El ejército y la inteligencia israelíes han aludido, por ejemplo, a “progresos concretos” de Teherán para producir componentes para una bomba nuclear. Uno de ellos, aseguran, son las fuentes de iniciación de neutrones, dispositivos que liberan una pequeña cantidad de esas partículas para iniciar una reacción atómica en cadena en un reactor o en una bomba nuclear.

Sin embargo, ni los militares israelíes ni su primer ministro han presentado, al menos de momento, pruebas que sustenten esa u otras afirmaciones. Ese discurso contradice lo afirmado recientemente por los servicios de inteligencia de su principal valedor, Estados Unidos, cuya negociación en materia nuclear con Irán, que debía continuar en Omán este domingo, ha quedado de momento suspendida y puede que hecha añicos por el ataque israelí.

El pasado 25 de marzo, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia de Estados Unidos, reveló durante una comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado que esos servicios de espionaje creían que “Irán no estaba construyendo un arma nuclear”. Gabbard apostilló que la República Islámica tampoco estaba “buscando activamente hacerlo”.

Esta responsable recordó luego que el “líder supremo [Ali] Jameneí no ha autorizado el programa de armas nucleares, que suspendió en 2003″. Aludió luego a una fetua [dictamen religioso] de Jameneí que, ese año, consideró que el islam prohibía ese tipo de armas, un veto sobre el que se ha construido la doctrina atómica del país y que sus funcionarios suelen recordar cuando sostienen que sus actividades nucleares tienen fines pacíficos.

Gabbard mencionó luego el aspecto principal que los países occidentales suelen citar para justificar la sospecha de que Irán, al contrario de lo que afirma, podría estar acelerando el paso a una bomba nuclear: sus reservas de uranio altamente enriquecido, que están “en sus niveles más altos” y que “no tienen precedentes para un Estado sin armas nucleares”, aseguró la directora de Inteligencia en alusión a un hecho: Teherán enriquece uranio a unos niveles que sirven para poco más que para ese tipo de armamento.

Para generar electricidad en centrales nucleares, basta con que el uranio tenga un grado de pureza que no supere el 5%. Cuando esa concentración se eleva a más del 20%, tiene muy pocos usos: impulsar submarinos atómicos (que Irán no tiene) o alimentar reactores de investigación. Su uso principal son las armas nucleares. Por eso se considera sospechoso que Irán disponga de ese material, enriquecido al 60%, no muy lejos del 90% que requieren las bombas atómicas.

En el último informe trimestral del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el pasado 31 de mayo, se calculaba que esas reservas iraníes de uranio enriquecido al 60% ascendían a más de 408 kilogramos, suficientes para alrededor de nueve ojivas nucleares si la concentración alcanza el 90%. En febrero, esas reservas eran de 274 kilos.

“Si bien las actividades de enriquecimiento con salvaguardia [supervisión del OIEA] no están prohibidas en sí mismas, el hecho de que Irán sea el único Estado no poseedor de armas nucleares en el mundo que produce y acumula uranio enriquecido al 60% sigue siendo un motivo de seria preocupación”, señala ese documento, que Israel esgrime ahora para justificar su ataque.

Sin embargo, el informe, desclasificado por la junta del OIEA —que el jueves aprobó una resolución contra Irán por primera vez en 20 años—, no afirmaba que Irán estuviera muy cerca de fabricar un arma nuclear. Incluso concluía que no había “indicios creíbles de que existiera un programa nuclear estructurado no declarado en curso”. Sí censuraba a Teherán por considerar que no colaboraba de forma suficiente con esa agencia.

Para Luciano Zaccara, profesor del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar, ni el informe del OIEA ni la resolución de su junta de gobernadores contra Irán justifican el ataque israelí. El contenido de ese documento “no representa un cambio sustancial respecto a lo que se ha venido diciendo en los últimos 20 años. En esencia, reitera lo que ya se había dicho; es decir, que los inspectores internacionales detectaron restos de radiactividad en instalaciones nucleares y que Irán no ha explicado cómo llegaron allí”.

Esa crítica “es la misma desde hace dos décadas, pero el texto no afirma que esos restos prueben la existencia de un programa nuclear con fines militares”.

Un acuerdo roto

El interés de Irán por la bomba atómica se remonta a tiempos anteriores a la Revolución Islámica. En la época del sha Mohammed Reza Pahlavi, aliado de Estados Unidos, se puso en marcha el primer programa nuclear. En 2015, la República Islámica se comprometió con las principales potencias mundiales a frenar sus aspiraciones y eliminar el 97% del uranio enriquecido almacenado al firmar el Plan de Acción Integral Conjunto con EE UU, Francia, el Reino Unido, Rusia, China, Alemania y la UE.

Teherán accedió a no enriquecer uranio por encima del 3,75% de pureza y conservar un máximo de 200 kilogramos de ese mineral, además de someterse a un severo régimen de inspecciones, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que estrangulaban su economía. En 2018 y cuando Irán cumplía estrictamente con lo estipulado, Donald Trump rompió unilateralmente, aconsejado por Israel, el pacto nuclear. Washington reimpuso las sanciones a Teherán y añadió otras nuevas.

Irán dejó entonces de considerarse obligado a respetar lo pactado; comenzó a incumplir las restricciones y, poco después, a superar con creces los límites establecidos en el pacto. En 2021, empezó a enriquecer uranio con un 60% de pureza en la planta de Natanz, en Isfahán, uno de los principales blancos del ataque del viernes. Antes de la firma del acuerdo de 2015, Irán no había enriquecido uranio por encima del 20%. Teherán, de hecho, intenta justificar desde entonces cada avance hacia la bomba nuclear con el argumento de que se trata de una respuesta ante un incumplimiento o una agresión occidental.

En abril, el director del OIEA, Rafael Grossi, aludió ante la prensa a declaraciones de ex altos funcionarios iraníes que sugieren que Teherán tiene todas las capacidades para fabricar armas nucleares en poco tiempo.

Para obtenerlas y para lanzarlas. La República Islámica dispone de un amplio arsenal de misiles balísticos teóricamente capaces de transportar ojivas nucleares. Sin embargo, ello requiere no solo fabricar una bomba, sino miniaturizarla para obtener una carga explosiva lo suficientemente pequeña para que entre en uno de esos proyectiles. Los periodistas preguntaron a Grossi cuándo Irán sería capaz de montar esas ojivas. El director del OIEA respondió: “Las fechas siempre son arbitrarias. Pero no están lejos. Sería, como saben, cuestión de meses, no de años”.

La paradoja, señalan los expertos, es que el ataque israelí podría tener el efecto contrario al que se supone que busca: convencer a Irán de que para defenderse debe convertirse en una potencia nuclear. Israel ya lo es, aunque nunca lo ha reconocido.

Trita Parsi, vicepresidente del centro de estudios estadounidense Quincy, señalaba este sábado en un tuit cómo, en los 20 años que lleva siguiendo esta cuestión, “nunca había visto multitudes en Irán pidiendo armas nucleares” como las que se han concentrado desde el ataque israelí del viernes, al menos según reflejan vídeos en las redes sociales.

En su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, la directora Gabbard aludió a cómo “el tabú en Irán de discutir acerca de las armas nucleares en público” se estaba “erosionando”, lo que “probablemente envalentonará a los defensores de las armas nucleares dentro del aparato de toma de decisiones”.

En octubre de 2024, 39 parlamentarios ultraconservadores ―miembros del ala dura del régimen islámico― remitieron una carta al Consejo Supremo de Seguridad Nacional para solicitar un cambio en la doctrina de defensa en materia atómica del país. Uno de los firmantes, el diputado Hasan Ali Akhlaghi Amiri, justificó esa petición con la necesidad de obtener armas atómicas para garantizar la disuasión ante Israel, a quien “ninguna organización internacional e incluso los países europeos y Estados Unidos son capaces de controlar”.

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Irán sabía que el ataque del viernes era cuestión de tiempo. En los últimos años, las autoridades del país se habían ocupado por ello de poner a buen recaudo parte de sus instalaciones nucleares. Distribuyéndolas primero en diferentes sedes y lugares de la geografía iraní pero, sobre todo, soterrando a gran profundidad algunas de las más importantes de esas instalaciones para protegerlas incluso de las únicas armas que los expertos militares consideran capaces de alcanzarlas bajo tierra: las potentes bombas de las que solo dispone EE UU. Washington no ha proporcionado ese armamento a su aliado israelí, según el diario The New York Times.

Un análisis de marzo del centro de estudios británico de defensa RUSI apuntaba, además, que ni siquiera ese tipo de explosivos sería capaz de destruir los sitios nucleares iraníes en un único bombardeo y que se precisaría atacar repetidamente esos blancos subterráneos para arrasarlos.

Con esa estrategia, Irán ha tratado de asegurarse de que, incluso en caso de que un ataque militar acabara con parte de su capacidad nuclear, las instalaciones restantes podrían continuar con un plan atómico por el que el país persa “ha pagado un alto precio”. Esa fue la expresión que utilizó hace días el ministro iraní de Exteriores y negociador nuclear, Abbas Araghchi. Aludía a las graves sanciones que desde hace años pesan contra el país y asfixian su economía, pero también se refería probablemente a la pérdida de vidas y de talento. Como el de Mohsen Fakhrizadeh, considerado el padre del programa nuclear de Teherán, que murió en 2020 en una emboscada que Teherán atribuyó a Israel.

“Israel no puede destruir el programa nuclear iraní con sus propios medios. Solo los estadounidenses podrían hacer algo así por la vía militar”, recalca Rouzbeh Parsi, experto en Irán de la Universidad sueca de Lund. Este especialista añade que, incluso en ese escenario de total erradicación, “los cálculos de Washington apuntan a que el programa nuclear iraní podría estar de nuevo en marcha en unos dos años”.

En los últimos 20 años, Irán ha adquirido la tecnología y ha expandido sus instalaciones nucleares. Por encima de todo, ha atesorado los altos niveles de conocimiento que exige desarrollar esa tecnología. De ahí que en el ataque de la madrugada del viernes, Israel no solo haya golpeado lo material, las instalaciones. También ha tratado de descabezar la cúpula militar —con los asesinatos del general Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria y del jefe de Estado Mayor del Ejército regular, Mohamad Bagheri— y de cercenar a la élite científica nuclear iraní al matar a seis prominentes especialistas en ese campo.

Las centrifugadoras

La República Islámica dispone, al menos que se conozca, de dos grandes plantas de enriquecimiento de uranio, el combustible que se precisa tanto para alimentar las centrales nucleares civiles —el objetivo declarado por Irán— como para producir armas atómicas. Occidente sospecha que ese podría ser el objetivo oculto de Teherán. Israel lo proclama sin atisbo de duda.

Esas dos plantas de enriquecimiento son la de Natanz, atacada en la madrugada, y la de Fordow, a unos 30 kilómetros al noreste de la ciudad iraní de Qom.

La planta de Natanz, a la que aludió Netanyahu, se extiende en la superficie por más de tres kilómetros cuadrados, según la organización NTI (siglas en inglés de Iniciativa contra la Amenaza Nuclear). Bajo tierra, a unos 50 metros de profundidad, se despliega un extenso entramado de túneles y salas que albergan el blanco fundamental de las bombas israelíes: las centrifugadoras de uranio y un taller en el que se fabrican.

Para obtener combustible nuclear hacen falta muchas de esas máquinas para producir una gran cantidad de uranio enriquecido. La ONG NTI calcula que solo dos de los edificios subterráneos de Natanz tienen capacidad para albergar hasta 50.000 de esas centrifugadoras. En 2015, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) calculó que Irán disponía de unas 19.000. Al menos 5.000 estaban en el complejo de Natanz. Allí se cree que la República Islámica ha producido, desde 2021, la mayor parte del uranio enriquecido con un 60% de pureza del que dispone, a un paso del 90% que requieren las bombas atómicas. Esas reservas iraníes de ese material son ahora de 408 kilos, según el último informe de la agencia de supervisión atómica.

Israel asegura haber alcanzado “la zona subterránea de la planta” e imágenes por satélite citadas por The New York Times muestran daños importantes en sus instalaciones en superficie, según ese diario. Aun así, las autoridades iraníes han confirmado a la agencia atómica de la ONU que el ataque contra esa planta no ha producido un aumento de los niveles de radiación. Ese dato hace pensar que los proyectiles israelíes podrían no haber logrado penetrar del todo las sucesivas capas—algunas de acero y hormigón con estratos de hasta ocho metros de espesor— que protegen las instalaciones subterráneas y su joya de la corona: las salas de las centrifugadoras.

Netanyahu ya ha anunciado que Israel seguirá atacando Irán hasta asegurarse de que erradica sus capacidades nucleares.

A medio kilómetro bajo tierra

Más complicado aún parece arrasar la otra gran planta de enriquecimiento de uranio del país persa: Fordow, que Israel no atacó en la madrugada del viernes. Sin embargo, ya por la noche, los medios oficialistas iraníes dieron cuenta de explosiones en la planta y del derribo de un dron en sus inmediaciones. Teherán se cuidó mucho de sepultar esas instalaciones en el interior de una montaña y a una profundidad que el propio director del OIEA, Rafael Grossi, calculó en aproximadamente 500 metros por debajo de la superficie. A medio kilómetro bajo tierra es dudoso que, incluso las más potentes armas antibúnker, pudieran destruir la planta completamente en un único ataque.

Sin inutilizar Fordow, ha señalado al diario The New York Times Brett McGurk, antiguo asesor de varios presidentes de Estados Unidos sobre Oriente Próximo, “no se habrá eliminado la capacidad de Irán de producir uranio enriquecido al nivel que requieren las armas atómicas”.

Destruir las centrifugadoras y matar a los cerebros del programa nuclear iraní no ha servido en el pasado a Israel para detener la ambición nuclear de su némesis. Ni esos asesinatos ni los sabotajes ni ataques cibernéticos como el del virus informático Stuxnet —desarrollado por Israel y Estados Unidos, que logró que un millar de centrifugadoras iraníes se autodestruyeran en 2010—, han representado nada más allá de reveses temporales, de los que Irán se ha recuperado siempre.

Lo único que en estas dos últimas décadas ha logrado frenar el programa nuclear iraní fue el fruto de un consenso: el que llevó a Teherán a firmar el acuerdo nuclear de 2015.

Gracias al llamado Plan de Acción Integral Conjunto con EE UU, Francia, el Reino Unido, Rusia, China, Alemania y la UE, Teherán se comprometió a eliminar el 97% del uranio enriquecido que tenía almacenado, a no enriquecer ese mineral por encima del 3,75% de pureza y a almacenar un máximo de 200 kilogramos. También a someterse a un régimen de inspecciones sin precedentes, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que estrangulaban su economía.

En 2018, cuando el país persa cumplía estrictamente con lo estipulado, el presidente de EE UU, Donald Trump, rompió unilateralmente el pacto nuclear, reimpuso las sanciones a Teherán y añadió otras nuevas. Tres años después, Irán empezó a enriquecer uranio al 60% de pureza en Natanz.

EE UU e Irán tenían previsto reunirse este domingo en Omán por sexta vez para tratar de cerrar un acuerdo similar al que Washington dejó entonces moribundo. Tras el ataque israelí, Teherán ya ha anunciado que no asistirá a esa cita.

Israel se opone frontalmente a esas negociaciones como se opuso en su día al acuerdo de 2015. Su ataque ha abocado ese diálogo a un posible fracaso, pero también puede producir un efecto contrario al que Netanyahu busca. Ese efecto paradójico puede ser que Irán acelere el paso para obtener armas nucleares, un viejo anhelo del ala dura del régimen islámico.

El experto Parsi cree que el objetivo de Netanyahu no es destruir el programa nuclear iraní, algo que sabe difícil, sino “desencadenar una guerra que quiere que EE UU luche por Israel”. Queda por ver, destaca, si el Gobierno israelí conseguirá arrastrar a ella a Trump, que llegó a la presidencia “con la promesa de lograr la paz”.

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El domingo pasado, el ministro iraní de Inteligencia, Esmail Jatib, reveló que su país había obtenido un “tesoro” de documentos confidenciales israelíes que amenazó con publicar “pronto”, aunque no ofreció pruebas de Teherán se haya hecho realmente con esa información de inteligencia. Israel ni siquiera ha mencionado ese supuesto robo.

Jatib definió esos supuestos papeles como “archivos nucleares completos” y detalló que no se refieren solo al programa de armas atómicas que Israel nunca ha confirmado ―aunque es un secreto a voces―, sino también a la relación de este con Europa, Estados Unidos y otros países. No ofreció más detalles ni explicó cómo su país los ha obtenido, aunque el anuncio se relaciona con la detención el 20 de mayo de dos israelíes acusados de espiar para Irán en la localidad israelí de Kfar Ahim, donde reside el ministro de Defensa de ese país, Israel Katz. El diario The Times of Israel aludió ese día a una “campaña ampliada de espionaje de Irán dentro de Israel”.

El ministro iraní de Inteligencia sí subrayó que esos supuestos documentos “fortalecerán las capacidades ofensivas de Irán”, una advertencia apenas velada en un momento en el que los servicios de inteligencia estadounidenses habían avisado de que Israel se preparaba para atacar las instalaciones nucleares iraníes, como finalmente ha sucedido este viernes. Incluso sin la luz verde de Trump y con la negociación en marcha de un nuevo acuerdo que debería reemplazar al Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), que agoniza desde la retirada unilateral de EE UU. Ese pacto de 2015 había permitido el levantamiento progresivo de las sanciones internacionales contra Irán a cambio de un estricto programa de supervisión del programa nuclear iraní para garantizar que no se dirigiera a fabricar armas nucleares.

Analistas afines a la República Islámica, citados por el portal Amwaj, han asegurado que esos supuestos documentos confidenciales ofrecen datos cruciales para la anunciada respuesta iraní si ese ataque israelí se lleva a cabo. Uno de ellos, el comentarista político libanés Mohamed Shamass, incluso alude a una “lista actualizada” de objetivos nucleares en Israel.

La única confirmación de que Irán ha accedido a algún tipo de información sobre el programa nuclear israelí ha venido del director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que precisamente este jueves aprobó una resolución contra Irán por incumplir su deber de no proliferación. Rafael Grossi aseguró el lunes en una rueda de prensa en Viena que esos datos que Teherán asegura poseer “parecen referirse” al centro nuclear de Soreq, a unos 20 kilómetros al sur de Tel Aviv, unas instalaciones reconocidas por Israel que albergan un reactor de investigación y que el OIEA inspecciona “regularmente”, destaca por correo electrónico Barbara Slavin, investigadora del centro de estudios Stimson.

Herramienta negociadora

Mientras, incluso los medios oficiales iraníes interpretan el anuncio acerca de los documentos nucleares israelíes como un intento de Irán de recuperar esa disuasión frente a Israel que quedó definitivamente hecha añicos cuando, en octubre de 2024, el ejército israelí atacó al país persa por segunda vez en unos meses. Esa fue su respuesta a una andanada previa de misiles iraníes.

Otro objetivo del anuncio, según un analista con buenas fuentes en el régimen iraní ―que habló con EL PAÍS desde Teherán bajo condición de anonimato―, puede ser “redirigir la atención hacia el programa nuclear israelí para presionar a Estados Unidos” en la negociación que debería retomarse este domingo.

Barbara Slavin duda de que Irán haya obtenido realmente documentos sobre la producción encubierta de armas nucleares por parte de Israel. La investigadora considera, sin embargo, que recordar que ese país es una potencia atómica “socava los argumentos de Israel contra Irán”.

A diferencia de su némesis regional, Teherán “es miembro del TNP”, destaca la investigadora, y eso que “posee tecnología de enriquecimiento de uranio”, que teóricamente le permitiría fabricar en poco tiempo esas armas. Después de que, en 2021, Irán acusara a Israel de sabotear la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, en la provincia de Isfahán, la República Islámica empezó a enriquecer uranio al 60% de pureza, poco menos del 90% que requiere el armamento atómico.

Israel es, a día de hoy, el único Estado con armas atómicas de Oriente Próximo. Dispone de unas 80, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI); “alrededor de un centenar” calcula Slavin. No por ello ha sido sancionado ni la comunidad internacional lo ha forzado a adherirse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) ni tampoco a abrir todas sus instalaciones nucleares a los inspectores del OIEA.

Por el contrario, Irán, que cumplió estrictamente con el acuerdo nuclear de 2015 hasta que EE UU se retiró de él, lleva años bajo un severo régimen de sanciones, que han asfixiado su economía y espoleado la corrupción de su régimen. El motivo es esa sospecha occidental de que el país pretende dotarse de esas armas de destrucción masiva, algo que Teherán niega.

El analista que habló bajo anonimato evoca la posibilidad de que las autoridades iraníes “puedan poner sobre la mesa una zona libre de armas nucleares en la región como condición previa para un posible acuerdo con Washington”. Esos documentos israelíes supuestamente en manos de Teherán, “podrían desempeñar un papel importante” en ese propósito, destaca. Si es que el país los tiene realmente en sus manos.

Línea roja

Irán ya ha dejado claro que no abandonará sus planes nucleares ni dejará de enriquecer uranio, pese a las amenazas bélicas de Estados Unidos y, ahora más que nunca, de Israel. Esa exigencia, que Teherán ha rechazado, está incluida en la última propuesta de Washington de cara a la sexta ronda negociadora del próximo domingo. Es una línea roja. Y tanto el líder supremo, Ali Jamenei, como el ministro iraní de Exteriores y negociador nuclear, Abbas Araghchi, han dicho que no la atravesarán “en ningún escenario”.

El jefe de la diplomacia iraní lo justificó la semana pasada en un tuit que recordaba el “alto precio” que su país ha pagado por sus capacidades nucleares. Incluso en vidas. Una de las estrategias de Israel en su guerra de espías con Teherán ha sido el asesinato de científicos iraníes. Como el de Mohsen Fakhrizadeh, considerado el padre del programa nuclear de Teherán, en 2020.

Muchos iraníes consideran, mientras tanto, que lo que podría empujar a su país a cambiar la doctrina oficial que prohíbe las armas atómicas- su origen es una fetua (dictamen) en ese sentido de Jamenei− es precisamente un ataque militar como el que se cree planea Israel.

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La resolución ―presentada por Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos―, y apoyada por 19 países, considera que la falta de cooperación de Irán “constituye un incumplimiento de sus obligaciones” con el OIEA y subraya la imposibilidad del director del organismo, Rafael Grossi, de confirmar que el programa nuclear iraní tiene fines exclusivamente pacíficos, como asegura Teherán. Ello “plantea cuestiones que competen al Consejo de Seguridad” de Naciones Unidas, reza la resolución.

En su más reciente informe trimestral, el pasado 31 de mayo, la agencia de supervisión atómica destacaba que las autoridades iraníes no habían explicado de forma creíble el origen de restos antiguos de material fisible (el que se utiliza para producir energía nuclear o armamento atómico) en tres sitios no declarados como nucleares. El informe elevaba a más de 408 los kilos de uranio enriquecido al 60% en Irán, poco menos del porcentaje del 90% de pureza que se utiliza en las armas nucleares. En febrero, esa cantidad era de 275 kilos.

Para producir combustible nuclear con fines civiles como la generación de electricidad, solo se precisa un grado de concentración del uranio de alrededor del 4%. Con 408 kilos de uranio altamente enriquecido, se pueden fabricar teóricamente unas nueve bombas atómicas.

La trascendencia de esta resolución del OIEA es que abre la puerta a una denuncia contra Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que podría adoptar nuevas sanciones en su contra, sin que aliados de Teherán como Rusia y China ―que este jueves se han opuesto a la resolución de condena de la agencia atómica de la ONU―, tengan la posibilidad de ejercer su poder de veto.

Esa imposibilidad de ejercer ese veto está incluida en un mecanismo de reinstauración automática de las sanciones internacionales ―el llamado snapback― recogido en el acuerdo nuclear de 2015 entre Occidente y Teherán ―el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, en sus siglas en inglés)―. Ese pacto permitió un levantamiento progresivo de las sanciones internacionales que asfixiaban a la economía iraní a cambio de un estricto programa de supervisión de las instalaciones nucleares iraníes.

Hasta octubre, cuando se cumplen diez años de la firma del JCPOA, el snapback puede ser activado en caso de incumplimiento grave de lo que recoge el acuerdo. Para activarlo, basta con que un país signatario del pacto con Irán en 2015 ―lo suscribieron China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania y la UE― lo plantee al Consejo de Seguridad de la ONU y que uno de sus miembros permanentes presente la petición. Estados Unidos se retiró del acuerdo en el primer mandato de Donald Trump y ya no puede hacerlo, pero Francia, sí. París es miembro del acuerdo y además ocupa un asiento permanente en el órgano ejecutivo de la ONU.

Esa espada de Damocles contra Irán es real, como demuestra la resolución del OIEA de este jueves y su alusión explícita al Consejo de Seguridad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya había aludido antes, el 21 de enero, en el Congreso de su país a que Trump buscaría “la posible activación del snapback”.

Teherán dejó de cumplir progresivamente con lo recogido en el JCPOA cuando Washington lo abandonó unilateralmente en 2018 y reinstauró las sanciones estadounidenses. En 2021, empezó a enriquecer uranio en altas concentraciones.

Las autoridades iraníes han amenazado recientemente con que, en caso de restablecimiento de las sanciones por parte del Consejo de Seguridad, podrían abandonar el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). Si el grupo de países europeos signatarios del JCPOA ―el llamado E3; Francia, Reino Unido y Alemania― recurre al snapback e Irán cumple su amenaza, la última oportunidad para el diálogo con Teherán, serían los 90 días de preaviso que requiere abandonar ese tratado.

La respuesta de Teherán

La respuesta de las autoridades iraníes tras divulgarse esa inédita resolución de condena del OIEA en dos décadas ha sido calificarla como un “acto político sin base técnica ni legal” por parte de los países europeos y Estados Unidos. “Irán siempre se ha adherido a sus obligaciones” y, hasta ahora, “ninguno de los informes del OIEA ha mencionado el incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones o desviaciones en los materiales y actividades nucleares”, ha indicado el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

El texto destaca luego que el país “no tiene otra elección que responder a esa resolución política” con un nuevo aumento de su capacidad de enriquecer uranio. “En respuesta a la resolución”, prosigue el comunicado, “el jefe de la Agencia de la Energía Atómica de Irán ha emitido las órdenes necesarias para establecer un nuevo centro de enriquecimiento en un lugar seguro”, indica la nota.

Además, las centrifugadoras de gas de primera generación en el centro de enriquecimiento subterráneo de Fordow [en el centro de Irán] serán reemplazadas por máquinas avanzadas de sexta generación, destaca el comunicado.

En abril, un asesor cercano a Ali Jamenei, el líder supremo iraní, advirtió de que la persistencia de las amenazas externas y la posibilidad de un ataque militar contra su país podría provocar “la expulsión de los inspectores del OIEA” y el cese de la cooperación con el organismo.

La resolución de la agencia atómica de la ONU añade además presión sobre Irán en un momento en el que se considera posible un ataque israelí contra sus instalaciones nucleares, incluso sin el aval de la Administración de Donald Trump, que el domingo tiene previsto mantener una sexta ronda negociadora con Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo en materia atómica. Funcionarios iraníes han reiterado que los países europeos del E3 están aumentando la presión precisamente para asegurarse una silla en unas negociaciones en las que hasta ahora no han tenido voz ni voto.

El pasado martes, el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Behrouz Kamalvandi, avanzó que su país había preparado una lista de contramedidas ante una posible resolución del OIEA. También enfatizó que las escaladas anteriores de Irán en esta cuestión, como aumentar el enriquecimiento de uranio al 60% de pureza e instalar centrifugadoras avanzadas, fueron respuestas directas a resoluciones de censura anteriores.

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En Gaza, Israel ha convertido la ayuda humanitaria en otra arma al servicio de su ofensiva militar. Solo deja que la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), una organización en la que colabora Estados Unidos, distribuya la comida en dos puntos de la Franja. Pero la ayuda, como explica Trinidad Deiros, no es tal: reparten productos como pasta y arroz a personas desnutridas que no pueden cocinar. A la desesperación de los palestinos se le suma el peligro: más de 130 personas han muerto por disparos del ejército cuando intentaban coger alimentos.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

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Ese grave crimen contra la humanidad se cometió, afirma el documento, cuando las fuerzas israelíes bombardearon intencionadamente escuelas y mezquitas donde se refugiaban civiles, incluidos muchos niños, destaca el texto de 19 páginas elaborado por esta comisión establecida el 27 de mayo de 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Su mandato es investigar “en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel, todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”.

El texto destaca cómo “las instalaciones educativas de Gaza han sido atacadas por diversos medios, como ataques aéreos, bombardeos, incendios y demoliciones controladas”, tanto que el sistema educativo del enclave palestino ha quedado “arrasado”, mientras que “más de la mitad de todos los lugares religiosos y culturales de la Franja de Gaza” han quedado también destruidos.

658.000 niños sin educación

Más de 658.000 niños de Gaza llevan los 20 meses que dura la invasión israelí sin educación. Aunque esa ofensiva que ha matado ya al menos a 55.000 personas acabara ahora, muchos de esos menores no tienen ya una escuela a la que regresar. Entre el 7 de octubre de 2023, cuando Israel inició los bombardeos en la Franja —como respuesta al ataque de Hamás que provocó casi 1.200 muertos—, y el 25 de febrero de 2025, 403 de 564 edificios escolares fueron directamente atacados o bien sufrieron daños. Entre los primeros, 85 quedaron totalmente destruidos, mientras que las instalaciones de otros 73 quedaron destruidas en un 50%.

La comisión de la ONU destaca que un elevado número de esas escuelas servían como refugio para los civiles desplazados, especialmente las de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Gaza, donde se refugiaban aproximadamente un millón de personas.

Los colegios habilitados como refugios fueron uno de los blancos más atacados por el ejército israelí. El 62% sufrieron bombardeos “directos” de esas fuerzas, lo que tuvo como consecuencia “un elevado número de bajas”. El 25 de marzo de 2025, UNRWA calculó en al menos 742 los desplazados que murieron en ataques contra centros escolares. El informe de la comisión destaca que las coordenadas precisas de la ubicación de esos centros escolares se habían comunicado al ejército israelí, y que esas instalaciones estaban claramente identificados con el emblema de la ONU, visible desde tierra y desde el aire.

La destrucción sistemática de las instituciones educativas en el territorio palestino ocupado ha afectado también especialmente a las universidades de la Franja. Uno de los ejemplos que cita el documento es el de uno de los campus de la Universidad de Al-Azhar, dinamitado por el ejército israelí en diciembre de 2023, mientras que otro de la Universidad de Israa fue también destruido en enero de 2024. En total, más de 57 edificios universitarios “han sido totalmente destruidos a 25 de marzo de 2025″. Los ataques aéreos, los bombardeos, los incendios y las demoliciones controladas han acabado con “más del 90%” de los edificios escolares y universitarios de Gaza".

“Estamos viendo cada vez más indicios de que Israel está llevando a cabo una campaña concertada para destruir la vida palestina en Gaza”, asegura la presidenta de la comisión, la exjueza del Tribunal Penal Internacional Navi Pillay, en unas declaraciones recogidas en la nota de prensa sobre el informe. Sus conclusiones se presentarán el 17 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El pasado mes de febrero, Israel se retiró de ese organismo acusándolo de “parcialidad” en su contra.

Sin justificación

El informe alude a casos concretos en los que Israel no justificó de ninguna manera alguno de esos ataques, o bien trató de hacerlo con el argumento de que esas escuelas o mezquitas albergaban centros de mando de Hamás, sin ofrecer ninguna prueba concluyente. El derecho internacional humanitario prohíbe atacar objetivos civiles y considera que, de producirse estos, se pueden cometer crímenes de guerra y contra la humanidad.

La comisión de Naciones Unidas investigó, por ejemplo, dos ataques contra mezquitas durante las horas de rezo, lo que resultó en “un elevado número de víctimas”. En una de ellas, la Ihya al Sunna, en Ciudad de Gaza, murieron 109 personas el 15 de noviembre de 2023, incluidas 13 mujeres y nueve niños. Los expertos de la ONU aseguran no conocer ningún comunicado del ejército israelí sobre ese ataque ni disponer de datos sobre actividad militar en ese lugar.

En otro bombardeo, el 10 de agosto de 2024, Israel atacó la mezquita Saad al Ghafari, en el centro de Gaza, en la que se refugiaban numerosos desplazados. El bombardeo mató a 90 personas, incluidas 11 niños y seis mujeres. El ejército israelí aseguró luego que ese lugar albergaba un centro de mando de Hamás, algo que la milicia negó, y publicó dos listas de militantes que supuestamente murieron en el ataque. Tres de esos nombres habían sido ya anunciados como víctimas de un bombardeo anterior, según una organización citada en el informe.

La investigación de la ONU también analiza los incendios intencionados y demoliciones de escuelas y campus universitarios sin justificación militar. El texto cita el de uno de los campus de la universidad de Al Azhar el 7 de diciembre de 2023. Imágenes y vídeos difundidos previamente “de soldados [israelíes] bailando y moviéndose libremente en ese lugar e imágenes satelitales de los coches aparcados en el campus” han llevado a la comisión, destaca el texto, a concluir que “no había ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad israelíes que justificara la demolición de los edificios de la universidad”.

El daño causado por las fuerzas israelíes en el patrimonio cultural, arqueológico y arquitectónico de la Franja es también irreversible, continúa el informe. A 29 de noviembre de 2024, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) había comprobado daños en 75 lugares de interés histórico y artístico. Entre ellos, un cementerio romano, el museo del palacio Pasha, del siglo XIII, y la Gran Mezquita Omari, de 1277.

La comisión de la ONU recopila también en su texto ataques a la educación en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Sus autores calculan en más de 806.000 los estudiantes palestinos afectados por las restricciones de acceso y los controles de seguridad israelíes y en 141 las escuelas atacadas. Al menos 96 estudiantes murieron en estos incidentes y más de 600 alumnos y 21 profesores resultaron heridos. El informe refleja a su vez cómo estudiantes y profesores en escuelas en Israel han sido represaliados o arrestados incluso solo por expresar compasión hacia la población de Gaza.

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El pasado domingo, esta familia caminó ocho horas para alcanzar el centro de distribución de Rafah, en el sur. No habían llegado a la segunda puerta, con otros “cientos de miles de personas más”, cuando los militares israelíes “empezaron a disparar”, recuerda este albañil de 46 años. Una multitud aterrorizada separó a la madre, con dos de sus hijos, del padre. “Al suelo”, gritó la mujer a los niños. Ahmad, de 12 años, la vio después inerte con la cara contra la tierra. “Los tanques se acercaban y un hombre me dijo, ‘¡Huye! ¡A tu madre la han matado!”, recuerda por teléfono, con el ruido incesante de los bombardeos y el llanto de otros niños de fondo.

Desde el 27 de mayo, ataques atribuidos al ejército israelí han matado a un centenar de personas en las cercanías o incluso dentro de los centros de la FHG, algo que la organización ha negado repetidamente en sus comunicados, que describen sus distribuciones como “pacíficas” y sin “incidentes”. En varias de esas notas de prensa, atribuyen esas y otras alegaciones contra la organización a “noticias inexactas”, basadas en “fuentes no verificadas y sin fundamento” y a “narrativas fabricadas y exageradas en la cobertura de los medios”. Mientras, Naciones Unidas ha descrito su actividad como “un mecanismo militarizado de distribución de alimentos”, al que numerosas ONG acusan de servir a los objetivos de una invasión israelí que dura ya 20 meses y en la que han muerto al menos 55.000 personas.

En la que probablemente es la mejor versión del contenido de las cajas de cartón con comida que esta organización asegura estar entregando —la que refleja una fotografía difundida por el ejército israelí la semana pasada— aparecen cuatro paquetes de pasta, uno de arroz, dos kilos de harina, dos botellas de aceite vegetal y algunas latas, por ejemplo de salsa de tomate. No hay nada fresco, ni fruta ni verdura. Tampoco huevos ni lácteos ni siquiera en polvo, ni suplementos nutricionales, ni leche de fórmula para lactantes ni tampoco productos de higiene.

Esos alimentos bastan, afirma la FHG, para alimentar a entre cinco y seis personas hasta cuatro días. Las cajas incluyen, calculan los comunicados de la FHG, entre 63 y 65 de unas raciones que describe como “comidas”, a pesar de que se trata de alimentos sin preparar. Mientras Gaza agoniza, con sus 2,1 millones de habitantes al borde de la hambruna, la FHG asegura que, hasta este viernes, en sus dos sitios de distribución se han repartido 140.640 de cajas de alimentos, que equivalen —asegura—, a casi nueve millones de esas “comidas” (exactamente, 8.952.142).

Organizaciones humanitarias, expertos y testigos consultados por EL PAÍS consideran poco creíbles esas cifras. Para empezar, por el elevado número de paquetes supuestamente repartidos por esa organización de nuevo cuño, superior a los que logran entregar agencias de la ONU y ONG con décadas de experiencia en distribución de alimentos en zonas de conflicto. En su primer día de actividad, y ya con denuncias de caos y de palestinos hambrientos tiroteados cuando trataban de conseguir comida, la FHG aseguró haber repartido 8.000 cajas en unas horas. Una agencia de Naciones Unidas puede distribuir entre 500 y 1.000 paquetes diarios, según asegura una fuente de la organización.

Varios testigos desmienten, además, que la cifra de cajas a la vista en los centros de la FHG fuese elevada. Mohamed Zeidan, cuya esposa murió en el sitio de distribución de Rafah, asegura que solo vio allí “seis palés con cajas”. Un trabajador de la ONU sin relación alguna con Zeidan, que habló con este diario bajo condición de anonimato, cita otros testimonios que aluden a un cálculo similar: “Cinco palés de cajas”.

En un comunicado divulgado este viernes en su página de Facebook, la FHG asegura, por el contrario, “estar trabajando para aumentar las cantidades diarias [de alimentos]”, con el objetivo “de llegar a 4,5 millones de comidas distribuidas diariamente”. Luego se dirige a los gazatíes: “Tengan la seguridad de que la Fundación Humanitaria de Gaza seguirá asegurando las cantidades necesarias de productos alimenticios para todos los buenos residentes de la Franja”.

Si la cantidad de envases de cartón repartidos y de los víveres que incluyen estos plantea dudas, también suscita interrogantes la adecuación de esos alimentos a una población malnutrida como la gazatí. Las cajas de la FHG apenas incluyen fuentes de proteína animal —excepto algunas latas de atún en algunas de ellas—, ni grasas saludables, vitaminas o minerales.

No hay en ellas leche de fórmula ni alimentos específicos para niños. Tampoco suplementos nutricionales cuando, desde enero, las organizaciones humanitarias que trabajan bajo el paraguas de la ONU en Gaza han detectado a más de 16.500 menores de cinco años con malnutrición aguda severa. Alrededor del 40% de la población de Gaza tiene menos de 14 años.

La harina y el arroz que sí incluyen las cajas de la fundación son comerciales, no los enriquecidos con hierro y vitaminas del grupo B —como el ácido fólico, vital para las embarazadas—, que distribuye la ONU en contextos de malnutrición. La principal entidad humanitaria en Gaza, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), que suele centralizar el reparto de otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas, distribuía esos cereales, pero también leche en polvo, de fórmula para bebés, suplementos nutricionales, más alimentos protéicos y, cuando era posible, fruta y verdura.

Las cajas de la FHG tampoco incluyen siempre los mismos alimentos, aseguran testigos como Zeidan, que describe un contenido mucho más pobre del que reflejaba la fotografía del ejército israelí: “Cada caja contenía tres kilos de harina, una bolsa con unas 12 galletas, un kilo de semolina (harina gruesa de trigo), a veces un kilo de azúcar y un kilo de lentejas o garbanzos”, recuerda. “Con tres kilos de harina, apenas hago pan suficiente para alimentar a mis [siete] hijos un día. Esa caja no basta ni para alimentar un día a una familia de cuatro personas”, lamenta.

El trabajador de la ONU en Gaza sostiene que algunos envases solo incluyen “té, azúcar y noodles [fideos asiáticos]; otros, aceite y arroz”. Según este cooperante con larga experiencia en distribución de ayuda humanitaria, los datos de la FHG, esas entre 60 y 65 raciones en cada caja, “no tienen sentido”.

Cifras irreales e insuficientes

Desde Ramala (Cisjordania), Bushra Khalidi, responsable de incidencia de la ONG Oxfam, describe esas cifras de la FHG como “una broma” y asegura que, incluso si son verídicas, esa comida apenas basta para alimentar a la población de Gaza “por un día”. Los centros de distribución de la FHG están además en la mitad sur de la Franja, cuando alrededor de “un millón de personas” se encuentra en el norte, destaca el trabajador de Naciones Unidas, separadas de la zona meridional por corredores militares israelíes que no pueden atravesar.

La comida de la FHG, asegura, tiene además un serio inconveniente: hay que cocinarla, lo que precisa de fuego y/o de agua. Desde que Israel impuso el bloqueo total a la ayuda humanitaria en marzo, ni una gota de combustible ni una bombona de gas han entrado en el territorio palestino. La madera está prácticamente agotada y nueve de cada diez gazatíes no tiene acceso a agua potable.

Las organizaciones humanitarias, mientras tanto, siguen sin poder distribuir comida porque el Gobierno israelí sigue impidiendo su entrada en Gaza y porque el temor a saqueos de esa población hambrienta impide repartir la poca que entra. Esa situacion no ha cambiado significativamente desde el 18 de mayo, cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que permitiría la entrada limitada de alimentos en la Franja para aplacar las críticas estadounidenses.

Israel ha presentado la FHG como una alternativa al sistema de Naciones Unidas y a las ONG, que han rechazado colaborar con esa fundación que rompe los principios humanitarios de independencia —está asociada a un ejército invasor— e imparcialidad y ni siquiera asegura la trazabilidad de los alimentos que entrega.

Por el contrario, las organizaciones humanitarias distribuyen la ayuda siguiendo una serie de pasos para intentar de garantizar que esta llegue a quien lo necesite. Primero, estas organizaciones identifican a los beneficiarios y el perfil de la unidad familiar —por ejemplo, si hay lactantes que necesiten leche de fórmula— antes de iniciar el reparto de alimentos o de productos de higiene, mantas, ropa y materiales de refugio como tiendas de campaña.

Una vez identificados, se da prioridad a los beneficiarios más vulnerables -niños, discapacitados, ancianos, mujeres cabeza de familia- y se les convoca “con una llamada o un SMS” para que acudan en una hora precisa a uno de los 400 puntos de distribución de los que disponía el sistema de Naciones Unidas en toda Gaza, “normalmente a cinco o diez minutos a pie de su casa”, detalla el cooperante de la ONU. La FHG tiene solo dos centros operativos que, además, no abren todos los días por el caos que impera en ellos.

Una vez en los puntos de reparto de las ONG o la ONU, el beneficiario muestra un documento de identidad y firma la recogida de ayuda, en unas cajas en las que normalmente aparece detallado el contenido en una etiqueta pegada en un lateral.

El trabajador de la ONU considera que, sin que la FHG cumpla con ese protocolo u otro similar, la actividad de esta organización “no puede definirse como una auténtica distribución humanitaria, ni siquiera de comida”.

“¿A quién está repartiendo esa comida la FHG? ¿Cómo lo están haciendo? Una distribución humanitaria no consiste en dejar tiradas en el suelo unas cajas con comida para que luego una multitud en la que predomina la ley del más fuerte se pelee por ellas”, plantea.

Un vídeo de la propia Fundación Humanitaria de Gaza, difundido por la CNN, muestra el sitio de reparto de Rafah. En el suelo yacen amontonadas decenas de cajas mientras una multitud corre tratando de hacerse con algún alimento. Algunos gazatíes abren los paquetes sin que nadie controle aparentemente quién se lleva qué ni cuántas cajas se distribuyen. En varios de sus comunicados, la propia FHG ha pedido a los gazatíes que no abran los paquetes dentro del sitio de distribución. En el cielo, luces que suele emitir un tipo de ametralladora habitual en el ejército israelí, según un experto citado por esa cadena, rompen la oscuridad. Otras grabaciones muestran a personas con dos cajas, otras con envases rotos y abiertos, otras con bolsas y muchas con las manos vacías.

Sean Carroll, presidente de la ONG Anera, que gestiona cocinas comunitarias en la Franja, subraya que, incluso si los datos de la FHG son ciertos, “tan importante como las cifras de comidas repartidas son las de personas que siguen en la inanición y también la forma peligrosa e indigna en la que se está distribuyendo esa comida”.

Bandas criminales

Tanto Mohamed Zeidan como el trabajador de la ONU, que no se conocen entre ellos, aseguraron a este diario que quienes están obteniendo esas cajas con alimentos de la FHG no son además muchas veces “gazatíes de a pie”. Sus testimonios y otros reflejados en redes sociales sostienen que bandas criminales están acaparando los alimentos con la complicidad de Israel y de las empresas estadounidenses de mercenarios que vigilan los sitios de reparto. El cooperante de la ONU asegura que estos delincuentes venden luego los víveres fuera de esos centros.

Mohamed Zeidan relata cómo “un matón” le puso a su hija de 20 años una pistola en la sien para robarle algunos alimentos que había logrado meter en una bolsa. Ese incidente ocurrió dentro de la “zona militar cerrada” del sitio de la FHG en Rafah.

Este jueves, el exministro israelí de Defensa Avigdor Lieberman acusó al Gobierno de Netanyahu de estar entregando armas a bandas criminales en Gaza. La oficina del primer ministro israelí no lo ha negado.

“Esto no es ayuda. Es un sitio de humillación, muerte e insulto”, dice el viudo Zeidan. Para el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, los sitios de la FHG son “una trampa mortal”.

Julieta Espín, profesora de Relaciones Internacionales de Oriente Próximo de la Universidad Complutense de Madrid, que hizo su tesis sobre la UNRWA, concluye que el establecimiento de fundación estadounidense-israelí no tiene como fin ayudar a los gazatíes ni alimentarlos. Cree que el objetivo real de esa fundación es, en realidad, “acabar con la UNRWA y su asistencia humanitaria a los refugiados palestinos, que el Gobierno israelí ve como un estorbo para que esas personas se asienten en otros países y así apoderarse de su territorio”.

Mientras, la destrucción de todo rastro de vida en Gaza prosigue. Al mismo tiempo que Israel defiende a la FHG como una alternativa a las agencias de la ONU y las ONG, su ejército sigue arrasando, no solo infraestructuras y viviendas, sino también los huertos, invernaderos, granjas y campos de cultivo que permitían a la población del enclave producir algunos alimentos frescos.

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En 2024, esa peregrinación acabó con 1.301 muertos, principalmente por el calor. Este año, Riad ha multiplicado las iniciativas para evitar otra tragedia en ese acto religioso masivo que comienza este miércoles: con medidas contra las temperaturas extremas, como plantar miles de árboles, o utilizando drones de vigilancia. Riad ha endurecido, sobre todo, la lucha contra la llegada irregular de cientos de miles de peregrinos sin el visado especial Haj. Ese permiso les da acceso a instalaciones climatizadas. Del millar largo de muertos del año pasado, la mayoría carecía de él.

A principios de esta semana, 1,4 millones de peregrinos se encontraban ya en La Meca, pero se esperaba la llegada de varios cientos de miles más antes del inicio de la mayor concentración religiosa del planeta. Otros musulmanes, más de 269.000, no han podido acceder a la cuna de Mahoma por carecer de ese visado específico, anunció el pasado domingo en una conferencia de prensa el teniente general saudí Mohammed al Omari.

Este portavoz subrayó luego que su país prevé multas de hasta 5.000 dólares (4.400 euros al cambio) para quien trate de penetrar en La Meca sin el permiso que da acceso al circuito oficial de peregrinación. Ese mismo día, Riad reveló que, por primera vez, se utilizarán drones para controlar a los creyentes y extinguir incendios.

Antes, a mediados de mayo, Arabia Saudí aseguró haber plantado 10.000 árboles y colocado suelos de caucho en un área de 170.000 metros cuadrados en Muzdalifah, al sureste de La Meca, donde pernoctan los fieles en una de las etapas del acto religioso. También han instalado nebulizadores y fuentes de agua refrigerada.

Cada año, unos dos millones de musulmanes de todo el mundo peregrinan a La Meca y a otros lugares sagrados de su entorno en un acontecimiento que, en esta edición, durará hasta el próximo lunes. Durante esos días, los peregrinos pasan mucho tiempo al aire libre, con rituales en los que tienen que recorrer distancias de varios kilómetros a pie —en ocasiones corriendo— y en los que se producen muchas aglomeraciones. En septiembre de 2015, más de 700 personas murieron en una estampida en Mina, un valle situado a unos cinco kilómetros de La Meca, donde los fieles cumplen con uno de los ritos.

El Haj se celebra en el último mes del calendario lunar islámico. Cuando cae en verano, o a las puertas de él, el calor puede superar los 52 grados centígrados, como el año pasado. Con esas temperaturas y millones de personas concentradas en los mismos lugares, “todo tiene que funcionar como un mecanismo de relojería” para que no haya accidentes, asegura desde Arabia Saudí Khaled Almaeena, analista político y presidente del grupo mediático saudí Al Bilad.

Una vez en la vida

La peregrinación a La Meca es uno de los cinco pilares que un musulmán debería cumplir una vez en la vida, si reúne las condiciones físicas y mentales necesarias para poder viajar hasta allí y cumplir con esos rituales exigentes desde el punto de vista físico. Tampoco están obligados a llevarlo a cabo quienes carezcan de medios económicos. En los últimos años, el coste medio del paquete de vuelos, alojamiento, manutención y traslados que va unido al visado Haj ha oscilado entre los 5.000 y los 6.000 euros.

A ese elevado coste se suma el sistema de cuotas por países establecido por Arabia Saudí —un visado por cada mil musulmanes— que lleva a esos Estados a sortear las plazas entre los interesados. La escasez de permisos y su elevado coste lleva a muchos fieles a tratar de cumplir con ese deber religioso sin ese visado oficial. En otras ocasiones, los creyentes desconocen que carecen de ese documento específico, pues gestionan el viaje a través de agencias fraudulentas. “El Haj es la aspiración máxima de todo musulmán antes de morir y hay gente que trata de aprovecharse de ello”, sostiene el también periodista saudí.

Más de 600 del millar largo de peregrinos fallecidos en 2024 eran ciudadanos egipcios sin visado oficial. Khaled Al Maeena explica que muchos musulmanes —y cita a los de esa nacionalidad—, obtienen un visado para una peregrinación religiosa menor y no obligatoria —la Umra— y luego tratan de llevar a cabo los rituales del Haj “fuera de los canales oficiales”. Estas personas, a menudo de edad avanzada, no pueden acceder a las instalaciones climatizadas para peregrinos,

Este año, destaca el analista saudí, “el Gobierno está siendo muy estricto; ni siquiera una mosca puede entrar en La Meca al margen de los canales oficiales”.

A las autoridades saudíes no solo se les ha recriminado ese sistema de cuotas y el elevado coste de la peregrinación, sino su tolerancia frente a las agencias e intermediarios que organizaban viajes sin cumplir los requisitos oficiales. En su conferencia de prensa del domingo, el teniente general Mohammed al Omari anunció que Riad ha retirado este año la licencia a 400 compañías y sancionado a 23.000 personas que trabajan en ese sector.

Fuente de ingresos

En abril de 2016, el ahora príncipe heredero y hombre fuerte del país, Mohamed Bin Salmán, presentó la estrategia Visión 2030, una ambiciosa agenda de desarrollo y diversificación económica destinada a que el país supere su dependencia del petróleo, el maná de la opulencia saudí. El objetivo de convertir al reino árabe en un polo de inversión pasa, sin embargo, por un cambio de imagen que deje en la sombra el nefasto historial de violaciones de derechos humanos del país y el carácter autoritario de su régimen. También por mostrar una imagen de eficiencia y seguridad que podría quedar empañada si la peregrinación a La Meca acaba en tragedia también en esta edición.

El turismo ocupa un lugar preferente en esa estrategia de diversificación económica. Especialmente, el religioso. Arabia Saudí obtiene cada año entre 10.000 y 15.000 millones de dólares al año por el Hajj y alrededor de 5.000 millones de dólares por la Umra, de acuerdo con el cálculo del periodista Paul Cochrane en su obra La Economía del hajj (2018).

Según la Cámara de Comercio e Industria de La Meca, citada por Le Monde Diplomatique, entre el 25% y el 30% de los ingresos del sector privado en esa ciudad y en la otra urbe santa, Medina, proceden del turismo religioso. Los ingresos por peregrinaciones religiosas representan la segunda fuente de beneficios del país, solo por detrás de las ventas de hidrocarburos.

De acuerdo con el ambicioso plan de su príncipe heredero, antes de 2030 Arabia Saudí debería recibir cada año 150 millones de turistas. De ellos, se espera que 30 millones sean musulmanes llegados al país para peregrinar a La Meca y Medina. Riad ha fijado para este año un objetivo de 15 millones de visitantes por motivos religiosos. En 2024, según datos oficiales, los turistas extranjeros en Arabia Saudí fueron unos 30 millones.

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Solo cinco de los 22 Estados de la Liga Árabe —Egipto, Jordania, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Baréin— mantienen relaciones diplomáticas con Israel; ninguno las ha roto por Gaza. El secretario general de la Liga Árabe lo justifica con la necesidad de hablar con los israelíes para lograr la paz. Este diplomático participó en la negociación de los acuerdos de Camp David de 1978, que convirtieron a Egipto en el primer país árabe en reconocer a Israel. Lo narra en Testigo de la guerra y de la paz (Ibersaf Editores), el libro que este lunes presentó en la Casa Árabe en Madrid, donde habló con este diario.

Pregunta. La reunión convocada por España el domingo para armar una coalición internacional contra el bloqueo israelí en Gaza, en la que usted representó a la Liga Árabe, terminó sin comunicado final. ¿Hubo discrepancias?

Respuesta. Nadie estuvo en contra de ninguna de las propuestas. El objetivo de la reunión era preparar la Conferencia Internacional para la solución de los dos Estados en Oriente Próximo del 17 de junio en Nueva York. Yo subrayaría que, en Madrid, han participado por primera vez países como el Reino Unido, Italia y Francia y que el ministro de Exteriores de Malta incluso anunció el reconocimiento de Palestina. Los debates se centraron en llamar a que se detengan las matanzas y en acusar a Israel de provocar una hambruna en Gaza para desplazar a la población. Todos coincidimos en considerar criminal, según el derecho internacional, el proceder de Israel, inclusive esos países europeos que he mencionado. Hasta Alemania participó. Es llamativo el cambio de actitud de algunos Estados cuya amistad con Israel es conocida y que ahora hablan de sancionarlo y paralizar los tratos comerciales si continúa el ataque a Gaza.

P. En esa reunión se aludió a medidas concretas. ¿Por qué los Estados árabes con relaciones diplomáticas con Israel, como Egipto, no las han roto?

R. Romper las relaciones no es una política prudente cuando se trata de negociar con las partes: Egipto y también Qatar [que no reconoce oficialmente a Israel] intentan mediar para lograr un alto el fuego en Gaza, lo que requiere comunicarse con ambos contendientes, incluido Israel [el otro es Hamás]. Si no hay relaciones diplomáticas ni comunicación, sería imposible conseguir nada de Israel. Las relaciones entre Egipto y ese país son meramente formales, pero muy frías. Y lo mismo pasa con Jordania y el resto de los Estados árabes [que reconocen a Israel]. Egipto no puede llamar a consultas a su embajador en Israel, porque no lo tiene [el Gobierno egipcio se negó a nombrar nuevo embajador en Tel Aviv en 2024]. No hay apenas comercio ni relaciones culturales. La Oficina Cultural de Israel en Egipto está cerrada. No hay vida en esa relación, algo normal porque el pueblo egipcio está afectado [por Gaza] como nunca lo había estado antes.

P. Un país de la Liga, Jordania, ayudó a Israel a interceptar los misiles que Irán lanzó contra ese país en abril de 2024.

R. Ni la Liga Árabe ni yo personalmente tenemos confirmación de eso. Son argumentos difundidos por los medios de comunicación. Esos misiles pasaron por el cielo de Jordania y algunos cayeron en su territorio, por lo que ese país defendía su espacio aéreo.

P. ¿El miedo a una nueva guerra con Israel pesa más en los Estados árabes que el mayoritario apoyo a los palestinos de sus poblaciones?

R. Los países árabes no queremos la guerra. Aspiramos a un arreglo pacífico de esta situación. Los árabes planteamos un plan para la paz en 2002, en la cumbre de la Liga Árabe en Beirut, que proponía a Israel la retirada de los territorios palestinos ocupados [Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este] a cambio de que todos los Estados árabes establecieran relaciones diplomáticas con ese país. Israel rechazó el plan porque su objetivo es el de siempre: expulsar a los palestinos de sus tierras y apoderarse de todo el territorio de la Palestina histórica. Asistimos a una historia dramática del uso de la fuerza contra un pueblo indefenso que no tiene armas.

P. ¿Qué va a hacer la Liga Árabe ahora que Israel ha lanzado una nueva ofensiva en Gaza?

R. Queremos llevar al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) y al Tribunal Penal Internacional todo lo que está haciendo Israel. También tratamos de defender a los palestinos en la Asamblea General de Naciones Unidas.

P. ¿Se refiere a la resolución que España quiere presentar para que el TIJ ordene a Israel que levante el bloqueo a la entrada de ayuda?

R. Apoyamos sin límites todas las iniciativas para defender a los palestinos. La cuestión es que Occidente permite a Israel actuar de la forma en la que lo hace sin un castigo firme. España está teniendo una postura ética y se ha adelantado a todos los Estados europeos respecto a Gaza. Por eso goza de una valoración impresionante en la región árabe e islámica. El problema es que hay Estados europeos con una gran influencia que siguen viviendo con la idea de que hay que defender a los judíos porque fueron perseguidos en Europa. Esa persecución sucedió en el pasado mientras que la persecución contra los palestinos está ocurriendo ahora mismo. Europa debería entender esa diferencia y que los palestinos están pagando el precio de ese pasado.

P. ¿Temen Egipto y otros países árabes una gran afluencia de palestinos si Israel logra expulsarlos? ¿Eso influye en su postura?

R. El desplazamiento forzoso, o incluso no forzoso, masivo de una población es ilegal, según el derecho internacional. La comunidad internacional lo llama limpieza étnica.

P. ¿Israel está cometiendo ya esa limpieza étnica?

R. Lo creo firmemente. Además, el desplazamiento forzoso o voluntario de palestinos de su tierra a Egipto o a otros países no impediría que Israel los siguiera atacando dentro de esos Estados, lo que provocaría guerras entre Israel y esos países receptores. Y entonces volveríamos a la situación que se vivía hace 30 o 40 años. Israel está tratando constantemente de ampliar su territorio a expensas del de los países árabes [el ejército israelí mantiene ocupado parte de Líbano y de Siria], con la excusa de buscar seguridad.

P. Cuando el presidente de EE UU, Donald Trump, anunció su proyecto para construir en Gaza lo que llamó la “Riviera de Oriente Próximo”, Egipto y la Liga Árabe presentaron un plan de reconstrucción alternativo. ¿Cree que podrán aplicarlo?

R. La Liga rechaza totalmente el plan de Trump. Se trata de una limpieza étnica que no vamos a permitir. No solo en los países de la vecindad de la Franja [Egipto y Jordania], que Trump mencionó como receptor de palestinos, sino en cualquier Estado.

P. ¿Y sobre el plan de la Liga Árabe?

R. Ese plan tiene como prioridades un alto el fuego, acordar una nueva administración en Gaza y Cisjordania, que gestionará la Autoridad Nacional Palestina (ANP), y proporcionar seguridad a Gaza de forma transitoria a través de algún brazo internacional.

P. ¿Se refiere a una fuerza militar internacional?

R. Sí. Con efectivos árabes e internacionales. Después se podría acometer la reconstrucción.

P. Israel se niega a permitir que la ANP gobierne la Franja.

R. Israel rechaza cualquier cosa que no sea consentir su dominio completo de toda Palestina. Es un país que siempre trata de ampliar su territorio a costa de sus vecinos y que se comporta como Estados que hacían lo mismo en los siglos XIX y XX. En la historia de Europa hay muchos ejemplos que usted y yo sabemos, pero no quiero mencionar nombres.

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Las imágenes que nos llegan desde Gaza dejan cada vez más en evidencia cómo los gobiernos se ponen de perfil mientras Israel sigue lanzando bombas. España promueve una coalición para sancionar a Tel Aviv si no deja entrar ayuda humanitaria a la Franja. No será fácil sancionar, se necesita unanimidad en Europa, pero por lo pronto el consenso internacional está cambiando. Reino Unido e Italia, aunque no reconocen a Palestina como estado, sí están dispuestos a presionar a Netanyahu.

Son muchos los expertos que no tienen duda: Israel -dicen- está violando la convención internacional sobre genocidio. Pero la política es más cauta: hay quienes sostienen que no se debe usar el calificativo hasta que un tribunal lo determine. Sin embargo, existe un resquicio por el que puede colarse una demanda contra Netanyahu y otros altos cargos israelíes: el de la incitación al genocidio. El abogado franco-israelí Omer Shatz pretende probar este delito por primera vez en la historia de los derechos humanos.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

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Poco antes, en la explanada frente a la estación de tren de Sderot, dos mujeres habían llamado “traidores” a los manifestantes, mientras los aviones de guerra rompían el aire y la tierra temblaba. Uno tras otro, los bombazos recordaban que ese lugar tan anodino está a solo tres kilómetros del infierno que transcurre en Gaza. En 19 meses de guerra, los ataques israelíes han matado allí a más de 53.900 personas, según las autoridades de la Franja.

Detras de esa valla a la que los pacifistas no pudieron acercarse, han muerto casi 17.000 niños. Más de 900 tenían menos de un año. Puede que otros 14.000 tampoco lleguen a adultos si, en los próximos 10 meses, según ha alertado Naciones Unidas, Israel no aumenta la magra ayuda humanitaria —“una gota de agua en un océano de necesidad”, la ha definido la ONU— que Netanyahu ha autorizado esta semana para no perder el apoyo de Estados Unidos. Mientras, la aún relativa presión internacional está pasando de las tibias condenas a anuncios concretos como el de la revisión por parte de la Unión Europea de su acuerdo de asociación con Israel.

Netanyahu ha hecho suya —en parte por convicción y en parte para mantener los apoyos necesarios para seguir en el poder— la agenda en Gaza de sus aliados de la extrema derecha nacionalista israelí. Esa visión, cuya aplicación avanza a un ritmo acelerado, tiene como puntos centrales el establecimiento de asentamientos y la limpieza étnica de la población de la Franja. También la conquista y anexión de su territorio, el objetivo declarado de la operación militar Carros de Gedeón, contra la que protestaban los pacifistas en Sderot. En febrero, el presidente de EE UU, Donald Trump, dio un espaldarazo al viejo sueño histórico de la ultraderecha religiosa de expulsar a los palestinos de su tierra al anunciar un plan inmobiliario para el territorio invadido al que bautizó como la “Riviera de Oriente Próximo”.

Más importante aún para los socios ultras de Netanyahu, que dan voz al movimiento radical de colonos israelíes, es apoderarse de Cisjordania, la Judea y Samaria bíblicas, que consideran el corazón de la tierra de Israel que creen prometida por Dios a los judíos.

La frontera de Gaza que Israel cerró a la entrada de comida, alimentos y medicinas el 2 de marzo —empujando a 2,1 millones de palestinos al borde de la hambruna— no está vetada para todos los civiles israelíes. En noviembre de 2024, Daniella Weiss, la líder de la organización radical de colonos Nachala (Herencia en hebreo) —una de las que construyen asentamientos judíos en la ocupada Cisjordania— se paseó entre las ruinas de Gaza en un coche del ejército israelí. Quería ojear terrenos para el retorno de las colonías que el Gobierno de Ariel Sharon ordenó desalojar en 2005.

La alfombra roja desplegada ante esta colona, en contraste con la violencia policial durante la casi anecdótica protesta de pacifistas contra la guerra, sirve como metáfora del cambio fundamental en el mapa político de Israel que representó la llegada al Gobierno, de la mano de Netanyahu, en diciembre de 2022 de tres partidos de la extrema derecha nacionalista mesiánica que representan a colonos como Weiss: Noam, Poder Judío y Sionismo Religioso.

Esas formaciones son minoritarias, pero “se han apoderado del Gobierno” porque “Netanyahu los necesitaba para recuperar el poder en 2022″ y ahora precisa de su apoyo para mantenerlo, asegura Mairav Zonszein, analista sénior para Israel del International Crisis Group.

La nueva invasión militar israelí en Gaza y el expolio, la expulsión de sus tierras de los palestinos y la colonización de Cisjordania discurren paralelas, aunque la brutalidad de la ofensiva en la Franja deja en la sombra los abusos en el otro territorio palestino ocupado. El mismo día, el 22 de marzo, en que el organismo que decide el curso de la guerra en Gaza —el gabinete de seguridad del Gobierno— estableció una nueva administración en el Ministerio de Defensa para permitir a los gazatíes abandonar “voluntariamente” la Franja, se concedió el permiso para “dividir 13 asentamientos en Judea y Samaria”; lo que supone desdoblarlos e instaurar un número análogo de esas colonias, ilegales según el Derecho Internacional.

Mientras el mundo mira cómo Israel arrasa lo que queda de Gaza, en lo que va de año el Gobierno israelí ha autorizado la construcción de 16.820 casas para colonos en Cisjordania, un récord absoluto, según la ONG israelí Peace Now.

Derechización

Hasta que Netanyahu les abrió las puertas del poder en diciembre de 2022, el extremismo de esos partidos ultras había llevado incluso a la extrema derecha laica israelí a repudiarlos. Eran unos parias. El primer ministro israelí “nunca habría aceptado colaborar con ellos antes”, señala la analista Zonszein. Pero en 2022, Netanyahu llevaba un año y medio en la oposición y, sobre todo, había sido imputado por soborno, fraude y abuso de confianza. A pesar de que su partido, el conservador Likud, ganó las elecciones, se había convertido en un apestado para sus antiguos aliados del centro e incluso para parte de la derecha israelí.

La lista de extrema derecha Sionismo Religioso, que obtuvo cerca del 11% de los votos y se alzó como tercera fuerza parlamentaria con 14 escaños, se convirtió así en casi la única opción de Netanyahu para armar una coalición. Con el apoyo de sus tres partidos -los dos principales son Poder Judío, liderado por Itamar Ben-Gvir y Sionismo Religioso, encabezado por Bezalel Smotrich- y el de dos formaciones ultraortodoxas, Netanyahu obtuvo su sexto mandato como primer ministro.

Esas fuerzas abandonaron entonces los márgenes de la política israelí y empezaron a marcar el paso al Gobierno en cuestiones cruciales: primero, al impulsar en beneficio propio y de Netanyahu en 2023 la polémica reforma judicial que pretendía despojar al Tribunal Supremo de su última palabra respecto a la legalidad de las normas aprobadas en el Parlamento y que sacó a la calle a centenares de miles de israelíes. Después, al decidir el curso de la ofensiva israelí en Gaza con la que Israel respondió a los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, en los que murieron casi 1.200 personas y 251 fueron secuestradas.

La normalización de Poder Judío y Sionismo Religioso no habría sido posible, sin embargo, si la sociedad israelí no se hubiera derechizado como lo ha hecho en las últimas décadas, mientras la izquierda sionista que dominó la política del país en sus primeras décadas de existencia caía en la irrelevancia. El sionismo es el proyecto de origen colonial de establecer un Estado de mayoría judía en la Palestina histórica.

Hasta 2000, cuando se evidenció el fracaso del proceso de paz de Oslo con los palestinos, la izquierda y la derecha sionistas estaban igualadas con el 40% de apoyo. Ahora, los israelíes que se definen de derechas rondan el 62% y los de izquierdas, el 12%.

Esa radicalización tiene un fuerte sesgo generacional. Los jóvenes, que prácticamente no han conocido a otro primer ministro que Netanyahu, son mayoritariamente de derechas. El 73% de israelíes entre 15 y 24 años se define así, según una encuesta de enero del Instituto Israelí para la Democracia.

Esta evolución se remite en parte a razones demográficas, explica el historiador experto en Palestina Jorge Ramos Tolosa. Los colonos y los ultraortodoxos, que votan a la derecha, tienen muchos hijos —una media de siete en el caso de los segundos—. Otra razón, sostiene, es la idiosincrasia de un Estado “que nació a punta de pistola, tras la limpieza étnica de la Nakba (desastre en árabe)”, como se conoce a la expulsión o huida de 750.000 palestinos por el avance de las milicias judias y, después, del ejército israelí entre 1947 y 1949. Esto “genera unas dinámicas militaristas y de obsesión por la seguridad” que “encajan mejor en los discursos de la derecha que en los de la izquierda”.

Narrativas como la de la limpieza étnica de los palestinos, que solo defendía abiertamente esa extrema derecha religiosa, han llegado a discutirse ahora abiertamente en los medios de comunicación israelíes. Cuando Trump formuló su plan de expulsar a la población autóctona de Gaza, el Instituto de Políticas del Pueblo Judío publicó un sondeo. Un 82% de los israelíes judíos apoyaba la “reubicación” de los gazatíes y solo un 3% lo consideraba “inmoral”.

Los ataques de Hamás

Esas dinámicas que ya existían antes del 7 de octubre, “se exacerbaron” después de los ataques de Hamás, sostiene Zonszein, impulsando el giro a la derecha de los israelíes. Incluso pacifistas como Anabel Friedlander —que participó en la protesta en Sderot— consideraron entonces que Israel “tenía que responder” a los ataques de Hamás, recuerda esta mujer, miembro de la organización Women Wage Peace (Mujeres que luchan por la Paz), una de las convocantes de la manifestación del domingo y que ahora reclama el fin de la guerra.

El discurso que se generalizó entonces, asegura Zonszein, fue mucho más allá de ese tipo de afirmación y se tradujo en la creencia de que “no hay manera de llegar a la paz con los palestinos; no hay inocentes en Gaza”. Esa asunción ofreció “legitimidad” a unos colonos que llevaban décadas defendiendo esa ideología. El ataque de Hamás sucedió además cuando sus representantes políticos estaban en la posición de enorme poder para aplicar su agenda que les había dado su alianza con el primer ministro israelí. Al formar su coalición a finales de 2022, Netanyahu concedió a sus aliados ultras “los ministerios más importantes del Ejecutivo”, subraya Zonszein.

Itamar Ben Gvir —un colono que vive en el asentamiento Kiriat Arba, cerca de Hebrón, y que fue condenado en 2007 por incitación al racismo- era ya ministro de Seguridad Nacional. Controlaba a la polícia. Al día siguiente de la masacre, ordenó flexibilizar los requisitos para que los civiles obtuvieran una licencia de armas. Ya antes había facilitado a los colonos obtener armas en Cisjordania ocupada. Su llegada al Gobierno había marcado también un aumento de la impunidad con la que los habitantes de los asentamientos judíos expulsan y agreden a los palestinos de Cisjordania. Ben Gvir forma parte del gabinete de seguridad, el que toma las decisiones políticas sobre la invasión de Gaza.

Su aliado Bezalel Smotrich, el líder del Partido Sionismo Religioso, es ministro de Finanzas, un puesto privilegiado para destinar recursos a la construcción de nuevas colonias israelíes en Cisjordania. La coalición con el Likud le otorgó poderes adicionales en el Ministerio de Defensa al crear la Administración de Asentamientos, de la que dependen las colonias en Cisjordania. Smotrich es, de hecho, una especie de ministro de asentamientos, del que dependen varios de los mecanismos que utiliza Israel para despojar a los palestinos de sus tierras, anexionárselas y legalizar las colonias. Controla también ciertas funciones del Cogat, el organismo militar que autoriza la entrada de ayuda en Gaza.

“Las políticas del Gobierno de Israel actual parecen ajustarse, hasta un punto sin precedentes, a los objetivos del movimiento de los colonos israelíes”, determinó un informe de la ONU sobre Cisjordania de febrero de 2024.

Demostración de fuerza

Un acto de la extrema derecha nacionalista en Jerusalén se convirtió el 28 de enero en una profecía del guion de los acontecimientos en Gaza. A la “Conferencia para la victoria de Israel: los asentamientos traen seguridad”, asistieron no menos de 10 ministros de cuatro partidos —Likud, Sionismo Religioso, Poder Judío y Judaísmo Unido de la Torá— además de 27 diputados. Cerca de una cuarta parte del parlamento israelí participó en esa demostración de fuerza en la que se abogó por la limpieza étnica en la Franja, la reinstalación de los asentamientos y la conquista del enclave. Uno de los discursos corrió a cargo de Eliyahu Libman, el jefe de la colonia en la que vive Ben Gvir, que clamó “quienes no pueden ser eliminados [en Gaza] deben ser expulsados ​​y desheredados; no hay inocentes".

La politóloga israelí Gayil Talshir aseguró más tarde en una entrevista que este congreso fue una advertencia para Netanyahu.

Dos días después, el primer ministro visitó una academia preparatoria para el ejército y prometió una “victoria total sobre Hamás”. El 2 de marzo, Netanyahu decretó el bloqueo total de la entrada de ayuda humanitaria en Gaza; el 18 de ese mes, rompió el alto el fuego con Hamás para no negociar el fin de la guerra y el 5 de mayo, anunció la operación militar para conquistar la Franja. Un Ben Gvir que había abandonado el Gobierno en enero cuando se firmó la pausa de los ataques israelíes, regresó al Ejecutivo cuando se reanudaron los bombardeos.

Los colonos son ahora “quienes marcan la agenda y toman las decisiones, con la connivencia de Netanyahu”, sostiene Haizam Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC). El primer ministro tiene como prioridad “sobrevivir políticamente” pero también no pasar a los libros de Historia “como el líder fracasado” que no evitó los ataques de Hamás, explica este experto. Y para ello, “hará lo que haga falta, aunque sea enviar a la guerra y a la muerte a los jóvenes israelíes”.

A Edo, que participó en la protesta contra la guerra de Sderot, le tiembla la voz. Este joven de 20 años no era un pacifista. Al principio creía que la ofensiva israelí en Gaza era “para defender a Israel”. Ya no lo piensa; cambió de idea cuando Netanyahu rompió la tregua con Hamás. Sus dos hermanos, de 24 y 26 años, son soldados y están en Gaza. “Pero no están ahí luchando por Israel, ni por los rehenes israelíes”, sostiene. “Sino para que Netanyahu siga en su cargo“.

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Mujeres, niños y hombres han engrosado así una lista de muertos tan extensa —más de 53.500 en un año y medio de ofensiva— que la siempre relativa presión internacional contra Israel está empezando a subir un poco de intensidad. De momento solo con amenazas, pero incluso estas eran hasta hace poco impensables. Naciones Unidas ha alertado, mientras tanto, de que 14.000 bebés o niños de muy corta edad podrían morir “en los próximos diez meses” si siguen sin recibir ayuda, ante el bloqueo a la entrada de suministros decretada por Israel hace dos meses y medio.

La alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha anunciado este martes por la tarde que se revisará el acuerdo de asociación con Israel, por las dudas sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de respeto de los derechos humanos en Gaza. Es un giro que da un espaldarazo a la propuesta de revisión de ese pacto presentada por España e Irlanda a la Comisión Europea en febrero de 2024, que hasta ahora dormía en el cajón en el que la había metido su presidenta, la alemana Ursula von der Leyen.

Más de un año después, con muchos miles de muertos más en Gaza —la mayoría, mujeres y niños—, los ministros de Exteriores de la Unión han discutido este martes en Bruselas esa propuesta, resucitada por una petición de Países Bajos. La UE es el mayor socio comercial de ese país y el destino del 28,8% de sus exportaciones, según datos comunitarios.

El ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy, anunció horas antes que Londres suspende las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo de libre comercio con Israel, acusando a ese país de perpetrar una “política atroz” en la Franja.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, en declaraciones a la emisora France Inter, afeó este martes por la mañana al Gobierno de Benjamín Netanyahu la mínima ayuda humanitaria que fue autorizada a penetrar en Gaza el lunes, al día siguiente de que el Gobierno israelí anunciara que suavizaba el bloqueo total impuesto en marzo: apenas cinco camiones entraron el lunes, según la ONU, cuando se precisan entre 500 y 600 diarios.

Este martes han entrado en el enclave palestino “unas pocas decenas” de camiones con harina, medicinas y suplementos nutricionales, ha anunciado Stephane Dujarric, portavoz de la ONU. No obstante, los equipos de Naciones Unidas aún no han logrado la luz verde israelí para acceder a la zona de Kerem Shalom a descargar la mercancía, según el organismo.

El jefe de la ayuda humanitaria de Naciones Unidas, Tom Fletcher, ha advertido este martes por la mañana: “Hay 14.000 bebés que podrían morir [por malnutrición aguda severa] en las próximas 48 horas” [posteriormente la ONU matizó que ese cálculo era erróneo y que el dato correcto eran 10 meses] si no conseguimos llevarles la ayuda. Es terrorífico”. Preguntado por cómo se ha llegado a calcular esa cifra, ha aludido a los informes que les envían sus “equipos en el terreno”.

En declaraciones a la BBC, este responsable de la ONU ha coincidido con otras organizaciones humanitarias que describen la supuesta ayuda israelí como “una gota en un océano de necesidad”.

El domingo, el primer ministro israelí anunció un alivio muy limitado del bloqueo total de la entrada de suministros básicos en el enclave palestino, que ya dura más de dos meses y medio y que ha empujado a la población al borde de la hambruna. Lo hizo, sin embargo, tratando de aplacar al mismo tiempo a sus socios ultraderechistas de Gobierno, al asegurar que la comida que penetraría en la Franja lo haría en cantidades “básicas”. Netanyahu también reconoció, sin ambages, que esa medida se dirigía a aplacar la presión internacional, especialmente de Estados Unidos.

“Totalmente insuficiente”

Ese supuesto alivio es “totalmente insuficiente”, ha aseverado este martes el jefe de la diplomacia francesa. “Se necesita ayuda inmediata y masiva”, ha remarcado Barrot. El Gobierno francés había firmado en la víspera, con el Reino Unido y Canadá, un comunicado en el que amenazaba a Israel con tomar “medidas concretas” si ese país prosigue con la nueva invasión militar Carros de Gedeón que lanzó el fin de semana. Solo los “preparativos” —según la expresión del ejército israelí— de la entrada de las tropas y tanques por tierra consistieron en matar con ataques aéreos a unos 600 gazatíes la semana pasada, según fuentes sanitarias del territorio.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el Gobierno de Netanyahu continúa con estas acciones escandalosas. Si Israel no pone fin a la nueva ofensiva militar y no levanta las restricciones a la ayuda humanitaria, tomaremos otras medidas concretas en respuesta”, señalan los tres países firmantes del documento.

Aunque el aliado que más le importa a Israel —su principal valedor, Estados Unidos— no se ha sumado esta semana, al menos públicamente, al coro de críticas, el hecho de que dos potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, Francia y el Reino Unido, hayan afeado en ese texto a Israel incluso su “lenguaje odioso” sobre Gaza es una desagradable novedad para el Gobierno de Netanyahu.

La población de Gaza carece de lo más básico y sigue además siendo bombardeada. Como de costumbre, la madrugada de este martes las bombas golpearon blancos civiles: entre ellos, la casa de una familia y una escuela que alberga a desplazados, donde hay 22 fallecidos, más de la mitad mujeres y niños, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Otro ataque en Deir al Balah, en el centro del enclave, mató a 13 personas, mientras que un bombardeo en el cercano campamento de refugiados de Nuseirat provocó otras 15 muertes, siempre según fuentes sanitarias. También en Jan Yunis, donde el ejército israelí ordenó el lunes el desalojo de la población, murieron 10 personas. Y hay otra quincena de víctimas mortales en ataques similares.

Para los gazatíes, la ya lejana esperanza de un nuevo alto el fuego se desvanece. Las negociaciones que transcurren en Doha entre Israel y Hamás no han dado fruto, a causa de “diferencias fundamentales entre las partes”, ha dicho este martes el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en un foro económico celebrado en la capital catarí. El Gobierno de Netanyahu ha retirado este martes a parte del equipo negociador israelí de Doha para llevar a cabo “consultas” en Israel, ha anunciado la oficina del primer ministro.

En una rueda de prensa celebrada el lunes, el director general de Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Eden Bar Tal, afirmó que su país negocia sobre la base del plan presentado hace meses por el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la región, Steven Witkoff.

Incluso para su propio promotor, Witkoff, ese plan ya no es viable a causa del rechazo frontal de Hamás. La propuesta exigía al movimiento islamista que liberara a la mitad de los 58 rehenes aún en su poder —secuestró a 251 en sus ataques del 7 de octubre de 2023— como paso previo para que Israel negociara un alto el fuego de 45 días. Hamás rechazó el plan porque ese cese temporal de las hostilidades ni siquiera abría la puerta a discutir el final de la guerra.

Netanyahu rompió la anterior tregua el 18 de marzo, cuando precisamente vencía el plazo para pasar a la segunda fase en la que Israel estaba ya obligada a negociar su retirada de Gaza y el final de los bombardeos. El primer ministro israelí y sus socios ultraderechistas de Gobierno aseguran que su objetivo en Gaza es “una victoria total” sobre Hamás.

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Que esa ayuda humanitaria será magra e incluirá la harina son dos de las pocas cosas que se saben sobre lo que entrará en los próximos días en el territorio palestino invadido, si es que Israel cumple su compromiso. Su Ejecutivo no solo no ha precisado qué otros alimentos se distribuirán estos días, sino tampoco quién se encargará de ello, ni en qué cantidad. Menos aún se conoce cuándo llegará de forma regular esa comida a Gaza, ni si el alivio limitado del bloqueo total a la entrada de ayuda incluirá medicinas y otros suministros vitales que faltan cruelmente en Gaza.

El Gobierno israelí solo ha asegurado que este lunes fueron autorizados a entrar en el enclave cinco camiones con “comida y medicinas para niños”. La ONU elevó ese número a nueve. El pasado día 12, Unicef advirtió de que, en Gaza, había ya 71.000 niños que iban a necesitar tratamiento urgente para evitar la malnutrición aguda. La mitad de los 2,1 millones de gazatíes son menores.

Esos camiones son “una gota de agua en un océano de necesidad”, subraya Bushra Khalidi, responsable de incidencia de la ONG internacional Oxfam. Antes de la guerra, cada día entraban en el territorio entre 500 y 600 vehículos de gran tonelaje, pero, además, las necesidades son ahora mucho mayores. “Inmensas”, describe Khalidi, tras 19 meses de ataques que han matado al menos a 53.500 personas y herido a más de 120.000, y cientos de miles de viviendas, campos de cultivo, granjas e infraestructuras de agua potable y saneamiento destruidos.

