scazzieri, experto en Seguridad Europea y Defensa del Centro para la Reforma de Europa, enviaría una clara señal de fortaleza tanto a Rusia como a Estados Unidos, a Ucrania y a los propios ciudadanos europeos.

Junto a ese esfuerzo, tanto la UE como el Reino Unido deberían esforzarse, indican los analistas, en tener listo un acuerdo de asociación en materia de defensa y seguridad que pudiera ser rubricado en la cumbre de mayo de Londres.

“Nuestro punto de partida es una simple verdad: la seguridad europea es indivisible. Puede que el Reino Unido ya no sea miembro de la UE, pero cuando se trata de mantener la seguridad del continente, Europa no puede permitirse ser menos que la suma de sus partes”, han asegurado Kallas y Lammy en una carta conjunta publicada este mismo martes en la página web de Politico.

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Los conservadores británicos convocados este lunes bajo la solemnidad del Gran Salón del Guildhall, el edificio histórico que cobija siempre los actos más relevantes de la City londinense, venían avisados: el diario Daily Telegraph, patrocinador del evento y la Biblia de la derecha más recalcitrante y antieuropea de la isla, había presentado ya a la invitada estrella como “la Margaret Thatcher de Madrid”.

El Centro de Estudios Políticos, impulsado en su día por la “Dama de Hierro” y su ministro más leal, Keith Joseph (el creador del término “thatcherismo”) para promover las ideas de centroderecha, había anunciado a la presidenta de la Comunidad de Madrid como una de las principales intervenciones de la 25ª Conferencia Margaret Thatcher (MTC25, en sus siglas en inglés), que este año lleva por título Remaking Conservatism (Reconstruyendo el Conservadurismo).

El espejo de Thatcher refleja hoy una imagen más civilizada de la derecha que la que ofrecen Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina, Viktor Orbán en Hungría o incluso el populista Nigel Farage en el Reino Unido. Se notaba feliz a Díaz Ayuso, que echaba mano en su discurso de referentes de aquel neoconservadurismo que tenía entonces más claro quién era el enemigo. Ha proclamado su admiración por Ronald Reagan o Juan Pablo II, ha identificado “lo woke” [el modo en que se define peyorativamente el feminismo, el movimiento trans, o la lucha contra el cambio climático] con el comunismo de siempre, y ha intentado vender a la audiencia un “liberalismo a la española” construido con un cóctel heterodoxo que combinaba Grecia, Roma, “lo judeocristiano”, las Cortes de León, el Concilio de Trento, las Cortes de Cádiz y la Transición Española.

El problema del discurso de la presidenta madrileña es que las claves de su proclama se escapaban a muchos de los asistentes. Cuando les decía “van contra nosotros, contra nuestras familias, contra cualquiera que nos apoye. Es un aviso a cada uno de nosotros y a cualquiera que quiera meterse en política”, pocos entendían que hablaba de su hermano o de su novio, y les resultaba complicado imaginarse ese reino del terror en España que la invitada estaba describiendo. “Se llega al extremo de normalizar el crimen y criminalizar la vida normal. Es decir, quienes cometen los peores delitos son encumbrados y quienes los denuncian son los perseguidos”, insistía la presidenta, que no lograba arrancar un aplauso hasta el final de su intervención.

Los conservadores británicos viven hoy su propia crisis existencial. Han sido arrojados del poder, después de controlarlo durante quince años, y notan en su nuca el aliento de Reform UK, la derecha populista que impulsó en su día el Brexit y hoy propaga un discurso xenófobo y contrario a la inmigración que gana cada vez más adeptos entre los británicos, según señalan las encuestas.

Les atrae el triunfo de Trump, pero no sus extravagancias ni su acercamiento a Putin. Les chirría el histrionismo de Milei o sus recetas ultraliberales, y de Orban lo que más les gusta es su constante afán en debilitar la UE.

Ayuso ha querido venderles conceptos tan trillados como la libertad, la verdad, la responsabilidad, el valor y la alegría. Curiosamente, no ha tocado ninguno de los dos asuntos que hoy obsesionan y dividen a la derecha europea: la inmigración y la necesidad de rearme ante un Estados Unidos que los ha abandonado a su suerte. Escuchar a un líder español defender la legalidad y el respeto a la propiedad, por muy “Margaret Thatcher madrileña” que sea, resulta casi anodino para una tribu, la de los conservadores británicos, que está convencida de ser la inventora de esos conceptos.

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Con un estilo preciso y profundamente creativo, Mishra ha sido capaz, durante una trayectoria de tres décadas, de crear novelas muy premiadas, como Los románticos (2000) o Corre a esconderte (2022), y volcarse además en el estudio de los grandes acontecimientos de la época actual con ensayos que han marcado el debate público, como La edad de la ira (2017), en el que ahonda en los orígenes de la gran oleada de odios que pueblan el mundo, o Fanáticos insulsos (2020), donde analizó por qué se impusieron el liberalismo y el capitalismo anglosajones como única alternativa posible.

Decide charlar con EL PAÍS en una mañana londinense gris y húmeda. El encuentro se produce en los alrededores de Oxford Circus. Mishra tiene hambre, y sugiere ir a comer algo a un restaurante indio muy popular. Apenas tocará su masala dosa, una crepe con relleno de patata y curry muy popular en el sur de la India.

Durante hora y media, hablará con pasión de su nuevo ensayo, El mundo después de Gaza. Una breve historia (de Galaxia Gutenberg, editorial que ha publicado gran parte de su obra), de su relación sentimental y crítica con el sionismo israelí y de su visión de la destrucción de Gaza como el presagio de una nueva cultura de la impunidad. Será el arranque de una conversación que incidirá en otros asuntos, como la crisis de Ucrania, la irrupción de Donald Trump o el ataque de la derecha contra lo que despectivamente llaman lo lo woke para referirse al feminismo, la lucha contra el cambio climático o a la defensa de un discurso razonable frente a la inmigración irregular.

Pregunta. Donald Trump pide ahora que se limpie la franja de Gaza de gazatíes, para que Estados Unidos construya allí una nueva Riviera.

Respuesta. Ni siquiera yo pude imaginar que el presagio de la destrucción de Gaza iba a resultar todo lo oscuro que parece hoy. Las primeras traumáticas semanas del mandato de Trump han puesto el mundo patas arriba. Han instituido una especie de imperialismo global depredador. Ya sea Trump codiciando Groenlandia o Gaza, o Putin codiciando Ucrania. Son dos gangsters poniéndose de acuerdo entre ellos.

“Los países no occidentales no se sienten implicados en la batalla contra Rusia. No ven argumentos para situarse en contra de Putin”

P. ¿Le asombra la falta de reacción de Occidente ante la tragedia de Gaza?

R. La sensibilidad moral de nuestra clase política, en Occidente, y por supuesto en Estados Unidos, se ha visto adormecida. Hasta el punto de que han dejado de detectar el grado de ruptura de las normas internacionales o de la moralidad básica que ha supuesto la destrucción de Gaza. La verdadera sacudida de terror inaugurada por Trump no ha sido todavía detectada.

P. Gaza, como el comienzo de una era más oscura…

R. No paro de pensar que, cuando echemos la vista atrás, dentro de 20 o 30 años, Gaza será el mismo presagio de la llegada del fascismo por todo el mundo occidental que supuso la guerra civil española en la pasada década de los años treinta. Ya entonces, aquellos que vivieron aquel conflicto, como George Orwell, se dieron cuenta de inmediato de la presencia de otros países como Alemania. Fueron las bombas alemanas las que destrozaron Gernika. No era una guerra confinada al territorio español. Fue el comienzo de un periodo de destrucción de las normas, los valores, los principios de todo un continente. Y de nuevo creo que nos dirigimos hacia tiempos mucho más oscuros.

P. Pero usted no quiere hacer una enmienda a la totalidad al sionismo. Defiende sus causas originales…

R. Hubo un tiempo en el que Israel fue capaz de inspirar otro tipo de esperanza: la idea de que un grupo de europeos sería capaz de crear en medio de Oriente Próximo un Estado socialista. Por eso tanto personajes ilustres, como Primo Levi o Jean Améry, sentían tal atracción hacia la causa israelí. Eran gente de izquierdas convencida de que se estaba creando un Estado socialista igualitario y humanista. Hoy los grandes defensores de Israel son personajes como el maniaco presidente de Argentina, Javier Milei, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, o Donald Trump. Son algunos de los antisemitas más notorios de Occidente, como Viktor Orbán, Marine Le Pen, Matteo Salvini o Santiago Abascal.

P. Son los herederos de aquellos que veían por todas partes conspiraciones judeo-masónicas, y hoy demuestran un respaldo incondicional al Gobierno de Israel.

R. Se sienten atraídos hacia Israel porque este país representa hoy un desprecio total hacia la legalidad, hacia las normas de las democracias liberales. Cada uno de ellos, en su contexto nacional, lucha por derribar esas normas, que suponen una restricción a su capacidad de desplegar aquello que han prometido. Para todos ellos, Israel representa una posibilidad estimulante. Les demuestra que es posible en 2025 llevar a cabo la limpieza étnica de toda una población. Que son posibles las deportaciones masivas. Por eso creo que la cultura de la crueldad y la impunidad que hoy representa Israel es muy peligrosa, porque está capacitando el surgimiento de culturas similares de crueldad e impunidad por todas partes.

P. Denuncia usted que gran parte de estos extraños aliados de Israel siguen siendo profundamente antisemitas…

R. Nunca se han alejado de la convicción de que los judíos son una fuerza profundamente disruptiva, de que simbolizan el tipo de liberalismo moderno que odian. De que representan un liberalismo, un capitalismo o un marxismo cultural que detestan. Básicamente, que son de izquierdas. Que son un pueblo que en su día nos dio el socialismo o los movimientos marxistas revolucionarios. Toda esa sospecha no ha desaparecido del todo en los últimos 50 o 60 años. No les interesa el componente judío de Israel. Lo que les atrae es un país que se muestra dispuesto a romper todas las normas y todos los protocolos. En casa seguirán lanzando sus mensajes antisemitas.

P. En cualquier caso, la grotesca entrega de los cadáveres de los rehenes israelíes escenificada por Hamás predispone a la opinión pública internacional contra la causa palestina.

R. Por supuesto que fue un acto de barbarie la entrega de los cadáveres de los niños secuestrados [Kfir y Ariel Bibas], pero también lo es el bombardeo de universidades palestinas o el asesinato de niños por francotiradores israelíes. Los palestinos siempre han sufrido la falta de un liderazgo capaz de defender de modo persuasivo su causa, no solo ante los israelíes, sino ante una audiencia internacional. Esto era algo que preocupó mucho a alguien como Edward Said, y por eso acabó rompiendo con Yasir Arafat. Aunque también hoy vemos claramente que Israel ha hecho todo lo posible por aplastar el surgimiento de un liderazgo palestino decente y viable. No tuvieron ningún problema en promocionar a Hamás, financiando a esta organización durante mucho tiempo. Era el modo de seguir sosteniendo esa idea de que la existencia del Estado de Israel estaba en peligro, presentando a Hamás como la amenaza real de un nuevo Holocausto.

P. Defiende usted que Israel ha impulsado su nacionalismo desde la memoria del Holocausto.

R. La memoria personal de la Shoah [el Holocausto] existió, obviamente, en las mentes y almas de todos los supervivientes y de aquellos que perdieron a sus seres queridos. Pero la memoria colectiva es algo muy diferente. Se trata de algo creado y construido literalmente por las instituciones, por las entidades educativas, por el Estado, por los medios de comunicación y hasta por la cultura popular. Israel no comenzó como una comunidad nacional homogénea o natural. Gran parte de sus habitantes procedían de Oriente Próximo, de países árabes. No tenían experiencia ni memoria alguna de lo que había supuesto la Shoah. Su propia identidad era muy fluida. El idioma de muchos de ellos era el árabe. La narrativa de la Shoah fue una construcción de los judíos europeos, sobre todo de sus políticos, que decidieron que este era el pegamento que podría unir a los diferentes componentes de la población judía, cada uno de ellos con una experiencia histórica diferente.

P. Usted ha defendido siempre que el gran proceso que ha definido la segunda mitad del siglo XX fue la descolonización, y que sigue presente.

R. Todo lo que vivimos hoy muestra cómo las estructuras y la mentalidad de un cierto tipo de imperialismo racial del siglo XIX no han sido eliminadas del todo. Siguen ahí. Apropiémonos de Groenlandia, obliguemos a los ucranios a entregar sus minerales raros, convirtamos Gaza en una nueva Riviera. Imperialismo básico consistente en arrebatar lo que te interesa sin preguntar, y degradar a la gente de piel oscura. Mucha gente pensaba que habíamos dejado atrás todo esto, para invertir en un progreso moral y social y en un avance del liberalismo.

P. Y en estas guerras culturales de los últimos años, que incluyen el estudio crítico de ese pasado imperial, la izquierda parece en retroceso. Hoy se atacan sin cuartel las políticas identitarias que se conocen peyorativamente como lo woke.

R. Si hoy hablas en el Reino Unido sobre los restos del imperialismo, te señalan como woke; si defiendes a las personas trans, te denunciarán como woke; es el modo de excusarse por parte de muchas personas que han sido cómplices de los fracasos y desastres de los últimos años, que no se han parado a pensar demasiado en cierto tipo de capitalismo global que ha creado profundas desigualdades y un enorme resentimiento en la población de Europa Occidental. No se dan cuenta de que el voto a favor de Trump es un voto contra el sistema, no necesariamente contra lo woke. Es una maniobra bastante interesante la de desviar la conversación de los verdaderos problemas económicos y de la desigualdad.

“El voto a favor de Donald Trump es un voto contra el sistema, no necesariamente contra lo woke”

P. Desde un primer momento usted fue de los que advirtió a Occidente de que gran parte del mundo, el sur global, no estaba tan comprometido en la ayuda a Ucrania.

R. El mundo no occidental nunca se ha sentido implicado en esta batalla contra Rusia. Por muchas razones. Varios de estos países, como India, dependen de Rusia en el suministro de armas o en el suministro de petróleo. No van a romper esa relación. O mire a China, por ejemplo, que tiene su propia relación especial con Moscú y sus propios intereses. Pero además, muchos de ellos no entienden los argumentos morales para situarse en contra de Putin. Contemplan a la OTAN como una potencia agresiva y expansiva, y creen que llevar su alcance hasta la misma frontera rusa es una terrible provocación. Pueden pensar que Putin es un loco imperialista, pero no creen que haya sido él quien se haya inventado la amenaza de la OTAN. Ya lo dijo Gorbachov, y Boris Yeltsin se quejó de lo mismo.

P. Y en ese sentido, usted cree que la crisis de Ucrania ha revelado que el emperador estaba desnudo.

R. Lo que ha demostrado la crisis de Ucrania ante los ojos de muchas personas de todo el mundo, tanto con el ineficaz régimen de sanciones desplegado contra Rusia como con la propia guerra, que no ha infligido serias derrotas a Moscú, es que Occidente es hoy mucho más débil de lo que era. Que ya no puede sostener su aspiración a liderar el resto del mundo, ni económica ni militarmente. Que sin la participación de China o de la India, las sanciones contra Rusia no producen ningún efecto. Tanto el caso de Ucrania como el de Gaza han mostrado la debilidad diplomática, militar y moral de Occidente.