La situación humanitaria de Gaza, catastrófica incluso durante el alto el fuego con Hamás que Israel rompió el 18 de marzo, se hizo insostenible cuando el ejército israelí reanudó los bombardeos ese día para no tener que negociar el fin de la guerra. Sin embargo, ya había empezado a agravarse el 2 de marzo, cuando Netanyahu cerró la frontera a la entrada de alimentos, medicinas, combustible y de cualquier tipo de ayuda humanitaria. Esa situación dura ya once semanas.

El pasado día 12, el índice de referencia sobre nutrición que utiliza la ONU alertó de que, si Israel no permitía el ingreso de alimentos en Gaza antes de septiembre, toda la población del enclave podría padecer para entonces “inseguridad alimentaria aguda”. De esos dos millones largos de palestinos, medio millón se asoman directamente a la hambruna. Esa situación no va a cambiar ahora porque Israel acepte que unos “convoyes simbólicos” entren en el territorio con comida, critica la cooperante de Oxfam.

“Lo que Gaza necesita es que se restablezca completamente el acceso a la ayuda humanitaria, que se nos permita trabajar a las organizaciones internacionales y que se alcance un alto el fuego”, asegura Khalidi. Luego recuerda que la población de Gaza, "además de estar hambrienta, está siendo bombardeada”.

Una “respuesta humanitaria real”, continúa, “no se puede reducir a repartir harina. No estamos hablando de supervivencia, sino de dignidad. Se trata de tener los hospitales funcionando, de disponer de medicinas y de otros suministros médicos, de materiales para reparar las infraestructuras, de refugios para los desplazados”, añade Khalidi.

La cooperante se hace eco de una acusación defendida por numerosas organizaciones humanitarias: la de que Israel utiliza el hambre como arma de guerra. Por ejemplo, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), cuyo comisionado general, Philippe Lazzarini, reiteró esa acusación el 22 de abril. También aseguró que ese país utiliza la ayuda humanitaria como “moneda de cambio”.

Un comunicado firmado este lunes por 26 grandes donantes humanitarios internacionales -entre ellos el Ministerio de Asuntos Exteriores de España- insta a Israel a permitir la reanudación de la entrega de ayuda por parte de Naciones Unidas y las ONG internacionales “para salvar vidas, reducir el sufrimiento y mantener la dignidad”.

También 30 organizaciones pacifistas israelíes han incidido en los mismos argumentos en un manifiesto: “Israel debe detener inmediatamente sus ataques, poner fin a su política de hambruna, abrir los pasos fronterizos para la entrada de ayuda a Gaza y permitir que las organizaciones de ayuda en la Franja lleven a cabo su labor”, dice el documento.

El coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, utilizó este lunes en un comunicado la misma expresión que Bushra Khalidi: “Una gota en un océano de necesidad”. En su texto, confirmó otro de los pocos aspectos que se conocen de la reanudación de la entrada de alimentos en Gaza: que durará solo unos días. Los que tarde el Gobierno de Netanyahu en poner en marcha un polémico plan cuyo diseño los responsables israelíes atribuyen a Estados Unidos, pero que ellos respaldan. Así lo confirmó este lunes en una rueda de prensa en Jerusalén Eden Bar Tal, director del Ministerio de Exteriores israelí.

Un “superávit” de alimentos

Ese plan consiste en atribuir a una opaca organización con sede en Ginebra (Suiza) -la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF en sus siglas en inglés)-, la responsabilidad de distribuir la ayuda humanitaria. El reparto se producirá en varios centros de distribución que ya se están construyendo en el sur y el centro del territorio, mostraron imágenes por satélite reveladas por la cadena BBC. Allí empezará a entregarse la comida en junio, según los cálculos del Gobierno israelí.

La decisión de Israel de permitir que entre ahora una pequeña cantidad de alimentos en la Franja se dirige también a ganar tiempo para abrir esas instalaciones y reducir mientras tanto la presión internacional. Desde el inicio del bloqueo israelí en Gaza, al menos 57 niños han muerto por desnutrición, según la Organización Mundial de la Salud.

Para ello, Israel franqueará el paso al territorio a “docenas de camiones”, aseguró ante los periodistas Bar Tal. Sin precisar su número ni su contenido, sostuvo que serán “suficientes” para cubrir las necesidades de la población gazatí en los días que faltan para que esos centros empiecen a trabajar.

Las agencias de la ONU y las ONG internacionales ya han comunicado a Israel que no participarán en ese proyecto. Solo el paso previo que prevé −el desplazamiento masivo por orden militar de la población de Gaza al sur− podría constituir un crimen de guerra.

Los preparativos de este supuesto plan humanitario estadounidense e israelí discurren de forma paralela a la operación militar Carros de Gedeón, que Israel desató el pasado fin de semana. También sirven a sus propósitos, según algunas organizaciones humanitarias. Por ejemplo, al prever que los desplazados se concentren en zonas aledañas a los puntos de distribución cuyo “perímetro” -confirmó el director del Ministerio de Asuntos Exteriores- estará vigilado por las tropas del país. En el interior de esas áreas, serán compañías de seguridad privadas estadounidenses; es decir, mercenarios, quienes “garantizarán la seguridad”, recalcó el funcionario.

Eden Bar Tal eludió este lunes responder a las preguntas sobre cuáles serán esas empresas privadas. Tampoco quiso responder a cómo se financia la GHF. Para Bushra Khalidi, lo que Israel está poniendo en marcha no son sitios de distribución de ayuda, “sino zonas de control militar, donde los beneficiarios se convertirán en prisioneros”.

Mientras Netanyahu y su aliado Smotrich reconocían este lunes haber dado luz verde a la entrada de comida en Gaza para que sus aliados les permitan continuar con su guerra, el director del Ministerio de Exteriores recuperaba el discurso oficial de su país hasta este domingo: negar el hambre. Bar Tal aseguró que, gracias a los “25.000 camiones con ayuda” que, según Israel, entraron en Gaza en algo más de 40 días durante el alto el fuego, los gazatíes disfrutaban de un “superávit” de alimentos.

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El lunes por la tarde, el COGAT, el organismo militar israelí que controla la entrada de bienes a Gaza, ha enviado un comunicado en respuesta a las preguntas de este diario en el que asegura que cinco camiones con “ayuda humanitaria”, incluyendo alimentos para niños, “han sido transferidos” por el cruce de Kerem Shalom, en el sureste de la Franja. La ONU, a través de su responsable de ayuda humanitaria Tom Fletcher, asegura que Israel ha dado vía libre a la entrada de nueve camiones por ese mismo paso, sin aclarar si los cinco que confirma Israel están incluidos en esa partida ni si han llegado ya a la Franja.

Las declaraciones de Netanyahu, en un vídeo difundido en Telegram a media mañana, dejan claro que la decisión que la oficina del mandatario había anunciado horas antes de permitir la entrada de una cantidad “básica de comida” en la Franja —después de dos meses y medio de bloqueo total— se debe a la presión internacional, sobre todo de su principal aliado, Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo el jueves pasado que su país iba a “ocuparse de Gaza”, ya que “mucha gente está muriendo de hambre”.

“Estamos inmersos en unos combates intensos y masivos en la franja de Gaza y haciendo progresos”, dice Netanyahu en el vídeo, en alusión a la nueva invasión militar que comenzó el sábado, bautizada como Operación Carros de Gedeón. Luego añade: “Vamos a tomar el control [de todo el territorio palestino invadido]”.

“Para ello”, prosigue, Israel necesita asegurar su estrategia: “Hacerlo de un modo en el que no se nos detenga”. El jefe del Gobierno israelí menciona también que su país se “había aproximado a una línea roja”, en alusión a la catastrófica situación humanitaria provocada por los más de 75 días de veto total de la entrada de comida y otros suministros básicos en el arrasado enclave.

“Algunos senadores [de EE UU], que sé que apoyan a Israel, han venido a decirme: ‘Te daremos toda la ayuda que necesites para ganar la guerra, pero no podemos estar recibiendo fotos de hambruna [en Gaza]”, afirma el primer ministro en la grabación. “Para completar nuestra victoria, para derrotar a Hamás y liberar a los rehenes, no podemos llegar al punto de hambruna”, puntualiza. Y reitera: “No nos apoyarían”.

Hasta que a última hora del domingo se produjo el anuncio de que Israel dejaría entrar una cantidad mínima de comida —sin aclarar cuánta ni cuándo—, el Gobierno de Netanyahu seguía negando que en Gaza hubiera hambre. El ministro de Defensa, Israel Katz, opinó, por ejemplo, el sábado que la entrada de ayuda humanitaria en la Franja era “totalmente innecesaria”.

El comunicado con el que la oficina de Netanyahu anunció su decisión de aliviar mínimamente el bloqueo no precisa cuándo se abrirá la frontera para ello, ni su cantidad exacta; tampoco menciona otros suministros básicos, como el agua potable, las medicinas y el combustible, que también se necesitan de forma más que urgente en el enclave palestino.

Netanyahu ya había aludido en esa nota del domingo a las razones que justificaban ese cambio de criterio. El primer ministro explicó de forma genérica que esos motivos se remitían a “la necesidad operativa de expandir la operación militar para derrotar a Hamás”.

“Una crisis de ese tipo [una hambruna] pondría en peligro la continuación de la Operación Carros de Gedeón para derrotar a Hamás”, decía el comunicado de la oficina de Netanyahu, que aludía así a la presión internacional, si bien de forma menos explícita que en el vídeo de este lunes.

Veinte minutos después de que se divulgara el vídeo de este lunes, uno de los socios ultraderechistas del Gobierno de Netanyahu, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha divulgado también un mensaje televisado para aclarar que la decisión del Ejecutivo “permitirá a los civiles de Gaza comer” y a los “amigos del mundo” de Israel seguir proporcionando a su país “un paraguas internacional de protección frente al Consejo de Seguridad y el Tribunal de [Internacional de Justicia] La Haya, y a nosotros seguir luchando, si Dios quiere, hasta la victoria, afirma Smotrich. Ese tribunal es el que está investigando a Israel por presunto genocidio en Gaza a instancias de Sudáfrica.

“¿Me gustaría evitar tener que introducir un solo grano de sal en Gaza, incluso para los civiles? Es posible", ha continuado el ministro. Luego ha aseverado que, si Israel lo hiciera, el mundo “le obligaría a poner fin a la guerra y perderíamos”.

Tanto estos argumentos de Smotrich como los de Netanyahu confirman que la luz verde de su Ejecutivo para que entre una cantidad limitada de comida en Gaza se dirige a aplacar las críticas de sus aliados, especialmente de Washington, y facilitar una operación militar en la que probablemente morirán muchos más gazatíes. Los “preparativos” —así los definió un comunicado castrense— de esa Operación Carros de Gedeón consistieron la semana pasada en recrudecer los bombardeos y matar a cerca de 500 personas entre el martes y el sábado. A ellas hay que sumar las 140 que murieron este domingo bajo las bombas y otras 40 que han perecido este lunes, según fuentes médicas palestinas.

En una rueda de prensa este lunes por la tarde, el director del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel Eden Bar Tal, ha asegurado que su país “dejará entrar en los próximos días decenas de camiones a Gaza”. No precisó cuántos ni cuándo ni qué transportarán exactamente. Sí ha detallado que los camiones que tenían previsto entrar inmediatamente en la Franja -los cinco que luego confirmó el ejército- transportaban “comida y medicinas” para niños.

Evacuación de Jan Yunis

Este mismo lunes, el ejército israelí ha ordenado la evacuación de Jan Yunis, la segunda ciudad de Gaza, y avisado de que va a lanzar un “ataque sin precedentes” contra Hamás en esa localidad del sur de la Franja. En un enésimo desplazamiento de población, los militares han reclamado a la población que se dirija hacia el oeste, a la costa.

El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, había publicado para ello un mensaje en X en el que exige a los gazatíes abandonar la localidad: “El ejército va a lanzar un ataque sin precedentes para destruir las capacidades de las organizaciones terroristas en la zona”, afirma Adraee. “A partir de este momento, la gobernación de Jan Yunis será considerada zona peligrosa de combate”.

El comunicado de la oficina de Netanyahu del domingo que levantó parcialmente el veto sobre la entrada de alimentos puntualizaba que Israel impedirá que el movimiento islamista “tome el control de la distribución de ayuda humanitaria, para garantizar que no llegue a los terroristas”.

El Gobierno israelí ha justificado siempre el bloqueo total de la entrada de ayuda humanitaria en Gaza con el argumento de que Hamás la acaparaba y utilizaba en beneficio propio. Después de decretar el veto al ingreso de alimentos, medicinas, combustible y otros suministros básicos el 2 de marzo, Netanyahu afirmó que se habían acabado “las comidas gratis” para Hamás. Sin embargo, el Ejecutivo israelí no ha ofrecido pruebas de ese supuesto desvío de la ayuda, y Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias que trabajan en Gaza tampoco lo han corroborado.

Con el cierre total de las fronteras, la ya catastrófica situación de los 2,1 millones de palestinos de Gaza empeoró, si cabe, aún más. Sobre todo porque, dos semanas después, Israel rompió unilateralmente el alto el fuego con Hamás. Las bombas, las matanzas y el hambre volvieron. Y con ellas, las imágenes de niños de corta edad reducidos a ojos, piel y huesos a las que se refirió Netanyahu este lunes, o las de enormes colas de personas hambrientas y desesperadas frente a las cocinas comunitarias que, una tras otra, han ido cerrando en su mayoría.

El pasado día 12, el índice de referencia sobre nutrición que utiliza la ONU alertó de que, si Israel no permitía el ingreso de alimentos en Gaza antes de septiembre, todos los palestinos del enclave podrían padecer para entonces “inseguridad alimentaria aguda”, es decir, cuando se carece de comida nutritiva y en cantidad suficiente hasta el punto de pasar uno o varios días sin comer. De esos dos millones largos de personas, medio millón están un paso más cerca de la hambruna. Desde el 2 de marzo, al menos 57 niños han muerto por desnutrición en Gaza, según la Organización Mundial de la Salud. En los 19 meses que dura la guerra, al menos 53.500 palestinos han muerto en ataques israelíes en la Franja, según sus autoridades sanitarias.

Esa población diezmada, exhausta y hambrienta afronta ahora otra de sus pesadillas recurrentes: las órdenes de desalojo. Antes de la de Jan Yunis de este lunes, al menos 300.000 personas fueron obligadas el sábado por Israel a abandonar el norte del territorio para dirigirse hacia su zona meridional, según las autoridades del enclave.

Un anuncio ambiguo

La decisión de permitir esa entrada “básica” de comida se tomó durante una reunión del gabinete de seguridad israelí el domingo. Netanyahu impuso su postura frente al rechazo de otro de los socios ultraderechistas del Gobierno israelí, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que reclamó en vano que se sometiera a votación, según informa este lunes el diario israelí Haaretz. Este lunes, Ben Gvir ha definido la reanudación limitada de la ayuda como un “serio y grave error”.

El director del Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado también en su rueda de prensa que la entrada de comida en Gaza es una medida transitoria, hasta que Israel aplique un polémico plan israelí-estadounidense para militarizar la distribución de alimentos y otros suministros básicos que supuestamente empezará a aplicarse a principios de junio, cuando los centros de reparto de la ayuda que ya se están construyendo en Gaza, según muestran imágenes por satélite, estén listos.

El proyecto, diseñado de forma paralela y al servicio de la Operación Carros de Gedeón, prevé desplazar a la fuerza a casi todos los gazatíes a un punto al sur de la localidad meridional de Jan Yunis. También que soldados israelíes y mercenarios de empresas estadounidenses controlen a quién se distribuirá esa ayuda que distribuirá una opaca organización creada con ese propósito: la Fundación Humanitaria de Gaza. La comida distribuida será además escasa. Solo entrarán 60 camiones al día, un 10% de los que penetraron en la Franja durante la tregua, que ya eran entonces insuficientes. Ahora lo serán aún más.

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Un comunicado difundido este domingo por la tarde por el ejército israelí confirma que, “durante el último día“, tropas bajo el Comando Sur, incluyendo tanto a militares en activo como a reservistas, ”iniciaron extensas operaciones terrestres en el norte y sur de la Franja de Gaza como parte de la Operación Carros de Gedeón”.

El texto describe además los cruentos bombardeos de esta semana como “una oleada de ataques preliminares” destinada a contrarrestar los “preparativos del enemigo”, Hamás, y apoyar a la operación terrestre que acaba de empezar. El ejército “continuará actuando” contra las “organizaciones terroristas en Gaza” con el objetivo de defender a los “civiles israelíes”.

Fuentes sanitarias de Gaza habían denunciado horas antes las muertes de otros civiles. Solo en los ataques de la madrugada de este domingo han muerto de alrededor de 130 personas —la mayoría, mujeres y niños— en una nueva y sangrienta noche de bombardeos que la Franja. En un único ataque en el campamento de refugiados de Al Mawasi, en la mitad meridional del enclave palestino invadido, han muerto decenas de personas; 34, según la agencia Efe.

Con los tanques israelíes ya avanzando en nuevas zonas de Gaza, Hamás ha afirmado este domingo que solo aceptará un acuerdo de alto el fuego con Israel que incluya el fin de la guerra, según declaró a Efe Basem Naim, miembro del buró político del movimiento islamista: “Estamos negociando el fin de la guerra. Nada más”.

Israel rompió unilateralmente en marzo el último alto el fuego, precisamente, para no tener que negociar su segunda fase, que abría la puerta a ese final de la ofensiva israelí que reclama Hamas y también a la liberación de los rehenes que siguen secuestrados en Gaza. Desde entonces, Netanyahu ha reiterado sucesivamente que los ataques israelíes en la Franja solo concluirán cuando obtenga una “victoria total” sobre el movimiento palestino.

También el primer ministro israelí se ha referido este domingo a las negociaciones de Doha. Ha dicho que el equipo enviado por su país a la capital catarí “está trabajando para agotar todas las posibilidades” de lograr una tregua y la liberación de los 58 rehenes —en su mayoría, cadáveres— en manos de Hamás. Son los últimos de los 251 que ese movimiento islamista y otros grupos palestinos secuestraron el 7 de octubre de 2023, durante los ataques en los que murieron casi 1.200 personas, en gran parte civiles.

En una alusión inédita a la conclusión de la ofensiva, una posibilidad que hasta ahora ha rechazado de plano, Netanyahu ha mencionado más tarde “un marco para poner fin a la guerra, que incluiría la liberación de todos los rehenes, la expulsión de los terroristas de Hamás y la desmilitarización de la Franja”.

Esa alusión del primer ministro ha suscitado una reacción inmediata de uno de sus socios ultraderechistas de gobierno, Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional. Ben Gvir se ha apresurado a replicar que ese “marco para poner fin a la guerra sin derrotar a Hamás no se cumplirá”.

En realidad, en sus declaraciones, el primer ministro israelí ha vuelto a mencionar el plan por el que Israel lleva meses abogando y que ni siquiera su propio promotor —el enviado especial de Donald Trump a Oriente Próximo, Steven Witkoff— ve ya viable. El llamado “plan Witkoff” recoge como condición previa para que Israel negocie un alto el fuego de 45 días que Hamás libere a la mitad de los rehenes aún en su poder. Sin embargo, no prevé el final definitivo de la ofensiva israelí. Esa fue la razón por la que el movimiento islamista lo rechazó.

Los bombardeos de la madrugada de este domingo —aéreos desde aviones y drones y también de artillería— han golpeado especialmente las localidades más castigadas desde que el pasado martes Israel recrudeciera los ataques. Estos han matado desde entonces al menos a 500 personas: Yabalia y Beit Lahia en el norte; Deir al Balah en el centro, y Jan Yunis y la cercana franja costera de Al Mawasi, en el sur.

Las autoridades de la Franja informaron este sábado por la noche en un comunicado de que 300.000 personas han huido de esas y otras localidades septentrionales hacia la capital para escapar de los ataques y siguiendo las órdenes de desalojo que las tropas israelíes empezaron a decretar en la víspera.

El bombardeo más cruento de esta madrugada es el que ha matado al menos a 34 personas, según Efe, en el campamento de Al Mawasi, que alberga a cientos de miles de desplazados en tiendas de campaña. Las bombas, que han impactado en tiendas de campaña en las inmediaciones del hospital Kuwaití, han dañado también el servicio de cirugía del centro, que ha tenido que cerrar.

Durante muchos de los 19 meses que ya dura la agresión militar israelí a Gaza, y antes de que Israel rompiera el 18 de marzo el último alto el fuego con Hamás, el ejército israelí había ordenado a la población de la Franja que se dirigiera a la zona de Al Mawasi, que definía como “humanitaria”. Ello no evitó que la bombardeara en sucesivas ocasiones. Las tropas israelíes ya no mencionan esa supuesta condición de lugar seguro de esa estrecha franja costera. Bombardeos como el de la última noche confirman la creencia de muchos gazatíes de que en el enclave no hay ningún lugar en el que puedan estar a salvo.

Este domingo por la mañana, Israel ha atacado también otro hospital de Gaza, ha denunciado el Ministerio de Sanidad del territorio: el Indonesio, en Beit Lahia. Sus instalaciones han sido asediadas con drones y tiroteos “contra todo lo que se mueve”, había dicho su director, Marwan al Sultan. Este sanitario ha asegurado que esos aparatos aéreos no tripulados tomaron como blanco la unidad de cuidados intensivos del centro.

Horas después, el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás en Gaza ha anunciado el cierre de ese hospital, el último que seguía en servicio en la zona más al norte de la Franja. Vídeos difundidos por fuentes palestinas mostraban la difícil evacuación de pacientes encamados mientras se oye una lluvia de disparos.

Cuando Israel sigue sin permitir la entrada libre de los medios de comunicación internacionales en Gaza, fuentes palestinas han informado de que entre el centenar largo de muertos en los bombardeos de esta madrugada, hay al menos cinco periodistas locales,

La oficina de prensa del gobierno de Gaza denunció en su comunicado de este sábado por la noche que Israel ha convertido el norte del territorio en una “zona de masacres abiertas y sistemáticas” que se dirigen contra “todo lo que se mueve” “personas, vehículos y equipos de rescate”. El texto aseguraba que drones israelíes quemaron cientos de tiendas de desplazados en el campo de refugiados de Yabalia, en Beit Lahia y en otras zonas de Gaza, “en medio de un inquietante silencio internacional y complicidad de hecho en el genocidio en curso”.

La cifra total de víctimas de los ataques israelíes desde su inicio, en octubre de 2023, ha superado esta semana las 53.300, según el Ministerio de Sanidad de la Franja. La mayoría, mujeres y niños.

Con las negociaciones para un alto el fuego aparentemente estancadas, la población de Gaza afronta la nueva invasión militar israelí exhausta y hambrienta. El pasado 2 de marzo, Israel impuso un bloqueo total a la entrada de ayuda humanitaria, incluidos los alimentos, el combustible y los medicamentos, que está empujando a los gazatíes hacia la malnutrición y el hambre y a su sistema médico “al precipicio”, explicó este viernes a este diario Isabel Grovas, coordinadora médica de Médicos sin Fronteras (MSF) en Gaza.

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―Aún vivos, responde esta palestina de 40 años.

En medio del estruendo de los bombardeos israelíes que no cesan, esta mujer pondrá hoy un puñado de arroz en un plato para sus seis hijos. Los niños “siempre están hambrientos; aquí todos lo estamos”, explica en un mensaje esta madre de Gaza. Cuando el hambre aprieta, Fida engaña al estómago de sus hijos con unos garbanzos hervidos que espolvorea con hierbas. Dos meses llevan sin probar la carne ni la leche. El pequeño, de cuatro años, le pide “un dulce, un huevo, un bollo, un zumo”. Su madre solo tiene harina y arroz, y hasta eso se le está acabando: “Queda para una semana”. El niño pregunta si fuera de Gaza hay pollo frito; cuándo abrirán la frontera y, si más allá de ella, los edificios están en ruinas, como en ese paisaje de desolación que es lo único que él recuerda en los 19 meses que dura la ofensiva israelí.

“Yo no tengo hambre por falta de recursos”, dice la mujer, que trabaja en una organización internacional. “Tengo hambre porque Israel la utiliza como arma de guerra; porque soy una palestina víctima del genocidio en Gaza”.

Han pasado más de 70 días desde que Israel cerrara totalmente la frontera a la entrada de alimentos, agua, combustible y medicinas. El breve respiro que representó el alto el fuego que el Gobierno de Benjamín Netanyahu rompió el 18 de marzo, es ya solo un recuerdo lejano. Desde el día 2 de ese mes, ni un gramo de comida ha entrado en Gaza, algo que ha empujado a sus habitantes al abismo del hambre.

El índice de referencia sobre nutrición que utiliza la ONU alertó el 12 de mayo de que, si Israel no permite el ingreso de alimentos en Gaza antes de septiembre, todos los palestinos del enclave —2,1 millones— podrían padecer para entonces “inseguridad alimentaria aguda”, es decir, cuando se carece de comida nutritiva y en cantidad suficiente hasta el punto de pasar uno o varios días sin comer. De esos dos millones largos de palestinos, medio millón están un paso más cerca del precipicio, alertó el índice. Son quienes se asoman directamente a la hambruna.

En Gaza, el pan, el azúcar, el aceite, las verduras y la fruta se han convertido en un lujo. La carne y la leche han desaparecido. Las modestas hortalizas disponibles en el mercado se venden a precios astronómicos: una cebolla se paga a 10 euros, según datos de la ONG británica Christian Aid. “Nos morimos de hambre”, dice desde Ciudad de Gaza, Jalil Abu Shamaleh, un activista de derechos humanos cuya familia se alimenta de latas de conserva y que muestra su alivio por que sus hijos sean ya mayores. Desde el 2 de marzo, al menos 57 niños han muerto de desnutrición en Gaza, según la Organización Mundial de la Salud.

Según la coordinación humanitaria de Naciones Unidas (OCHA en sus siglas en inglés), durante la primera semana de mayo, “un saco de 25 kilos de harina de trigo, cuando se encontraba, se vendía a 371 euros, un 3.000% más en comparación con la última semana de febrero”. Un melón en Gaza cuesta 44 euros y un kilo de pescado, 89, explica desde el hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur, Isabel Grovas, coordinadora médica de MSF. Y ni siquiera quien tiene dinero se puede permitir pagar esos precios. Solo se admite el efectivo y en Gaza apenas queda.

Los más vulnerables ya están empezando a sucumbir a la malnutrición. Después de que Israel vetara la entrada de comida, empezaron a aumentar los casos, explica Grovas. Primero, mujeres embarazadas; ahora, cada vez más niños. De una semana a otra, el número de pacientes malnutridos se eleva un 30%, explica la cooperante. “Las familias protegen a los niños”, asevera, y los adultos “sacrifican su parte para que coman sus hijos, que son los últimos que dejan de hacerlo”.

La desesperación y el hambre que ha traído el cerco total más largo de Israel a la entrada de alimentos en Gaza han dado paso también a los saqueos. En un solo día de finales de abril, se produjeron cinco asaltos a almacenes de organizaciones humanitarias.

“Compartir el hambre”

Nasser Rabah, autor del poemario El poema hizo su parte (Ediciones de Oriente y del Mediterraneo), publicado en abril, vive en la que ha sido siempre su casa en el campo de refugiados de Magazi. La vivienda en el centro del enclave palestino quedó parcialmente destruida por un bombardeo que le arrebató su biblioteca. Este poeta lleva una semana comiendo “solo de cinco a siete cucharadas de arroz por comida”. Tiene dinero pero “no hay nada que comprar”.

“Una barra de pan se ha convertido en un objeto imposible. Llevamos meses sin carne de ningún tipo y, en algunos lugares del norte de Gaza, están sacrificando a los burros para comérselos. Las aves de corral han muerto a falta de pienso y tampoco hay fruta. Los gazatíes comen lo que les queda de arroz, pasta y lentejas. Algunas mujeres las muelen o machacan macarrones para hacer un pan pobre para que los niños puedan comer”, describe. Mientras, los adultos “comparten su hambre entre ellos”.

Sin gas “desde marzo” y sin árboles ya que quemar, usan “la madera de puertas y las camas” para cocinar, explica Rabah. O plásticos, que al arder, emiten humo tóxico.

Uno a uno, los “salvavidas” frente al hambre están desapareciendo por el bloqueo israelí. Clémence Lagouardat, coordinadora humanitaria de Oxfam en Gaza hasta abril, describe así a las cocinas comunitarias, que hace unas semanas “preparaban más de un millón de comidas calientes al día; la única diaria para la mayoría de los palestinos de la Franja. Ahora sirven menos de 400.000 al día”. Hasta el pasado día 10, más de 90 de esas cocinas habían cerrado en las dos semanas anteriores por falta de alimentos y de combustible para cocinar. Eran la mitad de las que funcionaban el 25 de abril, según la ONU.

“Cada vez ves a más gente haciendo cola ante las pocas cocinas aún abiertas. La mayoría son niños y es desolador ver su decepción cuando no consiguen comida o verlos correr con un cubo detrás de un camión cisterna con agua”, dice esta cooperante. “Y va a ir a peor”, alerta, porque las exiguas reservas de alimentos de la Franja se están agotando, como también se está “desplomando la producción de agua potable”. Israel “ha destruido sistemáticamente” las infraestructuras que proporcionaban agua apta para el consumo para los gazatíes. Hasta un punto que “no puede ser casual”. La deshidratación es un factor que agrava la malnutrición.

Heridas que no sanan

Entre las cocinas que han cerrado están las de World Central Kitchen (WCK), la ONG del cocinero hispano-estadounidense José Andrés, que, el pasado día 7, anunció que ya no podía servir más comidas ni tampoco pan. Esta organización, explica Isabel Grovas, era la que proporcionaba un plato diario a los pacientes del hospital Nasser. MSF da de comer ahora una vez al día a los niños ingresados. También trata con suplementos nutricionales a embarazadas y niños malnutridos.

“Ultimamente estamos viendo mamás que vienen diciendo ‘por favor admite a mi hijo en el programa [de suplementación nutricional], porque no tenemos comida", recalca la coordinadora médica, que explica que su organización ya no tiene hierro ni ácido fólico para dar a las muchas embarazadas con anemia. Sus hijos podrían nacer “con bajo peso” o ellas dar a luz de forma prematura, subraya. La desnutrición grave en niños pequeños afecta a su desarrollo físico y cognitivo, a su habilidad para aprender y a su sistema inmunológico.

El 7 de mayo, MSF divulgó un comunicado en el que denunciaba que el bloqueo israelí deja además a miles de gazatíes que han sufrido quemaduras, la mayoría, niños, sin posibilidades de recuperación. Los grandes quemados necesitan el doble de calorías diarias y un buen aporte de proteínas para sanar. Por el contrario, cuando un cuerpo entra en inanición y se agotan completamente sus reservas de glucógeno y grasa, empieza a utilizar su masa muscular como fuente de energía. “Los cuerpos de nuestros pacientes se están consumiendo a sí mismos para cerrar heridas que nunca sanan“, afirmaba uno de los cirujanos de MSF.

Israel no solo impide la entrada de comida. También ha destruido la inmensa mayoría de campos de cultivo, invernaderos y granjas que proporcionaban una producción local de alimentos que ahora sería vital, explica desde Ramala (Cisjordania) Hassan Mahareeq del Comité Palestino de Socorro Agrícola (PARC en sus siglas en inglés). Según su organización, desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, 15.697 hectáreas agrícolas han quedado dañadas o destruidas. Antes de octubre de 2023, había también en Gaza 4.000 pescadores, señala Mahareeq. Los pocos que se aventuran ahora a hacerse a la mar lo hacen a riesgo de recibir un disparo o un proyectil de los barcos de guerra israelíes.

Un estudio de PARC apunta a que los bombardeos de Israel han destruido en Gaza “todo lo que era verde”, incluso los árboles de los parques. Con un objetivo: “expulsar a la población”. Hacer ese lugar “inhabitable”, asegura el trabajador humanitario. Un comunicado de MSF denunció el día 14: “Estamos presenciando, en tiempo real, la creación de las condiciones necesarias para la erradicación de la vida palestina en Gaza”.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este sábado que la entrada de ayuda humanitaria en Gaza es ”absolutamente innecesaria”.

Mientras, frente al lado egipcio de la frontera de Rafah en Gaza, y en los países de la región, Naciones Unidas y las ONG tienen preparadas más de 171.000 toneladas de comida, suficientes para alimentar a los gazatíes durante tres o cuatro meses. Solo falta que Israel abra la frontera y permita su entrega.

La historia de Gaza es la de una huida sin retorno. El 80% de sus habitantes descienden de los 750.000 palestinos expulsados o que huyeron de las violentas milicias judías y después, del ejército del recién creado Estado de Israel entre 1947 y 1949, en lo que se conoce como Nakba (catástrofe en árabe), de la que se cumplieron 77 años este jueves. Fida es una de ellos. Era ya, como gran parte de los gazatíes, una refugiada, que dice vivir una “Nakba perpetua”. Casi con dulzura, elude enviar a este diario una foto del puñado de arroz que hoy comerán sus hijos: ”No necesitamos compasión, necesitamos justicia".

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El anuncio, divulgado en la cuenta de Telegram del ejército, asegura que, “durante las últimas 24 horas”, las tropas israelíes “han lanzado ataques extensivos y movilizado fuerzas para apoderarse de áreas controladas en la Franja de Gaza, como parte de los movimientos iniciales de la operación Carros de Gedeón y la expansión de la campaña en Gaza, para lograr todos los objetivos de la guerra". Esos objetivos son, recoge el comunicado, “la liberación de rehenes y el desmantelamiento de la organización terrorista Hamás”.

La nueva operación que confirma el comunicado militar de esta madrugada es la que el gabinete de seguridad israelí anunció el pasado día 5 para expandir progresivamente la ofensiva en Gaza hasta ocupar nuevos territorios sin vuelta atrás. Esta nueva invasión terrestre supone un salto cualitativo, como explicó entonces el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que aseguro que su ejército abandonará “el método de incursiones” para pasar “al de la conquista de territorios y la permanencia en ellos”.

El viernes, horas antes de que Trump concluyera una gira por Oriente Próximo de la que Israel quedó al margen, los tanques israelíes empezaron a avanzar en tres puntos del área septentrional de Gaza: el este de Yabalia, el norte de Beit Lahia y una tercera zona en el noroeste de la Franja. Esas dos localidades, Yabalia —especialmente su campo de refugiados— y Beit Lahia habían concentrado buena parte de los bombardeos de esa jornada, que también golpearon otras zonas del enclave.

Cuatro de esos tanques rodearon y atacaron una escuela en Beit Lahia, convertida en refugio para decenas de familias desplazadas, informaron fuentes locales a Efe.

El avance de esta nueva invasión está siendo rápido, según fuentes palestinas, por el pequeño —poco más de 40 kilómetros cuadrados— y arrasado territorio palestino. Este sábado de madrugada, los vehículos blindados israelíes se encaminaban ya hacia Deir al Balah, en el centro de la Franja. Su progreso iba acompañado del estruendo de unos bombardeos sin tregua, sobre todo en el norte. Las fuentes han informado de nuevos ataques esta noche en el campo de refugiados de Yabalia y contra dos hospitales, el Awda, en esa misma localidad septentrional, y el Hospital Indonesio, en Beit Lahia. Desde la madrugada del sábado, al menos 72 gazatíes han muerto en ataques israelíes, confirmaron fuentes médicas a la agencia Efe.

Esta nueva operación militar conlleva una de las pesadillas recurrentes de los gazatíes: un nuevo desplazamiento masivo. Un comunicado de la oficina de medios del Gobierno de Hamás en Gaza ha elevado este sábado a 300.000 personas los palestinos obligados a dirigirse desde localidades del norte hacia Ciudad de Gaza.

Ese nuevo éxodo transcurre además en medio de una situación humanitaria especialmente catastrófica. La población de la Franja se asoma a la hambruna cuando han transcurrido ya más de dos meses y medio desde que Israel cerrara a cal a canto la frontera, impidiendo totalmente la entrada de ayuda humanitaria. Ese bloqueo incluye la comida, los suministros médicos y otras mercancías vitales como el combustible.

Cuando los muertos superaban ya el centenar este viernes, según la Defensa Civil del territorio, bien entrada la tarde, el ejército israelí empezó a lanzar octavillas sobre varios vecindarios de Beit Lahia, dos escuelas que albergaban a desplazados y un sector del campo de refugiados de Yabalia.

“A todos los presentes en esta zona, esté usted en un refugio, una tienda de campaña o un edificio, se encuentra en una peligrosa zona de combate, por lo que corre riesgo su seguridad”, rezaba un texto que terminaba sentenciando a esos habitantes a acatar una enésima orden de desalojo. “Diríjanse inmediatamente al sur”, decía el texto en árabe.

La mayoría de los 400 muertos que las autoridades de Gaza han registrado en la Franja son mujeres y niños.

“Presión”

Según publica el diario israelí Haaretz este sábado, fuentes militares israelíes han descrito los bombardeos de los últimos días en Gaza como una forma de aumentar “la presión [sobre Hamás] en el marco de las negociaciones para un acuerdo de liberación de los rehenes”. De fracasar esas negociaciones, advirtieron esas fuentes, eso desencadenará el lanzamiento de esta nueva operación terrestre que, en realidad, ya está en curso, según el comunicado castrense de esta madrugada.

Horas después de la confirmación del inicio de la nueva invasión de Gaza, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, se ha jactado de que Hamás había vuelto a la mesa de negociación gracias a la nueva ofensiva de sus tropas. Sin embargo, una “fuente implicada en las negociaciones” citada por el Haaretz ha señalado que el movimiento islamista palestino nunca había abandonado ese diálogo que transcurre desde el martes en Doha (Qatar). Taher al Nono, un dirigente de la organización, sí ha dicho a Reuters que ambas partes han abordado la discusión “sin condiciones previas”.

De esas conversaciones entre las partes en la capital catarí no ha trascendido prácticamente nada. Hasta este sábado, cuando otro dirigente del grupo palestino, citado por el diario catarí Al Araby al Jadeed, ha explicado que lo que se discute es un alto el fuego de dos meses que podrían abrir la puerta a una tregua permanente.

Israel se niega precisamente a acabar con la guerra. Netanyahu ha reiterado esta semana que incluso si Hamás liberara a los 58 rehenes aún en su poder-la mayoría, ya cadáveres- de los 251 que tomó el 7 de octubre de 2023, no piensa detener su ofensiva hasta lograr una “victoria total” sobre el movimiento islamista palestino.

Hamás había acusado este viernes al primer ministro israelí de “seguir cometiendo un genocidio” en Gaza por “la creciente masacre de la ocupación [como suele referirse a Israel] contra civiles”, según un comunicado difundido en Telegram.

Los ataques de esta semana han convertido los últimos días en los más mortíferos desde que Israel rompiera unilateralmente el último alto el fuego el 18 de marzo, precisamente para no tener que negociar el final de sus ataques en Gaza. Ello a pesar de que la segunda fase de la tregua que se negó a discutir implicaba la liberación de los rehenes. La lista de muertos en Gaza en los 19 meses desde el inicio de la ofensiva israelí supera ya los 53.300, según fuentes sanitarias del territorio.

La nueva operación militar israelí ha suscitado ya algunas críticas internacionales. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha reprochado a Israel el uso de una “fuerza militar desproporcionada” en Gaza. También el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha criticado con matices “las últimas decisiones de Israel” e instado a acordar un alto el fuego. Alemania se ha limitado a comunicar su “profunda preocupación” por esta nueva operación terrestre.

Los países árabes, reunidos en la cumbre anual de la Liga Árabe en Bagdad, han instado este sábado a la comunidad internacional a que presione por el “fin del derramamiento de sangre” en Gaza. En ese mismo foro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España propondrá a la ONU que el Tribunal Internacional de Justicia se pronuncie sobre el bloqueo israelí a Gaza: “Palestina se desangra”.

Un plan militarizado

Los planes de la nueva invasión terrestre en Gaza se presentaron al mismo tiempo que Israel y Estados Unidos desvelaban un polémico plan para militarizar la ayuda humanitaria, cuyo paso previo es el desplazamiento de casi todos los gazatíes hasta el sur de la ciudad de Jan Yunis.

Según ese proyecto, los soldados israelíes controlarán con datos biométricos a los palestinos que se acerquen a cuatro puntos de distribución de ayuda establecidos por una turbia organización privada, la Gaza Humanitarian Foundation, que ya ha anunciado que empezará a trabajar en la Franja a finales de este mes. Esa organización repartirá un mínimo de ayuda bajo la supervisión del ejército israelí y de contratistas privados de seguridad de EE UU; es decir, de mercenarios.

Tanto la ONU como las ONG se han opuesto rotundamente a ese proyecto y que solo recoge la entrada en Gaza de 60 camiones con alimentos al día, el 10% de los que penetraron en el territorio durante la tregua, algo insuficiente ya entonces y aún más ahora. La cadena británica BBC publicó el jueves imágenes por satélite que muestran que ya se están construyendo los puntos de distribución que prevé Israel para repartir esa ayuda que, además, se calcula que solo llegará a 1,2 millones de los 2,1 millones de palestinos de Gaza.

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“Estamos mirando a Gaza, vamos a ocuparnos de eso. Mucha gente se está muriendo de hambre”, ha dicho Trump antes de abandonar Emiratos Árabes Unidos, según recoge Reuters. Luego ha concluido: “Están pasando muchas cosas malas [en la Franja]”. Sin embargo, el mandatario no ha aludido a los bombardeos ni ha mencionado a Israel.

“Los bombardeos de esta noche han sido terribles, violentísimos”, explica desde la capital gazatí una palestina que se identifica con su nombre de pila, Fidaa. “Las bombas caían por todas partes durante toda la noche”, cuenta. La mujer confirma que los ataques se han centrado, como aseguran los servicios de Defensa Civil, en la localidad de Beit Lahia, en el campo de refugiados de Yabalia (ya reducido a ruinas) y en el noreste del territorio.

El ataque aéreo sobre Beit Lahia, cerca de la frontera norte de la Franja con Israel, ha estado acompañado de una incursión de fuerzas terrestres israelíes, según la agencia oficial palestina Wafa, que asegura que varios civiles fueron secuestrados por los militares en un centro de acogida para desplazados.

Según la cadena de televisión catarí Al Araby, los tanques israelíes han avanzado a primera hora de este viernes en lo que el medio define como “incursiones limitadas” en tres puntos del norte de Gaza, el este de Yabalia, el norte de Beit Lahia y una tercera zona en el noroeste de la Franja.

Solo en Beit Lahia, los equipos de rescate y voluntarios locales han recuperado 30 cadáveres, según el corresponsal local de Wafa. Decenas más siguen atrapados bajo los escombros, ya que las ambulancias no pueden llegar a las áreas bombardeadas debido a la destrucción de las carreteras. Civiles palestinos tratan de evacuar a las víctimas a pie o en carros tirados por animales, siempre según esa fuente. La agencia palestina asegura que otros gazatíes han muerto en bombardeos de otras localidades, como la sureña Jan Yunis.

Por la tarde, el ejército israelí lanzó octavillas sobre varias zonas del norte de Gaza, instando a la población a desalojar varios barrios de Beit Lahia, dos escuelas que albergan a desplazados y un sector del campo de refugiados de Yabalia. “A todos los presentes en esta zona, esté en un refugio, tienda de campaña o edificio, se encuentran en una peligrosa zona de combate, por lo que corre riesgo su seguridad. Diríjanse inmediatamente al sur”, rezan las octavillas.

El recrudecimiento de estos ataques que, según medios palestinos, incluyen fuego de artillería, bombardeos aéreos y desde buques militares, apunta a que es el preludio de una nueva ofensiva terrestre en Gaza que permitirá a Israel “conquistar” y retener por la fuerza militar nuevas áreas de su territorio, tal y como anunció el día 5 el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Ese anuncio se produjo cuando la situación de los gazatíes era ya catastrófica; tanto que incluso el más férreo aliado de Israel, Estados Unidos, ha empezado a mostrar una inquietud relativa, dos meses y medio después de que el Gobierno de Netanyahu prohibiera totalmente la entrada de alimentos, medicinas y otros suministros básicos en la Franja.

Antes de las declaraciones de Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, había dicho ya la víspera que su país está “preocupado” por lo que sucede en Gaza. Eso sí, sin apartarse ni un ápice del discurso oficial israelí que suele reproducir Washington y que atribuye toda la responsabilidad de esa situación a Hamás, el grupo islamista palestino cuyos militantes mataron a 1.200 personas en Israel y secuestraron a 251 el 7 de octubre de 2023.

La respuesta israelí a aquel ataque fue desencadenar la ofensiva e invasión militar de Gaza, que ya dura 19 meses y que esta semana ha franqueado el siniestro umbral de 53.000 muertos, la mayoría mujeres y niños. El Tribunal Internacional de Justicia está investigando como posible genocidio esta ofensiva israelí.

Mientras los bombardeos no cesaban este viernes, la cifra de fallecidos en los ataques de la víspera ha aumentado hasta alcanzar los 136, según el Ministerio de Sanidad de la Franja. Desde el pasado martes, los ataques israelíes han matado en Gaza a más de 300 personas, la mayoría mujeres y niños.

Isabel Grovas, coordinadora médica en Gaza de Médicos sin Fronteras (MSF), explica por videoconferencia desde la localidad meridional de Jan Yunis que solo el martes llegaron al hospital Nasser 40 muertos y 113 heridos. Son datos del director de ese centro, donde trabaja esta organización médica.

Las señales que apuntan a una nueva ofensiva se han multiplicado en los últimos días. Tres días antes de que Netanyahu anunciara el día 5 sus planes, el ejército israelí empezó de nuevo a llamar a filas a miles de reservistas, un refuerzo necesario para ampliar una posible operación terrestre que, de producirse, implicará un nuevo desplazamiento masivo de palestinos, en esta ocasión a una zona reducida al sur de Jan Yunis, una de las localidades más castigadas por los bombardeos esta semana. Solo el jueves murieron allí más de 50 personas, de nuevo en gran parte mujeres y niños.

“Desde hace tres días, hay muchos más ataques, bombardeos y avisos de evacuación, muchos de ellos no muy claros. La gente no sabe si tiene que irse o no”, subraya la coordinadora médica de MSF. Luego advierte de que el sistema sanitario de la Franja está de nuevo “al borde de un precipicio”, tras dos meses y medio de bloqueo en los que no ha entrado ningún insumo médico ni medicamento, y mientras Israel bombardea de nuevo los hospitales.

La mayoría de gazatíes se encuentra ahora al norte de Jan Yunis. Durante el efímero alto el fuego con Hamás, que Israel rompió el 18 de marzo, cuando debía pasarse a la fase de negociación de un fin de la ofensiva, muchos gazatíes habían vuelto a sus casas, especialmente a la capital, Ciudad de Gaza, donde residían casi 600.000 de los más de 2,2 millones de habitantes antes de octubre de 2023.

En ese primer mes de la ofensiva israelí, el ejército ordenó el desalojo de la mitad septentrional del enclave, antes de lanzar su campaña terrestre y mientras bombardeaba sin respiro, como estos días, a la población. Después han seguido innumerables desplazamientos.

Testimonios recogidos este viernes por medios palestinos indican que un enésimo desplazamiento masivo de civiles ya ha empezado. Miles de personas han sido obligadas a abandonar de nuevo sus casas y sin comida ni agua. Otras, según ha constatado un periodista de Associated Press, han huido del campo de refugiados de Yabalia y de Beit Lahia, escenario de varios de los bombardeos de la madrugada.

La diferencia entre el primer desplazamiento masivo de la población de Gaza en octubre de 2023, los que lo siguieron y el que podría haber empezado ya es, sin embargo, abismal. Tras 19 meses de bombardeos, invasión terrestre, huidas sucesivas, más de 53.000 muertos y 120.000 heridos, los palestinos de la Franja están exhaustos.

Y hambrientos. Familias como las de Fidaa solo tienen ya “harina y arroz” para comer, relata esta madre de seis hijos. Y hasta eso se está agotando. Otros no tienen ni siquiera esas fuentes de hidratos de carbono —las proteínas son un lujo inaccesible—. Desde que Israel impuso su bloqueo total de la ayuda humanitaria, el 2 de marzo, 57 niños han muerto por desnutrición, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.

El recrudecimiento de los bombardeos inquieta también al principal foro que agrupa a las familias de los rehenes en Gaza. En un comunicado, este viernes han acusado a Netanyahu de estar perdiendo “una oportunidad histórica” para la liberación de los secuestrados y han mostrado su temor por la suerte que estos puedan correr en medio de la intensificación de los bombardeos.

El Foro ha mostrado su inquietud a su vez porque, cuando ya ha concluido la visita de Trump a Oriente Próximo, de la que esperaban el anuncio de un nuevo alto el fuego, las negociaciones que transcurren en Doha (Qatar) no han dado fruto. Netanyahu ha dicho que, incluso si Hamás libera a todos los rehenes, Israel seguirá con la guerra hasta la “victoria total” sobre el movimiento palestino.

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En las últimas semanas, Trump ha dado golpes de efecto en Oriente Próximo para los que no ha contado con su gran socio geopolítico, relegado a un segundo plano. El más reciente ha sido su reunión del miércoles con el nuevo líder sirio, Ahmed al Shara, en Riad, durante su gira por Arabia Saudí, Qatar y Emiratos árabes Unidos, la primera de este mandato, que siguió al anuncio efectuado en la víspera del levantamiento de las sanciones contra ese país. Washington había mantenido esas medidas a pesar del derrocamiento del régimen de Bachar el Asad en diciembre.

Trump ha hecho para ello caso omiso a que Israel le había pedido que mantuviera las sanciones. El Gobierno de Netanyahu define al ahora presidente interino sirio como un yihadista ―su organización, Hayat Tahrir al Sham, estuvo vinculada a Al Qaeda hasta 2016― camuflado con traje y corbata.

Antes habían llegado otras iniciativas de las que Israel se enteró al mismo tiempo que la prensa. La primera, el inicio de las negociaciones nucleares entre Washington y su némesis regional, Irán ―Trump aseguró este jueves que ambos están muy cerca de rubricar un pacto―. La segunda, el acuerdo cerrado con los rebeldes hutíes en Yemen para que estos milicianos dejen de atacar a los buques mercantes que atraviesan el mar Rojo, a cambio de que EE UU dejara de bombardearlos.

Ese acuerdo de principios de mayo no obliga a los hutíes a dejar de lanzar misiles a Israel en represalia por su ofensiva en Gaza. “El mensaje a la región fue claro: Israel ya no es una de las principales prioridades estadounidenses”, escribió entonces Itamar Eichner, corresponsal diplomático del portal israelí Ynet.

Mientras el presidente estadounidense alardeaba de ese pacto en Riad, en Jerusalén y Tel Aviv sonaban este martes las sirenas para alertar de que se aproximaba un misil hutí.

Israel también quedó fuera de juego en las negociaciones secretas de la Administración de Trump con el grupo islamista palestino Hamás, que dieron como resultado la liberación el pasado lunes del soldado Edan Alexander. Este militar era el último rehén vivo con nacionalidad estadounidense de los 59 ―casi todos israelíes― que el grupo islamista palestino retiene del total de 251 que tomó durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel. La respuesta israelí a esos ataques fue desencadenar la ofensiva en Gaza.

Netanyahu trató luego de arrogarse el mérito de esa liberación, atribuyéndola en parte a la presión militar en la Franja. Para el columnista del diario Haaretz Yossi Verter esa negociación de Washington con Hamás infligió al primer ministro israelí una “humillación dolorosa”.

Una guerra “brutal”

Cuando Trump anunció durante su reunión de febrero con Netanyahu en la Casa Blanca su proyecto de convertir Gaza en un complejo playero de lujo ―la Riviera de Oriente Próximo― el primer ministro israelí se mostró entusiasmado con un proyecto que enseguida hizo suyo. Ese plan sigue ahí, pero el primer ministro israelí y el presidente de Estados Unidos discrepan en un aspecto fundamental: Trump quiere acabar cuanto antes con la guerra que este miércoles definió como “brutal”, mientras que Netanyahu ha dicho que solo le pondrá fin cuando obtenga una “victoria total” sobre Hamás.

Washington está dando estos días muestras de cierta irritación ante la intransigencia del primer ministro israelí. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este jueves haber mantenido una conversación con Netanyahu, en la que le expresó la preocupación de su Gobierno por la situación humanitaria en Gaza.

El diario Haaretz había revelado el día anterior cómo el enviado especial de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, ha llamado en sucesivas ocasiones a Netanyahu esta semana para instarle a ser más flexible en las negociaciones que Israel mantiene en Doha, la capital catarí, con Hamás. Ese diálogo sigue sin dar fruto porque Netanyahu se niega a acabar con la ofensiva israelí, incluso si el grupo islamista palestino devuelve a todos los rehenes. Todo lo contrario, el pasado día 5 anunció su intención de conquistar y ocupar ese territorio palestino.

En su última etapa de su viaje este jueves, Emiratos Árabes Unidos anunciaron una inversión de 1,4 billones de dólares (1,25 billones de euros) en 10 años en EE UU. Antes Arabia Saudí y Qatar habían agasajado también a Trump y rubricado acuerdos multimillonarios de compra de armas, aviones y tecnología con Estados Unidos. Al mismo tiempo, Israel recrudecía sus bombardeos en Gaza y mataba a cerca de 200 palestinos en 48 horas. Alejaba así, si cabe aún más, esa paz que el republicano dice querer. Aunque sea para hacer negocios y construir rascacielos y campos de golf en la Franja, después de expulsar a su población.

Rouzbeh Parsi, del Programa para Oriente Medio y el Norte de África del Instituto Sueco de Asuntos Internacionales, cree que “Trump probablemente está escuchando a los países del Golfo que le dicen que siga negociando con Irán y que detenga a los israelíes en la Franja. En ambas cuestiones, Netanyahu está en el lado opuesto”.

El presidente de EE UU aspira, además, a impulsar el creciente papel de mediadores diplomáticos de países como Qatar ―el mediador con Hamás― o Arabia Saudí, anfitrión en varias rondas de las conversaciones sobre Ucrania. Le interesan como inversores, como clientes de productos de defensa ―en Riad, Estados Unidos ha firmado acuerdos por 600.000 millones de dólares― y tecnología estadounidense, y como exportadores de energía. No menos como piezas clave en su intento de controlar los precios internacionales del gas y del petróleo.

Para el investigador mexicano Fernando Carvajal, especialista en Yemen y en política exterior de Estados Unidos en Oriente Próximo ―fue miembro del Grupo de Expertos de la ONU sobre Yemen entre 2017 y 2019―, en Oriente Próximo, el presidente republicano busca sobre todo “garantizar los intereses de Estados Unidos”, incluso si para ello tiene que irritar a Israel, explica desde Los Ángeles.

“Trump no ha vendido a Israel” en asuntos como el pacto de no agresión con los hutíes, dice este experto, “pero no está ayudando a Netanyahu”. El estilo del mandatario es aplicar uno de sus lemas, recuerda: el “America First” (Estados Unidos, primero).

El presidente estadounidense insiste en que las relaciones con Israel siguen siendo excelentes, pero funcionarios de ambos países, mencionados sin citar su nombre en un análisis de Haaretz, aseguran que la relación entre Netanyahu y Trump “ha tocado fondo”.

“Parece que la paciencia de Trump con las maniobras de Netanyahu está disminuyendo”, asegura Rouzbeh Parsi. Para este experto la cuestión “más difícil” es “qué significará este distanciamiento a medio plazo y si se convertirá en una política y no en una disputa temporal”. Por ello recomienda cautela a la hora de hablar de un enfriamiento de las relaciones.

Israel es aún un aliado que Washington considera imprescindible pese al papel secundario al que se ha visto relegado estos días. Al antiguo promotor inmobiliario que es Trump no se le han olvidado sus sueños de hacer de Gaza la Riviera de Oriente Próximo. Desde Abu Dabi, este jueves proclamaba que sigue queriendo que Estados Unidos “posea” la Franja. Quiere convertirla, dice, en “una zona de libertad”.

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Entre las víctimas de esta jornada y las más de 80 registradas el miércoles−entre ellas 22 niños−, los ataques aéreos israelíes han matado a cerca de 200 personas en apenas 48 horas. Esta cifra convierte este jueves en el día más mortífero en Gaza desde la ruptura unilateral del último alto el fuego por parte de Israel el 18 de marzo.

La lista total de muertos en los 19 meses que dura la invasión y ofensiva israelí en la Franja ha superado este jueves los 53.000, según el Ministerio de Sanidad del territorio. Justo cuando los palestinos conmemoran el 77 aniversario de la Nakba (catástrofe en árabe), la huida o expulsión de sus hogares de 750.000 palestinos entre 1947 y 1949, ante el avance de las milicias judías y, posteriormente, del ejército del recién creado Estado de Israel.

Las bombas israelíes han alcanzado desde el pasado martes edificios de viviendas, al menos dos hospitales y zonas plagadas de tiendas de campaña donde se refugian muchas familias gazatíes cuyas casas han sido destruidas. Objetivos civiles que explican que la mayoría de los cadáveres envueltos en sudarios blancos que muestran las imágenes de Gaza sean de mujeres y niños. Así ha venido sucediendo desde los primeros bombardeos israelíes, que empezaron en octubre de 2023 en respuesta al ataque de Hamás en Israel, en el que murieron casi 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas.

Los proyectiles israelíes también han vuelto a abatirse en esta jornada sobre el arrasado campo de refugiados de Yabalia, en el norte del enclave palestino, donde han muerto 13 del centenar largo de víctimas que ha contabilizado hasta ahora la Defensa Civil de Gaza.

Uno de los ataques de la pasada noche ha dejado además fuera de servicio al Hospital Europeo de Jan Yunis, bombardeado por segunda vez en apenas 24 horas, ha informado el Ministerio de Sanidad del territorio.

Después de un primer ataque el martes, el ejército israelí aseguró que, en el subsuelo del hospital, se escondía el nuevo líder de Hamás en la Franja, Mohamed Sinwar, hermano menor de Yahia Sinwar, el dirigente del movimiento que murió en un ataque israelí en la meridional Rafah en octubre. El hospital Europeo era el único que aún prestaba atención médica a los enfermos de cáncer de la Franja, incluidos pacientes pediátricos, después de que las fuerzas israelíes dinamitaran el Hospital de la Amistad Turco-Palestina el pasado 21 de marzo.

Mientras, aunque Estados Unidos y mediadores árabes como Qatar -el país donde el miércoles recaló Trump- presionan a Israel y Hamás para alcanzar un nuevo alto el fuego, ese horizonte aún se antoja lejano. El pasado martes, al día siguiente de que Hamás liberara como gesto “de buena voluntad” hacia Trump a Edan Alexander −un soldado con doble nacionalidad israelí y estadounidense− el Gobierno de Benjamín Netanyahu anunció el envío de una delegación negociadora a Doha para discutir sobre un posible alto el fuego.

El equipo israelí llegó a la capital de Qatar con un mandato limitado, algo que el propio Netanyahu dejó claro en un comunicado. El texto subrayaba que esas negociaciones con Hamás “solo transcurrirían bajo fuego”; es decir, sin parar la guerra.

El recrudecimiento de la ofensiva israelí de esta semana ha confirmado ese pronóstico. Hamás ha denunciado este jueves “una escalada militar” en Gaza paralela a las negociaciones de esa posible tregua. El movimiento palestino ha acusado en un comunicado a Netanyahu de querer “una guerra sin final” y de ser indiferente a la suerte que puedan correr los rehenes.

“En un momento en que los mediadores están realizando intensos esfuerzos para volver a encarrilar la negociación, la ocupación sionista [como se suele referir a Israel] responde a esos esfuerzos con presión militar sobre civiles inocentes”, dice la nota.

Un alto cargo palestino conocedor de la negociación que transcurre en la capital catarí ha asegurado a Reuters que “hasta ahora no se ha logrado ningún avance debido a la insistencia de Israel en proseguir la guerra”.

El propio Netanyahu descartó el pasado martes cualquier posibilidad de que Israel ponga fin a su ofensiva, incluso si Hamás liberara a los 58 rehenes, la mayoría ya cadáveres, que siguen en Gaza. Si el grupo entregara a esos cautivos, Israel los aceptaría, recalcó Netanyahu, pero “de ninguna manera” detendría los ataques, aseguró. Luego añadió: “Podemos aceptar un alto el fuego durante cierto tiempo, pero iremos hasta el final”.

El gabinete de seguridad de Israel aprobó el pasado día 5 por unanimidad un plan para expandir por fases la ofensiva en Gaza hasta conquistarla y retener militarmente los territorios que tome. “Estamos ocupando Gaza para quedarnos”, dijo entonces el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich.

El “plan Witkoff”

El Ejecutivo israelí, el más derechista de la historia del país, insiste en negociar solo la entrega de rehenes por parte de Hamás a cambio de una tregua de 45 días que, en ningún caso, abriría la puerta a la paz ni a la retirada de sus tropas, como reclama el movimiento palestino.

Esa propuesta −presentada a Israel hace meses por el enviado especial de Trump para la región, Steve Witkoff−, exige a Hamás liberar a 10 secuestrados vivos y entregar la mitad de los cadáveres de rehenes aún en sus manos. El Gobierno israelí calcula que 23 cautivos en la Franja siguen con vida y el resto están muertos.

El llamado “plan Witkoff” fue rechazado por Hamás, consciente de que su única baza negociadora son los rehenes. Esa baza tiene un poder menguante a la luz de que el Gobierno israelí ya ni siquiera mantiene su discurso inicial de que la liberación de los secuestrados es su prioridad en Gaza. Israel rompió el anterior alto el fuego el pasado 18 de marzo, precisamente para no tener que pasar a la segunda fase del pacto, que abría la puerta a la liberación de los rehenes, pero le exigía acabar con su agresión a Gaza.

Antes, el día 2 de ese mes, el Gobierno israelí había decretado un bloqueo total de la entrada de ayuda humanitaria en la Franja-incluyendo la comida y los medicamentos- que ha dejado a su población de algo más de 2,2 millones de personas al borde de la hambruna. El argumento de Israel es que Hamás desvía la ayuda humanitaria, algo de lo que no ha ofrecido ninguna prueba ni tampoco ha corroborado ningún organismo internacional u ONG de las que trabajan en Gaza.

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“Tras las duras declaraciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la embajadora española en Israel ha sido citada a una reunión de amonestación en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén mañana [por este jueves]”, ha indicado a la agencia EFE un portavoz de este departamento.

El presidente ha hecho esa afirmación en respuesta a una pregunta del diputado de ERC Gabriel Rufián, que había acusado al Gobierno de “comerciar con un Estado genocida, como Israel”. Minutos después, Sánchez ha contestado, sin citar el nombre de ese país: “Le puntualizo una cosa. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos”.

📺 TV en DIRECTO | Rufián: "Usted dice abiértamente que quiere seguir hasta el año 2031. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Son conscientes de la ofensiva mediática que viven? ¿Son conscientes de lo que está pasando en este país?" https://t.co/KtiU0SsXgB pic.twitter.com/1qy8e2xf9g

— EL PAÍS (@el_pais) May 14, 2025

El presidente puntualizó luego “el otro día desde esta tribuna, especifiqué específicamente de qué estábamos hablando cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad”, recalcó Sánchez.

El presidente aludía a la sesión del pasado día 7 en el Congreso en la que los socios parlamentarios del Gobierno reprocharon a Sánchez ser “cómplice de un genocidio” cometido por Israel en Gaza, después de que un informe del Centro Delàs revelara que España había vendido armas a ese país por 5,3 millones de euros desde el 7 de octubre de 2023. Ese día se produjo el ataque de Hamás en el que murieron cerca de 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, lo que desencadenó la ofensiva del Ejército israelí sobre Gaza, en la que ya han muerto 52.900 palestinos, la mayoría mujeres y niños.

La respuesta de Pedro Sánchez a esas acusaciones consistió en asegurar que esas informaciones contenían “innumerables imprecisiones, repeticiones e interpretaciones erróneas”.

Una relación tensa

La relación de Pedro Sánchez con el Gobierno de Benjamín Netanyahu −considerado el más derechista de la historia de Israel−, ha sido especialmente tensa desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza. Esa tensión se palpó ya durante la primera y única visita, en noviembre de 2023, del presidente del Gobierno a Israel desde el inicio de la invasión de Gaza. Sánchez afirmó entonces ante Netanyahu: “El mundo entero está impresionado por las imágenes que vemos a diario en Gaza. El número de palestinos muertos en Gaza es realmente insoportable”.

El malestar provocado en el Ejecutivo israelí por estas declaraciones, más la posterior visita del presidente al lado egipcio del paso fronterizo con Gaza de Rafah, fueron el punto de partida de una crisis que se ha plasmado en sucesivos desencuentros y que ha tenido como hitos el reconocimiento por España del Estado de Palestina, en mayo de 2024, y la prohibición al consulado español en Jerusalén de prestar servicios a los palestinos, bajo amenaza explícita de cierre. Un mes después, España se sumó formalmente a la causa presentada por Sudáfrica contra Israel por genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU.

Otro episodio de tensión sucedió a raíz de unos vídeos y unas imágenes creadas por inteligencia artificial que parodiaban a España y a miembros del Gobierno, incluido el propio Sánchez, difundidos en redes sociales desde la cuenta oficial del entonces ministro de Exteriores y ahora ministro de Defensa, Israel Katz. En las imágenes, se mezclaban el baile flamenco con imágenes de milicianos palestinos y el mensaje “Pedro Sánchez, Hamás te agradece tus servicios”. En un comunicado divulgado días después, Katz acusó a “líderes” españoles “de grave incitación antisemita contra la existencia del Estado de Israel”.

El ministro calificó además a la vicepresidenta Yolanda Díaz de “persona ignorante y llena de odio”, por haber empleado la expresión “Desde el río hasta el mar”, que, según la interpretación que predomina en Israel, equivale a llamar a destruir ese Estado.

Hace también justo un año, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se convirtió en el primer miembro socialista del Gobierno en calificar “lo que está pasando en Gaza” de “auténtico genocidio”. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, evitó horas después usar la misma expresión y se limitó a responder que será la justicia internacional la que dictamine si Israel lo está cometiendo. “Hay una demanda de Sudáfrica [en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya] para analizar y dilucidar exactamente eso”, señaló.

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“Tiene potencial. Es un auténtico líder”, ha dicho Trump, según Reuters, sobre el presidente sirio, a bordo del avión presidencial que lo ha llevado a Doha, la capital de Qatar, donde ha aterrizado en la tarde del miércoles. Hasta el pasado diciembre, Washington ofrecía 10 millones de dólares (unos nueve millones de euros) por la cabeza de Al Shara.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había precisado poco antes cuál es el precio que el mandatario ha pedido a Al Shara por levantar las sanciones. También por ese espaldarazo escenificado con el apretón de manos que ha tenido lugar antes de una cumbre entre Estados Unidos y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Ese precio es la paz con Israel.

Según la portavoz, el republicano ha instado al dirigente sirio a sumarse a los Acuerdos de Abraham, los pactos de 2020 por los que otros tres países árabes, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin, establecieron relaciones diplomáticas con el Estado judío. En el Air Force One, Trump ha dicho que Al Shara ha respondido a su propuesta de rubricar esos pactos asegurando “Sí, pero tenemos mucho trabajo que hacer”.

Washington aspira también a que Arabia Saudí firme esa normalización, que se consideraba inminente antes de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, y que ahora Riad supedita al establecimiento de un plan para la creación de un Estado palestino. Trump ha aludido a ese paso, que, según ha dicho, el reino árabe dará “siguiendo sus propios tiempos”.

Today, President Trump, at the invitation of Crown Prince Mohammed bin Salman, met with Syrian President Ahmad al-Sharaa. President Erdogan of Turkey joined by phone. President Erdogan praised President Trump for lifting sanctions on Syria and committed to working alongside Saudi… pic.twitter.com/0yhyZbQ1o0

— Karoline Leavitt (@PressSec) May 14, 2025

El presidente ha cumplido su promesa de reunirse con su homólogo sirio antes de abandonar Arabia Saudí, primera etapa de su viaje oficial de tres días a Oriente Próximo. Después de su visita a Qatar, Trump viajará el jueves a los Emiratos. Luego ha dejado abierta la posibilidad de una escala final en Turquía, si es que se concreta una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucranio, Volodímir Zelenski. Su gira no incluirá una parada en Israel.

Los tres Estados del Golfo incluidos en la agenda de Trump iniciaron hace semanas una carrera por agasajarlo tratando de hablar en el idioma del antiguo magnate inmobiliario. Para ello le ofrecieron contratos por cifras astronómicas cuya realización los expertos han puesto en duda, en un contexto de caída de los precios del petróleo, la materia prima de la que se nutre la opulencia de esos tres países.

Riad se adelantó este martes en esa puja por el favor de Washington al anunciar acuerdos por 600.000 millones de dólares (535.000 millones de euros) en armas y minerales raros. Este miércoles, la aerolínea estatal Qatar Airways ha firmado en Doha la compra a la estadounidense Boeing de 210 aeronaves, valoradas en 210.000 millones de dólares.

Un pasado oscuro

La mano del presidente Al Shara, que Trump ha estrechado ante un complacido Mohamed Bin Salmán —el príncipe heredero y hombre fuerte saudí— es también la del líder de Hayat Tahrir al Sham (HTS), una organización que hasta 2016 estuvo afiliada a Al Qaeda con el nombre de Frente Al Nusra. Ese pasado tan oscuro era el motivo fundamental de las reticencias del republicano a reunirse con Al Shara, quien hoy sigue figurando en el elenco de terroristas del Departamento de Estado de EE UU, según publicó este martes el medio estadounidense Axios.

El ahora presidente sirio fue incluso capturado en 2006 por el ejército estadounidense en Irak y pasó cinco años, sin juicio ni cargos, encarcelado en varios centros de detención y tortura de esas tropas. Entre ellos, el de Camp Bucca, y la infausta cárcel de Abu Ghraib, famosa por las torturas a los reclusos.

Ya de camino a Qatar, los periodistas han mencionado una supuesta oferta del exlíder salafista al presidente de Estados Unidos: la de construir una torre Trump en Damasco, la capital siria. El mandatario ha eludido responder, antes de describir a Al Shara como “un tipo joven y atractivo” y a su pasado como “fuerte”. Después ha resumido el encuentro entre ambos con un adjetivo: “Genial”.

Al Shara trata de hacer olvidar su trayectoria. Ha abandonado las alusiones a un “régimen islámico” en Siria y su nombre de guerra, Abu Mohamed al Julani. También ha recortado su barba y adoptado el traje occidental. Quienes ha convencido a Trump de que esa metamorfosis va más allá de la apariencia han sido dos líderes que el mandatario estadounidense había definido este martes como “dos amigos”. Se trata del heredero saudí y de Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco. Erdogan también ha participado por teléfono en la reunión de Trump con Al Shara.

Tanto Riad como Ankara habían presionado a Washington para que levantara las sanciones contra Siria, que hasta ahora había mantenido a pesar del derrocamiento en diciembre del régimen de Bachar el Asad, contra el que iban dirigidas.

La última vez que los mandatarios de EE UU y Siria se reunieron fue hace 25 años, en 2000, cuando Bill Clinton y Hafez el Asad —padre del derrocado Bachar el Asad— mantuvieron un encuentro. Fue en la ciudad suiza de Ginebra, donde discutieron sin éxito sellar la paz entre Siria e Israel.

Un precio alto

La normalización con Israel que Trump ha reclamado a su homólogo no es un precio bajo por sacar a Siria de la lista de países considerados parias. Desde 1967, Israel mantiene ocupados los Altos del Golán sirios, de donde procede precisamente la familia de Al Shara. La población del país árabe es además, en gran parte, antiisraelí, un sentimiento ahora probablemente exacerbado, no solo por la ofensiva de Israel en Gaza, sino por la reciente ocupación de otra porción de territorio sirio por parte de su vecino.

Después de una ofensiva relámpago por parte de una alianza de grupos armados capitaneados por HTS, que derrocaron a Bachar el Asad en 12 días, Israel aprovechó para tomar más territorio sirio en la zona desmilitarizada aledaña a los Altos del Golán. En esa área, ha levantado al menos siete bases militares. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha proclamado además su intención de permanecer allí, mientras no deja de bombardear las escasas instalaciones y equipamiento del casi desmantelado ejército de Siria.

El pasado 2 de mayo, Israel llegó a bombardear una zona situada muy cerca del palacio presidencial de Damasco, supuestamente en apoyo de la minoría drusa, una parte de la cual vive también en los Altos del Golán ocupados. Las autoridades israelíes tratan de atraerse el favor de esa comunidad y espolean las divisiones sectarias en un país cuyo rompecabezas étnico y religioso están tratando de recomponer sus nuevas autoridades.

La respuesta de Al Shara ha demostrado el gran pragmatismo que se le atribuye. Hasta ahora, ha evitado el más mínimo conato de enfrentamiento bélico con Israel, cuya superioridad militar es aplastante, e incluso restringido al máximo sus declaraciones sobre la agresión israelí. Ahora Trump le reclama, sin embargo, un paso de gigante que su población podría no entender: establecer relaciones diplomáticas con el país que mantiene parte de Siria bajo ocupación.

A Israel le interesa que ese país árabe siga siendo frágil y esté étnicamente dividido y aspira a contar con aliados internos que ejerzan de quinta columna de sus intereses. De ahí que se haya opuesto al levantamiento de las durísimas sanciones que impiden a Siria acceder al sistema financiero mundial, vetan la inversión extranjera y dificultan la tarea de las organizaciones humanitarias.

Israel pone trabas de esa manera al principal objetivo expresado por el líder sirio: la reconciliación de su país, desgarrado por 14 años de guerra y que deplora al menos 600.000 muertos desde 2011. El segundo objetivo de Al Shara —confirmado como presidente interino para pilotar una transición sin plazos en enero—, era y es que se levanten las sanciones internacionales para iniciar la tarea titánica de reconstruir su país.

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Esa elevada cifra de muertos ha convertido ya esta jornada en una de las más mortíferas desde que Israel rompió unilateralmente el alto el fuego con Hamás el pasado 18 de marzo. Desde ese día, casi 2.800 palestinos han perecido en Gaza. Un portavoz del Hospital Indonesio, en el norte del territorio, ha precisado que del alrededor de medio centenar de muertos en Yabalia y su campo de refugiados, al menos 22 eran niños y otros 15, mujeres. Todos llegaron a la morgue de ese centro.

Otros bombardeos se han anunciado además para las próximas horas. El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, ha divulgado este miércoles por la tarde en un tuit una orden de evacuación inmediata que afecta al hospital Al Shifa, de Ciudad de Gaza, y varias zonas aledañas. Esos anuncios suelen preceder a nuevas masacres.

Las imágenes difundidas por medios palestinos muestran a algunos de los supervivientes de los ataques de esta madrugada en medio de un panorama de desolación absoluta, con edificios destruidos y cascotes que algunos de ellos removían para tratar de encontrar a personas con vida. Como viene sucediendo desde el principio de los bombardeos israelíes, hace ya 19 meses, la mayor parte de esas víctimas eran mujeres y niños, han subrayado fuentes palestinas.

Varios vídeos y fotografías difundidos en internet muestran numerosos cadáveres en el suelo del hospital, varios de ellos de menores. En una de las grabaciones, un niño de pocos meses aparece con una pierna amputada a la altura del muslo, mientras un sanitario trata de calmarlo —está consciente— y detener la hemorragia, a bordo de una ambulancia.

En un listado de víctimas divulgado por las autoridades sanitarias de la Franja en marzo figuraban, con nombre y apellidos, 15.613 menores muertos en los 19 meses de ataques israelíes. 876 no habían cumplido un año. La cifra total de fallecidos ha seguido aumentando desde entonces hasta alcanzar este miércoles los 52.900 muertos.

Los ataques de esta madrugada se han producido solo horas después de los que golpearon en la víspera tanto el norte como el sur de la Franja, y que incluyeron el bombardeo del Hospital Europeo de Jan Yunis. Ese bombardeo mató al menos a 16 personas e hirió a otras 70.

Según medios israelíes, el objetivo de los proyectiles era el actual líder de Hamás en Gaza: Mohamed Sinwar, hermano del anterior dirigente del grupo, Yahia Sinwar, que murió en octubre en un ataque israelí en la meridional Rafah. Las autoridades israelíes sostienen que Sinwar se ocultaba en un búnker bajo el centro médico, algo que Hamás niega. Israel suele utilizar la supuesta existencia de instalaciones subterráneas bajo los hospitales para justificar sus bombardeos de esos centros sanitarios, que pueden constituir crímenes de guerra, según el Derecho Internacional Humanitario. No está claro si el dirigente de Hamás ha sobrevivido.

Según una declaración en vídeo del cirujano británico Tom Potokar, del Comité Internacional de la Cruz Roja, difundida en redes sociales, las explosiones en el hospital Europeo de Gaza afectaron a departamentos del hospital donde se trataba a niños que estaban esperando una evacuación médica. También a menores con cáncer.

Netanyahu, “humillado”

Jan Yunis, la localidad meridional donde se encuentra ese complejo hospitalario, fue el escenario el lunes de la liberación por parte de Hamás del único rehén estadounidense vivo aún en su poder de los 59 que aún retiene, la mayoría —más de 30— ya cadáveres. La entrega del soldado con doble nacionalidad israelí y estadounidense Edan Alexander fue el fruto de “contactos directos” con Estados Unidos, según Hamás, que definió esa liberación como “un gesto de buena voluntad” hacia Trump, en vísperas de su viaje.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, trató de arrogarse luego el mérito de esa liberación, atribuyéndola en parte a la “presión militar” de Israel. Yossi Verter, columnista del diario Haaretz, considera que el hecho de que Washington lograra recuperar al primer rehén liberado desde que Israel rompió la tregua con Hamás el 18 de marzo ha sido una “humillación dolorosa” para el primer ministro.

Este columnista relaciona esa afrenta con la decisión del Ejecutivo israelí de enviar este martes una delegación a Doha, la capital qatarí —donde Trump ha llegado este miércoles— para negociar un nuevo alto el fuego con Hamás.

El mandato de ese equipo es, sin embargo, limitado. Netanyahu ya ha dejado claro que incluso si Hamás libera a los rehenes, Israel retomará después la guerra hasta su objetivo declarado: la victoria total sobre Hamás.

En la reanudación de su embestida militar de este miércoles, además de los ataques sobre Yabalia, las fuerzas israelíes bombardearon de nuevo la zona costera de Al Mawasi, en el sur del territorio, a la que Israel ya ni siquiera define como “humanitaria” después de haber pasado meses instando a los palestinos a que se refugiaran allí. Un dron israelí bombardeó varias tiendas de campaña en esa estrecha franja costera. Al menos dos niñas y una mujer murieron, según Wafa.

Mientras, la catastrófica situación de la población de la Franja —algo más de 2,2 millones de personas que están cerca o ya inmersos en una hambruna— continúa deteriorándose. Los bombardeos que no cesan y el bloqueo total que Israel impuso el 2 de marzo a la entrada de ayuda humanitaria —incluida la comida— a Gaza han llevado a Médicos sin Fronteras (MSF) a asegurar que sus equipos están presenciando “en tiempo real la creación de las condiciones necesarias para la erradicación de la vida palestina en Gaza”, asegura un comunicado de la organización.

Ese bloqueo amenaza con matar de hambre y de sed a los gazatíes que sobreviven a los bombardeos. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 57 niños han muerto en Gaza por desnutrición desde la ruptura de la tregua. El personal de MSF en la capital de Gaza ha constatado “un aumento del 32% en el número de pacientes con desnutrición en apenas dos semanas”.

El Ministerio de Sanidad de la Franja ha alertado además este mismo miércoles de que el 90% de las plantas desalinizadoras y el 80% de las depuradoras de agua están fuera de servicio. Nueve de cada diez palestinos de ese territorio no tienen agua suficiente ni de calidad aceptable para cubrir sus necesidades.

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, había instado el martes a los países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a “prevenir el genocidio y garantizar el respeto del Derecho Internacional Humanitario” en ese territorio palestino ocupado. MSF acusa a Israel de ejecutar una “limpieza étnica”.

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“[En Siria] hay un nuevo Gobierno que, con suerte, logrará estabilizar el país y mantener la paz. Ordenaré el cese de las sanciones contra Siria para darles una oportunidad de grandeza”, ha dicho el presidente ante una audiencia en Riad entre la que se encontraba el príncipe heredero saudí y hombre fuerte del país, Mohamed bin Salmán, que celebró el anuncio con una ovación en pie. Washington había mantenido esas restricciones económicas, a pesar de la caída en diciembre del régimen de Bachar el Asad, contra el que iban dirigidas.

Poco antes del anuncio, Trump había confirmado que este miércoles tenía pensado verse con el nuevo dirigente sirio en lo que su entorno definió como un “saludo”, a pesar de que Al Shara, por cuya cabeza Washington ofrecía una recompensa de diez millones de dólares (unos nueve millones de euros) hasta el pasado diciembre, sigue en la lista oficial de terroristas del Departamento de Estado. Interrogado por los periodistas sobre si ese saludo iba a tener lugar, Trump aseveró: “Sí, creo que sí”.

La última vez que dos presidentes de ambos países se reunieron fue hace 25 años, en 2000, cuando Bill Clinton y Hafez el Asad —el padre de Bachar el Asad, derrocado en diciembre tras casi 14 años de guerra— mantuvieron un encuentro en Ginebra, en el marco de los esfuerzos, que resultaron vanos, por sellar la paz entre Siria e Israel.

El encuentro entre Trump y el exlíder de Hayat Tahrir el Sham, en su día una filial de Al Qaeda, supone un espaldarazo a la vuelta al redil internacional del país árabe y de su líder. Más aún lo es el anuncio de la retirada de las sanciones. Desde que Al Shara tomó el poder tras derrocar a Bachar el Asad y lanzó en enero una transición en Siria en enero, sus dos prioridades han sido estabilizar la volátil relación entre los distintos grupos étnicos y religiosos que componen el país y el levantamiento de las sanciones internacionales para reconstruir la devastada economía siria, tras 14 años de guerra

El anuncio sobre Siria se ha conocido prácticamente al mismo tiempo que la Casa Blanca confirmaba que Riad, que había presionado para que Trump se viera con Al Shara, ha firmado con Washington contratos por valor de 600.000 millones de dólares en armas y minerales raros. Esa cantidad es la que prometió Arabia Saudí a Trump hace semanas, aunque el presidente aspiraba a que la cifra ascendiera a un billón de dólares (unos 900.000 millones de euros) para empresas americanas”, dijo Trump hace semanas.

Ese acuerdo económico ha abierto la veda de una competición regional para ver quién ofrece una cifra más alta al antiguo magnate inmobiliario. En el caso de Emiratos, 1,4 billones de dólares en contratos en 10 años. Qatar aún no ha precisado su puja por el favor de Trump, pero se espera que lo haga el miércoles, con el presidente ya en Doha.

En medio de estas ofertas estratosféricas, la convulsa situación geopolítica que vive Oriente Próximo no es la prioridad en la agenda de Trump, centrada en lograr contratos millonarios como los que Washington ha anunciado con Arabia Saudí.

La cuestión de la principal crisis de Oriente Próximo, Gaza, está quedando especialmente desdibujada de esta visita del presidente de Estados Unidos. Y ello a pesar de que el pasado 5 de mayo el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu anunció su intención de conquistar y retener el territorio de Gaza por la fuerza militar. Ese proyecto amenaza con inflamar aún más la región, mientras Israel no oculta su descontento por las negociaciones de Washington con Irán sobre el programa nuclear de Teherán y por el pacto de no agresión de Estados Unidos con los hutíes de Yemen. Trump ha dejado además fuera a Israel de este viaje —que es su primera visita oficial al extranjero, exceptuando su asistencia al funeral del papa Francisco en Roma—

Ni siquiera está claro si el presidente abordará con sus interlocutores saudíes el que sigue siendo su objetivo estrella en Oriente Próximo: el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Israel. Esa normalización, que pondría la guinda a los Acuerdos de Abraham de 2020 —por los que Emiratos, Marruecos y Baréin establecieron relaciones con el Estado judío—, es ahora inverosímil. Riad la vincula a una hoja de ruta para el establecimiento de un Estado palestino.

El cortejo al presidente anunciado desde hace semanas a golpe de ofertas millonarias se había desplegado ya antes de que el Air Force One tomara tierra. Una escuadrilla de cazas F-15 saudíes escoltó la aeronave presidencial por los cielos del reino durante media hora. Cuando el predecesor de Trump, Joe Biden, visitó el país árabe en 2022, el heredero de su dinastía reinante ni siquiera acudió a recibirlo.

Junto al mandatario ha aterrizado en Riad una nutrida delegación de empresarios, cuya presencia da fe del foco económico de la visita. Entre ellos, el hombre a quien se considera como una especie de valido presidencial, Elon Musk, consejero delegado de Tesla y asesor del presidente. También acompañan a Trump el considerado zar de las criptomonedas de la Casa Blanca, David Sacks, y los directores ejecutivos de IBM, BlackRock, Citigroup, Palantir y Qualcomm, una empresa de semiconductores.

Petrodólares

La coreografía del halago que está siguiendo Arabia Saudí con Trump recuerda mucho a la que desplegó en 2017, cuando un presidente estadounidense aún bisoño rompió con la tradición de su país de que el primer viaje oficial de un mandatario recién elegido fuera a Canadá o al Reino Unido. El anzuelo fueron entonces 350.000 millones de dólares (316.000 millones de euros) en acuerdos prometidos por Riad, que luego se quedaron en mucho menos.

Un Trump aparentemente fascinado por los fastos, la adulación —enormes carteles con su imagen presidían la fachada del hotel Ritz-Carlton de Riad— y los oropeles instalados a su mayor gloria por Bin Salmán firmó entonces con gran pompa un acuerdo para vender armas a los saudíes por 110.000 millones de dólares.

El republicano obtuvo ese y otros titulares plagados de cifras con muchos ceros, pero el tiempo terminó por desmentirlos. A finales de 2018, ese pacto armamentístico solo se había traducido en el desembolso por parte de los saudíes de una cantidad mucho menor a la prometida: 14.500 millones de dólares. La cumbre conjunta que congregó a decenas de líderes árabes y musulmanes terminó con un comunicado vacío, recordaba este lunes The Economist, que definía aquella visita como “más espectáculo que sustancia”.

Ese riesgo amenaza también la visita de Trump que ha comenzado hoy. Varios expertos han puesto en duda que la oferta saudí de 600.000 millones de dólares sea realista con el petróleo —el maná del que se nutre la opulencia saudí— a 60 dólares el barril. Ese desplome del precio del crudo tiene su origen en la guerra arancelaria de Estados Unidos. Los Estados del Golfo tampoco se han librado del gravamen general del 10% decretado por Trump y podrían asomarse a la inflación por la debilidad del dólar, al que están vinculadas sus monedas.

El mandatario inicia además su viaje en Riad bajo la sombra de un posible conflicto de intereses. El Fondo de Inversión Pública (FIP) del reino invirtió 2.000 millones de dólares en Affinity Partners, la firma del yerno de Trump, Jared Kushner, justo después de que este dejara su cargo como enviado del presidente en Oriente Próximo en 2021. Desde entonces, la relación entre Arabia Saudí y el emporio de los Trump no ha hecho sino crecer. La Organización Trump está construyendo una torre de apartamentos de lujo en Yeda, además de otros acuerdos millonarios. A finales de abril, Eric Trump, uno de los hijos del mandatario y vicepresidente ejecutivo de la empresa familiar, firmó con la constructora saudí Dar Global el desarrollo de un hotel de 80 pisos en Dubái.

La sospecha de lo inaceptable se cierne especialmente sobre una oferta con la que Qatar se ha posicionado en la carrera por adular a Trump a golpe de petrodólares. La Administración estadounidense prevé aceptar un lujoso Boeing 747-8 por valor de 400 millones de dólares —un Jumbo— como donación de la familia real qatarí. The New York Times asegura que el presidente ha pedido que se utilice como Air Force One mientras espera que Boeing entregue dos aviones presidenciales encargados por la Casa Blanca. “Nos están haciendo un regalo”, dijo el presidente el lunes. Y zanjó: “Sería estúpido no aceptarlo”.

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Alexander, cuya entrega a la Cruz Roja ha tenido lugar alrededor de las 17.30 locales (las 16.30 en la España peninsular), se encuentra ya en territorio israelí, según un comunicado del ejército israelí. Una primera fotografía del joven —que también tiene nacionalidad israelí— difundida por la televisión qatarí Al Jazeera lo muestra aparentemente con buen estado de salud junto a tres militantes de Hamás con el rostro cubierto y una trabajadora de la organización humanitaria.

El domingo, un alto cargo de la rama política de Hamás, Jalil al Haya, había adelantado que Hamás liberaría al soldado, uno de los alrededor de una veintena de rehenes, la mayoría hombres de entre 20 y 30 años, que siguen vivos. El resto, más de una treintena, entre ellos cuatro estadounidenses, son cadáveres. Al Haya explicó que esta es su forma de mostrar su disponibilidad a iniciar de inmediato las negociaciones para alcanzar un acuerdo final “que pare la guerra” y permita el “intercambio de prisioneros de forma consensuada [rehenes por presos palestinos en cárceles israelíes]”.

Esos dos objetivos, la liberación de los rehenes aún cautivos y el final de la guerra, eran los que preveía la segunda fase del alto el fuego que entró en vigor en Gaza en enero y que el Gobierno de Benjamín Netanyahu rompió unilateralmente el pasado 18 de marzo. Precisamente para no tener que negociar el fin de su ofensiva militar.

Su Ejecutivo había vetado totalmente a principios de ese mes la entrada de suministros de cualquier tipo en la Franja, incluidos alimentos y medicinas. Solo hasta el pasado 7 de mayo, 54 personas habían muerto allí por inanición, según fuentes sanitarias gazatíes. Los ataques que el ejército israelí retomó en marzo han matado además al menos a 2.700 palestinos. En los 19 meses de ofensiva israelí, más de 52.800 personas, la mayoría mujeres y niños, han perecido en Gaza.

La liberación del soldado Alexander, que ha sido el primer rehén entregado por Hamás desde la ruptura de esa tregua, se ha fraguado sin participación israelí, según el movimiento palestino, que la atribuye a “contactos directos” con Washington. Estados Unidos informó el domingo al Gobierno israelí de la inminente liberación del militar, precisó en un comunicado la oficina del primer ministro israelí. Netanyahu ha asegurado este lunes que esta liberación ha sido posible gracias a la presión militar de Israel y la “presión diplomática aplicada por el presidente Trump. Esa es una combinación ganadora”.

Trump había indicado este domingo, en un mensaje en su red social Truth, que las negociaciones habían tenido como mediadores a Egipto y Qatar. Esos dos Estados árabes auspiciaron las dos efímeras treguas —la que Israel rompió en marzo y la anterior, en noviembre de 2023— que ha conocido la Franja desde octubre de 2023. El presidente estadounidense expresó luego su deseo de que la entrega de Alexander “sea el primero de los pasos finales necesarios para poner fin a este brutal conflicto”.

Lo que Hamás ha definido como un gesto hacia el mandatario sucede en vísperas de la llegada de Trump a la región, una visita de alto contenido simbólico —es su primer viaje oficial al extranjero, sin contar su asistencia al funeral del papa Francisco—, que no incluye una parada en Israel. Ello en un momento en el que las negociaciones de Washington con Irán sobre el programa nuclear de ese país —que Israel no ve con buenos ojos—, y el pacto de EE UU con los rebeldes hutíes en Yemen apuntan a un posible enfriamiento de la relación bilateral con la Administración de Netanyahu. Ese pacto con los milicianos yemeníes no ha sentado bien en Israel, fundamentalmente porque no menciona el cese de los ataques de esos rebeldes contra su territorio.

Con la liberación del rehén ya confirmada, el primer ministro israelí había negado este lunes por la mañana que esta sea el preludio de un alto el fuego en Gaza. Su oficina ha asegurado más tarde que Israel enviará una delegación negociadora a Doha, la capital qatarí, para iniciar conversaciones indirectas con Hamás con vistas a conseguir una tregua que permita aplicar “el esquema previsto para la liberación de rehenes” antes “de la escalada de los combates”, en probable alusión a la ruptura del alto en fuego de marzo. Ese anuncio se ha hecho público después de que Netanyahu se reuniera con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y con el embajador de EE UU en Israel, Mike Huckabee.

Encuentro con Trump

Edan Alexander fue capturado el 7 de octubre de 2023, a los 19 años, en un puesto militar cercano a Gaza, donde se encontraba haciendo el servicio militar. Ese día, militantes de Hamás irrumpieron en territorio israelí, mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a 251. Nacido en Tel Aviv pero criado en Nueva Jersey, este recluta ni siquiera residía en Israel. Era lo que se conoce como un “soldado solitario”, un joven que viaja al país para cumplir con el servicio militar obligatorio. En su caso, en la brigada Golani.

La entrega de este joven, que había aparecido en dos vídeos de Hamás, se ha efectuado sin cámaras y sin una ceremonia propagandística como las que el grupo escenificó para entregar a la Cruz Roja a otros rehenes —en algunos casos, sus ataúdes— en ocasiones anteriores. Así lo hizo al liberar a varios de los 38 rehenes que devolvió a Israel durante la tregua a la que Israel puso fin.

Sin ceremonias ni escenarios, la liberación ha seguido luego el protocolo habitual. La Cruz Roja ha trasladado al soldado a un punto de encuentro con el ejército israelí dentro de la Franja, antes de que los militares lo condujeran a la base de Re’im, junto a la frontera de Gaza, pero ya en territorio israelí. Allí lo esperaban sus familiares, incluida su madre, que había volado desde Estados Unidos para acogerlo. También el enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

Los medios israelíes informaron después de que el militar será trasladado en helicóptero al hospital Ichilov de Tel Aviv, donde se le someterá a un chequeo médico. De acuerdo con Haaretz, si su estado de salud se lo permite, Alexander viajará a Qatar esta semana para reunirse en persona con Trump.

Mientras, el foro que agrupa a la mayoría de las familias de los rehenes ha asegurado este lunes en un comunicado que esta liberación es la prueba de “cómo un liderazgo determinado puede conseguir resultados”. El 2 de mayo, el primer ministro israelí había atizado los temores de estas familias de que la liberación de los secuestrados sea una cuestión secundaria para su Gobierno, al afirmar que el retorno de los rehenes era una “tarea muy importante”, pero supeditaba al objetivo fundamental de Israel en Gaza: una victoria total sobre Hamás.

Decenas de familiares han marchado este lunes hasta un edificio en Tel Aviv de la Embajada de Estados Unidos, cuya sede principal Trump trasladó a Jerusalén en 2018. En sus carteles, se leía “In Trump, we trust” (Confiamos en Trump). Esa frase emula al lema oficial de EE UU “In God, we trust” (Confiamos en Dios).

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Esta afgana no ha sido la única a la que España ha autorizado viajar a su territorio sin integrarla luego en su sistema de acogida, de por sí modesto en comparación con el de otros países europeos. Solo a dos de las organizaciones que apoyan a las afganas que tratan de obtener protección internacional —la que preside Amin, Esperanza de Libertad, y Netwomening— les constan al menos siete casos similares solo en las últimas tres semanas. Ambas ONG suponen que pueden ser muchos más.

Al día siguiente de la llegada de Sultani, otras dos afganas arribaron a Barajas en idénticas circunstancias y acabaron también alojadas por Amin, ella misma una refugiada a quien tampoco le sobran los recursos.

El 27 de abril, aterrizaron otras cuatro, también sin protección automática, aunque su caso es algo diferente. A esas cuatro mujeres —una parlamentaria del anterior régimen afgano y tres familiares— la Embajada de España en Irán les denegó el visado. Después tuvo que rectificar por decisión de la Audiencia Nacional, en el marco de un recurso contencioso-administrativo contra esa decisión presentado con ayuda de Netwomening. El tribunal dictó entonces unas medidas cautelares por las que ordenó a la legación española que trasladara a esas cuatro mujeres a España.

Aunque esas cuatro afganas informaron a la Embajada de su viaje, destaca María López, vicepresidenta de Netwomening, no “se ha gestionado su acogida en el programa de protección internacional” y han acabado en casa de un familiar.

Como a las otras tres afganas, tampoco se “les ha dado una cita para solicitar asilo”. El argumento oficial es que estas personas que llegan a España sin la copia de la resolución de traslado o gracias a medidas cautelares, tienen que entrar en el país y luego pedir cita para solicitar protección internacional en los números de teléfono destinados para ello de las oficinas de Extranjería.

Ese trámite sería sencillo si no fuera porque esos números están colapsados y es prácticamente imposible contactar con ellos. En el improbable caso de que alguien responda —hay solicitantes que han llamado 8.000 veces en un día—, las citas se demoran meses. Mientras, el aspirante queda fuera del sistema de acogida y corre el riesgo de que su visado —el de las afganas suele ser de 90 días— expire, lo que le dejaría en situación irregular. Según la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), 167.366 personas solicitaron protección internacional en España en 2024.

María López teme que las sucesivas trabas que afrontan estas mujeres “las desincentiven a pedir protección en España y a ver garantizados sus derechos”. Al denegarles los visados a ellas o a sus familiares, o bien al dejar fuera del sistema de acogida a afganas a quienes sí les han concedido el traslado a España.

Esta abogada recuerda la historia de una viuda hazara —una etnia perseguida por los talibanes— con dos hijos, cuyo marido fue asesinado y a quien la legación española en Pakistán “le negó el visado porque no había presentado aún el certificado de defunción del esposo”. Un despacho de abogados que colabora con Netwomening recurrió la decisión y presentó ese documento, pero la Embajada “no ha respondido aún”.

López cita otra situación. La de mujeres afganas que llevan años esperando cita en las sedes diplomáticas españolas. Y cita otro caso; el de una fiscal ciega que lleva tres años esperando para ello. Esta mujer subsiste ahora “en una tienda de campaña en Islamabad. Pakistán está ahora mismo deportando a afganas, con el consiguiente riesgo de que sean asesinadas por los talibanes en su país. Especialmente si han ejercido un cargo de poder o en el sistema judicial.

“Las embajadas deniegan visados a las mujeres o a sus familiares, a veces sin explicar los motivos, como sucede en la Embajada española en Irán. Luego no responden a los recursos de reposición, como en la legación en Pakistán, y fuerzan a las mujeres a recurrir a costosos recursos en la Audiencia Nacional”, continúa esta jurista. Ello requiere “encontrar a un despacho [de abogados] y un servicio de procura, lo que está fuera del alcance de la mayoría de ellas. Si esos profesionales no trabajan pro bono [gratis], como hacemos en Netwomening y en algunos bufetes, se quedan indefensas”, subraya. “Luego al Gobierno se le llena la boca diciendo que estamos junto a las mujeres afganas”, critica María López.

Fuentes del Ministerio de Exteriores respondieron a este diario señalando que “el Gobierno de España ha apoyado de manera continua a las mujeres afganas desde la caída del gobierno legal de Kabul en agosto de 2021, apoyando y promoviendo resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos, aumentando la ayuda humanitaria, y el mandato del Relator Especial sobre Afganistán de la ONU, entre otros”

Además “de la evacuación de más de 4.000 funcionarios y sus familias, las embajadas españolas en Pakistán, Irán y Turquía han autorizado el traslado a España de hasta 2.000 personas en busca de protección internacional. Más de 700 de ellas son juezas, fiscales, defensoras de los derechos humanos o periodistas, cuya integridad física corría peligro en Afganistán”, reza la respuesta remitida a EL PAÍS.

Persecución solo por ser mujer

Las fuentes subrayaron otras iniciativas del Gobierno ante el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional para que los talibanes rindan cuentas. No explicaron, sin embargo, por qué la Administración está dejando fuera del sistema de acogida a algunas afganas, ni por qué se deniega el traslado a España a mujeres de esa nacionalidad que lo solicitan en Pakistán e Irán.

Una sentencia del pasado 4 de octubre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que cualquier afgana, solo por su sexo, debería beneficiarse de protección internacional por estar sometida a “actos de persecución” por parte de los talibanes. El tribunal mencionaba algunos del más de centenar de edictos aprobados por los fundamentalistas desde su retorno al poder en agosto de 2021, que prohíben a las afganas estudiar a partir de los 12 años, trabajar, viajar solas, obtener documentos sin permiso de un varón, elegir su ropa o incluso asomarse a las ventanas.

Netwomening, precisa su vicepresidenta, ha ayudado al menos a diez afganas a recurrir en vía administrativa la denegación de sus visados para España. Si estos recursos no se resuelven en breve, se verán obligadas a acudir a la Audiencia Nacional. De ellos, subraya López, tres son posteriores a esa sentencia del TJUE. Esta jurista asegura que conoce otros casos.

De los siete casos de afganas ya en España citados, de los que ha tenido conocimiento este diario, solo se ha resuelto el de Hamida Sultani. De las seis mujeres restantes que no han sido incluidas en el sistema de acogida, dos se han marchado a Francia, explica Amin —donde no pueden solicitar asilo pues deben hacerlo en el país de llegada, España— y las otras cuatro siguen sin cita para solicitar asilo.

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El aplazamiento sine die de las negociaciones empaña el cauto optimismo que había presidido las tres rondas negociadoras mantenidas hasta ahora entre Washington y Teherán para tratar de conseguir un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní. El pasado 12 de abril comenzó ese diálogo con una reunión en Omán, el país mediador. Ese encuentro fue el primero reconocido públicamente entre Estados Unidos e Irán desde que la Administración de Donald Trump abandonara hace siete años, en el primer mandato del republicano, un trascendental pacto sobre el programa nuclear alcanzado en 2015.

El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA en sus siglas en inglés) —entre Irán, Estados Unidos, tres potencias europeas (Francia, el Reino Unido y Alemania), además de Rusia y China—, obligaba a Teherán a limitar su programa de enriquecimiento de uranio y someterlo a una estricta supervisión internacional para garantizar que no fabricara armas atómicas. A cambio, Teherán obtuvo un alivio progresivo de las sanciones internacionales hasta que, en 2018, Trump lo abandonó unilateralmente y restableció las medidas de castigo de EE UU contra la economía iraní.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, confirmó este jueves por la noche en la red social X que la cuarta ronda del diálogo nuclear con Washington había sido aplazada. “Junto con los interlocutores omaníes y estadounidenses, hemos decidido posponer la cuarta ronda de conversaciones por razones logísticas y técnicas”, recalcó el jefe de la diplomacia de Teherán, que encabeza la delegación política de su país en las negociaciones que han transcurrido en Mascate, la capital de Omán, y Roma, aunque siempre bajo mediación omaní.

Araghchi recalcó luego que “por parte de Irán, no hay cambios” en su “determinación de lograr una solución negociada”. El ministro subrayó luego que su país está “más decidido que nunca a lograr un acuerdo justo y equilibrado: garantizar el fin de las sanciones y crear confianza en que el programa nuclear de Irán seguirá siendo siempre pacífico”, al mismo tiempo que se asegura de que “se respeten plenamente los derechos iraníes”.

También el jefe de la diplomacia omaní, Badr al Busaidi, atribuyó el jueves el aplazamiento de las conversaciones a “razones logísticas”. Tras la tercera ronda de contactos del sábado 26 de abril, el sultanato divulgó un comunicado en el que anunció un nuevo encuentro entre Irán y Estados Unidos este sábado 3 de mayo. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Estado aseguró más tarde que Washington no había confirmado su participación en una cuarta reunión y remitió su celebración a un impreciso “futuro próximo”.

Un funcionario iraní puntualizó el jueves bajo anonimato, a esa misma agencia de noticias, que la nueva fecha para la cuarta ronda negociadora se fijará “en función del enfoque de Estados Unidos”. Luego aludió de forma explícita a que “las sanciones de EE UU a Irán durante las conversaciones nucleares no están ayudando a las partes a resolver la disputa nuclear a través de la diplomacia”.

El miércoles, Washington impuso sanciones a varias entidades a las que acusó de participar en el comercio ilícito de petróleo y productos petroquímicos iraníes. Este mismo viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado en su sitio web una serie de “medidas contra una red de facilitadores financieros y agentes de aprovisionamiento [de los] hutíes que trabajan en coordinación con Sa’id al-Jamal, un alto funcionario financiero hutí respaldado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”.

Washington ha bombardeado intensamente a esa milicia yemení aliada de Irán que, tras la ruptura unilateral del alto en fuego en Gaza por parte de Israel, ha vuelto a atacar a buques mercantes en el mar Rojo.

Tras el anuncio de las nuevas sanciones, Irán acusó a Estados Unidos de “comportamiento contradictorio y declaraciones provocadoras”.

Presiones de Israel

Irán ha afrontado la negociación nuclear de la que depende el alivio de las sanciones que ahogan a su economía —el dato de inflación oficial, que se considera infravalorado, ronda el 35% anual— con una línea roja: la del desmantelamiento de su programa de enriquecimiento de uranio. La delegación iraní se sienta además a la mesa de diálogo en medio de las amenazas, reiteradas por Trump, de que si no se alcanza un compromiso, Estados Unidos bombardeará Irán o apoyará a Israel para que lo haga.

Sin haber quedado descartada, esa exigencia maximalista, expresada por altos funcionarios de la Administración de Trump, parecía haber quedado aparcada a medida que se sucedían las tres primeras reuniones. La tercera, el sábado 26 de abril, que también había sido aplazada desde el miércoles anterior, transcurrió además de forma paralela al primer encuentro entre las delegaciones técnicas de ambos países. Ese mismo día, Irán sufrió una explosión en el puerto meridional de Shahid Rajai, en la ciudad de Bandar Abás, que mató al menos a 40 personas e hirió a unas 1.200.

Lo que se conoce como “escenario libio”; es decir, el desmantelamiento completo del programa nuclear —como sucedió a partir de 2003 en la Libia del coronel Muamar Gadafi— es el escenario preferido por Israel, que ha mostrado su desagrado por la negociación nuclear entre Estados Unidos y su némesis regional.

El 27 de abril, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aludió al escenario libio e insistió en que el acuerdo debería asegurar el “desmantelamiento” del programa nuclear iraní y su capacidad para enriquecer uranio. El ministro de Exteriores iraní replicó a esa afirmación señalando que esas palabras “estaban fuera de la realidad”.

La Administración de Trump ha apoyado en ocasiones esa exigencia israelí, mientras que otras veces, sus altos funcionarios y el propio presidente han afirmado que bastaría con que Teherán garantice que no fabricará armas atómicas. El jueves, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Irán no debería enriquecer uranio y que tendría que limitarse a comprar ese mineral enriquecido que las alimenta a otros países si quiere disponer de centrales nucleares civiles.

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Ambas partes han mostrado hasta ahora un cauto optimismo. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, que encabeza la delegación política de su país, definió las dos primeras reuniones como “constructivas”, mientras que un portavoz de la Casa Blanca aludió a “progresos” tras el encuentro del pasado sábado en Italia. La desconfianza mutua y la incertidumbre persisten —también las declaraciones contradictorias de la Administración de Trump— pero el inicio de las discusiones técnicas sugiere que ambas partes han expresado “objetivos pragmáticos y realistas para las negociaciones y quieren explorar los detalles”, asegura Kelsey Davenport, director de política de no proliferación de la Asociación de Control de Armamentos, en una entrevista con Associated Press.

Esas demandas realistas son para Washington que Irán no fabrique armas nucleares y ofrezca garantías de ello, según expresó el propio Trump la semana pasada. Para Teherán, su prioridad absoluta es el levantamiento de las sanciones internacionales que ahogan la economía del país, reiteró este martes en su conferencia de prensa semanal la portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemeh Mohajerani.

Mientras, Irán está desplegando una intensa actividad diplomática para convencer a Estados Unidos de que la opción del ataque militar con la que su presidente sigue amenazando es una mala idea y obtener apoyo de cara a las negociaciones. Especialmente de una potencia regional, Arabia Saudí, y de otras dos grandes superpotencias mundiales, China y Rusia. Moscú y Pekín rubricaron en 2015 el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA en sus siglas en inglés), el acuerdo nuclear firmado por Irán con EE UU y los otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania y la UE, que agonizó tras el abandono unilateral de la primera Administración de Trump en 2018. Tres años después, Teherán empezó a enriquecer uranio con un 60% de pureza y aceleró el paso a una bomba nuclear, algo para lo que tiene ya prácticamente capacidad técnica.

Araghchi viajó este martes a Pekín, donde tiene previsto reunirse este miércoles con “altos funcionarios”, según el portavoz del Ministerio de Exteriores del país, Ismail Baghaei. El pasado viernes, el jefe de la diplomacia iraní visitó Moscú para informar de las negociaciones nucleares al presidente ruso, Vladímir Putin. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó luego que su país estaba “dispuesto a ayudar, mediar y desempeñar cualquier papel que, desde el punto de vista de Irán, pueda ser útil y que sea aceptable para Estados Unidos”. También aseveró que para el Kremlin “la única opción es un acuerdo”. Putin abordó este martes las negociaciones nucleares sobre el programa atómico iraní con el sultán de Omán, el país mediador, en viaje oficial en Rusia, informó la agencia oficial TASS.

La semana pasada, Irán había acogido al ministro de Defensa saudí, Jalid bin Salmán —hermano del príncipe heredero y hombre fuerte del país, Mohamed bin Salmán― en una visita oficial inédita desde que ambos países restablecieran sus relaciones diplomáticas en marzo de 2023. El viaje incluyó una inusual audiencia con el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, que no suele recibir más que a jefes de Estado o a sus enviados especiales.

Rusia y Arabia Saudí son países clave para Washington. Trump se ha acercado a Putin e impuesto a Ucrania una negociación de paz que transcurrió en territorio saudí. El presidente de EE UU mantiene estrechos vínculos políticos y empresariales con el régimen de los Saud y ha dejado claro que el reino árabe es la joya de la corona de los Acuerdos de Abraham. Ese proyecto de normalización de Israel con los países árabes fue el pilar de su política exterior en Oriente Próximo durante su primer mandato. El inicio de la ofensiva israelí en Gaza frustró el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Riad e Israel, que Arabia Saudí condiciona desde entonces al establecimiento de un Estado palestino viable. Sin embargo, esa posibilidad que el presidente republicano aún anhela sigue otorgando al país árabe una influencia considerable. Arabia Saudí ha garantizado ya a Teherán que no apoyará un ataque militar contra su territorio.

Alianzas

“China y Rusia están diciendo que están dispuestos a facilitar el diálogo diplomático”, en un contexto en el que, por el contrario, “un ataque militar de Estados Unidos podría fortalecer las relaciones de esos dos países con Irán”, asegura el analista Daniel Bashandeh. Este experto cree que ese escenario “podría dificultar la agenda política de Trump en Oriente Próximo”. Por esa razón, el mandatario difícilmente “se va a arriesgar a entrar en un conflicto bélico” con Irán, tal y como pretende Israel, sostiene este especialista en política exterior iraní.

Ese país puede ser, precisamente, el “factor de distorsión” de estas negociaciones nucleares, subraya Bashandeh. Trita Parsi, vicepresidente del centro de estudios Instituto Quincy, coincide. En unas declaraciones a Newsweek este experto advierte de cómo los israelíes “están redoblando sus esfuerzos para sabotear las conversaciones” y “presionando a Trump desde fuera y dentro de la Administración”. Parsi considera por ello de “suma importancia que Estados Unidos e Irán avancen rápidamente y lleguen a un acuerdo pronto”.

The New York Times informó la semana pasada de que Israel planeaba bombardear sitios nucleares iraníes en mayo, una opción desechada por Trump en favor de la negociación que prosigue en Omán. Un alto funcionario israelí, citado bajo anonimato por Reuters, subrayó luego que no por ello su país ha descartado atacar Irán, incluso sin el apoyo de Washington. Los negociadores parecen conscientes de que el tiempo apremia. También las delegaciones políticas de Irán y Estados Unidos tienen previsto reunirse de nuevo en la capital del sultanato el próximo sábado, de forma paralela al inicio de las reuniones técnicas.

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Después de que Amin y este diario preguntaran este lunes por la mañana a Exteriores por el caso de esta mujer, la activista afgana ha recibido, entrada la tarde, un correo de la Subdirección de Visados y Documentos de Viaje de ese Ministerio, en el que se le informa de que las afganas que lleguen a España deberán solicitar visado en la frontera. En su respuesta a preguntas de este diario, fuentes oficiales del Ministerio aseguraron que Sultani debería haber cumplido también con ese trámite. El correo dirigido asegura que esa circunstancia “se había indicado anteriormente”, algo que la activista niega.

Lo que diferencia el caso de Hamida Sultani del de las otras afganas a las que España había concedido un visado humanitario es que la legación diplomática en Pakistán no proporciono a esta mujer un segundo documento que debería haber acreditado su condición de solicitante de protección internacional. Sin ese papel, que hasta ahora acompañaba al visado, la mujer atravesó el control policial de la frontera en el aeropuerto de Barajas sin saber—según asegura— que tenía que pedir asilo antes de penetrar en territorio español. Al salir a la sala de llegadas, la única que la estaba esperando era Khadija Amin, la también periodista que preside la organización humanitaria Esperanza de Libertad, que ayuda a afganas perseguidas a solicitar protección internacional en España.

El procedimiento habitual en estos casos, explica Amin, es que, tras esperar meses o incluso más de un año la preceptiva cita para una entrevista con la Embajada de España en Pakistán y superarla —para lo que deben ofrecer pruebas de estar en riesgo en su país— las autoridades españolas conceden a las afganas perseguidas un visado para viajar a España. A ese documento se añade otro que reza textualmente en inglés, según comprobó este diario, que “el Gobierno de España patrocina el desplazamiento a España de la beneficiaria con el fin de que solicite protección internacional”.

Hasta ahora, cuando el avión de esas afganas aterrizaba en Madrid, “la policía nacional subía al aparato, preguntaba por ellas y las acompañaba para que solicitaran protección internacional”. Después, personal de ONG como ACCEM o Cruz Roja, en las que se externaliza la atención a los solicitantes de asilo, las conducía a alguno de sus centros, donde quedaban alojadas en espera de que se resolviera su solicitud.

En el caso de Sultani, no fue así. Cuando Khadija Amin se percató de que la mujer había llegado a España sin ese documento que acreditaba el apoyo del Gobierno para que pidiera protección internacional, se dirigió a la comisaría de policía del aeropuerto para averiguar qué había pasado. Allí se limitaron a comunicarle que Sultani tenía que haber solicitado asilo en frontera, antes de penetrar en territorio español, y que, como no lo había hecho, debía pedir cita en una oficina de Extranjería para solicitar protección internacional.

Cuando Amin les informó de que Sultani tenía el visado de la Embajada de España en Islamabad, por lo que debería haber entrado de forma automática en el sistema de acogida, los agentes le pidieron el documento que acreditaba esa condición y que la mujer no había recibido. Amin contactó también con ACCEM y Cruz Roja, que le aseguraron que no habían sido informadas de la llegada de esta afgana a España.

La alternativa de pedir cita en Extranjería es, en teoría, sencilla y, en la práctica, una tarea titánica. El colapso de los números de teléfono para cumplir con ese trámite en España es tal que, en ocasiones, no solo se dan las citas para varios meses después, sino que a menudo ni siquiera se logra que alguien responda al teléfono a causa de la enorme afluencia de llamadas. La altísima demanda incluso ha provocado el surgimiento de un mercado negro en el que se han llegado a revender las citas de asilo hasta por 200 euros. Según la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR),167.366 personas solicitaron protección internacional en España en 2024.

Hasta esa primera cita que puede costar meses obtener —eso si se logra— los solicitantes de asilo quedan en un limbo. No pueden acreditar su condición, por lo que se les considera inmigrantes irregulares. Tampoco acceden al sistema de acogida.

Visados

Antes de que Khadija Amin recibiera el correo en el que se le notificaba el cambio del tipo de visado para las afganas, EL PAÍS había preguntado a Exteriores por Hamida Sultani. Fuentes oficiales del Ministerio respondieron que “por la naturaleza del caso” de esta afgana, “no se tramitó un traslado a España, sino que se le expidió un visado directamente para que pudiera viajar a España y solicitar protección internacional en frontera”. Las fuentes no precisaron cuál es esa naturaleza.

EL PAÍS ha comparado el visado que figura en el pasaporte de esta afgana con el de otras cuatro de sus compatriotas llegadas a España y que tuvieron acceso automático al sistema de acogida. Parecen idénticos. En el correo remitido a Sultani por la Embajada de España en Pakistán, en el que le comunicaban que su petición de viaje a España había sido aceptada, fechado el 24 de marzo, se alude dos veces a ese “traslado” que, según Exteriores, no se ha aplicado en este caso.

El texto en inglés dice textualmente: “Esta es una notificación relativa a su traslado a España en relación con el artículo 38 de la Ley Orgánica 12/2009 del 30 de octubre de 2009 que regula el derecho al asilo”. Tras confirmar que la solicitud de Sultani había sido aprobada, se precisa que las “instrucciones para los próximos pasos de su traslado a España, se adjuntan en siguiente hilo de mensajes”. En ese documento, se vuelve a aludir al “traslado” a España y se precisa, en su apartado 6, que las “autoridades españolas la acompañarán a su llegada a España”. Las instrucciones no mencionan la necesidad de pedir asilo en frontera en España.

Hamida Sultani no es la única afgana que estos días llegará a España. Este lunes, se espera a otras dos afganas, que, sin hablar ni una palabra de español, deberán pedir asilo en la frontera, recalca Khadija Amin, que teme que también “queden desamparadas”. La activista asegura no comprender cuál es el criterio que aplican ahora las autoridades españolas: “Otra afgana que además viene con su marido llega este martes. Ambos vienen con el documento de protección internacional y serán acogidos por la ONG ACCEM; otras tres mujeres solas llegan sin ese documento y pueden quedarse en la calle, cuando todas tienen perfiles de mujeres amenazadas por los talibanes”. El miércoles, prosigue Amin, “llega a Barajas una familia, padre, madre y tres niños de entre tres y diez años” que tampoco disponen del texto que les abriría las puertas del sistema de acogida.

Todas estas personas han acreditado, subraya, haber sido perseguidas por los talibanes. En Afganistán, las mujeres ya no pueden estudiar más allá de los 12 años, ni trabajar en la mayor parte de los empleos y ni siquiera viajar ni obtener documentos sin el permiso de un pariente varón. Los talibanes han prohibido a las mujeres incluso que miren a los hombres o eleven su voz en público. También han decretado que se cubran las ventanas de las casas donde viven afganas. El pasado mes de diciembre, España denunció ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) la vulneración de los derechos de las mujeres y niñas afganas por parte del régimen talibán.

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La Casa Blanca ha emitido un comunicado en el que ha calificado el encuentro en términos parecidos a los empleados por la delegación iraní. Las conversaciones diplomáticas fueron “positivas y constructivas” y suponen un “paso adelante para lograr un resultado mutuamente beneficioso”, ha manifestado.

El jefe de la diplomacia iraní, que encabeza el equipo negociador de su país en Omán, ha asegurado luego que en esa segunda reunión del próximo sábado su país intentará entrar “en la agenda de negociación, que naturalmente tendrá un calendario”. El ministro ha subrayado a su vez que, más allá de los aspectos “formales”, lo “importante” es “la base” sobre la que se negocia, y que ambas delegaciones se han “acercado mucho” a esa base .

La de este sábado ha sido la primera negociación reconocida públicamente entre Estados Unidos e Irán desde que la Administración de Donald Trump abandonara hace siete años, en el primer mandato del republicano, un trascendental pacto alcanzado en 2015 en tiempos de su antecesor, Barack Obama. Estados Unidos y otras potencias occidentales, además de Rusia y China, firmaron entonces que Irán limitaría su programa de enriquecimiento de uranio, bajo una estricta supervisión internacional, para garantizar que no fabricara armas atómicas.

A cambio, Teherán obtuvo el levantamiento progresivo de sanciones que pesaban sobre la economía del país, especialmente sobre su principal fuente de ingresos y de divisas: el petróleo. Trump sacó a EE UU de ese acuerdo hace siete años y el diálogo entre ambas partes quedó roto. A partir de 2021, todavía con Joe Biden en la Casa Blanca, los dos países mantuvieron varias rondas de negociaciones indirectas que no dieron fruto.

La reunión entre las delegaciones iraníes y estadounidense ha tenido lugar en un clima de creciente tensión en Oriente Próximo y con el trasfondo del intento de Trump por demostrar las presuntas dotes negociadoras sobre las que ha construido su imagen política. El presidente estadounidense busca un nuevo acuerdo y aspira a hacerlo en sus propios términos: “Deseo que Irán sea un país maravilloso, grandioso y feliz, pero no pueden tener armas nucleares”, dijo el viernes el estadounidense a los reporteros a bordo del Air Force One mientras volaba rumbo a su casa de fin de semana, en Mar-a-Lago (Florida). Dos días antes, declaró que, si para lograr sus objetivos había que recurrir a la fuerza militar, no dudará en hacerlo. “Israel, obviamente, estará muy involucrado [en esa campaña]. Será el líder”, añadió.

No está muy claro qué se puede esperar de la negociación que ha empezado este sábado en Omán. Tras finalizar el encuentro, sí se ha despejado la incógnita de si las negociaciones iban a ser directas —como afirmaba Trump—, o indirectas, como sostenía Teherán. El resultado es que el diálogo ha tenido ambos formatos, con lo cual ambas partes pueden decir que tenían razón: las delegaciones han iniciado la conversación en salas diferentes, con la mediación del ministro omaní de Asuntos Exteriores, Badr al Busaidi, y han terminado con una breve conversación cara a cara entre el ministro de Asuntos exteriores iraní y el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff. Ambos hablaron “brevemente” en presencia del mediador omaní, según la televisión estatal de Irán.

El futuro de las conversaciones depende ahora en gran parte de si Estados Unidos adopta o no una postura de máximos, como indican, por ejemplo, unas declaraciones del consejero de Seguridad Nacional de la Administración de Trump, Mike Waltz, a la CBS el pasado 23 de marzo. Waltz sostuvo entonces que su país reclamará a Irán el desmantelamiento total de su programa nuclear, así como de su proyecto de misiles balísticos y su apoyo a su red de milicias aliadas en la región. Esa es una línea roja para el régimen iraní, cuya continuidad podría verse incluso comprometida en caso de aceptar esas exigencias, recalca el analista especializado en Irán Daniel Bashandeh.

Este experto considera “evidente” que “EE UU ha puesto en marcha una política de máximos hacia Irán, en la que apuesta por la diplomacia, pero recurriendo también a la amenaza militar”.

En un escenario más favorable para Irán, la Casa Blanca podría tratar de cerrar un acuerdo exclusivamente en materia nuclear, similar al firmado en 2015, pero quizá con más garantías de las que preveía ese pacto para que que Irán no se dote de armas nucleares.

Por parte iraní, en los últimos días se han multiplicado los gestos conciliadores. La agencia de noticias oficial IRNA había difundido este sábado mismo unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores en las que aludía a la “posibilidad de un entendimiento que marcará el camino” si Estados Unidos se sentaba “a la mesa en igualdad de condiciones”.

Araghchi publicó esta semana un artículo de opinión en The Washington Post en el que advertía de que un conflicto en Irán supondría un alto coste para un presidente que hizo campaña prometiendo que no llevaría a Estados Unidos a las guerras en el extranjero que definieron los mandatos de sus predecesores. “No vemos a Trump con ganas de ser un presidente que mete a su país en una guerra catastrófica en Oriente Próximo, un conflicto que se extendería rápidamente por toda la región y que costaría exponencialmente más que lo gastado por sus antecesores en Afganistán e Irak”, afirma el ministro iraní.

En lo que el medio especializado en la región Amwaj tachó de “giro sorprendente”, el presidente iraní, el moderado Masud Pezeshkian, aseguró incluso este miércoles que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, “no tiene objeciones a que los inversores estadounidenses” entren en el mercado iraní.

“Margen negociador”

Daniel Bashandeh cree que, a pesar de que Washington puede reclamar inicialmente el desmantelamiento completo del programa nuclear iraní, hay cierto “margen para la negociación”. La exigencia “indiscutible para EE UU es que Irán no obtenga armas nucleares, pero eso es muy diferente de que el país no disponga de un programa atómico. De las últimas declaraciones de Donald Trump, sobre todo durante la campaña, secundado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, se desprende que ese es su único objetivo”.

El encuentro en Omán, a puerta cerrada, se ha celebrado en un momento en el que la influencia iraní en la región se ha visto muy mermada desde el inicio de la ofensiva militar de Israel en Gaza. Irán afronta una grave situación económica y social interna, tiene sus capacidades militares disminuidas por el ataque israelí del pasado octubre, y su política regional está en ruinas por la destrucción de la capacidad ofensiva de sus principales aliados en Oriente Próximo: Hamás en Gaza, el partido-milicia chií Hezbolá en Líbano, las milicias proiraníes de la llamada Resistencia Islámica de Irak o los hutíes en Yemen, contra los que Washington lanzó el mes pasado un ataque a gran escala. Todos ellos han sufrido una pérdida de poder en estos 18 meses. Otro aliado crucial para Irán, el régimen de Bachar el-Asad, ha sido derrocado en Siria.

El acercamiento de la Administración de Trump al presidente ruso, Vladímir Putin, en la cuestión crucial para Moscú de la guerra de Ucrania también ha minado ese apoyo crucial para Teherán. El ministro delegado de Asuntos Exteriores ruso, Andrei Rudenko, ha afirmado esta semana que el Kremlin no apoyaría a su hasta ahora aliado Irán en caso de un ataque militar por parte de Estados Unidos.

El anuncio de la reanudación del contacto con Irán, cuyas relaciones diplomáticas con Estados Unidos están rotas desde hace 45 años, lo hizo Trump el lunes pasado durante la visita a la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que abogó por lo que se conoce como el “escenario libio”. Es decir, que se obligue a Irán a desmantelar su programa nuclear, como hizo a partir de 2003 la Libia de Muamar Gadafi, que renunció a su programa atómico, de armas químicas y de misiles balísticos de largo alcance y aceptó su desmantelamiento total.

Ese precedente, recalca el analista Bashandeh, es visto en Irán “como un escenario que hay que evitar”. Gadafi fue derrocado en 2011 con ayuda de la OTAN. “Es inverosímil que el régimen islámico acepte quedarse indefenso ante Israel cuando su prioridad, también en este diálogo, es precisamente garantizar su continuidad y supervivencia”, afirma el experto.

El temor de Washington y de otras capitales es que Teherán emplee su programa nuclear con fines militares, extremo que el régimen islámico niega. Ese miedo es especialmente acuciante en Israel, que ve en un Irán con armas atómicas una amenaza a su existencia. Desde que Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo de 2018, Irán dejó de cumplir sus compromisos de forma paulatina y ahora enriquece uranio hasta el 60% de pureza, según el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Es una cantidad que va mucho más allá de lo necesario para su uso civil y que se acerca al 90% que se precisa para fabricar armas atómicas. Teherán insiste, sin embargo, en que los fines de su programa nuclear son exclusivamente civiles.

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Todas las mañanas, Zahra esconde sus libros en bolsas de la compra y sale de casa. El hecho en Occidente banal de ir al colegio le exige tragarse su miedo y cambiar su itinerario cada día. Un día los fundamentalistas la pararon. Uno de ellos registró su bolsa y le preguntó por qué llevaba tantos papeles: “Mis manos temblaban. Me obligué a sonreír y le dije que había estado de compras. Me miró fijamente durante lo que me pareció una eternidad antes de dejarme marchar. Me fui con el corazón que se me salía del pecho”.

Afganistán es el único país del mundo donde se priva a las mujeres y niñas del derecho a la educación al acabar la enseñanza primaria. Unicef calcula que 400.000 menores se han sumado este curso a las adolescentes privadas de estudiar: 2,2 millones. A ellas se añaden las jóvenes que tampoco pueden asistir a la universidad, cerrada para ellas en diciembre de 2022, y ahora ni siquiera pueden formarse en profesiones sanitarias, vetadas en diciembre de 2024.

Como Zahra, muchas afganas han buscado alternativas a la educación formal que se les niega, poniendo en riesgo sus vidas en un país en el que rige un “apartheid de género”, según Naciones Unidas. Pero incluso esas alternativas han ido siendo cercenadas por los fundamentalistas, que han clausurado academias privadas y centros de ONG o de la ONU, donde las jóvenes estudiaban inglés o formación profesional. Aún persiste la vía del aprendizaje por internet, pero, en un país en el que solo el 18% de la población utiliza la red, en datos del Banco Mundial (en España, más del 95%), esa herramienta se circunscribe a las élites y a la incipiente clase media.

Las escuelas clandestinas son lo único que les queda, pero solo una minoría accede a ellas. Para Zahra, su clase —ilegal para los talibanes— es “el único lugar” donde aún ve “un futuro”; donde le parece que sigue “existiendo” y no se siente “impotente”. Su escuela “es mucho más que un lugar donde aprender: es todo. Es un salvavidas”.

Zahra y el resto de afganas citadas en este reportaje contestaron por escrito a este diario a través de Femena, una organización de derechos humanos con sede en EE UU que apoya a los movimientos feministas en Oriente Próximo y Asia, y que también tradujo sus testimonios. Estas afganas viven en Kabul, Kapisa (este) y Badakhshan (noreste) y sus nombres han sido modificados por seguridad. Femena tiene contacto con cinco escuelas clandestinas para niñas en Afganistán, precisa por videollamada Zubaida Akbar, su directora de proyectos para este país.

Sin apoyo internacional

Si las jóvenes que frecuentan estas escuelas se arriesgan, mucho más lo hacen sus profesoras. Por citar un caso, en diciembre de 2023, los talibanes irrumpieron en la casa de una exestudiante de Derecho que gestionaba un aula clandestina en Kabul. Tras amenazar con matarla a ella y a su familia, le propinaron una paliza y la azotaron. La joven quedó con secuelas en una pierna y vive desde entonces escondida.

Estas docentes —antiguas profesoras y funcionarias, activistas o universitarias— asumen ese riesgo sin percibir ninguna remuneración por su trabajo. Tampoco tienen ayuda de una comunidad internacional que se “ha echado atrás muy rápidamente ante las prohibiciones de los talibanes” y ha evitado plantarles cara, deplora Akbar. Excluidas de la financiación de ONG y agencias de la ONU, que alegan “problemas de seguridad”, critica la experta, estas mujeres a menudo enseñan “en la parte trasera de sus casas, donde están las cocinas tradicionales, o con un papel pegado a un saco de paja” a modo de pizarra, destaca la responsable de Femena.

Beheshta tiene 34 años y es la directora de un colegio clandestino que ha llegado a tener 180 alumnas, de entre 13 y 18 años. Esta graduada en Literatura abrió un instituto secreto, inicialmente en su domicilio, porque le resultaba “insoportable” ver “los problemas emocionales y de salud mental” de las adolescentes por haber sido privadas de educación. “He afrontado dificultades indescriptibles y sufrido amenazas continuas contra mí y mi familia”, asegura.

Su escuela tiene ahora cuatro clases, donde se enseña física, química, matemáticas, inglés, historia, geografía, lengua (dari) y arte. El colegio cambia de ubicación dos veces por curso. En total, han tenido que mudarse ya en seis ocasiones.

Darya, otra profesora de 30 años, explica cómo las estudiantes llegan a su escuela “en grupos pequeños, como si estuvieran visitando a amigas, y en horarios diferentes para evitar llamar la atención”. “Los libros los tenemos escondidos y el horario es también flexible”, añade. En otro colegio, el que fundó Ariana, una profesora de matemáticas de 48 años, las alumnas fingen asistir a clases de costura o del Corán. En sus bolsos acarrean vestidos viejos. La escuela guarda una fotocopia de los manuales, para que no tengan que llevarlos encima.

“Enseño matemáticas, inglés y ciencias. Al principio, tenía 22 estudiantes de entre 13 y 18 años en tres turnos. Después de mudarme a otra ciudad, monté otra escuela en casa con dos clases, una para chicas de 15 y 16 años, y otra, de 17 y 18 años”, explica Ariana. “Al principio, daba las clases en mi casa”, asegura. Después llegó a instalar la escuela en la trastienda de una panadería. Esta afgana sigue con su actividad, porque si “abandona”, sus alumnas “perderán toda esperanza en el futuro”.

Oscuridad

Ariana ocupó un alto cargo en un ministerio antes de que los talibanes despidieran a las funcionarias. Las afganas tienen vetados la inmensa mayoría de los trabajos —en la Administración, la banca, las ONG, Naciones Unidas, las fuerzas de seguridad y hasta las peluquerías—, no pueden viajar sin un pariente varón ni obtener los documentos sin su permiso. Tampoco entrar en parques, jardines, ni baños públicos. Muchas dicen que a los fundamentalistas solo les falta prohibirles respirar. Y casi no es una metáfora: tienen que cubrir sus rostros completamente, excepto los ojos. Tampoco pueden cantar ni asomarse a una ventana.

Estas mujeres mencionan a menudo la palabra oscuridad. Como Shajan, la madre de otra alumna, que desconoce incluso su propia edad: “He pasado toda mi vida en la oscuridad: analfabeta, dependiente y sin opciones. Luché mucho para que mi hija no compartiera mi destino. Quiero que sepa leer, escribir, soñar, que tenga una vida diferente de la mía. No quiero que crezca ciega al mundo, como crecí yo, por eso permito que asista a una escuela clandestina. Mi marido no sabe dónde va y yo le digo que va a un curso de costura, pero nos ha amenazado con consecuencias si descubre que no es cierto. Prefiero correr ese riego que ver cómo a mi hija le roban su futuro”.

La de las escuelas clandestinas es una vieja tradición que ya existió durante el primer periodo en el poder de los talibanes (1996-2001), aunque se sabe muy poco de ellas. Un informe de 1997, citado por The conversation, señalaba que el Comité Sueco para Afganistán apoyaba 125 escuelas para niñas y 87 escuelas primarias mixtas y escuelas hogar clandestinas.

Entonces y ahora, muchas afganas nunca se han rendido, pese a que a menudo se las retrata como meras víctimas. Zahra, la estudiante de 15 años, no renuncia a su sueño de estudiar Medicina en la universidad: “No importa la dureza con la que [los talibanes] tratan de pararnos”, dice la joven, “yo todavía tengo esperanza”.

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Al igual que él, otros gazatíes han seguido muriendo por falta de tratamiento durante el frágil alto el fuego de Gaza, un lugar convertido en una tierra quemada por 16 meses de ataques, invasión militar y bloqueo de la comida, el agua, el combustible y las medicinas. Esas muertes amenazan ahora con aumentar después de que Israel decidiera el pasado domingo imponer de nuevo el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja para presionar a Hamás a aceptar cambios que no figuraban en la hoja de ruta de la tregua pactada en enero.

Médicos sin Fronteras (MSF) llama a estas personas los “muertos silenciosos”; quienes no fallecen “directamente por el conflicto, pero sí por su impacto”, explica por teléfono Ruth Conde, responsable médica de la organización, que volvió en enero de su segunda misión en la Franja. Como si fueran invisibles, estas víctimas no se incluyen en la lista de más de 48.000 fallecidos por ataques de la guerra de las autoridades del territorio gobernado por Hamás.

Palestinos como Sham Shambari, de dos meses de edad, que expiró el 26 de febrero por hipotermia en el mar de tiendas precarias de Al Mawasi, en la meridional Jan Yunis. O los otros seis niños que han muerto estos días por el mismo motivo, según fuentes médicas, sin paredes que los resguardaran de la ola de frío que sufrió la pasada semana el territorio palestino ocupado. Una investigación publicada en julio pasado por The Lancet calculaba que por cada muerto en un ataque israelí en Gaza, pueden haber fallecido otras cuatro personas de forma indirecta. La publicación aseguraba que una cifra “no inverosímil” y basada en un cálculo “conservador” de muertes podía elevarse ya entonces hasta 186.000, de una población total de 2,3 millones.

Una supervivencia “imposible”

El médico palestino Umaiyeh Khammash, fundador de la ONG Juzoor—que también trabaja en Gaza—, asegura por WhatsApp desde Ramala (Cisjordania) que, “para muchos gazatíes, la ausencia de asistencia sanitaria durante semanas o incluso meses, unida a la grave escasez de alimentos, agua, higiene, refugio y apoyo social, ha hecho casi imposible la supervivencia”. Esa situación tardará años en revertirse, a pesar de la entrada de ayuda humanitaria que hasta el pasado domingo había permitido el alto el fuego.

Incluso antes del anuncio israelí de ese día, organizaciones como Juzoor y MSF advertían de los efectos duraderos de una guerra y un bloqueo que han hecho enfermar a muchos gazatíes —por desnutrición, hipotermia o enfermedades infecciosas — o bien los ha abocado a la muerte al eliminar la posibilidad de que pacientes crónicos, supervivientes de ataques anteriores o simplemente ancianos enfermos como Sami Mushtaha recibieran tratamiento. A Mushtaha, los médicos “solo pudieron darle unas pastillas” para su ataque al corazón, deplora su nuera Malak, cuando acudió al hospital Al Shifa, antes de la guerra el más importante de la Franja.

Ruth Conde ha sido testigo de cómo la ofensiva israelí mata en la Franja de muchas formas. La enfermera recuerda un hecho “llamativo”: de los niños ingresados en la UCI pediátrica del hospital Nasser de Jan Yunis, el “70% o el 80%” estaban en cuidados paliativos. Algunos habían ingresado allí directamente. Por carecer de “opciones terapéuticas” o porque su diagnóstico había llegado cuando ya poco se podía hacer por ellos.

La trabajadora humanitaria recuerda el caso de un niño de unos dos años. Padecía un neuroblastoma abdominal —un tipo de cáncer infantil— diagnosticado en fase terminal. Los sanitarios solo pudieron sedarlo y ayudarlo a morir con el dolor “controlado”.

Otros de esos niños esperaban un permiso israelí para una evacuación médica. A Habiba, también de dos años, empezaron a salirle unos hematomas cuya causa no pudo ser identificada en el aislado norte de Gaza. El Ministerio de Salud gazatí solicitó su traslado, pero el permiso israelí se demoró. Cuando llegó al hospital Nasser, las extremidades de la niña, que tenía antecedentes de un déficit de coagulación, eran “subsidiarias de amputación”, describe la responsable de MSF. Habiba fue evacuada a Jordania durante el alto el fuego. Ha perdido ambas manos y un pie.

Entre 12.000 y 14.000 gazatíes precisan una evacuación médica urgente de Gaza, según Naciones Unidas. Unos 4.500 son niños. Hasta el 24 de febrero, solo 851 habían obtenido el permiso israelí.

Condiciones “más que catastróficas”

El doctor Khammash confirma que el alto el fuego en Gaza no ha detenido esas muertes silenciosas, que continuarán “mucho tiempo”. Por el contrario, el médico palestino teme que a esas víctimas se sumen muchas otras —“más de las que se puede uno imaginar”, dice—, derivadas de “multitud de causas” indirectas, que se conocerán “a medida que se descubra todo el alcance de la destrucción”. Las condiciones de vida “continúan siendo más que catastróficas, los recursos siguen escaseando de forma crítica y el sistema sanitario sigue destrozado”, afirma el fundador de Juzoor.

En un informe divulgado este miércoles, la coordinación humanitaria de Naciones Unidas (OCHA son sus siglas en inglés) aseguraba que, a 1 de marzo, “15 de los 35 hospitales, 82 de los 145 centros de salud pública y 194 de los 360 puntos médicos de la franja de Gaza seguían sin funcionar”. Eso en un lugar donde solo los heridos de guerra ascienden a más de 111.000.

En las seis semanas que ha durado la primera fase del alto el fuego que concluyó el sábado y con ella la entrada de ayuda ahora detenida, Israel ha incumplido además parcialmente los términos del acuerdo. No solo con ataques esporádicos que han matado a unas 100 personas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, sino impidiendo o restringiendo la entrada de determinados suministros. En su último informe, OCHA denuncia, cómo, desde el 19 de enero, han persistido “las restricciones de las autoridades israelíes a la importación de determinados artículos, como generadores, piezas de repuesto, plantas de oxígeno, equipos médicos, reactivos y material de laboratorio”.

De las 60.000 casetas prefabricadas cuyo ingreso en Gaza recogía el alto el fuego, no consta que haya entrado ninguna, mientras que de las 200.000 tiendas cuya entrega en la Franja establecía el pacto, solo consta que OCHA ha introducido 130.000. Otras 59.000 esperan el permiso israelí para atravesar la frontera del territorio.

Con esas mercancías vitales varadas a las puertas de Gaza, la decisión israelí de bloquear de nuevo totalmente la entrada de ayuda humanitaria puede representar una vuelta atrás en los avances parciales alcanzados durante el alto el fuego, como por ejemplo la distribución de alimentos, que ha llegado a unos dos millones de personas en el territorio palestino, según la ONU.

Los gazatíes siguen, mientras tanto, luchando contra el olvido que cubre muchas veces a sus muertos. Ruth Conde vio en Gaza algo que “no sucede en otros conflictos”. Tras un ataque, no solo los heridos llegan al hospital. “La gente también lleva allí a los cadáveres”. Saben, dice la trabajadora humanitaria, que solo así se los incluye directamente en la lista oficial de víctimas de la guerra.

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“Gracias a Trump, Arabia Saudí tiene una gran semana en la diplomacia internacional” titulaba el 23 de febrero The New York Times. El diario subrayaba cómo, hace tan solo unos años, “Washington calificaba a Arabia Saudí de ‘paria’ por sus violaciones de los derechos humanos” ―como el asesinato y descuartizamiento de un periodista en su consulado en Estambul―, mientras que ahora la gran potencia suní árabe ejerce un papel clave respecto a los dos conflictos más destacados del mundo: Ucrania y Gaza.

El 21 de febrero, Riad acogió una cumbre de las seis potencias árabes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Egipto y Jordania para abordar la reconstrucción de la Franja y plantear un plan alternativo al de Trump. El 10 de marzo, el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, se reunió en Riad con el príncipe heredero y hombre fuerte saudí, Mohamed Bin Salmán y, el 23 de marzo, Arabia Saudí acogió la primera negociación de paz a tres bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Trump ha avanzado que si se concreta una reunión personal con su homólogo ruso, Vladímir Putin, “probablemente” se desarrollará en ese país árabe.

Con el republicano en la Casa Blanca, el reino saudí ha culminado su acercamiento progresivo a Washington, después de que el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul en 2018 provocara un distanciamiento con su gran aliado tradicional, económico y militar. Esa frialdad dio paso, bajo el mandato de Joe Biden, a una visita a Arabia Saudí del presidente demócrata en julio de 2022 y un gélido saludo al heredero de la dinastía Saud, a quien la propia CIA acusaba de haber ordenado ese crimen.

Según recuerda el académico Gregory Gause, del Middle East Institute en Washington, el que Arabia Saudí haya acogido el diálogo sobre Ucrania subraya, para empezar, un cambio en la política internacional: la pérdida de influencia de Europa, toda vez que ese tipo de conversaciones “en otra época se hubiera desarrollado de manera natural en Ginebra, o en Viena”.

Riad ha aprovechado esa circunstancia. Su papel como mediador de conflictos es algo que, además, encaja a la perfección con la idea de Trump de la política exterior, que prima el beneficio económico sobre otros parámetros. Entre 2020 y 2024, el reino árabe fue el primer comprador individual de armas estadounidenses (12%), según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri), por citar uno de los sectores donde la relación bilateral es ventajosa para Washington.

Además, el reino saudí ha hecho negocios con el emporio familiar de Trump. El Fondo de Inversión Pública (FIP) del reino invirtió 2.000 millones de dólares en Affinity Partners, la firma del yerno de Trump, Jared Kushner, justo después de que este dejara su cargo como enviado del presidente en Oriente Próximo en 2021. Por su parte, la Organización Trump está construyendo una torre de apartamentos de lujo en la ciudad saudí de Yeda y los campos de golf de Trump han acogido varias competiciones del circuito de golf alternativo saudí LIV.

Diplomacia y contactos

Pero el cortejo con contratos millonarios —en 2023, el país árabe fue el primer exportador mundial de petróleo— no explica por sí solo que Riad se esté erigiendo como un centro neurálgico de la diplomacia mundial. También han sido claves su política de equilibrio con Rusia y China, y la red de relaciones personales de su hábil heredero, de 39 años. “No creo que haya otro lugar donde su líder tenga una relación personal tan buena tanto con Trump como con Putin”, resumió el analista saudí Ali Shihabi a la CNN.

Riad resistió, por un lado, las presiones de Occidente para que se uniera a las sanciones por la invasión de Ucrania y ha trabado alianzas ocasionales con Rusia para controlar los precios del crudo. Por el otro, otorgó 400 millones de dólares en ayuda humanitaria a Ucrania en 2022 y ha votado en la ONU a favor de la retirada rusa de los territorios ucranios ocupados. A China, su principal cliente comercial, le ofreció en bandeja que el acuerdo por el que restableció relaciones con su némesis regional, Irán, se firmara en Pekín el 10 de marzo de 2023, pese a que el pacto se negoció en Omán e Irak.

Los intereses económicos son, de nuevo, indisociables de esa estrategia. Bin Salmán entiende que el éxito de su ambiciosa hoja de ruta de desarrollo Visión 2030 —que aspira a que la economía del país supere su dependencia del petróleo— depende de la estabilidad regional y de que deje atrás su reputación de país represor y fundamentalista para atraer inversiones y turismo. Para ello, precisa “un papel de liderazgo en el nuevo orden regional y proyectar herramientas de poder blando tanto dentro como fuera de la región”, subraya Sinem Cengiz, investigadora del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar y columnista en el diario saudí Daily Arab News.

Su implicación como mediador en conflictos como el de Ucrania sirve a ese propósito e implica posibles beneficios económicos y diplomáticos. La “diplomacia saudí busca un mercado petrolero estable, mejores relaciones comerciales en todo el Golfo y lazos económicos y de seguridad más estrechos con actores globales como Rusia, China y Estados Unidos”, apunta Cengiz.

“Al facilitar las conversaciones sobre el alto el fuego en Ucrania”, Arabia Saudí puede tener posibilidades de desempeñar un papel” en las conversaciones en materia nuclear entre Irán y Estados Unidos anunciadas para este sábado en Omán, recalca la experta.

Gaza es otra cuestión. Arabia Saudí es “en cierto modo el último gran Estado árabe aún en pie. Los demás —Egipto, Irak, Siria— han atravesado graves crisis y están quebrados”, señala Gregory Gause. Tras más de 50.000 muertos, Riad no puede obviar la causa palestina, que suscita un respaldo generalizado entre su población. Si lo hiciera, perdería legitimidad interna y regional. Los Saud son los custodios de los dos lugares más santos del islam, las mezquitas de la Meca y Medina, destaca Cengiz. El tercero es la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén.

Si “Arabia Saudí obtiene ventajas de su participación en las conversaciones de Washington con Rusia, y también con Irán, reforzará su posición negociadora en la cuestión de Gaza”, argumenta la experta desde Qatar.

La gran potencia árabe suní tiene una carta ganadora para influir en el destino del territorio palestino. Biden intentó la normalización diplomática entre Israel y Riad, que Washington considera indispensable para la seguridad de su principal aliado en Oriente Próximo. Estuvo cerca de lograrlo, pero la ofensiva israelí sobre la Franja hizo saltar por los aires ese objetivo. Trump quiere recuperar esa meta que el régimen saudí vincula al compromiso para establecer un Estado palestino, algo que el Gobierno israelí no está dispuesto a conceder.

La normalización con Israel no es la única petición comprometida que el republicano presenta al régimen saudí. También le reclama un aumento de la producción petrolera, en momentos de caídas de los precios del crudo y de incertidumbre económica global, provocada en muy buena parte por la imposición estadounidense de aranceles sobre los productos procedentes del extranjero. Ese es otro resorte de poder para Riad.

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El jefe de la diplomacia iraní ha eludido por el momento precisar los objetivos de su país. En Argelia, donde se encuentra de visita oficial, se ha limitado a lo obvio: que su país busca “el levantamiento de las sanciones” internacionales por su programa nuclear, ha dicho, citado por la agencia semioficial Mehr. Antes, había confirmado que él mismo liderará la delegación de Teherán en Omán, mientras que el equipo de Washington estará encabezado por el enviado especial de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff.

Trump sí ofreció el lunes pistas sobre cuál puede ser su postura en unas negociaciones que se presagian muy difíciles, flanqueado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el Despacho Oval. Afirmó que el acuerdo que se propondrá a Teherán será “mucho más duro” que el pacto nuclear de 2015 (oficialmente Plan de Acción Integral Conjunto, JCPOA en sus siglas en inglés) que el propio presidente rompió unilateralmente, a pesar de que Teherán cumplía escrupulosamente lo acordado.

Firmado entre Irán, EE UU y las potencias occidentales —más Rusia y China—, el JCPOA instauró un estricto régimen de inspecciones del programa nuclear iraní para garantizar que no se dirigía a fabricar armas atómicas. A cambio, permitió el levantamiento progresivo de las sanciones. Tras definir ese acuerdo como “el peor de la historia” y tildarlo de “blando”, Trump lo condenó a muerte al retirar de él a su país en 2018 y reinstaurar las sanciones estadounidenses contra Irán, además de añadir otras nuevas.

La duda que se plantea ahora es hasta dónde quiere llegar el presidente republicano. Una de las posibilidades es que trate de imponer a Teherán una exigencia que su consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, confirmó en una entrevista con la CBS el 23 de marzo. Se trata del “completo desmantelamiento” de la capacidad nuclear iraní, una demanda ante la que el país probablemente trazará una línea roja, recalca Luciano Zaccara, profesor del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar.

Las autoridades iraníes consideran probable esa postura maximalista, confirma desde Teherán un analista que ha hablado con este diario bajo condición de anonimato. El escenario se complica porque el régimen islámico teme que Washington plantee otras exigencias inasumibles, como el fin de su programa de misiles balísticos, y el cese de cualquier respaldo a sus ya maltrechos aliados regionales del llamado Eje de la Resistencia. Trump ha amenazado varias veces a Irán con bombardearlo si continúa apoyando a uno de ellos, los milicianos hutíes yemeníes, que comprometen el tránsito naval por el mar Rojo con sus ataques a mercantes en solidaridad con Gaza.

En su comparecencia conjunta de este lunes, también Netanyahu dejó entrever esa postura de máximos cuando aludió a la “necesidad de evitar” que Irán obtenga armas nucleares “de forma plena”, como “se hizo en Libia”. En diciembre de 2003, el entonces líder libio, Muamar Gadafi, anunció que su país renunciaba a su programa atómico, de armas químicas y de misiles balísticos de largo alcance y aceptó su desmantelamiento total. En 2011, los aviones de la OTAN bombardearon Libia en apoyo de los rebeldes que derrocaron a Gadafi, que terminó asesinado el 20 de octubre de ese año.

El analista Zaccara cree también que “sin duda”, EE UU va a asumir esa dura posición en las negociaciones. Matiza, sin embargo, que “los iraníes aún tienen bazas y son muy buenos negociadores, como quedó claro en el acuerdo nuclear de 2015″. Luego incide en que “sería muy complicado pensar en un desmantelamiento total del programa nuclear al estilo libio”. Irán está, según los expertos, a unos meses de poder fabricar armas nucleares, pero insiste en afirmar que su programa tiene fines exclusivamente civiles.

Desconfianza

El líder supremo, Ali Jamenei, recordó en un discurso en febrero que Trump fue quien rompió el JCPOA. La desconfianza con EE UU es máxima y viene azuzada por Israel, que trata de circunscribir la discusión sobre el programa nuclear iraní a una opción binaria: o Israel y/o EE UU bombardean ese país o su régimen fabricará armas atómicas. “Si las conversaciones no tienen éxito, creo que Irán estará en gran peligro”, amenazó el lunes Trump.

El analista que habla desde Teherán dice que las autoridades consideran “al menos dos posibilidades”. La primera es la idea de que “se prefiere un ataque antes que un desmantelamiento total de la capacidad nuclear al estilo de Libia”. Irán cree que “un ataque, que provocaría una represalia con todo su arsenal, es más seguro para el país” que una “rendición” respecto al programa nuclear. Por una “cuestión ideológica” y también material. Teherán ha soterrado a gran profundidad muchas de sus instalaciones nucleares; por ejemplo, el centro de enriquecimiento de uranio cercano a Natanz. Ese lugar, a unos 225 kilómetros al sur de Teherán, incluye un complejo subterráneo que podría estar fuera del alcance incluso de las potentes armas antibúnker de EE UU.

La segunda posibilidad, continúa el analista, es que “las negociaciones se limiten al tema nuclear, sin exigir nada respecto al programa de misiles o la influencia regional iraní”. En ese caso, “sí sería posible alcanzar un acuerdo mínimo”.

Luciano Zaccara apunta que la renuncia completa a su programa nuclear no solo es inaceptable para Teherán, sino que contravendría el “derecho de Irán a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos” que recogía el JCPOA.

Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del centro de estudios Instituto Quincy (con sede en Washington), coincide, en un artículo en el portal Amwaj: “Si Trump pretende desmantelar el programa nuclear iraní al estilo de Libia, además de cerrar el de misiles y las relaciones de Teherán con sus socios regionales, lo más probable es que la diplomacia muera al llegar [a la negociación], una estrategia favorecida por Israel (...) precisamente porque sabe que fracasará”.

Por el contrario, “si la estrategia de Trump se centra en lograr “un acuerdo basado en la verificación que evite una bomba iraní, entonces hay razones para ser optimista”. En el tuit de este martes con el que confirmó el diálogo, el ministro de Exteriores iraní sentenció: “La pelota está en el tejado de EE UU”.

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La detención del exembajador no está relacionada en principio con la denuncia de esa mujer, que la Fiscalía española archivó el pasado 9 de septiembre alegando carecer de jurisdicción sobre él por su inmunidad diplomática. Peerzada ni siquiera entró en territorio estadounidense con ese nombre ni con su pasaporte diplomático, sino con un pasaporte ordinario, en el que figura otro apellido: Wahidi. Fuentes de la comunidad afgana en España han confirmado a este diario que Wahidi es el patronímico real de su familia y que el diplomático mantenía una doble documentación con dos identidades diferentes.

El motivo de la detención de Peerzada —o Wahidi— ha sido la presunta participación del hermano de su mujer, el iraní Farhad Shakeri, en el complot para asesinar a la periodista estadounidense de origen iraní Masih Alinejad en Nueva York. Así se desprende de una petición que el abogado del diplomático presentó el domingo ante un tribunal del distrito de Alexandria, cerca de Washington, para que Peerzada fuera liberado de forma inmediata, y que una jueza federal rechazó el pasado lunes.

Un auto de la Fiscalía del distrito Sur de Nueva York del pasado 8 de noviembre acusaba al cuñado de Peerzada de haber tratado, con ayuda de varios cómplices, de asesinar a Alinejad y a otros estadounidenses, entre los que se cita al entonces presidente electo, Donald Trump. Alinejad, conocida por su activismo en contra de la imposición del velo a las iraníes, ha sufrido ya dos intentos de asesinato por parte de agentes a sueldo de la Guardia Revolucionaria iraní, según el FBI. El cuñado de Peerzada, Farhad Shakeri, creció en Estados Unidos y fue deportado en 2008 a Irán, después de cumplir una condena de 14 años de cárcel por robo con violencia.

En la petición para que Peerzada fuera puesto en libertad, que fue rechazada por la jueza federal Leonie Brinkema, se aseguraba que el diplomático reside de forma “legal y permanente” en Sterling (Virginia) con su esposa, la ciudadana estadounidense Mary Shakeri-Wahidi y sus dos hijos, a pesar de que el cargo que ocupaba en la Embajada le obligaba a vivir en Madrid.

Tras bajar de un avión procedente de Turquía, el exembajador fue detenido junto a su mujer, después liberada, e interrogado por el FBI sobre la implicación de su cuñado en el complot contra Alinejad. En su petición, el abogado de Peerzada expresó su temor a que, en aplicación de la política de la Administración de Trump de expulsión de extranjeros “en desacuerdo con la política exterior de EE UU”, su cliente corra el riesgo inmediato de ser trasladado a un “centro de detención lejano” fuera de la jurisdicción del tribunal. La jueza denegó la petición de que el diplomático fuera liberado, pero mantuvo la orden que prohíbe trasladarlo a otros Estados sin su permiso.

Agresiones sexuales y corrupción

Mohamed Rahim Peerzada asumió las funciones de embajador de facto de Afganistán en España después de que el 14 de septiembre de 2021 el auténtico embajador, Humayoon Rasaw, renunciara a su cargo. Un mes antes, el 15 de agosto de 2021, los talibanes habían derrocado al régimen presidido por el prooccidental Ashaf Ghani. Peerzada representaba en teoría a ese régimen que ya no existe, pero la comunidad afgana en España había denunciado que, en realidad, el diplomático se había alineado con los talibanes, a quienes España no reconoce como gobernantes.

El pasado 24 de agosto, una afgana identificada como Anis (nombre ficticio) remitió un correo electrónico a la Unidad de Coordinación Informática de la Fiscalía General del Estado en el que narraba “una agresión sexual con sumisión química ocurrida en Madrid y cometida por una persona que identifica con el nombre de D. Rahim Peerzada y de la que afirma ser el jefe de la Embajada de Afganistán en España”, según el decreto de la Fiscalía.

El diario alemán Die Welt consiguió hablar con Anis, que ahora reside cerca de Colonia. Ella explicó que el 8 de marzo de 2022 acudió a una recepción de la Embajada afgana en Madrid, donde entabló contacto con Peerzada. Días después, la citó en un bar de shisha (pipa tradicional de agua de los países musulmanes), con la excusa de proponerle un trabajo en la legación diplomática. Tras beber un refresco, la joven empezó a sentirse mareada. Cuando recobró la conciencia, asegura que estaba en la cama de una habitación de hotel con el diplomático sobre ella.

Otra exiliada afgana en España, cuyo nombre ficticio es Simin, relató a EL PAÍS cómo Peerzada intentó también agredirla sexualmente en su casa de Madrid, donde la había invitado con la misma excusa: fumar una pipa de agua. Ya allí, Peerzada empujó a la mujer sobre una cama y trató de mantener relaciones sexuales con ella, pese a la negativa de la joven, que finalmente logró zafarse.

El pasado 31 de enero, representantes de las asociaciones de refugiados afganos en España se reunieron con el director general de Protocolo, Cancillería y Órdenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, para denunciar esos abusos y que Peerzada cobraba en negro y desviaba a sus cuentas personales parte del dinero de los trámites burocráticos en la legación diplomática. Ese alto cargo confirmó a los asistentes que la policía alemana estaba investigando la denuncia de violación de Anis.

El pasado 18 de marzo, un portavoz del Ministerio de Exteriores confirmó a EL PAÍS la decisión de retirar la inmunidad diplomática a Peerzada. Esa decisión abría la puerta a que el exdiplomático fuera investigado también por la policía y la Fiscalía españolas.

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También es médica la hija del ministro de Sanidad de los talibanes, Qalandar Ebad. Mientras las afganas mayores de 12 años llevan desde agosto de 2021 privadas de educación secundaria y, desde el 20 de diciembre, de estudios universitarios, dos hijas de Suhail Saheen —designado representante ante la ONU— estudian en un colegio público de Doha, la capital de Qatar. Las afganas tienen también prohibido practicar deporte. No así la mayor de las dos descendientes de Saheen, que juega al fútbol en el equipo de su colegio, según el diario indio The Print.

Afganistán es el único país del mundo que veta la educación a todas las adolescentes mayores de 12 años. E incluso, en algunas zonas especialmente conservadoras de Afganistán —donde ni siquiera existen escuelas femeninas de primaria—, en la práctica se prohíbe a todas las niñas, independientemente de su edad. La decisión de los fundamentalistas ha supuesto que 2,5 millones de niñas y jóvenes afganas en edad escolar no puedan estudiar. Otros 1,2 millones de chicas se han visto privadas de enseñanza secundaria y universitaria, según datos de la Unesco.

En Afganistán, era un secreto a voces que algunos miembros del Gobierno talibán tienen a sus hijas escolarizadas en institutos y universidades de Qatar y Pakistán, los dos países que acogían a los líderes fundamentalistas hasta su retorno al poder en agosto de 2021. El 7 de febrero de 2022, un informe de una red de analistas del país asiático, el Afganistán Analysts Network, confirmó lo que ya era más que un rumor en el informe ¿Quién va a la escuela? ¿Están empezando a cambiar las actitudes de los talibanes desde dentro?, basado en 30 entrevistas, de las que nueve fueron con lo que se define como “altos funcionarios talibanes”.

Los radicales afganos que, desde 2001, vivían en Quetta (Pakistán) o desde inicios de la pasada década, en Doha (Qatar) no solo permitían y permiten que sus hijas estudien en centros escolares en esos países. También privilegian inscribir a sus vástagos en escuelas modernas y no en madrasas, basadas en el aprendizaje del Corán y la educación religiosa. Un alto funcionario talibán citado en el texto y que aún reside en Qatar precisa: “En Qatar, solo una de las 26 familias de dirigentes talibanes envía a su hijo a una madrasa; el resto envía tanto a sus hijos como a sus hijas a escuelas modernas, cataríes y paquistaníes. Los miembros de los talibanes y sus familias que viven aquí [en Qatar] exigen con insistencia una educación moderna y nadie se opone a ella, ni para los niños ni para las niñas, sea cual sea su edad”.

Cuando los talibanes tomaron de nuevo el poder el 15 de agosto de 2021, algunos de los miembros de la oficina de representación de los fundamentalistas en Doha volvieron a Kabul. En ese momento, señala el informe del centro de estudios afgano, dos miembros del equipo negociador de los talibanes dijeron haber tenido que enfrentarse al dilema entre instalarse con sus familias en Afganistán o dejarlas en Qatar. Estos dos fundamentalistas mostraron preocupación por “la interrupción que supondría para la escolarización de los niños y las niñas”.

¿Evolución o hipocresía?

El autor de este informe, el analista afgano Sabawoon Samim responde por correo electrónico a este diario que esta aparente contradicción de los talibanes “difícilmente puede ser considerada hipocresía”.

“El porqué se prohíbe a las niñas afganas tener una educación es una cuestión complicada, dado que [los talibanes] que tienen un pensamiento más evolucionado [sobre la educación femenina] no son quienes tienen el poder absoluto sobre la toma de decisiones. Dentro de los talibanes, el líder supremo, [Haibatulá Ajundzadá] es, ideológicamente, la fuente última de la toma de decisiones. El líder supremo es un mulá conservador que no está a favor de las escuelas para niñas. Así que él ordena la prohibición y todos los demás miembros del movimiento deben obedecerle desde una perspectiva ideológica”, afirma este analista, que añade que “hay una evolución en la forma de pensar de muchos altos dirigentes talibanes”.

El autor del informe atribuye esa supuesta evolución a la influencia de vivir en lugares como Peshawar (Pakistán), Doha y otras ciudades del Golfo. “Estos líderes talibanes han vivido en una sociedad diferente, moderna, donde la educación de las niñas es un derecho humano fundamental y una parte normal de la vida, y eso ha influido en sus percepciones”. En su opinión, el que los talibanes “envíen a sus hijas a escuelas y universidades es una prueba evidente” en ese sentido.

Esa evolución a la que alude Samim de momento solo beneficia a sus hijas, y no al resto de jóvenes afganas que han visto no solo cómo se les prohíbe estudiar en la universidad, sino incluso aspirar a ello. A finales de enero, el Gobierno de los talibanes anunció que a las estudiantes ni siquiera se les permitirá presentarse al llamado Konkour, el examen de acceso a la universidad en Afganistán.

Además, incluso antes de que los talibanes cerraran las puertas de las universidades a las afganas, algunas de ellas ya habían visto cómo se les impedía continuar en las aulas. So pretexto de que algunos estudios no eran “adecuados para mujeres”, los talibanes habían vetado o restringido a las mujeres el acceso a determinadas licenciaturas o estudios como periodismo, ingenierías, matemáticas o inglés.

Las lenguas extranjeras están vedadas para las afganas de a pie. Sin embargo, los altos cargos del régimen de los talibanes cuyas hijas estudian en el extranjero, no solo no les prohíben aprender idiomas, sino que lo favorecen. El informe del Afghanistan Analysts Network precisa que algunos integristas con hijas escolarizadas en Qatar “elegían escuelas privadas dirigidas por paquistaníes afincados en Qatar, que tenían un plan de estudios paquistaní y utilizaban el inglés como medio de enseñanza”.

Nilufar, nombre ficticio de una universitaria afgana de 19 años, activista por el derecho a la educación de las mujeres de su país, discrepa por WhatsApp desde Kabul del analista autor del informe: “Prohibir la educación a las afganas mientras mandan a sus hijas a universidades en el extranjero es lo más hipócrita que los talibanes pueden hacer”. Y concluye: ”Por lo demás, ¿qué es lo que los talibanes no han hecho a este país?”.