P. Finaliza usted su libro con un cierto atisbo de esperanza, al contemplar las movilizaciones estudiantiles contra la destrucción de Gaza.

R. En un clima actual de codicia, violencia y expansión, ver a jóvenes manifestantes que defienden valores como la compasión, la solidaridad, la empatía y sentimientos por los débiles y los pobres no deja de ser toda una declaración de intenciones radical. Nos estamos alejando de un lenguaje de izquierdas tecnócrata que hablaba de redistribución e igualdad para reivindicar a cambio ciertos principios morales básicos que siempre han estado en la filosofía y en las religiones, y que habíamos olvidado por completo.

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“La pelota está ahora en el tejado de Rusia y el presidente Putin debe demostrar que sus deseos de paz son serios, y debe firmar un alto el fuego equilibrado para ambas partes. Las maniobras de dilación del Kremlin en respuesta a la propuesta de alto el fuego del presidente Trump, así como los continuados ataques bárbaros de Rusia contra Ucrania, son un claro desmentido del deseo de paz proclamado por Putin”, ha dicho Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, al concluir este sábado la videoconferencia convocada por Londres para tratar la situación en Ucrania. “Tarde o temprano, Putin tendrá que sentarse a negociar”, ha añadido.

La reunión telemática, en la que han participado 26 jefes de Gobierno (de la UE, junto a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Turquía y el presidente ucranio, Volodímir Zelenski) más la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha sumado a la presión sobre Putin lanzada por los ministros de Exteriores del G-7 este viernes desde Canadá. La relevancia de este último encuentro radica en que la Administración estadounidense, que se juega su prestigio con la propuesta de alto el fuego, ha querido que se oyera su voz a la hora de torcer el brazo al Kremlin.

Los ministros discutieron un incremento de las sanciones ya impuestas a Rusia, con la posible imposición de límites al precio del petróleo o la congelación de más activos rusos en el exterior.

“La pregunta es, ¿nos estamos acercando a un alto el fuego o [Rusia] está simplemente usando tácticas dilatorias?”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al concluir la reunión del G-7. Washington no se ha comprometido aún a imponer más castigos económicos a Moscú, pero ha evitado en esta ocasión alejarse de la postura de sus socios. “El presidente Trump no quiere llegar ahora a eso”, explicaba Rubio, “porque sigue confiando en atraer a las dos partes hacia un proceso en el que se pueda negociar la paz”.

Ese horizonte no parece cercano. Putin manifestó el pasado jueves que “un alto el fuego temporal beneficia a Kiev, pero una tregua a largo plazo exige abordar las causas profundas del conflicto”, en alusión a ese supuesto cese temporal de las hostilidades con condiciones que defiende el Kremlin. Para expertos independientes como Iván Preobrazhenski y Tatiana Stanovaya, Moscú está utilizando esa estrategia para arrancar concesiones a Washington que le favorezcan en el campo de batalla y pavimenten el camino no a la paz, sino a la futura rendición de Ucrania. En opinión del periodista ruso Andréi Pertsev, “Putin ha rechazado rotundamente la tregua” porque se ha colocado del lado de sus halcones y cree que esta solo beneficia a Ucrania.

Desde el principio de la guerra, Rusia ha exigido —y sigue exigiendo—, que Occidente abandone a Kiev; que Ucrania quede indefensa y desarmada, y ponga al frente del poder un Gobierno afín a Moscú. Y ese abandono a Ucrania al que aspira el Kremlin no se trata solo de la adhesión a la OTAN del país. Este sábado, el líder de la UE más cercano a Putin, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, exigió que los Veintisiete no acepten a Ucrania en su seno.

El discurso oficial ruso sobre cómo discurre la guerra es triunfalista. “Como sabéis, las tropas rusas están avanzando en casi todas las zonas del frente”, mencionó Putin el martes. Sin embargo, ese triunfalismo oficial ruso actual no coincide con la realidad sobre el terreno. Como reconocen las voces nacionalistas, Rusia solo ha recuperado su propio territorio en la región rusa de Kursk —parcialmente invadida por Ucrania en agosto de 2024—, mientras que su avance en el este del país invadido ha sido frenado y las fuerzas ucranias empujan a las rusas en sectores como Toretsk, en la región ucrania de Dónetsk.

Para el periodista ruso Andréi Pertsev, Estados Unidos podría reaccionar con sanciones más duras para Rusia y armas para Ucrania, si persiste la negativa a negociar la paz por parte de Putin. Ello, sostiene, abriría una ventana de oportunidad a los partidarios de la paz del Kremlin. “El rechazo real de Putin a la tregua supone un duro golpe para la imagen del presidente estadounidense”, afirma Pertsev en un análisis publicado por el think tank Riddle. Para el experto, los halcones de Putin creen que Trump estaría dispuesto a hacerles muchas concesiones solo para alcanzar una paz pronto.

Avances en la “coalición de voluntarios”

La reunión convocada por Starmer, con un propósito similar al encuentro presencial de líderes de Gobierno que tuvo lugar en Londres hace dos semanas, perseguía transmitir la idea, tanto a Washington como a Kiev, de que Europa y sus aliados occidentales persiguen asumir su responsabilidad y jugar un papel activo en garantizar la futura paz de Ucrania.

El primer ministro británico ha anunciado una reunión de altos mandos militares en el Reino Unido el próximo jueves, “para avanzar ya hacia una fase operativa (...) y desplegar planes fuertes y robustos que respalden un acuerdo de paz y garanticen la seguridad de Ucrania”, ha dicho Starmer.

El dirigente británico ha asumido un papel protagonista en los esfuerzos de las últimas semanas por alcanzar una “paz justa y duradera”, pero está obligado a realizar constantes equilibrios para preservar la “relación especial” de su país con Washington, y evita en todo momento transmitir la idea de que Europa ha decidido encarar esta crisis en solitario. “Nuestra postura no ha cambiado. He dicho claramente que necesitamos hacer todo esto en conjunción con Estados Unidos, con los que hablamos a diario”, aseguraba Starmer.

“La paz será más sólida si se envían contingentes europeos al terreno, y existe a la vez una garantía de seguridad de Estados Unidos”, ha pedido a los líderes convocados por Londres el presidente Zelenski.

El Reino Unido y Francia, los únicos países europeos que hasta la fecha han anunciado su voluntad de enviar soldados a territorio ucranio como parte de una potencial fuerza de paz, trabajan en la construcción de una “coalición de voluntarios” que contribuyan a aportar garantías de seguridad a un hipotético acuerdo de paz en Ucrania. Hasta el momento, la mayoría de los gobiernos, incluidos España, Alemania, Italia o Polonia, se han negado a enviar tropas, pero están dispuestos a estudiar otras vías de participación.

“Ya he indicado la voluntad del Reino Unido de asumir un papel de liderazgo en este esfuerzo, con soldados sobre el terreno y aviones en el cielo, sin son necesarios. Pero las capacidades son diferentes en cada país, y por eso vamos a llevar a cabo discusiones operativas para estimar las aportaciones concretas a esa coalición de voluntarios”, ha admitido Starmer. “La coalición está creciendo, y es un grupo mayor al que teníamos hace dos semanas”, ha señalado el primer ministro, sin dar detalles respecto a las nuevas incorporaciones o compromisos.

“Acciones, y no palabras vacías”

Starmer se ha erigido en portavoz de los líderes de Gobierno que han participado en la videoconferencia de Londres, para transmitir a Putin un mensaje que sonaba a ultimátum: “El mundo necesita acciones, no palabras vacías o nuevas condiciones. Este es el momento del silencio de las armas. (...) No nos vamos a sentar y esperar que Putin haga algo. Vamos a seguir presionando”, ha anunciado el británico, para el que ha llegado la hora de imponer sobre el presidente ruso “la máxima presión posible”.

La reunión ha concluido con el compromiso de seguir contribuyendo al fortalecimiento de las fuerzas armadas y la capacidad defensiva de Ucrania; de continuar un incremento de las sanciones sobre las fuentes de ingresos rusas, y de mantener la exploración “de todas las rutas legales posibles para asegurar que Rusia pague por el daño que ha ocasionado a Ucrania”, ha dicho Starmer.

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Starmer, según ha avanzado Downing Street, transmitirá a los convocados la necesidad de incrementar con todas las fuerzas la presión económica sobre Rusia para forzar a Vladímir Putin a la mesa de negociación. Ese debe ser el objetivo a corto plazo, asegurará el primer ministro, junto a la exigencia de que todos los países estén preparados cuanto antes para apoyar una paz justa y duradera en Ucrania a largo plazo, además de incrementar la ayuda militar a Kiev para que siga pudiendo defenderse de los ataques rusos.

“No podemos permitir al presidente Putin que siga jugando con el acuerdo alcanzado por el presidente Trump [con Ucrania]. El desprecio absoluto del Kremlin por la propuesta de alto el fuego del presidente Trump solo sirve para demostrar que Putin no se toma en serio la paz”, tiene intención de decir Starmer al resto de líderes políticos, según ha avanzado el Gobierno británico.

El primer ministro pedirá a los países convocados a la videoconferencia que estén todos preparados para controlar que el alto el fuego, de llevarse a cabo, dé paso a una paz segura y duradera.

Coalición de voluntarios

La videoconferencia de este sábado se produce después de una intensa semana diplomática centrada en la crisis de Ucrania, en la que hubo una reunión de jefes de Estado Mayor de la UE y de la OTAN en París; un encuentro también en la capital francesa de los ministros de Defensa del Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia y Francia y de una reunión de ministros de Exteriores del G-7 en Canadá.

Además de realizar un balance de todos estos esfuerzos y de analizar la situación actual del conflicto, el Gobierno británico desea conocer de primera mano el grado de aportaciones que los distintos países están dispuestos a hacer a la llamada “coalición de voluntarios”, el esfuerzo impulsado por el Reino Unido y Francia para aportar garantías de seguridad europeas a un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Los dos países han expresado ya su compromiso de enviar tropas a territorio ucranio, para formar una fuerza de paz, pero de momento se han enfrentado a las dudas y reticencias de otros Gobiernos, como el alemán, el polaco o el español, que consideran que esa decisión es algo todavía muy precipitado en medio de una situación que permanece plagada de incertidumbres.

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“Estoy decepcionado al ver este aumento de los aranceles globales sobre el acero y el aluminio, pero vamos a responder con un planteamiento pragmático”, ha dicho Starmer este miércoles en la Cámara de los Comunes. “Estamos negociando un acuerdo económico [con Estados Unidos] que cubre toda la relación, incluidos los aranceles, si tenemos éxito. Pero mantenemos todas las opciones sobre la mesa”, ha sugerido el primer ministro, que no descartaba en el futuro algún tipo de respuesta.

“El Reino Unido y Estados Unidos tienen una relación económica muy sólida, basada en intercambios comerciales equilibrados y recíprocos”, había señalado antes un portavoz de Starmer. “Estamos trabajando de modo muy cercano con la Administración estadounidense para convencerla de que el Reino Unido quede exento de esos aranceles”, ha añadido.

La visita del laborista Starmer a Washington el pasado 27 de febrero fue celebrada como un éxito diplomático por Downing Street. Trump sugirió públicamente, con un sonriente y satisfecho Starmer a su lado, que la relación con Londres era mucho mejor que con Bruselas, por lo que era factible que los británicos se libraran de la futura subida de aranceles.

El presidente de Estados Unidos llegó a sugerir que los dos gobiernos se pondrían manos a la obra de inmediato para negociar un nuevo tratado comercial, el sueño anhelado y nunca logrado por anteriores primeros ministros conservadores, como Boris Johnson, que prometieron que el Brexit daría al Reino Unido libertad para negociar con Washington ese acuerdo, que nunca llegó.

El Reino Unido, también “castigado”

A pesar de que Starmer volvió a hablar por teléfono este lunes con Trump, para convencerlo de que tuviera en cuenta la “relación especial” con Londres, los nuevos aranceles han llegado al acero británico como al del resto del mundo.

El Reino Unido es el undécimo exportador de acero y hierro a Estados Unidos, con cerca de 1.000 millones de euros. Supone aproximadamente un 5% del volumen total producido en territorio británico. “Esto es un mazazo para el libre comercio, que no tendrá solo impacto en la producción británica, sino en la de todo el mundo”, ha dicho Gareth Stace, que preside UK Steel, la patronal de la industria del acero.

De momento, el Gobierno de Starmer se reserva el derecho a responder a Estados Unidos. “Ya hemos dejado claro que estamos preparados para defender los intereses nacionales cuando de la industria del acero se trata, pero de momento pretendemos mantener la cabeza fría en torno a toda esta especulación alrededor de los aranceles”, ha señalado el portavoz de Starmer.

El Partido Laborista se comprometió en su programa electoral de 2024 a destinar casi 3.000 millones de euros a “reconstruir la industria nacional del acero”, que sufre desde hace una década la competencia de una oferta exterior más barata, así como altos precios en la energía y un descenso en la demanda. A finales del año pasado, más de 6.000 puestos de trabajo desaparecieron en el sector.

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La exposición Siena: The Rise of Painting. 1300-1350 (Siena: el despertar de la pintura. 1300-1350), que la National Gallery de Londres ha incluido como uno de los acontecimientos principales para celebrar su bicentenario, redescubre la importancia fundamental de los artistas de esta ciudad, enriquecida por su actividad bancaria y su localización estratégica en la Vía Francígena (la ruta europea de norte a sur que llevaba a Roma), para establecer las bases del posterior Renacimiento. La muestra ya estuvo en el Met neoyorquino desde octubre del año pasado hasta finales de enero de 2025.

“Normalmente, nos lleva de dos a tres años preparar cualquier exposición importante en la National Gallery. En esta hemos trabajado entre ocho y diez años”, explicaba Gabriele Finaldi, el director de la pinacoteca nacional británica, acompañado de la alcaldesa de Siena, Nicoletta Fabio.

La muestra, que reúne más de cien obras prestadas por museos de todo el mundo, se abrió al público el pasado sábado y permanecerá hasta el 22 de junio. Gira en torno a cuatro artistas fundamentales para entender ese momento clave en la historia de la ciudad y del arte universal: Duccio, Simone Martini y los hermanos Pietro y Ambrogio Lorenzetti. La obra de los cuatro introduce sentimientos, expresividad y emociones humanas. Añade paisaje, contexto, arquitectura y escenas cotidianas a los relatos bíblicos, rompe con la formalidad del arte religioso y comienza a mostrar un esbozo de tridimensionalidad.

Con estas características, es muy complicado transmitir al observador de hoy el pasmo y asombro que la obra de estos autores provocó en sus contemporáneos, pero ese el esfuerzo necesario que debe realizarse para entender la magnitud de todo lo que produjo Siena en medio siglo.

“En la medida de lo posible, debes intentar hacer como si no hubieras visto todo lo que has visto hasta ahora. Aunque ya sé que esto es imposible”, reclama Laura Llewellyn, una de las conservadoras de la National Gallery especialista en la pintura italiana previa al siglo XV, que ha participado en la preparación de la muestra. “Vivimos en un mundo posfigurativo, en el que la fotografía es parte de nuestras vidas. Pero en ese momento, en el contexto original de estas pinturas, todo giraba en torno a la imagen, cómo crear una imagen”, explica. “Los pintores de Siena no tenían las herramientas de las que disponen los de hoy: siete siglos de ejemplos que seguir, de artistas a los que responder, de tradiciones sobre las que seguir construyendo”, añade Llewellyin para remachar la idea de que todo era territorio inexplorado e innovación artística.