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Como si quisieran hacer realidad esa metáfora que utilizan muchas mujeres afganas —la de que están “enterradas en vida”— los radicales ordenaron en diciembre cubrir o tapiar las ventanas de las casas donde viven mujeres. Las afganas son víctimas de la misoginia de los talibanes, pero no son víctimas dóciles. Todo lo contrario, según recalca a EL PAÍS el relator especial de la ONU para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, que cree que las mujeres y niñas del país “están en primera línea de la resistencia”.

Desde que la abrupta conclusión de la retirada de las tropas internacionales precipitara la caída de la frágil República de Afganistán y su retorno al poder, los exguerrilleros han ido destruyendo a golpe de decretos ese espejismo de los Talibanes 2.0, a los que se atribuía una supuesta evolución hacia posiciones más moderadas que en su anterior periodo en el poder (1996-2001).

En realidad, las “autoridades de facto” de Afganistán —en palabras de la ONU— están aplicando un esquema que sigue unos pasos similares a los que ya tomaron en los años noventa. Entonces, como analiza Bennett —que el lunes participó en un panel del XII Foro de Seguridad de Herat, organizado por el Instituto Afgano de Estudios Estratégicos en el Ateneo de Madrid—, privaron a las mujeres de todos sus derechos. Una situación que, para este veterano defensor de los derechos humanos, neozelandés nacido en el Reino Unido (Grimsby, 70 años), constituye un “apartheid de género”.

Las afganas, mientras tanto, siguen resistiendo, difundiendo en redes sociales protestas que hacen en sus casas, con la cara cubierta y sosteniendo pancartas. También estudiando en escuelas clandestinas. O incluso manifestándose en la calle, lo que ha llevado a un número que se desconoce de ellas a la cárcel, donde muchas han denunciado torturas y violencia sexual. “No quieren ser percibidas como víctimas, son mujeres fuertes, extremadamente organizadas” en su lucha contra los fundamentalistas, subraya Bennett.

El relator de Naciones Unidas pone un ejemplo de que nada de lo que están haciendo ahora los talibanes “es nuevo” aludiendo a “esa orden de tapar las ventanas”, otra de las muchas que también decretaron hace tres décadas. Teme, por ello, que los fundamentalistas “den pasos que vayan aún más lejos” y les arrebaten a las mujeres y niñas del país algunos de los pocos derechos que aún les quedan, como cursar la educación primaria, hasta los 11 o los 12 años.

Las afganas ya tienen prohibido estudiar a partir de esa edad. También trabajar en la Administración, en las fuerzas de seguridad, en los bancos, en las ONG, en la judicatura o en las propias Naciones Unidas. Los talibanes las han sometido de por vida a la autoridad de los hombres de su familia, sin cuyo permiso y acompañamiento no pueden obtener documentos como el pasaporte ni viajar. Tampoco pueden disfrutar del ocio.

A la prohibición general de escuchar música se suma que ellas no pueden cantar —se considera que eso puede excitar a los hombres— ni entrar en parques, jardines o gimnasios. Tampoco acudir a peluquerías, que los radicales han cerrado, ni a baños públicos. Desde diciembre, ninguna afgana puede tampoco formarse en profesiones sanitarias, una de las pocas posibilidades de estudiar que aún tenían y que agravará la ya grave carencia de sanitarias mujeres.

“Una afgana me contó un día que el comportamiento de su hijo hacia ella había cambiado bajo los talibanes, que este la trataba con menos respeto y le preguntaba por qué no llevaba el velo. Esa mujer sentía que sus propios hijos la vigilaban”, recuerda Bennett. El relator cree que las restricciones impuestas a mujeres y niñas repercutirán en toda la sociedad afgana, en los hombres y en los niños, que tenderán a “perpetuar” la misoginia. Los talibanes tratan de hacer de los hombres sus “cómplices”, deplora este experto, “al forzarlos a vigilar a las mujeres de su familia”.

Nada indica “que esta situación vaya a mejorar”, recalca el relator de Naciones Unidas, que considera que la represión hacia las afganas “aún no ha alcanzado su punto culminante” y que la comunidad internacional no debería en ningún caso reconocer a los talibanes como gobernantes legítimos sin condicionar esa decisión a que restituyan los derechos de las mujeres y a otros colectivos oprimidos como las minorías étnicas.

Clandestinidad

Los talibanes pueden no haber evolucionado en los 20 años transcurridos entre sus dos periodos en el poder; las afganas, seguramente, sí. No todas, y con un importante sesgo entre los avances que registraron las mujeres urbanas frente a las rurales, pero de manera indudable en un indicador clave, la educación. La escolarización de las niñas pasó de un 0% en 2001 a un 77,7% solo dos años después, según el Banco Mundial. Esa cifra alcanzó el 82,9% en 2018, último dato registrado antes del retorno al poder de los fundamentalistas.

Una de esas afganas educadas es Laila Bassim, economista de 30 años. Fue expulsada de su puesto de funcionaria, obtenido por oposición en el Ministerio de Economía, cuando los talibanes recuperaron el poder. Bassim, cofundadora del Movimiento Espontáneo de Mujeres Manifestantes de Afganistán, sufrió un aborto después de que los fundamentalistas le propinaran una paliza por manifestarse en la calle. Esta mujer presenció el asesinato de una de sus vecinas por oponerse a un matrimonio forzado y cómo los talibanes lapidaron hasta la muerte a dos mujeres en su provincia natal de Badajshán, a 260 kilómetros de Kabul, por no llevar el hiyab.

A pesar del riesgo de hablar con periodistas extranjeros, Bassim explica por WhatsApp a EL PAÍS cómo las afganas resisten “con enorme valor” recurriendo a métodos “creativos”, como esas manifestaciones a puerta cerrada con la cara cubierta, que sirven para grabar vídeos “de disidencia y difundirlos en las redes sociales para hacer oír la voz de las afganas en todo el mundo”.

Esas protestas conllevan graves riesgos. La activista afgana calcula en un centenar las manifestantes detenidas por los talibanes entre octubre de 2022 y marzo de 2024. Luego subraya cómo las niñas afganas siguen resistiendo al asistir a esas escuelas clandestinas, con clases “que se imparten en secreto en casas o lugares privados, y que están organizadas por profesores o familias”. Otras muchas niñas estudian a través de internet. Si lo tienen, con un ordenador; si no, simplemente “con un móvil”.

La resistencia cuenta con la colaboración vital de las afganas exiliadas. Una de ellas es Khadija Amin, una periodista que presentaba un informativo en la televisión pública afgana y que, en agosto de 2021, llegó a España a bordo de un avión fletado por la Fuerza Aérea Española.

Amin llegó a dormir en un parque a falta de medios para pagarse una habitación. Casi cuatro años después, elabora un documental sobre Afganistán en una productora de televisión y se dispone a crear una asociación de ayuda a las afganas con el nombre “Esperanza de Libertad”. Este miércoles, recibió el NIF de la asociación, explica exultante por teléfono, poco antes de acudir al aeropuerto de Madrid para acoger a dos afganas y sus familias, en total, nueve personas, a las que ha ayudado a obtener un visado humanitario para viajar a España. Una de esas afganas, madre de cuatro hijos, tuvo que escapar de Afganistán “después de que los talibanes la encarcelaran y torturaran”, relata la periodista.

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¿Cuál es el origen del conflicto que afecta al Congo?

Entre 1996 y 2003, Congo vivió dos guerras sucesivas. El origen del conflicto tuvo inicialmente tres causas principales, según un análisis de Jason Stearns, director del Grupo de Estudios sobre el Congo: el colapso de 32 años de dictadura de Mobutu Sese Seko; el contagio del genocidio de 1994 en Ruanda —cuando muchos de sus perpetradores, disimulados entre un millón de refugiados hutus, huyeron a la RDC—, y conflictos locales por la tierra, la ciudadanía y el poder. Especialmente entre quienes se definen como “autóctonos” y congoleños hutus y tutsis de origen y habla ruandesa, asentados en Congo desde hacía generaciones. Los sucesivos grupos armados tutsis apoyados por Ruanda en Congo, como el M-23, se presentan como defensores de esa comunidad discriminada, a cuyos miembros se conoce en la RDC como “transplantés” (trasplantados). El presidente ruandés, el tutsi Paul Kagame, justifica la actual ofensiva del M-23 con ese argumento, aunque niega que su país esté detrás.

¿Cómo empezó el saqueo?

La huida de genocidas al entonces Zaire provocó que el Ejército Patriótico Ruandés, liderado por Kagame, invadiera el Congo en 1996 so pretexto de darles caza y en apoyo de la rebelión de Laurent-Désiré Kabila, que derrocó a Mobutu. El expolio empezó con el saqueo de grandes cantidades de estaño y oro almacenadas en el este de la RDC, pero fue en la segunda guerra de Congo (1998-2003) cuando se hizo sistemático, algo que tuvo mucho que ver con el gran aumento a finales de esa década del precio de la columbita-tantalita o coltán, un mineral del que se calcula que el Congo tiene entre el 7% y el 8% de las reservas mundiales. El coltán posee propiedades superconductoras de la electricidad y se utiliza en móviles y ordenadores, pero también para fabricar armas de última generación. Kigali empezó entonces a exportar ese mineral congoleño etiquetándolo como ruandés.

Un informe de 2001 del grupo de expertos para el Congo de la ONU describía cómo los mismos camiones y aviones que llevaban armas y soldados desde Ruanda a la RDC volvían cargados de coltán, diamantes y oro. En un segundo informe, de 2022, se detallaban los vínculos del régimen ruandés con organizaciones criminales internacionales como la del traficante de armas ruso Viktor Bout, y el uso de compañías aéreas vinculadas con el entorno de Kagame, como Jambo Safari, propiedad de Modeste Makabuza, un consejero del presidente. El director de la empresa Eagle Wings Resources International, que comerciaba con coltán congoleño, era Alfred Rwigema, cuñado del mandatario.

Una fachada comercial

Tras los acuerdos de paz de 2002, Ruanda y Uganda retiraron sus tropas del Congo, pero ambos siguieron beneficiándose del contrabando de minerales. Kigali, que se aprovechó de la fragilidad del Estado congoleño y de la corrupción, estableció una explotación indirecta del coltán al utilizar “mecanismos de control económicos” por los que reemplazó a “los directores congoleños de entidades paraestatales” con hombres de negocios ruandeses para dar a su actividad una fachada comercial, explica el informe de 2002. Otro mecanismo ha consistido en dar apoyo a sucesivos grupos armados que le han ofrecido acceso al maná minero.

Incluso antes de que el M-23 se apoderara el pasado abril de la mina de coltán más grande de los Grandes Lagos —la de Rubaya (Kivu del Norte)—, camiones con el mineral salían de ella hacia Ruanda, explica bajo anonimato a este diario un congoleño tutsi. Congo exportó 1.918 toneladas de coltán en 2023; Ruanda, 2.070 toneladas, según datos oficiales recopilados por Ecofin. Ese año fue el quinto desde 2014 en que Kigali exportó más coltán que su vecino. En agosto, el propietario de la empresa que explotaba la mina de Rubaya, Bisunzu Mining Company, el diputado Édouard Mwangachuchu, fue condenado a muerte, conmutada a cadena perpetua, por traición por su complicidad con el M-23. Mwangachuchu es un tutsi con doble nacionalidad congoleña y ruandesa.

Territorio y riquezas

La región histórica de Kivu es un espacio de confrontación geopolítica por el territorio y sus riquezas entre la RDC, Ruanda y Uganda. Kigali la considera una zona de expansión natural para su economía, su población e incluso su ganado, que escapa del control del frágil Estado congoleño. Antes de esta ofensiva del M-23, Ruanda había mostrado su irritación por la decisión de Kinsasa de permitir operaciones militares conjuntas con tropas ugandesas en el este del Congo para luchar contra un grupo armado islamista de origen ugandés, las Fuerzas Democráticas Aliadas. Ese temor a la influencia ugandesa tiene varios motivos, entre ellos el acceso al oro congoleño. Uganda también exporta más cantidad de ese metal precioso de la que produce.

La ofensiva del M-23 otorga a Ruanda ventaja sobre Uganda. Le asegura el control de sitios mineros cruciales y un corredor de transporte entre Kigali y las ciudades orientales de la RDC, claves en su objetivo de convertir a su capital en el centro regional de comercio y procesamiento de materias primas estratégicas. Para ello está construyendo varias plantas de refinado, entre ellas de coltán, lo que aumentará su valor añadido. Este plan depende en parte de ese “acceso privilegiado a los recursos minerales congoleños” y la conversión de “la frontera ruandesa en el principal punto de entrada y salida de las materias primas congoleñas”, destaca la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Desde que el M-23 controla minas como la de Rubaya, al menos 150 toneladas de coltán “son exportadas de manera fraudulenta cada mes hacia Ruanda y mezcladas con la producción ruandesa”, según el último informe del grupo de expertos de la ONU. Los beneficios son de 800.000 dólares mensuales (773.000 euros).

Una reacción tardía

Hasta el 40% del presupuesto ruandés procede de la ayuda internacional. En 2012, cuando el M-23 tomó también Goma, la suspensión de 240 millones de dólares para Ruanda de varios donantes por su respaldo a la guerrilla forzó la retirada de esta en una semana. Kigali apoya ahora al M-23 con hasta 4.000 soldados, según la ONU, pero la reacción internacional ha tardado. El pasado jueves, Washington sancionó a James Kabarebe, ministro ruandés para la Integración Regional y mano derecha de Kagame, y al portavoz del M-23 Lawrence Kanyuka. El viernes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó la ofensiva del grupo en Congo e instó a Kigali a dejar de apoyarlo, y este lunes la UE anunció futuras sanciones contra Ruanda, que condicionó a la “evolución sobre el terreno”. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, precisó que los Veintisiete no revocarán el polémico memorando que Bruselas firmó con Ruanda en 2024 para facilitar la importación de minerales como el coltán, sino que lo “revisarán”.

Jason Stearns atribuye en otro análisis esa actitud ante Ruanda, que puede considerarse tibia, al declive del multilateralismo o a la multiplicación de crisis en el mundo, pero cita otra causa: el régimen de Kagame “ha sabido hacerse útil” a Occidente. Por ejemplo, proporcionando casi 6.000 soldados a la ONU u ofreciéndose a acoger a migrantes expulsados del Reino Unido. En la guerra sin fin del este del Congo, al menos 7.000 personas han muerto solo desde enero, según el Gobierno del país.

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No es la única mujer que señala a este diplomático afgano como autor de abusos sexuales. Y también se le acusa de desviar a cuentas particulares parte de los ingresos que cobra la Embajada por cumplimentar trámites burocráticos. Sin embargo, su estatuto le ha permitido sustraerse hasta ahora a cualquier investigación; a pesar de que, desde agosto de 2021, el Gobierno que le nombró, el prooccidental de Ashraf Ghani, ya no existe. Y España no mantiene relaciones con el régimen talibán que desde entonces ocupa el poder en Kabul.

El pasado 31 de enero, representantes de las asociaciones de refugiados afganos en España se reunieron con un alto cargo del Ministerio de Exteriores para pedirle que se le retirase la inmunidad diplomática y se investigasen las denuncias por corrupción y abusos sexuales que pesan sobre él. La primera de esas demandas se ha cumplido finalmente este martes, cuando el departamento que dirige José Manuel Albares le ha retirado la protección de la que hasta ahora gozaba.

Cinco meses antes, el 24 de agosto del año pasado, la ciudadana afgana Anis (nombre ficticio) remitió un correo electrónico a la Unidad de Coordinación Informática de la Fiscalía General del Estado en el que narraba “una agresión sexual con sumisión química ocurrida en Madrid y cometida por una persona que identifica con el nombre de D. Rahim Peerzada y de la que afirma ser el jefe de la Embajada de Afganistán en España”, según el decreto de la Fiscalía.

El diario alemán Die Welt consiguió hablar con Anis, que ahora reside cerca de Colonia. Ella explicó que el 8 de marzo de 2022, cuando llevaba solo un mes en España, a donde había huido de los talibanes con su familia, acudió a la recepción de la Embajada afgana en Madrid con motivo del Día de la Mujer. Fue allí donde entabló contacto con Peerzada, “un joven y amable diplomático” afgano que la convenció de que se encontraba en un lugar seguro. Días después, la citó con la excusa de proponerle un trabajo en la legación diplomática, según su relato. Quedaron en un bar de shisha (pipa tradicional de agua de los países musulmanes), donde él le ofreció tomar alcohol y ella pidió una Coca-Cola. Fue un momento al baño y cuando regresó bebió unos sorbos y empezó a sentirse mareada. Pensando que era efecto del tabaco, tomó el resto del refresco de un trago. Y empeoró. Cuando recobró la conciencia, asegura que estaba en la cama de una habitación de hotel con el diplomático sobre ella. Luego la llevó a la estación, donde cogió un tren para volver con su familia.

Anis no es la única mujer que acusa al diplomático afgano de abusos sexuales. Simin, nombre también ficticio de una joven afgana que llegó a España en agosto de 2021, ha contado su historia a EL PAÍS. Conoció a Peerzada en la fiesta de celebración del Nowruz, el año nuevo persa, en la ciudad donde reside. “Se acercó y me propuso que comiéramos juntos si pasaba por Madrid. A partir de ese día empezó a escribirme. La primera vez, desde el teléfono de la embajada, pero enseguida cambió a su número personal “, explica. Un día que Simin se encontraba en Madrid, Peerzada le propuso comer juntos, pero ella le respondió que ya tenía el billete de vuelta a su ciudad. El diplomático se ofreció entonces a pagarle otro si retrasaba unas horas su retorno. “En el restaurante hablamos de lo que podíamos hacer para ayudar a los afganos en España”, continúa la mujer. Después, la invitó a fumar una shisha en su casa. “No sospeché nada”, asegura la refugiada. Hasta ese momento, el tono del diplomático había sido respetuoso y profesional, por lo que aceptó.

“Fuimos a un ático de dos plantas cerca de Avenida de América”, recuerda Simin, quien desconoce si esa vivienda, ubicada en Madrid y que define como “muy lujosa”, era la residencia oficial del embajador. “Al llegar, preparamos la cachimba y seguimos hablando de Afganistán. Al cabo de un rato, se ofreció a enseñarme la casa. Subimos las escaleras y, al entrar a una habitación, me empujó de repente y me tiró sobre una cama. Yo estaba muerta de miedo, pero traté de que no me lo notara. Pensaba que iba a violarme. Logré darle un empujón y le dije que yo no había ido allí para mantener relaciones sexuales. Peerzada insistió, pero yo seguí negándome”. Tras conseguir zafarse, Simin abandonó la casa y se encontró sola y sin dinero para volver a su ciudad. Esa noche la pasó en la estación de autobuses.

Simin no denunció al diplomático, pero tampoco le hubiera servido de mucho. La denuncia de su compatriota Anis se archivó dos semanas después de que la presentara. La policía judicial comprobó que Mohamad Rahim Peerzada estaba acreditado como consejero de la Embajada de Afganistán y gozaba de inmunidad diplomática. El 9 de septiembre, la Fiscalía Provincial de Madrid cerró la investigación, con el argumento de que Afganistán “no ha renunciado mediante consentimiento expreso o tácito a la inmunidad en este caso ni constituye una excepción a la inmunidad los delitos contra la libertad sexual”. En consecuencia, “los tribunales españoles carecen de jurisdicción para la investigación del hecho denunciado”. Peerzada fue nombrado consejero en Madrid en febrero de 2021, meses antes de que se desmoronara el gobierno prooccidental del presidente Ghani, pero cuando el embajador se marchó, él se convirtió en el jefe de facto de la legación diplomática.

El pasado 31 de enero, representantes de asociaciones de refugiados afganos en España se reunieron con el director general de Protocolo, Cancillería y Órdenes en el Palacio de Santa Cruz, la sede tradicional del Ministerio de Asuntos Exteriores, para denunciar por corrupción y violaciones de los derechos humanos al jefe de la Embajada de su país en Madrid. Según uno de los asistentes, los refugiados denunciaron que Peerzada cobraba en negro y desviaba a sus cuentas personales parte del dinero que se abona por la realización de trámites burocráticos en la legación diplomática. Además, dijeron haber recibido “múltiples informes de abuso indebido hacia mujeres afganas durante las acciones administrativas con la Embajada”.

Los refugiados que acudieron a Exteriores eran todos hombres, por lo que reconocieron que solo conocían “de oídas” las noticias sobre abusos sexuales que comentaban entre sí las mujeres de la comunidad afgana en España, pero el director general que les recibió admitió estar al corriente de estas denuncias, que ya estaba investigando la policía alemana. Los afganos pidieron que se abriera una investigación independiente y transparente sobre los casos de corrupción en la legación diplomática y reclamaron “garantías de seguridad para las víctimas de abusos, especialmente las mujeres, así como la creación de canales seguros y confidenciales para presentar denuncias”.

El alto cargo de Exteriores, según las mismas fuentes, advirtió de que cerrar la Embajada podría perjudicar a la colonia afgana en España, integrada por unas 4.000 personas, al dificultarles la realización de trámites como la renovación del pasaporte, el certificado de nacimiento o el de matrimonio. La respuesta de los afganos fue que el 99% de ellos son solicitantes de asilo, por lo que es el país de acogida y no el régimen talibán el que debe documentarlos.

Se da la circunstancia de que la propia sede del Ministerio de Exteriores albergó en diciembre pasado la conferencia HearUS, que reunió a más de 50 afganas en el exilio y sirvió para reivindicar el papel público de las mujeres en un país donde los talibanes les han vetado el acceso a la educación y las ha condenado a la invisibilidad, prohibiéndoles incluso cantar. El ministro José Manuel Albares anunció entonces que España, junto a otros países, había pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes contra las mujeres y las niñas cometidos desde que los talibanes llegaron al poder.

El PAÍS ha intentado recabar la versión del diplomático afgano, pero este no ha respondido a las peticiones reiteradas a través de distintos medios para hablar con él. Cuando le preguntó Die Welt, contestó: “Rechazo todas las acusaciones en mi contra. Deberían haberse presentado ante las autoridades competentes para su examen de acuerdo a la ley”.

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Rekabi, entonces de 33 años, participó en esa competición sin el hiyab —obligatorio para las atletas iraníes incluso en el extranjero—, en Seúl el 16 de octubre de 2022. Justo un mes antes, miles de iraníes habían empezado a manifestarse contra el régimen islámico en las calles después de que una joven kurdoiraní de 22 años, Yina Mahsa Amini, muriera a manos de la policía de la moralidad, que la había detenido por llevar el velo de forma “inapropiada”. Cuando esas protestas ya se habían extendido a todo el país, la escaladora compitió en la final de cuerda del campeonato asiático en el rocódromo de Seúl con el pelo recogido en una coleta y sin pañuelo, un gesto que se interpretó como una señal de apoyo a los manifestantes. Horas más tarde, la familia denunció que la deportista estaba ilocalizable, después de que las autoridades de su país la secuestraran y le confiscaran el móvil y el pasaporte, informaron medios iraníes en el exilio como IranWire.

La atleta reapareció dos días después cubierta con una capucha, ya de regreso en el aeropuerto de Teherán. Rodeada por agentes del régimen y ante una multitud que había acudido a recibirla al grito de “¡Campeona!”, la deportista se disculpó públicamente por su gesto y lo atribuyó, visiblemente contrita, a un “error”. Horas antes de su regreso, su hermano Davud había sido detenido por el poderoso ejército paralelo iraní, la Guardia Revolucionaria, y estaba en paradero desconocido.

Desde entonces, poco se había sabido de esta atleta que, según IranWire, lejos de cometer un “error” al comparecer sin velo, había tomado esa decisión un mes antes del campeonato de Seúl; justo cuando murió Amini y empezaron las protestas lideradas por mujeres que tomaron como lema un viejo eslogan kurdo: “Mujer, vida y Libertad”. Desde entonces, las autoridades iraníes —ha dicho su hermano a Asriran— “habían privado de todo” a la escaladora, en represalia por su decisión de prescindir del hiyab en una competición internacional.

Rekabi fue luego obligada a permanecer bajo arresto domiciliario y sin poder utilizar su teléfono móvil desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023, según IranWire. El 2 de diciembre de 2022, las autoridades destruyeron una casa cuya propiedad compartía con su hermano Davud. Casi al mismo tiempo, medios iraníes en el exilio informaron de que ambos habían sido multados con unos 1.820 dólares (unos 1.700 euros) sin que se aclararan los motivos.

Prohibición de viaje

Las autoridades iraníes le impusieron también a la deportista una prohibición de salir de Irán, que el presidente de la Federación de Montañismo de la República Islámica, Reza Zarei, justificó con el propósito de impedir que volviera a participar sin pañuelo en competiciones internacionales. Zarei reconoció entonces que la atleta no había sido suspendida completamente porque el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Montañismo “estaban supervisando simultáneamente su situación”.

La prohibición de viajar fuera de Irán solo se levantó parcialmente en junio de 2023, cuando las autoridades del país permitieron a la atleta participar en Italia en la fase clasificatoria para las pruebas de escalada de los Juegos Olímpicos de París. Para ello, siempre según medios iraníes en el exilio, la atleta tuvo que aportar como fianza 20.000 dólares (unos 18.000 euros) y un título de propiedad de una casa que, de no haber regresado a Irán, habría sido confiscada. Esa es una práctica habitual de Teherán para asegurarse de que sus deportistas no solicitan protección internacional en otros países.

El régimen islámico iraní tomó otras represalias contra Rekabi, ha detallado ahora su hermano. La escaladora se vio forzada a entrenar en total soledad en su gimnasio y también se le prohibió seguir instruyendo a los deportistas a quienes antes asesoraba. “El problema de mi hermana no era el hiyab, sino la independencia de las mujeres”, ha aclarado Davud Rekabi, en lo que parece una alusión a las razones de su exilio.

El martes, el también escalador había anunciado ya en una entrada en sus redes sociales que su hermana abandonaba su país natal, aunque sin mencionar su destino. En sus declaraciones a Asriran, sí ha confirmado que “Elnaz ha viajado a España” y “va a seguir enseñando y entrenando, además de continuar con su carrera profesional de escalada en roca”.

Este diario ha contactado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ni ha confirmado ni desmentido que la deportista iraní se haya refugiado en España, informa Miguel González. También con la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) que ha asegurado desconocer si la atleta se encuentra en España.

Desde el inicio de las protestas multitudinarias desatadas por la muerte bajo custodia policial de Yina Mahsa Amini —en las que murieron más de 550 manifestantes y 60.000 fueron detenidos, mientras que una decena de manifestantes fueron ahorcados, según la ONU—, las autoridades iraníes han tratado de silenciar a quienes han apoyado las protestas. Especialmente a personalidades públicas como actores, cantantes y deportistas como Elnaz Rekabi, cuyo respaldo consideran un altavoz para la oposición al régimen.

Otra deportista iraní, la ajedrecista Sara Khadem, se refugió también en España en diciembre de 2022 después de jugar sin velo en el Mundial de partidas rápidas que se disputó entonces en Almaty (Kazajistán). Khadem ha adquirido la nacionalidad española y ya compite por España en campeonatos internacionales.

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La infancia de la anciana, nacida en 1932, había transcurrido en la ciudad palestina de Bir as Sabi, que Israel rebautizó luego como Beersheva, a unos 110 kilómetros al sur de Tel Aviv. La Franja de Gaza como tal no existía. Sí la urbe homónima en el mandato británico de Palestina. Ya casada, siendo aún una adolescente, se había mudado con su marido a Ciudad de Gaza cuando, en 1948, toda su familia tuvo que huir de Bir as Sabi por la Nakba (catástrofe), la expulsión o huida de sus tierras de 750.000 palestinos ante el avance y las matanzas de las milicias sionistas. Más de 1,7 millones de los 2,2 millones de gazatíes son refugiados a causa de ese éxodo indisociable de la creación de Israel.

Gaza es una tierra de jóvenes. Solo el 4,7% de su población tiene más de 60 años, según la oficina central estadística de Palestina. Con tantos adolescentes y niños heridos, mutilados o en las listas de los más de 34.000 fallecidos por la ofensiva militar israelí del Ministerio de Sanidad gazatí, las muertes de ancianos han pasado casi inadvertidas.

Un informe de la organización Euro-med Human Rights Monitor alertaba en marzo del “elevado” número de víctimas mayores, sobre todo en relación con su escaso peso en la población: alrededor del 7% de los muertos de la guerra eran ancianos. Algunas de esas víctimas perecieron en bombardeos, por disparos de francotiradores o por ejecuciones extrajudiciales. Una de ellas se refleja en un vídeo de los propios autores divulgado por Al Jazeera. En él, un soldado israelí se jacta de haber matado a un anciano sordo en Gaza.

It's been 48 days since the IDF vowed to "probe" the
leaked footage of an Israeli soldier executing an elderly deaf man who had his arms up in the air begging for his life & bragging about it to other IDF soldiers who applauded him for it.

0 results 0 mainstream media coverage! pic.twitter.com/tOjtCyJRHu

— Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) April 26, 2024

Otros ancianos han muerto por inanición, desnutrición, deshidratación y “atención médica inadecuada”, precisa Euro-med Monitor. La salud de los ancianos es más vulnerable. En Gaza, aún más. Según datos oficiales palestinos, más del 70% de los mayores del enclave tiene al menos una enfermedad crónica. Antes de la guerra, la ONG Juzoor calculaba que el 45% se acostaba con hambre al menos una noche a la semana.

Como Al Sawada, muchos mayores han perecido en la zona más peligrosa de Gaza: el norte. En las fosas comunes descubiertas recientemente tras la retirada del ejército del hospital Kamal Adwan, había ancianos. Un gran número “ni siquiera llegaron” a ese u otros hospitales, asegura Euro-med Monitor. Los mataron o murieron en sus casas y muchas de esas muertes no están registradas. Son las “bajas ocultas” de la guerra, subraya la ONG HelpAge.

Morir sola

Los últimos días de Naifa Al Sawada transcurrieron en medio de bombardeos, disparos de tanques y de francotiradores israelíes, durante el segundo asalto al cercano hospital Al Shifa, a mediados de marzo. A las dos de la madrugada del día 21, los soldados volaron las puertas de su casa.

“Empezamos a gritar: Somos civiles, mujeres y niños”, cuenta desde la meridional Rafah, Amal (que pide no dar su nombre real), nuera de la anciana. “A los hombres los desnudaron y se los llevaron maniatados. A las mujeres nos retuvieron a punta de pistola y luego nos ordenaron que nos marcháramos al sur. Le rogué al soldado: ‘Mi suegra es muy mayor, no puede comer, ni beber. Déjeme que me la lleve en su silla de ruedas. No puedo dejarla sola”.

Amal siguió suplicando “durante 20 minutos”. El militar se negó. “Empezó a gritar. Me apuntó con su arma. ‘Si no te vas, te mato’, me dijo”, recuerda.

La mujer había acostado a la anciana: “La tapé y le di la poca comida que teníamos. Se quedó recostada sobre el lado derecho”.

Sus hijos trataron de volver a entrar en el apartamento, pero los “francotiradores disparaban a todo lo que se movía”, explica por teléfono desde Gaza Warda, el nombre también falso de una hija de la anciana. La familia empezó entonces una búsqueda frenética. Preguntaron a gente que decía haber visto a los soldados llevándose a su madre; pidieron ayuda a la Media Luna Roja, recorrieron los hospitales. Incluso recurrieron a una ONG israelí y a la periodista del diario Haaretz Amira Hass, que preguntó por la anciana al ejército israelí. Su respuesta fue que no sabían nada. Warda acudió a la morgue del hospital Bautista de Gaza. Allí vio “cientos de cadáveres mutilados, descompuestos o carbonizados”. Su madre no estaba entre ellos.

El ejército israelí se retiró del hospital Al Shifa el 1 de abril. Ese mismo día, la familia entró en el edificio de la anciana. No la encontraron. El 8 de abril, uno de los hijos regresó al apartamento para buscar otra vez. Cubiertos por cenizas y escombros, halló sus huesos. Estaban recostados sobre el lado derecho. “Nunca sabremos cómo murió. ¿De hambre? ¿Deshidratada? Quemaron el edificio... Así de atroz fue su muerte”, lamenta su nieto.

Atrapados

No muy lejos de ese inmueble, Sami Mushtaha, de 76 años, no para de llorar. Por teléfono, explica cómo un misil israelí le arrancó las piernas y mató a tres de sus nietos, de entre 14 y 18 años.

“Estaba sentado en el patio y le pedí a mi nuera un café. Entró en la casa y mis nietos la siguieron. De repente, todo tembló. Algo golpeó mi pierna. Los vecinos vinieron corriendo y me sacaron de debajo de los escombros. Uno de ellos me llevó en hombros al hospital. Yo preguntaba: ‘¿Dónde están mis nietos?”.

Los médicos le amputaron una pierna. Dos semanas después, la otra. Cuando iba a salir del hospital de Al Shifa, tuvieron que amputarle aún más arriba la primera extremidad. Ahora está atrapado con su mujer y uno de sus hijos en Ciudad de Gaza. En silla de ruedas, no puede obedecer la orden israelí de evacuación.

Numerosos ancianos gazatíes dependían ya antes del conflicto de sillas de ruedas o andadores para desplazarse. Un consultor de Christian Aid explica por correo electrónico que su suegro de 85 años está desplazado en Rafah, junto con otros tres ancianos de la familia. El hombre sufrió hace tiempo un derrame cerebral y está en silla de ruedas. La práctica destrucción del sistema sanitario gazatí ha forzado a este y otros ancianos a tratar de conseguir la medicación que precisan por su cuenta.

“Los mayores tienen a menudo poca movilidad. No pueden huir ni recorrer kilómetros buscando medicinas, comida o agua”, precisa desde Ramala (Cisjordania) el doctor Umaiyeh Khammash, fundador de Juzoor. Esta ONG asiste a más de 3.000 mayores en 50 refugios en el norte de Gaza. Muchos “están sin familiares”. Un gran número, deplora el médico, padece “graves problemas de depresión”.

Ibrahim, de 80 años, murió el 17 de febrero, relata por teléfono su hija Hend. “Mi padre empezó su vida con la Nakba y la terminó en esta guerra”. Este “padre afectuoso” había nacido en Karatya, en el actual territorio de Israel. A los cuatro años, fue uno de esos niños arrojados descalzos a los caminos que muestran las fotografías de la Nakba. Creció en el campo de refugiados gazatí de Al Shati.

Hace cuatro años, se había quedado ciego. El “anciano orgulloso que se negaba a que le ayudaran” tuvo que escapar con su familia de Ciudad de Gaza y “afrontar un entorno extraño”. Empezó a “aislarse, dejó de hablar y se negó a tomar su medicación. Nos decía que lo lleváramos a donde los israelíes pudieran pegarle un tiro. No pudo soportar tanto horror. Intentamos que le ayudaran en el hospital, pero estaban desbordados por los heridos [más de 77.000, según las autoridades de la Franja]”, lamenta Hend.

Ibrahim “nunca olvidó la sed que padeció durante la Nakba”, explica su hija. Esos recuerdos de los que el poeta Mahmud Darwish decía que daban “miedo a los invasores” le acompañaron siempre. Está enterrado en Rafah, en la tierra de Palestina, como era su deseo. Y eso es uno de los “pocos consuelos” que le quedan a Hend.

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El documento titulado Mujeres y pena de muerte en Irán, una perspectiva de género define esa cifra de 31 mujeres ejecutadas el año pasado como “un hito funesto (...) dos años después del comienzo del movimiento ‘Mujer, vida y libertad”: las manifestaciones por la muerte bajo custodia policial de Yina Mahsa Amini, de 22 años, en las que al menos 551 personas murieron a manos de fuerzas de seguridad, según la ONU. Amini había sido detenida el 13 de septiembre de 2022 por llevar el velo obligatorio de forma “inapropiada”.

“Desde 1979, la República Islámica ha usado las ejecuciones como una herramienta para producir miedo y retener el poder”, asegura el informe de IRH. Su director, Mahmood Amiry-Moghadam, describe por teléfono desde Oslo como “trágico” el aumento de las ejecuciones en Irán desde esas manifestaciones lideradas por mujeres y relaciona ese incremento con el propósito de “disuadir a la población de emprender nuevas protestas”. Especialmente a las iraníes. El activista destaca un hecho inédito desde 2011: las condenas a muerte a tres mujeres por cargos relativos a la seguridad nacional. Son la sindicalista Sharifeh Mohammadi, la activista Verisheh Moradi y la trabajadora social Pakhshan Azizi.

Las tres son defensoras de los derechos de las mujeres. Todas han denunciado torturas en la cárcel, fueron acusadas de “rebelión armada contra el Estado” y han terminado condenadas a muerte en juicios “farsa”, según Amnistía Internacional. Dos de ellas —Moradi y Azizi— son kurdas, destaca el director de IRH. Como Yina Mahsa Amini.

Irán es el segundo país del mundo que más personas ejecuta, por detrás de China, y el primero en relación con su población. En 2024, al menos 901 reclusos fueron ahorcados, según Naciones Unidas. La mayoría eran hombres. La República Islámica es también la que más mujeres ajusticia —16 de las 24 ejecutadas en todo el mundo en 2022—. Son muchas menos que los hombres, pero sufren una violencia aún mayor en razón de su género, destaca el informe de la ONG, que recuerda que, en los años ochenta, muchas condenadas a muerte eran violadas antes de la ejecución. Esos abusos permanecen a menudo “ocultos”. Muchas condenadas son pobres y a menudo son abandonadas por sus familias; carecen de voz.

El documento de IRH no incluye datos sobre “el gran número de presas políticas ejecutadas en los años ochenta ni las mujeres sometidas a ahorcamiento o lapidación por adulterio durante los primeros 30 años de la República Islámica [1979-2009]”. Sí recoge que Irán ejecutó al menos a 241 mujeres entre 2010 y 2024. De 121 ni siquiera se sabe su nombre completo.

Este diario contactó hace días con la Embajada de Irán en España para recabar la versión oficial sobre estos datos. La legación diplomática aún no ha respondido.

“Desesperación”

De entre los delitos que en Irán pueden castigarse con la pena capital —entre ellos, el sexo fuera del matrimonio, entre homosexuales o el adulterio—, sobresalen dos: el asesinato y el narcotráfico. El 47% de las iraníes ejecutadas desde 2010 fueron condenadas por ese primer delito y, de ellas, el 69% por haber matado a su pareja. Sus historias, deplora Amiry-Moghadam, son descriptivas de un “apartheid de género”.

Muchas “mataron por desesperación”, destaca el informe, frente a un maltrato de años del que no podían escapar. Las iraníes solo pueden pedir el divorcio en poquísimos casos y si lo logran pierden la custodia de sus hijos cuando estos cumplen siete años. “Atrapadas en matrimonios abusivos (...) a menudo actuaron en legítima defensa”, prosigue el documento. Irán no reconoce la violencia machista ni la violación dentro del matrimonio. Las mujeres no pueden ser juezas y su testimonio vale la mitad que el de un hombre. La edad de responsabilidad penal también difiere según el sexo. Para las niñas, 9 años; para los hombres, 15.

Zahra Esmaili era una de esas iraníes atrapadas. Fue obligada a casarse con su violador, que la había dejado embarazada, recoge el informe de IRH. El hombre la maltrataba, amenazaba con matarla e intentó violar a la hija de ambos varias veces. La mujer se lo impidió. Esmaili había pedido el divorcio repetidamente, pero ni siquiera le contestaron. Después de que su cónyuge le comunicara la fecha en la que pensaba asesinarla, ella y su hija lo mataron en 2017. El día que iba a ser ejecutada, el 19 de febrero de 2021, Esmaili murió de un ataque al corazón al presenciar cómo ahorcaban a otros condenados. Los verdugos colgaron luego su cadáver de la soga y su suegra activó el mecanismo del patíbulo. Una norma iraní permite a los familiares de las víctimas de asesinato ahorcar con sus propias manos a los condenados. A dos iraníes condenadas por matar a sus maridos maltratadores, las ejecutaron ese mismo año sus propios hijos.

Otro 44% de esas 241 ajusticiadas desde 2010 acabaron en el patíbulo por tráfico de drogas. Su perfil habitual era el de una mujer pobre, con poca o nula educación; a menudo madres solas con proles numerosas de regiones desfavorecidas habitadas por minorías como la oriental Sistán y Baluchistán. La tríada perfecta de la discriminación en Irán tiene tres vértices: ser mujer, pobre y pertenecer a una minoría étnica, cultural o religiosa.

Desde finales de los años 2000, en Irán solo se emplea el ahorcamiento como método de ejecución, pero la crucifixión y la lapidación son aún legales. Esta última, rememora Amiry-Moghadam, se aplicaba mucho más a mujeres que a hombres, sobre todo por adulterio. Los condenados eran enterrados en un agujero cavado en el suelo dentro de la prisión. Si el preso lograba zafarse y salir del hoyo, se le conmutaba la pena. A los hombres, se les sepultaba hasta la cintura. A las mujeres, hasta el pecho, por lo que “era mucho más difícil” que sobrevivieran.

Pena “encubierta”

Otra mujer podría morir muy pronto en la cárcel de Evin, en Teherán. No está condenada a muerte, pero su estado de salud es tan precario que su hija, Negar Sabet, teme que su regreso a prisión, tras una breve excarcelación por motivos médicos, sea una pena capital “encubierta”, explica desde Australia. Es la poeta y profesora de la minoría religiosa bahai Mahvash Sabet, de 72 años. Sabet ha sido operada “a corazón abierto y tiene un tumor en el pulmón”, entre otros graves problemas de salud, explica su hija.

Esta poeta ha pasado ya 13 años en la cárcel, tres de ellos en aislamiento, relata Negar. Sus médicos han dicho que probablemente morirá si es encarcelada de nuevo para cumplir los 10 años que restan de su pena por “propaganda contra el sistema”, entre otros cargos. Este domingo termina el plazo para que ingrese de nuevo en la cárcel de Evin, en Teherán.

“Su único crimen es ser bahai”, dice su hija. También el haber educado a los jóvenes de esta minoría de 300.000 miembros, que tienen vetada la universidad porque el régimen los considera herejes. Su familia y esta perseguida comunidad han iniciado una campaña de firmas para pedir que no ingrese en la cárcel. En uno de sus textos, Mahvash Sabet recuerda cómo una de sus compañeras de celda en Evin, la trabajadora social Pakhsan Azizi, espera a ser conducida a la horca. Solo las autoridades iraníes saben cuántas mujeres están en el corredor de la muerte en Irán. A IRH le consta que al menos otras 47 están acusadas de cargos que pueden llevar al patíbulo.

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Irán ha utilizado tradicionalmente el encarcelamiento arbitrario de occidentales “por dos razones”, enumera desde Francia el politólogo David Rigoulet-Roze, experto en Oriente Próximo e investigador del Instituto de Relaciones Internacionales Estratégicas (IRIS). Algunos rehenes son arrestados para “obtener algo a cambio, como la liberación de personas, en particular iraníes condenados en Europa por participación en actos terroristas”, como sucedió en 2023 con el cooperante belga Olivier Vandecasteele o ahora con Sala, que recuperó la libertad a cambio de la excarcelación en Italia del ingeniero iraní Mohammad Abedini, cuya extradición pedía Estados Unidos por proporcionar piezas para los drones que mataron a tres soldados estadounidenses en Jordania.

Otra motivación es cobrar supuestas deudas de otros países o recuperar fondos congelados iraníes en el extranjero. Ese fue el caso de un canje de prisioneros entre Teherán y EE UU en 2023, posibilitado por el desbloqueo por parte de la Administración de Joe Biden de 6.000 millones de dólares (5.600 millones de euros) de ingresos iraníes del petróleo.

Un documento del centro de estudios estadounidense Stimson Center señala, sin embargo, que la toma de rehenes experimentó un “giro” en 2014, en plena negociación del acuerdo nuclear de 2015. Pasó de ser “una táctica oportunista y reactiva” a convertirse en “una herramienta estratégica de la política exterior iraní”, especialmente en cuanto a la negociación nuclear. El rehén estadounidense Jason Rezaian, encarcelado entre 2014 y 2016, recordaba en sus memorias cómo Ben Rhodes, asesor de política exterior de Barack Obama, le confirmó que él había sido una “víctima” de esas negociaciones.

Desde que la primera Administración de Donald Trump sacara unilateralmente a Estados Unidos del pacto nuclear y reinstaurara las sanciones estadounidenses en 2018, esa tendencia se ha acelerado, advierte el informe del centro de estudios.

Disposición a dialogar

Más allá de que el caso de Cecilia Sala sea paradigmático en cuanto a su uso para excarcelar a un iraní preso en Europa, su puesta en libertad y la de otra rehén europea cinco días después —la feminista germano-iraní Nahid Taghavi— apuntan ahora a un nuevo impulso a esa diplomacia de los rehenes en un momento en el que el presidente iraní, el moderado Masud Pezeshkian, y su vicepresidente y muñidor del acuerdo nuclear de 2015, Javad Zarif, han reiterado su disposición a dialogar. El mismo 13 de enero en el que Taghavi aterrizaba en Alemania tras cuatro años recluida, una delegación iraní se reunía en Ginebra con los tres países europeos firmantes del acuerdo nuclear: la propia Alemania, Francia y Reino Unido. El objetivo del encuentro era tratar de reactivar las negociaciones sobre esa cuestión. Faltaba solo una semana para la investidura de Trump.

“Irán está impulsando ahora la toma de rehenes, porque, antes de las elecciones en Estados Unidos, el régimen confiaba en que los demócratas ganaran”, añade desde París el expreso político iraní Taghi Rahmani. Con Trump, a quien saben hostil, en la Casa Blanca, Teherán “cree que es más fácil presionar a Europa”. Es en esa ecuación donde entran los rehenes, asegura el marido de la encarcelada nobel de la Paz Narges Mohammadi.

“Las expectativas [de Irán] sobre Trump no son muy altas”, corrobora el historiador Clément Therme, autor de un informe sobre la diplomacia de los rehenes del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI). Este experto cree que Teherán “está tratando de dividir” a los europeos. La relativamente rápida liberación de Cecilia Sala, que estuvo retenida 21 días, puede ser vista como una concesión a Italia, a diferencia de lo que sucede con otros nacionales de países de la UE que llevan años encarcelados en Irán en condiciones que el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, asimiló hace días “a la tortura”.

Al menos una decena de occidentales o iraníes con doble nacionalidad se encuentran aún en esa situación. La mayoría son ciudadanos europeos, acusados de espionaje o de cargos que pueden ser castigados con la pena de muerte como la “corrupción sobre la tierra”. Cuatro son nacionales de otro de los países que participa en el diálogo de Ginebra: Francia. Se trata de Nazak Afshar, francoiraní encarcelada en 2016; los profesores Cécile Kohler y Jacques Paris, arrestados en mayo de 2022, y Olivier Grondeau, un turista detenido ese mismo año, que acaba de revelar su identidad.

Resentimiento hacia Francia

El experto Rigoulet-Roze cree que los iraníes “consideran que Francia desempeña un papel muy especial” en la cuestión nuclear, y alude al “resentimiento” hacia ese país, que atribuye sobre todo al papel de París en la adopción del llamado mecanismo snapback, integrado en el acuerdo nuclear de 2025. Según este especialista, esa cláusula se añadió por presiones del entonces ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius.

Ese mecanismo permite restablecer automáticamente todas las sanciones internacionales, las de la ONU y la UE, contra Irán, en caso de incumplimiento grave de las cláusulas del pacto que Teherán dejó de cumplir progresivamente cuando Estados Unidos lo abandonó. Para activar el snapback, basta con que un país firmante del acuerdo nuclear lo plantee al Consejo de Seguridad de la ONU y que uno de sus miembros permanentes presente la petición. Estados Unidos se retiró del acuerdo y ya no puede hacerlo, pero Francia, que es uno de esos miembros permanentes, sí, destaca el investigador.

El pacto nuclear recoge además la imposibilidad de que otro miembro con derecho a veto, como Rusia o China, aliados de Irán, lo ejerza para evitar el restablecimiento de las sanciones. Esa “espada de Damocles” contra Teherán, describe Rigoulet-Roze, es una amenaza real. El nuevo secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, aludió el 21 de enero en el Congreso a que Trump buscará “la posible activación del snapback”.

Los rehenes franceses dan a Irán “un cierto margen de maniobra”. Sin embargo, coincidiendo con el caso de Cecilia Sala, se observa un “cambio de paradigma” en París, añade Rigoulet-Roze. El ministro de Exteriores francés presenta ahora la liberación de los rehenes franceses “como una condición previa” de las negociaciones con Irán. Mientras, Teherán “está tratando de ganar tiempo”. El 18 de octubre, el acuerdo de 2015 expira “y ya no podrá activarse el mecanismo de restablecimiento automático de las sanciones”, concluye el investigador.

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Las muertes de niños en posibles ejecuciones extrajudiciales por francotiradores no son una de las principales causas de fallecimiento de los 14.000 menores que, según Unicef, han perecido en los siete meses que dura ya la guerra de Gaza, más de un tercio de las casi 35.000 víctimas mortales del conflicto que calcula el Ministerio de Sanidad del territorio gobernado por Hamás. La mayoría de esos niños han perecido por los bombardeos y las explosiones, según Naciones Unidas y ONG como Médicos sin Fronteras (MSF). También sepultados por los edificios destruidos, por traumatismos graves, por metralla penetrante, por las quemaduras, las infecciones y por pura hambre, a causa de las graves restricciones de Israel a la entrada de alimentos en el territorio. De los 32 casos de muertes por desnutrición que denunciaron a inicios de abril las autoridades sanitarias de la Franja, 28 eran menores. Casi la mitad de los 2,3 millones de gazatíes tiene menos de 18 años. La de Gaza es, para Unicef, “una guerra contra los niños”.

Las víctimas infantiles de francotiradores son una “nueva tendencia”, explica por teléfono desde Francia Marie-Aure Perreaut, coordinadora de emergencias de MSF. Una siniestra novedad que, de confirmarse, constituiría otro crimen de guerra que se sumaría a la larga lista de los que ya se sospecha que Israel ha cometido y que han llevado al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU a considerar “plausible” que ese país esté cometiendo un genocidio en Gaza. Los niños encarnan la esencia de un civil. Así lo consideran los Convenios de Ginebra, que les conceden una protección general, por su condición de civiles, y otra reforzada, por formar parte de un colectivo vulnerable.

En el discurso oficial israelí, los muertos en el enclave, o son “terroristas”, o se engloban en el eufemismo de los “daños colaterales”, sin tener en consideración su edad. Tanto el ejército israelí como el Gobierno de ese país han afirmado en sucesivas ocasiones estar haciendo “todo lo posible” para reducir al mínimo las muertes de civiles en Gaza y desmentido sistemáticamente los ataques contra ellos. Sin embargo, a mediados de febrero, un grupo de expertos de la ONU acusó al ejército de ese país de atacar a civiles palestinos, incluidos menores, incluso mientras trataban de escapar de las zonas de combate ondeando banderas blancas. El 14 de octubre, el jefe del Estado israelí, el presidente Isaac Herzog, dijo en una conferencia de prensa que “no había civiles inocentes en Gaza”.

Los testimonios que indican que los militares israelíes podrían estar disparando de forma intencionada contra niños en Gaza —o al menos que abren fuego contra multitudes en las que hay menores— abundan. Primero, de los propios palestinos, pero también de los médicos que han tratado a estos niños. Como la doctora Alvi, que cree que “la hipótesis más probable” es que los dos niños heridos por francotiradores que vio en su misión en Gaza fueran tiroteados a propósito. Para empezar, señala, por la precisión de unos disparos que entraron y salieron “limpiamente” de los cráneos de los pequeños. También porque ambos menores habían sido alcanzados en el cerebro. “Hay que apuntar muy bien para disparar a una persona y acertar en el corazón o en la cabeza”, asegura.

Otro elemento que hace pensar que esos disparos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales es que los niños heridos por francotiradores, cuando llegan vivos al hospital, lo hacen a veces en grupos. No se trata de un único menor, sino de varios, tiroteados además en los mismos lugares y asesinados a menudo con un único disparo. El cirujano plástico y reconstructivo estadounidense Irfan Galaria, que también trabajó en el Hospital Europeo de Gaza, relató en el diario Los Angeles Times cómo un grupo de padres llegó a urgencias con sus hijos heridos de bala. Eran pequeños, algunos de 5 años. Sus familias trataban de regresar a sus casas de la localidad meridional de Jan Yunis cuando fueron heridos. Todos, sin excepción, relata el médico, tenían un disparo en la cabeza. Ninguno sobrevivió.

“Algunos de los mejores tiradores del mundo [los israelíes] no disparan por accidente a un niño dos veces en la cabeza y otra en el abdomen”, resumió en abril al medio Democracy Now el cirujano estadounidense Mark Perlmutter, poco después de volver de Gaza. Este médico aludió a la “abrumadora impresión” que tuvo de que Israel está cometiendo “un genocidio” en el territorio palestino. Si se demuestran estas ejecuciones de niños a sangre fría—incluso hay casos de bebés de meses— se confirmaría la deshumanización de los palestinos por parte de Israel, cuya demostración última para las organizaciones humanitarias son los casi 35.000 muertos en el enclave.

Dolor y muerte

En esta guerra en la que Israel, además de matar a esos al menos 14.000 niños, ha herido a otros 12.000, según Unicef, la muerte atroz pero sin dolor que tuvieron esos menores víctimas de francotiradores se antoja casi clemente; un mal menor frente a la agonía que padecen a menudo los niños que perecen en los bombardeos; por las explosiones, la metralla, las amputaciones y quemaduras que los médicos consultados para este reportaje describen como inimaginables. Algunos de esos menores mueren tras sobrevivir brevemente al impacto de misiles y bombas no guiadas de hasta 900 kilogramos de peso. Y a veces lo hacen sin morfina y sin analgésicos. La práctica destrucción del sistema sanitario gazatí y las restricciones de Israel también a la entrada de anestésicos, analgésicos y otros medicamentos los condenan a veces a expirar sin que nadie pueda aliviar su dolor.

Tanya Haj-Hassan es una intensivista pediátrica que participó en marzo en una misión médica de la ONG Medical Aid for Palestinians en uno de los pocos hospitales que siguen funcionando en la Franja, el Mártires de Al Aqsa, en Deir al Balah, en el centro del territorio. La pediatra cree que los menores “son, de una forma u otra, un objetivo en esta guerra”, no solo por los niños muertos, o por los que sufren secuelas físicas. Incluso los menores que hasta ahora han salido físicamente indemnes, presencian lo que define como “el horror”. Sobre todo los que han sobrevivido a los bombardeos.

“Todos los casos eran horribles”, recuerda la pediatra. “Recibimos a un niño al que le habían volado parte de la cara. Su hermana estaba en la cama de al lado pero él seguía preguntando ‘¿Dónde está mi hermana?’ Tenía el 96% del cuerpo quemado y estaba tan desfigurada que el niño no la reconocía. Sus padres y todos sus otros hermanos habían muerto en el mismo ataque. Esa hermana murió dos días después. Cuando lo vi al día siguiente me dijo que tenía la sensación de que yo no le había dicho que toda su familia había sido asesinada: ‘Ojalá hubiera muerto yo también’, exclamó. Cuando eres un niño, es imposible asimilar que todas las personas que amas han muerto”, relata esta pediatra.

El impacto en la salud mental al que alude esta doctora es la herida invisible que marcará a las generaciones más jóvenes de Gaza, en un conflicto que está batiendo récords respecto a los crímenes contra la infancia.

Uno es el de menores mutilados. Solo hasta enero, un millar de niños había sufrido la amputación de uno o varios miembros, según Unicef. A veces “sin anestesia”, confirma por WhatsApp desde Gaza el intensivista gazatí Mohammed El Najjar. El cirujano mexicano Aldo Rodríguez describió en enero casos de bebés de un año amputados a la altura de la ingle, en un testimonio divulgado por MSF. Otros niños han quedado ciegos o desfigurados por la metralla y las quemaduras.

Los médicos que trabajan en Gaza son testigos de este dolor. Los sanitarios gazatíes lo sufren además en carne propia. Como el doctor Najjar. Este médico cuenta cómo uno de sus pacientes, de siete años, “con quemaduras de tercer grado”, se despertaba por la noche llorando: “Decía ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!”, recuerda. El doctor no tenía analgésicos. La peor experiencia que ha vivido este especialista llegó cuando, un día, mientras estaba de guardia, su hija de 14 meses ingresó con una grave herida en el cráneo. Israel había bombardeado su casa.

En Gaza, los niños no solo mueren. A veces lo hacen sin nombre. Hay niños que han llegado moribundos a los hospitales después de que un bombardeo matara a toda su familia y a sus vecinos; a todos quienes conocían su identidad. Después han sido enterrados en fosas comunes.

En Gaza hay quien piensa que esos niños que yacen en tumbas anónimas están entre los afortunados: ya no sufren. Muchos de los menores que sobreviven a los ataques se quedan solos. Como una bebé de siete meses a la que llevaron a las urgencias del hospital Al Aqsa, “envuelta en una manta llena de sangre, orina y heces, con quemaduras y un trozo del cráneo arrancado”, recuerda Marie-Aure Perreaut. Un bombardeo israelí había matado a 30 miembros de su familia. En la Franja hay 17.000 niños separados de sus familias, según un cálculo de Unicef, una parte de ellos porque se han quedado huérfanos. Algunos de estos menores sobrevivieron a los ataques israelíes pero con graves secuelas. Aldo Rodríguez, el cirujano de MSF, recordaba haber visto a niños amputados “solos y desolados”, que se quedan en los hospitales tras ser dados de alta porque “no tienen adónde ir”.

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Desde el inicio de los bombardeos israelíes en Gaza, horas después de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 —que acabó con 1.200 muertos y 250 personas secuestradas—, uno de los argumentos del Gobierno israelí para presentarse como un país “civilizado” rodeado por “bárbaros”, en expresión de Netanyahu, ha sido aludir a los “siete frentes” que su país dice tener abiertos. Son los de Hamás en Gaza y Cisjordania, el partido-milicia chií Hezbolá en Líbano, las milicias proiraníes de la llamada Resistencia Islámica de Irak, los grupos proiraníes de Siria, y los rebeldes hutíes de Yemen. Todos liderados por Irán, la némesis de Israel, en la alianza bautizada como “eje de la resistencia”, el núcleo sobre el que ha girado la política regional de Teherán y su enfrentamiento con el Estado judío y con Estados Unidos.

Entre esos enemigos designados por Israel, el más periférico, a más de 2.000 kilómetros de distancia, son los hutíes. Sin embargo, la estratégica situación a orillas del mar Rojo del territorio que controla esta milicia —el 30% de Yemen que concentra al 70% de la población del país— era una ventana de oportunidad para adquirir protagonismo en ese enfrentamiento y, de paso, peso internacional que la milicia decidió aprovechar a partir de noviembre de 2023, con el argumento de la solidaridad con Gaza.

Los hutíes empezaron entonces a atacar a los buques mercantes que transitaban por el Golfo de Adén en dirección al Canal de Suez. En teoría, solo a los relacionados con Israel, aunque dos meses después, el tráfico general por esa arteria marítima vital había caído ya el 30%, según el Fondo Monetario Internacional. Los ataques hutíes con drones de este último año contra Israel culminaron también el 19 de julio cuando uno de ellos impactó contra un edificio en Tel Aviv y causó una primera víctima mortal. Ese ataque desató un primer bombardeo aéreo israelí contra el estratégico puerto yemení de Al Hodeida.

La escalada ha aumentado definitivamente su tono y, sobre todo, se ha hecho más visible por el casi total desmoronamiento del eje de la resistencia de Irán. Con el arsenal de la joya de la corona del grupo, Hezbolá, muy mermado por la guerra de Israel en Líbano y sin posibilidad de reabastecerse con las armas iraníes que antes transitaban por la Siria del derrocado Bachar el Asad; con Hamás de rodillas en la asolada Gaza, donde los muertos en ataques israelíes rondan los 45.400, la milicia hutí ha adquirido ese protagonismo que buscaba. El grupo que durante décadas fue visto como “unos locos de las montañas que luego pasaron a ser una milicia regional”, es ahora un “actor internacional”, recalca la experta en Yemen Leyla Hamad.

Una frase de Netanyahu de este jueves confirmó que estos milicianos son uno de los pocos enemigos regionales que Israel considera aún por batir: “Acabaremos el trabajo”, dijo el primer ministro israelí. Solo las milicias proiraníes de Irak parecen seguir también en pie dentro del maltrecho eje de la resistencia iraní.

El propio Irán se muestra debilitado; en lo militar, pues el último ataque israelí de octubre probablemente destruyó o dañó sistemas de defensa aérea e instalaciones de producción de misiles, pero, sobre todo, por su difícil situación interna. En medio de una grave crisis económica que se ha traducido desde noviembre en apagones de luz, el desapego de buena parte de la población iraní hacia su régimen hace inviable que el país se embarque en una guerra total con Israel.

Clave interna

Los ataques de los hutíes contra Israel no representan “una amenaza real para Israel”, recalca Hamad, autora de Yemen, la clave olvidada del mundo árabe (Alianza Ensayo). El país árabe no solo dista más de 2.000 kilómetros de Israel sino que la mayor parte de los proyectiles y drones que reivindica el grupo son interceptados por las defensas antiaéreas y el escudo antimisiles israelíes. Los comunicados de esta milicia son recibidos en ocasiones con escepticismo. Por ejemplo, cuando afirma que algunos de sus misiles, como el de este viernes contra el Ben Gurión, son hipersónicos (capaces de quintuplicar la velocidad del sonido), una tecnología de la que solo han demostrado disponer Estados Unidos, Rusia, China e India, de acuerdo con el centro de estudios estadounidense Stimson.

El investigador Fernando Carvajal, miembro del Grupo de Expertos de la ONU sobre Yemen entre 2017 y 2019, cree incluso que la autoría real del lanzamiento de los misiles que los hutíes reclaman como propios podría corresponder a las milicias proiraníes de Irak, mucho más cercanas geográficamente a Israel y que mantienen una coordinación mucho más estrecha con Irán.

“Los hutíes suelen tomar el crédito de acciones ajenas para atraer la atención. Israel lo sabe, pero la escalada con estos milicianos ayuda a la propaganda de Netanyahu, que necesita la guerra para mantenerse en el poder. Al atacar a Yemen, Israel está demostrando su capacidad militar”, recalca Carvajal desde Los Ángeles. Para el ejército israelí, “Yemen es un campo de entrenamiento que demuestra al mundo árabe y a Irán que Israel es capaz de atacar eficazmente objetivos a larga distancia”.

Las motivaciones de los milicianos yemeníes al enfrentarse con el gigante israelí tienen también una lectura interna. “Hay un componente ideológico de compromiso con la causa palestina, masivo entre los yemeníes”, subraya Hamad. El respaldo de los hutíes a Gaza “les ha sido muy conveniente en un momento en que su legitimidad y su autoridad estaban bajo mínimos por la guerra que mantienen con el Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, la crisis humanitaria y la vulneración de los derechos humanos” en Yemen. De los más de 34 millones de habitantes del país árabe, 18,2 necesitan urgentemente ayuda humanitaria, según Naciones Unidas.

Uno de los réditos obtenidos por la milicia, legitimada con creces ante parte de su población por su aura de apoyar a los palestinos, son las exitosas “campañas de reclutamiento de los hutíes para luchar contra Israel, aunque es obvio que esas tropas no van a luchar contra ese país” y que han nutrido las filas del grupo, destaca la experta.

Los milicianos también han reforzado con sus ataques su peso frente a Irán y el resto de integrantes del agonizante eje de la resistencia. Un análisis del Instituto de Estudios de la Guerra del 10 de diciembre considera probable que Teherán “dé prioridad a corto plazo a desplazar el centro de gravedad del eje de la resistencia hacia el este, a Irak y Yemen”. En junio, los hutíes anunciaron el lanzamiento de ataques militares conjuntos contra Israel con las milicias proiraníes de Irak. Ese mismo mes, ambos grupos se atribuyeron un ataque contra el puerto israelí de Haifa y otra contra el de Ashdod. Un mes después, los milicianos yemeníes abrieron una oficina en Bagdad.

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Mikati es, según Forbes, el hombre más rico de Líbano. En un contexto de máxima fragilidad del país, este político moderado suní ―comunidad a la que, según el reparto de poderes, se le reserva el puesto de primer ministro― evitó entrar en polémicas este miércoles en la entrevista que dio a EL PAÍS. No quiso valorar ni las acciones del Gobierno israelí ni las implicaciones del derrocamiento del régimen de El Asad. Sí insistió, en cambio, en que su prioridad es la estabilidad y seguridad de Líbano. Un objetivo que dijo compartir con el presidente Pedro Sánchez, con quien se reunió ese mismo día. “Quiero agradecer a España su apoyo a Líbano, su participación en la [misión de cascos azules de la ONU] Unifil y su apoyo a la causa árabe, especialmente por el reconocimiento de Palestina”, comenzó.

Pregunta. Líbano ha denunciado continuas violaciones del alto el fuego por Israel. ¿Cómo valora la situación?

Respuesta. Mi Gobierno condena la ocupación israelí de los territorios libaneses, además de las continuas violaciones del alto el fuego —más de 100— desde que alcanzamos el acuerdo para aplicar la resolución 1701 [de la ONU, que prevé la retirada de tropas y armas del sur de Líbano tanto de Israel como de Hezbolá]. Ahora esperamos la adecuada aplicación del alto el fuego, dado que el comité técnico presidido por Estados Unidos y Francia, junto con las Fuerzas Armadas Libanesas, la ONU y el ejército israelí, ha iniciado el proceso de supervisión. El lunes tuvo lugar la primera reunión de ese comité, convocada por EE UU. Esto nos dará seguridad de que no habrá otras violaciones del acuerdo.

P. ¿Se está retirando Israel del sur de Líbano?

R. Israel tiene 60 días para retirarse completamente de los territorios que ha ocupado en Líbano. Esa retirada ha comenzado hoy [el miércoles] y nuestro ejército está preparado para hacerse cargo de esa área.

P. ¿Y Hezbolá?

R. El Gobierno de Líbano ha respaldado el acuerdo de alto el fuego, ha pedido la plena aplicación de la resolución 1701 y otorgado plena autoridad a nuestras Fuerzas Armadas para aplicar dicha resolución.

P. ¿Teme que la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca suponga un cheque en blanco al Gobierno israelí?

R. El presidente Trump es un hombre pragmático. Esperamos que logre imponer a los países de la región una solución para la cuestión palestina. Los Acuerdos de Abraham [que supusieron la normalización de relaciones de Israel con Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos] son un ejemplo. Los acuerdos no pueden tener éxito sin una solución justa, equitativa y sostenible para el conflicto palestino. Es hora de que esto suceda. Necesitamos a alguien como el presidente Trump para que esto suceda.

P. ¿Ha establecido ya su Gobierno contactos con la futura Administración de Trump?

R. Estamos en contacto con [Massad] Boulos y todo el equipo [de Trump]. Trump está comprometido con la situación, por eso nombró al señor Boulos enviado para el mundo árabe e islámico, algo muy importante porque conoce muy bien la región y ha vivido en Líbano. Confiamos en que fomente la estabilidad a largo plazo en el país. Estoy seguro de que Trump tratará de imponer una solución al problema palestino. Ya demostró en su primer mandato que busca la paz en la región y en todo el mundo. Es lo que ha dicho que hará en Ucrania, Rusia y los palestinos.

P. Desde los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre del año pasado hasta el derrocamiento del régimen sirio, el mapa de Oriente Próximo está sufriendo un cambio radical. ¿Cómo puede afectar a Líbano?

R. Es prematuro emitir juicios. Como usted ha dicho, todo empezó con la guerra de Gaza, luego Líbano y Hezbolá y hoy es Siria. Para nosotros, nuestra prioridad es proteger y proporcionar seguridad a Líbano, además de salvaguardar nuestros intereses nacionales, evitando divisiones internas y luchas políticas.

P. ¿Qué busca el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en este nuevo contexto?

R. Esta pregunta debería hacérsela al propio Netanyahu. Los dos Estados siguen siendo una solución. Sin una solución para que el pueblo palestino pueda vivir con libertad e independencia, esta situación se reproducirá periódicamente. En junio se celebrará una conferencia a la que asistirán Arabia Saudí y todos los países influyentes de la región, así como organizaciones regionales e internacionales y la UE. Soy optimista sobre la posibilidad de alcanzar una solución. Como dicen los saudíes, esa solución se impondrá, independientemente de quién esté de acuerdo y quién no. Israel debería reconocer que si quiere vivir en paz con sus vecinos debe crear un entorno pacífico.

P. ¿Qué requisitos establece su país para lograr una paz duradera?

R. Debemos dar todo lo necesario al ejército libanés para que haga su trabajo. En el Consejo de Ministros, hemos dado todo nuestro respaldo a un plan de apoyo al ejército [en su despliegue] en el sur. En los últimos cuatro o cinco años hemos atravesado cuatro crisis diferentes en mi país y los recursos actuales del ejército son muy limitados. Así que también pedimos a la comunidad internacional que se comprometa a apoyar a nuestras Fuerzas Armadas.

P. “Ma fi dawla”. Esta frase, traducible como “No hay Estado”, resume la desconfianza de los libaneses hacia la clase política. ¿Cómo piensa su Gobierno luchar contra esta percepción?

R. Estamos intentando elegir un nuevo presidente para formar un Gobierno en el que todos los partidos estén representados e iniciar así las reformas necesarias. Esto es muy importante. Hemos pasado por momentos muy difíciles en los últimos cinco años. Primero, la pandemia de coronavirus y la crisis económica más fuerte experimentada jamás por un país; y luego la guerra. Pese a todo, todavía tenemos una Administración pública. Estamos progresando. Pero no es suficiente. Tenemos que hacer reformas y colocar al país en el camino correcto.

P. ¿Pero qué medidas concretas baraja su Gobierno?

R. Pido a la población que entienda que no nos queda más remedio que buscar la unidad del país. Si tenemos un Líbano unido, podremos salvar el país. Líbano debe poder protegerse. Tenemos diferentes comunidades religiosas. Es un privilegio. Y la manera de salvar al país es equilibrar esas diferentes comunidades.

P. Las diferencias entre Hezbolá y el resto de partidos han impedido en los dos últimos años elegir un presidente. ¿Ha cambiado la posición de Hezbolá?

R. Para nosotros, lo más importante es la estabilidad de Líbano, para lo que es necesario un nuevo presidente, algo que no hemos tenido en los últimos 24 meses. Esperamos que sea elegido en la sesión del próximo 9 de enero. El presidente del Parlamento dijo que no saldría de su despacho hasta lograrlo. Es una señal importante. Soy optimista.

P. ¿Qué necesita el ejército libanés para garantizar el cumplimiento de su cometido?

R. Tenemos muy pocos recursos, pero los países occidentales nos prometieron ayuda. El ejército requiere cerca de 1.000 millones de dólares (950 millones de euros) para los próximos tres años. Pese a que la conferencia de París se centró en la ayuda humanitaria, se comprometieron 200 millones para las Fuerzas Armadas de Líbano. Habrá otra conferencia para lograr más apoyo.

P. ¿Cómo es la situación de los refugiados?

R. La situación está cambiando. Teníamos 1,2 millones de desplazados internos, pero alrededor del 94% han regresado o están intentando regresar a sus hogares. Esto es muy importante. También tenemos en nuestro país a 1,5 millones de sirios, que se sentían en peligro con El Asad en el poder. Temían ser heridos o encarcelados si regresaban a sus hogares. Pero el régimen ha caído y pueden regresar a Siria.

P. Usted aboga por un consenso nacional que aborde el desarme de Hezbolá y convertir al ejército libanés en la única autoridad militar. ¿Tiene alguna indicación de que el partido-milicia chií acepte ese proceso?

R. No se trataría de que Hezbolá se transforme en un partido político clásico, porque ya es un partido muy influyente en Líbano. Avanzamos paso a paso. Lo más importante ahora es aplicar plenamente la resolución 1701 y luego abordar la situación en todo el país. Estoy seguro de que Hezbolá desea la estabilidad del país.

P. ¿Qué consecuencias prevé para Líbano de la caída de El Asad? ¿Tiene su Gobierno contacto con las nuevas autoridades de Siria?

R. No hemos contactado aún con ellos, pero pienso felicitar al nuevo primer ministro. Pero insisto, mi prioridad es Líbano.

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Incluso antes de que el 23 de septiembre Israel desatara su campaña de bombardeos masivos en el país, el discurso de los líderes y del ejército israelí era que su enemigo no es Líbano ni los libaneses, sino Hezbolá, el partido-milicia chií que hostiga el norte de Israel con proyectiles en solidaridad con Gaza desde octubre de 2023. Desde entonces, los ataques israelíes han matado a 3.365 personas y herido a 14.344 en Líbano, según la última cifra de víctimas divulgada este miércoles por el Ministerio de Salud Pública. Con los muertos de Ain Yaqoub, estas se encontraban ya en todas las regiones del país.

Cuando Israel inició su ofensiva terrestre en el sur del territorio libanés, el 1 de octubre, su ejército definió esa invasión como “redadas limitadas, localizadas y selectivas” contra objetivos de la milicia. No por ello los soldados israelíes se han abstenido de destruir alrededor de 40 pueblos cercanos a esa frontera meridional. Sus ataques han destrozado también al menos 40.000 viviendas.

Esa destrucción no siempre se ha debido a los bombardeos ni a ataques de artillería, sino a que los militares han dinamitado las casas e infraestructuras de esas localidades. Así lo han dejado patente los vídeos difundidos por ellos mismos, como los que muestran la voladura de la mayor parte de Meis al Jabal, un pueblo situado junto a la Línea Azul, la demarcación no oficial trazada por Naciones Unidas entre Israel y Líbano. En algunos campos agrícolas de esa población, los soldados han colocado banderas de Israel.

Un vídeo divulgado el 8 de noviembre por soldados israelíes los mostraba, en esa misma localidad, prendiendo fuego a la bandera nacional libanesa roja y blanca, y no a la enseña amarilla de Hezbolá. Al igual que los datos de víctimas y la amplitud de la destrucción, esas imágenes comprometen la narrativa oficial israelí de que esta guerra se dirige solo contra el partido-milicia; de ahí que Israel se haya visto obligado a desautorizar a esos militares. El portavoz en árabe del ejército, Avichay Adraee, publicó un tuit el pasado sábado en el que aseguraba que ese acto “no se ajustaba a los objetivos” de lo que llamó “actividades militares” en Líbano. El portavoz no anunció, sin embargo, sanciones contra sus soldados.

Los ataques israelíes se habían centrado inicialmente en las zonas de mayoría chií en las que Hezbolá tiene su base social: el sur de Líbano, el suburbio beirutí de Dahiye —bombardeado de nuevo profusamente el martes y el miércoles— y el valle oriental de la Becá. A finales de octubre, esa ofensiva ya se había extendido a otras áreas del país. La coordinadora de Naciones Unidas en Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, advirtió entonces de que “el ámbito e intensidad de los intercambios de fuego se seguían expandiendo”.

Con el bombardeo de Ain Yaqoub, en Akkar, ese círculo se ha cerrado hasta alcanzar a todas las regiones de un país en el que han buscado refugio fuera de sus lugares de residencia 1,2 millones de desplazados por la guerra —uno de cada cinco libaneses—en su mayoría chiíes.

Libros y zapatos

Almat es otra de esas localidades alejadas de la frontera donde 10.000 desplazados han llegado buscando seguridad, explicaba el lunes a este diario su alcalde, Ali Awad. El pueblo, cuyos habitantes son fundamentalmente chiíes, se alza sobre una colina a 53 kilómetros al noreste de Beirut, en una región de mayoría cristiana.

El domingo, uno de sus vecinos, Nur, vio pasar dos aviones de guerra israelíes. “Sabía que iban a atacar mi pueblo, pero no que su objetivo fuera la casa de al lado”, explica. En esa vivienda, ahora reducida a escombros por un misil, se refugiaban muchos niños, desplazados desde el valle de la Becá. De entre los 27 muertos que los equipos de rescate sacaron de debajo de los cascotes, siete eran menores. Cinco llegaron, ya cadáveres, a las urgencias del cercano hospital Notre Dame Maritime. “Tenían entre 5 y 10 años y estaban completamente desfigurados”, explica por teléfono la enfermera Rosie Khoury.

Un libro de matemáticas con sumas y restas yace en esas ruinas con el nombre de su dueña escrito con una caligrafía infantil: Talea Safiedine. No muy lejos, los cascotes están mezclados con un montón de zapatos: todos desparejados; la mayoría, pequeños. Algunos adornados con florecitas y corazones de brillantina. Un paquete de compresas menstruales con el plástico roto asoma en medio de ese lugar de desolación.

“Aquí vivían mujeres y niños y estamos a casi 200 kilómetros de la frontera con Israel. ¿Era necesario mandar un [avión de guerra] F-35 para bombardear la casa?”, se pregunta en voz alta el alcalde mientras recoge con un palo un pantalón infantil. En la casa, clama, “no había armas de Hezbolá. Las televisiones han venido y han grabado todo mientras removíamos los escombros con una excavadora: ¿Dónde están esas armas?”.

Cuando Israel justifica sus ataques, algo que no siempre sucede —como en el caso del bombardeo de Almat— suele asegurar que en los edificios atacados se guarecían milicianos, o bien que servían para esconder armamento de Hezbolá.

Incluso “si fuera cierto que aquí se escondía un combatiente, ¿los israelíes no podían haber acabado solo con él, sin borrar a tres familias del registro civil?”, replica el alcalde. Luego muestra en su teléfono la fotografía de una lista de los nombres de los muertos, miembros de las familias Al Karsifi, Al Hussein y Zrik.

“Los judíos sufrieron el Holocausto en Europa, pero lo que está sucediendo aquí es otro holocausto”, sostiene el regidor Ali Awad. Este hombre cree que Israel “está atacando lugares como Almat para matar al mayor número posible de mujeres y niños y sembrar el terror”. También, considera, para que los libaneses “no acepten a los desplazados”.

El temor a ese posible rechazo tiene una base real. Bombardeos como el que a finales de octubre mató a 21 personas en una casa alquilada por desplazados en la localidad de mayoría cristiana de Aitou, a unos 97 kilómetros al norte de Beirut, espolean ese miedo. Aunque hasta ahora los incidentes por la acogida de los desplazados entre las diferentes confesiones religiosas —las mayoritarias son la cristiana, la suní y la chií— han sido ocasionales y nunca graves, algunos libaneses sí expresan el temor de que sus compatriotas chiíes que han huido de sus casas puedan atraer a los aviones de guerra israelíes y sus misiles.

La población de Akkar, la región del norte que ha sido la última del país en sufrir por primera vez una masacre, es mayoritariamente suní y también alberga a cristianos ortodoxos. Considerada el vivero del ejército libanés, la presencia de militares y su lejanía de la frontera con Israel contribuyó probablemente a convencer a algunos desplazados chiíes de que allí estaban a salvo. “Aquí, con tantos soldados, me siento segura”, explicaba a este diario el sábado Fátima, una chií que tuvo que escapar del barrio beirutí de Dahiye y que halló refugio en la localidad de Akkar al Atiqa.

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“Pedimos urgentemente la llegada de suministros esenciales y servicios de ambulancias, así como el levantamiento del asedio en el norte de Gaza”, reclama a través de un mensaje el director del hospital Kamal Adwan, Husam Abu Safieh, que advierte de algunos casos de desnutrición y hambruna. Lo confirma Naciones Unidas, “aunque no es una sorpresa” por los precedentes de la guerra. La hambruna acecha, según denuncia la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), mientras Israel solo permite llegar 30 camiones al día, lo que significa el 6% de la ayuda que necesita la población.

El Estado judío emplea el hambre como “arma de guerra”, recuerda el jefe de esa institución, Philippe Lazzarini. Insiste en que es una situación creada directamente por el hombre y que puede revertirse con decisiones políticas. El Comité de Revisión de Hambruna (FRC, por sus siglas en inglés) ha emitido una alerta en la que expresa su preocupación sobre “una probabilidad inminente” de hambruna en la Franja y ahonda en la necesidad de “medidas urgentes” en el norte del territorio para “aliviar esta catástrofe humanitaria”.

Las autoridades israelíes han respondido que las predicciones del FRC nunca se cumplen y son “sesgadas”, según la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT, en sus siglas en inglés), que supervisa la actividad civil en la Palestina ocupada.

Fuentes del ejército israelí han dado a entender, según medios como el diario Haaretz, que el objetivo es vaciar de población el norte de Gaza y no permitir a los habitantes que regresen más. Además de las evacuaciones forzosas en medio de los ataques militares por tierra y por aire, las autoridades israelíes siguen impidiendo la llegada en cantidades suficientes de alimentos, agua y medicinas.

Nuevos ataques en Líbano

Mientras, en el frente libanés, 23 personas han muerto este domingo en un bombardeo israelí contra un centro de desplazados en Almat, al norte de la capital libanesa, de las que al menos siete eran niños. Otras 13 han perecido a su vez en diferentes ataques del ejército de Israel, fundamentalmente en el sur del país y en la región oriental de Baalbeck, informa el periódico libanés L’Orient-le Jour. Ambas son zonas de mayoría chií.

Israel ha puesto también de nuevo este domingo en la diana a los paramédicos, en primera línea del rescate de las víctimas de los bombardeos. Un ataque aéreo en Adlun, en el distrito de Saida, al sur de Beirut, ha matado a tres de esos sanitarios de la Autoridad Islámica de Salud, la defensa civil del partido-milicia chií Hezbolá, el enemigo designado por Israel en Líbano. La víspera, otros siete paramédicos habían fallecido en sendos bombardeos de aviones israelíes en las localidades de Deir Qanun, Ras al Ain y Ain Baal. En lo que va de ofensiva israelí, los ataques de ese país han matado a 189 de esos profesionales en Líbano.

El último conteo de víctimas de ataques israelíes, divulgado este domingo por la tarde por el Ministerio de Salud Pública libanés, eleva la cifra total de muertos desde el inicio de la ofensiva a 3.189, mientras que los heridos superan ya ampliamente los 14.000. Esa cifra recoge los fallecidos desde el inicio de la guerra de Gaza, en octubre de 2023, cuando Hezbolá comenzó a hostigar de nuevo el norte de Israel con cohetes, en solidaridad con ese territorio palestino ocupado.

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El ataque a este periódico es grave, pues compromete su viabilidad futura, pero “no es un caso aislado”, asegura Anat Saragusti, la responsable de libertad de prensa del Sindicato de Periodistas de Israel, sino parte de un “plan maestro” para acabar con los medios de comunicación independientes en Israel. Especialmente aquellos que, como Haaretz, critican la guerra de Gaza, la de Líbano y la ocupación de los territorios palestinos. Ese plan se ha traducido también en la prohibición de emitir a la cadena catarí Al Jazeera, cuyas oficinas en Jerusalén fueron clausuradas en mayo mientras que su redacción en Cisjordania fue asaltada en septiembre, los intentos de privatizar medios públicos en Israel y una batería de propuestas que incluso se dirigen a cerrar sitios de noticias en Internet, “como en Rusia y en China”, denuncia Saragusti.

En el caso de Haaretz, el “pretexto” para ese boicot, subraya la responsable del sindicato, fue un discurso en Londres del principal accionista del periódico, Amos Schocken. En el contexto de la ofensiva israelí en Gaza, el editor aludió a una “segunda Nakba” —la huida o expulsión de su tierra de 750.000 palestinos justo antes y después de la creación de Israel en 1948— y al “cruel apartheid” israelí contra esa población autóctona. Luego fue más allá: se refirió a “los luchadores palestinos por la libertad a quienes Israel llama terroristas”.

Schocken aseguró luego en un comunicado que no se refería a Hamás y Haaretz desautorizó en un editorial a su accionista mayoritario. Ello no ha convencido al Gobierno, considerado el más derechista de la historia, de revertir ese boicot, aprobado por unanimidad. En realidad, ya en marzo de 2023, el ministro de Comunicación, Shlomo Karhi, había presentado en el Parlamento un plan para modificar el ecosistema mediático del país, al tiempo que acusaba a Haaretz de difundir “propaganda antiisraelí”. El 23 de noviembre de ese año, después de los atentados de Hamás del 7 de octubre —en los que murieron unas 1.200 personas y 250 fueron secuestradas— Karhi presentó “una resolución muy similar” a la sancionada el domingo, subraya por teléfono el periodista israelí Oren Persico.

“El proyecto fue bloqueado [por el Ministerio de Justicia, que dudaba de su legalidad]. Así que estaban esperando una excusa para reactivarlo”, coincide este analista, que monitorea a los medios de comunicación de su país en la revista de investigación independiente The Seventh Eye.

Para Haaretz, la decisión del Gobierno ha sido “oportunista”, reza un comunicado remitido a EL PAÍS por Aluf Benn, su director, y constituye “otro paso en el camino de Netanyahu para desmantelar la democracia israelí”. La nota compara al primer ministro “con sus amigos Putin, Erdogán y Orbán” a la hora de “intentar silenciar a un periódico crítico e independiente”.

La ley “Al Jazeera”

Lo que organizaciones como Reporteros sin Fronteras (RSF) consideran una ofensiva contra los medios críticos no data del inicio de la guerra de Gaza, pero sí se ha visto impulsada por esta y el clima belicista que impera desde entonces en la sociedad israelí y en unos medios de comunicación que, en su mayoría, no muestran cadáveres ni hambre en la Franja. El 6 de noviembre, RSF criticaba cómo “desde hace varias semanas, la agenda de reforma legislativa de los medios, impulsada por el ministro de Comunicación, se ha acelerado en un contexto marcado por la cruenta guerra en Gaza y Líbano”.

El 20 de noviembre, el Parlamento aprobó el endurecimiento de la llamada ley Al Jazeera, una medida que permitió prorrogar la prohibición de trabajar y emitir en Israel a esa cadena catarí, sobre todo por su cobertura de lo que el Tribunal Internacional de Justicia investiga como posible genocidio de Israel en Gaza. Esa norma otorga a las autoridades la facultad de cerrar cualquier medio extranjero que “ponga en peligro la seguridad del Estado de Israel”, una “condición ambigua que puede justificar “la clausura de cualquier” periódico, radio o televisión, critica Saragusti.

Mientras, el Gobierno de Netanyahu aprueba ayudas estatales a medios afines, sobre todo a una televisión privada en la que el primer ministro y sus partidarios se prodigan: el Canal 14, que ha abrazado sin ambages la incitación al genocidio de los palestinos. Esta televisión es un ariete de lo que Oren Persico llama la “máquina del veneno”: el aparato de propaganda de Netanyahu.

El domingo, cuando se aprobó el boicot a Haaretz, el ministro Karhi, amigo personal del primer ministro, presentó también un proyecto de ley para privatizar la cadena estatal Kan y las radios públicas, aprobado de forma preliminar en el Parlamento este miércoles. Ese proyecto recoge el cierre de esos medios si no encuentran comprador en dos años.

La ofensiva legislativa se une a una “orquestada campaña de difamación, amenazas y discursos de odio contra los medios de comunicación y los periodistas independientes”, añade Saragusti. El Sindicato de Periodistas de Israel ha constatado un aumento “de las agresiones físicas contra periodistas”, atacados por “turbas” cuando cubrían noticias como las manifestaciones para reclamar un alto el fuego en Gaza y un acuerdo para liberar a los rehenes.

En Gaza, la Cisjordania ocupada y Líbano, la situación es aún peor. Allí “los periodistas siguen siendo objetivo del Ejército israelí”, según el comunicado de RSF. La organización eleva a 145 los periodistas muertos en la Franja desde el 7 de octubre de 2023. Antes, en mayo de 2022, soldados israelíes mataron en Yenín (Cisjordania) a la periodista palestina Shireen Abu Akleh.

Gaza

Haaretz es un diario minoritario. Solo el 5% de judíos israelíes —sobre todo asquenazíes de clase media o alta— lo leen. Aun así, es el periódico de referencia para los periodistas extranjeros y “muchos responsables políticos”, asevera Persico. El periódico ha cubierto de forma exhaustiva las protestas por la controvertida reforma judicial en Israel, los casos de corrupción contra Netanyahu y ahora la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional. También denuncia la violación de los derechos humanos de los palestinos y defiende la solución de los dos Estados. A ello se añade ahora otro agravio a ojos de la Administración israelí: su cobertura de Gaza.

Haaretz alude en sus titulares a “bombardeos israelíes” en Gaza cuando muchos medios internacionales omiten mencionar a Israel en sus títulos. Publica “muchas historias humanas” de gazatíes, destaca Persico, y “trata de traducir las cifras”— más de 44.000 muertos—, “para que se pueda entender la horrible situación de la población en Gaza, algo inaudito en los medios israelíes”. Sus páginas han albergado tribunas con títulos como “Genocidio o no, Israel está perpetrando crímenes de guerra en Gaza”.

“La línea editorial de Haaretz generalmente ha sido sionista progresista”, recalca el historiador experto en Oriente Próximo Jorge Ramos Tolosa. Ese sionismo moderado y secular defiende el difícil —para sus críticos, imposible—equilibrio entre Israel como Estado judío en la Palestina histórica y su carácter democrático. Ese diario ha dado cabida a voces “muy críticas con el sionismo e incluso no sionistas”, como Gideon Levy o Amira Hass, destaca el historiador. Aunque “desde el 7 de octubre de 2023, esa línea se ha endurecido y ha cerrado filas en el consenso sionista”, el periódico ha difundido “algunos de los artículos más valientes” publicados sobre Israel y Gaza, opina.

La radicalidad de Haaretz reside, más que en su línea editorial, en su independencia. Incluso respecto a sus accionistas. Tras el discurso de su editor en Londres, uno de sus periodistas publicó una tribuna en la que definía como “escandalosas” las declaraciones del dueño del diario.

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La casa, el coche y la vida que hasta entonces había tenido la familia de Ivana Skaiki desaparecieron ese 23 de septiembre. En esa jornada, la más mortífera hasta ahora de la guerra abierta de Israel en Líbano, los bombardeos mataron a casi 560 personas. Mohamed, carpintero, y Fátima, ama de casa, huyeron con lo puesto y con sus hijas malheridas. Ambas ingresaron en un hospital de la región de Chouf, al sureste de Beirut. Ivana, al borde de la muerte, fue trasladada dos semanas después a la única unidad de grandes quemados de Líbano: la del Hospital Libanés Geitaoui de Beirut de las Hermanas Maronitas de la Santa Familia.

Ivana “no se movía, no hablaba”, recuerda Fátima. Ingresó inconsciente, con las quemaduras infectadas y sin vendar y con fiebre, recuerda el enfermero Tony Zeaiter, que describe la evolución de esta niña como “un milagro”. Menos de dos meses después, Ivana, con la cabeza y un brazo aún vendados, da palmas en su cama de la planta de pediatría del hospital. Los injertos de piel que le han hecho “han arraigado al 100%”, celebra el enfermero.

La niña pasó antes varias semanas en el sótano del hospital. La enfermera jefa de la unidad de grandes quemados, Leny Mehanna, abre con una tarjeta unas puertas automáticas en la planta -3. En un recinto esterilizado, médicos, enfermeros y residentes —el Geitaoui es un hospital universitario— trabajan en una estancia rodeada por habitaciones ocupadas por víctimas de los bombardeos israelíes.

En uno de esos boxes, el paciente es un niño pequeño, vendado de la cabeza a uno de sus pies. Tiene cuatro años, una pierna amputada por la mitad del muslo y el 25% de su cuerpo con quemaduras de tercer grado. “Necesitará trasplantes de piel en la cara y en el cuello”, explica la enfermera. Luego cuenta que el bombardeo que dejó al niño así mató además a su madre.

Como ese paciente pediátrico, a menudo los grandes quemados de esta guerra ingresan en este servicio en un estado catastrófico. No solo por las quemaduras, describe la sanitaria, sino además “con graves politraumatismos, hemorragias cerebrales, fracturas abiertas y metralla”.

— ¿Por dónde empiezan al ver a una persona en ese estado? ¿Qué es lo primero que hace usted?

— Rezar.

Y, mientras lo dice, la enfermera se santigua.

Unos gritos mezclados con llanto llegan de otro de los cuartos. Una mujer en la treintena yace allí con gran parte de su cuerpo cubierto por las vendas. Su cara está quemada y la piel de sus nudillos parece muerta, reseca, con manchas oscuras. Esa paciente trató de proteger con esas manos a su hijo de cinco meses en otro bombardeo, relata la enfermera. El niño “murió al llegar al hospital”.

Cuarto grado

Algunos pacientes ingresan cuando ya nada se puede hacer por ellos, solo aliviar su dolor. El cirujano plástico y reconstructivo Ziad Sleiman recuerda a un joven herido en un bombardeo que llegó con quemaduras de cuarto grado en ambas piernas. Ese grado, el más grave, indica que la quemadura ha arrasado la piel, los músculos, los tendones y nervios hasta llegar al hueso; que lo que el fuego ha consumido ha quedado como “la madera”.

— ¿Tuvieron que amputar?

— Amputar no. Desarticular.

Desarticular un miembro quiere decir desprenderlo entero desde la articulación que lo une al cuerpo; en el caso de las piernas, desde la pelvis.

No hubo que hacerlo. El joven murió antes, explica este cirujano de 54 años. Las quemaduras de cuarto grado son poco frecuentes en circunstancias normales, asevera Sleiman, porque “cuando se queman, las personas siempre tratan de escapar” como sea de las llamas. De la explosión de un misil es imposible huir. Entre los grandes quemados que el personal del Geitaoui ha tratado estas semanas, un número elevado sufría quemaduras de tercer y cuarto grado. A este hospital han llegado desde septiembre víctimas de bombardeos con hasta el 95% de su superficie corporal abrasada.

“Nunca habíamos tratado a tantos grandes quemados ni tan graves”, confirma el director médico del hospital, el doctor Naji Abi Rached. Aun así, subraya, la tasa de supervivencia de los pacientes de la unidad que los asiste “es del 84%”. Uno de cada cuatro de esos heridos eran niños. Una “cifra enorme”, lamenta.

A mediados de septiembre, el hospital había activado ya una célula de crisis con el Ministerio de Sanidad libanés en previsión del inicio de la guerra. La afluencia masiva de pacientes empezó el 17 de septiembre, cuando Israel hizo estallar miles de buscas y walkie-talkies de libaneses supuestamente relacionados con el partido-milicia chií Hezbolá, a quien ha designado como su enemigo en Líbano. El 23 de septiembre, empezaron los bombardeos masivos. Desde entonces, el personal del Geitaoui ha tratado a “decenas” de grandes quemados, relata el doctor Abi Rached.

Los heridos que salen adelante afrontan algo más que las secuelas funcionales, físicas, estéticas y psicológicas que dejan las quemaduras graves. Cuando reciben el alta, algunos no tienen ya a dónde regresar. Como les sucedió a los padres de Ivana, los ataques israelíes han destruido sus casas. El hospital ha dado cobijo temporal a varios de ellos, incluso una vez curados. En Líbano, la guerra ha desplazado a 1,2 millones de personas, uno de cada cinco habitantes del país.

Un barco que se hunde

Desde el despacho del doctor Abi Rached se ven las grúas rojas y azules del cercano puerto de Beirut. Este cardiólogo formado en Francia explica que, como otros de sus compañeros, ha declinado ofertas para trabajar en Europa. Si no se ha sumado a la fuga de cerebros que la guerra amenaza con aumentar es por “no abandonar ese barco que podría hundirse en la tempestad”. Ese “barco” es Líbano.

La historia del Hospital Geitaoui se mira en el espejo de la de su país. Fundado en 1927, antes de la independencia libanesa (1943), este centro ha sufrido “la sucesión de crisis” que han sacudido a la pequeña nación árabe, reflexiona el doctor Pierre Yared, su codirector general. La unidad de grandes quemados se creó en 1992, dos años después del final de la guerra civil, cuando el personal del centro se percató de que muchos de los heridos de ese conflicto habían sufrido quemaduras. Hasta 2000, el sur de Líbano estuvo ocupado por Israel y, en 2006, el hospital trató a víctimas de la guerra y la invasión israelí de ese año.

En 2019, llegó la devaluación del 90% de la moneda libanesa y el corralito bancario. Un año más tarde, la pandemia de la covid-19. En agosto de 2020, el hospital quedó semidestruido por la explosión nunca aclarada de un depósito de nitrato de amonio en el cercano puerto de Beirut. El enfermero Tony Zeaiter resultó gravemente herido. Nunca ha sido indemnizado. Tampoco el hospital, que se reconstruyó gracias a donantes privados. Y ahora, “esta guerra contra Líbano”, asevera el doctor Yared.

Israel sostiene que su guerra no es contra Líbano, sino solo contra Hezbolá, que en octubre de 2023 empezó de nuevo a lanzar cohetes al norte de Israel en solidaridad por la guerra de Gaza. Pero las cifras oficiales de muertos, que superan desde entonces los 3.600, los más de 15.000 heridos y el alcance de la destrucción del país desmienten ese argumento. “Los niños heridos que tenemos aquí no son milicianos”, apunta el codirector del Geitaoui.

Mientras el médico habla, la luz se apaga. La electricidad de la red del Estado es aquí casi un regalo, que solo llega unas horas al día. Los libaneses —y este hospital— se alumbran el resto del día gracias a generadores y compran el combustible que los alimenta. Solo esa factura asciende en el Geitaoui a unos 200.000 dólares (186.000 euros) mensuales.

El Estado libanés, en ruinas, no sufraga ni la mitad del coste del tratamiento de los grandes quemados de la guerra. Solo abona —“y con retraso”— 450 dólares (426 euros) de un mínimo de 1.000 diarios (unos 926 euros) por paciente, explica el doctor Yared. También las aseguradoras médicas están dilatando los pagos al hospital. Muchos libaneses, sin trabajo y desplazados, no pueden costear las cuotas de sus seguros médicos.

El Geitaoui es un centro privado con fines no lucrativos, recalca su otra codirectora, la religiosa Hadia Abi Chebli, pero lo que está en juego ahora es su supervivencia. El doctor Abi Rached advierte de que la unidad de grandes quemados solo podrá funcionar “un mes o dos” más si no llega ayuda económica internacional.

En la planta de pediatría, Mohamed, el padre de Ivana, muestra en su móvil imágenes del antes y del después del bombardeo y de esa vida que se esfumó el 23 de septiembre. El antes son las fotografías y vídeos de Ivana y de su hermana Rahaf, dos niñas sanas, en apariencia felices, jugando y cantando. Ivana sonreía ante la cámara con la tez intacta y una aureola de rizos oscuros.

El después es “el horror”, musita Mohamed. La niña herida, con la piel como un mapa por las quemaduras. Su cara y sus manos profanadas por la explosión; su dolor y su cuerpo vendado. Esos vendajes cubren aún su cabeza y uno de sus brazos. Su madre aparta la mirada para no ver las cicatrices cuando los sanitarios se los cambian. El 8 de noviembre, Ivana cumplió dos años. Los médicos estaban a punto de darle el alta.

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“Honor, sacrificio, lealtad”. Ese es el lema de un ejército que asiste impotente a la guerra, ante el poderío militar del Goliat israelí y con las manos atadas para someter a su autoridad a Hezbolá, la milicia chií que también es el partido político dominante en Líbano y cuyo arsenal es superior al de las Fuerzas Armadas. Relegadas al papel de convidadas de piedra del conflicto bélico, el Gobierno del país pretende ahora convertir a su frágil ejército en el garante de una propuesta de alto el fuego que Israel ha rechazado ya.

El primer ministro en funciones del país, Najib Mikati, pidió este lunes, en la cumbre de países árabes de Riad (Arabia Saudí), que la comunidad internacional presione para un cese inmediato de las hostilidades. Luego señaló el compromiso de su Gobierno “con la Resolución 1701 de la ONU” —que recoge la retirada de Israel y de la milicia de la frontera sur de Líbano—, “el fortalecimiento del despliegue del ejército de Líbano en el sur” en cooperación con los cascos azules de la ONU, Unifil, y “la extensión de la autoridad del Estado a todas sus fronteras internacionalmente reconocidas”.

Mikati había anunciado el 6 de noviembre el reclutamiento de 1.500 soldados para enviar a “5.000 tropas adicionales que se unirán a las 4.500 ya desplegadas” en el límite meridional del país si ese alto el fuego llegara a rubricarse con Israel, algo que requerirá del improbable visto bueno previo de Hezbolá, sin el que ese pacto se quedaría en papel mojado. La Resolución 1701 de la ONU, que puso fin a la última guerra entre ambas partes en 2006, obliga tanto al ejército israelí como al partido-milicia a retirar tropas y armas del territorio al sur del río Litani. El documento prevé que los cascos azules y el ejército libanés garanticen ese repliegue y sean las únicas fuerzas desplegadas junto a la divisoria entre los dos países, pero a Israel esa oferta no le basta. Aspira a que sus soldados, y también sus aviones de guerra, tengan carta blanca para entrar en territorio libanés, según el medio estadounidense Axios.

En los 18 años transcurridos desde la aprobación de la Resolución 1701, “Israel ha violado el espacio aéreo y naval libanés 36.000 veces″, mientras que Hezbolá ha reforzado “sus posiciones, construido túneles y rampas de misiles” junto a la frontera sur del país, sostiene el general retirado Khalil Helou. Desde octubre de 2023, cuando los milicianos reanudaron el lanzamiento de cohetes contra Israel en solidaridad con Gaza, Líbano ha contabilizado 3.243 muertos y más de 14.100 heridos. Tras la ofensiva terrestre que comenzó el 1 de octubre, al menos 37 localidades y 40.000 viviendas han quedado destruidas por los ataques israelíes.

Los únicos que hasta ahora se han replegado de la frontera sur han sido esos 4.500 militares libaneses a los que aludió el primer ministro Mikati. Una decenas de soldados libaneses han muerto en la guerra y solo en una ocasión el ejército libanés se ha defendido. Fue el 3 de octubre, cuando sus militares abrieron fuego después de que tropas israelíes mataran a uno de los suyos en la meridional Bint Jbel.

Las Fuerzas Armadas libanesas han carecido hasta ahora del “mandato del Gobierno para asumir la defensa del país”, dice el sargento Medyen Mohamed Al Assaad en la sede del Movimiento de Militares Retirados de Akkar al Atiqa. “Si nos dijeran que nos pusiéramos el uniforme y fuéramos a luchar, iríamos ahora mismo”, asevera, mientras sus compañeros asienten. Y lo harían “incluso con las manos desnudas”.

Sin armas

Esa metáfora apenas lo es. El gasto militar de Líbano fue en 2023 del equivalente de unos 226 millones de euros; el de Israel alcanzó casi 26.000 millones de euros, calcula el Instituto Internacional para la Investigación de la Paz de Estocolmo (Sipri). Las Fuerzas Armadas libanesas carecen de defensas antiaéreas y de aviones de combate. Sus armas, obsoletas, suelen proceder de donaciones de otros países. Lejos de poder compararse con Israel y sus F-35 de última generación, su arsenal tampoco es equiparable al de Hezbolá, que se cree acumulaba entre 120.000 y 200.000 proyectiles antes de que los bombardeos israelíes diezmaran a su liderazgo y probablemente también su armamento.

Si Hezbolá se niega a desarmarse, el ejército libanés no podrá forzar a la milicia a hacerlo. No solo por su poder político ni por la infradotación de las Fuerzas Armadas, sino porque parte de la población libanesa lo vería como una traición frente a Israel. También porque ello minaría su reputación de neutralidad entre las confesiones que conviven en Líbano y le granjearía la deserción de muchos militares chiíes, la comunidad de la que se nutre el partido-milicia. Una decisión así podría revivir a ese fantasma que persigue a los libaneses: el de la guerra civil que acabó en 1990 y sus más de 100.000 muertos.

Mucho menos pueden las Fuerzas Armadas luchar contra el ejército israelí. Incluso sin considerar la ausencia de mandato para ello del Estado libanés, ni su abrumadora inferioridad militar, Israel cuenta con el respaldo indefectible de Estados Unidos. Si las Fuerzas Armadas libanesas se han mantenido a flote en los últimos años ha sido en parte por los alrededor de 2.800 millones de euros de ayuda militar concedida por Washington desde 2006.

La fragilidad del ejército libanés no es una casualidad, añade en su despacho de Beirut el general retirado Hisham Jaber. En 2008, EE UU “amenazó al [presidente Michel] Sleiman con castigar a Líbano” si aceptaba “la donación de un sistema de defensa antiaérea y varios helicópteros de Rusia. Esa amenaza partió de Israel”, asegura quien fue comandante militar de la capital libanesa.

Labor social

En lo que va de guerra, los militares retirados de Akkar al Atiqa se han afanado en esa labor social que apuntala también la popularidad del ejército. Los maleteros de sus coches, aparcados ante la sede de su movimiento, están repletos de pasta, galletas y mantas para los desplazados a quienes su pueblo ha dado cobijo. La ausencia de las Fuerzas Armadas en el frente está siendo tan notoria como su presencia en las calles. En las localidades que acogen a muchos de los 1,2 millones de desplazados por la guerra “ha habido fricciones” entre chiíes, suníes y cristianos que, “sin la presencia de los militares”, podían “haber degenerado”, considera el también analista Khalil Helou.

Imad Salman, otro militar retirado de 62 años, desplazado con su familia desde Abbasiyeh, en el sur, sostiene que Akkar al Atiqa ha recibido a su familia “como invitados, no como desplazados”. Este oficial se aloja en una casa cedida por un compañero de armas. Luego subraya: “Soy chií, pero, sobre todo, soy libanés y militar. El ejército es la columna vertebral de la unidad nacional”.

Una encuesta del Barómetro Árabe concluía en 2019 que el 91% de los libaneses consideraba a su ejército ajeno a la corrupción que impera en el país. Y ello pese a que su situación económica es “miserable”, describe el sargento Al Assaad. Un soldado ganaba en 2018 “el equivalente” de unos 939 euros. En 2019, la moneda libanesa se devaluó el 90% y ese salario se desplomó en ciertos casos hasta los 32 euros. El sueldo actual de un militar raso es de “unos 190 euros”; el de un oficial, unos 560, calcula Al Assaad. En 2020, el Gobierno libanés autorizó a los integrantes de sus Fuerzas Armadas a pluriemplearse y muchos trabajan en su tiempo libre como taxistas, mecánicos o conductores de autobús.

“Líbano tiene excelentes soldados y oficiales”, asegura el general Jaber, que calcula que para que el ejército libanés pudiera asumir la defensa del país, se precisaría una ayuda económica internacional de al menos 4.600 millones de euros en armamento. Los 200 millones de dólares (185 millones de euros) comprometidos en la conferencia de apoyo a Líbano de París, el pasado 24 de octubre, “no son nada”.

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Ghassan Olayam, palestino de 62 años que dedica este fin de semana a recolectar las aceitunas de sus olivos en el pueblo de Battir, en la Cisjordania ocupada, no se muestra optimista ante un posible avance en lo que a él le atañe, como tampoco lo hubo durante el primer mandato de Trump entre 2017 y 2021. Considera que está “loco” y es “más agresivo” que Joe Biden, el actual presidente. Por el contrario, se acrecienta el temor de que los colonos judíos y la presencia militar israelí en territorio palestino, pilares del Ejecutivo de Netanyahu, reciban un mayor impulso.

Desde Beirut, que ha vuelto a ser bombardeada este sábado, Ali, como otros libaneses, ha acogido la victoria del candidato republicano en las elecciones presidenciales con una cauta esperanza. “Trump dijo que acabaría con las guerras”, sostiene este desplazado chií de la parcialmente destruida Nabatiye, en el sur del país, que transita de la casa de un familiar a la de otro, con su mujer y sus tres hijos, o incluso a veces duerme en su coche.

Cuando el primer ministro israelí visitó al ahora presidente electo de Estados Unidos a finales de julio en su mansión de Mar-a-Lago (Florida), Trump reiteró sus habituales declaraciones de apoyo total a Israel, acompañadas siempre de críticas a la Administración de Biden. Durante la campaña electoral, destaca Paul Salem, vicepresidente de Relaciones Internacionales del centro de Estudios Middle East Institute y experto en política exterior de Estados Unidos, el republicano le dijo a Netanyahu que “prosiguiera con sus guerras y las ganara y criticó a Biden por no apoyar a Israel lo suficiente para que pudiera vencer más rápido”. Sin embargo, “también le comunicó que, cuando asumiera el cargo, el 20 de enero, no quería que esas guerras continuaran”.

Esa combinación de “cheque en blanco y acaba con la guerra” dirigida a Netanyahu, recalca este experto libanés, ofrece al primer ministro israelí una “ventana de dos meses que se aplica a Líbano, a Gaza e incluso al propio Irán”. Tras el ataque israelí contra territorio iraní del 26 de octubre en respuesta a la andanada previa con misiles de Teherán contra Israel, la República Islámica anunció una nueva represalia que aún no se ha producido.

Trump “es el presidente del mundo” y “necesita detener la guerra para recuperar el poder sobre los judíos estadounidenses y los estadounidenses en general”, sostiene el analista Daniel Ben Simon, exparlamentario israelí por el Partido Laborista, aunque añade que hay que esperar a comprobar de manera efectiva qué hace y cómo marca distancias con Biden. El presidente electo, señala, “ha dicho que puede hacer lo que se proponga y que tiene poder sobre Netanyahu y sobre Israel”, así que “pongamos a prueba sus habilidades”.

Para él, la región necesita un líder internacional que sea respetado por las diferentes partes, mientras tanto, cree que “la gente se va a seguir matando a diario”. De momento, lo que tiene Trump delante, en referencia a Netanyahu, es “un primer ministro que no quiere detener la guerra”. Por eso, añade, “su primera prueba va a ser si es capaz de obligar a Netanyahu a decir basta” y que “avance hacia la paz”.

No le cabe duda de que Bibi, como se conoce popularmente al primer ministro, no es el único israelí que ganó el pasado martes en las urnas estadounidenses. También lo han hecho el más de medio millón de colonos judíos instalados de forma ilegal en territorio palestino y que viven “en lo más alto de su influencia” con “poder para matar o establecerse donde quieran”. “Nadie puede decir una palabra: si eres un colono y matas a un palestino, la mayoría de las veces te consideran un héroe”, afirma el exparlamentario laborista al tiempo que reconoce, pues algunos de esos colonos han sido sancionados por Washington, que es otra patata caliente en manos del futuro presidente, al igual que los 101 rehenes que siguen secuestrados tras 400 días en Gaza.

En todo caso, Ben Simon coincide con otros expertos consultados en que Irán seguirá siendo el “mayor de los problemas” también en el segundo mandato de Trump, que “tiene que hacer algo” aunque no tiene claro qué. “¿Cómo les hablará, amablemente o por medio de amenazas?”, se pregunta el analista israelí. Este sábado el portavoz de Exteriores del régimen iraní, Esmaeil Baghaei, ha negado cualquier implicación de las autoridades de Teherán en un supuesto plan para asesinar a Trump antes de los comicios, como desveló el viernes el Departamento de Justicia de EE UU.

El resultado del toma y daca entre Irán e Israel marcará en parte el futuro de la región. Sobre todo, en Líbano, donde el enemigo declarado de Israel es el partido-milicia Hezbolá, considerado el brazo ejecutor de la política regional de Teherán, y cuyo secretario general, Hasan Nasralá, asesinado por Israel el 27 de septiembre, afirmó un día que hasta la ropa que llevaban sus milicianos la financiaba el régimen iraní.

Paul Salem cree que, si no de forma inmediata, en diciembre o a finales de enero, se pueden esperar pasos “esperanzadores” al menos respecto a Líbano. Si la situación se calma lo suficiente, cuando Trump asuma el poder, “podría mandar un enviado [a ese país] y terminar formalmente la guerra” en los primeros meses del año. “Trump quiere que Israel gane y con sus condiciones, pero también que termine la guerra”, agrega.

Karim Emile Bitar, profesor de Relaciones Internacionales de la universidad beirutí Saint Joseph y presidente de Kulluna Irada, un colectivo libanés que aboga por la reforma de las instituciones en el país, coincide en que Israel podría tener con Trump las manos libres hasta que el republicano asuma su cargo. El presidente electo, asegura este especialista, es “un halcón que no duda en usar la fuerza bruta”. Si llegara a actuar con “moderación” respecto a la guerra de Líbano, se debería “a que una parte de su electorado lo ve como alguien que quiere poner fin a lo que ha llamado guerras interminables”.

Normalización entre Israel y Arabia Saudí

Bitar define el apoyo de Trump a Irán como “indefectible” y considera que el próximo mandatario estadounidense probablemente “intensificará su política de presión sobre Teherán”. Trump “también intentará volver al proceso de normalización entre Israel y Arabia Saudí, dando garantías económicas, estratégicas y de seguridad a ese país”. Ese propósito, congelado por la guerra de Gaza, depende en parte de que Israel ponga fin a ese conflicto y al paralelo en Líbano. El hombre fuerte saudí, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, ya ha declarado que en ningún caso establecerá relaciones diplomáticas con Israel mientras dure la guerra.

Libaneses como Ali, el desplazado de Nabatiye, depositan mientras sus esperanzas en que los lazos familiares de Trump con Líbano sirvan para poner fin al conflicto. El suegro de la menor de las hijas de Trump, Tiffany, es el millonario de origen libanés Massoud Bulos. Karim Emile Bitar, el profesor de Relaciones Internacionales, no desdeña que esos vínculos puedan tener peso. Sin embargo, también cree que sobre Gaza y Líbano pende la amenaza de “un grado de violencia aún mayor”, porque Trump no parece dispuesto a ejercer “una presión intensa sobre Israel”.

“Lo que marcará la política exterior de Trump respecto a Oriente Próximo será la continuidad”, asegura este experto. Y concluye: “Lo único que podría llevar a Trump a cambiar de postura es si sucede un incidente personal entre él y Netanyahu. A Trump solo le importa su ego”. Para el israelí Daniel Ben Simon “es un megalómano, un tipo loco e impredecible del que puedes esperar cualquier cosa”.

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El ministro libanés de Transportes —en funciones, como el resto del Ejecutivo—, Ali Hamiye, se apresuró a señalar en la red social X (antes Twitter) que el aeródromo —al que las principales aerolíneas mundiales no vuelan desde hace semanas— funcionaba normalmente. La compañía que opera la mayoría de vuelos, la aerolínea nacional libanesa Middle East Airlines (MEA), aclaró más tarde al diario L’Orient-le Jour que todos sus vuelos del miércoles ya estaban en tierra cuando el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, ordenó a la población de áreas del suburbio de Dahiye, algunas adyacentes a la carretera del aeródromo, que abandonaran sus casas. Esa advertencia precede a veces a los bombardeos que, según Israel, se dirigen contra su némesis libanesa, el partido-milicia chií Hezbolá. El ataque, según los vídeos difundidos en redes sociales, alzó una bola de fuego no muy lejos de la pista del aeropuerto pero solo causó daños menores en uno de los edificios.

Para entonces, un mensaje de audio atribuido al presidente del consejo de administración de la compañía aérea libanesa había corrido en los teléfonos de los beirutíes. En él, se pedía al personal del aeropuerto que lo evacuara e incluso se aludía al traslado de los aviones. La Unión Libanesa de Transporte Aéreo desmintió la autenticidad de esa grabación poco después. Los rumores, sin embargo, ya se habían desatado. Sobre todo, porque Hezbolá había atacado la víspera con misiles una base militar no muy lejos del aeropuerto internacional David Ben-Gurion de Tel Aviv, en Israel. Ese ataque del partido-milicia chií ha impulsado las cábalas sobre una represalia israelí análoga.

“Hasta ahora la posibilidad del cierre del aeropuerto [por un ataque] era bajo”, destaca la economista libanesa Diana Menhem, directora general de la ONG Kulluna Irada, que aboga por la reforma política en el país. La escalada de la guerra, “ese ataque reciente al aeropuerto Ben-Gurion y el impacto cerca del aeródromo de Beirut” apuntan en su opinión a “que ese riesgo se ha elevado”.

Menhem evoca un recuerdo nefasto para los libaneses: el bombardeo israelí de su único aeropuerto en 2006. La historia de las sucesivas invasiones terrestres —la actual en el sur de Líbano empezó el 1 de octubre— y de los ataques israelíes durante décadas de este país, es también la de la recurrente destrucción de infraestructuras claves, sobre todo, el aeródromo de Beirut. En la breve guerra de 34 días que Israel mantuvo contra Hezbolá en 2006, sus aviones bombardearon el Rafic Hariri dos veces e impusieron un bloqueo naval sobre los puertos del país, de los que los dos más importantes son el de Beirut y el de la septentrional Trípoli.

El argumento para atacar esa infraestructura vital fue que sus instalaciones servían como una “plataforma para transferir armas y suministros a la organización terrorista Hezbolá”, el mismo con el que el ejército israelí justificó el 4 de octubre el lanzamiento de dos misiles contra la carretera entre Beirut y Damasco, la capital siria, junto al paso fronterizo libanés de Masnaa y el sirio de Jdeidet Yabous.

Un Líbano económicamente exangüe tuvo que afrontar en 2006 una factura que su Gobierno calculó al año siguiente en 7.000 millones de dólares (unos 6.500 millones de euros al cambio actual); de ellos, casi 500 millones para reparar carreteras, puentes y el aeropuerto.

Antes, en diciembre de 1968, un comando israelí había hecho estallar en el aeródromo de Beirut 14 aviones de pasajeros y de carga, de los que 12 pertenecían a la MEA. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó ese asalto; el entonces presidente francés, el general Charles de Gaulle, montó en cólera —Air France participaba en el accionariado de la aerolínea libanesa—e impuso un embargo de armas a Israel. Eran otros tiempos.

Ayuda humanitaria

La actividad y el tránsito de mercancías y personas por el aeropuerto de Beirut “es uno de los principales salvavidas que le quedan a la economía del país”, recalca Menhem, que trabajó durante años para el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) en Líbano. El jefe de esa agencia de Naciones Unidas en Líbano, Achim Steiner, advirtió a finales de octubre de que “servicios de base” vitales para el país —y citó, entre otros, “el transporte”— habían comenzado a desmoronarse por la guerra. El PNUD calcula que si el conflicto bélico continúa a finales de año, el PIB de Líbano se contraerá más del 9% en 2024.

Si el aeropuerto de la capital libanesa cierra, ese cálculo puede quedarse corto. El Rafic Hariri es, junto con los puertos de Beirut y Trípoli, la principal puerta de entrada de mercancías vitales —Líbano importa el 80% de la comida que consumen sus habitantes, según Naciones Unidas—, la pasarela para una parte del comercio exterior del país y también una de las escasas vías de escape de la guerra.

Quienes tienen medios, logran comprar un billete de la MEA y disponen de visados para otros países, huyen por el Rafic Hariri o incluso alquilando yates para escapar por mar a Chipre. Otros libaneses, y también refugiados sirios, escapan sobre todo por esa carretera que Israel atacó en octubre. Según el último informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 523.000 personas han huido por ella en las últimas semanas.

Lo que está en juego no es solo la huida de quienes deciden partir al extranjero para escapar del conflicto bélico ya abierto entre Israel y Hezbolá, con sus más de 3.000 muertos y 13.600 heridos, según datos oficiales. Si Israel inutiliza el aeropuerto, impone un bloqueo a los puertos y destruye esa carretera que conecta Líbano con la también convulsa Siria, los 1,4 millones de víctimas de la guerra en el país quedarían prácticamente abandonadas a su suerte. De ellas, una gran mayoría —1,2 millones, según datos oficiales— están desplazadas. Muchas han perdido sus casas y sus trabajos y no tienen ingresos ni bienes, aparte de poco más de lo que llevan puesto.

Horas antes del inicio de los bombardeos de la madrugada del jueves, un avión kuwaití había aterrizado en la pista del Rafic Hariri con ayuda humanitaria. No es el único, como destaca Menhem: “Muchos países, como Arabia Saudí, Francia y otros Estados de la UE están entregando ayuda humanitaria a través del aeropuerto de Beirut”.

Un documento del clúster (el mecanismo de coordinación de las agencias de la ONU y las ONG) de logística de Naciones Unidas alertaba el 16 de octubre de la dificultad que supone para el encaminamiento de la ayuda a esas personas el “número limitado de puntos de entrada en el país, con solo un aeropuerto civil internacional y dos puertos operativos principales, Beirut y Trípoli, así como un número reducido de puntos fronterizos terrestres abiertos en la frontera con Siria”.

La asistencia humanitaria que permitió que el Programa Mundial de Alimentos atendiera a dos millones de personas en octubre llegó a través de esas tres vías que los libaneses temen que Israel ataque o asedie: el Rafic Hariri, los puertos de Beirut y Trípoli, y la carretera a Damasco. Por lo que la ONU ha bautizado como el “pasillo logístico de Jordania”, que une Amán con Líbano a través de Siria, transitaron hace días 13 camiones. Transportaban barritas energéticas, kits de higiene, colchones y esterillas para los desplazados de Líbano.

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El pueblo de Ali está ahora vacío. Sus habitantes han huido, como los del resto de localidades cercanas a la frontera, una franja de tres kilómetros que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha bautizado como “el primer cinturón” de la ofensiva en el sur contra el partido-milicia chií. En esa zona, los bombardeos masivos, la expulsión de la población y la contaminación de los campos con fósforo blanco —como ha denunciado Amnistía Internacional— apuntan a una estrategia de tierra quemada. Su objetivo es, cree Ali, hacer “la región inhabitable”. Hezbolá quedaría así privado de lo que Israel entiende es su base social en la región: la comunidad chií que vive junto a la linde entre los dos países.

No por ello el ejército israelí se ha hecho fuerte en esa tierra que está arrasando, según los vídeos que sus propios militares publican en redes, como uno divulgado este lunes en el que se refleja la voladura de numerosos edificios de Meis al Jabal. “Los soldados entran, dinamitan las casas y vuelven a Israel por la noche, porque es entonces cuando los milicianos [Hezbolá] los atacan”, asegura Ali. Un diario israelí, el Yedioth Ahronoth, criticaba el viernes que, en el mes transcurrido desde que empezó la ofensiva terrestre, “50.000 soldados no han sido capaces de conquistar ni un solo pueblo en Líbano”.

El artículo aludía a los militares de las cinco divisiones destacadas en el norte de Israel para la invasión de Líbano. No son, además, unas tropas cualesquiera: los primeros militares israelíes que penetraron en el país árabe formaban parte de las unidades de élite de la 91ª División de Galilea, la Brigada de Reconocimiento Golani y los comandos Egoz, creados en 1995 específicamente para luchar contra Hezbolá. Lo máximo que han penetrado esos soldados, asegura Ali, es “unos cuantos kilómetros”. Todo, a pesar de enfrentarse a una milicia muy debilitada tras los reveses que Israel consiguió asestarle en septiembre.

A video circulated on Monday showing the rigging and detonation of several homes in the southern town of #MaysAlJabal, specifically the buildings located a few meters away from the Mays al-Jabal Government Hospital. The footage shows between 10 and 20 targeted explosions,… pic.twitter.com/pfiO2NVtqk

— Megaphone News English (@MegaphoneNewsEN) November 4, 2024

En los 11 días de septiembre transcurridos entre la explosión de miles de buscas y walkie-talkies y el asesinato en Beirut de su secretario general, Hasan Nasralá, el movimiento surgido en 1982 para luchar contra la ocupación israelí experimentó derrotas inéditas. Israel cubría ya de bombas Líbano. En un solo día, el 23, 600 personas murieron en esos bombardeos. Solo en esa jornada, Israel aseguró haber alcanzado 1.600 objetivos militares de Hezbolá. Aunque “seriamente degradada” —según destaca por teléfono un analista militar y general retirado libanés muy crítico con el grupo paramilitar, Khalil Helou—, esta organización aún “resiste, tendiendo emboscadas a las tropas israelíes, colocando explosivos y utilizando proyectiles que han alcanzado incluso la región sur de Tel Aviv”.

En las primeras cuatro semanas de la operación terrestre israelí, Hezbolá ha protagonizado “más de 50 enfrentamientos armados” con tropas israelíes, según datos de la ONG ACLED. Esta organización de monitoreo de conflictos ha registrado otras 60 acciones de los milicianos como “la detonación de artefactos explosivos improvisados o el lanzamiento de cohetes, misiles antitanque o morteros contra las fuerzas israelíes”. Octubre ha sido el mes más mortífero para el ejército israelí este año, con 62 militares muertos en los dos conflictos que mantiene en Gaza y en ese país árabe. En gran parte, por la guerra de Líbano: 37 de ellos fallecieron en territorio libanés.

El viernes, un día antes de que Israel anunciara esa cifra, Hezbolá había elevado las bajas israelíes a 95 y asegurado haber destruido 42 tanques Merkava, entre otros equipos israelíes, unos datos imposibles de comprobar. “Ambas partes tienden a exagerar sus logros”, puntualizó a mediados de octubre Andreas Krieg, experto en Defensa del King’s College de Londres al medio Middle East Eye. Sin embargo, la falta de avances territoriales de Israel apunta en su opinión a que los militares israelíes se han topado con “una resistencia más fiera de lo que suponían”.

Hezbolá “conserva una buena capacidad de reconocimiento (...) y ha organizado varias emboscadas contra soldados israelíes utilizando artefactos explosivos improvisados y fuego cuerpo a cuerpo con armas ligeras”, aseguraba por su parte el 22 de octubre un documento del Atlantic Council, un centro de estudios con estrechos lazos con la OTAN, Estados Unidos y el Reino Unido, todos ellos aliados de Israel.

Superioridad aérea

Israel está apostando, al menos de momento, por privilegiar su imbatible superioridad aérea en vez de por ampliar una ofensiva terrestre que desde el principio anunció como “limitada”. En septiembre y octubre, el número de bombardeos en Líbano “superó con creces” a los ataques en Gaza “en cualquier mes del año pasado”, de acuerdo con ACLED, si bien con muchos menos muertos que en la franja palestina, a causa del minúsculo tamaño de esta, su elevada densidad de población y la imposibilidad de los gazatíes de huir.

Desde el 8 de octubre de 2023, cuando Hezbolá empezó a atacar el norte de Israel con cohetes a causa de la guerra de Gaza, más de 3.000 libaneses han muerto por la guerra, según datos oficiales. De ellos, afirma en su oficina de Beirut el también general retirado Hisham Jaber, que fue comandante de la región militar de Beirut, el “80% eran civiles”. El general Helou, por su parte, calcula en “un millar” los milicianos fallecidos.

Los golpes asestados por Israel a su enemigo tampoco han evitado que este haya seguido lanzando proyectiles y drones, en unos ataques que incluso han aumentado “su escala y su alcance geográfico” en territorio israelí, confirma ACLED. El 20 de octubre, un dron impactó en la casa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Cesárea, al norte de Tel Aviv. Seis días antes, otro aparato no tripulado había matado a cuatro soldados israelíes y herido a más de 60 en Binyamina, al sur de Haifa, a unos 65 kilómetros de la frontera con Líbano. Uno de los objetivos declarados de la guerra, el del retorno de los 60.000 israelíes desplazados del norte de su país por los cohetes de Hezbolá, parece así igual de inverosímil que hace meses.

Desde 1978, Israel ha invadido por tierra Líbano en cuatro ocasiones: ese año, 1982, 2006 y 2024. Estas ofensivas, también descritas como “limitadas y localizadas”, precedieron en el pasado a invasiones terrestres mucho más ambiciosas, algo que ahora aún no ha sucedido. En 1982, solo había transcurrido una semana de la entrada de las tropas israelíes en Líbano, el 6 de junio, cuando los soldados empezaron a avanzar hacia Beirut. Entonces, el objetivo fue la Organización de Liberación de Palestina (OLP), a la que Israel consiguió expulsar del país árabe. Sin embargo, esa invasión brutal propició el surgimiento de Hezbolá. 18 años después, en 2000, esa organización paramilitar forzó la retirada de Israel de Líbano. En 2006, el partido-milicia provocó un nuevo repliegue israelí, lo que, a la postre, terminó reforzando su poder.

La estrategia de Hezbolá frente al poderoso ejército israelí, entonces como ahora, se basa, explica el general Jaber, en “la guerra de guerrillas” y un “excelente conocimiento del terreno”. Esos milicianos han sido entrenados para, si es necesario, atacar a los soldados israelíes de forma autónoma, sin recibir órdenes de la cúpula de la organización, destacaba en marzo un informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Eso podría explicar por qué, con la cadena de mando del grupo dañada y muchos de sus líderes asesinados, estos milicianos siguen combatiendo en el sur de Líbano.

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Este sábado, el líder supremo iraní, Ali Jamenei, ha reiterado que su país responderá al bombardeo israelí del pasado fin de semana. En medio de esa creciente tensión, Estados Unidos ha aprobado un importante refuerzo de su presencia militar en Oriente Próximo. El Pentágono ha anunciado el despliegue de cazabombarderos B-52, aviones de combate, aviones de reabastecimiento y destructores de la Armada.

El pasado miércoles, tras entrevistarse por teléfono con Hochstein, el primer ministro libanés en funciones, Najib Mikati, incluso se había aventurado a anunciar un posible alto el fuego en horas —una afirmación corregida en la transcripción oficial de la entrevista a “los próximos días”—, pero que, en apenas una jornada, quedó desmentida.

El jueves, después de entrevistarse en Tel Aviv con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el enviado especial de Biden no volvió a contactar con las autoridades libanesas. Según el presidente del Parlamento de Líbano, Hochstein se había comprometido a informarles sobre cualquier paso adelante hacia ese alto el fuego.

La aparente escasa disposición israelí a detener la guerra en Líbano quedó patente el miércoles y el jueves cuando su ejército ordenó a la población de la ciudad oriental libanesa de Baalbek —de unos 82.000 habitantes antes de la guerra— y de dos poblaciones vecinas que desalojaran el área del valle de la Becá, al que Israel considera un bastión de Hezbolá. Al menos 150 personas han muerto en esa región en ataques israelíes en lo que va de semana. El viernes, Israel reanudó a su vez sus bombardeos sobre el sur de Beirut.

Para el negociador libanés, esas “agresiones” confirman “el rechazo de Israel a todos los esfuerzos que se están haciendo para un alto el fuego y la aplicación plena de la resolución [de la ONU] 1701″, ha dicho a Al Sharq al Awsat. El presidente del Parlamento de Líbano ha confirmado también que las negociaciones para un posible alto el fuego se han pospuesto hasta después de las elecciones en EE UU el próximo martes.

Uno de los principales escollos de cara al final de la guerra en Líbano es la pretensión israelí de que la tregua no se base solo en la aplicación de la hasta ahora incumplida por Hezbolá resolución 1701 de Naciones Unidas, que permitió en 2006 la retirada de las tropas israelíes de Líbano y el final de la breve guerra de ese año con la milicia libanesa. Su aplicación conllevaría la retirada tanto de las tropas israelíes como de los milicianos y las armas del partido chií de la zona aledaña a la frontera sur del país árabe. Pero, para Israel, esto ya no es suficiente. El Gobierno de Netanyahu exige que sus tropas puedan penetrar en el sur de Líbano para asegurarse del cumplimiento de ese repliegue de Hezbolá y que sus aviones tengan también libre acceso al espacio aéreo libanés.

Esas exigencias, que representarían la cesión parcial de la soberanía de Líbano sobre su territorio y espacio aéreo, han sido definidas como inaceptables por el Gobierno libanés y el propio Berri, según recogía estos días la prensa del país. Este sábado, se ha conocido también que un comando israelí secuestró de madrugada a un marino civil, Imad Amhaz, en Batrun, a 54 kilómetros al norte de Beirut. El ejército israelí, que ha confirmado su autoría, según el diario Haaretz, sostiene que el hombre es el jefe de las operaciones navales de Hezbolá. Este es el primer episodio de este tipo en la guerra, han confirmado fuentes de seguridad libanesas a la cadena de televisión libanesa LBCI.

Dialéctica bélica

Mientras las esperanzas de un posible avance hacia el alto el fuego en Líbano se diluyen, Irán e Israel mantienen una dialéctica bélica en forma de cruce de amenazas. Este sábado ha sido el líder supremo iraní Ali Jameneí quien ha vuelto a dar por segura la respuesta al bombardeo israelí del fin de semana pasado sobre instalaciones militares, que mató a cuatro militares iraníes y causó daños materiales. Varias fuentes de la República Islámica de Irán han advertido en los últimos días de que no descartan que ese ataque se lleve a cabo antes de las presidenciales de EE UU.

“Los enemigos, incluidos EE UU y el régimen sionista, deben saber que definitivamente recibirán una respuesta sorprendente por lo que están haciendo contra Irán y el frente de resistencia” en la región —en alusión a aliados regionales como Hezbolá, Hamás o la guerrilla hutí de Yemen—, ha señalado Jameneí durante un acto con estudiantes, según la agencia oficial Irna.

Netanyahu había advertido, por su parte, el jueves, que su principal objetivo con respecto a la República Islámica es impedir que disponga de armas nucleares. El 1 de octubre, Teherán lanzó el mayor ataque con misiles balísticos sobre territorio israelí ejecutado hasta ahora, en respuesta a los asesinatos de Hasan Nasralá, líder de Hezbolá, en Beirut, el 27 de septiembre, y el de Hamás, Ismail Haniya, en la capital iraní a finales de julio.

Mientras, los grupos que integran la denominada Resistencia Islámica de Irak han reivindicado un ataque con varios drones sobre el extremo sur de Israel, en el entorno de la ciudad de Eilat, a orillas del mar Rojo. El ejército ha anunciado que ha interceptado tres aparatos no tripulados en esa zona antes de que accedieran al espacio aéreo israelí. En el norte de Israel, el impacto de un cohete lanzado desde territorio libanés sobre un edificio de Tira, junto al muro israelí que aísla Cisjordania, causó una decena de heridos. Hezbolá ha seguido también en las últimas horas disparando misiles y drones sobre la ciudad de Haifa y otras regiones septentrionales israelíes sin causar víctimas mortales. La milicia afirma haber golpeado dos bases militares, aunque Israel no ha reconocido esos daños.

“Apocalipsis” en Gaza

La situación más crítica sigue siendo la de Gaza. Allí, la crisis humanitaria y la ofensiva en el norte de las tropas de ocupación israelíes, con decenas de muertos cada día, han llevado a Naciones Unidas a calificar de “apocalíptico” el drama de esa población palestina, que afronta no solo los continuos bombardeos sino la muerte por enfermedades o por hambre. Mientras, el bloqueo de Israel sigue impidiendo el acceso al territorio de comida y otros suministros básicos, haciendo caso omiso a las advertencias de la comunidad internacional. La última cifra de fallecidos en ataques israelíes en la Franja, divulgada este sábado por las autoridades de ese territorio palestino ocupado, asciende a 43.314 y a más de 102.019 heridos.

El ejército israelí ha anunciado además el incremento de sus efectivos en la noche del viernes al sábado en torno al campo de refugiados de Yabalia, donde desde hace semanas los militares mantienen enfrentamientos con los grupos armados palestinos al mismo tiempo que ordenan a la población civil que se marche.

Una posible tregua en Gaza parece más lejana aún que en Líbano. Hamás no acepta por el momento la propuesta de alto el fuego parcial que ha saltado a la luz pública a raíz de los últimos contactos mantenidos con Israel a través de los mediadores internacionales en El Cairo (Egipto) y Doha (Qatar), según confirmaron el viernes fuentes del grupo islamista palestino a la cadena Al Jazeera.

Sin embargo, altos funcionarios de las facciones rivales palestinas Fatah, laicos y principal fuerza de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), y Hamás, de corte islamista, se encuentran reunidos en El Cairo para tratar de acercar posturas sobre un posible gobierno de unidad para Gaza tras la guerra, confirmaron fuentes oficiales a un canal local, según Reuters.

Esa iniciativa aspiraba únicamente a dos días de cese de las hostilidades, un aumento de la ayuda humanitaria y a la liberación de cuatro de los 101 rehenes que siguen en Gaza a cambio de algunos prisioneros palestinos de cárceles israelíes. La respuesta de uno de los líderes del movimiento palestino al canal catarí ha sido recordar su demanda “de un alto el fuego permanente, la retirada [israelí] de la Franja, el regreso de los desplazados y el levantamiento del asedio”.

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Detrás de él, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital universitario Dar al Amal de Duris, a 82 kilómetros al este de Beirut, la capital de Líbano, Céline está postrada en una cama. Tiene quemaduras de segundo grado en gran parte de su cuerpo, que recorren también su rostro lleno de cortes. Una de sus cejas parece haber desaparecido, apenas puede cerrar un párpado y sus brazos están vendados. Su pierna izquierda está escayolada hasta la cadera porque la explosión le provocó una fractura abierta del fémur. “Hemos tenido que darle morfina”, explica la enfermera Amal Haidar. Otra sanitaria pide silencio. La niña duerme y, cuando se despierta, grita de dolor. O de miedo. Su tío explica que si un ruido la saca de su letargo, profiere gritos aterradores, como si estuviera viviendo de nuevo el bombardeo al que sobrevivió hace cuatro días.

El pueblo de Céline, Ain Burdai, está —junto con Duris y la cercana ciudad de Baalbek— dentro del área pintada de rojo que aparecía en un mapa de esa región del valle de la Becá divulgado el miércoles por el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, en su cuenta de la red social X. Ese día, y al siguiente, Adraee ordenó a quienes viven en los límites englobados en esa mancha roja —unas 100.000 personas— que abandonaran sus casas si no querían morir en un ataque “contra los intereses” del enemigo de Israel en Líbano: el partido-milicia chií Hezbolá.

Céline y su familia no tuvieron ocasión de escapar. Su casa, como otras, fue bombardeada el martes sin advertencia previa, según las autoridades locales, un día antes de esas órdenes de desalojo, las más masivas desde el recrudecimiento este verano de la última oleada de ataques mutuos entre Hezbolá e Israel, que la milicia libanesa desencadenó en octubre de 2023 a causa de la guerra en Gaza.

En las horas anteriores a ese bombardeo, los ataques israelíes mataron al menos a 67 personas en el valle de la Becá, en la que se convirtió en la jornada más letal de la guerra en la planicie oriental de Líbano en la que vio la luz Hezbolá en 1982. Parte de esa llanura de 182 kilómetros de longitud es considerada por Israel un vivero de milicianos chiíes y la base de retaguardia de los combatientes que se enfrentan con sus militares en la franja aledaña a la frontera sur de Líbano cuya invasión acometió Israel el 1 de octubre.

Al menos 150 personas han muerto esta semana en el valle en ataques israelíes, 52 de ellas este viernes en la zona de Baarbek-Hermel, según el Ministerio de Sanidad libanés, que precisa que numerosos ataques tuvieron lugar sin previo aviso y fuera de la zona que Israel había ordenado evacuar. Según el último informe del comité de emergencia del Gobierno de Líbano, solo el jueves, más de 10.000 personas huyeron de Baalbek y sus alrededores. Desde el primer anuncio israelí del miércoles conminando a la evacuación de esa urbe, Duris y Ain Burdai, “el 80%” de su población ha escapado, aseguran fuentes cercanas a Hezbolá. Ese partido-milicia organizó este viernes una visita de medios de comunicación a la zona en la que participó EL PAÍS.

Polvo gris

Una de las vías para llegar a Baalbek, que antes de la guerra contaba con unos 82.000 habitantes, es la carretera que pasa por Duris. Algunas casas destruidas se asomaban el viernes a un asfalto en algunos tramos cubierto de cascotes de los edificios pulverizados por los bombardeos. Uno de ellos, atacado de madrugada, aún humeaba. En ese edificio, murió una mujer, según las fuentes cercanas a Hezbolá. También cinco niños quedaron heridos.

Cuesta creer que nadie pueda sobrevivir a tal destrucción. Donde antes había una casa, solo quedan hierros, dos coches fundidos por la explosión y escombros en ocasiones más pequeños que una mano. La vivienda de al lado se derrumbó también sobre uno de sus muros laterales y todas las construcciones cercanas quedaron cubiertas de un oscuro polvo gris. En apariencia, el mismo que muestran las fotografías de esos supervivientes rescatados de los escombros de sus casas bombardeadas en Gaza, donde en el año largo que ya dura la guerra, han muerto más de 43.000 personas. A ellas se suman los 2.800 fallecidos en Líbano en el mismo periodo en ataques israelíes, según el Gobierno del país.

“No es el cemento de la casa destruida”, asegura un residente que se acerca al ver al grupo de periodistas. Ese polvo, dice el hombre, “es algo que llevan las bombas. ¿No notan un olor extraño?”, dice en alusión a un tufo peculiar, picante, similar al del gas lacrimógeno y, como este, portador de un inmediato dolor de cabeza para quien lo inhala.

Esa casa volatilizada, un hangar también pulverizado, los coches quemados —estos por disparos de drones, según algunos habitantes—son el rastro más visible del impulso que Israel ha dado a la guerra en el valle de la Becá, al que considera un bastión de Hezbolá. En Duris, la obviedad del poder de esa milicia se despliega en las banderas amarillas y los carteles con retratos de sus líderes, muchos eliminados por Israel, que flanquean la ruta que lleva a Baalbek. En otra carretera del valle, el rostro de Hasán Nasralá, el secretario general de la organización asesinado el 27 de septiembre, aparece sobre la frase con la que ese líder se dirigía a sus seguidores en algunos de sus discursos: “Oh, gente honorable”.

Orgullo

El rico yacimiento arqueológico romano de Baalbek, patrimonio de la Humanidad de la Unesco, reina en el centro de esa ciudad, ahora semidesierta por las órdenes de evacuación israelíes que han clausurado también hoteles y restaurantes antaño llenos de turistas. Entre los escasos residentes que allí quedan —casi todos hombres—, un grupo se concentraba el viernes en el barrio Gouraud. Algunas familias de musulmanes chiíes, como la mayoría de habitantes de la urbe, han ocupado en esa barriada lo que en su día fueron barracones militares de la colonización francesa.

Desharrapados, calzados con chanclas de plástico rotas, muchos se antojan demasiado pobres como para poder huir a ningún lugar. No parece el caso de Abdo, un aprendiz de mecánico de 19 años, que atribuye al “orgullo” su decisión de quedarse, pero sí el de Nizar Nun, de 62 castigados años.

Este hombre se ha quedado solo en su casa. Su familia sí ha huido y él dice que “no tiene a dónde ir”. Luego saca una botellita de alcohol de un bolsillo, da un sorbo y reconoce que eso le ayuda a conjurar el miedo. Si en el conjunto de Líbano la pobreza se ha triplicado en la última década hasta llegar al 44% de la población, según el Banco Mundial, en la región que rodea a Baalbek, algunos cálculos elevan ese porcentaje a más del 60%.

A escasos metros de la casa de Nun, otra vivienda ha sido destruida por un proyectil israelí. Un fragmento de un muro que data del protectorado francés, a unos 50 metros de las ruinas del yacimiento romano, se ha desmoronado también. Ese extraño polvo gris que dejan las bombas cubre los escombros y las casas destrozadas. De repente, una fuerte explosión suena quién sabe dónde.

En el hospital Dar al Amal, donde yace Céline en la cercana Duris, la enfermera Haidar se preguntaba este viernes quién “va a cuidar de los pacientes” si todo el mundo se marcha. A sus 21 años, nunca hasta ahora había visto a niños con heridas de guerra. El 23 de septiembre, siete menores llegaron a su UCI. Hubo que intubar a seis. Otros dos ingresaron ya cadáveres, dice. Algunos estaban irreconocibles, “desfigurados por las quemaduras”; otros sufrían graves traumatismos craneales. “Seis de esos niños murieron”, recuerda.

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Israel considera que el valle de la Becá, bastión del partido-milicia chií Hezbolá, es el origen de muchos de los combatientes de su némesis libanesa, como lo fue antes de varios de sus líderes. Su primer secretario general, Subhi al-Tufayli, nació en Brital, en la Gobernación de Baalbek y el segundo, Abbas al Musawi, asesinado por Israel en 1992, vio la luz en Nabi Chit, en el mismo distrito. El ejército israelí sostiene que esa región, a unos 50 kilómetros al este de Beirut, sirve de retaguardia a la milicia chií y considera que allí se repliegan los combatientes del grupo que luchan en la frontera sur de Líbano, en la franja entre el río Litani y la linde con Israel, y en el barrio beirutí de Dahiye. Ese vecindario ha quedado parcialmente destruido por unos bombardeos que, en todo el país, han matado a más 2.800 libaneses y herido a otros 13.000, de acuerdo con cifras oficiales, desde el inicio de la guerra de Gaza, el 8 de octubre de 2023. Fue entonces cuando Hezbolá comenzó a atacar con cohetes el norte de Israel en lo que bautizó como “un frente de apoyo” a la Franja palestina.

Un informe del centro de estudios israelí Alma, fundado por un oficial retirado del ejército de ese país, sostiene sin ofrecer pruebas que en la Becá —que albergó el primer campo de entrenamiento de Hezbolá, el año de su fundación, en 1982— se encuentran “los depósitos generales de municiones y logística” del movimiento, así “como lugares de almacenamiento y lanzamiento de misiles de largo y medio alcance” del grupo.

Para los desplazados de la escuela Mounir Abu Asli, la razón de los ataques israelíes es otra. Israel ve su valle, como el “hogar de la resistencia a la ocupación” de Israel, sea en Líbano o en Gaza, afirma uno de ellos que pide anonimato.

Una carretera estratégica

En la carretera que une Beirut con la Becá, una carcasa de hierros retorcidos era lo poco que quedaba este jueves de un coche destruido por un dron israelí, cerca de la localidad de Araya, a unos 10 kilómetros de la capital libanesa, en el que viajaba un hombre cuya identidad no ha trascendido. Ese amasijo yacía a escasos metros del lugar donde, la víspera, otro aparato no tripulado del ejército israelí destruyó una furgoneta que, según Israel, transportaba armamento para la milicia chií. Esa ruta, que une Beirut con la frontera de Siria, es considerada su principal vía de aprovisionamiento de armas que, en su mayoría, se cree proceden del régimen chií de Irán, el principal aliado y sostén económico de Hezbolá.

A pesar de la relevancia que Israel concede al valle, en los primeros 11 meses de la guerra de Gaza y del enfrentamiento con Hezbolá, antes del recrudecimiento de los combates del pasado verano, el territorio de la Becá había permanecido bastante ajeno al intercambio de proyectiles entre Israel y el partido-milicia.

Las andanadas respectivas entre ambos se habían centrado hasta finales de agosto en la zona fronteriza entre Israel y Líbano. Sin embargo, el 25 de ese mes, el después asesinado líder de la milicia, Hasán Nasralá, reveló que los drones con los que Hezbolá respondió al bombardeo que mató en julio a su número dos, Fuad Shukr —natural también de la Becá—, habían sido lanzados desde ese valle. Israel intensificó entonces ese frente. Solo en una semana de finales de septiembre, 160 personas perecieron allí en bombardeos israelíes. En lo que va de esta semana, alrededor de 90 han muerto en nuevos ataques en la región; 19 tras la orden de evacuación de Baalbek del miércoles, reiterada por Israel este jueves.

Marat al Fikani, a unos 38 kilómetros de esa urbe, es uno de los pueblos que los bombardeos israelíes han dejado casi desiertos. En la entrada de esta localidad de la que ha huido “el 80% de la población”, asegura Jalil, el nombre falso de un desplazado por la guerra, banderas de Hezbolá ondean junto al retrato de Shukr y otros dirigentes de la milicia.

Jalil se adentra por un callejón lleno de cascotes antes de señalar un edificio de tres plantas, pulverizado en septiembre por un misil israelí. Los pilares del inmueble claudicaron y su cubierta de hormigón sepultó a sus habitantes: un agricultor que ganaba su sustento cultivando patatas, su mujer y sus cinco hijos, de entre 14 y tres años. Jalil solo recuerda el nombre de dos de las niñas: Mariam y Safaa, y del más pequeño, Hussein.

Varios desplazados de Marat al Fikani viven ahora en la escuela Mounir Abou Asli de Zahle. En ese instituto de secundaria, cuyos pupitres están apilados para dejar sitio a quienes allí se refugian, la mayor parte de la ropa tendida en cuerdas en el patio es de niños. Sara Boustani, una enfermera desplazada de 19 años que ejerce de voluntaria, calcula que, de los entre 400 y 500 desplazados en el centro escolar, unos 300 son menores.

En la escuela nadie menciona a Hezbolá. Imad, un desplazado de 60 años, tampoco pronuncia ese nombre, pero, quién sabe si de forma consciente o no, parafrasea a Nasralá: “Cuando Israel mata a un líder [de esa resistencia] no es un logro. Cada vez que matan a uno, surgirán otros mil”.

En el discurso de muchos de estos refugiados planea la idea de que, como en Gaza, Israel está ejecutando un castigo colectivo contra los chiíes. Tradicionalmente marginada, esta comunidad, que constituye entre un tercio y el 40% de los casi seis millones de libaneses —el último censo del país data de 1932— habita en muchos casos las regiones más pobres de Líbano.

Como el valle de la Becá, donde muchos chiíes subsisten gracias a la agricultura, como el vecino fallecido de Jalil. Datos de la ONG alemana Welt Hunger Hilfe elevan a un 40% los trabajadores agrícolas sumidos en la pobreza en Líbano. La Becá era también, ya antes de esta guerra, la región libanesa con la tasa de desempleo más alta, el 61%, según reveló una encuesta de 2020. Ese futuro yermo para muchos jóvenes chiíes de la zona es una de las razones por las que los expertos creen que el valle es un vivero de militantes para Hezbolá.

La Becá es, ahora más que nunca, una región desfavorecida. El Gobierno libanés calcula que 1,2 millones de libaneses están desplazados por la guerra. Un informe publicado por el Grupo de Trabajo Independiente para Líbano, un colectivo de economistas y especialistas libaneses en políticas públicas, calculaba a mediados de octubre que la mayoría vivía en los tres frentes principales del conflicto, donde la población chií es mayoritaria: los suburbios del sur de Beirut, la frontera meridional de Líbano, la gobernaciones de Baalbek-Hermel, y otras áreas del valle. Antes de la invasión israelí, esas zonas “contaban con unas 50.000 empresas registradas (el 60% del total de empresas de Líbano) y más de 70.000 explotaciones agrícolas (el 40% del total), que han quedado destruidas o dañadas”.

Muhammad, un desplazado de 38 años en la escuela de Zahle, era jornalero antes de que un bombardeo destruyera su casa. Apenas podía ya mantener a su mujer y sus dos hijos, asegura, con los escasos diez dólares americanos (algo más de diez euros) diarios que ganaba trabajando en la construcción. Un litro de leche en Líbano cuesta casi dos dólares. Esta familia ya era pobre pero, lamenta Muhammad, antes “tenían un hogar”. La guerra que Israel ha declarado a Hezbolá les ha dejado “sin un lugar al que regresar”.

Hadi, su hijo de 9 años, escucha, demacrado y escuálido, el relato que hace su padre del día de septiembre en que huyeron, también con lo puesto y a pie de su casa en Riyak, en la Gobernación de Baalbek. Una bomba había caído “a 20 metros de la vivienda”, explica el padre. Sus primos y sus siete hijos murieron en ese ataque. Ahora, Hadi tiene pesadillas y “le cuesta concentrarse”. La otra hija de Muhammad, de 18 años, lleva un mes en el hospital. El bombardeo le incrustó piezas de metralla en la pierna. Al ser una víctima de la guerra, el Estado libanés ha asumido sus gastos médicos. No así los de Hadi, que hace días enfermó de otitis y amigdalitis, pero cuyo tratamiento sus padres, sin ingresos, no pudieron pagar. “Nos pidieron 50 dólares por acudir a urgencias y otros 100 por tratarlo. Tuvimos que renunciar”.

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Mientras, las bombas se imponen a la vía diplomática, pese a que en las últimas horas se han estrechado los contactos para tratar de acercar posturas entre Israel y Líbano en torno a un posible alto el fuego. Netanyahu ha querido dejar claro a su principal aliado, Estados Unidos, que su prioridad, por delante de los detalles de un posible pacto, es que Israel pueda “cumplir el acuerdo y frustrar cualquier amenaza contra su seguridad por parte del Líbano, de tal manera que los residentes regresen seguros a sus hogares”, según un comunicado de su oficina.

Netanyahu, que ha agradecido los esfuerzos mediadores, ha realizado esta declaración tras recibir al enviado de la Casa Blanca, Amos Hochstein y al funcionario de seguridad Brett McGurk. Netanyahu, al menos según se desprende del comunicado, no se ha referido explícitamente a los contactos de Hochstein en las últimas horas con los responsables libaneses, que han expresado cierto optimismo ante un posible cese de hostilidades. “Los acuerdos, documentos, propuestas y números -1701, 1559- [en referencia a resoluciones de la ONU] con todo el respeto, no son el punto principal. El punto principal es nuestra capacidad y determinación para hacer cumplir la seguridad, frustrar los ataques en nuestra contra y actuar contra el armamento de nuestros enemigos”, ha señalado el primer ministro después, durante la graduación de militares.

Ambos enviados de EE UU se han reunido asimismo con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, mano derecha de Netanyahu, con el que han abordado la situación en la región, incluidos posibles “acuerdos de seguridad” en torno a Líbano, así como la liberación del centenar de rehenes que permanecen en Gaza, según fuentes oficiales israelíes. Washington adelantó que también está previsto que ambas partes aborden otros asuntos del conflicto como la violencia y la crisis humanitaria en Gaza o la tensión con Irán, según comentaron fuentes oficiales estadounidenses a la agencia Reuters.

Mientras, dos civiles han muerto en la localidad israelí de Haifa tras el impacto de un proyectil llegado desde el lado libanés. También en Metula, en la frontera libanesa, otras cinco personas —un agricultor israelí y cinco empleados extranjeros— han perdido la vida a causa de otro artefacto. Este municipio de Israel fue evacuado al principio de la guerra, pues su ubicación está en una zona militar, pero siguen estando permitidas algunas actividades. Estas siete víctimas elevan a 41 los civiles que han perdido la vida en la presente contienda por proyectiles de la milicia chií libanesa. Seis de ellos eran extranjeros.

El lanzamiento de misiles ha afectado asimismo a otras zonas de Israel. Seis sanitarios han muerto tras varios ataques israelíes en el sur de Líbano, con lo que ya son 178 los trabajadores médicos fallecidos en el año largo de contienda, que también ha causado casi 300 heridos. Las tropas israelíes han ordenado nuevas evacuaciones forzosas por segundo día consecutivo a la población de Baalbek, en el noreste de Beirut.

Conversación esperanzadora

La víspera de su visita a Israel, Hochstein habló por teléfono con el primer ministro en funciones de Líbano, Najib Mikati. Esa conversación alumbró en el jefe de Gobierno libanés la esperanza de alcanzar un cese de las hostilidades antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo martes, según ha afirmado él mismo en una entrevista con la cadena de televisión libanesa Al Jadeed.

“La llamada de hoy [por el miércoles] con Hochstein me ha sugerido que tal vez podríamos alcanzar un alto el fuego en las próximas horas”, ha asegurado Mikati, antes de mencionar explícitamente la fecha de esos comicios y asegurar que es “optimista, pero con prudencia”. Esa cautela fue probablemente lo que llevó a la oficina del jefe de Gobierno libanés a eliminar, en la transcripción oficial de la entrevista, ese plazo de “en las próximas horas” mencionado por Mikati, para sustituirlo por la expresión “en los próximos días”, según recalca en su edición de este jueves el diario libanés L’Orient-Le Jour.

La “magra esperanza de un alto el fuego antes de las presidenciales en Estados Unidos” —ese es el titular que abre la web de ese diario— se topa, sin embargo, con el complejo reparto del poder en Líbano, el vacío en instituciones clave —la presidencia del país lleva vacante desde 2022— y, sobre todo, con el hecho de que quien tiene la última palabra para aceptar una propuesta de alto el fuego es el partido-milicia libanés Hezbolá, el enemigo declarado de Israel en el país árabe. Cualquier compromiso que permita detener la guerra en Líbano pasa, más que por las manos de un Ejecutivo que lleva en funciones desde 2022, por que den luz verde los milicianos chiíes, que negocian ese posible alto el fuego a través del presidente del Parlamento, el también chií Nabih Berry.

Hochstein visitó Líbano la semana pasada y allí escuchó de las autoridades locales que estaban dispuestas a implementar la resolución 1701 de la ONU, que impide a Hezbolá mantener armamento y hombres en el sur del país, algo que no se ha cumplido. Pero Israel, que sistemáticamente ha violado el espacio aéreo libanés en los últimos años, ya no se conforma solo con esa resolución, según el medio Axios.

Ahora, el Estado judío reclama tener margen de maniobra para seguir actuando con sus tropas en el país vecino, sobre el que lanzó una invasión terrestre hace un mes que se une a los bombardeos diarios desde el aire. Además, exige participar de manera directa en la implementación de la resolución 1701, aunque son los cascos azules de la ONU sobre los que recae el mandato.

El principal objetivo del Gobierno que lidera Netanyahu es conseguir que regresen a su casa de manera segura los aproximadamente 60.000 vecinos evacuados de localidades del entorno fronterizo por los ataques de Hezbolá en solidaridad con la operación militar israelí contra Hamás en Gaza, donde han muerto ya más de 43.000 personas, según datos de las autoridades del Gobierno del movimiento islamista.

Condiciones de Hezbolá

En su primer discurso a sus seguidores este miércoles, Naim Qasem, el sucesor del asesinado Hasan Nasralá como secretario general de Hezbolá, no rechazó de entrada ese alto el fuego. Sí lo supeditó a que las condiciones de este sean “aceptables”, antes de considerar que Israel aún no ha presentado “un acuerdo viable”.

A pesar de ello, incluso esta primera alocución de Qasem, —grabada, al igual que las de Nasralá— alumbra un tímido atisbo de esperanza. Desde el inicio de la guerra de Gaza, hace ya más de un año, Hezbolá había insistido en que solo detendría sus ataques con cohetes contra el norte de Israel si se alcanzaba un alto el fuego en ese territorio palestino ocupado. Sin embargo, el nuevo secretario general del partido-milicia no hizo este miércoles alusión alguna a esa condición, lo que apunta a que el grupo podría haber abandonado tal exigencia.

El propio primer ministro libanés lo ha confirmado en su entrevista con Al Jadeed. Mikati sostiene que Hezbolá ya no vincula el alto el fuego en Líbano a una tregua en Gaza. De confirmarse esa renuncia, sería un pequeño paso adelante hacia el fin de la ofensiva israelí en el país árabe, toda vez que esa es una de las condiciones irrenunciables para Israel: el cese inmediato de los ataques contra su región septentrional mientras continúa con su guerra en la Franja.

Tanto Mikati como el presidente del Parlamento, la voz de Hezbolá en la mesa de negociaciones, han reiterado en los últimos días la disposición de su país a respetar la resolución 1701 de la ONU a cambio de un alto el fuego. Esa resolución, hasta ahora incumplida, puso fin a la guerra de 33 días entre Hezbolá e Israel de 2006, pero la milicia chií nunca ha respetado la obligación que recoge de retirar sus armas y a sus milicianos de la frontera sur de Líbano, en la franja comprendida entre el río Litani y la linde con Israel.

El cumplimiento de esa resolución, que ahora Israel considera insuficiente, depende de la capacidad del debilitado Estado libanés y de su también frágil ejército de garantizar el repliegue de Hezbolá y de desplegar para contribuir a ello a unos 15.000 soldados. Esa condición es posible, ha dicho Mikati en su entrevista. El jefe del Gobierno libanés en funciones obvia así la debilidad de unas Fuerzas Armadas que carecen incluso de fuerza aérea y cuyo arsenal no puede compararse, no ya con el del ejército israelí, uno de los mejor armados del mundo, sino incluso con los entre 100.000 y 150.000 proyectiles que se calculaba poseía Hezbolá antes de esta guerra.

“El ejército libanés está preparado para fortalecer su presencia en el sur de Líbano” y asegurarse de que los únicos hombres armados en esa área estén bajo el control del Estado, ha asegurado Mikati. En un contexto de guerra, de aguda crisis económica y de grave parálisis política en Líbano, los 200 millones de dólares comprometidos en la conferencia internacional de apoyo a Líbano celebrada en París la semana pasada no parecen suficientes para fortalecer al ejército del país árabe y permitirle contrarrestar la hegemonía militar de Hezbolá, apuntalada también por su importante poder en las instituciones libanesas.

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Desde que el pasado 1 de octubre Irán lanzara unos 180 misiles contra territorio israelí —en respuesta a los asesinatos del líder de Hamás, Ismail Haniya, en Teherán y el de Hezbolá, Hasan Nasralá, en Líbano—, el país espera la anunciada venganza de su némesis israelí. Ese horizonte y la posibilidad de la extensión de la guerra en Oriente Próximo, con el previsible apoyo de Washington a su aliado israelí, ha dado al traste con la mano que el presidente iraní, el moderado Masud Pezeshkian, había tendido a Occidente sobre la cuestión nuclear al asumir su cargo en julio.

El 16 de septiembre, Pezeshkian declaró estar dispuesto a establecer conversaciones directas con Estados Unidos para reactivar el acuerdo de 2015 que permitió la supervisión internacional del programa atómico de su país para garantizar que Teherán no fabricara armas nucleares. De ese pacto u otro similar depende el alivio de las sanciones que asfixian la economía de los iraníes, algo que sus autoridades consideran imprescindible para reducir el descontento con el régimen, que quedó patente en las protestas desatadas en 2022. Decenas de miles de ciudadanos se echaron entonces a la calle después de que una joven que había sido detenida por llevar mal colocado el velo, Yina Mahsa Amini, muriera a manos de la policía.

Los 39 firmantes de la carta en la que se pide el cambio de la doctrina militar pertenecen al Consejo de Coalición de las Fuerzas de la Revolución Islámica, una facción ultraconservadora, muy leal al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, quien tiene la última palabra en la cuestión nuclear. Encarnan el ala dura, cuyas propuestas suelen reflejar las orientaciones de la cúpula del régimen, especialmente de Jameneí.

Esos halcones se han opuesto tradicionalmente a cualquier acuerdo con Occidente, pero sus voces no son las únicas que estos días se oyen en Irán a favor de que el país se dote de armas atómicas. “En Teherán hay un coro cada vez más fuerte [que reclama] la consecución” de ese armamento, destaca por correo electrónico desde EE UU Naysan Rafati, analista principal para Irán del centro de estudios International Crisis Group. Otro experto —que reside en Irán y que habló con este diario bajo condición de anonimato— añade: “Un número creciente de iraníes pide una revisión de la doctrina de defensa frente a las amenazas de Israel. Ese debate público quiere decir que algo se está moviendo”.

Incluso el nieto del ayatolá Ruhollah Jomeini, el fundador de la República Islámica, ha participado en esa controversia. El clérigo moderado Hassan Jomeini, que apoya a Pezeshkian, “aludió hace unos días en una entrevista a la necesidad de aumentar las fuentes de disuasión de Irán, lo que todo el mundo vio como una clara referencia a una modificación en el programa nuclear iraní”, recalca desde Teherán el analista, que sostiene que ahora mismo “la idea de un acuerdo nuclear o de cualquier tipo con EE UU está descartada”.

En menos de un mes, los acontecimientos se han precipitado en Oriente Próximo —con el asesinato de Nasralá, la invasión y los bombardeos israelíes sobre Líbano y el ataque con misiles contra Israel—. En ese contexto, el presidente iraní ha pasado de tender la mano en la cuestión nuclear a EE UU a criticar duramente a Washington y, de forma más significativa, a la Unión Europea, incluso si Bruselas trató de salvar el pacto nuclear después de que EE UU lo rompiera en 2018. También a escenificar su cercanía con Rusia. El viernes, antes de su primera reunión con el presidente Vladímir Putin en un foro regional en Ashgabat (Turkmenistán), Pezeshkian aseveró que Israel viola el derecho internacional porque cuenta “con el respaldo de EE UU y de la UE”.

Una cuestión “política”

La Embajada de Irán en Madrid ha asegurado a este diario que la postura oficial del país sobre la cuestión nuclear no ha cambiado. Teherán ha negado siempre que su programa atómico tenga fines militares y una fetua (dictamen) de Jameneí prohíbe ese armamento por considerarlo contrario al islam. El acuerdo firmado por el país en 2015 — el Plan de Acción Integral Conjunto con EE UU, Francia, el Reino Unido, Rusia, China, Alemania y la UE— le obligaba a no enriquecer uranio por encima del 3,75% de pureza y a someterse a un duro régimen de inspecciones. La contrapartida era el levantamiento de las sanciones internacionales. En 2018, cuando Irán cumplía estrictamente con lo estipulado, Donald Trump rompió unilateralmente el pacto y reimpuso las sanciones a Teherán. Ali, el enfermero citado por el Tehran Times este miércoles, aseguraba: “No entiendo por qué no acabamos de desarrollar armas nucleares, puesto que ya estamos pagando el precio por ello”.

Tras la ruptura del acuerdo, Irán dejó de considerarse obligado a respetar lo pactado. En 2021, empezó a enriquecer uranio al 60% de pureza. Un informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) señalaba en febrero que el país acumula más de cinco toneladas de uranio enriquecido, suficiente para fabricar dos bombas nucleares si este alcanzara una pureza del 90%. Varios servicios de inteligencia occidentales calculan que Teherán necesitaría “entre seis meses y un año” para fabricar armas atómicas.