La irrupción de la ‘Maestá’

Los relatos guardados de la época cuentan cómo la multitud se agolpó a las puertas del taller de Duccio, en la Via Stalloreggi, cuando empezó a extenderse por la ciudad el rumor del milagro que había creado el maestro. Era junio de 1311. El Gobierno de los Nueve, la magistratura que dirigía la República de Siena, acompañó en procesión a los religiosos que portaron hasta la catedral de la ciudad la Maestá (Majestad), un retablo de unos dos por cuatro metros aproximadamente, con fondos de oro, multitud de escenas pintadas con profusión de tejidos y detalles arquitectónicos. Una obra portátil que semejaba en su diseño la fachada misma de la iglesia, con sus pináculos góticos.

La imagen clásica del arte cristiano medieval, la Virgen entronizada con el Niño Jesús, convertida en algo nuevo y revolucionario. “Hay momentos en la historia en los que surge una innovación burbujeante, donde todo parece acelerarse. Este de Siena fue uno de esos momentos”, señala Llewellyn.

Diez santos, 20 ángeles y 10 apóstoles rodeaban la imagen. Pinturas al temple sobre madera. Cerca de cuarenta tablas para describir la vida y la muerte de la Virgen, con quien Siena siempre tuvo una relación especial —protectora frente a sus enemigos, los florentinos—, y la predela, en la base, con tablas que relatan la vida de Cristo.

En 1506, la Maestá abandonó el altar mayor de la catedral. En 1771, la obra, que tenía pinturas en sus dos caras, fue seccionada, laminada más bien, para repartir sus imágenes en dos altares. El reverso del retablo estaba formado por 50 tablas con los milagros, las enseñanzas y la Pasión de Cristo.

La gran obra de Duccio ya solo puede ser imaginada. La mayoría de sus escenas, fragmentadas, están repartidas por galerías de todo el mundo. Las que incluye la exposición muestran una técnica exquisita y un dominio narrativo excepcional.

“Son obras que comienzan a intentar lograr que las escenas bíblicas parezcan reales, tangibles y presentes. En ese sentido, todas estas pinturas suponen un cambio en las prácticas devocionales, impulsado por órdenes mendicantes como los franciscanos y los dominicanos. Los franciscanos tienen mucho interés en animar a los fieles a que entendieran la humanidad de Cristo y la cercanía a nuestras vidas de los personajes sagrados”, explica Imogen Tedbury, otra de las comisarias de la exposición.

Niños que retiran o juegan con el velo de la madre; el rostro amoroso y triste de la Virgen, que ya sabe cuál es el futuro del Niño Jesús; santos con rostros humanos y dolientes; escenas de una pasmosa cercanía, como El hallazgo de Jesús, de Simone Martini, en la que José señala a Jesús a su madre, preocupada por él cuando se extravía en el templo para hablar con los doctores. Un adolescente con los brazos cruzados acepta desafiante la reprimenda.

“A Duccio le interesa mucho expresar la relación entre madre e hijo, así como el amor de ella y su sufrimiento futuro. Intenta encapsular todas estas emociones en una sola imagen”, sintetiza Tedbury. “Simone busca la expresividad de cada uno de los personajes”.

Junto a los hermanos Lorenzetti, Pietro y Ambrogio, que construyeron un espacio arquitectónico y metafísico para las escenas bíblicas, todos estos artistas impulsaron para la posteridad una ciudad eclipsada durante siglos por el esplendor de la Florencia de los Medici, y que la National Gallery reivindica ahora con justicia.

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Por eso, a caballo de los planes anunciados por el nuevo Gobierno laborista de Keir Starmer para regenerar el norte de Inglaterra, el club ha anunciado la construcción de un nuevo estadio con capacidad para 100.000 espectadores —actualmente dispone de 74.140 asientos―, diseñado por el arquitecto Norman Foster, también nacido en el área metropolitana de Mánchester (en la localidad de Reddish, al sureste de la ciudad). La nueva instalación, que tardará al menos cinco años en ser una realidad, se levantará cerca de Old Trafford, que seguirá acogiendo durante este tiempo a los aficionados.

No está claro si el final del proceso será la demolición del viejo estadio, o su uso para otras actividades del club.

“Creo que el norte de Inglaterra merece tener un estadio donde la selección nacional pueda jugar, o donde se celebre una final de la Liga de Campeones. Un estadio que esté a la altura de la leyenda del Manchester United”, ha explicado Ratcliffe, que quiere convertir la construcción en el símbolo del mayor proyecto de regeneración urbanística de Europa en la historia reciente. “Un proyecto así necesita un catalizador, un núcleo central, o acaba siendo otra promoción inmobiliaria con un centro comercial al lado (...) Como la Torre Eiffel, en París, visitada por millones de personas. Nuestro club tiene mil millones de seguidores por todo el mundo que querrán visitar este estadio”, ha anunciado.

Cinco años, casi 2.400 millones de euros

El proyecto inicial, según ha sido anunciado este martes, tendrá un coste aproximado de casi 2.400 millones de euros, y los cálculos más optimistas señalan que podría estar listo en cinco años. Pero Ratcliffe ha querido insistir en que la iniciativa corresponde ahora al Gobierno de Starmer, que debe poner en marcha cuando antes sus planes de regeneración de la ciudad, para que el club se sume a ellos.

“Si logramos hacer esto bien, el impacto regenerativo podría ser incluso superior al que supusieron los Juegos Olímpicos de Londres 2012″, ha asegurado Andy Burnham, el alcalde laborista de Mánchester, y uno de los políticos que ha logrado impulsar con más tesón la autonomía financiera y política del norte de Inglaterra. “El potencial de un club como el Manchester United puede suponer la creación de miles de empleos y de viviendas en la zona”, anunciaba.

La visión del nuevo estadio explicada por Foster tendrá el diseño de una inmensa carpa que cobijará las instalaciones y una plaza pública el doble de grande que la actual Trafalgar Square de Londres. De los tres mástiles que la sostendrán, el llamado “tridente”, el más alto de todos, tendrá una altura de 200 metros, y pretende convertirse en el símbolo de la ciudad, capaz de ser divisado a 40 kilómetros de distancia. “No quiero que sea una fortaleza cerrada rodeada de un mar de automóviles. Será abierto, y protegido por un gran paraguas que será capaz de almacenar energía solar y agua de lluvia, que ofrecerá protección y albergará el mayor espacio público del mundo”, ha descrito el arquitecto.

This is your future.
Your home.
Your United.#MUFC pic.twitter.com/cK7yVnOm1X

— Manchester United (@ManUtd) March 11, 2025

Los planes del Manchester United contemplan la creación de 92.000 nuevos puestos de trabajo y 17.000 nuevas viviendas. Calculan que pueden atraer casi dos millones más de visitantes anuales y proyectan la generación de 8.600 millones de euros para la economía del Reino Unido con el proyecto.

La dirección del Manchester United no ha dado muchas explicaciones aún de cómo pretende recabar la financiación para la construcción de un nuevo estadio, en un momento en que el club soporta una deuda de casi 1.200 millones de euros, y lleva unos años de clasificación mediocre en la Premier League.

El diseño de Foster supone el ensamblaje de cerca de 160 módulos y componentes prefabricados que serían transportados hasta la zona a través del canal de Mánchester.

El viejo estadio, Old Trafford, sobre el que no se han acometido mejoras desde 2006, y que acumula problemas de goteras e incomodidades, tiene un futuro incierto. Alguna sugerencia ha señalado ya una rehabilitación para su futuro uso por las categorías juveniles del club.

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La empresa propietaria del Solong ha señalado que al menos uno de sus tripulantes sigue en paradero desconocido.

El petrolero estaba anclado cerca de la localidad de Hull, frente al estuario Humber, mientras que el Solong viajaba del puerto escocés de Grangemouth al de Róterdam (Países Bajos). El carguero tranportaba, como parte de su mercancía, quince contenedores de cianuro de sodio, un material químico que se usa para limpieza de metales, extracción y fotografía. Una exposición a esta sustancia puede provocar mareos, dolores de cabeza y cambios en el ritmo cardíaco, según la Agencia para la Seguridad de la Salud del Reino Unido. No está todavía claro si ha habido un vertido de este material químico en el mar.

Las primeras imágenes del accidente naviero muestran llamas y una enorme columna de humo surgiendo del petrolero. La otra embarcación también ha resultado incendiada. Varias personas, sin precisar aún la cifra, han comenzado a abandonar las embarcaciones, según la Real Institución Nacional de Naves Salvavidas (RNLI, en sus siglas en inglés).

“Un helicóptero de rescate de la Guardia Costera ha despegado desde Humberside, junto a naves de rescate que han zarpado de Skegness, Bridlington, Maplethorpe y Cleethorpes. También han acudido a la zona una avioneta y embarcaciones con capacidad de extinguir incendios”, afirmaron las autoridades en un primer comunicado.

Combustible para el ejército estadounidense

La empresa estadounidense de logística que gestiona el petrolero es Crowley, mientras que la propietaria de la embarcación es la sueca Sena Sphere, controlada por la multimillonaria familia Olsson. Es uno de los 10 petroleros que participan en el programa de abastecimiento del ejército estadounidense para sus misiones en el exterior.

Autoridades del Departamento de Defensa de Estados Unidos han confirmado que el Stena Immaculate transportaba combustible para el ejército, pero ha restado importancia a la pérdida ocasionada por el accidente. “La colisión y las subsiguientes explosiones no tendrán impacto alguno en operaciones en curso o en la respuesta de combate”, han señalado.

La zona donde se ha producido el choque suele registrar un tráfico intenso de embarcaciones, en su mayoría procedentes de la costa noreste de Inglaterra y en tránsito hacia Países Bajos o Alemania.

La empresa Crowley ha confirmado que el petrolero transportaba combustible para aviones, y que parte del cargamento acabó en el mar. “El Stena Immaculate sufrió la rotura de un tanque que transportaba combustible para avión del tipo Jet A-1 como consecuencia de la alisión [el término náutico con que se describe el choque de un barco en movimiento con un barco estacionario]. La alisión provocó un incendio, y se nos ha informado de la liberación de combustible”, dice un comunicado de la compañía.

La Guardia Costera británica ha asegurado que ya ha puesto en marcha el mecanismo “para calcular el nivel de respuesta contra una posible contaminación”, a consecuencia de potenciales vertidos, pero que se trata de un accidente todavía en fase de resolución, por lo que aún es pronto para realizar ese tipo de evaluaciones.

Un portavoz de Greenpeace UK ha señalado que el posible daño medioambiental provocado por el accidente dependerá “de la cantidad y tipo de combustible transportado, del fuel que tenían en sus depósitos ambas embarcaciones, y de la cantidad total de todo ese material que haya acabado vertido en aguas marinas”.

Es aún demasiado pronto para hacer esos cálculos, ha señalado la organización medioambiental, que también ha destacado como factores a tener en cuenta las condiciones meteorológicas y marítimas, así como la rapidez de una posible respuesta por parte de las autoridades británicas.

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El documental, elogiado por los críticos de los medios conservadores y progresistas del Reino Unido, narra la vida diaria de cuatro menores en la Franja, durante los meses posteriores a los ataques lanzados por el Gobierno de Israel contra Hamás, en respuesta a los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por esa organización, que ocasionaron la muerte de casi 1.200 israelíes.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, casi 50.000 personas, la mayoría mujeres y niños, han muerto a consecuencia de la ofensiva israelí sobre Gaza.

El periodista y activista David Collier, que se define a sí mismo como “cien por cien sionista” en su propia página web, denunció que el niño que narra el documental, Abdullah Aymna Alyazouri, de 13 años, era hijo del que fuera viceministro de Agricultura y miembro de la rama política de Hamás, Ayman Alyazouri.

Además, Collier reveló que otra de las menores que aparece en el documental es la hija de un excapitán de la policía de Gaza, controlada por Hamás.

El documental fue codirigido por el británico Jamie Roberts y el palestino Yousef Hammash para la productora Hoyo Films, que cobró a la BBC por todo el trabajo el equivalente a 477.000 euros.

Durante nueve meses, dos camarógrafos locales fueron dirigidos a distancia desde Londres —el acceso a Gaza de los periodistas es prácticamente imposible— mientras seguían a los menores, que relataban su duro día a día en un territorio devastado por las bombas.

Denuncias y contradenuncias

Después de recibir las denuncias de organizaciones como la Board of Deputies of British Jews (Consejo de Representantes de los Judíos Británicos), la voz más potente en el Reino Unido de esta comunidad, y de que la ministra de Cultura y Medios del Gobierno laborista, Lisa Nandi, exigiera explicaciones inmediatas y una reunión urgente, la corporación pública decidió retirar de inmediato de su plataforma el documental y abrir una investigación interna sobre los controles editoriales y de contenido que recibió el producto.

“Este es realmente un muy mal momento. Es un puñal en el corazón de la BBC y de su reivindicación de ser imparcial y digna de confianza”, se lamentaba este martes el presidente del ente público, Samir Shah, en su comparecencia ante la Comisión de Cultura, Medios y Deportes del Parlamento británico.

“En aquel momento [cuando fue informado de quién era el padre del menor que narra el documental], de modo muy rápido, perdí la confianza en el filme. Y tomé la decisión de sacarlo de iPlayer mientras llevábamos a cabo una profunda investigación interna”, explicó Tim Davie, el director general de la BBC, en esa misma comparecencia.

La convicción de los directivos del ente de haber tomado la decisión correcta ha sido duramente cuestionada por otras organizaciones y personalidades relevantes que acusan a la BBC de hipocresía, de haberse plegado a las presiones de los aliados de Israel y de haber metido en el cajón un producto que, con fallos remediables, como cualquier otro trabajo periodístico, era una denuncia rigurosa de las duras condiciones de vida de los menores en Gaza.

“Afirmamos que Tim Davie y Samir Shah han arrojado bajo las ruedas del autobús a los niños palestinos. Los directivos de la BBC deben explicar ahora cómo van a proteger a los menores que participaron en el documental”, reclama en un comunicado la organización Artists for Palestine UK (Artistas por Palestina Reino Unido). “Sus vidas corren peligro mientras Israel bloquea la ayuda humanitaria y amenaza con poner fin al alto el fuego en Gaza. ¿Cómo se va a asegurar la corporación pública británica de que no está colocando una diana en la espalda de esos niños”, se pregunta el texto.

Más de mil personalidades, entre las que se incluyen el exfutbolista y comentarista deportivo estrella de la BBC Gary Lineker, los actores Riz Ahmed, Khalid Abdalla y Miriam Margolyes, o el director de cine Mike Leigh, han exigido la BBC que vuelva incorporar a la plataforma el documental.

“Retórica de brocha gorda”

“Este filme es una pieza esencial de periodismo, que ofrece una perspectiva poco habitual sobre las experiencias vitales de niños palestinos que viven circunstancias inimaginables, y da altavoz a voces normalmente silenciadas. Merece reconocimiento y no una censura por motivaciones políticas”, denuncia el texto.

Los firmantes señalan que el padre de Alyazouri ocupó en su momento un puesto de alto funcionario relacionado con la producción alimenticia, y que relacionar su cargo con el terrorismo no solo es incorrecto sino deshumanizador. “Esta retórica de brocha gorda asume que todos los palestinos que ocupen puestos administrativos son cómplices de la violencia. Un tópico racista que niega a los individuos su humanidad y su derecho a compartir sus experiencias vitales”, concluye la denuncia.