El que Irán consiga ese armamento es “más un asunto político que técnico”, resalta el analista que habla desde Teherán, que cree que ese debate podría ser “un globo sonda” destinado a los iraníes y a la comunidad internacional. Esa “advertencia para contener las casi seguras represalias de Israel” es uno de los factores que podría estar detrás de esas presiones del ala dura del régimen, precisa Naysan Rafati. Israel —que se da por hecho que dispone de armas nucleares, pese a que no lo admite—, considera que un Irán con armas atómicas es una amenaza a su existencia.

Otro motivo que cita Rafati es “la degradación de Hamás y Hezbolá”, miembros del Eje de la Resistencia de Irán, la alianza liderada por Teherán contra Israel y EE UU. Especialmente Hezbolá, que servía a Irán para “disuadir de que se lanzaran ataques contra territorio iraní”. Con esos grupos “diezmados” por las guerras en Gaza y Líbano, coincide Barbara Slavin, investigadora del Stimson Center, Irán “se siente cada vez más presionado para encontrar otra forma de disuadir a Israel de atacarlo”.

“Irán ha dejado claro que si Israel, con o sin EE UU, ataca sus instalaciones nucleares, abandonará el Tratado de No Proliferación nuclear y construirá armas atómicas”. Si Israel “se abstiene de atacar esas instalaciones, Teherán probablemente intentará que su respuesta sea proporcional”, recalca Slavin.

La demanda del ala dura de la República Islámica tiene otra lectura, apunta el analista Daniel Bashandeh. La política nuclear “siempre ha sido utilizada para condicionar las dinámicas internas y crear una cohesión dentro del régimen”. Las autoridades tratan ahora de “cerrar filas y recuperar su credibilidad al sostener que pueden dotarse de ese armamento”. El destinatario de ese mensaje no son solo Israel, ni EE UU, ni los aliados de Irán como Hamás y Hezbolá. También “la propia población iraní”.

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Esas recomendaciones han caído en saco roto. Un año después de que la milicia palestina Hamás atacara Israel el 7 de octubre, en una masacre que dejó en torno a 1.200 muertos, y tras más de 41.000 muertos en Gaza provocados por bombardeos y ataques israelíes, el Gobierno de Netanyahu ha desoído una y otra vez las advertencias de Washington. Israel cree que ya ha debilitado lo suficiente a Hamás. Ahora su objetivo es Hezbolá e Irán, que el pasado martes atacó territorio israelí con unos 180 misiles. Pero ni el temor de Washington a verse arrastrado a una guerra en Oriente Próximo, ni su deteriorada imagen en la opinión pública de una gran parte del mundo frenan a Israel. “Está dispuesto, como declaró al comienzo de la guerra, a cambiar las reglas del juego y no volver a una situación en la que tengan que vivir bajo la amenaza de Hamás y Hezbolá”, opina Steven Cook, del think tank Consejo de Relaciones Exteriores (CFR en sus siglas en inglés).

Israel no está reparando en medios para lograr ese fin que Mike Herzog, su embajador en EE UU, describió como “un nuevo diseño” de Oriente Próximo, una pax israeliana sin Hamás ni Hezbolá y, sobre todo, sin Estado viable ni solución justa para los palestinos. Ese propósito se antoja una quimera, ahora más que nunca, a causa del inevitable legado de dolor y odio que dejará la destrucción de Gaza, el elevadísimo número de víctimas en la Franja y las que se están sumando en Líbano.

“Nada puede persuadir más a sus vecinos árabes de que Israel no puede vivir en paz con ellos que el rumbo que ha tomado Netanyahu”, escribía esta semana David Hearst, director de la publicación especializada Middle East Eye. Incluso Arabia Saudí, que se disponía antes de la guerra a dar carpetazo a la cuestión palestina y establecer relaciones con Israel, tuvo que dar marcha atrás. Riad sabe bien que, como en todos los países árabes, su población siente la causa palestina como propia.

Israel dilapidó muy pronto la inicial oleada de solidaridad suscitada por los ataques del 7 de octubre. La violencia atroz de su respuesta en forma de guerra en Gaza hizo mutar a ojos de muchos su rostro de víctima al de verdugo. De los 41.000 palestinos muertos en la Franja, casi la mitad eran niños, mujeres y ancianos. Con esa sombra de sus posibles crímenes de guerra, a Israel se le han multiplicado en este año los contenciosos.

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha pedido una orden de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, —también contra la cúpula de Hamás— por crímenes contra la humanidad. La causa por genocidio en Gaza iniciada por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia sigue activa y a ella se han sumado varios países, entre ellos España, que reconoció en mayo al Estado palestino, junto con Irlanda y Noruega.

El Ejecutivo de Netanyahu abrió el martes un nuevo frente diplomático al declarar persona non grata al secretario general de la ONU, António Guterres, so pretexto de que este no había condenado “taxativamente” el ataque iraní. Mitchell Barak, antiguo asesor de varios políticos israelíes, ofreció a principios de semana un ejemplo del clima imperante en una parte de la sociedad israelí al afirmar que su país “castigaría y mataría” a cualquiera que intentara “hacerles daño”.

Nick Paton Walsh, analista de la CNN, apuntaba esta semana que el Gobierno israelí ha emprendido un “camino que no está claro”, una huida hacia adelante de final incierto. Para sus críticos, Israel está sumido en una deriva bélica por la que arremete incluso contra quien formule un mero llamamiento a la paz, como hizo Guterres. Un comunicado de la campaña propalestina Boicot, desinversión y sanciones (BDS) lo resumía al recordar la llamada “diplomacia del perro loco”, una estrategia que alude a una frase del general israelí Moshe Dayan: “Israel debe comportarse como un perro loco; demasiado peligroso como para que nadie le moleste”.

Un “nuevo Oriente Próximo”

Desde el comienzo de la guerra, Biden declaró su apoyo inquebrantable a Israel —ha llegado a definirse como “sionista”— y ha tratado de conciliar la ayuda militar que le da a su aliado con los llamamientos de su Administración a evitar una extensión del conflicto que pudiera arrastrarlo a una guerra. En la memoria de Washington está la nefasta invasión de Irak, tras la que EE UU se comprometió a no desplegar más tropas en Oriente Próximo, una idea que la catastrófica retirada de Afganistán no hizo sino reforzar en la Administración Biden.

En este más que difícil equilibrio, la pieza clave era el cierre de ese malogrado acuerdo de alto el fuego temporal entre Israel y Hezbolá, algo que Washington necesitaba en un año electoral en el que los candidatos republicano y demócrata están empatados en las encuestas. Pero la resistencia de Biden en estos 12 meses a presionar con la retirada de la ayuda militar a Israel —el 26 de septiembre se anunció un nuevo paquete de casi 8.000 millones de euros—, la poca claridad de Hamás y el escaso o nulo interés de Netanyahu en un acuerdo que no le diera la victoria en sus términos hizo que, salvo la tregua de noviembre, nunca se haya conseguido esa meta.

No parece una casualidad que la nueva invasión de Líbano haya llegado a menos de un mes para las elecciones en EE UU. “Estamos en un interregno”, que comenzó cuando Biden renunció a ser reelegido, consideraba Eliot Abrams, también del CFR, en una charla telemática con periodistas esta semana. “Con un pato cojo —el término con el que los estadounidenses describen a los presidentes que no van a continuar mandato y, por tanto, han perdido capacidad de influencia— como interlocutor, es menos probable que los israelíes vayan a aceptar sus recomendaciones”.“No parece que se hayan desplegado unos esfuerzos hercúleos para frenar a los israelíes en su respuesta [al ataque iraní del martes]”, considera, por su parte, Cook, el otro experto del Consejo de Relaciones Exteriores.

Desde la Casa Blanca han trascendido “comentarios sobre la oportunidad para dar una nueva forma a Oriente Próximo. Son paralelos a los de los israelíes sobre cómo, al final, Israel tendrá que ir la guerra contra Irán”, explica Randa Slim, directora de Resolución de Conflictos en el think tank Middle East Institute en Washington. Ahora mismo, Israel puede ver “una oportunidad para ir a esa guerra, dado el momento político en EE UU”, considera Slim. “Es como si no hubiésemos aprendido las lecciones de aquella locura de experimento en 2003 en Irak: tratar de dar una nueva forma al orden en Oriente Próximo”

Rouzbeh Parsi, responsable de Oriente Próximo y Norte de África del Instituto Sueco de Asuntos Internacionales, coincide: “Israel ha invadido Líbano varias veces en los últimos 50 años sin mucho éxito y cada vez que lo ha hecho ha engendrado una nueva forma de resistencia”. Parsi cree que si “Hezbolá [aliado de Irán] es destruido de forma significativa y Occidente apoya a Israel en su guerra, los partidarios de la línea dura en Irán tendrán buenas razones para afirmar que la única disuasión que les queda es convertirse en un Estado con armas nucleares”. Ese es precisamente el peor escenario para Israel, que ve en él una amenaza a su existencia.

Ese nuevo Oriente Próximo, la pax israeliana sin justicia para los palestinos, es una “ficción delirante” que algunos republicanos y demócratas “compran”, deplora Parsi. Las “reprimendas” de Washington a Israel son “retóricas”, afirma el experto, porque EE UU no ejerce “ninguna de las palancas de poder que tiene a su disposición. O políticamente no están dispuestos a hacerlo, o aprueban tácitamente mucho de lo que hace Israel”. Este viernes, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, llamó a los países musulmanes del mundo a unirse frente a su “enemigo común”: Israel.

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Los golpes asestados las dos últimas semanas por Israel a esa organización, que culminaron el viernes con el asesinato de su líder, Hasan Nasralá, y con la nueva invasión terrestre de Líbano abren ahora un escenario impredecible, tras el lanzamiento por parte de Irán este martes de unos 200 misiles sobre territorio israelí. Si la anunciada represalia israelí desencadena una guerra regional abierta, ese conflicto no solo sentenciaría el colapso del orden mundial posterior a la II Guerra Mundial a ojos de muchos habitantes del planeta. También enterraría definitivamente la utopía de la equidad y el imperio del derecho internacional en las relaciones entre Estados, de la que hasta ahora Occidente se presentaba como adalid.

Desde que comenzó la guerra de Israel en Gaza, que ya ha causado más de 41.000 muertos, “ningún actor”, especialmente en Occidente, “ha sido capaz de detener a un gobierno extremista y belicista como el israelí, que se dedica a agredir a sus vecinos”, apunta el analista experto en las relaciones internacionales de Oriente Próximo Haizam Amirah Fernández. Esa situación subraya la diferencia entre el “justo grito en el cielo” que la comunidad internacional puso tras la invasión rusa de Ucrania y el “silencio atronador” tras el anuncio israelí de una agresión análoga contra Líbano, algo que, en el Sur Global, “se ve y se observa” como un flagrante “doble rasero” que ahonda el desprestigio occidental.

Ni un Estados Unidos que ha dado un “apoyo total” a Israel ni una Unión Europea paralizada por el respaldo también férreo a ese país de Alemania y “de regímenes como el de [Viktor] Orbán”, recalca el especialista —ni tampoco la organización supranacional que surgió del orden mundial ahora en entredicho, las Naciones Unidas— han logrado contener a Israel. Ello a `pesar de que este país “ha sobrepasado todas las líneas rojas” persiguiendo el objetivo, recalca el experto, de “evitar una paz justa” en Oriente Próximo que respete el derecho a la libre autodeterminación de los palestinos, reconocido por la ONU.

La parálisis del órgano ejecutivo de esa organización, el Consejo de Seguridad —al que España ha pedido este martes una reunión urgente sobre Líbano— es fruto de ese reparto de poder ahora en declive, en el que los cinco vencedores de la II Guerra Mundial —Estados Unidos, Francia, Rusia, China y Reino Unido—bloquean cualquier condena que vaya en contra de sus intereses o los de sus aliados al ejercer su privilegio de veto. En el caso de Estados Unidos para amparar a Israel, algo que ha hecho repetidamente desde el inicio de la guerra en Gaza. Ese bloqueo ha dejado a Naciones Unidas impotente para detener ese conflicto. El derecho a veto, precisa Amirah Fernández, “impide a las Naciones Unidas cumplir su mandato principal, que es preservar la paz y la seguridad internacionales”.

El “clamor mundial” pidiendo un alto el fuego humanitario en Gaza se refleja, sin embargo, en el apoyo mayoritario expresado en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. En ese foro, “la mayor parte de los habitantes del planeta” han respaldado ese cese de las hostilidades que luego Washington ha vetado en el Consejo de Seguridad. Incluso en Estados Unidos “hay una mayoría de votantes demócratas pidiendo un alto el fuego humanitario, según las encuestas”. Si se desata una guerra en Oriente Próximo, “ese será el legado de [Joe]Biden”, una herencia que puede “contribuir a una victoria de Donald Trump [en las elecciones] del 5 de noviembre”, pronostica el especialista.

Mientras, las potencias que aspiran a contrarrestar el poder hegemónico de Washington, sobre todo, Rusia y China, “están haciendo sus planes para aprovechar la oportunidad que se les presenta”, apunta Amirah Fernández. En un plano ya han obtenido una gran victoria: el discurso. La narrativa occidental sobre los derechos humanos es considerada ahora una mera manifestación de “hipocresía” por muchos habitantes del Sur Global.

El 5 de septiembre, el primer ministro de Malasia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ofreció un ejemplo. En presencia del complacido presidente ruso, Vladímir Putin, en Vladivostok, aludió a cómo los occidentales “no estaban ya autorizados” a dar lecciones de “derechos humanos” a los países del sur, al mismo tiempo que consienten el “genocidio” en Gaza. Lo que el historiador experto en Oriente Próximo Jorge Ramos Tolosa, autor de varios libros sobre Palestina, define como el “cinismo” de un norte que ampara la “impunidad de un Estado capaz de atacar cinco países de manera simultánea— Palestina, Líbano, Yemen, Siria e Irak— sin que haya una respuesta”, demuestra en su opinión “la debilidad de Estados Unidos y de la UE”, impotentes ante el que se considera el Gobierno más ultraderechista de la historia de Israel, el de Benjamín Netanyahu.

“Las atrocidades de Israel en Gaza y ahora en Líbano”, analiza el historiador, están “destruyendo aún más la reputación de [los países] del Atlántico Norte, basada en gran medida en su poder político-militar”. Frente a ello, “gradualmente, el poder del Sur Global, especialmente [del grupo de países emergentes] de los BRICS o de la Organización de Cooperación de Shanghái [a la que pertenecen Rusia y China], se está fortaleciendo”. Moscú condenó este martes “firmemente el ataque contra Líbano” e instó a Israel a retirar sus tropas del territorio libanés, yendo mucho más allá que ningún país occidental. Incluso un Estado considerado un paria como Corea del Norte, que está tratando de estrechar sus lazos con Irán, ha condenado lo que ha descrito como “crímenes de guerra de Israel en Líbano”.

Odio futuro

Incluso si el ataque iraní no desata la represalia israelí con la que ha amenazado Netanyahu y se evita la extensión del conflicto, la invasión de su vecino podría no tener el resultado esperado para Israel. Ese país “tiene un historial de incursiones militares en Líbano que solo han servido para hacer más fuertes a sus oponentes a largo plazo”, recalca un análisis de las politólogas Vanessa Newby y Chiara Ruffa, publicado en The Conversation. Esas expertas recuerdan que, en sus sucesivas invasiones, “Israel se ha mostrado incapaz de ocupar con éxito la más mínima porción de territorio libanés”.

Con el líder de Hezbolá, Hasan Nasralá, asesinado; las comunicaciones del grupo infiltradas, y cientos de sus militantes y civiles mutilados por la explosión de dispositivos electrónicos, el partido-milicia ha sufrido uno de los golpes más graves de su historia. Ello no equivale a suponer que esa organización, profundamente arraigada en las instituciones, la economía y la sociedad libanesa, haya sido erradicada. No lo fue en 2006, en la incursión de 34 días de las tropas israelíes, pese a la abrumadora superioridad militar de Israel. Y ahora, apunta Amirah Fernández, la milicia está mejor armada.

El martes por la mañana, el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, reconoció en la red social X que sus tropas estaban manteniendo “intensos combates” con Hezbolá. El desenlace de la invasión terrestre israelí no está claro. De ella no cabe esperar, recalca el experto, un nuevo Oriente Próximo “donde Israel haga y deshaga a su antojo”.

Esta incursión israelí en Líbano y, si estalla, una guerra abierta con Irán en la que intervenga Estados Unidos pueden además sembrar la semilla de más odio futuro. Nick Paton Walsh, analista de la CNN, recordaba el 23 de septiembre que Occidente debería “tener en cuenta la lección que la OTAN aprendió gradualmente en Afganistán”: que matar a los enemigos deja a muchos “hijos enfadados y radicalizados” con los que después es imposible negociar. Israel, recalcaba Walsh, “hace alarde de su magia en la guerra y es capaz de imponer costes despiadados mientras hace la vista gorda ante las víctimas civiles”. Sin embargo, “no está claro qué camino ve por delante”. El historiador Ramos Tolosa describe a ese país como un “Goliat desnortado” que, al mantener su “genocidio en Gaza” y agredir a sus vecinos, “amenaza su propia supervivencia”.

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Sus primeros años transcurrieron en dos lugares olvidados. El primero, el “cinturón de la miseria” del este de Beirut: la barriada de chabolas de Sharshabuk, cerca del suburbio de Karantine, donde nació hace 64 años y “todos” eran pobres, según recordó en mayo. Él era el mayor de nueve hermanos, su padre regentaba una frutería y ese “todos” los describía también a ellos. Pobres y chiíes, la marginada rama minoritaria del islam.

En 1975, al estallar la guerra civil que acabaría durando 15 años, la familia del clérigo libanés volvió a su lugar de origen, Basuriye, en el sur del país. Es uno de esos pueblos de mayoría chií cerca de la frontera con Israel considerados feudos de Hezbolá y del que miles de personas han escapado estos días (por orden o por miedo), en ese frente bélico intermitente desde hace décadas en la frontera.

La miseria, la marginación de los chiíes y de los refugiados palestinos que viven en el barrio en el que nació —todos “oprimidos”, un concepto central en su discurso y en la ideología de Estado de su principal aliado, Irán— marcaron la biografía de Nasralá. El devoto adolescente muy pronto se aferró a su identidad chií y a otra idea que terminó siendo una de las razones de ser de su organización: la resistencia frente a la ocupación israelí de Líbano. Con 15 años se afilió al Movimiento de Resistencia Libanesa (Amal), fundado por el clérigo iraní Musa al Sadr y cuyos seguidores se llaman a sí mismos “los desposeídos”. Desaparecido en 1978, Al Sadr aspiraba a modernizar el chiismo y fue una figura clave en su evolución hacia la acción política.

En 1976, Nasralá viajó a uno de los centros espirituales del chiismo: el seminario de Nayaf, en Irak. Su director era Mohammed Baqir as Sadr, cercano al futuro líder iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeini, a quien el estudiante conoció entonces. Dos años después fue expulsado de Irak por el régimen de Sadam Husein, pero, para entonces, ya había llamado la atención de quien sería su mentor y predecesor como líder de Hezbolá, Abbas Al Musawi, asesinado por Israel en 1992.

Esos encuentros forjaron su pensamiento. Un hecho selló su devoción hacia el ayatolá Jomeini: la instauración de la República Islámica de Irán, en 1979. El régimen que tuvo a Jomeini como primer líder supremo consagró la doctrina del velayat e faqih, el gobierno de los clérigos, doctos de la ley islámica, que sitúa al estamento religioso en la cima del poder político y del Estado. Entre el quietismo chií que se enseñaba en Nayaf, que defendía la separación de política y religión, y el velayat e faqih de Jomeini y el seminario iraní de Qom —donde también estudió Nasralá en los 80—, el libanés optó por el último.

En 1982, abandonó Amal y se integró en Hezbolá, el Partido de Dios, una milicia creada con apoyo y entrenamiento iraní. 10 años después, cuando Nasralá fue nombrado su secretario general, la organización se registró como partido político, una decisión que se atribuyó a su nuevo líder, con entonces 32 años. Se presentó en 12 distritos en las elecciones municipales de 1992. Venció en todos. Desde 2005, participa en los gobiernos del país y en 2006 impuso una minoría de veto para su coalición en el Gobierno de unidad nacional creado tras la guerra de ese verano con Israel. Por primera vez, obtuvo dos ministerios.

Israel

El liderazgo de Nasralá en Hezbolá se había asentado mucho antes. La retirada de Israel del sur de Líbano, en 2000, que se atribuyó en parte a las acciones militares de la organización, y la que siguió a la breve guerra de 2006, rodearon al líder del partido-milicia de un aura de liberador. Muchos de sus correligionarios veían en él “al único musulmán que ha derrotado a Israel en el campo de batalla”, según le describió hace años la web árabe Al Bawabaven.

Su retrato reina en casas y negocios en los barrios chiíes de Beirut, del valle de la Becá y del sur del país, donde muchos lo veneran como a un héroe. Su primogénito, Hadi, fue asesinado por Israel en 1997 a los 18 años y medios israelíes apuntan a que su hija ha muerto en el bombardeo de este viernes. Estados Unidos e Israel veían en él al líder de un grupo terrorista, por los atentados suicidas y secuestros que ha cometido. El clérigo vivió escondido durante años y se dirigía a sus seguidores a través de discursos desde un lugar sin identificar, por lo general en directo.

El 8 de octubre de 2023, un día después del ataque de Hamás y cuando los aviones israelíes lanzaban las primeras bombas en represalia sobre Gaza, dio un paso que, según Israel, le ha acabado costando la vida. Hezbolá lanzó cohetes contra las Granjas de Sheba, un territorio que reclama y cuyo estatus Naciones Unidas exhorta a negociar en la misma resolución que puso fin a la guerra de 2006. El fuego cruzado (cinco veces más intenso por parte de Israel que de Hezbolá) causó cientos de muertos hasta que el Gobierno de Benjamín Netanyahu pisó el acelerador, con un bombardeo masivo (550 muertos, el día más letal en la historia del país y tantos como en los 11 meses previos) y aprovechó su superioridad estratégica para ir asesinado líderes hasta llegar a lo más alto.

Carismático y buen orador, Nasralá fue, ante todo, un pragmático, especialista en dar una de cal y otra de arena y en privilegiar los intereses del grupo sobre sus ideales. En Líbano, no dudó en usar el poder ilegítimo que le dan las armas y su condición de Estado dentro del Estado, para evitar que las instituciones tomasen decisiones que le perjudicasen. Sea sacando sus milicianos a la calle, como en 2008; sea bloqueando la investigación sobre la explosión del puerto de Beirut, al considerar que el juez tenía motivaciones políticas; sea imponiendo un veto de facto sobre el próximo presidente.

Su discurso de defensa de los oprimidos, por ejemplo, no le impidió apoyar abiertamente y militarmente a su aliado sirio, Bachar El Asad, responsable de crímenes de guerra, del lanzamiento de barriles bomba sobre la población, de torturas y de aplastar brutalmente a la oposición cuando se manifestaba pacíficamente, lo que acabó degenerando en guerra civil. Hezbolá había alabado previamente las revueltas de la Primavera Árabe contra dictadores de otros países de la región. Hasta que tocaron a su aliado El Asad, el líder que se jactaba semanas antes de que nunca llegarían a Siria. Otros, como el movimiento palestino Hamás, sufrieron de hecho la expulsión de su liderazgo de Damasco, precisamente por no cerrar filas con El Asad.

Esa contradicción de Nasralá empañó su imagen. Once meses de lanzamiento de cohetes contra Israel y el rechazo a detener su ofensiva mientras sigan cayendo bombas sobre Gaza —por mucho que sus mandos fuesen cayendo uno tras otro y que el Mosad lo humillase y mermase con la letal detonación a distancia de miles de buscas y de walkie-talkies— la restauraron. Para Occidente, ha muerto un terrorista que llevaba demasiado tiempo jugando a los dados con el destino. Para muchos en Oriente Próximo, Nasralá ha pagado el precio de defender a los palestinos cuando casi nadie lo hace.

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Esos 88 muertos se han sumado a una lista que supera ya ampliamente las 41.000 personas y que estos días ha seguido aumentando mientras la atención internacional se desplazaba hacia la posible invasión israelí de Líbano. Mientras, los aviones de guerra israelíes bombardearon este jueves un colegio que albergaba a cientos de refugiados. Al menos 14 personas, entre ellas varios niños, murieron en la escuela Al Faluja, en la localidad norteña de Yabalia, según los servicios de Defensa civil de Gaza. Varias decenas más resultaron heridas.

An Israeli airstrike on a school sheltering forcibly displaced families in Jabalia, northern Gaza, killed at least 14 Palestinians on Thursday. pic.twitter.com/OyPO0JS7n4

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 26, 2024

Ese ataque no ha sido el único estos días. Israel posee más de 300 aviones de combate, según el centro de estudios estadounidense Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS por sus siglas en inglés), suficientes para atacar por aire Líbano, como ha estado haciendo estos días, sin dejar por ello de bombardear Gaza. Este viernes por la mañana, varios palestinos murieron en diferentes ataques aéreos israelíes en la Franja, según la agencia palestina Wafa. Al menos tres perecieron en un bombardeo contra tiendas de desplazados en el hospital Mártires de Al Aqsa, en Deir al Balah, en el centro del territorio. Más al sur en Jan Yunis, varias personas resultaron heridas por fuego de artillería israelí que, según Wafa, “alcanzó a un grupo de civiles”.

Haizam Amirah Fernández, analista especializado en las relaciones internacionales de Oriente Próximo, cree que al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le interesa extender la guerra en Líbano mientras prosigue la de Gaza. El mandatario, asegura, “no puede parar la guerra porque entonces iría a la cárcel”. Con la amenaza de extender la guerra a Líbano, “busca su supervivencia política”, mientras intenta que se olvide “su enorme fracaso” en Gaza, donde no ha conseguido “ninguno de los objetivos que se marcó”, y que lo que allí sigue sucediendo quede “como una nota a pie de página”.

Muerte y hambre

La organización Médicos sin Fronteras (MSF) ha tenido que abrir en los últimos días dos nuevos hospitales de campaña en la Franja, ambos en la localidad de Deir al Balah, recuerda la oenegé. En el segundo, en un lapso de tiempo de dos horas, la afluencia de pacientes fue de 180 personas. Federica Lezzi, cirujana pediátrica de la organización, recordaba esa semana en una carta abierta que los palestinos de Gaza siguen muriendo, como han hecho en el casi un año que dura la guerra, en los bombardeos israelíes, sepultados bajos sus casas o por la práctica destrucción del sistema sanitario gazatí.

“Los sonidos de los bombardeos suenan muy cercanos y vívidos, pero nadie huye. “No lo he oído”, contestan a menudo [los gazatíes]. Son respuestas a un trauma que no tiene tiempo de sanar porque es continuo”, escribe la cirujana. “En Gaza, ya no hay salat al fajr, la oración del amanecer… ahora lo único que interrumpe la noche son los destellos de las bombas. La tierra tiembla, el ruido nunca cesa”, continúa.

La cirujana relata el caso de una niña herida en un ataque israelí, Mariam, cuya pierna está “cubierta de una maraña de clavos y varillas metálicas”, y con la piel cuarteada por la desnutrición. “Hoy, si no te disparan en el pecho o en la cabeza, el objetivo son las piernas. Además, la hilera de costillas bajo la piel de Mariam recuerda sin piedad que, más allá de las bombas y las balas, la gente en Gaza también muere por falta de comida y agua. Sobrevivir es un reto diario, como lo es conseguir el agua potable, cocinar o ducharse”, denuncia.

El pasado 17 de septiembre, un informe elaborado por diversas organizaciones que trabajan en Gaza —Save the Children, Oxfam y el Consejo Noruego para los Refugiados, entre otras— constató que Israel bloquea el 83% de la comida que debería entrar en el enclave. Si al final de 2023, ya con la guerra iniciada, los gazatíes comían dos veces al día, ahora muchos de ellos, comen solo una vez, eso con suerte. Estas organizaciones calculan que para finales de año 50.000 niños gazatíes de entre seis meses y cinco años “necesitarán urgentemente tratamiento por desnutrición”.

Un portavoz de MSF confirma a este diario que, como ha venido sucediendo desde el inicio de la guerra, en octubre de 2023, “la ayuda, cuando no está completamente bloqueada [por Israel], llega a cuentagotas y no puede en modo alguno satisfacer adecuadamente las inmensas necesidades de la población de Gaza”. Esa población encara ahora la próxima llegada del invierno sin lo mínimo para sobrevivir.

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Al igual que con la palestina Hamás, Israel trata de reducir a Hezbolá a una mera organización terrorista, recordando no solo sus ataques contra territorio israelí, sino atentados que se le atribuyen en el pasado, como uno sucedido en 1983, cuando sendos camiones bomba mataron a más de 300 militares estadounidenses y franceses en sus cuarteles de Beirut. Así figura el partido-milicia en las listas negras de Estados Unidos y otros países, mientras que la Unión Europea considera terrorista solo a la rama militar del movimiento.

Esta organización es mucho más, según los expertos, que la describen como un “Estado dentro del Estado” libanés; un actor político que, desde 2005, ha participado —incluso con poder de veto— en los frágiles gobiernos del país. También es la milicia mejor armada de Oriente Próximo y un movimiento social especialmente consagrado a la población chií, mayoritaria en los feudos del partido en Beirut, como el barrio de Dahiye, en el sur del país y en el valle oriental de la Becá.

Orígenes

El partido-milicia que, desde el inicio de la guerra de Gaza, hace casi un año, libra una guerra limitada con el lanzamiento de cohetes a Israel, surgió en 1982 de una escisión de los Batallones de la Resistencia Libanesa (AMAL en sus siglas en árabe), fundados en los años setenta para defender a la marginada minoría chií, hoy aproximadamente el 27% de la población libanesa. Lo hizo inspirado en la Revolución Islámica de Irán de 1979 y con apoyo de ese país. Los primeros milicianos de Hezbolá fueron entrenados por la Guardia Revolucionaria, el ejército paralelo de Irán, un país mayoritariamente chií.

La organización no es, sin embargo, un invento de Irán. Sus raíces se remiten a la discriminación de los chiíes, pero el desencadenante de su creación fue la invasión israelí de Líbano en 1982 para expulsar a la Organización de Liberación de Palestina (OLP), durante la guerra civil de ese país (1975-1990). El grupo nació ese mismo año “como un movimiento social” con tres objetivos iniciales reflejados en su carta fundacional de 1985: “establecer un Estado islámico en el Líbano, expulsar a Israel de los territorios ocupados y aliviar el sufrimiento de los libaneses que más lo necesitaban”, recalca un artículo de Itxaso Domínguez de Olazábal, profesora de la universidad Carlos III de Madrid y del Instituto de Estudios Políticos de París, y experta en Oriente Próximo.

Muchos habitantes de esa región ven a Hezbolá como un “movimiento de resistencia”. Consideran que “quien ejerce un terrorismo de Estado” es Israel con su guerra y “lo que ven como un genocidio” en Gaza, que ya ha causado más de 41.000 muertos, sus asesinatos selectivos y sus bombardeos de otros Estados —Líbano, Siria, Yemen, Irán, Túnez—, recalca por teléfono Haizam Amirah Fernández, analista especializado en las relaciones internacionales de Oriente Próximo.

Un partido político

Hezbolá se registró como partido político en 1992. En las municipales de ese año, se presentó en 12 distritos. Venció en todos y, desde 2005, participa también en los gobiernos del país. Cinco años antes, en 2000, la retirada de Israel del sur de Líbano, que se atribuyó en parte a sus acciones de resistencia, le concedió un gran crédito político. Esa aura de haber “plantado cara a un Estado ocupante y agresor [Israel]”, precisa Amirah Fernández, aumentó en 2006, tras la guerra de un mes con el ejército israelí de ese verano. Unos 1.300 libaneses y 165 israelíes murieron. Israel arrasó pueblos y barrios enteros de Beirut, pero el conflicto acabó en tablas y las tropas israelíes salieron de Líbano.

“El hecho de que [el partido-milicia] no fuera aniquilado, a pesar de la enorme superioridad militar de Israel, es lo que en la lógica de la resistencia se considera una victoria”, recalca el experto. En 2009, en su nueva carta de principios, abandonó la reivindicación de un Estado islámico y abogó por una “democracia consensual”. En las elecciones de 2022, Hezbolá y sus aliados chiíes y cristianos perdieron su hegemonía en el Parlamento de Líbano, que quedó sin una mayoría clara. Ello provocó un bloqueo político y un vacío de poder en la presidencia del país que aún perdura.

Definir a Hezbolá como un mero grupo terrorista “ha permitido justificar cualquier acción contra ese movimiento”, subraya Domínguez de Olazábal, “sin considerarlo un actor pragmático y racional”, que toma decisiones “muy meditadas”.

Armas, supermercados y hospitales

La evolución de Hezbolá como actor político en Líbano —con el apoyo de Siria— no ha mermado su identidad militar. Dispone de un enorme arsenal que según Washington incluye hasta 100.000 misiles, muchos capaces de alcanzar todo el territorio de Israel, además de tanques, artillería pesada y drones iraníes. Su líder asegura que sus combatientes alcanzan los 100.000, una cifra que las cancillerías occidentales reducen a menos de la mitad, sin contar con sus simpatizantes, de los que muchos tienen entrenamiento castrense. Sus unidades incluyen a la fuerza de élite Radwan, cuyo jefe fue asesinado por Israel el viernes en Beirut.

La milicia atesora una gran experiencia en la guerra de guerrillas y en entornos urbanos, así como en calidad de ejército regular en las filas de Bashar el Asad durante la guerra civil siria. Es muy inferior militarmente a Israel, que incluso dispone de armas nucleares, pero no es un enemigo pequeño. Una guerra abierta entre ambos probablemente causaría miles de víctimas también en el lado israelí.

Además de la ayuda financiera —y en armas y entrenamiento— que recibe de Irán y de Siria, Hezbolá dispone de variadas fuentes de ingresos. Como los fondos transferidos por asociaciones internacionales de solidaridad islámica y la próspera diáspora libanesa. Además, ha establecido lo que Domínguez de Olazábal define como una “economía paralela” a través del control de lucrativos sectores como el de los medicamentos del mercado negro y las farmacias, o la creación de negocios propios como la cadena de supermercados, Al Nour Markets, donde venden productos iraníes y sirios. También ejerce actividades ilegales como el contrabando en la frontera con Siria y la evasión de impuestos. Washington ha acusado al grupo de estar implicado en el tráfico de drogas, algo que este niega.

Hezbolá obtiene, por ejemplo, importantes réditos de Jihad al Binna, su asociación para el desarrollo, que lleva a cabo proyectos de reconstrucción e infraestructuras. Esa organización se lucra con obras públicas y proyectos estatales gracias a la presencia del partido en las instituciones, según el centro de estudios británico Chatham House.

En un Estado semi fallido en el que la parálisis política ha espoleado una crisis económica que ha sumido al 80% de la población en la pobreza, la obra social del movimiento explica en parte el apoyo del que goza en un segmento de la población, especialmente la chií. Hezbolá gestiona hospitales y clínicas gratuitas para sus miembros, financia orfanatos, distribuye ayudas y paga centros de formación. Incluso dispone de una especie de sistema de seguridad social para sus afiliados, que también le proporciona ingresos: la tarjeta Al Sajed, que puede utilizarse para comprar artículos en los mercados Al Nour, y que se recarga cada mes con el equivalente en liras libanesas de unos 200 euros. La CNN resumió el papel de Hezbolá en 2006 al afirmar que, en sus feudos, hacía “todo lo que debe hacer un Gobierno, desde recoger la basura hasta gestionar hospitales y reparar escuelas”.

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The situation of Afghan women and girls is heartbreaking. They are almost entirely excluded from public life. We cannot accept this. That’s why the Netherlands, Canada, Germany, and Australia are holding Afghanistan accountable for violations of the Women’s Convention #CEDAW. 1/2 pic.twitter.com/UCsBny8GL8

— Caspar Veldkamp (@ministerBZ) September 25, 2024

Si ese anuncio se hace realidad, esta sería la primera iniciativa de Estados para llevar a los fundamentalistas afganos ante un tribunal internacional. Nunca hasta ahora un Estado ha llevado a otro ante el TIJ por discriminación de género. Esta demanda ante los jueces de La Haya se plantearía porque los talibanes han infringido la Convención para la eliminación de todas la formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), adoptada por Naciones Unidas en 1979, y ratificada por Afganistán en 2003, antes de que los fundamentalistas afganos recuperaran el poder.

Este anuncio se queda corto respecto a las demandas de las afganas, de las ONG de derechos humanos y de mujeres de todo el mundo. Primero, porque el caso se pospone para dentro de seis meses, un período en el que debería producirse una hipotética mejora de la situación de las afganas. También porque las afganas aspiran a que los talibanes respondan por un crimen mucho más grave que el de violar una convención de la ONU. Las mujeres de Afganistán reclaman que otra instancia internacional, basada también en La Haya —el Tribunal Penal Internacional— juzgue a los talibanes por crímenes contra la humanidad por persecución de género. En España, un grupo de mujeres ha iniciado una recogida de firmas para que el Gobierno tome precisamente esa iniciativa.

Una vez aceptado el caso que han anunciado esos cuatro países, los talibanes tendrían seis meses para responder antes de que se celebre una vista y los jueces decidan si proponen medidas provisionales. Esa respuesta es muy improbable. El régimen fundamentalista no reconoce a ninguna instancia judicial internacional. Nada más derrocar al Gobierno del presidente Ashraf Ghani, que gozaba de apoyo occidental, los talibanes anularon la Constitución del país aprobada en 2004, en los primeros años de la veintena que duró la presencia de tropas internacionales en el país.

Una “jaula”

El expolio de derechos de las afganas empezó en septiembre de 2021 con la prohibición a las mujeres de ejercer muchas profesiones y el cierre de los institutos de secundaria, que dejó a las niñas sin educación a partir de los 12 años. Los talibanes expulsaron después a las mujeres de la universidad, les vetaron el acceso a parques y baños públicos, cerraron sus negocios, les prohibieron salir de casa sin la vigilancia de un guardián masculino y trabajar en ONG y agencias de la ONU. Las afganas no pueden ni asomarse a las ventanas.

Solo entre junio de 2023 y marzo de 2024, el régimen afgano aprobó 52 reglamentos contra los derechos de las mujeres y las niñas, describe un informe del relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett. El relator considera que la situación de las afganas constituye un “apartheid de género”. Afganistán ha reinstaurado la flagelación pública y la lapidación de mujeres por adulterio y, en agosto, prohibió el sonido de la voz de las afganas y que se vieran sus rostros en los espacios públicos.

Mientras, a principios de julio, Naciones Unidas celebró la tercera cumbre sobre Afganistán de Doha, la capital catarí, en la que participaron los talibanes, pero las afganas, no. Muchas afganas y organizaciones de mujeres y de derechos humanos interpretaron ese hecho como un paso hacia la normalización de los fundamentalistas.

Los defensores de la vía de la justicia supranacional creen que una sentencia de un tribunal internacional tendría un efecto disuasorio sobre esos Estados que se plantean reconocer a los talibanes, dado que esos otros países sí estarían en teoría obligados a acatar las sentencias de La Haya.

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Combatientes

El líder de Hezbolá, Hasan Nasralá, elevó recientemente a 100.000 sus combatientes, una cifra que las cancillerías occidentales reducen a menos de la mitad. Según un informe del centro de estudios bipartidista estadounidense Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés) “cuenta con unos 30.000 combatientes en activo y hasta 20.000 de reserva, y sus fuerzas consisten principalmente en infantería ligera, que históricamente ha sido entrenada y construida para el sigilo, la movilidad y la autonomía”. El centro cita un ejemplo, remitiéndose a la última gran invasión israelí de Líbano, en 2006. Entonces, “las unidades de cohetes [de la milicia] estaban diseñadas para establecer un punto de lanzamiento, disparar y dispersarse en menos de 28 segundos, recurriendo a equipos preposicionados, refugios subterráneos y bicicletas de montaña”.

Los milicianos tienen una larga experiencia en guerra de guerrillas y en combate urbano. Además, subraya el CSIS, la experiencia del grupo “luchando en apoyo de Bachar el Asad en Siria durante la última década le ha dado acceso a capacidades y competencias utilizadas por los ejércitos convencionales”. Haizam Amirah Fernández, analista especializado en las relaciones internacionales de Oriente Próximo, subrayó en una conversación reciente con este diario otra ventaja: la motivación. En una hipotética invasión israelí, los miembros de Hezbolá estarían luchando “para defender su tierra” de la invasión de otro Estado. Pese a su capacidad militar no desdeñable, Hezbolá ha perdido desde octubre de 2023 —cuando inició su guerra de baja intensidad con Israel—, mandos y cientos de milicianos. A ellos se sumaron la semana pasada unos 1.500 militantes heridos, según una fuente de la milicia citada por Reuters, por las explosiones de más de 5.000 buscas y walkie-talkies. Aun así, en caso de guerra total, esta milicia sería “un enemigo formidable”, recalca el centro de estudios estadounidense.

Cohetes, misiles y tanques

Hezbolá dispone, según los cálculos de diferentes fuentes, de entre 120.000 y 200.000 cohetes y misiles, la mayor parte de ellos pequeños cohetes de artillería tierra-tierra no guiados y que se transportan fácilmente, entre los que destacan los Katyusha, profusamente utilizados en la guerra de 2006, y suministrados principalmente por Irán. Desde entonces, “Hezbolá ha aumentado drásticamente su acceso a misiles de largo alcance” —hasta 500 kilómetros, es decir, desde el norte hasta el sur de Israel— recalca el CSIS, “lo que significa que la mayor parte de Israel sentirá la amenaza de ataques de Hezbolá si el conflicto se intensifica”. Solo “unos cientos como máximo” de esos misiles son guiados, pero la precisión de esas armas “proporciona a Hezbolá la capacidad de atacar objetivos de alto valor, centros económicos vitales e infraestructura crítica” en Israel.

Hezbolá ha accedido también a tanques de fabricación rusa, como los T-72, gracias a su implicación en la guerra de Siria. Sin embargo, no está claro que los milicianos estén formados para usarlos ni repararlos. Los tanques serían además un objetivo fácil para los sofisticados aviones de combate y drones israelíes.

Drones

El principal suministrador de armas del grupo chií, Irán, le ha proporcionado el grueso de los aparatos no tripulados que utiliza, del tipo Ayoub (Shahed-129), Mirsad 1 y 2 y Karrar, entre otros. En sus depósitos hay drones con cuatro hélices comerciales (cuadricópteros), y otros con capacidad de vigilancia y ataque, recalca el CSIS. Los operadores de estos aparatos han sido entrenados por la fuerza Quds, el brazo regional del ejército paralelo de Irán, la Guardia Revolucionaria.

Misiles antitanques y defensa antiaérea

Hezbolá utiliza unos misiles antitanques, bautizados como Thar Allah, diseñados específicamente para superar el sistema de protección de los tanques Merkava israelíes, según confirmó el canal de televisión por satélite libanés Al Mayadeen el pasado octubre, si bien se desconoce si son eficaces. La milicia también instala “misiles antitanques Kornet en vehículos todoterreno”, apunta el informe del CSIS. Desde 2006, Hezbolá ha recibido cañones antiaéreos, sistemas portátiles de defensa aérea y sistemas de misiles tierra-aire de corto y medio alcance fabricados en Irán y Rusia. Ninguna de estas armas es capaz de contrarrestar la abrumadora superioridad aérea israelí, que dispone incluso de una treintena de aviones de combate F-35 de última generación. Pero esa hegemonía ya no es absoluta, como sí lo fue en el pasado.

Geografía y túneles

Los milicianos libaneses conocen la orografía llena de colinas rocosas del sur de Líbano. En ese terreno, “cualquier fuerza militar terrestre israelí pesada que intente moverse por la región probablemente se vería restringida a las carreteras principales y compactas debido al terreno montañoso y, por lo tanto, sería vulnerable al acoso” con armas antitanques, artefactos explosivos y emboscadas, advierte el CSIS. Como Hamás en Gaza, Hezbolá ha construido una red de túneles y búnkeres en esas colinas, que se cree utiliza para lanzar ataques con cohetes y esconder misiles balísticos. Irán y Corea del Norte ayudaron a construir esa red de túneles tras la invasión israelí de 2006, según un informe de Alma, un instituto de estudios israelí especializado en la milicia chií libanesa, citado por Reuters.

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¿Cómo empezó el enfrentamiento entre Israel y Líbano?

En noviembre de 1943, Líbano consiguió la independencia del Mandato francés, fruto del reparto colonial de Oriente Próximo pactado entre París y Londres en los acuerdos secretos Sykes-Picot de 1916. Sin embargo, esa independencia no se hizo plena hasta 1946, cuando los últimos soldados franceses salieron del país. El nuevo Estado afrontó, solo dos años después, la creación junto a su frontera sur de Israel, que conllevó la huida o expulsión de unos 750.000 palestinos, la Nakba (catástrofe).

Más de 100.000 se hacinaron en campos de refugiados en Líbano a partir de 1947 huyendo de las milicias sionistas y, después, del ejército israelí. Egipto, Siria, Irak, Jordania y el propio Líbano declararon la guerra a Israel, pero su implicación en ese primer conflicto bélico árabe-israelí no solo fue limitada, sino que, para entonces, la superioridad militar de Israel era innegable. Líbano disponía solo de unos 3.500 militares profesionales, de los que solo un millar participó en la contienda. La victoria de Israel en esa primera guerra con sus vecinos árabes, en 1949, afianzó la pérdida del 78% de la Palestina histórica para su población autóctona. También el inicio de la convulsa historia de la independencia del pequeño Estado árabe.

La presencia de la OLP

Los tres grupos religiosos principales en Líbano son los musulmanes chiíes (32%), los suníes (31%) y los cristianos, fundamentalmente maronitas, con otro tercio del censo. Con ellos coexisten los drusos (6%) y otras comunidades más pequeñas. Líbano adoptó desde su fundación un reparto confesional del poder, recogido en el Pacto Nacional (1943), un acuerdo no escrito entre los jefes políticos de las principales comunidades religiosas. Este acuerdo reserva el cargo de presidente a un cristiano maronita, el de primer ministro a un musulmán suní y el de presidente del Parlamento a un chií. Este sistema se diseñó cuando los cristianos eran mayoría y, entre los musulmanes, despuntaban los suníes, una proporción revertida en la actualidad por la alta natalidad de los chiíes.

A partir de 1947, cuando más de 100.000 refugiados palestinos, la mayoría musulmanes, se asientan en Líbano, muchos cristianos temen perder su peso demográfico. Esos recelos cristalizaron cuando la dirección de la OLP se instala en Beirut entre 1970 y 1971, después de ser expulsada de Jordania. Desde entonces, los milicianos palestinos se enfrentaron con fuerzas cristianas maronitas, especialmente las Falanges Libanesas, un grupo inspirado en la Falange española. La guerra civil de Líbano, entre esas Falanges, integradas con otros cristianos en el Frente Libanés, y el Movimiento Nacional Libanés (musulmanes, palestinos y panarabistas, entre otras facciones) estalló en 1975. En este conflicto, que duró hasta 1990, Israel proporcionó ayuda en armamento y asesoramiento a los cristianos.

La Operación Litani

Israel ya había intervenido otras veces en Líbano. Con operaciones militares ocasionales para responder a atentados terroristas de diferentes facciones palestinas en su territorio o contra sus ciudadanos —como el secuestro de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972—; con bombardeos contra las bases de la OLP o como el que destruyó el campo de refugiado de Nabatieh, en 1974. En 1978, guerrilleros palestinos secuestraron un autobús al norte de Tel Aviv y mataron a 38 israelíes, entre ellos 13 niños. Ese atentado desencadenó la Operación Litani, en la que las tropas israelíes invadieron Líbano para crear una zona de seguridad en el sur del país. Esa ocupación militar israelí agravó la guerra civil en el país, aunque Israel se retiró ese mismo año de Líbano, después de que el Consejo de Seguridad se lo exigiera en la Resolución 425. Atrás dejó a sus aliados cristianos, que siguieron luchando contra la OLP con su apoyo.

La invasión de 1982

En junio de 1982, Israel invadió de nuevo Líbano para expulsar a la OLP, después de que su embajador en Londres sufriera un atentado. Sus tropas ocuparon la mitad del país y sitiaron con sus aliados cristianos de derechas barrios de Beirut como Dahiye. Los F-16 israelíes bombardearon la sede de la OLP y zonas de mayoría palestina y saquearon el centro de información de esa organización, que atesoraba mapas, fotografías y títulos de propiedad de las tierras de los palestinos antes de 1948. En septiembre de ese año, las Falanges Libanesas, con el apoyo o al menos la permisividad de las tropas israelíes, masacraron a entre 1.200 y 3.000 personas en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila. La invasión israelí provocó al menos 17.000 muertes y forzó un nuevo éxodo, a Túnez, de la OLP. Otra de sus consecuencias fue el nacimiento, con apoyo de Irán, de Hezbolá, un movimiento chií que recoge como uno de sus objetivos la lucha contra la ocupación israelí.

La guerra de 2006

La guerra civil de Líbano terminó en 1990, pero la ocupación israelí duró hasta 2000, cuando las tropas de ese país se retiraron del sur del Estado árabe. Esa decisión, atribuida por muchos libaneses a los atentados y acciones de guerrilla de Hezbolá, aumentó su crédito político. En 2006, las tropas israelíes regresaron a territorio libanés, después de que militantes del partido-milicia mataran a tres soldados y capturaran a otros dos en suelo israelí. La respuesta llegó en forma de bombardeos, que arrasaron pueblos y barrios de Beirut, fuego de artillería, una invasión terrestre del sur de Líbano y un bloqueo aéreo y naval. Unos 1.300 libaneses y 165 israelíes murieron, pero Hezbolá no fue aniquilado. Las tropas israelíes se retiraron de nuevo de Líbano, lo que fue interpretado por las bases de la organización como una nueva victoria. Hezbolá incumple desde entonces la resolución 1.701 de la ONU, que puso fin a ese conflicto, que le obliga a retirar del sur del río Litani a sus hombres y sus lanzaderas de cohetes. En esa zona está desplegada la misión de cascos azules de la ONU para Líbano, la Finul, en la que España tiene un contingente de unos 650 militares.

Gaza y el riesgo de escalada

Convertida en el actor fundamental del enfrentamiento con Israel en Líbano, Hezbolá ha mantenido desde 2006 enfrentamientos recurrentes con Israel, fundamentalmente mediante el lanzamiento de cohetes. Israel ha respondido asesinando a líderes de la milicia y con bombardeos aéreos recurrentes contra Líbano. El 7 de octubre de 2023, el inicio de la guerra de Gaza que siguió a los atentados de Hamás —como Hezbolá, miembro del Eje de la Resistencia liderado por Irán— contra Israel, con 1.200 muertos, desató la apertura de un nuevo frente en la frontera septentrional de Israel. Hezbolá inició entonces una guerra de perfil bajo en solidaridad con Gaza con el lanzamiento constante de proyectiles. La explosión de 5.000 buscas y walkie-talkies la semana pasada y los bombardeos israelíes de este lunes amenazan con desencadenar ahora la extensión de la guerra a Líbano.

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Pregunta. ¿Cuál es la situación de su mujer, casi un año después del Nobel?

Respuesta. Hace tres meses, Narges [Mohammadi] leyó un comunicado en el que acusaba a las fuerzas de seguridad de violencia sexual en los interrogatorios de las detenidas durante las protestas por la muerte de Mahsa [Amini]. La condenaron a un año adicional de prisión. Ahora tiene otro juicio pendiente en el que añadirán más años. Ella ni se presenta ante el tribunal; sabe que las sentencias las deciden las fuerzas de seguridad. Mi mujer no ha salido de la cárcel por el Nobel, pero su voz ahora se oye más en el mundo. Narges acaba de pedir en otro comunicado dirigido al secretario general de la ONU, António Guterres, que presione a Irán para que libere a los presos políticos y acabe con la pena de muerte en el país. Las cárceles en Irán son ahora el corazón de las protestas contra el régimen.

P. ¿Qué queda de las manifestaciones de 2022?

R. El movimiento de las mujeres en mi país ha obligado al [líder supremo, el ayatolá Ali] Jamenei a dar marcha atrás en sus políticas. Las leyes no se han modificado, la discriminación sigue, pero su legado es que los iraníes ya han cambiado de régimen en su mente y las mujeres han conquistado la calle: hay un antes y un después. También una ruptura total de la población con la República Islámica. Ese cambio ha sido cultural, pero ha influido en la política. Con Ebrahim Raisí [el presidente fallecido en un accidente de helicóptero], Jamenei había dado todo el poder político a la facción conservadora. Ahora, ha traído a [Masud] Pezeshkian [el nuevo presidente iraní, moderado], al que autorizó a presentarse para que la gente votara más. La participación se elevó un poco, pero no demasiado. La gente está ahora descontenta, pero expectante. Si Pezeshkian responde a sus deseos, deberá enfrentarse a Jamenei y, si se pliega a este, la población lo rechazará. El régimen ha elevado [a la presidencia] a Pezeshkian con objetivos concretos, como revivir el acuerdo nuclear con Occidente para aliviar las sanciones contra la economía iraní.

P. ¿Quieren aliviar así la presión contra las autoridades?

R. Jamenei quiere resolver esa cuestión, no para que mejore la vida de la población, sino para garantizar la supervivencia de la República Islámica. Estrecharía la mano de Satán para conseguir ese objetivo.

P. Pezeshkian ha dado señales de distensión con Occidente.

R. Este martes ha hablado en Nueva York [donde se celebra la asamblea general de la ONU] y ha aludido a la paz. Antes, el discurso oficial iraní era: “Vamos a destruir esto o lo otro”. Sabe que si la guerra [de Gaza] se extiende a todo Oriente Próximo, él no podrá hacer nada, porque en Irán el poder real está en manos del estamento militar. Cuando Israel mató a Ismail Haniya en Teherán, Pezeshkian le dijo a Jamenei que, si Irán respondía, Occidente no levantaría las sanciones. [El primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu quiere extender la guerra, pero Irán no va a entrar en un conflicto con ese país. Para implicarse en una guerra hay que tener fuerza económica, militar y social, e Irán solo tiene la militar, lo que no es suficiente. Sobre todo, el régimen no tendría el apoyo de la población.

P. Y su aliado libanés Hezbolá, ¿puede entrar en guerra sin permiso de Irán?

R. El régimen iraní no va a permitir que Hezbolá entre en una guerra total con Israel. Con otros de sus aliados, como Hamás o los hutíes de Yemen, no tiene ese tipo de autoridad, pero con Hezbolá, sí. Irán está manteniendo la contención frente a Israel porque sabe que un conflicto bélico con ese país estaría al servicio de la victoria de [Donald] Trump en las elecciones en Estados Unidos, lo que impediría el acuerdo nuclear y el levantamiento de las sanciones.

P. Si se levantan las sanciones, ¿se conformarían los iraníes con que la economía mejorara?

R. La vida, sobre todo de las clases medias, mejoraría, pero eso no quiere decir que los iraníes renunciaran a otras de sus demandas. Sería una trinchera conquistada, antes de asaltar otras.

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En 2018, cuando Teherán estaba cumpliendo escrupulosamente lo acordado en el llamado Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 (JCPOA, en sus siglas en inglés), el acuerdo entre Irán, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania, el Gobierno de Donald Trump se retiró unilateralmente del pacto y restableció esas y otras medidas de castigo. Esas sanciones, junto a la corrupción del propio régimen iraní, según los expertos, provocaron en parte que, entre 2020 y 2021, la cifra de pobres en ese país se duplicara.

En 2021, tras asumir su cargo como presidente en Estados Unidos, Joe Biden intentó negociar una reactivación del pacto nuclear. Teherán se negó entonces a negociar directamente con Washington, al menos públicamente, aunque mantuvo los contactos a través de intermediarios europeos o de países árabes. Eso fue antes de las protestas suscitadas por el aciago final de Amini, que hizo que cristalizara una ira popular largamente incubada. Por la pobreza y la corrupción, pero sobre todo por la violencia de las autoridades y los cuerpos de seguridad, la falta de libertades y la misoginia de unas leyes que convierten a las iraníes en menores de edad de por vida.

El régimen iraní definió entonces esas manifestaciones como “disturbios” y cuando decenas, quizás cientos de miles de personas, sobre todo mujeres y jóvenes, se echaron a las calles reclamando el final de la República islámica, la respuesta de esta fue desencadenar una represión en la que murieron al menos 551 personas, 60.000 fueron detenidas y nueve, ahorcadas, según la ONU. Esa violencia ahondó el abismo entre una gran parte de la población y el sistema político del país, que ya había quedado patente en los sucesivos récords de abstención electoral desde 2020.

Entre los muchos agravios que los iraníes reprocharon entonces a quienes les gobiernan desde 1979, las autoridades solo reconocieron, sin mencionar como tal las manifestaciones, uno: la mala situación económica. Un tercio de la población iraní vive bajo el umbral de la pobreza absoluta, según datos oficiales, mientras que las clases medias se han depauperado, fundamentalmente a causa una inflación anual que ronda el 35%, según cifras oficiales.

Esa lectura pública exclusivamente económica del abismo entre el sistema político iraní y gran parte de su población explica en parte el afán de las autoridades por mejorar la economía del país con el objetivo de reducir la tensión social. El alivio de las sanciones y la conclusión de un nuevo pacto nuclear parece antojarse ahora para el poder en Irán como una necesidad acuciante, sobre todo cuando el final del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, de 85 años, y su incierta sucesión se acercan de forma inexorable.

Lealtad

Pezeshkian es un leal a la República Islámica dentro de su facción reformista, la que cree que el sistema se puede cambiar desde dentro. En sus declaraciones de este lunes, se cuidó mucho de enmarcar los guiños a Estados Unidos “dentro de las visiones del líder supremo de la revolución”. Esa afirmación apunta en la línea de lo señalado por los analistas que dan por hecho que ese acercamiento a Occidente cuenta con la luz verde de Jamenei. La negociación nuclear es una cuestión en la que el líder supremo tiene la última palabra.

La presencia en el equipo de Pezeshkian, en calidad de vicepresidente de Asuntos Estratégicos, de Mohammad Javad Zarif, el combativo exministro de Asuntos Exteriores de Irán —a quien se considera el muñidor del acuerdo nuclear de 2015—, apunta también a que la oferta de negociación directa con Estados Unidos cuenta con el beneplácito del líder supremo. Zarif había dimitido a mediados de agosto de ese cargo, pero, dos semanas después, anunció su regreso tras recibir “una orden por escrito” del presidente, según confirmó en sus redes sociales. Previamente, Pezeshkian había presentado su Gabinete a Jamenei para su aprobación, antes incluso de someterlo al voto de un Parlamento dominado por conservadores y ultraconservadores. Zarif es un diplomático apreciado en Occidente.

El presidente iraní ha aludido también a otra cuestión que los analistas suelen vincular con la reactivación del acuerdo nuclear. Irán es uno de los tres países, con Corea del Norte y Myanmar, en la lista negra del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo intergubernamental destinado a supervisar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Incluso si se levantaran las sanciones internacionales, Teherán no podría acceder al sistema bancario internacional si no sale de ese elenco, algo que depende de la aprobación de cuatro reformas legales exigidas por el GAFI, de las que dos llevan años pendientes de desbloqueo, algo que no sucederá sin el visto bueno del líder supremo.

“Tenemos que resolver la cuestión del GAFI, la cuestión del JCPOA y cualquier relación con el mundo. Se deben crear empleo e inversión en el país”, ha asegurado el presidente iraní ante la prensa, según la agencia oficial IRNA.

El foco que Pezeshkian ha puesto este lunes en su rueda de prensa en la economía y el acuerdo nuclear apuntan a que las autoridades iraníes están dispuestas a volver a la mesa de negociación nuclear con tal de mejorar la situación económica. Otra cuestión, la del velo, sigue siendo sin embargo un pilar ideológico intocable.

Durante su campaña, el ahora presidente asumió en parte esa lectura oficial que centra las causas del descontento popular en Irán en la situación económica. Con matices. El entonces candidato criticó la violencia policial para imponer el hiyab y se comprometió a incluir a más jóvenes y mujeres en su futuro Gobierno. En el Ejecutivo que presentó en agosto, la media de edad es de 59 años y solo hay una ministra. Pezeshkian tampoco ha cumplido con su promesa de abolir las patrullas de la policía de la moralidad si “era posible”.

Una periodista le ha relatado este lunes en la rueda de prensa cómo había tenido que dar un rodeo por varias calles para evitar ser detenida por esa policía por mostrar parte de su cabello. El presidente ha reaccionado con una carcajada, según se aprecia en un vídeo difundido en Instagram, antes de preguntar irónicamente si los agentes de ese cuerpo seguían en las calles.

En un comunicado con motivo del segundo aniversario de la muerte de Yina Mahsa Amini, Amnistía Internacional ha denunciado este lunes “la absoluta impunidad” y el deterioro progresivo y alarmante de la situación de los derechos humanos en Irán. En los dos años transcurridos desde que Amini saliera en muerte cerebral y en ambulancia de una comisaría de Teherán, “los derechos de las mujeres y las niñas en Irán han ido a peor”, recalca la ONG.

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Here is a horrifying video showing the moment when two teenage girls were arrested by the Iranian regime's agents under the pretext of "improper veiling."

Watching this video makes our hearts feel heavy.

One of the girls is only 14. The agents slammed her head against an… pic.twitter.com/BAUBWPBhmC

— Women's Committee NCRI (@womenncri) August 6, 2024

Hasta mediados de agosto, al menos 620 iraníes habían sido detenidas por no llevar velo bajo la llamada “Operación Noor (Luz)”, anunciada en abril por el jefe de la policía, Ahmadreza Radan, según la organización de derechos humanos iraní HRANA. Es un dato seguramente inferior al real, pues esa operación es solo una más de las anunciadas en los últimos dos años por la República Islámica de Irán para reprimir al creciente número de mujeres y niñas que han adoptado el gesto de desobediencia civil de prescindir del velo obligatorio por ley desde los nueve años.

Muchas iraníes —algunas veladas— llevaban décadas combatiendo la imposición de esa prenda, exponente de una legislación y una práctica social misógina que las subordina de por vida a la autoridad de un hombre y pilar ideológico de un régimen que ha utilizado ese símbolo religioso como herramienta de control social de la mitad femenina de la población. Esa lucha, sin embargo, alcanzó hace dos años un punto de no retorno a causa de la represión de las manifestaciones desatadas por la muerte, el 16 de septiembre de 2022, de Yina Mahsa Amini, una joven de 22 años que tres días antes había sido detenida en Teherán por llevar el hiyab de forma “inapropiada”. Horas después, lo que empezó como una jornada de compras por su inminente cumpleaños para esta mujer kurda terminó con ella saliendo en ambulancia de una comisaría en muerte cerebral. Según la Misión de Investigación Independiente de la ONU sobre Irán, después de sufrir una paliza de la policía.

Dos años después de la violenta respuesta oficial a las protestas —al menos 551 manifestantes murieron, algunos a balazo limpio; otros 60.000 fueron detenidos y nueve, ahorcados, según la ONU— Irán está “intensificado sus esfuerzos para suprimir los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas y aplastar las iniciativas de activismo femenino”, reza un comunicado de esa Misión. Ante “el auge del activismo femenino en Irán”, corrobora la ONG HRANA, la “respuesta” es el “agravamiento de la represión gubernamental”.

Las fuerzas de seguridad en Irán han redoblado en estos dos años, censura la Misión de la ONU, “los patrones preexistentes de violencia física, incluyendo golpes, patadas y bofetadas a mujeres y niñas” sin pañuelo, precisa el comunicado. Las autoridades “han reforzado la vigilancia del cumplimiento del hiyab”, utilizando las cámaras de tráfico y hasta drones. Una iraní sin velo fue incluso condenada a lavar cadáveres en un cementerio en 2023. Una ley, la del Hiyab y la Castidad, que aumenta las penas de cárcel por ese motivo hasta cinco años, está en su fase final de aprobación.

La ofensiva judicial prosigue también. Con un salto cualitativo: el incremento de condenas contra mujeres activistas. Esas penas, en teoría no relacionadas con el velo, constituyen una “represión de la disidencia” femenina, que “se extiende a la imposición de penas de muerte como forma de represalia”, censura HRANA. El 4 de julio, la sindicalista Sharifeh Mohammadi fue condenada al patíbulo por “rebelión armada”. Ese mismo mes, la feminista Pakhshan Azizi corrió la misma suerte por su supuesta pertenencia a grupos armados kurdos. Otras 15 mujeres, estas de la perseguida minoría religiosa bahaí, habían sido condenadas en mayo a un total de 75 años de cárcel, acusadas de “propaganda contra el sistema”. El motivo es que daban “clases de música y de refuerzo escolar”, sostiene la activista hispanoiraní Ryma Sheermohammadi.

“El Gobierno iraní sigue enfrentándose a un importante descontento”, explica desde Washington Naysan Rafati, analista principal para Irán del centro de estudios International Crisis Group, motivado en gran parte por “sus restricciones contra las mujeres, la falta de libertades sociales y políticas, las tensiones económicas y un sentimiento de discriminación especialmente agudo entre las minorías religiosas y étnicas”. El nuevo presidente de Irán, el moderado Masud Pezeshkian, “reconoció algunos de estos agravios durante la campaña”, continúa Rafati, “pero no está nada claro que su Administración pueda abordarlos”.

Una única ministra

La cuestión del velo se considera precisamente un indicador del margen de maniobra del presidente frente al poder casi omnímodo del líder supremo, Ali Jamenei, y de la Guardia Revolucionaria. Pezeshkian prometió en un mitin eliminar “si le era posible” la policía de la moralidad. Esa promesa sigue siendo solo eso. La composición de su Gobierno, conocida en agosto, no alienta tampoco las esperanzas. En él, solo figura una ministra: Farzaneh Sadegh, en la cartera de Carreteras y Desarrollo Urbano.

El ministerio del que depende la policía, Interior, tiene como nuevo responsable a Eskandar Momeni, un comandante de la Guardia Revolucionaria conocido por apoyar los arrestos de mujeres sin pañuelo. La implicación de Irán en el conflicto en Oriente Próximo ha desdibujado, además, la ya moderada presión exterior sobre Irán y sus autoridades respecto a la violación de los derechos de las mujeres. La atención de la comunidad internacional se ha centrado este verano en la posible represalia de Irán contra Israel por el asesinato en Teherán de Ismail Haniya, el líder político de Hamás, el 31 de julio.

Pese a todo, “el cambio cultural y social en Irán es irreversible”, afirma la activista Sheermohammadi. Irán “no es el mismo que hace dos años”, subraya. “Incluso en los barrios pobres y conservadores del sur de Teherán, mujeres sin velo salen a correr —otro tabú roto— incluso con sus parejas, algo impensable antes”, sostiene citando el testimonio de mujeres de su entorno en la ciudad.

Para el historiador iraní Arash Azizi, autor de What Iranians Want: Women, Life, Freedom (¿Qué quieren los iraníes? Mujeres, Vida, Libertad), las “millones de iraníes que siguen practicando la desobediencia civil al no cubrirse el cabello”, son el “cambio más duradero” de estos dos años. Las “reivindicaciones” de los manifestantes de una vida para las mujeres “sin las restricciones draconianas de la República Islámica”, de “libertades básicas y de una vida normal” se plasmaron en su opinión en ese antiguo eslogan kurdo, que se convirtió en el lema de las protestas, y al que alude en el título de su libro: Mujer, vida, libertad.

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Irán ha prometido responder a un ataque que atribuye a Israel, mientras el Gobierno de ese país, su némesis regional, guarda silencio. Los “recientes ataques israelíes en Líbano [Israel sí ha reconocido el asesinato el martes de Fuad Shukr, considerado el número dos del partido-milicia chií Hezbolá, en Beirut] y, lo que es más importante, en Teherán, complicarán definitivamente la capacidad de Pezeshkian para iniciar un pequeño reseteo en las relaciones exteriores iraníes con el mundo occidental”, explica por WhatsApp Rouzbeh Parsi, jefe del Programa para Oriente Medio y el Norte de África del centro de estudios Instituto Sueco de Asuntos Internacionales.

Inmediatamente después del asesinato de Haniya, fuentes iraníes citadas por la web Amwaj.media confirmaron una reunión de urgencia del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el organismo que decide sobre asuntos de seguridad y política exterior. Aunque la última palabra sobre las relaciones exteriores del país la tiene el líder supremo, Pezeshkian preside ese organismo como jefe del Gobierno. En él también se sientan los dirigentes militares, especialmente los de la poderosa Guardia Revolucionaria, el ejército paralelo que ejecuta la política regional iraní a través de su Fuerza Al Quds (Jerusalén). Esa unidad de élite apoya y entrena a los actores no estatales aliados de Irán que conforman el “Eje de la Resistencia”, una alianza contra Israel y la influencia estadounidense en Oriente Próximo. Su aliado más destacado es Hezbolá, en Líbano, además de milicias chiíes en Irak y Siria, Hamás y Yihad Islámica en Gaza y los hutíes de Yemen.

En esa reunión para estudiar cómo responderá Irán al asesinato del dirigente palestino —confirmada por un analista que habló con este diario bajo anonimato desde el país persa— participó el propio Jamenei. Rouzbeh Parsi cree que, por encima de cómo se concrete esa respuesta, “una de las consecuencias” del atentado “ha sido cargarse la negociación con Occidente”.

El precedente

El pasado 14 de abril, Irán respondió a un atentado israelí que destruyó su consulado en Damasco y mató al general Mohamed Reza Zahedi, comandante de alto rango de la Fuerza Al Quds. En su respuesta, Teherán atacó por primera vez territorio israelí con drones y misiles. Esa ofensiva medida, que no causó muertos, permitió al régimen teocrático afirmar que la disuasión mutua con Israel se había restablecido, un equilibrio que el asesinato de Haniya ha trastocado de nuevo.

Desde entonces, señala el analista, la “estrategia de Irán ha pasado de la paciencia estratégica a una disuasión activa que implica una respuesta directa a los ataques israelíes. La necesidad de responder al asesinato se ha convertido en una exigencia para la República Islámica. En este sentido, ningún reformista se opondrá a una respuesta”, afirma en alusión a Pezeshkian.

Rouzbeh Parsi coincide en que, si bien “la percepción de las necesidades de seguridad de Irán no difiere necesariamente mucho entre los reformistas [como Pezeshkian] y los elementos más conservadores del sistema”, sí puede haber divergencias “en los métodos exactos”. En ellos radica la diferencia entre una respuesta que desencadene una guerra en Oriente Próximo y un mero intercambio medido de agresiones mutuas, como las de abril, cuando a la andanada iraní siguió un ataque simbólico de Israel contra Irán.

“En la Guardia Revolucionaria hay quienes creen que Israel es un rival estratégico y que la guerra es inevitable. Pero también está claro que nadie en Irán desea necesariamente esta guerra ahora, por lo que entienden que Israel les ha tendido de nuevo una trampa”, subraya el experto del Instituto Sueco de Asuntos Internacionales. La cuestión es “cómo Irán puede desafiar la trampa sin caer en ella. Caer en ella significaría responder a Israel de tal manera que [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu pueda volver a EE UU y decir: ‘Estamos siendo atacados’, obligando así al presidente [Joe Biden] a intervenir, en cuyo caso estaríamos ante una guerra regional total”.

Haizam Amirah Fernández, analista especializado en las relaciones internacionales de Oriente Próximo, considera que a Israel “no le interesa en absoluto que Irán pueda tener una relación normalizada con Occidente”, algo que “un Gobierno israelí dominado por los extremistas no puede tolerar”.

El asesinato de Haniya, justo cuando el presidente iraní acababa de tomar posesión, es “una de las pruebas más duras a las que se puede someter a un país [Irán] que se siente ya acosado y rodeado por enemigos; un ataque en su territorio, en su capital y en instalaciones supuestamente bien protegidas [Haniya se alojaba en una residencia oficial]”. Este experto cree que los “extremistas en el mundo suelen tratar de llevar a sus rivales también a posiciones de extremos”. Luego remarca que, en esta ocasión, “el régimen iraní está siendo mucho más comedido que el israelí”.

Mohamed Marandi es un académico iraní, profesor de Literatura Inglesa en la Universidad de Teherán, considerado cercano a las autoridades. Desde Teherán, pronostica que “la respuesta iraní va a ser sin duda decidida” y afirma que la región ya está “en una escalada”. Ahora depende de EE UU, “controlar” al Gobierno de Netanyahu, para que no estalle una guerra regional. En su opinión, quien tiene más que perder si se desencadena ese conflicto en Oriente Próximo, será Washington.

“La prioridad de Irán no es un acuerdo nuclear, que es irrelevante respecto al asesinato de Ismail Haniya”, dice este analista iraní, que subraya que la postura de Pezeshkian es que “EE UU tiene que cambiar su mentalidad y su comportamiento hacia Teherán si quiere un acuerdo. Irán no va a hacer ninguna concesión”. Su país, continúa, “castigará al régimen israelí independientemente de lo que EE UU quiera hacer con respecto a las negociaciones”. El nuevo presidente de su país es, afirma Marandi, “uno de los más firmes partidarios de la causa palestina, en cuya defensa los iraníes creen de forma casi universal. La cuestión de Palestina no es algo que pertenezca a una facción u otra [conservadores o reformistas]”.

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Esos dos colectivos son dos de los arietes de la presión interna contra un régimen al que muchos ciudadanos han vuelto la espalda. Las mujeres, los menores de 30 años —un tercio de la población— asumieron el protagonismo en las últimas manifestaciones contra las autoridades, desatadas por la muerte de Yina Mahsa Amini, una kurdoiraní de 22 años, que pereció bajo custodia policial el 16 de septiembre de 2022. Tres días antes la habían detenido en Teherán por llevar mal colocado el velo obligatorio. No pocos iraníes enmarcan esa muerte en el endurecimiento de la persecución policial contra las mujeres, propiciada por el giro ultraconservador que culminó con la elección de Ebrahim Raisí como presidente en 2021. La muerte de Raisí en un accidente en mayo obligó a Irán a convocar las presidenciales en las que Pezeshkian, exministro de Sanidad en los 2000 del carismático presidente reformista Mohamed Jatamí, se impuso en segunda vuelta el 5 de julio.

Algunos analistas han visto en la luz verde del poder a que este cirujano cardiovascular pasara la criba previa de candidatos y concurriera a las urnas un golpe de timón; un freno relativo a ese giro ultraconservador que, junto a la pésima situación económica del país, creó las condiciones para el estallido popular desencadenado por la muerte de Amini. El régimen acalló las protestas con una represión en la que murieron al menos 550 personas y 60.000 fueron detenidas, según la ONU.

Un sistema político encabezado por un anciano de 85 años que no ha designado a su sucesor veía así cómo a la fuerte presión económica externa de las sanciones —reinstauradas por la Administración de Donald Trump tras abandonar unilateralmente el pacto nuclear en 2018— se sumaban unas manifestaciones que demostraron el desapego de muchos iraníes en un país con una clase media empobrecida, un 30% de la población bajo el umbral de pobreza extrema, una inflación anual que ronda el 35% y una legislación misógina que oprime a las mujeres. Los sucesivos récords de abstención electoral desde 2020, de hasta el 59% del electorado en las legislativas de marzo, mandaron también un mensaje al poder, recalca por teléfono el iranólogo Raffaele Mauriello, profesor en la universidad Allameh Tabataba’i de Teherán.

“El líder [Jamenei] se ha dado cuenta de que, con esos números, algo no funciona y que había que adoptar cambios”, subraya. Cambios como la luz verde a la candidatura del presidente electo, que ha prometido aliviar “la tensión externa e interna” en su país. Según la lectura fundamentalmente económica que el régimen hace, al menos en público, del desapego popular, la disminución de esta tensión depende en gran parte de la previsible mejora de la exhausta economía iraní si se renueva el pacto nuclear y se alivian las sanciones.

Promesas

El ceremonial iraní para la proclamación del presidente dejó claro este domingo que Pezeshkian tendrá difícil acometer cambios de calado en ciertas cuestiones. En un acto en Teherán, el reformista fue ratificado como jefe de Gobierno por el líder supremo. En su discurso, Jamenei le ofreció su apoyo. Siempre que sea “coherente con el camino recto del Islam y la Revolución”.

Algunas de las promesas de Pezeshkian son difícilmente conciliables con esa advertencia. Como en otras ocasiones, más que referirse al uso de una prenda, la cuestión del velo es también en esta ocasión un símbolo, un ejemplo de que el nuevo presidente tendrá un margen de acción limitado en asuntos que el estamento clerical considera vitales, y el velo es una de ellas. Pezeshkian no se opone a la ley que obliga a usarlo, una norma que tampoco podría derogar en un Parlamento ultraconservador. Sí ha criticado que las iraníes que han prescindido del hiyab sean detenidas con violencia. Durante su campaña prometió eliminar las patrullas policiales que las acosan. Luego añadió: “Si está en mi mano”.

Zarif, el muñidor del acuerdo nuclear que está diseñando el nuevo Ejecutivo, es un defensor del velo islámico. Si el propósito de acometer el diálogo para reactivar las estancadas negociaciones nucleares se da por hecho —Jamenei aludió el martes a que las sanciones contra Irán “podrían desaparecer” si se utilizan para ello medios “honorables”— la cuestión de la persecución policial de las iraníes sin hiyab está mucho más en el aire.

En la lista de los titulares de las carteras “probablemente habrá alguna ministra”, pronostica el experto Mauriello. Más significativa que su presencia, serán los ministerios que ocupen. En el Ejecutivo de Raisí, ya había una vicepresidenta, Ensiyeh Kazali, en un departamento de escasas atribuciones: Asuntos de la Mujer. Tras asumir su cargo este martes, el presidente tendrá un plazo de 15 días para someter su Gabinete al Parlamento ultraconservador, donde se votará uno a uno a los ministros. El jefe del Gobierno ha publicado una lista con 18 criterios para elegir a los titulares de las carteras. Entre ellos figura el de cumplir con las demandas de jóvenes y mujeres. Pezeshkian ha anunciado que el también reformista Mohamad Reza Aref será su vicepresidente primero

De cualquier manera, Jamenei aprueba por ley a los ministros de Inteligencia, Defensa y Asuntos Exteriores, recuerda en X la periodista y analista iraní Fereshteh Sadeghi. Durante años, “el ministro del Interior se ha añadido también a esa lista”.

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Si en la primera vuelta de las presidenciales, solo el 39,9% de los electores depositó su voto, en esta segunda ronda, lo ha hecho el 49,9%, casi 10 puntos más, un dato que rompe con la serie de récords de abstención encadenados en todas las citas electorales desde 2020 y que habían dejado patente el desapego de una mayoría de iraníes a un régimen que, en los últimos cinco años, ha desatado al menos dos grandes oleadas de represión. La última sucedió entre septiembre de 2022 y febrero de 2023, cuando al menos 550 personas murieron en las protestas provocadas por la muerte bajo custodia policial de una joven kurda, Yina Mahsa Amini, que había sido detenida por llevar mal colocado el velo obligatorio.

Pezeshkian se convierte así en el noveno presidente en la historia de la República Islámica de Irán, en sustitución del ultraconservador Ebrahim Raisí, fallecido en un accidente de helicóptero en mayo. Estas han sido las primeras presidenciales tras la muerte de esa joven kurda y de las protestas en las que, por primera vez de forma generalizada, los gritos en la calle pedían la caída del régimen con un lema: “Muerte al dictador”, en alusión al ayatolá Alí Jamenei. A este contexto de evidente desapego de una población empobrecida, que padece una inflación superior al 40%, se suma una situación regional explosiva. Por la guerra en Gaza, el enfrentamiento de Irán con Israel y su política exterior a través de aliados regionales como el partido milicia chií libanés Hezbolá o las milicias proiraníes en Irak.

A pesar de haber obtenido la mayoría de los votos, Pezeshkian no llega al cargo aupado por una enorme oleada de apoyo popular. Cuando su predecesor, el fallecido ultraconservador Raisí, fue elegido, se criticó su falta de legitimidad popular por haber sido votado por apenas 18 millones de iraníes, de un electorado de 61 millones y una población cercana a los 90 millones. Con una participación similar a la de aquellos comicios, el candidato reformista ha obtenido ahora aún menos votos: alrededor de 16 millones.

Tras conocerse su triunfo, el nuevo presidente ha lanzado un mensaje conciliador: “Extenderemos la mano de la amistad a todos. Somos gente de este país y debemos utilizar los esfuerzos de todos para el progreso de la nación”, declaró a la cadena oficialista Press TV. Horas más tarde, en un discurso que ofreció en el mausoleo del ayatolá Ruhollah Jomeini, el fundador de la República Islámica de Irán, prometió escuchar “las voces” de los iraníes. En ese lugar, renovó su “lealtad” a Jomeini.

Sin corrupción

Nacido en 1954 en la ciudad de Mahabad, en la provincia noroccidental de Azerbaiyán Occidental, su padre era un iraní miembro de la minoría azerí, la más importante del país, y su madre era kurda. Durante la campaña, Pezeshkian ha tratado de arañar votos en estos grupos étnicos. Su biografía es la de un leal al régimen, con posturas moderadamente críticas que ha desplegado en su carrera a la presidencia sin dejar al mismo tiempo de proclamar fidelidad al ayatolá Jamenei. A su favor ha jugado que no se le conozcan escándalos de corrupción y una reputación de hombre bueno. En 1993, perdió a su esposa y a uno de sus hijos en un accidente de tráfico. Nunca volvió a casarse y educó solo a sus otros tres hijos, dos niños y una niña.

Su figura era casi anónima a pesar de tener a sus espaldas una larga carrera como parlamentario, en la que no había despuntado. Representaba a Tabriz, la capital de su provincia natal, en el Parlamento iraní desde 2008 y fue ministro de Sanidad en el Gobierno de Mohamed Jatamí en la década de 2000. El apoyo del carismático expresidente, aún ampliamente respetado en Irán, y de otros pesos pesados del desprestigiado movimiento reformista del país, ha sido uno de los factores que le han ido haciendo ganar peso durante la campaña electoral.

En lo que parecía una declaración de intenciones, su principal asesor en esta campaña ha sido Mohammad Javad Zarif, el combativo exministro de Asuntos Exteriores de Irán que ayudó a lograr el acuerdo nuclear de 2015. En ese pacto entre Irán, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania, Teherán se comprometía a no desarrollar armas atómicas. A cambio, se preveía un levantamiento gradual de las sanciones internacionales que asfixiaban la economía iraní. Tres años después, el Gobierno de Donald Trump se retiró unilateralmente del acuerdo y restableció esas medidas de castigo.

No está claro que Pezeshkian pueda cumplir sus promesas de tratar de revivir ese pacto. El presidente de Irán tiene poco que decir sobre el programa nuclear del país ni sobre su política exterior. Quien decide es Jamenei y su camarilla. También el otro gran poder fáctico del país, el ejército paralelo de la Guardia Revolucionaria, un cuerpo cuyo cometido no es defender al país sino a su régimen, y que ha adquirido en las últimas décadas un control casi omnímodo de importantes sectores de la economía iraní y un gran peso en ciertas decisiones políticas. En muchas ocasiones, el presidente iraní es un mero ejecutor que solo influye en el tono, más moderado o más radical, con el que el régimen aplica sus leyes y políticas.

Un ejemplo es la cuestión del velo obligatorio. Bajo la férula de Jamenei, de las instituciones bajo su control y con un Parlamento en manos de los ultraconservadores, Pezeshkian tampoco podrá evitar la aprobación de leyes liberticidas como la llamada de la “castidad y el hiyab”, que aumenta las penas contra las mujeres que han prescindido del velo. El reformista dejó entrever en uno de sus mítines que probablemente tendrá las manos atadas en esa cuestión. Afirmó que acabaría con las brutales patrullas de la policía de la moralidad, que detienen a las mujeres sin pañuelo, pero solo si estaba en sus manos. Al votar en la primera vuelta, el 28 de junio, reafirmó su propósito pero prometiendo “respetar la ley del hiyab”, una declaración que apunta a que durante su mandato tratará de moderar las formas sin modificar la esencia, algo que de todas formas parece imposible visto el control casi omnímodo de las instituciones por parte de los ultraconservadores.

Su discurso respecto a las mujeres no parece ajeno al paternalismo con el que el régimen trata a las iraníes, a las que asegura querer proteger. Este político moderado no cree que sus conciudadanas se hayan quitado el hiyab como un ejercicio de libertad personal o un gesto de rechazo al régimen, sino porque no han sido bien educadas.

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La competición entre dos hombres del régimen —ambos han depositado ya su voto este viernes— era una certeza, dado el carácter no democrático de las elecciones en Irán y la criba previa de quienes aspiran a ser elegidos para los puestos políticos, una posibilidad solo abierta a los leales. Esto convierte los comicios prácticamente en un mecanismo de reparto de poder entre las diferentes facciones de partidarios del sistema. Los moderados o reformistas, que abogan por una apertura limitada de las instituciones, habían sido progresivamente marginados de esta limitada competición electoral en los últimos años.

La luz verde a Pezeshkian de la institución que autoriza a los candidatos, el Consejo de Guardianes, sorprendió. Este cirujano cardiaco de 69 años, exministro de Sanidad con el presidente reformista Mohamed Jatamí en los 2000, se impuso en la primera vuelta de las presidenciales convocadas por la muerte en accidente de helicóptero del presidente Ebrahim Raisí. Obtuvo algo más del 42,5% de los votos. Le siguió el ultra Jalilí, con el 38,6% de los sufragios. Dos de los otros cuatro candidatos, todos conservadores, autorizados a presentarse, quedaron descartados; otros dos se habían retirado.

La victoria del reformista, que algunos analistas atribuyen a la división del voto conservador entre Jalilí y el resto de aspirantes conservadores, fue, en cierto sentido, amarga. Pezeshkian no superó el umbral del 50% de las papeletas que le hubieran valido la presidencia, pero sí pasó a segunda vuelta. Tampoco logró convencer para que votaran a esa mayoría de iraníes que ha vuelto la espalda a su sistema político, algo que él mismo ha reconocido al afirmar que “si un 61% de electores no vota”, algo “se habrá hecho mal”. Como en cada cita electoral desde 2020, el 28 de junio se batió un nuevo récord de abstención: solo un 39,9% de los 61 millones de electores se acercó a los colegios electorales, ocho puntos menos que en las presidenciales de 2021, en lo que se interpreta como una enésima demostración de desapego popular hacia un régimen cuyo líder supremo había afirmado hace años que “cada voto es un voto para la República Islámica”.

“La inclusión del reformista Pezeshkian, probablemente con el fin de aumentar la afluencia a las urnas, no logró detener la tendencia a la baja de la participación”, analizaba este martes la consultora de riesgo geopolítico Eurasia Group.

Para el experto en Irán Luciano Zaccara, profesor del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar, “es difícil predecir” lo que sucederá en esta segunda vuelta en la que, de nuevo, el principal desafío es la participación de una población que padece una inflación superior al 40%, con una clase media empobrecida, un tercio de los iraníes bajo el umbral absoluto de pobreza y una clase dirigente manchada por la corrupción.

En el país persa se suele vincular una alta participación con el voto reformista, más crítico que el conservador, pero “esto no ha sido siempre así”, subraya Zaccara. “Si se pasa de un 40% de participación a un 60% no significa necesariamente que todo ese voto vaya a apoyar a Pezeshkian” y no, al menos en parte, a Jalilí.

Lo que no puede darse en absoluto por sentado es que, incluso si gana el aspirante moderado, vaya a haber cambios de calado, recalca el profesor. “Ya ha quedado demostrado que las posibilidades de que los reformistas puedan implementar grandes cambios es prácticamente imposible. O si lo logran, duran hasta que termine su mandato. Con el Majlis [Parlamento], el Consejo de Guardianes y el Consejo de Discernimiento [órgano que media entre los dos anteriores] gobernados por las diversas facciones conservadoras, Pezeshkian tendría una ardua tarea para aprobar cualquier iniciativa, incluso en política exterior”.

El presidente en Irán no tiene además unos poderes equiparables al jefe de Gobierno de una democracia. La última palabra sobre las relaciones exteriores, la negociación nuclear e incluso sobre la designación de importantes ministros, la tiene Jamenei.

Perfil bajo

El perfil bajo de Pezeshkian hace además poco verosímil una presidencia combativa frente al aparato del poder en Irán. Este candidato, resalta la activista hispanoiraní Ryma Sheermohammadi, ha multiplicado “los guiños” tratando de recabar votos tanto entre los reformistas como entre los conservadores y ha dejado claro que no planea un cambio de rumbo. Sí ha aludido a un acercamiento con Occidente con intención de aliviar las sanciones por el programa nuclear iraní y asegurado que se opone a las patrullas de la impopular policía de la moral, el cuerpo cuyos agentes golpearon y probablemente mataron, según la ONU, a Yina Mahsa Amini, en septiembre de 2022.

Sobre esa muerte que desencadenó las últimas protestas contra el régimen, duramente reprimidas por las autoridades, Pezeshkian afirmó que no era aceptable “que una joven fuera detenida por [llevar mal colocado] el velo y luego le devolvieran su cadáver a sus padres”. Poco después criticó a los manifestantes que salieron entonces a la calle por gritar contra el líder supremo, a quien Pezeshkian no deja de prometer fidelidad. En una entrevista durante esta campaña en la televisión estatal, afirmó oponerse a que un médico varón examine a una enferma.

Desde Teherán, Farzaneh, el nombre falso de una exprisionera política que transmitió unas declaraciones a este diario a través de la activista Sheermohammadi, explica que, pese a que algunos analistas suponen que el candidato ultraconservador Jalilí es el favorito del ayatolá Jamenei, en realidad, Pezeshkian podría ser más útil al régimen. La razón es su condición de reformista que le daría “un maquillaje” de democracia a las autoridades mientras están siguen “reprimiendo a la población”. Este jueves, Sharifeh Mohammadi, una conocida sindicalista, ha sido condenada a muerte acusada de “traición” por su activismo en favor de los derechos laborales.

“Independientemente de quién gane la segunda vuelta, está claro que la mayoría de los iraníes tienen poca fe en el sistema de Gobierno, consideran que las elecciones son una farsa y es poco probable que participen incluso cuando un reformista evidente [Pezeshkian] figura en la papeleta”, subraya el análisis de Eurasia Group sobre Irán.

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Esta es la primera vez que los talibanes asistirán a una reunión del llamado proceso de Doha. En febrero, cuando se celebró la segunda cumbre, habían sido ya invitados pero declinaron asistir porque Naciones Unidas se negó a satisfacer unas exigencias que su propio secretario general, António Guterres, tildó de “inaceptables”. Los radicales reiteraron entonces que los derechos de sus “hermanas” —así llaman a las afganas— eran un asunto “interno” y que ellos debían ser los únicos interlocutores de la comunidad internacional en Afganistán.

Organizaciones locales como la Coalición Independiente de Movimientos de Protesta de Mujeres Afganas, y otras internacionales como Human Rights Watch (HRW) y el Fondo Malala [fundado por la activista Malala Yousafzai], creen que lo que en febrero era inaceptable, ahora ha dejado de serlo. A la luz de ese precedente, estos grupos creen que la exclusión de las afganas de la tercera reunión de Doha se debe a que la ONU ha terminado por plegarse a las condiciones de los talibanes para asistir a la cumbre.

Incluso su portavoz, Zabihullah Mujahid, que encabeza su delegación en Doha, confirmó este sábado en una rueda de prensa que, en esta ocasión, las exigencias del grupo para Doha III habían sido “aceptadas”. La oficina del portavoz del secretario general de la ONU no ha respondido a las preguntas de este diario sobre el motivo de ese cambio.

Antes de que los talibanes se hicieran con el poder en 2021, la adolescente Arzo quería ser médica. El 21 de junio, una semana después de que se cumplieran 1.000 días de la prohibición de estudiar a todas las afganas mayores de 12 años impuesta por los radicales, la máxima responsable de la ONU en Afganistán, Roza Otunbayeva, jefa de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), había confirmado la exclusión de las mujeres de la reunión al precisar que estas serían consultadas un día después, un anuncio que llevó a numerosas organizaciones de afganas a lanzar una campaña en redes sociales pidiendo a Naciones Unidas que revirtiera esa decisión.

“Las reuniones principales están fijadas para el 30 de junio y el 1 de julio, y las mujeres están invitadas para el día 2, un acto deliberado de falta de exigencia [sobre los derechos de] las mujeres afganas y sus importantes contribuciones al futuro de Afganistán. La ONU debe exigir responsabilidades a los talibanes por sus crímenes contra las mujeres y las niñas, y no lo contrario”, critica en un mensaje por correo electrónico la investigadora sobre derechos de la mujer de Human Rights Watch (HRW) Sahar Fetrat.

Según Otunbayeva, recalca Fetrat, “nadie dictó condiciones a las Naciones Unidas sobre la reunión de Doha”. Sin embargo, “es evidente que la participación de las mujeres y sus derechos han quedado excluidos de la reunión y de su orden del día en un esfuerzo por sentar a los talibanes a la mesa”.

En su rueda de prensa, el portavoz de los talibanes precisó que el orden del día de Doha III se centrará “en cuestiones económicas y en los esfuerzos antidroga”. La representante de la ONU en Afganistán había aludido precisamente a esos temas que, censura la investigadora de HRW, dan prioridad a “los negocios privados, la banca y la lucha contra los estupefacientes y en los que las mujeres no estarán presentes para opinar”.

Otunbayeva trató de minimizar la polémica con el argumento de que, si se habla de narcotráfico en Afganistán, un “30% de los adictos son mujeres”. Defendió también la importancia de “entablar un diálogo directo con los talibanes” para poder decirles que “las mujeres deberían estar en esa mesa [Doha III]”.

Esas discusiones sobre las afganas, pero sin afganas es una de las razones por las que esta experta cree que la ONU “está gestionando el proceso de Doha de forma patriarcal”. A las afganas, añade, “no les gusta que Naciones Unidas haga tratos con sus opresores, excluyéndolas de las decisiones importantes sobre su propio país”. En noviembre, la ONU había condicionado el avance hacia el reconocimiento del Ejecutivo de los talibanes a la mejora de la situación de las mujeres. En su informe, el relator Bennett recomienda acabar con la impunidad de los actuales gobernantes del país.

Encrucijada

El proceso de Doha fue una iniciativa del secretario general de la ONU con el fin de definir una estrategia internacional para tratar con los fundamentalistas. Su primera reunión tuvo lugar el 1 y el 2 de mayo de 2023 y en ella participaron los enviados especiales para Afganistán de los Estados de la región; los donantes internacionales; EE UU, Rusia y la Unión Europea. En Doha habían transcurrido antes las conversaciones de paz con los talibanes en 2019, en las que se firmó el acuerdo de paz por el que las tropas internacionales se retiraron del país, lo que precipitó el regreso de los fundamentalistas al poder

Naciones Unidas se mueve desde entonces en la disyuntiva de ser coherente y cortar toda relación con los talibanes, lo que cree que podría resultar en un veto al trabajo de los organismos internacionales de cuya ayuda depende más de la mitad de los afganos —los más vulnerables, las mujeres y los niños— o avanzar hacia la legitimación de un grupo violento, misógino y que pisotea los derechos humanos, con la esperanza de que se moderen.

Solo Nicaragua ha entablado relaciones diplomáticas con el Gobierno de los talibanes. China lo ha hecho en la práctica al aceptar a su embajador en Pekín. Con la invitación de la ONU a Doha III, señala por WhatsApp desde Kabul Laila Bassim, de la Coalición Independiente de Movimientos de Protesta de Mujeres Afganas, se les está “blanqueando y animando a los países de la región a que los reconozcan”.

La perspectiva de que estos exguerrilleros se moderen es ilusoria, dice Bassim, una activista de 24 años amenazada de muerte por los talibanes. Explica que los fundamentalistas son un grupo “ideológico” que “no cree en la negociación y solo acepta su propia ley”.

Sahar Halaimzai, directora de la Iniciativa para Afganistán del Fondo Malala, coincide. “No debemos permitir que [los talibanes] utilicen su cooperación como palanca para silenciar los debates sobre sus violaciones extremas [de derechos humanos]. Y apunta que, lejos de moderarse, estos “han redoblado sus decretos opresivos y brutales” contra las afganas. En marzo, anunciaron la reinstauración de la flagelación pública y la lapidación de mujeres por adulterio.

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Pezeshkian, de 69 años, no es un opositor. Sí lo eran los miles de iraníes que se echaron a la calle en septiembre de 2022, cuando la muerte bajo custodia policial de una joven que había sido detenida por llevar mal colocado el velo obligatorio, Yina Mahsa Amini, desató unas manifestaciones en cuya represión murieron al menos 550 personas, según la ONU. Este aspirante a la presidencia es un moderado o “reformista”; el único candidato de esa tendencia frente a tres representantes de diferentes facciones conservadoras autorizados también a concurrir a las urnas. Otros dos conservadores se han retirado esta semana. De esos tres conservadores, solo dos, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ultraconservador ex jefe del equipo negociador nuclear de Irán Saeed Jalili, tienen opciones de ganar. La pugna electoral de este viernes para sustituir a Ebrahim Raisí, el presidente iraní fallecido con su séquito en un accidente de helicóptero el 19 de mayo, se dirimirá entre esos dos conservadores y su rival reformista, un cirujano cardiaco poco conocido miembro de la minoría azerí.

Las encuestas poco fiables que difunden entidades oficialistas como la Agencia de Sondeos de los Estudiantes Iraníes (ISPA) auguran un resultado reñido, sin un claro favorito. La última de ISPA, difundida el lunes, situaba como ganador al moderado, con un 24,4% de los sufragios, frente al 24% del ultraconservador Jalili y el 14,7% de Qalibaf, a quien otros sondeos conceden la victoria. Si ninguno obtiene más del 50% de los sufragios, los dos con más apoyos se medirán en una segunda vuelta.

Qalibaf, exalcalde de Teherán, partió como favorito, pero su candidatura ha ido perdiendo fuelle, pese a que muchos lo consideran el preferido de Jameneí. Este aspirante, que se presenta como el “hombre fuerte” que necesita su país, cuenta con el imprescindible respaldo del otro gran poder fáctico de Irán, la Guardia Revolucionaria, un cuerpo cuya fuerza aérea comandó hasta 2000. Su campaña se ha visto, sin embargo, empañada por escándalos de corrupción que le han salpicado a él o a su familia. Una de sus hijas, Maryam Qalibaf, incluso tuvo que comparecer el 21 de junio en la televisión del país para explicar por qué volvió de Turquía en 2022 con un equipaje de casi 300 kilos de costosos artículos para el hijo que estaba esperando. Un tercio de la población iraní vive bajo el umbral de la pobreza extrema, según datos oficiales.

La periodista Fereshteh Sadeghi expresa su desconfianza en las encuestas desde Teherán. Ante todo, ve “muy difícil” una victoria del reformista. “Pezeshkian carece de popularidad. Es un diputado local, de fuera de Teherán”, recalca. Por otro lado, subraya, los reformistas “no pueden convencer ahora a sus seguidores de que voten después de haber boicoteado las tres [últimas] elecciones”. La también analista política no descarta la posibilidad de que el exnegociador nuclear Saeed Jalili gane “en primera vuelta”. Jalili es el más conservador de los tres aspirantes con opciones a la presidencia; encarna el statu quo y la cercanía al fallecido Raisí. Es un defensor de la represión a las mujeres sin velo y un detractor de cualquier compromiso en materia nuclear con Occidente.

Rouzbeh Parsi, jefe del Programa para Oriente Medio y el Norte de África del centro de estudios Instituto Sueco de Asuntos Internacionales, cree, por su parte, que Pezeshkian “podría ganar si los conservadores siguen divididos” y no unifican sus votos en torno a un único candidato. Eso, apunta, “suponiendo que no se altere el recuento de los sufragios”.

Boicot

En un sistema que prevé una criba previa de aspirantes a los puestos políticos por parte del Consejo de Guardianes —un organismo controlado por Jameneí—, para garantizar su fidelidad al régimen, incluso esa única candidatura reformista de perfil bajo ha sorprendido, dado que la facción ultraconservadora del régimen controla desde las legislativas de 2020 prácticamente todo el poder político en Irán. De los 80 aspirantes a la presidencia, incluidas cuatro mujeres, solo seis obtuvieron luz verde. Entre los descartados, figuraban el expresidente populista Mahmud Ahmadinejad o el pragmático expresidente del Parlamento Ali Lariyaní, mucho más conocido que Pezeshkian. El bajo perfil de este cirujano, ministro de Sanidad con el presidente reformista Mohamed Jatamí en los 2000, ha alimentado la sospecha entre los opositores de que su candidatura obedezca a una estrategia para aparentar apertura y una competición política real y atraer así a las urnas a los votantes desencantados. En las legislativas del 1 de marzo solo votó el 41% de un electorado total de 61 millones de iraníes.

En 2010, el ayatolá Jameneí afirmó que cada sufragio era un voto de apoyo a la República Islámica. “El líder supremo ha tenido un enfoque muy conflictivo respecto de la participación de los votantes por el que se considera que una alta participación electoral es una validación de la legitimidad” del régimen, recalca el analista Parsi. Jameneí “teme ahora que una erosión aún mayor de la participación pueda mostrar realmente la profunda impopularidad del sistema”.

En una carta abierta firmada divulgada esta semana, más de 500 profesores, sindicalistas y conocidos presos políticos iraníes, como la Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, han llamado al boicot. Una etiqueta en redes sociales ha resumido también cómo ven algunos iraníes los comicios de este viernes: #ElectionCircus (Circo Electoral).

En los mítines en los que sonaba Baraye, el candidato Pezeshkian prometía moderar la política exterior iraní y propiciar, si llega a la presidencia, una desescalada del enfrentamiento con Occidente que propicie un alivio de las sanciones por el programa nuclear que, más que a los poderosos, en Irán ahogan a la población. El médico ha declarado que si está en su mano eliminará las patrullas de la policía de la moral que a menudo introducen a las iraníes sin velo a golpe limpio o arrastrándolas por el pelo en furgones policiales si se resisten a ser detenidas, pero al mismo tiempo ha atribuido el gesto de desobediencia civil de quitarse el hiyab a una “educación” deficiente. Su posición es la de quien trata de nadar entre dos aguas, sabedor de que, tanto en política exterior, como sobre la cuestión del velo, el presidente de Irán influye, pero la última palabra la tiene siempre el líder supremo.

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Se refiere a los hechos concretos, no a las palabras, de las que la comunidad internacional ha sido pródiga en estos casi tres años. Los talibanes no solo no se han visto forzados a revertir ni una sola de sus prohibiciones a las mujeres, sino que algunos países vecinos de Afganistán, así como Rusia y, sobre todo, China —que ha aceptado oficialmente al embajador de los fundamentalistas— están dando pasos hacia el reconocimiento de su Gobierno. Incluso la ONU ha cursado recientemente una invitación a quienes definen como “autoridades afganas de hecho” para que participen en la tercera conferencia internacional sobre Afganistán, que se celebrará en Doha (Qatar) el 30 de junio y el 1 de julio.

Esa convocatoria ha escandalizado a los pequeños grupos de afganas que protestan contra lo que los propios expertos de Naciones Unidas definen como un “apartheid de género”. Esas mujeres temen que se estén dando pasos hacia la normalización de los talibanes. La soledad y el encierro de las afganas son tales que estas activistas solo pueden protestar fotografiándose con la cara tapada y pancartas en sus manos dentro de sus casas. Algunas, las más osadas, se aventuran a veces en pequeñas manifestaciones callejeras reprimidas con gran dureza.

El jueves, la agencia de Naciones Unidas para la infancia, Unicef, aprovechó la efeméride de los 1.000 días sin educación secundaria para las afganas para deplorar otra cifra redonda: la de las 3.000 horas lectivas que un millón y medio de jóvenes del país deberían haber cursado en ese tiempo y cuya pérdida amenaza su autonomía futura. Pero a esa primera andanada, en septiembre de 2021, siguieron muchas otras. No solo contra la educación, sino contra el derecho al trabajo de las afganas, su posibilidad de desplazarse libremente e incluso de expresarse. El último de esos ataques se anunció precisamente el jueves, cuando una orden del líder supremo de los talibanes, Hibatullah Ajundzadá, limitó el salario de todas las mujeres del país a una cantidad exigua: 5.000 afganis (unos 65 euros). Independientemente de su edad, puesto de trabajo, experiencia y formación académica.

En Afganistán, ya no hay policías en ejercicio, ni juezas, ni diputadas, ni abogadas, ni apenas funcionarias, ni periodistas. En la larguísima lista de empleos vetados a las mujeres figuran también los trabajos en ONG y en las agencias de la ONU, con contadas excepciones en los ámbitos sanitario y educativo, como la de las profesoras de primaria, una etapa que las niñas aún pueden cursar. No así la secundaria ni los estudios superiores. En diciembre de 2022, los talibanes vetaron a las afganas estudiar en la universidad. En abril de 2023, cerraron las academias privadas donde muchas niñas estudiaban idiomas o matemáticas, entre otras disciplinas, incluidas en una lista de materias “no aptas” para mujeres.

Llamadas a las radios

Las afganas, y por consiguiente sus hijos pequeños, tienen también prohibido viajar sin un guardián masculino y no pueden entrar en parques infantiles ni naturales. Tampoco en gimnasios, ni baños públicos y ni siquiera ir de pícnic al campo. Los fundamentalistas han cerrado peluquerías y salones de belleza y les han prohibido llamar a programas radiofónicos. El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, denunció en abril que tres periodistas habían sido detenidos por aceptar llamadas de oyentes femeninas.

Solo entre junio de 2023 y marzo de 2024, el “régimen asfixiante” que rige Afganistán aprobó 52 reglamentos que atentan contra los derechos de las mujeres y las niñas del país, describe un informe del relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett.

A finales de marzo, el emir Ajundzadá anunció en la radiotelevisión pública del país una enésima y grave decisión contra las afganas: la reinstauración de la flagelación pública y la lapidación de mujeres por adulterio. Sahar Fetrat, investigadora afgana de Human Rights Watch, afirmó entonces en declaraciones al diario The Guardian que la inacción de la comunidad internacional explica ese anuncio. En su opinión, los talibanes han ido probando una a una sus “políticas draconianas” y al ver que nadie “les pedía cuentas” han endurecido lo que el informe del relator especial de la ONU define como una “persecución sistemática y generalizada” de las mujeres y niñas.

“Seguimos esperando que la comunidad internacional acabará por unir los actos a las palabras”, recalca ese documento, que recomienda que se denuncie al régimen talibán ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU por crímenes contra la humanidad en razón de “las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos fundamentales” de las afganas, “atrapadas” en un “sistema de opresión, represión y violencia”.

La universitaria Amal cita un caso que ilustra ese ensañamiento contra cualquiera que se resista a alguna de las prohibiciones que pesan sobre las mujeres, especialmente la de que estudien. “Algunas academias de idiomas en Kabul habían intentado reabrir hace poco”, sostiene la joven. La reacción de los talibanes fue cerrarlas inmediatamente.

Zahra es el nombre también falso de una adolescente de 16 años que estudiaba inglés en uno de esos centros, clausurado hace tres semanas, explica por teléfono su tía, exiliada en Bélgica. La chica ni siquiera puede asistir ya a un curso de costura al que acudía porque la profesora tiene tanto miedo de los radicales que ha dejado de impartirlo. “Zahra es una joven muy inteligente que quería ser médica”, dice su tía. Ahora, “está muy deprimida”. Como muchas de sus coetáneas, apunta el informe del relator de la ONU, que alerta del aumento de “pensamientos suicidas” entre las jóvenes afganas.

Sin educación ni perspectivas de tener un trabajo, la suerte de muchas de esas adolescentes está echada. Las organizaciones internacionales alertan de la relación directa entre el abandono escolar, los matrimonios forzados y las maternidades precoces —un factor de riesgo de mortalidad materna e infantil— y la perpetuación de la pobreza. Los hijos de muchas de esas niñas, a quienes los talibanes imponen la ignorancia, heredarán su miseria. El coste económico anual de la prohibición de trabajar a las afganas es de unos 934 millones de euros, el 5% del PIB del país, calcula el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indiferentes, los fundamentalistas siguen tratando de hacer realidad ese dicho de la etnia pastún que recomienda que la mujer solo salga de su casa para ir a la tumba.

Desde su escondite en Kabul, Amal deplora que la violación de los derechos de las mujeres no solo no haya provocado una intervención de la comunidad internacional, sino que se ha convertido en una herramienta de chantaje de los talibanes para alcanzar “sus objetivos políticos”. El primero, el de ser reconocidos como gobernantes legítimos de Afganistán. Algunas voces, como la del Gobierno chino, defienden ya que hay que hablar con ellos.

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Medios de comunicación de la diáspora iraní, como IranWire, consideran que ese mensaje del punto desencadenó el arresto y la acusación contra este activista que, ya en 2023, había sido encarcelado por insultar supuestamente al líder supremo. El tuit puede parecer banal, pero finalmente es una corrección y representa “enmendar la plana” a un líder supremo que, en el discurso oficial, se presenta prácticamente como infalible, recalca la activista hispanoiraní Ryma Sheermohammadi.

Otro de esos medios, Iran International, asegura que, antes del cierre de la cuenta en X del escritor, alguien publicó en ella una captura de pantalla de un supuesto diálogo del activista en el que presuntamente se mostraba dispuesto a aceptar dinero de una persona no identificada que se lo ofrecía. El hermano del activista ha negado que Shanbehzadeh sea su autor —asegura que quien redactó esos mensajes es una persona con escaso dominio del persa—. Además, en los mensajes de quien supuestamente chatea con el escritor aparece un número de teléfono que, según ese medio del exilio iraní, pertenece a la policía de Ardabil. Iran International sostiene que esos mensajes son una prueba falsa destinada a justificar la acusación de espiar para Israel.

Estos medios subrayan que la repercusión y los miles de “me gusta” que obtuvo la respuesta de Shanbehzadeh pueden ser interpretados por el régimen iraní como una nueva muestra de rechazo —o al menos de ironía— hacia el ayatolá Jameneí por parte de ese sector de la población que ha vuelto la espalda a la República Islámica de Irán. Esos iraníes críticos con su sistema político son precisamente quienes participan en manifestaciones como las desencadenadas en septiembre de 2022, tras la muerte bajo custodia policial de una joven detenida por llevar mal colocado el velo, Yina Mahsa Amini. Otra forma de demostrar desapego hacia el régimen es mediante la abstención electoral. La detención de este intelectual ha tenido lugar en pleno proceso de selección de los candidatos que, el 28 de junio, concurrirán a las elecciones de las que saldrá el sustituto de Ebrahim Raisí, el presidente iraní que falleció en un accidente de helicóptero el 19 de mayo. En este contexto, las autoridades del país están multiplicando de nuevo los llamamientos a una alta participación.

Iranian writer Hosseyn Shanbezaadeh has reportedly been detained by Islamic Republic forces for-

(you won’t believe it)

-commenting on the Supreme Leader’s post with a punctuation mark. For a period.

His account has been suspended for no apparent reason as well? @elonmusk @X pic.twitter.com/nkQFKbk4hX

— Nazanin Nour (@NazaninNour) June 5, 2024

Tras divulgarse la noticia del arresto del escritor, la etiqueta con su nombre (#HosseinShanbehzade) se convirtió este martes en Irán en tendencia en X, una red social que, como el resto de ese tipo de plataformas, está oficialmente prohibida en el país, a pesar de que los altos responsables del país, incluido Jameneí, mantienen cuentas oficiales en ella.

Los iraníes de a pie no pueden hacer uso de la antigua Twitter tan abiertamente, so pena de acabar en prisión, por lo que suelen acceder a esa y otras redes sociales a través de redes privadas virtuales (VPN), que ocultan la identidad en internet, una posibilidad que las autoridades iraníes están tratando también de limitar. En febrero, Teherán ilegalizó las VPN con una nueva norma que, según el canal catarí Al Jazeera, contaba con la luz verde del líder supremo iraní. Las redes sociales son muy populares en el país y, durante las protestas del movimiento “Mujer, vida y libertad”, las suscitadas por la muerte de Amini, fueron utilizadas profusamente para difundir imágenes y vídeos de la represión por la que murieron al menos 550 iraníes y más de 60.000 fueron detenidos, según Naciones Unidas.

Shanbehzadeh, cuyo paradero se desconoce, ya había sido detenido en el pasado por sus críticas en redes sociales. El “característico humor negro iraní que utiliza en sus mensajes, sus ironías y su bella voz, que hacía que muchos usuarios le pidieran que interpretara canciones o subiera vídeos cantando, le habían granjeado el apoyo de muchos miles de seguidores”, explica Sheermohammadi. También le llevaron al banquillo en 2020 por supuestas faltas de respeto al líder supremo iraní. El 12 de septiembre de ese año, la Sección 28 del Tribunal Revolucionario de Teherán, donde reside, lo condenó a tres años y seis meses por “insultar” a Jameneí; a otros 18 meses por insultar al fundador de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, fallecido en 1989; y a 10 meses por “propaganda contra el régimen”. En total, cinco años y diez meses, de los que tenía que haber cumplido algo más de tres.

En julio de 2022, el activista ingresó en la temida prisión de Evin de la capital iraní, conocida por albergar a presos políticos, para cumplir su condena. Hace unos meses —no está claro si en marzo o en abril— recuperó la libertad, sin que haya trascendido por qué no cumplió la totalidad de su pena.

Raperos

La activista Ryma Sheermohammadi sospecha que el día de la detención de este escritor no fue casual. Este martes, la Human Rights Foundation entregaba en Oslo (Noruega) el premio Václav Havel. Uno de los galardonados era el popular rapero y artista de hip-hop iraní Toomaj Salehi, que el pasado 24 de abril fue condenado a muerte por las autoridades iraníes por su apoyo a las protestas del movimiento “Mujer, vida y libertad” y por sus letras críticas contra el régimen.

Otros dos raperos, Vafa Ahmadpour y Danial Moghadam, están en paradero desconocido después de ser arrestados a principios de mayo en la ciudad meridional de Shiraz, después de publicar un vídeo de una canción titulada Prepárate, en la que criticaban la imposición por ley del velo a las iraníes y las condenas a muerte del régimen. El escenario del vídeo era la ciudad de Persépolis, la imponente capital del imperio persa, de hondo contenido simbólico para muchos iraníes, algunos de los cuales contraponen el legado de esa refinada civilización antigua con el carácter islámico de su actual régimen.

En los últimos meses, el régimen iraní han intensificado la represión contra artistas, cineastas, activistas y cualquier figura pública que se muestre crítica. Uno de los casos más conocidos ha sido el del cineasta Mohammad Rasoulof, que huyó de Irán hace unas semanas después de ser condenado a ocho años de cárcel. Coincidiendo con la guerra de Gaza y cuando la atención de los medios de comunicación estaba centrada en el inédito ataque de Irán contra territorio israelí el 13 de abril y la posterior respuesta de Israel; las autoridades iraníes redoblaron la represión contra las muchas mujeres del país que, desde la muerte de Amini, han prescindido del velo como gesto de desobediencia civil. En abril, muchos usuarios iraníes de redes sociales mostraron de nuevo imágenes de las temidas furgonetas de la policía de la moralidad, el cuerpo bajo cuya custodia falleció Amini, y de sus agentes deteniendo con gran brutalidad a mujeres iraníes sin hiyab. Irán ejecutó en la horca a 853 personas el año pasado, un 48% más que en 2022, según Amnistía Internacional.

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“Soñaba con crear una empresa informática. Ahora, con encontrar comida y llenar de agua el bidón para lavarme la cara”

El nombre de Helmi Hirez significa en árabe “mi sueño”. Se lo puso su madre, Ibtisam, sonrisa, como la que lucía antes de la guerra, al ver orgullosa en 2022 a sus dos hijos gemelos, Helmi y Mohamed, hoy de 19 años, graduarse de secundaria, dispuestos a comerse el mundo de la informática gracias a la capacidad de internet para superar las barreras del bloqueo israelí sobre Gaza. Los dos se inscribieron en Ingeniería Informática: Helmi, más enfocado en ciberseguridad; Mohamed, en las posibilidades de la inteligencia artificial. Fantaseaban con montar una empresa de tecnologías de la información para ofrecerse como autónomos a otras partes del mundo. “Ahora”, asegura con una risotada nerviosa para no sonar demasiado dramático, “nuestro mayor sueño de cada día es encontrar algo que comer y llenar de agua el bidón para poder lavarnos la cara”.

Residía en Rimal, el barrio más privilegiado de Ciudad de Gaza y que el dinero catarí para la reconstrucción de las sucesivas ofensivas, más el que guardaba una antigua élite y amasaba una nueva (más vinculada a Hamás), llenó de coquetas tiendas y cafeterías hoy devastadas. Lo narra en presente, como si no estuviese ―como otros cientos de miles de desplazados― en una tienda de campaña en la famosa “zona humanitaria” de Al Mawasi. Y como si el corredor montado por el ejército israelí para dividir en dos la Franja no le impidiese regresar a un hogar que, en cualquier caso, está en ruinas.

La casa estaba cerca del hospital Al Shifa. “Y, cuando [los israelíes] quisieron invadir la zona [en noviembre], nos regaron a misiles durante tres días, hasta que entraron”, cuenta a través de mensajes de voz por el móvil. Uno de esos bombardeos mató a 14 miembros de su clan familiar, entre ellos tíos y sobrinos.

Helmi y su familia hicieron lo que les ordenaba el ejército israelí: dirigirse al sur. Como otros cientos de miles de palestinos, recorrió a pie unos 30 kilómetros. “A veces”, rememora, ”tenías que saltar cadáveres para no pisarlos”.

Permanecieron unos tres meses en un apartamento en Rafah. Hasta, cita sin olvidar la fecha, el 12 de febrero: “Eran las 02:10 de la madrugada. Bombardearon la casa de al lado. Estaba a un metro de la nuestra. En Rafah hay muy poca distancia entre los edificios y mucha gente. Gran parte del nuestro se vino abajo. Conseguí salir de los escombros y empecé a escarbar para sacar a mi familia. Llegué a mi madre, puse los dedos bajo su nariz y noté que respiraba, pero estaba inconsciente y muy herida. No sabía qué hacer, no podía cogerla sola. Empecé a gritar y un par de hombres la sacaron y pusieron una manta. Luego tardé 15 minutos en sacar a mi hermana, que estaba viva, pero vomitando sangre. Mi madre murió en la ambulancia, de camino al hospital”. Su padre, añade, se despierta siempre sobre esa misma hora entre pesadillas.

Helmi insiste, con más sorpresa que indignación, en que fueron a Rafah justo por obediencia. “Desde los aviones [militares israelíes] nos lanzaban octavillas diciendo que era una zona segura. Estaba muy claro en el mapa. Tengo fotos. Y es adonde justo decidimos ir, donde nos decían que era seguro”, protesta.

Al día siguiente, enterraron a Ibtisam y se dirigieron a Al Mawasi, la “zona humanitaria ampliada” decretada por Israel ―y criticada por organismos internacionales y ONG― que ha recogido en las últimas semanas cientos de miles de desplazados por la invasión de Rafah. Adolescente, menudo y acostumbrado al universo digital, Helmi comparte allí una tienda de campaña, familiarizándose con tareas de supervivencia que nunca imaginó, luchando por no sollozar al contarlo y tratando de recaudar dinero en línea.

“A la una de la tarde, no puedes ni respirar dentro de la tienda porque hace un calor infernal [unos 30 grados]. No tenemos combustible, así que cocinamos con madera, con el sol dándote de lleno en un clima desértico. Y lavo mi ropa en el mar [Mediterráneo]. Yo estudiaba ingeniería informática y desde niño me sentaba en el ordenador a programar. Pasaba horas escribiendo códigos. Es lo que sabía hacer”, cuenta antes de intentar quitarle hierro con una anécdota. “La primera vez que mi hermano y yo tuvimos que llenar de agua un gran bidón y transportarlo de vuelta, nos tropezamos. Pesa mucho”.

Preparaban su boda en Turquía. Se casaron entre bombardeos en una fábrica de cemento

Asma Al Shaij y Ahmed Al Joujou se enamoraron en el trabajo. Ella tenía 21 años; él, 29 y era el jefe de la empresa de contenidos audiovisuales. Planeaban iniciar su matrimonio musulmán a finales de octubre de 2023. Lo que aquí se llama katb al kitab, la firma de un contrato matrimonial que precede a la boda en sí misma. El 7 de ese mes, Hamás sorprendió a amigos y enemigos con su ataque masivo y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el inicio de una “guerra larga y difícil”. “Queríamos celebrar la boda seis meses más tarde en Turquía, con nuestros amigos y nuestra familia. Todo lo que habíamos planeado se derrumbó”, explica por mensajes de WhatsApp.

Los bombardeos los mantuvieron separados. Ella, con su familia en Ciudad de Gaza; él, en Deir el Balah, donde habían pensado sellar su compromiso y lo acabaron haciendo en marzo. Solo que con el sonido de fondo de los bombardeos y en una habitación de una fábrica de cemento, con botellas de agua y café con cardamomo para darle un toque ceremonial. “Lo hicimos en secreto, sin que lo supiese la gente que estaba allí. Sobre todo por lo que estaba pasando y por respeto a los que habían muerto”, explica.

Asma y Ahmed veían la guerra alargarse, sin fin en el horizonte. “Empezamos a pensar que la situación se había vuelto muy peligrosa y pensábamos en escapar de Gaza para salvar nuestras vidas, porque todo iba a peor. Y que teníamos que estar juntos si nos íbamos del país”, cuenta. Escapar significaba entonces pagar al menos 5.000 euros a unos opacos intermediarios en Egipto que aprovechan la tragedia de los gazatíes para lucrarse. El pago sirve para sobornar a quienes incluyen en la lista de los agentes egipcios los nombres que permiten salir de Gaza por el único punto posible.

Una vez más, los planes se torcieron. Asma logró cruzar con su familia antes de que la toma israelí de la parte gazatí motivase el cierre del paso, hace casi un mes. Ahora está en Qatar. Ahmed sigue en Gaza. “No quiso dejar atrás a su familia. Además, cada uno tendría que pagar 5.000 dólares (4.600 euros) para salir y eso es mucho dinero, porque son cinco. Estoy muy triste y preocupada por él”.

Ahmed trabajaba como productor de vídeos y contenido creativo y perdió en un bombardeo su equipo fotográfico. Ella es creadora de contenidos. “Antes de la guerra, mi sueño era formar con él un hogar, crear una pequeña familia y tener un trabajo con el que nos encantara crecer. Planeábamos crear nuestra propia empresa y trabajábamos en crear nuestra página web. Ni mi casa ni la de la familia de Ahmed existen ya. En una frase, no nos quedan sueños”.

Versos en la tienda de campaña: “Nuestra vida era hermosa, pero no lo sentíamos”

“¿Qué quieres que te cuente? ¿Cómo han desaparecido mis sueños? ¿Cómo han destrozado mis esperanzas? ¿Qué va a cambiar si te cuento nuestro sufrimiento? ¿Puedes detener la guerra?”. Saya Tabash, de 19 años, acumula meses de frustración, de sensación de que el mundo le ha dado la espalda por nacer y crecer en el lugar equivocado.

“Mi sueño era ser algo así como una ‘mujer fuerte e independiente’, y trabajar en mí misma”, cuenta. También, aunque no pensase tanto en ello, sentirse “segura y en paz”. “Ahora, en resumen, estoy en la mierda”, escribe sin completar la palabra para no blasfemar. Lo resume en una de sus publicaciones en redes sociales, con una sucesión de momentos felices que hoy parecen mucho más lejanos: “Nuestra vida era hermosa, pero no lo sentíamos. Lo juro”.

Estaba en primer año de Ciencias Informáticas en la Universidad de Al Azhar, en la capital. Hoy dañada o demolida por el ejército israelí, como otras 11 de la Franja. Estudiaba, pero su verdadera ambición era, y es, vivir de la escritura. De novelas “de romance y de tristeza”. Manda ejemplos, esbozos, en árabe y en inglés. Hay más ahora de las segundas que de las primeras. Su escritura se ha ido amargando. “Si fuera llanto, lloraría. Pero es más”, dice uno de los versos. O “Todo se detuvo en mi vida, menos las lágrimas”. En un poema titulado ¿Te imaginas? enumera sus pérdidas (“la casa y el barrio para vivir en una tienda de campaña” y “los años de estudio”) y lamenta que salvar la vida pase por pagar 5.000 euros. “Todo ello, simplemente, porque soy de Gaza”, concluye.

Tabash sigue escribiendo, en la tienda de campaña en Rafah en la que se refugia con su familia. Asegura que solía hacerlo en ordenador, pero no le dio tiempo a rescatarlo de su casa en Gaza capital al escapar corriendo de un bombardeo. Ahora compone los versos en el móvil, que carga por las mañanas en unas placas solares colectivas. “¿Sabías que no hemos visto electricidad desde el principio de la guerra? Las placas solo funcionan de día, así que cuando se me acaba la batería escribo en una libreta, con un bolígrafo”, cuenta. “Amo mi ciudad, pero tengo miedo de intentar volver. No huimos de casa porque la odiásemos. No, no. Escapábamos de la muerte”.

Seleccionada por Google, se aferra a la esperanza: “Es lo único que nos han dejado”

Nisma Abushamala, de 21 años, posa sonriente con Nouna, su gata de angora blanca, en brazos en el balcón de su casa en Ciudad de Gaza, en la foto que sigue en su perfil de una aplicación de mensajería. Esa casa ya no existe. Tampoco la universidad donde esta joven estudiaba. “Destruyeron mi hogar y toda mi vida”, resume.

El pasado 13 de octubre, Nisma, sus padres, sus dos hermanos y su mascota escaparon de su apartamento siguiendo la primera orden de evacuación israelí del norte de Gaza. Los dos primeros meses la familia se refugió en la casa de los abuelos paternos en Jan Yunis, en el sur. En diciembre, la aviación israelí arrojó panfletos ordenando a los habitantes que desalojaran también esa localidad. Los Abushamala se instalaron en Al Mawasi, entonces una estrecha franja de 8,5 kilómetros cuadrados junto a la costa de Gaza.

Nesma habla por teléfono desde la tienda de campaña donde vive desde entonces con su familia. Parece tímida. Le cuesta describir sus pésimas condiciones materiales: no tienen agua ni electricidad y la comida escasea. Sí explica cómo eran esos sueños que se “han ido a pique”.

Era una de las mejores estudiantes de su curso en la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad de Al Azhar, una de las más importantes del enclave palestino, asegura orgulloso también por teléfono su padre, Jalil Abushamala. Como muchas otras familias palestinas de clase media, los Abushamala habían animado a sus hijos a que estudiaran. La mayor, Nour, de 24 años, tiene un grado en Derecho y quería ser diplomática. El segundo, Mohammad, de 23 años, se graduó en Traducción. Esta familia está tratando también de reunir el dinero para salir de la Franja y que sus hijos puedan continuar sus estudios.

“Me quedaba un año y medio para graduarme. Quería terminar mis estudios y soñaba con empezar pronto a trabajar como ingeniera de software. Ahora ya no hay esperanza de que pueda hacerlo”, lamenta Nisma.

Gracias a su buen expediente académico, había accedido al Google Developer Students Club (Club de Estudiantes Desarrolladores de Google), un proyecto de voluntariado ofrecido por la multinacional a estudiantes de todo el mundo, recuerda la joven. Para ser admitido hay que demostrar “conocimientos fundamentales sobre los conceptos de desarrollo de software”, explica la compañía en su web. La estudiante palestina había sido aceptada tras superar diversas pruebas a través de internet.

“Como cualquier persona joven en el mundo, mis amigos y yo queríamos tener un futuro mejor, graduarnos y conseguir un trabajo. Ahora no sabemos lo que va a ser de nosotros, pero espero que no tengamos que irnos y poder vivir con mi gente en Gaza; que mi generación no se vea obligada a exiliarse”, afirma.

Nisma añora su facultad, a sus amigos y “las conversaciones y las clases con los profesores”. Dice que “esos recuerdos representan mucho”, porque “ya nada de aquello existe”. Luego repite que los gazatíes “superarán esto”. Y añade: “Lo llevamos haciendo una y otra vez desde 1948″. Es el año en que se creó el Estado de Israel y los palestinos sufrían la Nakba (catástrofe), la expulsión o huida de sus tierras de unos 750.000 ante el avance primero de las milicias sionistas y después, del ejército israelí.

“Somos como el ave Fénix que renace siempre de sus cenizas. Seguiremos viviendo”, remarca Nisma: “Nos queda la esperanza. Es lo único que nos han dejado”.

De decorar la nueva casa familiar a una chabola en un cementerio

Fuad Ayyad ―”33 años, casado, católico”, se define― intenta conectar por videoconferencia para mostrar la caseta en el cementerio de San Porfirio en la que vive con su mujer y su hija de tres años. Es la iglesia greco-ortodoxa en Ciudad de Gaza en la que cientos de cristianos como él buscan refugio y comida, pese a haber sobrevivido allí mismo a un bombardeo aéreo que mató a 18 personas en octubre. La conexión no da para mucho. Más aún tratándose del norte, la zona más devastada y castigada por la invasión israelí y en la que quedan cerca de 300.000 gazatíes, de un total de 2,3 millones. Ignoraron las órdenes del ejército israelí al principio de la guerra de dirigirse al sur y se sienten ahora reivindicados, ya que el paso del tiempo ha mostrado que ningún lugar es seguro en Gaza.

Ayyad se resigna a continuar por mensajes de audio a través de WhatsApp, que interrumpe en ocasiones para que se escuche de fondo el sonido de un bombardeo cercano. Su sueño era tan sencillo como universal: disfrutar de la casa familiar que tardó siete años en tener. “Habíamos acabado de amueblarla 15 días antes de que empezase la guerra”, lamenta. Como tantas otras, está hoy destrozada por unos bombardeos que ―como admitió el propio portavoz militar israelí, Daniel Hagari, al principio de la guerra― primaban el “daño” sobre la “precisión”. “Estaba sentando las bases para garantizar que mi preciosa hija tuviera una vida respetable, pero la guerra lo destruyó. Toda mi vida ha quedado destrozada”, lamenta.

Su sueño ahora es otro, y lo repite a cada momento: irse de Gaza. Es lo que pudieron hacer en las primeras semanas de guerra aquellos con nacionalidad de algún país occidental. O con ahorros suficientes para pagar el dineral que cuesta. La conversación deriva enseguida en petición de dinero. Ayyad cuenta que su mujer es egipcia y que solo piensa en salir e instalarse allí con la familia de ella. “Llevamos siete meses aquí de problemas con la electricidad, con la comida, con la bebida… He perdido muchos amigos, tanto cristianos como musulmanes. La verdad ―admite― es que ahora solo tengo un sueño: irme”.

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Ni el primer ministro irlandés, Simon Harris, ni su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, han comparecido públicamente para referirse a una decisión que tampoco está abriendo las portadas de los principales periódicos de esos dos países. Harris sí ha hecho unas declaraciones a la prensa, en las que ha calificado el paso de “histórico”, antes de entrar en el Consejo de Ministros que ha hecho oficial la decisión. A su término, el Gobierno irlandés ha divulgado un comunicado de prensa.

Noruega también ha difundido un documento análogo en el que el ministro de Exteriores del país, Espen Barth Eide, define el reconocimiento del nuevo Estado como “memorable para la relación entre Noruega y Palestina”, informa Efe. Antes, el pasado domingo, el jefe de la diplomacia noruega entregó una nota verbal al primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafá, en la que le anunciaba que la decisión entraría en vigor este martes, sin más formalismos. Cuando los tres países anunciaron la semana pasada que reconocerían este martes al nuevo Estado, el primer ministro noruego compareció junto al ministro de Exteriores en una sobria sala de prensa.

El país nórdico, que no forma parte de la Unión Europea, parece haber dado por zanjada esta cuestión con esa comunicación de perfil relativamente bajo y con la comparecencia conjunta del jefe de su diplomacia con sus homólogos español, José Manuel Albares, e irlandés, Micheál Martin, este lunes. De forma significativa, ese acto tuvo lugar en la sede de la representación permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas, otro detalle que apunta a que el Gobierno español aspira a un cierto protagonismo en una decisión a tres bandas que se cree se coordinó, al menos en parte, durante la gira que Pedro Sánchez hizo en Europa en abril para tratar de convencer a un máximo de Estados europeos de que reconocieran conjuntamente al Estado palestino.

Este anuncio revestido de solemnidad tiene además cierta lógica con la tradicional política española hacia el mundo árabe. España, “por su historia y por el tipo de acercamiento que ha tenido la cuestión palestina y, de forma más amplia, al Mediterráneo y al mundo árabe” ha hecho una “lectura no radicalmente distinta [del resto de Europa] sobre esta cuestión, pero sí un poquito diferente, y es consciente de que tiene una historia de relaciones particulares con el mundo árabe”, recalcaba por teléfono en una entrevista reciente con este diario el experto en Oriente Próximo Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense.

Como sostiene este especialista, España no es un país cualquiera para los árabes, por su historia y por el rico legado musulmán que atesora. Fue el último Estado de los que entonces formaban las Comunidades Europeas, el antecedente de la Unión Europea, en establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel. Lo hizo en 1986, el mismo año de su ingreso en el club comunitario. Ello no quiere decir que la cuestión palestina haya sido “una prioridad; ni mucho menos”, asegura Barreñada. Sí ha representado “una fuente de cierto prestigio para España en los países árabes, a pesar de lo poco que se ha hecho en realidad. España, por así decirlo, se complacía de ser percibida como “más comprensiva, más abierta” en relación con las posturas palestinas.

Política de gestos

Esas políticas de España hacia el problema palestino se han traducido más en “gestos” que en acciones significativas, asegura el profesor de la Universidad Complutense. El reconocimiento de Palestina como Estado es, de momento, eso, un gesto. Sin embargo, tiene potencial de nivelar algo el desequilibrio de fuerzas entre Israel y los palestinos, si va acompañado de medidas con más contenido, como la denuncia y el no reconocimiento de la ocupación israelí en el territorio del futuro Estado, señalan este y otros expertos.

De momento, la decisión de España, Noruega e Irlanda ha sido recibida con cierta euforia en los países árabes y por un sector de la población palestina, un efecto del que el Gobierno seguramente es consciente y que probablemente busca magnificar con la comparecencia de Pedro Sánchez en español y en inglés. Por el contrario, Irlanda y Noruega no tienen vínculos históricos significativos con el mundo árabe. En el caso del primero de esos Estados, sí existe una conexión sentimental con el pueblo palestino por compartir con él un pasado colonial.

A esa herida colonial compartida aludió el pasado miércoles el primer ministro irlandés, Simon Harris, al anunciar, con España y Noruega, que su país se sumaba a la iniciativa sobre Palestina. Desde Ramala (Cisjordania), la analista y exportavoz de la Autoridad Palestina Nour Odeh, resaltaba entonces en una entrevista telefónica con este diario cómo “la coordinación” de los tres países, no solo en cuanto al día elegido para el anuncio, sino también respecto al distinto contenido del discurso de sus respectivos líderes, que define como “complementarios”, lo que, en su opinión no puede ser casual.

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¿A qué se refiere Sánchez al aludir a “un Estado en las fronteras de 1967”?

En 1947, un año antes de la creación de Israel, la Asamblea General de la ONU adoptó un plan no vinculante de partición en dos Estados del mandato británico de Palestina. El plan establecía que al 70% de población palestina se le concedería el 45% de la tierra, mientras que al 30% de población judía, entonces en su mayoría inmigrantes de Europa central y oriental, se le otorgaba el 55%. Este reparto fue rechazado por los países árabes. La proclamación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, desencadenó luego la primera guerra árabe-israelí. En 1949, Israel venció y se apoderó del 77% de la Palestina histórica. En el armisticio firmado ese año se establecieron unas fronteras de hecho entre las zonas ya bajo control israelí y lo que quedaba del territorio del mandato británico: la franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, que representan el 22% de la Palestina histórica. En 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Israel se apoderó también de esas tres áreas. De ahí la alusión a las fronteras del 4 de junio de 1967, cuando estalló ese conflicto bélico, o simplemente “las fronteras de 1967”.

¿Por qué el Gobierno insiste en que ese Estado tiene que ser “viable”?

Esa coletilla alude de forma implícita a que ahora ese Estado palestino es inviable, fundamentalmente a causa de la ocupación israelí. En los Acuerdos de Oslo, entre 1993 y 1995, de los que se esperaba que dieran paso a un Estado palestino, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) negoció establecerlo en esas fronteras anteriores a 1967. Israel aceptó que se creara una administración autónoma provisional en Gaza y Cisjordania, gestionada por una Autoridad Nacional Palestina (ANP), por un periodo transitorio de cinco años. La ANP aún mantiene en Cisjordania un Gobierno con escasas prerrogativas bajo ocupación israelí. Aquellos acuerdos también dividieron los territorios de Gaza y Cisjordania en tres zonas, A, B y C. La ANP solo accedió a un control muy limitado de dos de las tres zonas, la A y la B. El resto, el 60% de su superficie, la zona C, sigue estando bajo total control israelí, pese a que los pactos de Oslo preveían su entrega a la Administración palestina. Gaza se consideró entonces zona A, pero en 2007 Hamás se hizo con el control de la Franja tras ganar las elecciones y expulsar a la Autoridad Palestina.

¿Cuáles son los obstáculos para esa viabilidad?

Incluso antes de la guerra en Gaza se consideraba que dos de los obstáculos principales para la viabilidad del Estado de Palestina eran la falta de continuidad territorial y la constante apropiación de tierras palestinas por parte de Israel. Gaza y Cisjordania no son contiguas —de ahí que Sánchez haya aludido a un “corredor” entre ambas— e Israel ha construido un muro que separa Jerusalén Este de Cisjordania. Además, el mapa de esta última se asemeja ahora a un queso gruyère por los asentamientos de colonos israelíes, que sirven a Israel como punta de lanza para apropiarse de más tierras y recursos palestinos, construir infraestructuras y expulsar a la población autóctona. En cuanto a Jerusalén, Israel se anexionó toda la ciudad en 1980 y la proclamó “su capital única e indivisible”.

¿Cuántos colonos israelíes viven en tierras palestinas?

En la zona C de Cisjordania, la más rica en recursos naturales, sobre todo hídricos, se han instalado 450.000 colonos israelíes en asentamientos ilegales desde 1967. Otros 250.000 viven en la parte palestina de Jerusalén. Desde el inicio de la guerra de Gaza, Israel ha acelerado el expolio de tierras de palestinos, a las que declara “territorio estatal” israelí, lo que facilita la creación o expansión de los asentamientos de colonos. Israel ya se ha anexionado por ese método un 16% de Cisjordania, según la ONG pacifista israelí Paz Ahora. En 2020, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunció un plan, de momento congelado, para anexionarse el 30% de Cisjordania.

La Autoridad Palestina carece de otros de los atributos fundamentales de un Estado, como el monopolio del uso de la fuerza, que sigue en manos de Israel y de su ejército. Las autoridades israelíes controlan las fronteras de facto con los territorios palestinos, su espacio aéreo y marítimo; imponen su moneda, el séquel, y recaudan sus impuestos, unos ingresos que retienen a voluntad como represalia, parcial o totalmente, como sucede desde el inicio de la guerra de Gaza.

¿El reconocimiento de España se apoya en la legalidad internacional?

En su comparecencia de este martes, Pedro Sánchez ha mencionado dos resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 242 de 1967, que insta a Israel a retirarse completamente de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y la 338 de 1973, que llama a la instauración de una paz “justa y duradera” en Oriente Próximo. El Gobierno, ha dicho Sánchez, no reconocerá “cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes”. El presidente no ha mencionado otra resolución clave de la ONU: la 3236 de la Asamblea General, de 1974, que recoge la libre determinación como uno de los derechos “inalienables” del pueblo palestino.

¿Y en la postura tradicional española?

Cuando España estableció relaciones diplomáticas plenas con Israel en 1986, en la carta entregada a las autoridades israelíes por el diplomático Máximo Cajal se establecía: España “reitera su posición de no reconocer los territorios árabes ocupados por Israel en 1967”.

¿Y en la palestina?

El 15 de noviembre de 1988, en una reunión del Consejo Nacional Palestino en Argel, Yaser Arafat (1929-2004) proclamó el Estado de Palestina en los mismos territorios reconocidos ahora por España. Ello implicaba la asunción implícita del derecho a la existencia del Estado de Israel, pero a cambio de una retirada total israelí, la creación del Estado palestino y el retorno de los refugiados censados por la ONU, que ahora son casi seis millones. Ninguna de esas condiciones se ha cumplido aún. La postura oficial de Hamás, el movimiento fundamentalista que gobierna Gaza, es no reconocer a Israel e incluso reclamar su destrucción, pero desde hace varios años algunos de sus líderes han declarado que aceptarían un Estado palestino en las fronteras anteriores de 1967. En 2017, un documento de la organización lo ponía por escrito; eso sí, sin reconocer el derecho de Israel a existir en ningún lugar de la Palestina histórica.

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La abrupta desaparición del presidente no parece capaz de amenazar la estabilidad del régimen, pero sí trastoca los planes para la sucesión de su máximo líder. El régimen iraní ha dado muestras en los últimos años de buscar a toda costa el mantenimiento de un férreo statu quo, por ejemplo al marginar de las instituciones a los reformistas. Esos candidatos, más moderados que ultraconservadores como Raisí, han visto cómo se les impedía masivamente concurrir a las elecciones desde las legislativas de 2020. Ese giro ultraconservador quedó sellado con la elección del fallecido presidente en 2021, con los votos de solo un tercio del electorado, y después de que el organismo oficial encargado de validar a los aspirantes, el Consejo de Guardianes, vetara de nuevo como candidatos, no solo a estos moderados, sino incluso a otros conservadores que pudieran hacerle sombra a Raisí.

Con el Parlamento ya para entonces en manos de los “principalistas” —la tendencia conservadora que encarnaba Raisí— las autoridades demostraron su propósito de eliminar cualquier veleidad de cambio, por limitado que fuera, antes y, sobre todo, después de la muerte del líder supremo. La represión de las manifestaciones desatadas por la muerte bajo custodia policial de Yina Mahsa Amini —una joven detenida en Teherán por llevar mal colocado el velo— demostró de nuevo en 2022 y 2023 la voluntad de acallar las voces que piden un cambio.

La muerte de Raisí ha obligado al régimen a modificar unos pasos ya previstos, que refuerzan la hipótesis de que el desaparecido era uno de los candidatos en liza para convertirse en el próximo líder supremo. Por ejemplo, en la Asamblea de Expertos, para cuya presidencia Raisí era el favorito.

El 21 de mayo, al día siguiente de que se confirmara el deceso del presidente y de los integrantes de su séquito, esa apuesta por la continuidad quedó clara con la elección del clérigo Mohammad Ali Movahedi Kermani, de 93 años, como presidente de la Asamblea de Expertos. En un país en el que, en 2021, un 23% de la población no había cumplido 15 años, según el Banco Mundial, y donde las protestas de 2022 estuvieron protagonizadas por jóvenes y mujeres, varios miembros de edad provecta de la Asamblea de Expertos acudieron a la sesión inaugural del nuevo mandato del organismo acompañados de cuidadores. Como Raisí, Kermani es un fiel a Jameneí que en el pasado estuvo vinculado a la Guardia Revolucionaria.

Una gerontocracia en un país joven

Este clérigo que tendrá voz y voto en la elección del nuevo líder supremo ha defendido posturas ultraconservadores en esas cuestiones, como la del uso del velo, que en Irán trascienden lo social para entrar de lleno en lo político. Ha llegado a declarar haram (ilícito según el Islam) a la aplicación de mensajería Telegram, la que usan muchos iraníes para comunicarse. Kermani encarna el pasado y el inmovilismo. También el abismo entre, por un lado, el poder de una gerontocracia clerical, que se apoya en una fuerza que muchos iraníes consideran represora, la Guardia Revolucionaria, y, por otro, buena parte de una población joven —sobre todo la femenina— que anhela el cambio. Todo ello en un contexto de “crisis generacional, económica [la inflación lleva años por encima del 40%] e institucional, todo un desafío para el mantenimiento de la arquitectura institucional de la República islámica”, señala el analista hispano-iraní Daniel Bashandeh.

El politólogo experto en Irán Ali Alfoneh, del Instituto de los Estados Árabes del Golfo en Washington, asegura por correo electrónico que la Asamblea de Expertos ha preparado ya “una lista de clérigos, a quienes considera constitucionalmente calificados para el liderazgo”. “Sin embargo, al igual que en la sucesión de 1989 tras el fallecimiento del gran ayatolá Ruhollah Jomeini, fundador de la República Islámica, no podemos esperar que prevalezca el candidato más calificado religiosamente”, explica.

La razón a la que alude Alfoneh es que, en su opinión, en la sucesión de Jameneí, el actor fundamental será la Guardia Revolucionaria, el ejército paralelo que ha adquirido un poder casi omnímodo sobre la economía del país, mientras se aseguraba una buena porción del poder político. Este politólogo sostiene que, al haber perdido su “legitimidad religiosa y popular”, el estamento clerical depende de esa fuerza “para su protección física y su supervivencia”, por lo que los clérigos son “rehenes de esa guardia pretoriana”. En las protestas desatadas por la muerte de Amini, la Guardia Revolucionaria y su milicia asociada, los Basij, fueron los grandes protagonistas de la represión.

Nombres

En este contexto, las quinielas de posibles sucesores del ayatolá Jameneí “son especulaciones”, afirma Daniel Bashandeh. Precisamente, recalca este analista, uno de los nombres que más suenan, el de Mojtaba Jameneí, hijo del actual líder, es “improbable”, dado que esa sucesión “hereditaria” iría contra “los fundamentos de la República Islámica”, y sería una apuesta “arriesgada” que restaría aún más legitimidad al régimen. Otro de esos posibles candidatos es también un descendiente del otro líder supremo iraní. Se trata de Hassan Jomeini, nieto del ayatolá Jomeini, una elección que trataría de dotar de legitimidad religiosa e histórica al nuevo liderazgo por el aura que aún rodea al fundador del actual sistema político iraní en un sector de la población del país.

De momento, asegura Bashandeh, Teherán se está limitando a tratar de mostrar “estabilidad y continuidad” después del fallecimiento de Raisí. Tras ese suceso, las autoridades se apresuraron a nombrar como presidente en funciones al vicepresidente Mohammad Mojber y convocaron inmediatamente elecciones presidenciales el próximo 28 de junio. En esos comicios, la única incógnita será de nuevo el voto castigo de la abstención, toda vez que las autoridades probablemente vetarán de nuevo a todos los candidatos que puedan hacer sombra al elegido por el poder.

Pero en Irán “nunca nada está tan claro”, añade por WhatsApp, Luciano Zaccara, profesor del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Este especialista cree que las próximas presidenciales pueden ser precisamente un test de los equilibrios de poder que marcarán probablemente la futura sucesión del líder supremo.

Zaccara ofrece un ejemplo. Uno de los posibles candidatos para las presidenciales es el expresidente del Parlamento iraní Ali Larijaní, un político considerado pragmático —o moderado— al que en 2021 el régimen impidió presentarse a las presidenciales que ganó Raisí. Entonces, recuerda, “el propio líder supremo pidió al Consejo de Guardianes [el organismo que veta o aprueba a los candidatos políticos] que le permitiera concurrir, pero la Guardia Revolucionaria lo vetó”. Si ahora Jameneí apoya a Lariyaní para tratar de mostrar una mayor apertura y recuperar algo de la credibilidad perdida del sistema político iraní y, aun así, ese ejército paralelo lo veta de nuevo, ello querrá decir que “quien tiene la sartén por el mango” es la Guardia Revolucionaria.

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El Gobierno israelí reaccionó el mismo miércoles llamando a consultas a sus embajadores en España, Noruega e Irlanda y convocando a los representes diplomáticos de los tres países en Tel Aviv para darles una “severa reprimenda” y exhibirles una grabación del secuestro de cinco jóvenes mujeres militares por parte de Hamás el pasado el 7 de octubre. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que el reconocimiento de Palestina es “una recompensa al terrorismo” y que “al mal no se le puede dar un Estado”; mientras, el presidente palestino, Mahmud Abbas, llamaba a Pedro Sánchez para agradecerle la decisión.

Lo que preocupa a Netanyahu es que cunda el ejemplo. A “Israel le da un poco igual si España reconoce o no a Palestina, pero si otros países se suman a esta iniciativa, podría abrirse una grieta en el escudo de impunidad del que ese país goza en Europa”, analiza Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense. Por eso, el viernes, el Gobierno israelí tomó una nueva represalia: impedir al Consulado español en Jerusalén (embajada de facto ante el nuevo Estado) que preste servicios a los palestinos. La víspera había amenazado con construir un asentamiento por cada país que dé ese paso. Si en 2014, cuando Suecia reconoció al Estado palestino, nadie le siguió, ahora puede ser muy diferente. Ya son 143 los países que lo han hecho y el martes llegarán a 146, el 75% de los miembros de Naciones Unidas. Y habrá más.

“España estará acompañada. Esperamos no ser los últimos, que nuestro reconocimiento contribuya a que otros países occidentales sigan este camino”, afirmó el presidente Sánchez el pasado miércoles en el Congreso.

A los tres reconocimientos del 28 de mayo se sumará el 13 de junio Eslovenia, una vez haya completado su procedimiento interno. Fuentes conocedoras de las conversaciones que ha mantenido Sánchez en los últimos meses esperan que le siga Malta, que el 22 de marzo, en los márgenes del Consejo Europeo, suscribió una declaración en la que se mostraba dispuesta a dar ese paso, junto a España, Eslovenia e Irlanda.

Los siguientes en la lista, según las mismas fuentes, podrían ser Luxemburgo y Bélgica, cuyo primer ministro, Alexander de Croo, acompañó al presidente español en su visita a Israel y Palestina, en noviembre pasado, pero luego se bajó de la iniciativa ante la inminencia de las elecciones generales en su país, que coinciden con las europeas.

También se descolgó Portugal, después de que el primer ministro socialista António Costa fuera sustituido por el conservador Luís Montenegro, pero su ministro de Exteriores, Paulo Rangel, aseguró el 14 de mayo en Madrid que su país apoya el reconocimiento, aunque prefiere esperar al momento oportuno, para sumar a otros países europeos aún reticentes. Grecia y Francia podrían completar una lista que superaría la mitad de los Veintisiete socios de la Unión, contando a los seis que reconocieron Palestina cuando formaban parte del Pacto de Varsovia y los dos que lo hicieron tras ingresar en el club comunitario, Chipre y Suecia.

La expectativa de ese reconocimiento con efecto dominó es precisamente lo que “alimenta la esperanza” de los palestinos, subraya por teléfono desde Ramala la analista Nour Odeh, exportavoz de la Autoridad Palestina. El paso dado por España, Noruega e Irlanda “rompe un tabú en Europa y viene a decirle a la Unión Europea que sus políticas sobre Palestina han sido erróneas; que lo que se ha hecho en los últimos 30 años [desde los acuerdos de paz de Oslo] equivale a garantizar que, hiciera lo que hiciera Israel, no tendría consecuencias”.

Condiciones y requisitos

Fuentes diplomáticas señalan que el mejor termómetro para medir la posición de cada país es la votación de la resolución aprobada el pasado día 10 por la Asamblea General de la ONU que, además de ampliar las prerrogativas y derechos de la representación palestina, aseguraba, en su primer punto, que “el Estado de Palestina cumple las condiciones y requisitos para ser miembro de Naciones Unidas”, por lo que pedía al Consejo de Seguridad que reconsiderara su negativa a admitirlo.

La resolución fue aprobada con 142 votos a favor, nueve en contra y 25 abstenciones. Significativamente, los dos miembros de la UE que votaron en contra (República Checa y Hungría) ya reconocieron el Estado palestino cuando estaban en la órbita soviética. Entre los que se abstuvieron, figuran los más remisos a dar este paso, como Alemania, Austria, Países Bajos o Italia. Por el contrario, entre los 14 socios de la UE que votaron a favor había 11 que aún no han reconocido a Palestina. Además de los dos que lo harán el martes –—Noruega no forma parte de la Unión—, Portugal, Francia, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Luxemburgo, Grecia, Malta y Eslovenia. Fuentes diplomáticas alegan que, por coherencia con lo que han votado, deberían reconocer al Estado palestino “más pronto que tarde”. Naciones Unidas ha reconocido la legitimidad de un posible Estado palestino en sucesivas resoluciones, especialmente la 3236 de 1974 de la Asamblea General, que definía como un “derecho inalienable” la “libre determinación” de ese pueblo. Reconocimientos como el de España “no son un regalo, sino la consagración de un derecho”, puntualiza la analista Nour Odeh.

Francia es un caso especial, pues también votó en el Consejo de Seguridad, que es el órgano decisorio de Naciones Unidas, en favor del ingreso, aunque Estados Unidos impuso su veto. Tras el anuncio que los tres países europeos hicieron el miércoles, el ministro de Exteriores francés, Stéphane Séjourné, declaró que el reconocimiento del Estado palestino “no es tabú” para su país, aunque no considera llegado el momento de hacerlo. Con la mayor comunidad judía de Europa y casi siete millones de musulmanes, el conflicto árabe-palestino polariza a la sociedad francesa, donde se han multiplicado los incidentes antisemitas.

Fuera de la UE, tres países tradicionalmente alineados con Estados Unidos —Reino Unido, Canadá y Australia­— han abierto la puerta en las últimas semanas a que el reconocimiento de Palestina no tenga que esperar al final del proceso de paz, sino que pueda anticiparse. Aunque aún están lejos de dar ese paso, fuentes diplomáticas subrayan que algo empieza a moverse incluso en el núcleo de aliados incondicionales de Israel. La dimensión que ha alcanzado la tragedia de Gaza y la crítica de los países del llamado Sur Global, que acusan a los occidentales de aplicar un doble rasero en Oriente Próximo y Ucrania, empiezan a hacer mella en las cancillerías, según reconocen fuentes diplomáticas españolas.

Frente a quienes ven un tufo electoralista en la decisión española, las mismas fuentes alegan que la fecha prevista del reconocimiento era el pasado día 21, para que no coincidiera con la campaña electoral, y se aplazó para coordinarse con otros países, como Noruega, donde no hay elecciones europeas. El Gobierno sostiene, además, que la medida no va en contra de Israel y asegura que, en su campaña internacional por esta iniciativa, Sánchez también ha defendido el reconocimiento del Estado de Israel por parte de los más de 25 países que aún no lo han hecho. Se trata, finalmente, de un asunto políticamente transversal: los primeros ministros de España y Noruega son socialistas, pero su homólogo irlandés es de conservador.

“Necesario pero insuficiente”

Los palestinos han acogido el anuncio de España entre la “esperanza” que describe la exportavoz de la Autoridad Palestina, el escepticismo o incluso el temor de que ese paso sirva de pretexto para no oponerse con medidas concretas “al genocidio en Gaza y al apartheid al que Israel somete a la población palestina”, asegura Taher Ali. Este palestino, activista de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), considera que la “naturaleza colonial y expansionista de Israel” es incompatible con un nuevo Estado que ni siquiera tendría “continuidad territorial” por los asentamientos israelíes y la anexión de tierras en Cisjordania y Jerusalén Este. Esta decisión, añade, “obvia que Israel es un Estado que ni siquiera se fija fronteras”.

En su discurso en el Congreso, Sánchez no precisó qué implicará la asunción de la estatalidad de Palestina, cuando es precisamente en esos detalles donde radica la diferencia entre “un mero acto simbólico y otro que contribuya a resquebrajar la realidad impuesta por Israel sobre el terreno”, apunta el profesor Barreñada. Un Estado palestino requiere de “condiciones mínimas” por las que España debería presionar y que deberían acompañar a ese reconocimiento que describe como “necesario pero insuficiente”. Entre ellas, el “fin de la ocupación y del apartheid de los palestinos en Israel”, así como “una solución justa para los [casi seis] millones de refugiados palestinos que tienen derecho al retorno [al actual Israel]”.

A la incógnita sobre los detalles concretos del reconocimiento se suma otro motivo de inquietud, añade Itxaso Domínguez de Olazábal, profesora de Geopolítica de Oriente Próximo en la Universidad Carlos III de Madrid. Se trata de la “legitimación”, durante el anuncio parlamentario de Sánchez, “de una Autoridad Palestina corrupta, que reprime a su propio pueblo y colabora con Israel”.

Esta experta cree que la decisión española deja demasiadas cuestiones en el aire: “¿Qué posibilidades reales hay de crear un Estado? ¿Qué soberanía real tiene la Autoridad Palestina? y, sobre todo, ¿qué va a pasar con Gaza, cómo entra eso en la ecuación de este nuevo Estado?

Esos y otros interrogantes, como el relativo al derecho al retorno de los casi seis millones de refugiados palestinos, retrotraen a esta profesora a los fallidos acuerdos de Oslo, hace más de 30 años, de los que se supuso que culminarían en un Estado palestino. Entonces, la negociación de todas las cuestiones “centrales para la causa palestina se pospuso para más adelante” sin que llegara nunca a hacerse realidad. Por esa y otras razones, Domínguez de Olazábal cree que ese Estado palestino, en las actuales condiciones y “en el contexto de un genocidio en Gaza” es “utópico”. Además, el derecho de autodeterminación de los palestinos “puede culminar en un Estado o no. O en un estado binacional”.

Hay “alternativas”, dice esta especialista. Frente a un reconocimiento “inútil” y lo que define como “solución muerta” de los dos Estados, “se impone romper las relaciones con Israel, sobre todo la compraventa de armas, sumarse a la demanda por genocidio de Sudáfrica y seguir presionando a la UE para que suspenda el acuerdo de asociación con Israel”. En su opinión, solo así se combatirá “la impunidad de la que goza desde hace décadas” ese país.

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La pérdida del presidente en un accidente que arroja dudas sobre los protocolos de seguridad de la República Islámica de Irán —el helicóptero había sido adquirido en la década de 1970, según la agencia Efe— ha abierto un periodo de incertidumbre, en un contexto de apoyo menguante al régimen por parte de un amplio sector de la población y en plena confrontación con Israel por la guerra de Gaza. Las autoridades iraníes parecen tener prisa en volver a la normalidad institucional lo antes posible, acelerando los plazos para designar a un nuevo presidente. La avanzada edad del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, que el 19 de abril cumplió 85 años, impone también una elección sin demora de quien ocupará la segunda magistratura política del país, solo por detrás del propio Jameneí.

El lunes, cuando apenas habían pasado unas horas de la confirmación de que ninguno de los ocupantes del helicóptero había sobrevivido, el líder supremo dio su visto bueno para que se iniciara el procedimiento que prevé la Constitución iraní para estos casos: el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Mojber, asumió la presidencia en funciones. Casi inmediatamente, el nuevo jefe interino del Ejecutivo constituyó un consejo integrado por él mismo, junto con el presidente del Parlamento y el jefe del Poder Judicial, que se reunió el lunes por la mañana con otros altos responsables para preparar los comicios.

El calendario electoral anunciado por la agencia Tasnim dará comienzo el 30 de mayo, poco después del final de los cinco días de duelo oficial por el fallecimiento de Raisí y sus acompañantes, anunciados este lunes por Jameneí. Ese día y hasta el 3 de junio, tendrá lugar la inscripción de los candidatos, mientras que la campaña electoral discurrirá entre el 12 y el 27 de junio. La agencia semioficial iraní no precisa en qué fechas se producirá el examen de las candidaturas —necesariamente entre esos dos periodos citados—por parte del Consejo de Guardianes, la institución encargada de vetar a los aspirantes que no se consideran suficientemente leales a la República Islámica. Ese organismo está formado por 12 miembros, la mitad nombrados directamente por Jameneí, mientras que sus otros seis integrantes son elegidos, previa aprobación del Parlamento, por otro cargo designado también por el líder supremo: el jefe del poder judicial.

Elecciones sin democracia

En Irán, las elecciones no son sinónimo de democracia, sino un mecanismo de competición y reparto de poder entre élites y facciones, todas partidarias, en mayor o menor grado, del régimen. Desde la llegada de Raisí a la presidencia, en 2021, con los votos de solo un tercio del electorado, ese poder está casi completamente en manos de los llamados principalistas, los ultraconservadores que se oponen a cualquier reforma y defienden una obediencia ciega al líder supremo. En los comicios de marzo, solo 30 moderados o reformistas —partidarios de una apertura controlada del régimen islámico— fueron autorizados a concurrir a las urnas tras pasar la criba del Consejo de Guardianes.

En las próximas presidenciales, se espera que este consejo vete de nuevo a todos los aspirantes reformistas e incluso a los conservadores que puedan hacer sombra al elegido por el régimen como su candidato a presidente. Una de las cuestiones del proceso electoral es, según indica Rouzbeh Parsi, jefe del programa de Oriente Medio y Norte de África del centro de análisis Instituto Sueco de Asuntos Internacionales, “qué candidatos reformistas intentarán presentarse” y cómo de radical será el Consejo de Guardianes “en sus vetos”, recalca por WhatsApp.

En este contexto, el único desafío de las próximas elecciones será el de evitar un récord de abstención que supere al registrado el pasado 1 de marzo en los últimos comicios legislativos, cuando solo el 41% de un electorado de 61 millones de personas depositó su voto. De ellos, según datos oficiales, el 5% fueron declarados nulos. Si un número aún mayor de iraníes dan la espalda a las urnas, eso podría minar aún más la legitimidad del sucesor de Raisí y, con ella, la de todo el sistema político iraní.

En el país persa, la abstención se asimila a un voto de castigo, una de las pocas formas de rechazo que la ciudadanía puede expresar en un sistema político y económico cuyos resortes están casi totalmente controlados por el estamento clerical y por poderes fácticos como la Guardia Revolucionaria. La baja afluencia a las urnas se interpreta como un reproche contra el régimen, sobre todo porque, tradicionalmente, las autoridades del país han esgrimido la antaño alta participación electoral, en ocasiones superior al 70% del electorado, como demostración de respaldo popular.

Ese reto de evitar una altísima abstención se impone, si cabe aún más, tras el golpe que supone el abrupto fallecimiento del jefe del Ejecutivo. La razón es la necesidad de eludir una imagen de fragilidad de las instituciones. Raisí no solo era el presidente del país, sino uno de los nombres que sonaba para suceder a Jameneí, cuyo reemplazo tras su muerte —el acontecimiento que verdaderamente puede marcar el futuro de Irán o provocar un vacío de poder—, está ahora algo más en el aire.

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میکس و آهنگ عالی به مناسبت سقط شدن رئیسی جلاد #IranIsHappy#RaisiHelicópter#هلیکتلت pic.twitter.com/lvtXA6sHfc

— YoungSheldon (@young_sheldon1) May 20, 2024

Con ese trasfondo de evidente rechazo a figuras como la del fallecido presidente por parte de un sector de una población que además está empobrecida —el último dato oficial de inflación fue del 56%— y en plena confrontación con Israel, exacerbada por la guerra de Gaza, que culminó el 13 de abril cuando Irán lanzó un ataque inédito contra territorio israelí, la muerte de Raisí aboca al régimen a celebrar elecciones para elegir a un nuevo presidente cuando en las últimas citas electorales se han batido récords de abstención. Así lo prevé la Constitución del país en caso de fallecimiento del jefe del poder Ejecutivo. En los comicios legislativos del pasado 1 de marzo, solo el 41% de los 61 millones de votantes potenciales depositó su voto.

En Irán, las elecciones no son sinónimo de democracia, sino un mecanismo de competición y reparto de poder entre élites y facciones, todas partidarias, en mayor o menor grado, de la República Islámica. Desde la llegada de Raisí a la presidencia, en 2021, con los votos de solo un tercio del electorado, ese poder está casi completamente en manos de los llamados “principalistas”, los ultraconservadores que se oponen a cualquier reforma y defienden una obediencia ciega al líder supremo.

El único desafío en las últimas citas electorales en Irán ha sido evitar una alta abstención, toda vez que los resultados se conocen de antemano en razón del veto de las autoridades a todos los aspirantes que no se consideran lo bastante leales. En los comicios de marzo, solo 30 moderados o reformistas —partidarios de una mayor apertura del régimen islámico— fueron autorizados a concurrir a las urnas tras pasar la criba previa del Consejo de Guardianes, mientras que la inmensa mayoría de esos aspirantes fueron descalificados. El Consejo de Guardianes es una institución integrada por 12 miembros, la mitad nombrados directamente por el ayatolá Jameneí, mientras que sus otros seis integrantes son elegidos, previa aprobación del Parlamento, por otro cargo designado directamente también por el líder supremo: el jefe del poder judicial.

Esa institución será también la que decida quién puede ser candidato y quién no en las próximas presidenciales.

En ese sistema sin democracia, la abstención es una de las escasas formas que los ciudadanos tienen de mostrar su rechazo a sus dirigentes, además de las manifestaciones callejeras o la crítica en las redes sociales. De ahí que la baja afluencia a las urnas se interprete como un reproche que deslegitima al sistema político iraní. Sobre todo, porque la República Islámica de Irán tradicionalmente había esgrimido en el pasado la alta participación electoral, en ocasiones superior al 70% del electorado, como demostración de respaldo popular.