La productora Hoyo Films ha admitido que pagó “una cantidad limitada” a la madre del menor, a través de la cuenta corriente de la hermana, por su trabajo como narrador del documental. “Ningún pago o regalo se realizó directamente a miembros de Hamás”, ha asegurado la compañía.

La BBC se financia a través de una tasa anual que pagan los televidentes británicos —unos 200 euros—, con lo que cada controversia es utilizada por los enemigos de la corporación, principalmente el Partido Conservador, para poner en cuestión este modelo económico. “¿Acabó en manos de Hamás el dinero que los contribuyentes pagan a la BBC?”, se ha preguntado la líder del partido de la oposición, Kemi Badenoch, en una carta enviada a la dirección de la corporación en la que reclama una investigación exhaustiva de lo sucedido.

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“Siempre lo he considerado algo contrario a la prosperidad y a la especialización. Desde pequeño me vi a mí mismo viajando y viviendo en la UE. No sé… en Fráncfort, en Múnich… Ahora sé que eso es muy difícil. El Brexit ha limitado por completo mi movilidad. Empiezo a pensar que me va a ser más fácil viajar a Estados Unidos que a Europa”, se lamenta. Duncan estudia Ciencias Actuariales y Finanzas en la Bayes Business School de Londres.

Jerves Aroda, de 18 años, se expresa de modo preciso y claro con acento londinense. Su familia llegó desde Uganda a la capital británica. Estudia Ingeniera Civil y de Infraestructuras en la City University of London. “Siempre he querido trabajar fuera de este país, porque aquí no creo que haya tantas oportunidades como en el resto de Europa, o incluso en Oriente Próximo. Mi sueño era viajar a Alemania, donde tienen unas facultades de ingeniería estupendas. O Suiza. Me hubiera encantado vivir o trabajar allí, pero creo que ahora es prácticamente imposible, al haber perdido todos los derechos que teníamos como miembros de la UE. Incluso la idea de un año sabático en Europa, donde tengo familia, es imposible. Me resultaría más fácil hacerlo en Estados Unidos”, cuenta Aroda.

La juventud traicionada

Cuando el pasado 31 de enero se cumplieron cinco años de la entrada en vigor del Brexit, la empresa YouGov publicó una amplia encuesta en la que un 55% de los británicos se lamentaba de la salida de la UE. El dato más triste del sondeo, sin embargo, era que tres de cada cuatro jóvenes de los que no tenían edad para votar en el referéndum de 2016 culpan ahora a esa decisión de haber hipotecado, casi arruinado, su futuro.

En 2011, según datos de la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, casi 400.000 británicos de entre 15 y 49 años habían vivido durante más de un año en algún país del territorio Schengen, donde impera la libertad de movimiento de personas de la UE. Diez años después, ya no era posible realizar esa escapada durante más de 90 días, y solo como turista, sin posibilidad de trabajar.

“Los que vivimos en Londres sabemos que se trata de una ciudad multicultural, que se beneficia enormemente de la presencia de extranjeros. Que nos separen de esa realidad es algo que sencillamente arruina nuestro futuro”, protesta Andrea Yanguas. Tiene 19 años, y lleva más de 10 viviendo en el Reino Unido. Estudia Ciencias Políticas en el King’s College de Londres.

Como ella, otros muchos jóvenes españoles que lograron poner un pie al otro lado del canal de la Mancha antes de que el Brexit frenara en seco esa aventura, se expresan ahora con irritación. Disfrutan del llamado EU Settlement Status, un permiso de residencia permanente al que pudieron acceder millones de ciudadanos comunitarios que vivían en el Reino Unido antes del divorcio con la UE. Pero lo que para muchos otros que se han quedado fuera es un privilegio, para ellos tiene algo de prisión. Si quisieran estudiar en España, o en otro país de la UE, perderían la ventaja adquirida.

“Yo logré mis papeles de residencia permanente justo antes de matricularme en la universidad, y aun así me resultó mucho más complicado que a mis compañeros ingleses acceder a la ayuda financiera”, explica Carlota Lalueza, de 19 años, que estudia Ingeniería Aeroespacial en el City University of London. Como otros estudiantes británicos, ha recibido un préstamo anual de casi 11.200 euros, el precio de la matrícula, que deberá devolver cuando empiece a trabajar. “Me exigieron mucha información y burocracia adicional. Y también me vi forzada a decidir si permanecía aquí, para no perder la oportunidad, o si me iba a estudiar a España o a algún otro país de Europa”, cuenta resignada.

“Fui de los últimos en obtener el pre-settlement [el permiso provisional de residencia, que pasaría a ser definitivo a los cinco años]. Mi hermana pequeña, por ejemplo, que sigue en España, ya no va a tener las mismas oportunidades que yo. Por eso he decidido quedarme, para poder optar a la ciudadanía y ayudarle a venir”, cuenta Mateo Maceira, de 20 años, que estudia Económicas y Empresariales Internacionales en la Universidad de Greenwich.

La propuesta de la UE

Ante la llegada al poder del Partido Laborista de Keir Starmer, en julio del año pasado, después de 14 años de agrias batallas con anteriores gobiernos conservadores, la UE pensó que era el momento de dar una oportunidad a los jóvenes. Planteó al nuevo Ejecutivo británico el llamado Esquema de Movilidad Juvenil. Era un plan similar al que el Reino Unido disfruta ya con otros países, como Australia. Permitiría vivir, estudiar y trabajar a ambos lados del canal por un periodo de cuatro años a los menores de 30.

Hasta la fecha, temeroso de la posible reacción de la derecha populista que lidera Nigel Farage, el primer ministro Starmer ha rechazado tajantemente esa propuesta, a pesar de su voluntad expresada de propiciar un reinicio de las relaciones con la UE.

“Cuando alguien viene a Londres y se queda a trabajar aquí durante dos, tres o cuatro años antes de regresar a su país de origen, vuelven enamorados de Londres. Y cuando acaban convirtiéndose en un alto ejecutivo o en un inversor, recuerdan su amor por esta ciudad”, explica a EL PAÍS Sadiq Khan, alcalde laborista de la capital británica y una de las voces de la izquierda que aún reniega sin pudor del Brexit. “Y además son jóvenes. No abusan de los servicios públicos, no se ponen enfermos… y nosotros nos beneficiamos de su contribución al crecimiento de la ciudad gracias a su trabajo”, defiende Khan.

Mallett, Aroda, Yanguas, Lalueza o Maceira son conscientes de que su deseo de un nuevo referéndum es hoy algo impensable. Habrá que esperar al menos 20 años más. Pero no entienden por qué hay resistencia a la propuesta de movilidad juvenil: “Si el Gobierno tiene miedo, que piense en el efecto positivo a largo plazo (…) Si me voy a estudiar a Europa, traeré de vuelta mi experiencia y talento para ayudar a construir aquí un sector potente de ingeniería civil”, promete Aroda.

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Las cantidades de dióxido de nitrógeno (NO₂) que afectan a los viandantes de la ciudad agravan los síntomas del asma y afectan al desarrollo pulmonar e incrementan el riesgo de cáncer de pulmón. El estudio revela un descenso del 27% de este gas tóxico por toda la capital británica. Las emisiones de partículas de vehículos, las conocidas como PM₂,₅, han descendido en un 31% desde la ampliación de la ULEZ.

El informe, en el que han participado académicos británicos, franceses y alemanes, señala que la reducción de emisiones de carbono desde que se implantó la zona ultra baja equivaldría a las que habrían producido tres millones de vuelos entre el aeropuerto londinense de Heathrow y la ciudad de Nueva York. Desde que se aplicaron las restricciones, en 2019, la mejora de la calidad del aire se ha incrementado en un 99% y Londres se adelanta a muchas otras zonas de Inglaterra.

“Cuando fui elegido, los datos sobre la mesa indicaban que costaría cerca de 193 años reducir la polución de Londres a los límites legales, al ritmo con que se intentaba entonces combatir”, ha dicho Sadiq Khan. “Estamos a punto de alcanzar ese objetivo este mismo año (…) No tomé a la ligera la decisión de expandir la ULEZ, pero creo que fue una decisión clave para la salud de los londinenses”.

Mejoría en las zonas pobres

Con la decisión adoptada en agosto de 2023, todos los vehículos que no cumplieran con los estándares de emisión Euro4 y Euro6 (en el caso de los de motor diésel) y circularan por la zona conocida como Greater London, que incluye 32 condados y la histórica City of London, que aglutina a más 12 millones de habitantes, estaban obligados a pagar una tasa diaria de 14,5 euros.

La cantidad se sumaba a los más de 17 euros diarios de la llamada Congestion Charge (Tasa por Congestión), que afecta a la zona más céntrica de la ciudad y, a diferencia de la ULEZ, aplicable 24 horas al día durante todo el año, tiene horarios limitados y excepciones festivas. El propósito inicial de esta tasa respondía más a reducir la congestión de tráfico que a reducir el efecto contaminante. La multa por infringir la nueva norma se estableció en 180 libras, unos 210 euros, reducida a la mitad si se pagaba en un plazo de 14 días.

La mayoría de la oposición ciudadana a la medida surgió en los barrios más alejados del centro, y sus quejas hacían referencia al elevado coste que iba a suponer la transición para los ciudadanos con menos recursos y que viven más alejados de sus lugares de trabajo. El estudio ha revelado que las zonas más pobres de la ciudad han sido las que más se han beneficiado de la ULEZ. Los entornos urbanos por donde cruzaban históricamente las carreteras y vías de tráfico más congestionadas han visto reducida en un 80% la exposición de los ciudadanos a niveles de polución que superaban el límite legal.

“El aire limpio se ha convertido en un asunto de justicia social. Y el informe confirma que las medidas drásticas pueden lograr resultados con éxito, no solamente en términos de salud, también en términos electorales”, ha señalado Larissa Lockwood, directora de Campañas y Propuestas de la organización medioambiental Global Action Plan. El alcalde Khan logró revalidar por tercera vez su mandato en mayo de 2024, a pesar de la campaña generada en su contra desde la oposición conservadora.

La creación en su día de la ULEZ perseguía la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas en la atmósfera londinense. Los datos municipales indicaban que hasta 40.000 personas morían cada año como consecuencia de la pobre calidad del aire que se respira en la capital británica.

El Ayuntamiento tuvo incluso que hacer frente a una batalla judicial que venció. En julio de 2023, el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales rechazó los recursos contra la ampliación de la ULEZ presentados por cinco condados londinenses (Bexley, Bromley, Harrow, Hillingddon y Surrey). Sus representantes llegaron a gastar más de un millón de euros en abogados y trámites legales para combatir una medida que el juez Jonathan Swift declaró perfectamente ajustada a la ley, y cuyo trámite previo de audiencia pública había informado debidamente y con tiempo suficiente a los ciudadanos de las nuevas medidas.

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“Ha habido ocasiones a lo largo de mi vida en las que he presenciado algo similar a lo que estamos viendo ahora: siempre que dos gánsteres hablaban entre ellos. Es el mismo estilo. El mismo método. En el caso de Putin lo entiendo perfectamente, viniendo de donde viene. No tengo tan claro por qué Trump es así. Quizá se explica porque era un promotor inmobiliario en un mercado complicado como es el de Nueva York. El caso es que sabe cómo manejar ese tipo de conversación”, explica ante un reducido grupo de medios europeos de la alianza LENA, entre ellos EL PAÍS, en la sede de su fundación Rusia Abierta de Londres, la ciudad donde vive exiliado Jodorkovski.

En toda la ceremonia de la confusión que Trump ha acelerado con sus declaraciones, sus cambios de tono o su humillante reprimenda en el Despacho Oval de la Casa Blanca al presidente ucranio, dice Jodorkovski, Europa no ha sabido interpretar los mensajes de Washington o del Kremlin y, lo que es peor, Volodímir Zelenski no ha sabido interpretar lo que le decían sus aliados europeos.

Por partes. En primer lugar, nada de lo que hasta ahora han dicho los dos presidentes es relevante, advierte el exempresario. “Todo lo que Trump o Putin digan sobre Ucrania no quiere decir nada, por el momento, hasta que se pongan de acuerdo en sus respectivos intereses. Una vez tengan eso claro, y todo lo que arriesgan si no cumplen lo pactado, habrá un acuerdo”, explica.

Pero Zelenski, aunque no sea culpable de la posición en que se encuentra, explica Jodorkovski, se encuentra en una situación complicada. En primer lugar, porque no se entiende ni tiene sintonía con Trump ni mucho menos con Putin. Y sobre todo —”Europa del Este y Europa del Oeste siempre han hablado un lenguaje distinto”, señala— porque el presidente ucranio no ha sabido captar el mensaje que le transmitían en Londres el pasado domingo las capitales europeas, entre abrazos y agasajos.

“Zelenski no ha entendido el mensaje que le estaban transmitiendo los líderes europeos, que era básicamente que no le podían ayudar sin la participación de Estados Unidos. Creo que él pensó que lo que Europa le estaba diciendo es que iban a apoyarle de todos modos, aunque Estados Unidos no lo hiciera. Interpretó que le daban vía libre. Y lo que le decían es que, o llegaba a un acuerdo con Washington, o estaba acabado”, señala.

El resultado del enfrentamiento

Jodorkovski no puede evitar una sombra de realismo-pesimismo en todos sus análisis, que deriva de su larga estancia en prisión, de su creencia de que no existe una oposición con verdadera solidez frente al régimen de Putin, y de su convicción de que habrá que esperar al menos una década, cuando el actual presidente ruso sobrepase los 80 años, para comenzar a trabajar en un cambio de régimen.

Más allá del expansionismo imperialista que muchos analistas atribuyen a Putin, Jodorkovski ve la invasión de Ucrania como una maniobra política del líder del Kremlin para mantener en alza su popularidad en el país. Es la cuarta vez, señala, que, ante serias dificultades internas, ha comenzado una guerra. “Y está claro, por lo que estamos viendo, que no ha perdido”.

Si Putin, en el peor de los casos, siguiera adelante con este conflicto e invadiera por completo Ucrania, aventura, Europa entraría en guerra en el plazo de dos años. “Sin dinero para invertir en todos estos territorios, no sabría qué hacer con todos los hombres desempleados que han estado tres años combatiendo. Y un problema similar, aunque menor, con los excombatientes rusos. La solución es lanzar otra guerra para deshacerse de esta gente. ¿Países bálticos? ¿Moldavia? ¿Rumania o Polonia?”, señala Jodorovski.

Así que la solución más realista, casi la óptima según él, consistiría en preservar la actual línea de combate de Ucrania y entrar en un periodo de guerra fría que duraría mientras Putin siguiera en el Kremlin.

Y si Trump, con su particular estilo negociador, ironiza, lograra algo similar a eso, debería recibir el premio Nobel de la Paz. “Si se detiene la guerra en la actual línea de enfrentamiento, y Trump logra preservar la condición de Ucrania como Estado soberano; si consigue que Ucrania mantenga su capacidad de defenderse por sí misma, y su industria armamentística propia, y si además garantiza que los aliados occidentales van a seguir proporcionando ayuda a Kiev —sin entrar en la OTAN—”, enumera Jodorkovski, “si logra todo eso deberían darle el premio Nobel de la Paz”, recalca.