El reto de evitar que una cifra de participación aún peor que ese 41% de las legislativas mine la credibilidad del régimen y del futuro sucesor de Raisí es todavía más acuciante tras el golpe que supone el abrupto fallecimiento del jefe del Ejecutivo. La razón es la necesidad de eludir una imagen de fragilidad de las instituciones. Raisí no solo era el presidente del país, sino uno de los nombres que sonaba para suceder a Jameneí, que en abril cumplió 85 años, y cuyo reemplazo tras su muerte —el acontecimiento que verdaderamente puede marcar el futuro de Irán o provocar un vacío de poder—, está ahora algo más en el aire mientras esa encrucijada se aproxima de forma inexorable.

“Nunca sabremos hasta qué punto era probable que Raisí sucediera a Jameneí, pero si de verdad se le estaba preparando para ser un serio aspirante, entonces esa inversión [del régimen] se ha evaporado”, recalca en varios mensajes por WhatsApp Rouzbeh Parsi, jefe del programa de Oriente Medio y Norte de África del centro de análisis Instituto Sueco de Asuntos Internacionales.

Desde Teherán, la periodista Fereshteh Sadeghi asegura, por el contrario, que las muertes del presidente y de su séquito no “tendrán consecuencias” de peso. “La política iraní no depende de personas determinadas”, asegura, para descartar a continuación “la utilidad de discutir sobre la sucesión del líder supremo”. El presidente fallecido “era un candidato” a suceder a Jameneí, pero “nadie sabía si iba a ser su sucesor”, zanja.

Aniversario de las protestas

La reelección de Raisí, en las presidenciales que debían haberse celebrado en el verano de 2025, se daba además por segura. Con su desaparición, esa certeza de continuidad de un leal ultraconservador en el segundo cargo político de la República Islámica se ha esfumado también. Las próximas elecciones para elegir al sucesor del malogrado presidente, cuya fecha se desconoce, pero que deberían tener lugar en un plazo de 50 días, se celebrarán ya iniciado el verano, poco antes del segundo aniversario de la muerte de Amini, el 16 de septiembre de 2022.

La proximidad de ese aniversario es otro elemento de incertidumbre. Cuando, en 2023, se cumplió un año de la muerte de la joven kurda, las fuerzas de seguridad iraníes reprimieron todo conato de manifestación o conmemoración, ante el temor de que esa efeméride reviviera las protestas, una situación que podría adelantarse este año debido a la convocatoria electoral. Los tuits que, desde este domingo, recuerdan de nuevo a la joven kurda para celebrar la muerte de Raisí, demuestran que muchos iraníes no olvidan el icono de resistencia en el que se ha convertido Yina Mahsa Amini.

A pesar de ello, “el régimen iraní no está en un punto de inflexión. Es estable”, asegura Rouzbeh Parsi. “La gran pregunta ahora [de cara a las nuevas elecciones] es si los conservadores pueden unirse en torno a un único candidato a presidente o volver a discutir entre ellos, toda vez que normalmente solo están de acuerdo en marginar a los reformistas y silenciar a la oposición de la sociedad”, recalca este especialista.

Mientras, el Gobierno de Irán se apresuró este lunes a manifestar que el fallecimiento de Raisí “no supondrá la menor perturbación en la administración” de la nación. Desde Londres, en una conversación por WhatsApp, la abogada iraní de derechos humanos Shadi Sadr recuerda que, pese a los intentos de las autoridades iraníes de mostrar normalidad y continuidad, la muerte del presidente ha hecho aflorar de nuevo públicamente el descontento de la población.

“Muchos iraníes han expresado alegría y felicidad ante la noticia de la muerte de Raisí de diversas maneras, incluidos fuegos artificiales en algunas ciudades como Saqqez, la localidad natal de Yina Mahsa Amini, y bocinazos incesantes en calles y carreteras. Estas reacciones se deben en gran medida al historial de abusos de derechos humanos de Raisí y su participación en la masacre de miles de presos políticos de 1988″, explica esta abogada. Ella misma fue condenada en 2010 en ausencia en Irán a seis años de cárcel y a 74 latigazos por defender a mujeres iraníes que habían sido sentenciadas a la lapidación u otros castigos corporales que el Derecho Internacional considera torturas.

“Un kurdo de Saqqez aseguraba este lunes: ‘Su día de luto es nuestro día de celebración”, resume esta abogada iraní desde su exilio.

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El tributo a la figura de esta jueza que demostró —primero como abogada y después como magistrada— que la desigualdad de género era inconstitucional, reunió a juristas de más de 40 países, entre ellos los presidentes de los principales tribunales internacionales, presidentes de tribunales supremos y constitucionales, juristas y profesores de Derecho. También asistieron el ministro español de Justicia, Juan Carlos Campo, y el colombiano, Wilson Ruiz Orejuela.

Felipe VI elogió la trayectoria de la magistrada estadounidense. “Es muy acertado este homenaje internacional a una mujer ejemplar cuyo fallecimiento ha provocado tristeza en todos los que sentimos como propios los valores que con tanta tenacidad y brillantez defendió”, señaló. El jefe del Estado tomó como ejemplo la labor de la jueza para defender los valores democráticos en el mundo. “El Estado social y democrático de derecho es la forma política más adecuada que la civilización ha conseguido frente al autoritarismo, la arbitrariedad, para organizar la convivencia entre los ciudadanos y los países”, enfatizó.

El punto álgido del homenaje fue la entrega que hizo Felipe VI de un galardón creado en memoria de la jueza por la Asociación Mundial de Juristas: la Medalla de Honor Ruth Bader Ginsburg, concedida por un jurado presidido por la hija de la magistrada, la también jurista y catedrática de Derecho de la Universidad de Columbia Jean C. Ginsburg. En esta primera edición, el premio ha recaído en ocho juristas defensoras de la igualdad, la no discriminación y el refuerzo del Estado de derecho.

Las galardonadas son la jurista peruana y vicepresidenta de la Corte Penal Internacional Luz Ibáñez Carranza, la jueza española Rosario Silva de Lapuerta, vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz; la jurista australiana y alta comisionada auxiliar de las Naciones Unidas para los Refugiados Gillian Triggs; la jueza surcoreana Young Hye Kim; la primera mujer no blanca miembro del Tribunal Supremo de Sudáfrica, Navi Pillay; la magistrada del Tribunal Supremo de la India, Sujata Manohar y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

“Este premio es una forma eficaz de promover el legado de una gigante”, expresó Lagarde, portavoz de las ocho mujeres premiadas, que alabó también el papel de la magistrada Ginsburg como un “agente de cambio”. La jueza “inspiró y guio a muchos de nosotros y seguirá inspirando a muchos hombres y mujeres más”, aseguró.

Muchas otras voces de juristas, de sus antiguos colaboradores o de colegas de la jueza glosaron la figura de una mujer descrita como bondadosa, con gran sentido del humor, como una “roca de rectitud”, según la definió por videoconferencia uno de sus colegas en el Tribunal Supremo, el juez Stephen Breyer.

Elogios de colegas

La catedrática de Derecho Jean C. Ginsburg también recibió de manos del Rey un premio especial por haber presidido el jurado. Ginsburg contó cómo su madre tuvo que enfrentarse a la discriminación contra la que tanto luchó. “Cuando mi madre murió, mientras estaba ordenando sus papeles, encontré una carta de un importante bufete de Nueva York, fechada en 1958, en el que declinaban ofrecerle un puesto fijo aludiendo a la mayor productividad de otros abogados”, relató, en lo que, para la también jurista, era una clara alusión a que la entonces abogada era ya madre.

La primera de las jornadas sobre el Estado de derecho de la WJA dedicó también una de sus mesas redondas a un diálogo que mantuvieron los magistrados que presiden los tribunales internacionales de derechos humanos de América, de África y de Europa, así como el presidente del Tribunal Penal Internacional de La Haya y la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estos magistrados coincidieron en resaltar el papel central de los derechos humanos en el Estado de derecho.

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Los sucesos de aquel ya lejano 1988 le valieron a Raisí la reputación de ser un magistrado de patíbulo fácil, lo que en Irán se conoce como un “juez de la horca”. Ese oprobio nunca le abandonó a ojos de muchos iraníes, que veían en él un freno al cambio, a un guardián de la ortodoxia ultraconservadora del régimen islámico iraní, cuyo máximo exponente es el líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí. Esa tendencia, la de los llamados “principalistas”, es la que ahora controla prácticamente todos los resortes del poder en Irán. En ella militan quienes se oponen a cualquier influencia occidental en Irán, abogan por imponer una obediencia ciega al líder supremo y por avanzar hacia una sociedad islámica a ultranza, regida por el principio teocrático del Velayat-e Faqih, o gobierno de los clérigos.

Fiel servidor del régimen

La biografía de este jurista, objeto de burlas por su escasa elocuencia y de quien ni siquiera consta que verdaderamente tuviera estudios superiores en Jurisprudencia, tal y como afirmaba, fue desde su juventud la de un fiel servidor del régimen islámico instaurado en Irán en 1979, cuando Raisí contaba con 18 años. Nacido en Mashad, a unos 850 kilómetros al este de Teherán, hace 63 años, casado y con dos hijos, estudió en el seminario de Qom, una institución religiosa de la que han salido muchos jerarcas de la República Islámica. Su carrera como clérigo se vio impulsada por su condición de sayed, descendiente directo del profeta Mahoma.

En Qom, Raisí recibió clases de varios ideólogos del actual régimen iraní. En 1981, con 20 años, fue nombrado fiscal. No había cumplido aún los 30 cuando participó, como fiscal adjunto de Teherán, en la comisión que mandó a la horca a los miles de opositores, según Amnistía Internacional y numerosos testigos. Su carrera fue después siempre ascendente. Entre 2004 y 2006, ocupó la vicepresidencia del Tribunal Supremo y, entre 2014 y 2016, ejerció como fiscal general.

Su carrera dio un paso más cuando, en 2017, se presentó por primera vez a la presidencia. Fue derrotado por el moderado Hasan Rohaní, pero, desde ese momento, el aparato del poder empezó a preparar su llegada a la segunda magistratura política del país. Mientras, en 2019, Raisí fue nombrado jefe del poder judicial. Por fin, en 2021, el todopoderoso Consejo de Guardianes, un organismo controlado fundamentalmente por el líder supremo, dejó su camino a la presidencia expedito al vetar a 600 precandidatos a las elecciones. Todos los moderados, excepto uno, que terminó también por renunciar, fueron descartados. Al final, solo tres candidatos menores concurrieron a unas presidenciales sin competencia, diseñadas a medida de Raisí.

Su victoria en esas elecciones de junio de 2021 fue la culminación de su carrera, pero ese triunfo mostró los agujeros del régimen. Solo obtuvo los votos de un tercio del electorado. La participación, del 48%, fue la más baja de la historia de la República Islámica, que solía registrar datos de afluencia a las urnas superiores al 70%. Además, casi un 13% de quienes votaron lo hicieron en blanco. Ese pésimo dato en un país en el que se obliga a votar a muchos trabajadores —por ejemplo, los funcionarios— demostró la crisis de legitimidad que arrastraba el régimen, sobre todo porque el nombre de Raisí sonaba ya entonces como favorito para suceder al octogenario líder supremo, Ali Jameneí.

El ayatolá y Raisí, su mano derecha, confirmaron su inmovilismo, su resistencia al cambio anhelado por buena parte de la población, cuando una joven de 22 años, Mahsa Yina Amini, murió bajo custodia policial el 16 de septiembre de 2022, tres días después de ser detenida en Teherán por llevar mal colocado el velo. Su respuesta a las manifestaciones desatadas por la muerte de Amini, fue una represión que para la Misión Independiente de la ONU para Irán incluyó la comisión de crímenes contra la humanidad. En ella, al menos 550 iraníes murieron a manos de paramilitares y fuerzas de seguridad y 60.000 iraníes fueron detenidos por participar de ese clamor popular cuya lema fue y es “Mujer, vida y libertad”. Al menos nueve hombres han sido ahorcados por su vínculo con las manifestaciones, uno de ellos en público. Cuando, tras esas muertes, las protestas se acallaron, el nombre de Raisí ya no sonaba tanto como delfín de Jameneí.

En los fastos por el 44º aniversario de la República Islámica, el 11 de febrero de 2023, Raisí aludió en un discurso a las manifestaciones, que llamó “disturbios”, y se jactó de la “derrota de los enemigos de Irán”. En los meses posteriores, el presidente anunció nuevas medidas para imponer el velo a las miles de iraníes que, desde la muerte de Amini, se lo han quitado como gesto de desobediencia civil. Muchos iraníes no han olvidado que Raisí fue considerado un “juez de la horca”. Bajo su presidencia, los verdugos en Irán trabajaron a un ritmo frenético. En los cinco meses transcurridos de 2024, Irán ha ejecutado al menos a 226 personas, más de una al día, según la ONG en el exilio Iran Human Rights. El régimen iraní es también el mayor ejecutor de mujeres del planeta: 10 en lo que va de año.

Este domingo, tras el anuncio de la desaparición del helicóptero presidencial y la petición de los medios oficiales a los iraníes para que rezaran por Raisí, se difundieron vídeos de personas orando por su vida. Al mismo tiempo, las redes sociales se llenaron “de mofas y memes” de exiliados e incluso de ciudadanos aún dentro del país que celebraban la desaparición del presidente, explica la activista hispanoiraní Ryma Sheermohammadi. En un tuit, dos chicas iraníes exiliadas aparecen brindando con cerveza y sin velo sobre el icono de un helicóptero. Son las hijas de Minoo Majidi, una de las víctimas de la represión del movimiento “Mujer, vida y libertad”.

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Al igual que el Borkum, el Marianne Danica solicitó dos permisos para realizar un tránsito por aguas españolas y una escala en el puerto de Cartagena, pero no este viernes, sino el próximo martes 21 de mayo. El buque, que transporta material explosivo, lleva una carga de 26,8 toneladas. El remitente de la mercancía es la empresa india Siddharta Logistics Co y su destinatario la compañía Israel Cargo Logistics (ICL). Las fuentes consultadas no descartan que las denuncias contra el Borkum respondan a que se haya confundido a un buque con otro.

El grupo parlamentario de Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha presentado este jueves ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en la que solicita el bloqueo del carguero Borkum, y específicamente del “material militar con destino a Israel que se encuentra depositado en sus bodegas o cubierta”, según recoge el escrito al que ha accedido EL PAÍS. Sumar reclama también al ministerio público la adopción de medidas cautelares ejecutivas ante los tribunales de justicia pertinentes, tanto la Audiencia Nacional como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con el objetivo de dar cumplimiento a las órdenes emitidas en enero y marzo por la CIJ que prohíben cualquier actuación que pudiera ser constitutiva de delito de genocidio en Gaza. El Centro Delàs de Estudios por la Paz, con sede en Girona, ha pedido también que se inspeccione el buque para comprobar que su carga y destino coinciden con lo declarado por el transportista.

La parte socialista del Gobierno ha desmentido que las armas que lleva ese barco estén destinadas a Israel, a pesar de lo cual los responsables de Sumar han seguido adelante con su denuncia, que aseguran que está apoyada en informaciones y documentación de la que han sido “conocedores”, y que sostienen que el buque “transporta un cargamento de armas para Israel” cuyo destino final es el puerto israelí de Asdod. Han subrayado que es “una ciudad a tan solo 25 kilómetros de Gaza, donde la comunidad internacional es conocedora de actividades por parte del Estado de Israel calificables como genocidio contra el pueblo palestino”, añade el texto presentado, que abunda: “Según los códigos de identificación de cada container [contenedor] especificados en la documentación [que se adjunta a la denuncia], este barco transporta 20 toneladas de motores de cohetes (código ONU clase 1.3C 186), 12,5 toneladas de cohetes con carga explosiva (código 181), 1.500 kilogramos de sustancias explosivas (código ONU clase 477) y 740 kilogramos de cargas, propulsores para cañón (código ONU clase 242)”.

También Podemos se ha movilizado contra el atraque del barco, que este jueves se encuentra ya frente a las costas de Cartagena. El partido de Ione Belarra ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional, que ha dado parte a la Fiscalía para que se pronuncie. El ministerio público ha respondido este mismo jueves informando en contra de la admisión a trámite de esa denuncia, al considerar que Podemos no aporta “documentación fidedigna” ni “indicios racionales de criminalidad fundamentados”, informa J. J. Gálvez. Está previsto que, durante su escala en Cartagena, el Borkum desembarque parte de su carga, con destino a la Fábrica de Municiones de Granada, propiedad de la firma eslovaca MSM, según fuentes conocedoras de la operación.

Belarra ha adelantado en redes sociales que el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna visitará esta tarde las instalaciones del puerto de Cartagena “para comprobar, de primera mano, la situación del buque Borkum, sospechoso de llevar armas a Israel para el genocidio”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido a Belarra: “Pues irá a perder el tiempo, porque el barco no atraca en Cartagena hasta las 7 AM de mañana. Pero en fin, allá vosotros. Ya hemos proporcionado con total transparencia los datos de la carga del buque y su destino final. Nuestros profesionales de puertos velan por el cumplimiento de la normativa sin necesidad de ningún ejercicio de populismo. Gracias”. La secretaria general de Podemos ha insistido: “La República Checa es uno de los mayores vendedores de armas a Israel. Es evidente que esa es una parada intermedia y que el cargamento llegará a Israel para el genocidio del pueblo palestino”.

Pues irá a perder el tiempo, porque el barco no atraca en Cartagena hasta las 7 am de mañana. Pero en fin, allá vosotros. Ya hemos proporcionado con total transparencia los datos de la carga del buque y su destino final. Nuestros profesionales de puertos velan por el cumplimiento… https://t.co/aU73vBbCUt

— Oscar Puente (@oscar_puente_) May 16, 2024

El Borkum es un buque procedente de la ciudad india de Madrás y porta armas de guerra, según ha podido comprobar EL PAÍS con documentos. Una agrupación de asociaciones propalestinas, la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina, sostiene que el destino de esas armas es Israel y pide al Gobierno español que le impida zarpar hacia ese país cuando haga parada en Cartagena. Pero el Ejecutivo ha respondido que la información es “falsa” y que su destino es en realidad a la República Checa.

El ministro Puente lo acreditó el miércoles mostrando en la red social X la autorización de tránsito de la nave, donde figura como destino final la República Checa. EL PAÍS ha tenido acceso, además, al certificado emitido por el Gobierno checo, en el que se dice que esas armas serán usadas “únicamente para tareas de seguridad de la República Checa”.

Si no ve el siguiente documento, puede descargarlo aquí:

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“Se trata de un barco de propietario y de armador alemán cuyo destino final es la República Checa y con todos los papeles en regla”, ha indicado por su parte el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. El titular del Ministerio de Transportes, Óscar Puente, ha difundido, a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), la autorización de tránsito por España de la nave, donde figura como destino final dicho Estado de la UE: “Algunos andan enredando con un barco (Borkum) que hará escala en Cartagena y que, según ellos, lleva armas a Israel. FALSO. El barco ya tocó suelo español en Las Palmas, donde pasó aduana. Su carga se dirige a República Checa, a donde llegará tras ser descargada en Eslovenia (koper)”, afirma Puente en su tuit.

Algunos andan enredando con un barco(Borkum) que hará escala en Cartagena y que, según ellos, lleva armas a Israel. FALSO. El barco ya tocó suelo español en Las Palmas, donde pasó aduana. Su carga se dirige a República Checa, a donde llegará tras ser descargada en… pic.twitter.com/bm91dUaJ6s

— Oscar Puente (@oscar_puente_) May 15, 2024

En la oferta de contrato de servicios del buque —el documento obtenido por la Campaña Fin del Comercio de Armas con Israel— a la que tuvo acceso este diario, se menciona un destino final diferente del que recoge la autorización para España divulgada por el ministro de Transportes: los puertos israelíes “Ashdod o Haifa, Israel”. El primero está a algo más de 30 kilómetros de Gaza, el territorio palestino en el que han muerto ya más de 35.000 personas en los más de siete meses que dura la guerra, según el Ministerio de Sanidad de la Franja gobernada por Hamás.

El puerto esloveno —Koper— que indica el ministro Puente en su tuit, también se menciona en ese documento filtrado. No en el texto en sí sino en una anotación manuscrita, supuestamente de la persona que lo filtró, que reza “Koper (para Ashdod)”. Grandes navieras, como la danesa Maersk, mantienen rutas marítimas directas entre ese puerto esloveno y el israelí.

La sospecha de que el armamento acabará en manos de Israel tropieza, sin embargo, con el certificado de último destino emitido por el Ministerio de Defensa checo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que se afirma categóricamente que el material importado “se usará únicamente para tareas y de seguridad de la República Checa y que no se podrá destinar a ningún otro propósito sin autorización del Gobierno indio”.

El Borkum, con bandera de Antigua y Barbuda, es propiedad de la compañía alemana Reederei Lauterjung pero está explotado por otra empresa, Sunship Schiffahrtkontor. Ana Sánchez, portavoz de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, explica a EL PAÍS por teléfono desde Cádiz que otro apartado de esa oferta de contrato de servicios del barco vincula la carga con Israel: la cláusula de confidencialidad. Esa cláusula prohíbe a todos los trabajadores implicados en el transporte del barco mencionar “de ninguna manera” en las comunicaciones relativas al flete el nombre de Israel y de una importante empresa de ese país: “IMI System” (Israel Military System), un consorcio de capital público-privado propiedad del mayor fabricante de armas de Israel, Elbit Systems.

El documento de tránsito divulgado por el ministro de Transportes confirma que el buque transporta armamento diverso; incluidos cargadores para armas con carga explosiva y cartuchos de TNT. Su origen es una empresa india de la Puna y el destino es otra compañía con sede en Praga. En los papeles del barco en poder de las asociaciones propalestinas se mencionan los códigos de identificación de las mercancías, que corresponden a diferentes tipo de armas, según un sistema de clasificación de Naciones Unidas que se puede consultar a través de internet. La carga se desglosa en 12,5 toneladas de cohetes con carga explosiva (código UN 0181), 20 toneladas de motores de cohetes (código UN 0186), 1.500 kilos de sustancias explosivas (0477) y 740 kilos de propulsores para cañón (código 0242).

El trayecto del barco desde su puerto indio de origen hasta llegar al de Cartagena es también llamativo: rodeando todo el continente africano. La ruta más corta sería a través del mar Rojo y del Canal de Suez, unas aguas ahora amenazadas por los ataques de los rebeldes hutíes, que han puesto en su punto de mira especialmente a los barcos con conexiones con Israel.

La portavoz de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel asegura que, de confirmarse, como sostienen las asociaciones propalestinas, que este cargamento de armas tiene como destino Israel, España estaría “siendo cómplice del genocidio de Gaza” y violando, no solo ley española de comercio de armas y la normativa comunitaria, sino el Tratado internacional sobre Comercio de Armas. Ese pacto especifica en su artículo 6 que ningún Estado parte, como es España, “autorizará transferencias de armas convencionales” si tiene conocimiento de que “esas armas o elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949″ y otros delitos de guerra.

Explicaciones en el Congreso

La denuncia sobre este barco ya ha llegado al Congreso de los Diputados y a la propia coalición de Gobierno. El grupo parlamentario de Sumar, uno de sus socios, ha solicitado que el Ejecutivo del que forma parte dé explicaciones en la Cámara baja sobre la llegada del Borkum a Cartagena y anunciado que pedirá a la Fiscalía que investigue el contenido del carguero.

“Desde Sumar hemos presentado una consulta parlamentaria a los ministros del Partido Socialista implicados en este proceso y vamos a exigir a Fiscalía que investigue qué va en ese buque. Tenemos fuentes que nos confirman que hay armas que van a Israel en un momento en el que se está produciendo un genocidio”, ha indicado la candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, informa Efe.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha especificado que los ministerios implicados en este caso son Transportes, Defensa y Exteriores; “los tres del PSOE”, ha apostillado. En concreto, Sumar pide que la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, presente la documentación y el listado de la carga del Borkum, que atracó en las Palmas de Gran Canarias el 12 de mayo.

También Podemos ha exigido al Gobierno que retenga al Borkum en el puerto de Cartagena. Su secretaria general, Ione Belarra, ha remitido sendas cartas al presidente Sánchez y a los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, Defensa, Margarita Robles y Transportes, Óscar Puente para exigir que el Ejecutivo retenga la nave. En las misivas, la líder de Podemos recuerda que la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso establece claramente la prohibición de autorización de la transferencia de materiales de defensa “cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados de manera contraria al respeto debido al ser humano”, prohibición que se extiende incluso al tránsito de ese material a través de territorio español.

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Como Amal y sus hijos, que tuvieron que escapar en octubre de su casa en la capital del enclave palestino, “la mayoría de las [personas] desarraigadas por las órdenes de evacuación militar israelí en el este de Rafah ya habían sido desplazadas de otras zonas de Gaza”, ha asegurado Naciones Unidas en un comunicado de este jueves. Estas personas ahora se van con todo lo que pueden llevar “en vehículos, camiones, motos y carros tirados por burros”, según UNRWA. Solo el miércoles, más de 47.500 palestinos abandonaron sus refugios en Rafah, calcula la agencia de la ONU.

Israel aseguró el lunes que su mandato de expulsión de los desplazados de esa zona afectaba a 100.000 personas, pero, según otras fuentes de Naciones Unidas en la localidad, citadas por el diario The Guardian, quienes se han marchado de la parte oriental de esa urbe superan ya ese número, que en los próximos días podría elevarse a 300.000 personas.

Esos datos no parecen exagerados. La superficie desalojada abarca 31 kilómetros cuadrados y la densidad de población en esa ciudad palestina era de 20.000 personas por kilómetro cuadrado, casi el doble que la ciudad de Nueva York, según Unicef. Antes de la guerra, Rafah y su gobernación tenían 220.000 habitantes, a los que se habían sumado más de un millón de desplazados por las sucesivas órdenes de desplazamiento masivo de población dictadas por Israel.

Desde las ventanas del almacén en el que Amal, sus hijos y su marido sobrevivían desde octubre —su casa fue destruida por un bombardeo—, se veía el paso de Rafah. Ese cruce fronterizo con Egipto está desde el martes bajo control de los tanques israelíes. La orden de evacuación del este de la ciudad y la toma de ese paso que hasta ahora era la principal vía de entrada a la ayuda humanitaria se han interpretado como los primeros pasos de la temida ofensiva terrestre israelí sobre la ciudad meridional, que aún no se ha producido, al menos a gran escala

La calle San Jorge

El barrio de Amal, Al Geneina, está en el corazón de las nueve áreas de Rafah —Israel ha dividido el territorio de Gaza en áreas— que el ejército de ese país ordenó vaciar el lunes. A pesar de que, hasta ahora, la ciudad meridional era definida como una “zona segura” por Israel, el ejército de este país nunca ha dejado de bombardear esta urbe.

Cuando empezaron a caer las octavillas, Amal y sus hijos no tuvieron tiempo de recoger sus ya escasas pertenencias, dado que los aviones israelíes “empezaron inmediatamente a lanzar bombas”, sostiene. “Cogí a mis hijos y empecé a correr por la calle con otras personas del refugio. Lo único en lo que pensaba en ese momento era en cómo mantener a mis hijos a salvo de los bombardeos. Escapamos mientras las bombas nos caían alrededor, en los refugios y sobre las otras casas de la zona”, recuerda. Y luego dice: “Las órdenes de evacuación son solo propaganda israelí destinada a los medios de comunicación extranjeros”.

Esta palestina menciona el nombre de la calle en la que se produjeron estos bombardeos y por la que escapó con sus hijos, junto con otros desplazados: “Saint Georges” (San Jorge). El lunes, la agencia oficial palestina Wafa informó de bombardeos en el barrio Al Geneina, en los que murieron al menos cuatro civiles, entre ellos dos niños, y de otro ataque aéreo en la calle Saint Georges. En esa vía, murieron al menos otras cuatro personas, de los que una era otro menor. Entre la tarde del tarde del lunes y este miércoles, 109 palestinos fallecieron y 296 resultaron heridos en ataques del ejército israelí en Gaza, según datos del Ministerio de Sanidad del territorio gobernado por Hamás. En los siete meses que dura ya la contienda, alrededor de 34.900 palestinos han perecido en la Franja y otros 78.404 han resultado heridos, de acuerdo con esa fuente.

“Nunca habíamos pasado un terror semejante al de este lunes”, dice Amal. “No puedo explicar lo que sentimos. Estuvimos corriendo bajo los bombardeos durante dos horas. No puedo creer que sigamos vivos. Dios nos ha salvado”. A ellos y al marido, que quedó atrás cuando su mujer y sus hijos huyeron, intentando recuperar “algo de ropa y mantas para tapar a los niños por la noche”. Después de cinco horas, el hombre pudo salir del barrio. Ahora, toda la familia se refugia en “un viejo almacén vacío” en la otra punta de Rafah.

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El pasado lunes, la amenaza empezó a concretarse con la orden dada a unas 100.000 personas, según Israel, para que se desplacen a supuestas “áreas seguras” del enclave palestino. Este martes, los tanques israelíes tomaron el paso fronterizo de Rafah, el único que Israel no controlaba hasta ahora totalmente. “Un asalto a Rafah sería un error estratégico, una calamidad política y una pesadilla humanitaria”, ha asegurado el secretario general de la ONU, António Guterres.

¿Por qué tomar Rafah ahora?

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo este lunes que a su país “no le queda otra opción” que invadir Rafah. La víspera, Hamás había rechazado en la última ronda negociadora de El Cairo una tregua para liberar a los 132 rehenes israelíes que siguen en la Franja, que no incluía la principal condición del movimiento palestino: un alto el fuego definitivo. El domingo, el grupo fundamentalista había atacado una guarnición militar cercana al paso fronterizo de Kerem Shalom y matado a cuatro soldados israelíes. Ese mismo día, Israel clausuró la sede en Jerusalén de la cadena Al Jazeera.

Según The New York Times, fue la insistencia de Netanyahu en afirmar que invadiría Rafah la que llevó al grupo a endurecer su postura. A última hora del lunes, un comunicado del jefe político de Hamás, Ismail Haniya, indicó que el movimiento había aprobado finalmente una propuesta de acuerdo de alto el fuego, que Israel aseguró que iba a estudiar. Poco después, Netanyahu aseguró que la ofensiva en Rafah seguía adelante y este martes los tanques llegaron al paso fronterizo de la urbe con Egipto. El primer ministro israelí defiende que esa localidad es el bastión de lo que queda de la estructura de Hamás y donde se mantiene cautivos a los rehenes israelíes que siguen, vivos o muertos, en Gaza. Sus socios ultraderechistas de gobierno han amenazado con retirarle su apoyo si no invade la ciudad palestina.

¿Qué consecuencias puede tener esa invasión?

En la gobernación de Rafah, cuya población era de unas 220.000 personas antes de la guerra que comenzó el pasado 7 de octubre, se hacinan ahora 1,5 millones de palestinos en 65 kilómetros cuadrados. El 80% vive en tiendas de campaña o bajo plásticos, sin apenas comida, agua potable, saneamiento ni atención médica. El 3 de mayo, el portavoz de la coordinación humanitaria de Naciones Unidas, Jens Laerke, advirtió de que un ataque terrestre a Rafah conllevaría el “riesgo inminente de muerte” para cientos de miles de personas. Otra consecuencia sería “un golpe increíble para la operación humanitaria en toda la Franja, porque esta se gestiona principalmente desde Rafah”. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que esa operación sería un “baño de sangre” y paralizaría aún más “un sistema de salud ya roto”. De los siete hospitales que funcionan parcialmente en el sur de Gaza, tres están en Rafah. Por el puesto fronterizo de esta localidad y el de Kerem Shalom, ambos cerrados, entraban hasta ahora la gran mayoría de los camiones con ayuda humanitaria para la Franja.

¿Hay zonas seguras para los desplazados en Gaza?

Lo que Israel llama la “zona humanitaria expandida” de Al Mawasi, donde ha ordenado dirigirse a los desplazados de Rafah —junto con la casi destruida Jan Yunis— es una franja costera de 12 kilómetros de longitud y un kilómetro de ancho que ya antes de la guerra carecía de servicios. Parte de Al Mawasi fue invadida por el ejército israelí el 22 de enero, cuando ya había sido designada como refugio. Rafah también era descrita hasta ahora como una “zona segura”, pese a sufrir bombardeos casi a diario. Una investigación de la organización Forensic Architecture ha denunciado que esas “áreas seguras” en Gaza no solo “carecen de la infraestructura básica para albergar, alimentar y atender médicamente a tal cantidad de civiles”, sino que lo que Israel define como sus “políticas humanitarias” en Gaza funcionan como “una herramienta de desplazamiento masivo, que empujan a los civiles a zonas inhabitables que luego son atacadas, aumentando la campaña genocida de Israel contra la población palestina”.

¿Son legales los desplazamientos masivos de población?

Israel es la potencia ocupante de Gaza, según la ONU. El IV protocolo de la Convención de Ginebra estipula: “Los traslados en masa o individuales, de índole forzosa”, están prohibidos, “sea cual fuere el motivo”. Incluso en las contadas excepciones que prevé esta norma, se precisa: “la potencia ocupante deberá actuar, al efectuar tales traslados o evacuaciones, de modo que, en la medida de lo posible, las personas protegidas sean acogidas en instalaciones adecuadas, que los desplazamientos se lleven a cabo en condiciones satisfactorias de salubridad, de higiene, de seguridad y de alimentación, y que no se separe a los miembros de una misma familia”.

¿Cuáles han sido las reacciones ante la orden de desalojo de Rafah?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró este lunes a Netanyahu su “clara posición” sobre la ofensiva en Rafah. Washington no se opone a la invasión en sí, pero sí la supedita a que su aliado presente un plan “creíble” para proteger a los civiles. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha instado a la UE a actuar para evitar esa invasión que ha tildado de “inaceptable”, mientras que el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric leyó este lunes un comunicado en el que reiteró lo ya anunciado por la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados palestinos (UNRWA): la organización no participará en ningún desplazamiento masivo e “involuntario” de la población. La gran potencia regional suní, Arabia Saudí, con la que Israel aspiraba antes de la guerra a establecer relaciones diplomáticas, ha condenado la invasión en un duro comunicado en el que se refiere a la ofensiva israelí como “genocidio” por primera vez desde el inicio de la contienda.

Algo se está moviendo: Arabia Saudí alerta del asalto a #Rafah en un duro comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ¡y llama genocidio al genocidio! pic.twitter.com/L6Ya0PhCFc

— Luz Gómez (@LuzGomezGar) May 6, 2024

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En 2015, Irán firmó el llamado Plan de Acción Integral Conjunto con EE UU, Francia, el Reino Unido, Rusia, China, Alemania y la UE. Teherán accedió a no enriquecer uranio por encima del 3,75% de pureza y a almacenar un máximo de 200 kilogramos, además de someterse a un régimen de inspecciones sin precedentes, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que estrangulaban su economía. Menos de tres años después, y cuando Irán cumplía estrictamente con lo estipulado, Donald Trump rompió unilateralmente el pacto nuclear — “el peor acuerdo de la historia”, en palabras del entonces presidente—. Washington reimpuso las sanciones a Teherán y añadió nuevas, con las que trató de asfixiar al petróleo iraní.

Tras la salida de EE UU del acuerdo, Irán dejó de considerarse obligado a respetar lo pactado; comenzó a incumplir las restricciones y, poco después, a superar con creces los límites establecidos. En 2021, empezó a enriquecer uranio con un 60% de pureza en el centro nuclear de Natanz, en Isfahán, la provincia escenario del ataque del viernes con el que Israel envió a Irán el mensaje de que está dispuesto (y cuenta con las capacidades necesarias) a golpear los centros del programa nuclear iraní. Antes de la firma del acuerdo de 2015, Irán no había enriquecido uranio por encima del 20%. Un informe del pasado febrero del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), vinculado a la ONU, señala que el país asiático acumula ya de más de cinco toneladas de uranio enriquecido, suficiente para fabricar al menos dos bombas nucleares si se alcanzara una pureza del 90%.

Matthew Savill, investigador del centro de estudios británico Royal United Services Institute (RUSI), sostiene que Irán podría tener uranio con la concentración necesaria “en cuestión de semanas; la duda es cuánto tiempo les llevaría producir el armamento imprescindible”. Savill añade que Irán tendría que “desarrollar una ojiva nuclear y ser capaz de integrarla, seguramente en un misil balístico, para poder lanzarla”. El experto del RUSI y varios servicios de inteligencia occidentales coinciden en que Teherán necesitaría probablemente “entre seis meses y un año” para finalizar el proceso.

Aunque Irán se encuentre más cerca que nunca de poseer la bomba atómica, el régimen insiste en que no pretende llegar a fabricarla y, por el momento, no hay ninguna evidencia que demuestre que haya decidido dar los pasos definitivos. Tras la ruptura del acuerdo por parte de Trump, Irán ha avanzado con paso firme en su programa, ha acumulado el material para desarrollar armamento atómico, aunque sin hacer ningún movimiento —al menos abiertamente— para llegar a construirlo; se ha convertido en el único país que dispone prácticamente de todo lo necesario para producir una bomba nuclear, pero no termina de hacerlo.

Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre y el inicio de la ofensiva israelí en la franja de Gaza, en la República Islámica se ha acelerado el enriquecimiento de uranio y se ha intensificado el debate sobre si deberían fabricar la bomba, como defienden algunas facciones ultranacionalistas. Horas antes del ataque israelí del pasado viernes, un comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán declaró que el país se plantearía “revisar su doctrina nuclear”. El temor de Teherán radica principalmente en la posibilidad de que EE UU e Israel bombardearan sus instalaciones nucleares si se descubriera que trabajan en un plan secreto para fabricar armamento atómico.

Para Israel, evitar que Irán disponga de bombas nucleares es una prioridad estratégica desde hace décadas. Ambos países se perciben mutuamente como las principales amenazas a su seguridad nacional. Durante los años de guerra soterrada, en los que ninguno cruzó la línea roja de atacarse de manera directa —como sí ha ocurrido en los últimos siete días— Israel ha tratado de sabotear el desarrollo atómico iraní, y la sombra del Mosad (servicio de espionaje exterior israelí) está detrás del asesinato de varios científicos iraníes que trabajaban en el programa nuclear. En abril de 2021, un ciberataque dañó la red eléctrica de las instalaciones de Natanz, justo antes de que se empezara a enriquecer uranio al 60%. Israel, el único país que posee bombas nucleares sin admitirlo públicamente, nunca asume oficialmente la responsabilidad por los ataques contra intereses iraníes, pero tampoco desmiente su autoría.

El analista hispanoiraní Daniel Bashandeh considera que los últimos acontecimientos en la región pueden tener el efecto contrario del pretendido por Israel y EE UU durante años. Irán podría ahora “acelerar la cuestión nuclear como último recurso para protegerse. El país puede volver a centrar la atención en su programa nuclear como medida de disuasión y para contrarrestar las intenciones de Israel de condicionar la agenda internacional”.

Técnicamente, el pacto nuclear aún está en vigor, aunque hasta Joe Biden lo ha descrito como “un acuerdo muerto”. El sucesor de Trump trató de resucitar algunas cláusulas al llegar a la Casa Blanca, pero a diferencia de lo ocurrido durante las negociaciones de 2015, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, prohibió cualquier tipo de comunicación directa con Washington.

Restricciones a las inspecciones

Los inspectores del OIEA aún tienen acceso a las instalaciones atómicas reconocidas por Teherán: las de Natanz y las de Fordow, un complejo subterráneo construido en una montaña del desierto de Kavir. Aun así, la erosión del acuerdo nuclear ha limitado por completo las posibilidades del OIEA de monitorizar adecuadamente el programa iraní. Los trabajadores del organismo ya no pueden realizar inspecciones sorpresa, acceder a ciertas partes de las instalaciones o realizar inventario de las centrifugadoras, las máquinas que enriquecen uranio.

Las autoridades iraníes, además, han eliminado innumerables cámaras y sensores y han vetado el acceso a algunos inspectores de “países hostiles”. En los últimos años, han expandido sus centros de enriquecimiento de uranio, principalmente bajo tierra, además de reforzar su seguridad. En la primavera de 2023, imágenes satelitales demostraron la construcción de un nuevo complejo fortificado a gran profundidad en Natanz.

El pacto nuclear expirará definitivamente en octubre del próximo año. Incluso en el caso de que Trump no lograra regresar a la Casa Blanca, las opciones de alcanzar un nuevo acuerdo con la República Islámica parecen nulas. En las negociaciones de 2015, Rusia y China se sumaron a los esfuerzos de las potencias occidentales para lograr que Irán desistiera de sus ambiciones. Ahora, Teherán es consciente de que Pekín, y sobre todo Moscú, bloquearían en el Consejo de Seguridad de la ONU cualquier iniciativa para imponer nuevas sanciones internacionales al régimen de los ayatolás. Algunos analistas apuntan que el estrechamiento de las relaciones con Rusia —a la que suministra drones para la guerra en Ucrania— ha envalentonado a Irán en los últimos años.

Barbara Slavin, investigadora del Stimson Center, sostiene que “los expertos en no proliferación nuclear buscan desesperadamente nuevas ideas para evitar lo que algunos han llamado la opción binaria entre bombardear Irán o que Irán tenga la bomba”. La analista del centro de investigación estadounidense subraya que “la diplomacia es el único modo de contener el programa nuclear iraní. Si alguna vez hubo una solución militar, que lo dudo, esta ya ha dejado de existir”. Slavin considera que, tras “el ataque muy contenido” de Israel del viernes, “Irán no va a apresurarse a fabricar la bomba nuclear”.

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Ninguna de esas instalaciones ha resultado dañada por el ataque, según la agencia Fars. Ese medio oficial asegura que “varios objetos no identificados” fueron derribados por “las defensas aéreas de la 8ª base militar de Shekari, cerca de sus instalaciones”. Esa base militar alberga la obsoleta flota iraní de aviones de guerra Grumman F-14 Tomcat, que el derrocado shah Reza Pahleví compró a Estados Unidos antes del triunfo de la Revolución Islámica en 1979. Esos aviones viejos y sin piezas de repuesto, más que una amenaza, son un símbolo de la inferioridad militar iraní respecto a Israel. La base de Shekari no está además en manos de la Guardia Revolucionaria, que comandó el ataque iraní contra Israel del sábado, sino del ejército regular del país, mucho peor equipado.

En la misma provincia, se encuentra el Complejo de Misiles de Isfahán, el sitio de ensamblaje y producción de ese armamento más grande del país, según la ONG NTI (siglas en inglés de Iniciativa contra la Amenaza Nuclear), que no precisa su ubicación exacta. Construido con ayuda de Corea del Norte y China a finales de la década de los ochenta, en sus instalaciones se producen componentes, propulsores sólidos y líquidos, y se ensamblan modelos como el misil de medio alcance Shabab, con capacidad para alcanzar territorio israelí, a menos de 2.000 kilómetros de distancia. Isfahán alberga además dos sitios de despliegue de misiles, según un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Estados Unidos calculó en 2022 que Irán disponía de un arsenal de 3.000 misiles balísticos.

Los drones, el otro tipo de armamento que el régimen iraní utilizó en su ataque contra Israel del pasado fin de semana, tienen también su principal centro de producción en esa provincia central de Irán. La empresa que fabrica los aparatos no tripulados Shahed —incluidos los modelos que Irán ha proporcionado a Rusia para su guerra en Ucrania— se producen en las instalaciones de la empresa Shahed Aviation Industries en la base militar de Badr, también en Isfahán. Esta compañía, sancionada por Estados Unidos, está subordinada a la fuerza aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní. Isfahán alberga a su vez una importante fábrica de munición antiaérea que depende del Ministerio de Defensa, según el observatorio de armas convencionales Irán Watch.

Programa nuclear

El centro de enriquecimiento de uranio cercano a la localidad de Natanz es seguramente uno de los lugares más custodiados del país. Situado en la árida meseta central a unos 225 kilómetros al sur de Teherán, las vallas que rodean las instalaciones son la parte más visible de un férreo dispositivo de protección que incluye baterías antiaéreas de la Guardia Revolucionaria iraní. En la superficie, el centro de Natanz se extiende casi tres kilómetros cuadrados, según NTI. Bajo tierra, lejos de las cámaras de los satélites occidentales, todo un complejo subterráneo se despliega en túneles que se cree que ni siquiera las armas antibúnker de Estados Unidos podrían alcanzar.

Estas instalaciones cuentan con un taller de fabricación de centrifugadoras de uranio. En el número y la sofisticación de esas máquinas que se utilizan para obtener el uranio-235 enriquecido, sea para uso civil o militar, se centra la preocupación occidental y de Israel respecto al programa nuclear iraní. Para fabricar un arma atómica hacen falta muchas centrifugadoras que produzcan una gran cantidad de uranio enriquecido de gran concentración. El NTI calcula que solo dos de los edificios subterráneos de Natanz tienen capacidad para albergar hasta 50.000 de esas centrifugadoras. En 2015, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de la ONU calculó que Irán disponía de unas 19.000. Al menos 5.000 estaban en el complejo de Natanz.

La provincia atacada esta madrugada acoge a su vez otras instalaciones nucleares clave. El principal es el Centro de Tecnología Nuclear de la Universidad de Isfahán. Teherán lo construyó con ayuda china en 1984 y dispone de tres pequeños reactores atómicos proporcionados por Pekín destinados a la investigación. En él trabajan más de 3.000 científicos. Washington cree que Irán desarrolla un programa nuclear militar secreto en este centro al que ha impuesto sanciones, al igual que a la planta de enriquecimiento de Natanz. En julio de 2022, Irán anunció el inicio de la construcción de un cuarto reactor nuclear.

De esa institución destinada en teoría a la investigación depende también la planta de conversión de uranio de Zerdenjan. Allí se procesa el concentrado del óxido de uranio en bruto que se extrae de las minas para convertirlo en el hexafluoruro de uranio que utilizan las plantas de enriquecimiento. Esa planta no proporciona solo ese gas a Natanz, sino también al otro gran centro iraní de enriquecimiento de uranio, Fordow, en la provincia de Qom.

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Ese bombardeo fue solo el último hasta ahora. El pasado 25 de diciembre, Israel había matado, lanzando misiles contra su casa de Damasco, a otro general iraní de la Guardia Revolucionaria, Razi Mousavi. Tres días después, a otros 11 miembros de ese cuerpo, también en la capital siria. El 20 de enero, al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Siria, el brigadier general Sadegh Omidzadeh, y a su adjunto, además de a tres de sus asesores.

“Cuando matas a un general en un edificio diplomático, llevas la confrontación a otro nivel”, recalca Rouzbeh Parsi, jefe del Programa para Oriente Medio y el Norte de África del centro de estudios Instituto Sueco de Asuntos Internacionales. Cuando Irán trató de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenara el ataque, tres miembros permanentes del organismo con derecho a veto ―Estados Unidos, el Reino Unido y Francia― se opusieron y afearon a Teherán su respaldo a milicias proiraníes en Irak y Siria, a Hezbolá en Líbano y a los hutíes de Yemen. Ese mismo reproche se lo han dirigido los países del G-7, en un comunicado en el que condenan su ataque a Israel.

Irán no es una democracia y exhibe un nefasto historial de violaciones de derechos humanos. Israel solo es una democracia para los judíos, mientras que a los palestinos —excepto, con matices, a aquellos que tienen ciudadanía israelí— les impone un régimen que ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch definen como un apartheid. Afronta, además, un caso de posible genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU por su guerra en Gaza, en la que ya han muerto casi 34.000 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja gobernada por Hamás. Sin embargo, Israel cuenta con un apoyo “inquebrantable” de Estados Unidos, mientras que Washington considera a Irán un Estado patrocinador del terrorismo.

El ataque israelí contra el complejo diplomático iraní en Damasco convenció a Teherán de que “su capacidad de disuasión” estaba siendo cuestionada al no responder a esos asesinatos israelíes sucesivos, recalca el analista hispanoiraní Daniel Bashandeh.

Con ese ataque —revelado con anticipación por los medios oficiales iraníes—, que solo ha causado daños materiales menores y herido de gravedad a una niña palestina, Irán está lanzando “un aviso” a Israel y a la comunidad internacional, afirma Bashandeh. Esa advertencia es que a partir de ahora responderá a las agresiones y se “abrirá a ataques selectivos directos”, como el de esta madrugada en Israel. El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, lo ha resumido así: “Hemos decidido poner en marcha una nueva ecuación [con respecto a Israel]. A partir de ahora, todo asalto a nuestro pueblo, nuestras propiedades o nuestros intereses desencadenará una respuesta recíproca desde el territorio de la República Islámica de Irán”.

Esa andanada con drones y misiles contra Israel asienta también, según Bashandeh, la “credibilidad interna” del régimen frente a la base de la población que aún lo apoya, a pesar del empobrecimiento de los iraníes, de la corrupción, y de la opresión que, en el caso de las mujeres, tiene como símbolo la imposición del velo. A su vez, “sirve para que el líder supremo, ayatolá Ali Jamenei, y su círculo refuercen la línea dura del régimen y el apoyo interno de la élite militar, la Guardia Revolucionaria”, explica Bashandeh. Irán busca ”recuperar el equilibrio de fuerzas en la región”, sostiene el analista.

¿Error o acierto?

Desde prácticamente el inicio del ataque, cuando la misión de Irán ante la ONU afirmó que con esta operación daba por finiquitada su venganza por el asesinato del general Zahedi, Teherán trató de subrayar el carácter medido de esa respuesta que Rouzbeh Parsi describe como “coreografiada”: primero, el aviso a los países del entorno en la región con 72 horas de antelación, según el ministro iraní de Exteriores; después, el anuncio del lanzamiento de drones que tardarían unas horas en impactar. Por último, los misiles.

Esos proyectiles son el principal argumento del portavoz militar israelí, Daniel Hagari, para negar que el ataque haya sido limitado. Hagari ha subrayado que Irán lanzó hasta 120 misiles balísticos, un “factor de escalada” que buscaba causar un daño “mucho más significativo” del que logró. Su narrativa apunta a que Israel trata de posicionarse como el único con derecho a esa “legítima defensa” que también invoca Irán. Subrayando la gravedad de la agresión, Hagari resaltó el logro que representa para el país y sus aliados el haber interceptado el 99% de los misiles y drones iraníes.

A juzgar por su relato y por el del Gobierno iraní, el conato de guerra de que empezó este sábado por la noche solo tiene vencedores. También los responsables iraníes cantan victoria, mientras sigue en el aire una posible respuesta israelí que podría arrastrar a ambos a un conflicto regional en el que Estados Unidos ha dado muestras de no querer implicarse.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha dicho ya al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no le apoyará en una represalia contra Irán. “Si los israelíes muestran moderación, entonces todo el mundo se irá a casa fingiendo ser el vencedor y se considerará que Irán ha llevado a cabo una jugada inteligente. Si los israelíes se niegan a seguir ese juego y hay una escalada que desemboque en una guerra abierta, todo el mundo dirá que Teherán ha cometido un error”, destaca Parsi.

Este sábado, Vali Nasr, experto en Irán de la Universidad Johns Hopkins (Maryland), reconocía en un tuit: “Irán ya ha obtenido varias victorias. Europa y los Estados del Golfo se han encontrado en la situación indeseable de pedir moderación a Irán, lo que les impone la responsabilidad de frenar también la respuesta de Israel (...). Esto contribuye en gran medida a lograr el objetivo de Irán de establecer un sistema de disuasión con Israel”.

Mientras llega —o no— esa reacción israelí, el Irán oficial da muestras de alborozo. Este domingo, Mohammad Marandi, un intelectual que ejerce de portavoz oficioso del régimen y a quien se considera muy cercano a la línea dura de la República Islámica, se ha jactado de que el ataque había sido “una pequeña bofetada en la cara” de Israel.

The main targets were 2 airbases. All 20 or so missiles struck their targets. The other drones and older generation missiles were inexpensive decoys that depleted the Israeli air defense capabilities of most of its very expensive missiles.

This was just a small slap in the face.

— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) April 14, 2024

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha aclarado que su país “no ha estado implicado”, en la línea de sus mensajes en los días previos. Israel avisó horas antes a Washington, su gran aliado, de la operación de represalia. Un alto mando iraní ha sugerido que el ataque fue lanzado dentro de sus fronteras. “No hemos recibido un ataque externo y la discusión tiende más hacia una infiltración [operación desde dentro]”, ha señalado a la agencia Reuters. Los medios oficiales iraníes están restando importancia al ataque israelí, respuesta a la ofensiva también calculada que lanzó Teherán en la noche del sábado al domingo pasados, con más de 300 drones y misiles, y que no causó muertos ni apenas daños materiales.

La agencia iraní Fars apunta a que “varios objetos no identificados” fueron derribados por “las defensas aéreas de la 8ª base militar de Shekari”, cerca de esa base, del aeropuerto de Isfahán y de la ciudad de Qahjavarestan, en la misma provincia. El espacio aéreo nacional fue cerrado de manera temporal y ya se ha restablecido, según la Compañía de Aeropuertos y Navegación Aérea de Irán, citada por la agencia estatal.

No hay datos sobre víctimas o daños materiales, ni se han sentido grandes explosiones, según medios iraníes. El portavoz del Centro Nacional Espacial de Irán, Hossein Dalirian, ha asegurado también en un mensaje en X (antes Twitter), que su país ha derribado drones cuadricópteros, pequeños aparatos no tripulados con cuatro hélices a los que se puede añadir carga explosiva y que Israel ha utilizado en el pasado para atacar Irán, como en 2021 y el año pasado, también contra Isfahán. Algunos vecinos han grabado explosiones que las autoridades atribuyen a la intercepción.

Esa zona, en el centro del país y unos 400 kilómetros al sur de la capital, acoge instalaciones militares, factorías del sistema de Defensa y sobre todo, instalaciones del sistema nuclear como la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, desde donde Teherán anunció en 2007 que se había unido al club de países capaces de producir combustible nuclear a escala industrial. Este lugar ha sido ya anteriormente objetivo de ataques desde Israel. En la capital homónima de la provincia, se encuentra también el Centro de Tecnología Nuclear de la Universidad de Isfahán, el complejo de investigación nuclear más grande de Irán, que emplea aproximadamente a 3.000 científicos. EE UU e Israel sospechan que sus instalaciones albergan un programa de investigación secreto para producir armas atómicas, algo que Teherán niega. Irán asegura que su programa atómico tiene fines exclusivamente civiles.

Silencio israelí

Israel rara vez reconoce sus operaciones en el extranjero, por lo menos no de inmediato. Queda por ver si alguno de sus dirigentes sugiere, como es habitual, la autoría israelí, aunque sin un reconocimiento expreso. Solo se ha pronunciado el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir. Lo ha hecho con un mensaje en X que refleja su decepción por que el ataque no fuese más potente. Su ministerio controla la policía, pero Ben Gvir no forma parte del gabinete de guerra que toma las decisiones militares.

La ofensiva no se ha limitado a Irán. La agencia oficial de noticias siria, Sana, informa citando fuentes militares de un ataque de madrugada contra los sistemas de defensa aérea del país que causó solo daños materiales. Teherán apoya en la guerra civil en Siria al régimen de Bachar el Asad y sus milicias aliadas se han hecho fuertes.

Respuesta militar

Israel había anunciado en distintos foros a lo largo de esta semana que la inédita ofensiva del régimen iraní del pasado fin de semana en su territorio no quedaría sin respuesta militar, lo que generó el temor a una guerra regional abierta. La escalada tiene su origen en el bombardeo de Israel a un edificio consular iraní en Damasco, la capital de Siria, el pasado 1 de abril. Mató a 16 personas, siete de ellos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Una de las víctimas mortales fue Mohamed Reza Zahedi, líder de la fuerza Al Quds en Líbano, una rama regional de este cuerpo iraní.

Israel lleva días calibrando el tipo e intensidad de su respuesta. En medio de las amenazas y la dialéctica bélica de ambos países, a lo largo de la semana ha crecido la presión internacional para que impere la contención. El OIEA había expresado su temor a que Israel dirigiera el ataque contra instalaciones nucleares de Irán y Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones contra Teherán y la industria de drones y el programa de misiles de ese país, en un castigo coordinado con el Reino Unido que pedía el Gobierno de Netanyahu. La Unión Europea también ha anunciado que estudia imponer medidas similares. A raíz del ataque de Irán la semana pasada, ha recobrado fuerza también la amenaza de invadir Rafah, la zona del sur de Gaza que alberga a más de la mitad de los 2,3 millones de gazatíes, que anunció hace casi dos meses el primer ministro y venía retrasando por las presiones internacionales.

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Esos nuevos pasos llegan después de que el frente que Israel tiene abierto en el norte del país experimentara la semana pasada un breve período de calma, coincidiendo con la fiesta del Eid al Fitr, que cierra el mes sagrado de Ramadán. Ese respiro efímero dio paso este miércoles a uno de los ataques con más víctimas israelíes en los más de seis meses que dura la guerra de Gaza. Un dron del partido-milicia chií Hezbolá bombardeó a una compañía de reconocimiento israelí en la localidad beduina de Arab Al Aramshe, en el norte de Israel, e hirió a 14 militares y cuatro civiles. Este jueves, los comandantes de las tropas israelíes estacionadas en el norte del país se han reunido con responsables locales y militares locales para “aumentar su preparación” en esa región, según el diario Haaretz. Durante la noche, aviones de guerra israelíes han atacado posiciones de Hezbolá en el límite meridional de Líbano.

Mientras, la respuesta militar israelí por el ataque con casi 300 drones y misiles iraníes del pasado sábado sigue en el aire. Fuentes israelíes han dicho este jueves a la cadena estadounidense ABC News que Israel preparó y luego abortó ataques de represalia contra Irán al menos dos noches de esta semana. Un alto funcionario de Estados Unidos a quien tampoco identifica esa cadena ha definido como “poco probable” que Israel lleve a cabo un ataque contra Irán hasta después de las vacaciones de la Pascua Judía, que este año concluye el 29 de abril.

Irán ha advertido este jueves acerca de uno de los posibles objetivos de un ataque militar israelí: las instalaciones de su programa nuclear, según la agencia de la Guardia Revolucionaria Tasnim. Según Teherán, los fines de ese programa son exclusivamente civiles. Occidente siempre ha temido que el país se hiciera con armas atómicas —Israel ya las tiene— y por eso le impuso sanciones. El comandante de la Guardia Revolucionaria encargado de proteger esas instalaciones ha advertido de una posible revisión “de la doctrina nuclear iraní” en caso de que ese ataque se haga realidad, en una probable alusión al desarrollo de armamento atómico,

La represalia militar israelí contra Irán se da por hecha, si bien se desconoce su alcance, que Estados Unidos y el resto de aliados occidentales tratan ahora de minimizar, después de haber fracasado en convencer al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de no responder a la agresión iraní. Este jueves el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, ha visitado la base aérea militar de Tel Nof, en el centro del país, para felicitar a los pilotos que participaron en la interceptación del ataque iraní. Allí ha defendido que Israel tenga “libertad de acción para hacer lo que le parezca”.

El Gobierno israelí ha dado también pasos que indican que la comunidad internacional tampoco ha conseguido imponerle una línea roja en cuanto a su ofensiva terrestre en Rafah, en el sur de Gaza. “Las grandes líneas de la operación” para invadir esta urbe pegada a la frontera con Egipto han sido ya aprobadas por el Estado Mayor y por el ministro Gallant, ha anunciado Ma’ariv.

La posible invasión de Rafah podría convertirse en una moneda de cambio relacionada con la represalia contra Irán, si se confirma lo que afirma este jueves el diario árabe publicado en Londres Al Araby Al Jadeed. Esta publicación cita a una fuente egipcia que asegura que la Administración de Joe Biden ha aceptado el plan israelí para invadir Rafah, a cambio de que el Estado judío no lleve a cabo un ataque a gran escala contra Irán. Este jueves, una delegación israelí ha discutido esa ofensiva con otra estadounidense en una reunión virtual que ha continuado la que celebraron el 1 de abril. El encuentro ha sido de alto nivel. Por parte estadounidense, lo han encabezado el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y el enviado para Oriente Próximo de la Casa Blanca, Brett McGurk, mientras que en el lado israelí, lo ha presidido el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, y el asesor de Seguridad Nacional Tzachi Hanegbi, según Haaretz.

Según ese diario, que cita a un funcionario de Washington, EE UU está buscando alternativas a la ofensiva israelí en Rafah. Sin embargo, los últimos movimientos de tropas, la compra de 40.000 tiendas de campaña, la llamada a filas a miles de reservistas para “actividades operativas en el frente de Gaza” y la reunión del ministro de Defensa este lunes para “debatir una serie de medidas en preparación de las operaciones en Rafah” apuntan a que el Gobierno no abandona su propósito de invadir la urbe. Como ya hizo antes en el norte y el centro de la Franja, Netanyahu dice ahora que en Rafah se esconden los líderes y cuatro batallones de Hamás y que allí siguen retenidos 133 rehenes. Muchos de ellos se cree que están muertos.

El ejército israelí aún no ha entrado en la ciudad, pero no deja de bombardearla. En los ataques aéreos de esta madrugada, 11 palestinos han muerto en Gaza. Entre ellos, cinco niños en Rafah.

Más sanciones

Desde que Netanyahu anunciara la semana pasada que esa operación “ya tenía fecha” pero sin revelarla, el contexto diplomático ha cambiado notablemente a su favor. Antes del ataque con misiles y drones de Irán del sábado por la noche, Estados Unidos había mostrado signos de irritación hacia el Gobierno israelí a cuenta del ataque que mató a siete cooperantes de la ONG World Central Kitchen el 1 de abril. Biden había condicionado también la ofensiva en Rafah a que su aliado le presentara un plan creíble de evacuación y de protección de civiles. Otros gobiernos occidentales y organizaciones humanitarias habían instado a Israel a detener la invasión en un lugar cuya población original, de unas 250.000 personas, casi se ha sextuplicado por los desplazados de la guerra.

La andanada iraní lo cambió todo. Las críticas a Israel se tornaron entonces en declaraciones de apoyo “inquebrantable” de Washington incluso antes de que Teherán empezara a lanzar sus drones y sus misiles. Israel vuelve a estar ahora a ojos de su principal aliado en el lugar ventajoso que ocupó justo después del ataque de Hamás del 7 de octubre que causó 1200 muertos: el de un país víctima de una agresión que recurre a la legítima defensa. Esa posición ventajosa, que había ido perdiendo por la guerra en Gaza y sus ya casi 34.000 muertos —según el Ministerio de Sanidad de la Franja— ha vuelto acompañada de una inesperada baza negociadora: la posibilidad de obtener ventajas diplomáticas y estratégicas por el temor de EE UU y otros países a que una represalia israelí desate una guerra en Oriente Próximo.

Biden ha dicho a Israel que no le apoyará en un ataque directo contra Irán. Con la guerra abierta en Gaza y el frente de Líbano que amenaza con subir de tono, Israel no tiene tampoco interés en abrir un conflicto bélico con un adversario que, si bien es inferior militarmente, no deja de tener capacidad militar. Aun así, el país está jugando bien la carta de la contención. Estados Unidos ha anunciado este jueves nuevas sanciones a 16 personas y dos entidades iraníes implicadas en la producción de misiles y drones, incluidos varios miembros de la Guardia Revolucionaria y el ministro iraní de Defensa, informa desde Washington Macarena Vidal Liy. También el Reino Unido ha anunciado sanciones a 13 altos cargos iraníes, mientras que la UE y el G-7 están evaluando adoptar nuevas medidas económicas contra Irán.

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Un manifiesto firmado por 350 activistas iraníes en el exilio alertó este martes de que “una atmósfera de guerra” en Irán puede dar pie a una “represión creciente de los movimientos de protesta”. Mientras el foco de los medios de comunicación sigue en la posible respuesta de Israel, Irán ha desplegado masivamente a la policía de la moralidad en las calles para arrestar a mujeres sin velo. Varios periodistas y tres medios de comunicación que han criticado el ataque contra Israel, Jahan Sanat, Etemad y Eskan News, han sido denunciados por la Fiscalía, según Efe.

Uno de los iraníes que no comparte el ardor guerrero oficial, un estudiante universitario que evita dar su nombre por motivos de seguridad, cree que “el pueblo de Irán no apoya un ataque a ningún país”. Considera que esas manifestaciones de júbilo fueron orquestadas por el régimen, por la Guardia Revolucionaria, que comandó el ataque, y su milicia Basij, y advierte de que para los iraníes “las consecuencias de la guerra serían destrucción, problemas económicos, hambruna y represión interna”. Su testimonio, al igual que los otros dos que se citan en este texto, han sido transmitidos por escrito a este diario a través de la activista Ryma Sheermohammadi.

Este universitario que compagina sus estudios con un trabajo afirma que su familia “apenas cubre ya las necesidades mínimas y su canasta alimentaria es cada día más pequeña. Los iraníes saben lo que trae la guerra: Irán ya vivió ocho años de conflicto, que provocó una situación económica catastrófica”. Alude a la contienda entre Irán e Irak, entre 1980 y 1988.

El temor de una parte de la población a las consecuencias de una escalada bélica quedó patente en la madrugada del domingo, según este universitario. Mientras algunos iraníes salían a celebrar el ataque, otros muchos se precipitaban a “tiendas y gasolineras” para hacer acopio de gasolina y víveres, explica. Otro iraní, un hombre en la treintena, alude también a las “largas colas” antes las estaciones de servicio. Este hombre subraya cómo la clase media del país “se está volviendo más pobre día tras día”.

En enero de 2023, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social del país divulgó un informe en el que se elevaba a un tercio de la población el porcentaje de iraníes sumidos en una pobreza extrema. En un año, entre 2020 y 2021, la cifra de pobres en Irán se duplicó, una miseria de la que las autoridades culpan a las sanciones de la comunidad internacional por el programa nuclear del país. Algunos expertos la atribuyen también a la corrupción del régimen, que mancha especialmente a la Guardia Revolucionaria, que controla gran parte de la economía nacional.

“Más que la guerra en sí, que provoca bromas”, añade también desde Irán una arquitecta, los iraníes temen “sus consecuencias en sus medios de vida”. Esta profesional describe cómo las sanciones que ya pesan sobre el régimen “han ensombrecido la vida de los iraníes, a veces más que el propio Gobierno”. Estados Unidos, Reino Unido, el G-7 y la Unión Europea estudian aplicar nuevas sanciones a Irán en respuesta a su ataque contra Israel.

Una fuerza impopular

El desencadenante de la represalia militar iraní fue el bombardeo del consulado de Irán en Damasco el 1 de abril, en el que murieron un general de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Reza Zahedi y seis de sus colaboradores. El 7 de abril, las autoridades pidieron un minuto de silencio al público de un partido de fútbol en el estado Azadí de Teherán. La respuesta fue un concierto de trompetas, de gritos y de aullidos.

Azadi stadium, Tehran, #Iran: Spectators were asked to observe a moment of silence for the IRGC commanders killed in Syria - The spectators, in turn, mocked them with boos and horns. pic.twitter.com/FhrAjHhVmB

— Breaking News (@TheNewsTrending) April 8, 2024

Esa reacción mostró el rechazo de esos hinchas a un cuerpo a quien el universitario define como el “protector del Gobierno y de su ideología represiva y no como una institución nacional”. Un dato que muestra el divorcio entre las instituciones y parte de la población es la participación electoral. En las últimas legislativas, el 1 de marzo, esta fue de solo el 41% del electorado, incluido un 5% de votos nulos, según cifras oficiales acogidas con escepticismo por la oposición. La República islámica de Irán había asimilado los antaño altos datos de afluencia a las urnas, en ocasiones de más del 70%, con un amplio respaldo popular.

El estudiante que contestó a EL PAÍS sostiene que la “sangrienta represión, la tortura y el encarcelamiento de ciudadanos en cualquier protesta” por parte de la Guardia Revolucionaria explican su impopularidad. En las últimas manifestaciones contra el régimen, la Guardia Revolucionaria y los milicianos Basij estuvieron detrás de la mayor parte de las más de 500 muertes a causa de la represión, según Naciones Unidas. Esas protestas se desataron el 16 de septiembre de 2022 por la muerte bajo custodia policial de Yina Mahsa Amini, una joven que había sido detenida por llevar mal puesto el velo.

La Guardia Revolucionaria es también la responsable de apoyar con dinero, armas y entrenamiento a los aliados regionales de Irán: Hezbolá en Líbano, milicias proiraníes en Irak y Siria, los hutíes de Yemen y Hamás en Gaza.

“Nuestro dinero se gasta en el belicismo de la Guardia Revolucionaria y del Gobierno y en equipamiento militar. Y eso causa la muerte de personas en Siria, Líbano y Gaza”, critica el estudiante. La arquitecta añade que esa fuerza ha costado a los iraníes “más de lo que los ha beneficiado a causa de su apoyo a grupos terroristas y aliados [del régimen] en la región”.

Uno de los eslóganes que se corean en cualquier acto oficial en Irán es “Muerte a Israel”. La paradoja es que un parte de los iraníes miran a ese país con simpatía. Algunos por oponerse al discurso oficial. Otros porque Irán albergó durante siglos a la mayor minoría judía en Oriente Próximo: más de 100.000 personas, de las que quedan unas 25.000. La arquitecta asegura que los iraníes no tienen “ningún problema hacia Israel”. Eso sí, dice, “Israel viola los derechos humanos”.

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En este sentido, instó a la “moderación extrema”, en un llamamiento similar al que están realizando diferentes países, como Alemania, Jordania y Arabia Saudí, y organizaciones humanitarias. Grossi se refiere a la respuesta que Israel, que este martes reúne por tercer día a su gabinete de guerra, ha anunciado tras ser atacado por vez primera de forma directa, el pasado fin de semana, por Irán. La ofensiva no causó ni muertos ni daños importantes. Esa creciente tensión en la zona es la que llevó al OIEA, dependiente de la ONU, a ordenar a sus inspectores no acudir el lunes a las instalaciones nucleares iraníes donde realizan sus tareas de supervisión, aunque este martes volvieron al trabajo, según añadió Grossi.

Responsables de los dos países han seguido realizando declaraciones subidas de tono y amenazas en las últimas horas. “Estoy liderando una ofensiva diplomática contra Irán”, ha anunciado el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter). El objetivo, más allá de una posible respuesta militar, es “pedir que se impongan sanciones al proyecto de misiles iraníes y que la Guardia Revolucionaria Islámica sea declarada una organización terrorista, como una forma de frenar y debilitar a Irán”.

Para ello, el jefe de la diplomacia israelí afirma haber enviado este martes 32 cartas a diferentes países; también ha mantenido conversaciones con “docenas” de colegas y personas destacadas de todo el mundo. Entre la treintena de perfiles a los que ha etiquetado se encuentra el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, desde cuyo entorno confirman a EL PAÍS que ha sido uno de los receptores de la misiva. España condenó el ataque de Teherán, al mismo tiempo que el presidente Pedro Sánchez mantiene una intensa actividad internacional buscando apoyos para declarar el Estado de Palestina.

En este sentido, la Unión Europea está “explorando cómo ampliar las sanciones ya impuestas a Irán”, algo que podría ocurrir la semana que viene durante la reunión de ministros de Exteriores, informa Bloomberg.

Respuesta “dolorosa” e “inmediata”

Mientras Israel perfila su respuesta, el presidente iraní, Ebrahim Raisí, ha amenazado de nuevo este martes con responder a “la más mínima acción” de Israel en contra de los intereses de Irán. Esa respuesta será “dolorosa” para Israel, ha advertido, según declaraciones recogidas por medios oficiales.

Como ya han hecho otros altos cargos iraníes, Raisí dejaba entrever así que Teherán podría responder militarmente, no solo a una represalia israelí dentro de su territorio, sino incluso a ataques contra aliados regionales de Irán en otros países de Oriente Próximo, especialmente en Líbano, Siria e Irak. Esa respuesta iraní a un ataque de Israel será además “inmediata”, subrayó el lunes por la noche el viceministro de Exteriores iraní, Ali Bagheri, en una entrevista con la televisión estatal: “Los sionistas deben saber que, en esta ocasión, no tendrán 12 días, sino segundos”.

En medio de esa dialéctica, Jordania, tras cooperar como único Estado árabe junto a otros países en la interceptación de los misiles y drones lanzados la madrugada del domingo hacia Israel, ha incidido este martes en que, bajo la actual coyuntura, no hay que olvidar que el centro de la contienda sigue estando en Gaza, donde Israel ha matado ya a 33.800 palestinos.

El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, ha señalado este martes que la comunidad internacional debería frenar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que con su estrategia de poner el foco en Irán “roba” la atención al enclave palestino, informa Reuters. “Estamos en contra de la escalada. Netanyahu quiere desviar la atención de Gaza y centrarse en su confrontación con Irán”, comentó Safadi durante una comparecencia ante los medios en Berlín junto a su homóloga, Annalena Baerbock, que viaja a Israel este mismo martes para tratar de pedir calma en medio del ruido de sables. “Jordania no será un campo de batalla para ninguna de las partes y la protección de los jordanos está por encima de todo”, ha dicho por su parte el rey Abdalá II de Jordania, según un comunicado oficial citado por la agencia Efe.

A las peticiones de calma se unieron las realizadas por el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, que, además de criticar por insuficientes los esfuerzos internacionales para lograr el alto en fuego en Gaza, dijo que hay que hacer más para tranquilizar la región, informa Reuters.

Hasta 13 organizaciones humanitarias que trabajan en la región han realizado un llamamiento conjunto a la desescalada. Alertan de “ramificaciones globales” si la guerra se extiende, según un comunicado que han hecho público. “Un conflicto regional sería catastrófico para Oriente Próximo, donde millones de personas ya se ven afectadas por las crisis existentes debido a los conflictos, los desplazamientos, la pobreza y el cambio climático”, señala el texto, como recoge el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), una de las organizaciones firmantes, en su página web. “Todas las partes implicadas y quienes tienen influencia sobre ellas deben trabajar de inmediato para reducir la escalada”, añaden.

El endurecimiento de tono del régimen iraní puede dejar entrever cierta preocupación por la respuesta de Israel, un adversario con mayor capacidad militar a quien Teherán trata probablemente de disuadir. Este discurso tiene también una lectura interna: reforzar la cohesión entre los partidarios de la República Islámica, un sector de la población en declive a causa de la crisis económica (el último dato oficial de inflación fue del 56%), la corrupción del régimen —especialmente de la Guardia Revolucionaria— y la represión. El régimen teocrático iraní ha asimilado tradicionalmente los antaño buenos datos de afluencia a las urnas, en ocasiones de más del 70%, como una muestra de respaldo popular. En las últimas legislativas, celebradas el 1 de marzo, solo votó el 41% de los electores.

Mucho más preocupados están los iraníes de a pie, sostiene un profesional de clase media cuyo testimonio escrito ha transmitido a EL PAÍS la activista hispanoiraní Ryma Sheermohammadi. “En Irán, está claro que la gente tiene miedo a la guerra, como demostraron las largas colas [para repostar] ante las gasolineras ya durante la noche del ataque a Israel. El pueblo de Irán no está contento en absoluto con la escalada de tensión entre Irán e Israel, y sabe las terribles consecuencias que esa forma de actuar [del régimen] tendrá en sus vidas y sus medios de subsistencia”, subraya este iraní en la treintena.

Teherán lanzó esa ofensiva nunca vista en territorio de Israel como respuesta al bombardeo israelí en el consulado del país en Damasco (Siria) el 1 de abril, que dejó un balance final de muertos de 16 personas, según cifra la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos; entre ellas siete integrantes de la Guardia Revolucionaria del régimen iraní.

El Gobierno de Israel, que reúne este martes a su Gabinete de guerra por tercer día consecutivo, está pendiente de concretar qué tipo de respuesta lanzará y cuándo al ataque inédito con misiles y drones que llevó a cabo Teherán durante el fin de semana, según la prensa local. Habrá represalia, aseguró Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor israelí, para despejar posibles dudas. La respuesta ha de justificar “el precio que tendremos que pagar en la esfera internacional”, incluido Estados Unidos y otros países occidentales, entiende el veterano analista militar israelí Ron Ben-Yishai en el diario Yediot Ahronoth.

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En las últimas horas, dos países rivales en Oriente Próximo se han enfrentado directamente: Irán lanzó el sábado cientos de drones y misiles contra Israel. Era su venganza por el ataque contra la residencia de su embajador en Damasco el 1 de abril, del que culpa a Israel. La tensión entre estas dos potencias viene de lejos. Y no se limita a sus fronteras, sino que puede tener un impacto mundial.

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Netanyahu había dejado muy claro la semana pasada cuál sería el precio de un ataque directo contra territorio israelí: el equivalente en Irán. Se hizo fotografiar con un cazabombardero especializado en ataques a larga distancia y profirió amenazas día sí, día también. La conversación con Biden (y las informaciones sobre la coordinación previa de Teherán con sus vecinos y con Washington para limitar el ataque, que no causó muertos ni apenas daños materiales) parecen haber frenado el ardor guerrero.

Aun así, “el estamento de seguridad está presionando para que se dé una respuesta militar, y parece que el primer ministro Benjamín Netanyahu también se inclina por apoyar ataques contra Irán”, asegura una fuente cercana a las negociaciones que cita el diario israelí Haaretz. Esa fuente ha señalado, sin embargo, que “la fuerte presión internacional ejercida sobre Israel influye mucho en la toma de decisiones” sobre qué respuesta adoptar.

Según el canal 12 de la televisión israelí, el gabinete de guerra ha debatido este lunes varias opciones que supongan a la vez una represalia “dolorosa”, pero no desencadenen una guerra regional. Una de ellas sería atacar instalaciones iraníes, por ejemplo las de la industria petrolera estatal, pero intentando no causar víctimas mortales. Netanyahu ha convocado además para este martes a los principales líderes de la oposición, entre ellos, el anterior primer ministro israelí, Yair Lapid, para tratar de recabar el máximo apoyo interno para los próximos pasos.

Mientras tanto, Israel ha empezado a revertir las instrucciones especiales de seguridad que dio a la población poco antes del ataque y que había prorrogado inicialmente hasta última hora del día. El Ministerio de Educación adelantó ya este lunes la reanudación gradual de la actividad educativa en colegios, escuelas infantiles y universidades en la mayor parte del país. La prohibición de reunirse en público para más de mil personas también se ha relajado.

“Es hora de debilitar al régimen iraní, proscribir a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista e imponer sanciones devastadoras al programa de misiles iraní”, ha transmitido Katz a sus homólogos británico, David Cameron, y francés, Stéphane Séjourné, en una conversación telefónica, según escribió en su cuenta de Twitter. Cameron, que tiene previsto viajar a Israel el miércoles, ha aludido este lunes a esas posibles sanciones e incluso propuesto que el G-7 (las siete grandes potencias industriales democráticas) las apruebe de forma conjunta para “aumentar la presión” sobre Teherán, al que ha definido como “el actor maligno en la región”. De madrugada, Robert Wood, embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, había anunciado a su vez ante el Consejo de Seguridad que su país “explorará medidas adicionales en los próximos días para que Irán rinda cuentas”.

Los esfuerzos diplomáticos se centran ahora en que la respuesta de Israel no provoque la escalada bélica a gran escala que teme la comunidad internacional. El presidente de Francia, uno de los países que colaboró en frenar el ataque iraní, Emmanuel Macron, ha vinculado este lunes en una entrevista de forma implícita la aprobación de nuevas medidas de castigo diplomático contra Teherán con los esfuerzos para que Israel no bombardee Irán.

“Hay que convencer a Israel de que no hace falta responder [al ataque iraní], sino aislar a Irán y convencer a los países de la región de que es un peligro, incrementar las sanciones, reforzar la presión sobre las actividades nucleares y encontrar un camino de paz en la región”, ha sostenido. Uno de los principales temores de Israel es precisamente que Irán llegue a desarrollar armas nucleares, que podría cargar en algunos de los misiles balísticos con los que ya cuenta. Uno de los posibles blancos que sopesan los expertos desde hace años son precisamente las instalaciones iraníes de enriquecimiento de uranio, que tiene fines civiles, según Teherán. Occidente desconfía y es el motivo de algunas de las sanciones que ya pesan sobre Irán.

Desde Teherán, el mensaje que no dejan de reiterar las autoridades es que dan su venganza por concluida, siempre que Israel no devuelva el golpe. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, ha reiterado este lunes que su país “no busca aumentar la tensión” pero que “responderá inmediatamente y con más fuerza que antes” si Israel ataca Irán.

“Contención”

La disposición a adoptar nuevas sanciones contra Irán y la condena prácticamente unánime en Occidente del ataque está yendo, sin embargo, de la mano de llamamientos a la “contención” también a Israel. Incluso de sus principales valedores. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha dicho que “debe contribuir también a desescalar [el conflicto]”, y Estados Unidos le insta a no responder militarmente. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha señalado este lunes que “en las 36 horas transcurridas desde el ataque, hemos estado coordinando una respuesta diplomática para tratar de evitar una escalada. La fuerza y la sensatez deben ser caras distintas de la misma moneda”.

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha reiterado en una entrevista a la cadena CNN lo afirmado por Biden a Netanyahu el domingo. “Solo porque Irán haya llevado a cabo este ataque sin precedentes, que nosotros y nuestros socios israelíes y otros socios hemos frustrado, no significa que debamos aceptar una escalada constante en la región. El presidente [Biden] no va a aceptarlo, quiere que las cosas se calmen”, ha dicho Kirby. El portavoz ha negado luego que Irán hubiera informado a EE UU ni del momento del ataque ni de sus objetivos, si bien ha reconocido que ambos países se intercambiaron mensajes sobre este.

También el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha reclamado a su vez “contención a todas las partes” y anunciado una llamada a Netanyahu para expresarle su “solidaridad con Israel frente a este nuevo ataque y discutir con él cómo evitar una escalada del conflicto”, ha dicho en una intervención ante la Cámara de los Comunes, informa desde Londres Rafa de Miguel.

Los llamamientos a la contención que, de alguna manera, sitúan a Israel y a Irán en el mismo plano simbólico son un revés para el Gobierno de Netanyahu. Quizás por ello, sus socios occidentales se cuidan mucho de acompañar las peticiones de prudencia con diatribas contra el régimen de Teherán, al que tratan como un Estado paria. Israel tiene mucho más que perder en términos diplomáticos que Irán, más aún con su imagen internacional ya erosionada por la guerra de Gaza, en la que han muerto ya casi 33.800 personas, según los datos del Ministerio de Sanidad de la Franja gobernada por Hamás.

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