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Aunque las autoridades británicas aseguran que no se trata de un visado de turista, que sigue sin ser formalmente necesario para los ciudadanos comunitarios que viajan a territorio británico, en la práctica es una medida muy similar, pues deja en manos del Ministerio del Interior del Reino Unido la decisión de autorizar o no la entrada.

Quedan exentos de la obligatoriedad de esta medida tanto los ciudadanos británicos e irlandeses, como lo que dispongan de un visado en regla o un permiso de residencia en el Reino Unido (esto incluye el EU Settlement Scheme, el permiso que obtuvieron millones de ciudadanos comunitarios previo al Brexit), así como los viajeros en tránsito.

Para registrarse y realizar la petición deberá disponerse de un pasaporte en vigor con datos biométricos (chip y reconocimiento facial), y deberán especificarse los detalles del viaje (hotel o lugar de residencia, duración, etcétera…), una dirección de correo electrónico y una tarjeta de crédito o débito.

La tasa de pago obligatoria será de 10 libras esterlinas. Es decir, entre 11 y 12 euros según el cambio en vigor. Una vez cumplimentado, el permiso tendrá una vigencia de dos años, para viajes que no superen los seis meses de estancia. Es un sistema similar al que exige ya Estados Unidos a los ciudadanos europeos que viajan a su territorio.

La UE ya ha anunciado su intención de desplegar un sistema de control fronterizo similar para los ciudadanos británicos durante la primera mitad de 2025, aunque todavía no ha especificado una fecha concreta. Se trata del Sistema de Autorización e Información de Viajes Europeos (ETIAS), que comenzó a prepararse a finales de 2016, aunque se fue retrasando hasta ahora.

El sistema de petición es similar al británico: formulario, introducción de datos personales y una tasa que, en el caso europeo, será algo menor, de siete euros. El permiso quedará incorporado a los datos electrónicos del pasaporte y tendrá vigor durante tres años. Los menores de 18 años o mayores de 70 no tendrán que pagar la tasa.

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— Es difícil evitar caer en la trampa de comparar presidentes….

“Yo le voy a ayudar a evitarlo”, interrumpe Ford con una media sonrisa que revela cuál va a ser el límite de su paciencia durante la entrevista. “Este presidente no se parece a ningún otro. No hay ninguna referencia [en el filme] a ninguna realidad presidencial. Esto es una ficción, basada en los personajes de Marvel. Bill Hurt [el fallecido actor William Hurt] creó el personaje que yo interpreto ahora, y se refiere a un mundo lleno de imaginación y de soluciones que en la vida real no están disponibles”, zanja el actor.

Ford ha concedido 20 minutos de entrevista a EL PAÍS en la habitación de un lujoso hotel londinense, como parte de la promoción de la nueva película. No hay condiciones obligatorias sobre el objeto de las preguntas, que el periódico, por otra parte, no habría aceptado. Pero es cierto que la productora había “pedido amablemente” con anterioridad que el foco de la entrevista girara en torno a la nueva película.

— ¿Cuáles deberían ser los valores de un presidente de Estados Unidos? ¿Qué valores espera usted de alguien que ocupa ese cargo?

— Respeto por la historia del país, atención hacia las virtudes de ese país y buen juicio.

—¿Y reúne esas virtudes el actual presidente de Estados Unidos?

Este es el momento en que la entrevista entra en una senda mucho más tensa y complicada. El responsable de la agencia de comunicación que ha gestionado el encuentro y lo supervisa, sentado a un par de metros del actor, intenta frenar las preguntas. “Lo siento mucho, pero tenemos que ajustarnos a la película…”.

Ford, con la voz y la autoridad que acumula desde hace años, corta en seco cualquier intento de tutelaje de la conversación. “Yo me encargo de esto”, afirma, mientras extiende la palma de su mano hacia al representante para que calle. “No forma parte de esta entrevista que yo me ponga a hablar de asuntos políticos”, dice el actor. “Estoy aquí para hablar de una película, de una ficción, de algo que es puro entretenimiento”.

— Imagino, en cualquier caso, que usted es consciente de lo que representa su imagen en todo el mundo y de que cualquier periodista europeo se vería tentado a preguntarle...

— Soy consciente, y respeto tanto su responsabilidad de periodista como la oportunidad que se le ha presentado, pero no le voy a dejar que se aproveche de ella.

Desarmado. Resulta realmente arduo ser insistente con un icono que tiene esa voz y esa mirada de autoridad, a las que nos ha habituado durante décadas con sus películas. Alguien que está a un metro de ti, sentado, frente a frente y que no deja de sonreír mientras te sugiere que sigas adelante con la entrevista por otros derroteros, o la des por concluida.

Así que, ante una leyenda, la conversación abandona el mundo de la política y regresa al del cine, donde Ford sigue trabajando a pesar de que no lo necesita y a pesar de que la era dorada que le convirtió en una estrella universal parece haber quedado atrás. “Este mundo ha cambiado. Yo he cambiado. Pero no creo que me corresponda a mí juzgarlo. Siempre miramos con afecto al pasado y tendemos a olvidar las complicaciones que existían entonces. Está claro que el mundo actual es diferente, pero las cosas que nos impulsan a implicarnos, como la complejidad de las relaciones humanas, siguen ahí”, explica.

En los últimos años, el actor ha participado con éxito en el mundo de las series televisivas. Interpreta al terapeuta Paul Rhoades en la comedia Terapia sin Filtro (Shrinking) y al patriarca de los Dutton, la familia de rancheros de Montana, en 1923, la precuela de Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner.

“El tipo de proyectos en los que elijo participar se basan en los mejores guiones que han pasado por mis manos en mucho tiempo”, dice el actor. “Me ofrecen la oportunidad de contar historias muy poderosas, dirigidas por cineastas fantásticos. Lo que hacemos no es televisión. Se trata de películas que duran diez horas y se fragmentan en diez episodios. La oportunidad que se te ofrece para desarrollar un personaje y sus relaciones excede con mucho las posibilidades de una película, y resulta fascinante trabajar de ese modo”.

Ford es un hombre comprometido con su tiempo, que lamenta el retroceso que experimenta hoy la lucha contra el cambio climático. Ha apoyado históricamente al Partido Demócrata, pero es sobre todo un firme defensor de la moderación y de la vía intermedia. Por eso dio en su día respaldo al republicano John McCain, que representaba una institucionalidad y una seriedad hoy perdidas en la política estadounidense. Y contribuyó al Proyecto Lincoln, un comité formado por republicanos y exrepublicanos que quiso frenar la reelección de Trump en 2020.

No compra la idea, propagada por la derecha estadounidense, de que películas comprometidas y arriesgadas como Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, en la que intervino, no hubieran sido posibles en la actual era de la dictadura de lo políticamente correcto. “Si sigue existiendo un Coppola, si sigue habiendo un guion de ese nivel y si de nuevo se diera el momento cultural apropiado para abordar, por ejemplo, las secuelas de algo como Vietnam, y hacer de ello arte, claro que sería posible. Las cosas cambian, pero siempre acaban siendo lo mismo”, ironiza.

También dio su respaldo a la candidata demócrata, Kamala Harris, en las pasadas elecciones presidenciales. Defendió su moderación frente al ansia de venganza de su rival. Pero Trump ha regresado a la Casa Blanca. Y de momento, Indiana Jones, Han Solo, e incluso el doctor Richard Kimble, de El fugitivo, no parecen tener ganas de ser arrastrados a la polémica. En el pasillo del hotel, mientras el periodista recoge sus cosas y se pone el abrigo, pasa Ford con su cortejo de relaciones públicas. Se para, extiende su mano y se despide de nuevo sin abandonar la sonrisa: “Buena suerte”, dice, sin dejar claro si se trata de ironía, complicidad o mera cortesía.

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Keir Starmer expresó al comienzo de la cumbre de dirigentes europeos lo que todos ellos pensaban: “Vivimos un momento único en una generación para la seguridad de Europa”, les dijo, para enfatizar la importancia del encuentro. El primer ministro británico y sus invitados han logrado este domingo echar a rodar un ejercicio diplomático, político y estratégico que recuerda a aquella crisis de los misiles de Cuba que enfrentó en 1962 al estadounidense John F. Kennedy y al soviético Nikita Kruschev, en la que se esquivaron las afrentas y se prefirió reforzar los puntos de unión.

Los dirigentes convocados en la capital británica han dado un abrazo simbólico y real a Ucrania y a su presidente, Volodímir Zelenski, presente en la reunión, para borrar en la medida de lo posible de la memoria colectiva el varapalo que sufrió el líder ucranio 48 horas antes en la Casa Blanca.

Han decidido evitar cualquier respuesta de confrontación dirigida a Donald Trump, a pesar de la angustia que provocó en todos ellos el choque entre el presidente estadounidense y Zelenski en el Despacho Oval.

Han dado por sentado que cualquier acuerdo de paz sólido entre Kiev y Moscú necesitará garantías de seguridad por parte de Washington ―que hoy Trump aún no está dispuesto a ofrecer—, pero se han comprometido a que Europa sea la primera en aportar esas garantías.

Han entendido que ha llegado la hora de la verdad, y que es necesario un rearme de Europa con el consiguiente incremento del presupuesto de Defensa.

Y finalmente, han decidido tomar ellos la delantera, asumir su propia responsabilidad, y comenzar a trabajar en un plan de paz para Ucrania sin esperar a que la Administración estadounidense tome la iniciativa.

No es un acuerdo definitivo, como se han encargado de señalar delegaciones como la italiana o la española, pero sí un impulso perseguido por todos. “En la reunión de hoy se han explorado distintas opciones para impulsar una paz justa y duradera en Ucrania y garantizar la seguridad europea. No se ha concretado ningún plan, pero se han realizado avances importantes”, han señalado fuentes de la Moncloa tras la cumbre, a la que asistió el presidente Pedro Sánchez. “España apoya esta reflexión estratégica y seguirá siendo parte activa de ella, con el objetivo de que se encuentre lo antes posible una vía para la paz”, han añadido.

Zelenski mueve ficha

El propio Zelenski, que ha participado en el encuentro y se ha sentado a la izquierda del anfitrión, Starmer, ha querido contribuir al impulso positivo que se perseguía en Londres. A preguntas de los periodistas, ha dicho que ya no quería seguir hablando del incidente en la Casa Blanca —”si somos constructivos, los resultados surgirán”— y ha preferido insistir en su voluntad de acuerdo. El presidente ucranio ha dicho que pacto de los minerales de las tierras raras, que debía haber firmado en su visita a Washington del pasado viernes “está ya listo para ser firmado”.

Starmer ha sido el único en ofrecer una rueda de prensa al final de la reunión, en la que además de anunciar el comienzo de los trabajos para forjar ese plan de paz, ha desgranado todos los acuerdos alcanzados en dos horas de reunión.

En primer lugar, todos los países asistentes, entre los que estaban incluidos Canadá y Turquía, además de los representantes de las instituciones comunitarias ―la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo, António Costa― y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se han comprometido a “mantener el flujo de ayuda militar” a Ucrania, así como a seguir presionando económicamente a Rusia, para mantener la fortaleza negociadora de Kiev.

En segundo lugar, han reafirmado su voluntad de que cualquier acuerdo de paz duradero cuente con Ucrania en la mesa de negociación y consolide la soberanía y seguridad del país. En tercero, ha dicho Starmer: “En el caso de que se alcance un acuerdo de paz, seguiremos reforzando las capacidades defensivas de Ucrania para que pueda frenar cualquier futura invasión”.

La “coalición de los voluntarios”

Starmer es consciente de que no todos los países europeos coinciden en la estrategia a corto o medio plazo que es necesaria para respaldar a Ucrania. Tampoco con el ritmo o con la urgencia con la que debe desplegarse esa ayuda. Frente a la oferta del Reino Unido y Francia de enviar soldados al país invadido como fuerza de garantía de un posible acuerdo de paz, otros gobiernos se han mostrado reticentes ante un paso tan precipitado cuando todavía no existe siquiera un alto el fuego.

Por eso, el primer ministro británico ha rescatado aquella fórmula que construyó hace 22 años el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para agrupar aliados en su invasión de Irak, la llamada “coalición de voluntarios” (coalition of the willing, en el término original inglés), cuando gran parte de la comunidad internacional estaba en contra de aquella aventura.

“Seguiremos impulsando una coalición de voluntarios para defender un acuerdo [de paz] en Ucrania, y para garantizar esa paz. No todas las naciones sentirán que pueden contribuir, pero eso no puede suponer que nos quedemos parados”, ha dicho Starmer. “Aquellos voluntarios que se incorporen comenzarán a aumentar con verdadera urgencia la intensidad de su planificación”, ha anunciado.

El líder laborista ha reiterado el ofrecimiento de su país de “poner botas militares en el terreno” cuanto antes, y ha anunciado además la oferta británica a Ucrania para que acceda a sus créditos de ayuda a la exportación, por valor de casi 2.000 millones de euros, para la adquisición de 5.000 misiles de defensa antiaérea fabricados en el Reino Unido.

El líder británico, que ha estado en las últimas horas en contacto permanente con Trump, ha sugerido que las medidas acordadas en Londres contaban con el respaldo del presidente estadounidense, y ha vuelto a insistir en que la colaboración de Washington es imprescindible. “Europa debe asumir el mayor peso de la carga, pero para apoyar la paz en este continente y tener éxito, este esfuerzo debe tener un fuerte respaldo de Estados Unidos”, ha dicho.

El rearme de Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado su intención de presentar el próximo 6 de marzo, en la reunión convocada en Bruselas para tratar el gasto en defensa de los países de la UE, “un plan completo para rearmar con urgencia a Europa (...). Si algo está claro es que necesitamos un impulso masivo en defensa”, ha dicho. Von der Leyen ha defendido la necesidad de reforzar a Ucrania con garantías de seguridad lo más completas posibles: “Debemos convertir al país en un puercoespín de acero que resulte indigesto para potenciales invasores”, ha explicado.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha felicitado también de la aceleración con que muchos de los países presentes en el encuentro han comenzado a anunciar compromisos de un mayor gasto en defensa, y su contribución en las garantías de seguridad europeas para Ucrania.

Mientras los líderes europeos abandonaban Londres, Zelenski recibía una última muestra de calidez: el rey Carlos III lo recibía en su residencia de Sandringham, para dejarle claro que Europa sigue a su lado.

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El presidente de ese país, Volodímir Zelenski, ha aterrizado este sábado a las 11.00 (mediodía, en horario peninsular español) en el aeropuerto de Stanstead de la capital británica, horas después de la humillación pública a la que lo sometió Donald Trump en el Despacho Oval ante los ojos del resto del mundo. Su intención es participar en la reunión de líderes europeos que Starmer ha convocado este domingo en Lancaster House, el histórico edificio situado en The Mall, la avenida que conecta el Palacio de Buckingham con Trafalgar Square.

Starmer ha adelantado su reunión con Zelenski a este sábado por la tarde, a pesar de que la previsión inicial era que ambos líderes se vieran el domingo, horas antes de una reunión que incluirá a 16 dirigentes europeos, incluido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

A las puertas de Downing Street, donde ha recibido al dirigente ucranio, el primer ministro británico ha estrechado su mano y le ha dado un fuerte abrazo, como expresión del apoyo inquebrantable a su lucha. Cientos de personas expresaban su apoyo a Ucrania a las puertas de la residencia del primer ministro, con banderas de ese país.

“Han venido a demostrarte todo lo que te apoyan y todo lo que apoyan a Ucrania. Su absoluta e inquebrantable determinación a lograr lo que todos queremos: una paz duradera basada en la soberanía y la seguridad de Ucrania, algo muy importante para ese país, pero también para Europa y para el Reino Unido”, decía Starmer a Zelenski ante las cámaras, sentados uno al lado del otro en dos butacas ya dentro de Downing Street. El encuentro ha durado poco menos de una hora, y el primer ministro ha querido también despedir a su huésped antes las cámaras.

El líder laborista, que ha intentado ejercer de puente entre su aliado histórico, Estados Unidos, y la UE, se enfrenta ahora a una situación extremadamente delicada: debe ser en su país donde se comiencen a reconstruir todos los lazos rotos entre Washington y Kiev, después del choque entre Trump y Zelenski, o donde el presidente estadounidense reciba una respuesta de firmeza por parte de Europa, Reino Unido incluido.

La carta de Zelenski

En las horas previas a la reunión con Starmer, Zelenski ha publicado un largo comunicado en el que intenta claramente comenzar a enmendar la situación y remontar la grave crisis. “Estamos muy agradecidos a Estados Unidos por su apoyo. Yo estoy muy agradecido al presidente Trump, al Congreso [estadounidense] por su apoyo bipartidista y al pueblo estadounidense”, ha dicho el presidente ucranio, que ha vuelto a recordar a Trump que su Gobierno está listo para firmar el acuerdo de explotación de minerales de las tierras raras ucranias que persigue Washington. “Quiero que Estados Unidos permanezca de modo más firme a nuestro lado. Esto no es solo una guerra entre dos países: Rusia llevó esta guerra a nuestro territorio y a nuestros hogares. Se equivocaron al no respetar nuestra integridad territorial”, recuerda Zelenski, que en ningún momento intenta disculparse por la defensa de su país que llevó a cabo en el episodio del Despacho Oval.

“Todos los ucranios quieren oír que la posición de Estados Unidos a nuestro lado es de firmeza. Es comprensible que Estados Unidos busque entablar un diálogo con Putin. Pero Estados Unidos siempre ha defendido ‘la paz a través de la fuerza’. Juntos podemos adoptar pasos firmes contra Putin”, ha reclamado Zelenski.

La maniobra conjunta del primer ministro británico y del presidente francés, Emmanuel Macron —los dos únicos dirigentes europeos que han visitado a Trump en la Casa Blanca— ha quedado debilitada. Ambos han sido los primeros en proponer una fuerza de paz con tropas europeas en Ucrania. Ambos han intentado arañar del presidente estadounidense garantías de seguridad frente a futuras amenazas por parte de Rusia. Ambos volvieron a sus respectivos países con buenas palabras y palmadas en la espalda, pero con las manos vacías.

Starmer habló por teléfono con el estadounidense y el ucranio el mismo viernes por la noche, después de la disputa televisada de ambos. “El primer ministro mantiene su apoyo inquebrantable a Ucrania, y está haciendo todo lo que puede para encontrar una vía hacia una paz duradera, asentada sobre la soberanía y la seguridad de Ucrania”, aseguró poco después un portavoz de Downing Street.

El Reino Unido ha convertido su apoyo incondicional a Ucrania en una política de Estado que cuenta con el respaldo de los dos principales partidos británicos, el Conservador y el Laborista.

Por eso, el mensaje de la líder tory, Kemi Badenoch, este mismo sábado, sonaba en total armonía con el del Gobierno de Starmer: “Debemos asegurarnos de que trabajamos con los dos aliados, Estados Unidos y Ucrania. Podemos estar en desacuerdo con lo que ocurrió ayer [por el viernes] en Washington, pero lo importante es pensar en los siguientes pasos, y eso supone concentrarse en la reunión de líderes europeos que se va a celebrar en Londres”, ha dicho. “El primer ministro y yo estamos unidos en nuestro apoyo a Ucrania”, ha enfatizado Badenoch.

Zelenski será recibido personalmente por el rey Carlos III durante su visita al Reino Unido. Toda una ironía si se tiene en cuenta que parte fundamental de la estrategia de seducción que Starmer desplegó en la Casa Blanca fue la de entregar a Trump una carta personal del monarca en la que le invitaba a una visita de Estado, algo que provocó que el dirigente estadounidense rezumara satisfacción.

Starmer, que tenía en agenda para el domingo por la mañana un encuentro bilateral oficial con Zelenski —el que ha adelantado a este sábado— y otro con la primera ministra italiana, Georgia Meloni, tiene previsto recibir a todos los líderes europeos en torno al mediodía (una de la tarde, horario peninsular español), para una reunión que se prolongará hasta media tarde.

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El gesto fue correspondido con el anuncio que mejor podía sonar a oídos del británico: la sugerencia de un posible acuerdo comercial entre Washington y Londres que excluyera al Reino Unido de la imposición de aranceles con que Trump ha amenazado a la UE y a otros países. “Se lo ha trabajado duro. Lo que sea que le paguen allí [como primer ministro del Reino Unido], se lo ha ganado”, bromeó el estadounidense para regocijo de Starmer. “Creo que hay una buena oportunidad de que estos dos grandes países, estos dos amigos, puedan cerrar un acuerdo comercial donde los aranceles ya no sean necesarios. Veremos”, dijo.

El político laborista logró arrancar por primera vez de un inquilino de la Casa Blanca la posibilidad de un pacto económico bilateral. La promesa nunca cumplida, el sueño frustrado de todos aquellos impulsores del Brexit, como el ex primer ministro Boris Johnson, que aseguraban que un acuerdo así compensaría con creces el abandono del mercado interior de la UE.

La paradoja de todo este episodio es que Trump atribuía precisamente al Brexit la posibilidad de que Londres se salvara de la guerra comercial: “Creo que aquella fue la decisión acertada, y se comprobará en los siglos venideros. Yo predije que iba a ocurrir”, presumía ante un Starmer que, en aquella época, era un furibundo defensor de la permanencia del Reino Unido en la UE.

Buenas palabras, resultados escasos

El balance real del encuentro entre el británico y el estadounidense, que la prensa del Reino Unido llevaba días anticipando como el “más trascendental” entre un primer ministro y un presidente desde la II Guerra Mundial, es más bien escaso. Starmer, que ha convocado en Londres para este domingo a 18 líderes europeos —entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez—, abandonó Washington sin obtener de Trump la garantía de seguridad que permitiría a Ucrania firmar una paz con Rusia con la tranquilidad de que no habría futuras invasiones.

Y respecto al supuesto acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido, Trump lo dejó de momento en buenas palabras. Los negociadores británicos que han perseguido durante años un hipotético tratado de libre comercio saben que el camino está lleno de obstáculos casi insalvables. Por ejemplo, convencer a la ciudadanía para que acepte los productos agrícolas y ganaderos de EE UU tratados genéticamente.

A cambio de suspirar tranquilo, de preservar la supuesta “relación especial” entre los dos países y de llevarse una palmada en el hombro por parte de Trump, Starmer se ha arriesgado a levantar recelos en las capitales europeas, justo cuando perseguía un reinicio de las relaciones con la UE después de años de tensión y polémica por culpa del Brexit.

El objetivo prioritario del viaje era transmitir al presidente estadounidense una respuesta coordinada del Reino Unido y de la UE respecto a Ucrania. El resultado más aclamado del encuentro ha sido el de que el Gobierno británico pueda ser el único en salvarse de los hipotéticos aranceles de Trump. Entre algunos analistas políticos cunde ya la sospecha de que la Casa Blanca ha intentado, a base de elogios, separar de nuevo los dos lados del canal de la Mancha.

“El primer ministro ha logrado mantener el equilibrio al caminar por la red”, ha escrito en el diario The Guardian Stella Creasy, la diputada laborista que mantiene la bandera del europeísmo en su partido al frente del Labour Movement for Europe (Movimiento Laborista por Europa). “Desde asuntos de inteligencia a todo lo referente al armamento nuclear, el aparato de seguridad nacional del Reino Unido está muy vinculado a Estados Unidos. Pero el volumen de nuestros intercambios comerciales con Europa supera en importancia con creces a toda la histeria generada en torno a un hipotético acuerdo comercial con Washington que supondría años de negociaciones”, advierte.

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A su llegada a la capital estadounidense el miércoles por la noche, Starmer ha vuelto a insistir en que la Administración de Trump debe implicarse en garantizar la seguridad de Ucrania para poder alcanzar un acuerdo de paz sostenible con Rusia.

Cada primer ministro aspira a bailar solo con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Tony Blair jugó a ser el mediador de Europa ante Washington, cuando George W. Bush había decidido ya por su cuenta lanzar una guerra devastadora contra el Irak de Sadam Huseín. El Gobierno británico más favorable a la UE de las últimas décadas solo logró que le acompañara España, como recordará siempre la foto del trío de las Azores, con Blair, Bush y un José María Aznar de convidado de piedra.

Starmer, de momento, va de la mano del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ambos intercambiaron información por teléfono, después de la visita del primero a la Casa Blanca a principios de esta semana. Y se está preparando para este domingo una reunión en Londres de “varios líderes europeos” —sigue sin concretarse quiénes estarán allí— para discutir futuros planes de defensa.

Pero el dirigente británico ha querido desplegar gestos propios, de modo gradual, para que su acogida en la capital estadounidense sea lo más cálida posible. Fue el primero en comprometerse a enviar soldados a Ucrania como fuerza de paz, como sugería Washington. Ha sido el primero en comprometerse oficialmente a aumentar su presupuesto de defensa (del 2,3% del PIB al 2,5% en abril de 2027, y el compromiso de llegar al 3% en la próxima legislatura). Y ha tomado esta decisión a costa de rebajar el gasto en ayuda al desarrollo, del 0,5% al 0,3%. La misma frialdad y el mismo despliegue de prioridades expresado por el Gobierno de Trump, cuando cortó de un tajo el presupuesto en ayuda exterior de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, en sus siglas en inglés).

“En tiempos como estos, la defensa y la seguridad del pueblo británico debe estar siempre en primer lugar. Esa es la prioridad número uno de este Gobierno”, ha justificado Starmer una decisión que ha puesto en alerta a las organizaciones de ayuda humanitaria y escandalizado a un sector del Partido Laborista.

“Somos un Gobierno de pragmáticos, no de ideólogos. Teníamos que buscar un equilibrio entre nuestro internacionalismo compasivo y las necesidades de nuestra seguridad nacional”, ha respondido de inmediato el ministro británico de Exteriores, David Lammy, en una tribuna para el diario The Guardian.

Gestos de aprobación de Washington

Starmer compartió con un círculo muy reducido de su equipo la decisión de aumentar el gasto militar, pero ordenó a su ministro de Defensa, John Healey, que comunicara de inmediato la noticia a su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, minutos antes de que el primer ministro la hiciera pública en su intervención ante la Cámara de los Comunes. “Un paso firme por parte de un socio duradero”, reaccionó de inmediato Hegseth en su cuenta de la red social X.

Just got off the phone w/ @JohnHealey_MP — the UK Secretary of State for Defense — who confirmed they will increase defense spending to 2.5% of GDP, and eventually much further.

A strong step from an enduring partner. 🇺🇸🇬🇧 https://t.co/p1C2By8ze3

— Pete Hegseth (@PeteHegseth) February 25, 2025

El primer ministro británico persigue objetivos idénticos a los de la UE, que se centran en frenar el deseo de Trump de desentenderse de la OTAN y de la seguridad del continente. “En las próximas semanas y meses, ¿puede forjarse un acuerdo que ponga fin a la guerra y no lleve a Ucrania a sentirse derrotada o a Europa a sentirse en riesgo? ¿Un acuerdo que vuelva a normalizar la relación trasatlántica? No será fácil, y la visita del primer ministro a la Casa Blanca es tan solo un ladrillo más en busca de la respuesta a estas preguntas”, ha escrito el corresponsal político de la BBC, Chris Mason.

Las maniobras de Starmer buscan esas metas, pero no son del todo altruistas. También buscan situar al Reino Unido en la mejor de las situaciones posibles ante un terremoto geopolítico que ha dejado a todos con la guardia baja. “Debemos rechazar esa falsa elección entre aliados, entre un lado del Atlántico y el otro. Va en contra de nuestra propia historia —la del país y la del propio Partido Laborista— y en contra de nuestros intereses nacionales”, repite el primer ministro británico en las últimas horas. “La alianza con Estados Unidos es nuestra relación bilateral más importante. Le diré al presidente Trump que quiero que esa relación se fortalezca aún más, pero para eso necesitamos una nueva alianza con Europa. Nuestro compromiso con la defensa europea es inquebrantable, y ha llegado el momento de hacerlo más firme”, aseguró Starmer ante los diputados del Parlamento británico.

El primer ministro quiere cerrar en Washington una protección especial del Reino Unido frente a la amenaza de aranceles que Trump ha lanzado contra Europa. Intentará convencerlo de que la balanza comercial entre sus dos países está lo bastante equilibrada como para necesitar castigos extraordinarios. Y le ofrecerá de nuevo la alianza británica con las grandes tecnológicas estadounidenses para el avance y la explotación de la Inteligencia Artificial.

Starmer ha demostrado una cautela virtuosa durante las últimas semanas, al ignorar las provocaciones de personajes del entorno de Trump como el multimillonario Elon Musk o el vicepresidente J. D. Vance, mientras buscaba puntos en común y elogiaba la estrategia del presidente estadounidense en Ucrania como una llamada de atención a Europa, para que despierte. Está por ver si todos esos gestos, como las muestras de complicidad de Macron y el dignatario estadounidense a principios de semana, logran arañar algún cambio en la política de Trump, o se reducen a treguas temporales a la espera de la próxima sorpresa.

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“Puedo anunciar que este Gobierno va a poner en marcha un incremento sostenido en el gasto de defensa como no se ha visto desde finales de la II Guerra Mundial”, ha proclamado Starmer. “Debemos buscar el coraje que reside en nuestra propia historia, en nuestro coraje como nación, porque hoy se nos exige ese mismo coraje”, ha dicho.

“Acabo de hablar por teléfono con John Healey ―ministro de Defensa del Reino Unido]—, que me ha confirmado que aumentarán su gasto en Defensa hasta el 2,5% del PIB, y mucho más en el futuro. Un paso firme por parte de un socio duradero”, ha escrito en X el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Londres se ha asegurado de que la Administración de Trump recibiera el mensaje en las horas previas a la llegada de Starmer a la capital estadounidense.

Just got off the phone w/ @JohnHealey_MP — the UK Secretary of State for Defense — who confirmed they will increase defense spending to 2.5% of GDP, and eventually much further.

A strong step from an enduring partner. 🇺🇸🇬🇧 https://t.co/p1C2By8ze3

— Pete Hegseth (@PeteHegseth) February 25, 2025

El Partido Laborista tenía el compromiso electoral de aumentar el gasto hasta el 2,5%, pero hasta ahora no había querido dar una fecha fija. Starmer ha anunciado ahora un gasto anual extraordinario de más de 16.000 millones de euros al año a partir de 2027, y el propósito añadido de intentar alcanzar el 3% del PIB en la próxima legislatura, que en teoría comenzaría en 2029.

Starmer ha previsto, además, partidas extraordinarias de gasto para los servicios de inteligencia, que también contribuyen al mantenimiento de la seguridad nacional. Si se incorpora ese aumento a la cifra total, ha dicho el primer ministro, el gasto en defensa será del 2,6%.

El primer ministro ha confirmado, en una rueda de prensa posterior a su anuncio en el Parlamento, que su Gobierno acogerá este domingo en Londres una reunión “con varios líderes europeos” para compartir información y planes de defensa. El encuentro había sido ya adelantado este martes por la mañana por el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que daba por descontada su presencia. Ni Downing Street ni Bruselas han querido dar más detalles de una cita que todavía está por definir, hasta el punto de que fuentes del Gobierno británico no descartan el formato de la videoconferencia.

El sacrificio en la ayuda al desarrollo

El Gobierno del Partido Laborista anunció el pasado octubre un aumento de los impuestos en más de 50.000 millones de euros, y el crecimiento económico plano del Reino Unido en los últimos meses ha puesto en una situación complicada a la ministra de Economía, Rachel Reeves, obligada a aumentar el endeudamiento o la carga fiscal.

Reeves estaba detrás de Starmer, en la Cámara de los Comunes, cuando el primer ministro se ha comprometido a no subir los impuestos o acumular más deuda para pagar el aumento anunciado en el presupuesto de Defensa. Gran parte del dinero, ha admitido, vendrá de la ayuda al desarrollo. Si el Gobierno conservador de Boris Johnson ya lanzó un jarro de agua fría a muchas organizaciones internacionales de ayuda humanitaria con la rebaja de esa partida del 0,7% al 0,5%, Starmer ha previsto un nuevo y considerable recorte, del 0,5% al 0,3%.

“No es un anuncio que me haga feliz. Me enorgullece nuestro esfuerzo pasado en la ayuda al desarrollo exterior, y seguiremos desempeñando un papel humanitario clave en Sudán, Ucrania o Gaza, en la lucha contra el cambio climático o en los esfuerzos globales sanitarios frente a retos como la vacunación”, ha lamentado Starmer. “Pero en tiempos como los actuales, la defensa y la seguridad del pueblo británico deben ser siempre una prioridad”, ha señalado.

El Reino Unido, con Europa

Starmer ha cimentado su acercamiento a la UE, después de los agrios años del Brexit, en la cooperación en materia de seguridad y defensa. “Nuestro compromiso con la defensa y seguridad de Europa es inquebrantable, pero ha llegado el momento de intensificarlo. Encontraremos nuevos modos de trabajar juntos en defensa de nuestros intereses colectivos y haciendo frente a las amenazas comunes”, ha asegurado el primer ministro.

El reto de Starmer, según él mismo admite, pasa por convencer a Trump de que el Reino Unido no necesita elegir con qué lado del Atlántico quiere aliarse. “Debemos rechazar cualquier falsa opción entre dos aliados”, y “esta semana, cuando me reúna con el presidente Trump, le dejaré claro que nuestra relación debe incluir ambas fortalezas; que nuestra fortaleza depende de una nueva alianza con Europa”, ha remarcado.

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La comunidad artística del Reino Unido se ha rebelado contra la Ley de Uso y Acceso de Datos que prepara el Gobierno de Keir Starmer, que facilita a los grandes gigantes tecnológicos la posibilidad de sortear los derechos de propiedad intelectual para utilizar todo un caudal de obras en el entrenamiento de nuevos modelos de IA generativa.

Cada una de las doce canciones del álbum, en el orden en que son presentadas, lleva por título una sola palabra. Leídas una tras otra, expresan la cruda denuncia de los artistas ante un futuro amenazado por las nuevas tecnologías: The/ British/ Government / Must/ Not/ Legalise/ Music/ Theft/ To/ Benefit/ AI / Companies (El/ Gobierno/ Británico/ No/ Debe/ Legalizar/ el Robo/ de Música/ En/ Beneficio/ de las Compañías/ de IA).

Annie Lennox joins forces with fellow artists including Kate Bush to Protest about the AI Impact on the music industry and releases a silent album called Is This What We Want?

Details here : https://t.co/YISyL6AB1n pic.twitter.com/hw81vv1PCN

— Eurythmics News (@eurythmicsultim) February 25, 2025

Músicos, cineastas o escritores con reputación, músculo e influencia como Paul McCartney, Andrew Lloyd Webber, Ed Sheeran, Sting, Dua Lipa, o el dramaturgo Tom Stoppard se han sumado a la batalla contra la nueva ley. Los que no han decidido participar en el disco de protesta silenciosa han incorporado su firma a una carta enviada al diario The Times, en la que denuncian una propuesta “que representa una entrega sin condiciones y absoluta de los derechos e ingresos de los sectores creativos del Reino Unido a las grandes empresas tecnológicas”.

El Gobierno de Starmer, desesperado por insuflar crecimiento económico a un país que no termina de arrancar en los últimos meses, quiere que el Reino Unido sea el aliado y puerta de entrada a Europa de las grandes compañías estadounidenses que generan hoy los principales modelos de Inteligencia Artificial, y que necesitan ingentes cantidades de datos e información para entrenar sus sistemas de IA generativa.

El nuevo proyecto de ley debilita la enorme protección a la propiedad intelectual que ha otorgado siempre el entorno británico, y que lo convertía en el ecosistema más cómodo y seguro para miles de artistas. La propuesta del Gobierno establece una excepción a la regla en lo que se refiere al entrenamiento de sistemas de IA generativa, y exime a las compañías tecnológicas que pretendan usar el material artístico ya existente de advertir a sus autores. Al contrario de lo habitual, son estos los que deben descubrir por su cuenta si su obra está siendo utilizada y reclamar que no sea así.

La batalla contra la ley ha sido liderada por la cineasta y documentalista Beeban Kidron (Lady Kidron), directora entre otras muchas películas de la segunda entrega de la saga de Bridget Jones. Es miembro independiente, sin adscripción a ningún partido, de la Cámara de los Lores, y gracias a sus enmiendas se ha logrado frenar, por el momento, la tramitación parlamentaria del nuevo texto. En la primera votación que tuvo lugar en la segunda Cámara (que, como ocurre con el Senado español, puede frenar un texto pero no pararlo definitivamente), una mayoría de 145 lores frente a 126 respaldó la exigencia de que las tecnológicas fueran obligadas a revelar la identidad de los artistas cuya obra fueran a utilizar, así como el propósito de sus ensayos.

“La IA puede desempeñar un papel importante en nuestra economía, así como lo pueden desempeñar empresas extranjeras. Hay una clara oportunidad de crecimiento si combinamos la llegada de la IA con la industria creativa. Pero la vía para lograrlo no puede ser este matrimonio forzado, en términos de esclavitud”, ha dicho Kidron.

Los artistas que respaldan su batalla comparten ese tono más cauto que beligerante. En el texto remitido al The Times señalan que la industria creativa contribuye cada año con más de 150.000 millones de euros a la economía británica, y da trabajo cada año a 2,4 millones de personas. “Generan turismo, elevan nuestra posición en el mundo y aportan alegría y espíritu de comunidad a nuestras ciudadanos, a la vez que construyen una cultura en la que todos se ven reflejados”, dicen en la carta.

Todos los firmantes admiten su deseo en formar parte de la “revolución de la IA”, como ya hicieron en el pasado con otras tecnologías, pero reclaman al Gobierno que proteja la propiedad intelectual. “No hay ningún argumento económico o moral para robar nuestros derechos de autor”, rematan.

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Ted y Max se aliaron con el secretario de Estado de Justicia para poner en marcha una empresa que facilitara la rehabilitación de la población penitenciaria y su incorporación a la vida laboral. “Todo comenzó con nuestra fascinación por el café, que puedes tocar, oler, sentir, y que tiene ese carácter tan internacional”, explica Max en la terraza de su cafetería en King’s Cross, una de las 13 que la empresa tiene en Londres.

“La empresa comenzó llamándose Black Sheep (oveja negra). Vendíamos a restaurantes y hoteles. En una feria de café de Londres conocimos a un representante del ministerio que nos contó su idea de enseñar a los presos a trabajar en las cafeterías. Nos atrajo el proyecto, pero pensamos en algo más que una academia para baristas. ¿Por qué no introducir el tostadero en una prisión?”, cuenta Max.

Las prisiones del Reino Unido se cuentan entre las más masificadas de toda Europa. De hecho, el nuevo Gobierno del Partido Laborista se vio obligado hace medio año a adelantar la liberación de miles de presos que cumplían pena por delitos menores y estaban a punto de pasar al tercer grado, antes de que se agotara definitivamente el espacio en las celdas. El primer ministro, Keir Starmer, ha encargado al exministro conservador de Justicia David Gauke un informe sobre las reformas necesarias para reducir la aglomeración.

Para el primer tostadero, Max y Ted alquilaron unas instalaciones mínimas en el correccional de menores de Aylesbury (Buckinghamshire). Reunieron 120.000 euros entre familiares y amigos para el proyecto. “Incorporamos a ocho reclusos, más un profesional que les comenzó a enseñar las técnicas y el oficio. Habilidades de barista y manejo del tostadero. En unos cuatro meses, tuvimos al primer preso con condena cumplida que vino a trabajar a una de nuestras cafeterías”, recuerda Max.

Para el principal tostadero lograron unos 600.000 euros. Lo instalaron en la prisión de The Mount, en Bovingdon (Hertfordshire). Era 10 veces más grande que el anterior, con 16 personas trabajando a diario. La mitad, presidiarios. Con el vencimiento del contrato de alquiler, hace apenas unos meses, parecía que el tostadero de The Mount podía acabar desapareciendo. Pero Max y Ted se encontraron con la complicidad de James Timpson, nuevo secretario de Estado de Justicia y presidente de una cadena de tiendas de reparación de calzado, duplicado de llaves y lavandería, Timpson’s, con más de 2.000 establecimientos. De los primeros negocios en participar en la rehabilitación de expresidiarios. “Uno de los consejos que nos dio James fue: ‘Volcaos en aquellos presos que estén realmente motivados. Usad vuestra energía en aquellos a los que de verdad podáis ayudar”, señala Max.

Exconvictos como Darren Russen, que comenzó a formarse como barista cuando cumplía condena por posesión de arma blanca (llevaba 16 años encadenando condenas), o Samuel Urhie, con ocho años de cárcel a sus espaldas y hoy maestro y mentor de otros presos para Redemption Roasters, son la demostración de a qué huele el aroma de una nueva vida.

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Los analistas achacan la sorpresa al ascenso del coste de los alimentos —especialmente la carne, los cereales, la leche y el queso—, las bebidas no alcohólicas y las tarifas de vuelo, a las que ha afectado la subida del precio del combustible. Pero también hay decisiones políticas que explican esta tendencia, como la determinación de comenzar a cobrar el IVA de la matrícula de colegios privados, que en el Reino Unido suponen un pedazo importante de la tarta de la educación. O el aumento, el pasado octubre —con vigor a partir de abril— de las cotizaciones a la seguridad social (national insurance, en la terminología británica) que deben pagar las empresas. La necesidad de equilibrar las cuentas públicas llevó a la ministra de Economía, Rachel Reeves, a incrementar la presión fiscal sobre los empresarios, que han respondido con anuncios de despidos e incremento de precios.

“Sé que hay millones de familias que siguen luchando por llegar a fin de mes”, ha dicho Reeves al conocer el dato de la inflación. “El Gobierno se esfuerza en trabajar más rápidamente y más intensamente para que haya crecimiento económico”, ha insistido, con un discurso que provoca cada vez más escepticismo entre los principales analistas, e inquietud en las filas del Partido Laborista, además de arrojar abundante munición a la oposición.

“Ya advertimos al Partido Laborista que su aumento de impuestos y su endeudamiento elevado dispararían la inflación. Todo esto se va a traducir en precios más elevados en las tiendas y en tipos de interés que permanecerán altos por más tiempo, provocando miseria hipotecaria en muchos ciudadanos”, ha dicho Mel Stride, el portavoz de Economía del Partido Conservador.

El dilema del Banco de Inglaterra

El BoE comenzó a rebajar lentamente los tipos de interés, que se mantenían en las cotas más altas de los últimos dieciséis años, el pasado agosto. La primera rebaja fue del 5,25% al 5%. Ha habido dos más. En febrero los situó en el 4,5%. En comparación, el Banco Central Europeo lleva un ritmo de descenso más acelerado, y el precio del dinero en la zona Euro es del 2,75%. La inflación media de la zona es del 2,5%.

El propio departamento de estudios del BoE ya había pronosticado un aumento de la inflación durante la primera mitad de 2025 hasta el 3,7%, y el gobernador de la institución monetaria, Andrew Bailey, insiste en que se trata de un fenómeno coyuntural, “no de un relato basado en los fundamentos de la economía británica”.

“Al final, los datos que hemos conocido ayudan a reivindicar la estrategia del BoE, lenta, gradual y precavida”, ha defendido Michael Field, director de Estrategia de la firma Morningstar. La mayoría de los analistas confían aún en que la autoridad monetaria británica recorte al menos dos veces más el precio del dinero a lo largo de 2025.

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Matviichuk es directora del Centro para las Libertades Civiles y ganadora del Nobel de la Paz en 2022, junto a la organización rusa de derechos humanos Memorial y el activista bielorruso encarcelado Ales Bialiatski. La abogada y su equipo llevan años recopilando documentación y pruebas de la barbarie desatada por las tropas de Vladímir Putin, con el propósito de que nada quede en el olvido.

Pregunta. Dicen muchos que lo que está ocurriendo en Arabia Saudí es similar al reparto de poder y de esferas de influencia entre Roosevelt y Stalin en Yalta, en 1945, después de la II Guerra Mundial.

Respuesta. No necesitamos un nuevo Yalta, sino un Helsinki [el acuerdo de 1975 que suavizó la tensión de la Guerra Fría y reafirmó la integridad territorial y soberanía de las naciones]. Ucrania y Europa deben estar presentes en la mesa de negociación. Si eso no ocurre, no habrá una paz sostenible, que es con lo que todos soñamos. Confío en que esa incorporación sea posible en alguna fase de este proceso político.

P. Parece lejana la idea de hacer justicia sobre Vladímir Putin y su entorno.

R. Algunos políticos creen que la búsqueda de la justicia es contraria a la búsqueda de la paz. Miran la situación desde una perspectiva cortoplacista. Pero a largo plazo es perfectamente comprensible que la justicia sea una condición previa a la paz, especialmente en nuestra parte del mundo, donde Rusia usa la guerra como instrumento para avanzar sus intereses geopolíticos, y utiliza los crímenes de guerra como un mensaje que explica cómo quiere vencer en este conflicto.

P. Tres años de guerra y Putin sigue ahí. Incluso reforzado por la maniobra del Gobierno de Donald Trump.

R. Hay un proverbio ruso que dice que el apetito crece durante el almuerzo. Cuando las tropas rusas cometieron crímenes atroces en Chechenia, en Moldavia, en Georgia, en Malí, en Libia o en Siria, nunca recibieron un castigo. Comenzaron a creer que podían hacer lo que quisieran, y este infierno que sufrimos ahora en Ucrania es el resultado de la impunidad que Rusia ha disfrutado durante décadas.

Confío en que la reciente declaración de una autoridad de la UE de que la creación de un tribunal especial [sobre los crímenes cometidos en Ucrania] está ya en sus últimas fases [Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, aseguró a principios de este mes que el tribunal estaría en pie antes de que concluyera la guerra] suponga la clara expresión de que Europa entiende que si no se rompe el círculo de impunidad, la única duda que nos quedará será cuál es el próximo país que Rusia piensa atacar.

P. ¿Ve el pueblo ucranio lo ocurrido como una traición?

R. Los ucranios están preocupados. Vivimos en una incertidumbre total, y eso no es cómodo. Pero la ayuda que hemos obtenido durante estos años de mucha gente de Estados Unidos, de la UE, del Reino Unido o de Japón nos ha dado la esperanza de que no estamos solos.

P. ¿Y confía en que la UE y el Reino Unido seguirán al lado de Ucrania?

R. La Unión Europea no tiene otra opción. Esta no es una guerra entre dos Estados. Es una guerra entre dos sistemas de Gobierno, el autoritarismo y la democracia. Si a Rusia la apoyan naciones autoritarias como China, Irán o Corea del Norte, parece algo natural prever que países democráticos se apoyen entre sí.

Rusia es un imperio, y los imperios tienen un centro, pero no tienen fronteras, como ha dicho el propio Putin. Ucrania no es solo un objetivo, es una herramienta para quebrar un orden internacional basado en la Carta de Naciones Unidas y en el derecho internacional.

P. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres, ha sido la última institución en señalar que las bajas ucranias son muy superiores a las rusas.

R. Esta guerra se desarrolla básicamente en territorio ucranio, y es lógico que las bajas sean mucho mayores. Rusia usa los crímenes de guerra como métodos bélicos. Hay una gran diferencia en el modo en que ambos ejércitos despliegan la batalla. Nosotros nos enfrentamos a un tremendo dolor humano, que mi organización lleva tiempo documentando. Ataques rusos deliberados a edificios residenciales, escuelas, iglesias, museos, hospitales… La tortura de los prisioneros o el desplazamiento forzoso de niños ucranios a Rusia para ser reeducados.

Yo solo soy una abogada de derechos humanos. No puedo parar todo esto. Solo el ejército ucranio puede frenar las atrocidades rusas.

P. ¿Confía en que Putin pague por sus crímenes?

R. Tenemos muchos ejemplos de líderes que se creían intocables. Por ejemplo, Slobodan Milosevic. Serbia se negaba a enviarlo al Tribunal de La Haya. Lo protegían como a un héroe nacional. Y al final acabaron cediendo. Da igual que hoy el derecho internacional se muestre inútil. Debemos seguir haciendo todo lo posible por recuperar el imperio de la ley y lograr nuestros objetivos.

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“Vivimos en una crisis de la democracia. Las instituciones que nos solían unir hoy nos dividen. A veces resulta duro mantener la fe, pero para eso hacemos películas, y para eso hemos hecho este filme. En todas las cosas hay grietas. Por ahí entra la luz”, ha dicho Edward Berger, el director de Cónclave, en uno de los pocos discursos con mensaje político de la ceremonia.

El premio al mejor actor ha sido para Adrien Brody, por su papel protagonista en El Brutalista. Casi una repetición histórica del tremendo éxito que logró el intérprete hace más de 20 años con El Pianista.

Mikey Madison, que ha seducido a los críticos con su papel de la stripper que acaba casándose en Las Vegas con el hijo de un oligarca ruso en la comedia-drama Anora, ha logrado el Bafta a la mejor actriz, una categoría que hace pocos meses parecía garantizada para Karla Sofía Gascón, la primera mujer trans en ser nominada al galardón más relevante de la ceremonia del cine británico.

‘Emilia Pérez’

El musical que narra la historia de un capo del narco mexicano que cambia de vida al dar el salto a una mujer trans, Emilia Pérez, ha roto los malos augurios que habían desinflado sus expectativas de éxito en los últimos días. La obra del director francés Jaques Audiard ha logrado obtener este domingo el premio Bafta a la mejor película de habla no inglesa, a pesar de la polémica desatada por los polémicos tuits racistas de su protagonista, la actriz Karla Sofía Gascón.

Audiard ha recogido el galardón y se ha mostrado “muy emocionado”, al dar las gracias “a todos los han trabajado incansablemente en el filme”. Eso incluía a Gascón, que no ha asistido a la gala londinense. Después de que el director, varios compañeros de reparto y la plataforma Netflix, que dirige la promoción de la candidatura, dieran la espalda a la actriz trans, la propia Gascón anunció que no participaría en los actos públicos de impulso del proyecto.

La intérprete permanece, sin embargo, entre las nominadas a mejor actriz tanto en los Bafta como en los Oscar.

La estadounidense de origen dominicano, Zoe Saldaña, que interpreta en el filme el papel de la abogada del narco y de la posterior mujer trans, ha obtenido también el Bafta a la mejor actriz de reparto. Saldaña está nominada en la misma categoría de los Oscar, cuya gala se celebrará el próximo 2 de marzo en Los Ángeles.

“Mis niños me habían dicho que no llorara”, ha dicho la intérprete al recibir el galardón. “Se trata de toda una validación, de un verdadero honor (...) Ha sido el desafío creativo de toda una vida”, ha resumido Saldaña.

Apenas hace unas semanas, la actriz tuvo duras palabras hacia su compañera Gascón: “Me entristece mucho porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia las personas de ningún grupo. Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que formaron parte, que forman parte, de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión y colaboración y equidad racial, cultural y de género. Y esto me entristece”, dijo.

Sin embargo, Saldaña ha nombrado a “Karla” la primera de todas, cuando ha expresado su agradecimiento al elenco completo de la película.

La ceremonia de los Bafta, los premios que cada año otorga la Academia Británica del Cine y la Televisión, era la primera categoría de esta relevancia que tenía lugar después de que estallara el escándalo en torno a Emilia Pérez y se desinflaran notablemente las posibilidades de éxito de una película que había encandilado en un principio a la mayoría de la crítica. De hecho, acumulaba 11 nominaciones a los premios británicos y 13 a los estadounidenses.

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Starmer tuvo claro desde el principio de su mandato, hace ya más de medio año, que cualquier acercamiento a la UE, después del agrio divorcio del Brexit, debería realizarse a través de la cooperación en materia de seguridad y defensa. La crisis en torno a Ucrania desatada por Trump, al aislar a los europeos en sus negociaciones con Vladímir Putin, ha ofrecido además al primer ministro británico la posibilidad de hacer valer su papel de puente entre Washington y Bruselas. “Nos enfrentamos a un momento generacional respecto a la seguridad colectiva de nuestro continente. Ya no se trata solo del futuro de Ucrania. Es una cuestión existencial que afecta a toda Europa”, ha escrito Starmer este lunes en el diario Daily Telegraph, en las horas previas a su viaje a París.

Starmer se compromete a seguir destinando una ayuda de 3.600 millones de euros anuales a Ucrania hasta 2030, y se muestra dispuesto a contribuir a la seguridad de este país. “[Lo haremos] colocando sobre el terreno nuestras propias tropas, si es necesario”, ha escrito el primer ministro británico.

“No digo esto de un modo ligero. Siento la profunda responsabilidad que conlleva poner en riesgo potencialmente a los hombres y mujeres del Ejército británico. Pero cualquier papel, a la hora de garantizar la seguridad de Ucrania, ayuda a garantizar la seguridad de nuestro continente y de nuestro país”, ha afirmado el primer ministro.

“Europa y Estados Unidos deben seguir trabajando juntos, y creo que el Reino Unido puede desempeñar un papel único en ayudar a que esto suceda, del mismo modo que en el pasado pusimos en marcha y presidimos el Grupo de Contratos de Defensa para Ucrania”, asegura Starmer.

Ya hay una visita planeada a Washington para finales de febrero, en la que Trump recibirá al primer ministro británico. Aunque el presidente estadounidense y su equipo también han tenido duras palabras para el Gobierno del Reino Unido —ya fuera con amenazas de aranceles o reproches a su supuesta falta de libertad interna—, Trump ha dado señales de que le resultará más fácil entenderse con los británicos. Ha elogiado personalmente a Starmer y ha mantenido con él un par de conversaciones telefónicas de buen tono.

“Las naciones europeas deben estar a la altura de este momento, y lo estarán. Pero el apoyo de Estados Unidos sigue siendo fundamental, y las garantías de seguridad de Estados Unidos son fundamentales para que haya una paz duradera [en Ucrania], porque solo Estados Unidos puede impedir que Putin ataque de nuevo”, advierte Starmer. “Me reuniré con el presidente Trump en los próximos días y trabajaré con él y con nuestros socios del G-7 para asegurar el acuerdo [de paz] fuerte que necesitamos”, anuncia.

Mano suave con las dos orillas

Starmer se ha resistido desde el primer minuto en que Trump ha agitado el tablero geopolítico en tener que elegir entre Washington o Bruselas. A diferencia de primeros ministros británicos anteriores, como Boris Johnson o Liz Truss, que fueron incapaces de mantener un necesario equilibrio diplomático, el primer ministro laborista ha demostrado la paciencia y buenas formas necesarias para resistir las provocaciones y buscar vías de entendimiento. La UE tiene también ganas de que Londres, con su capacidad militar de primer orden, forme parte de una nueva era en la construcción de la defensa europea.

“Me dirijo a París con un claro mensaje para nuestros amigos europeos. Debemos demostrar que nos tomamos en serio nuestra propia defensa y que afrontamos nuestra responsabilidad. Llevamos mucho tiempo discutiendo sobre esto, y el presidente Trump tiene razón en exigir que nos pongamos en ello”, asegura Starmer.

Además de este intento de negociación a dos bandas, el dirigente británico debe enfrentarse en casa a sus propias tensiones internas. Starmer ha dejado claro este fin de semana que la decisión de elevar hasta el 2,5% el presupuesto de Defensa le corresponde a él en exclusiva. La ministra de Economía, Rachel Reeves, que se enfrenta a una situación económica compleja, había intentado limitar la subida hasta el 2,3%.

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El peligro del debate más importante del siglo XXI, la inmigración, es que puede ser material perfecto para pasarlo por la trituradora del entretenimiento. Seis personajes que son seis tópicos andantes viajan a Somalia, Siria, Líbano, Kenia…, y conocen las miserias y el terror de la guerra y el drama de los campamentos de refugiados.

Dave Marshall, el de la metáfora de las ratas, es un cocinero de Eastwood ―en la serie se presenta como chef e influencer—, soltero, con una hija, cuyo conocimiento del mundo, hasta ahora, se reducía a Torremolinos.

Nathan Rimmington, de 33 años, es transportista y dueño de una autoescuela de vehículos pesados en Barnsley. Enorme, plagado de tatuajes, siempre sudando y siempre suspirando por una pinta, aparece en la serie como un bromista incorregible: “Si el Gobierno no pone freno a la inmigración, mis hijos tendrán que ir al colegio en putos camellos”.

Chloe Dobbs, de 24 años, comentarista habitual del canal de noticias de la derecha populista británica, GB News (el mismo en el que Nigel Farage tiene su programa), presume de su grado universitario en Filosofía y Política, obtenido en Oxford, que le capacita, dice, para opinar con solidez sobre la inmigración. Al ver ella también a uno de los niños de Raqqa encaramarse a un contenedor de basura plagado de moscas, en busca de plástico por el que recaudará 20 céntimos el kilo, Chloe da una muestra de su capacidad de análisis: “Puedes ver cómo lo disfrutan, porque están aprendiendo a ser emprendedores”. Ese era un comentario espontáneo. Sentada ante la cámara, desarrolla con más precisión sus ideas: “Mi visión es puro sentido común. En 10 años, el Reino Unido se llenará de gente tapada con un burka y el Islam dominará todo”.

Mathilda Mallinson se define como periodista, activista social, podcaster y especialista en inmigración. La historia de amor que vivió con un inmigrante, durante cuatro años, marcó su visión de esta dura realidad, explica. Cree que “la gente se está dejando manipular por los medios y políticos de extrema derecha”. Su compañero Nathan la define como una “socialista woke de champán” (champagne socialist es el término derogatorio con que se ha llamado siempre en Inglaterra a cierta izquierda acomodada: la beautiful people de España, o la izquierda caviar). Mathilda cree que puede hacer cambiar de opinión a sus compañeros si comparten las penalidades y sufrimientos de los refugiados.

Con un matiz: todo el grupo viaja con protección, durante las 24 horas del día; no pasarán hambre, y saben que esta aventura tan instructiva terminará en algún momento, y regresarán a casa. La amenaza del terrorismo islamista de Al-Shabaap, en Mogadiscio, solo provoca en los participantes del reality un miedo escénico.

Jess, de 33 años, es de la ciudad galesa de Llanelli, de unos 45.000 habitantes. Se define como la “única gay del pueblo”, y recuerda con horror el abuso sexual que sufrió a los 16 años. Participó en los 100 días de disturbios de 2023, cuando muchos lugareños se opusieron a la llegada de 200 solicitantes de asilo a un pequeño hotel. “No quiero un nido de violadores y pedófilos a los pies de donde vivo”, cuenta Jess.

Durante su visita a un campo de desplazados internos, Jess llorará de tristeza y mostrará su afecto ante la penuria de mujeres y niños, pero la cruda realidad de la mutilación genital femenina, explicada por una trabajadora social, y el elevado índice de violaciones y abusos que ocurren en el campamento, solo servirán para consolidar los prejuicios y los temores de la mujer. “Nuestro Gobierno está permitiendo la llegada de estos criminales, y nos pone a todos en riesgo”, dice.

Y finalmente está Bushra Shaikh, una pequeña empresaria de Surrey, musulmana, hija de inmigrantes, y fuente de problemas para Channel 4 después de que se conocieran sus tuits antisemitas de los últimos meses: “Los palestinos han logrado en cinco minutos más que Zelenski [presidente de Ucrania] con ayudas de 75.000 millones de libras. Llamarlo humillación es quedarse corto”, escribió después del ataque de Hamás en territorio israelí que aniquiló a 1.200 personas.

Las opiniones de Bushra sobre sus compañeros de elenco, y sobre el Reino Unido, no dejan hueco a los matices: “Una gran parte de los británicos son tan obtusos e ignorantes como la mierda”, resume.

La buena televisión

Go Back to Where You Came From está basado en una serie australiana que causó el mismo escándalo y rechazo, y los mismos elogios y buenas críticas. Como producto televisivo, tiene una fuerza incuestionable. Decía un maestro del negocio que la buena televisión es la que lleva al espectador, en el salón de su casa, a ponerse a hablar o a gritar con el aparato. Y esta serie provoca indignación en abundancia.

Los comentarios racistas y obscenos de varios de los protagonistas, así como sus temores y preocupaciones, son los que escuchamos a nuestro alrededor día a día. El tono condescendiente o altivo de los que supuestamente defienden a los inmigrantes resulta irritante e inútil.

Un viaje de ida y vuelta a la miseria humana, sin riesgo y a gastos pagados, no parece el mejor modo de plantear un debate tan complejo. Y sí, hasta el más cenutrio se conmueve ante una madre que lucha día a día por dar de comer a sus hijos entre las ruinas. Pero la empatía es efímera, como concluye el cocinero Dave en un infame campo de refugiados: “Que se esperen aquí, y que hagan todo lo posible por viajar [al Reino Unido] de un modo legal. Si lo hacen, pueden hasta venir a mi casa a cenar. Pero si llegan de modo ilegal, desgraciadamente, tendrán que dar media vuelta”.

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