Y a todo esto se suma un problema añadido que tiene muy angustiado al Gobierno y al PSOE: la posibilidad de que salgan más grabaciones, más revelaciones que afecten a otros dirigentes, porque este informe demoledor es el inicio de la investigación, no el final.

Distintos dirigentes consultados insisten en que la clave para intentar salvar la crisis es que en el informe no hay nada que implique directamente a Sánchez, y tampoco evidencias de una financiación ilegal del partido. Si aparecieran cualquiera de las dos, la crisis sería definitiva, coinciden distintas fuentes, tanto del PSOE como de sus aliados parlamentarios, en cuyas manos está también el destino del presidente y de la legislatura. El temor mayor es que aparezcan grabaciones con Koldo García de otros dirigentes del partido. “Lo que tenemos que saber es si esto es una cosa de tres golfos, que ya es muy grave porque dos eran secretarios de organización, pero podemos explicarlo como algo localizado, o hay más gente implicada”, explica un miembro del Gobierno. Muchos se aferran a la tesis de que eran solo estas tres manzanas podridas. “Lo que nos destroza anímicamente es pensar que tres desgraciados puedan debilitar un proyecto político en el que han confiado millones de personas”, remata otro.

Cada detalle que va apareciendo sobre Cerdán deja desolados a los que le trataron durante años. Y se van conociendo otros movimientos internos que ahora cobran más sentido. Cuando Ábalos fue cesado como secretario de Organización, en 2021, Cerdán hizo presión para que le dieran una embajada, pero Adriana Lastra, entonces vicesecretaria general y otra de las aliadas de primera hora de Sánchez, con la que el navarro acabó muy enfrentado, lo frenó. Cerdán también intentó que le dieran al exministro la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso, y se paró igualmente esa posibilidad. Cerdán y Lastra entraron en una guerra interna que Sánchez resolvió apostando por el navarro, al que entregó todo el poder. La política asturiana dimitió y salió de la cúpula en julio de 2022.

La situación es de tal gravedad que todos los consultados asumen que no bastará con lo que anunció el presidente el jueves: una remodelación de la ejecutiva del PSOE y una auditoría externa. Sánchez está sopesando varias opciones, según fuentes de su entorno, consciente de que esta vez no se trata de una crisis más. Ahora está en juego su supervivencia política porque fue él quien eligió a los dos secretarios de Organización corruptos. Todo está en el aire, incluida la resistencia del Gobierno, para la que no basta solo con lo que haga Sánchez, también tiene que contar con sus socios, visiblemente inquietos.

Nadie tiene claro de momento cómo se sale de esa sima tan profunda. Solo se afirma con rotundidad en el entorno del presidente lo que está descartado: adelantar las elecciones y someterse a una cuestión de confianza. Lo primero sería suicida con la crisis de credibilidad abierta en canal y lo segundo supondría entregar a los socios el poder de pedir lo que quieran a cambio de no hacer caer al Gobierno. O al menos así lo ven varios de los principales colaboradores del presidente consultados. A partir de ahí, todo está en discusión.

Sánchez le dijo el jueves a su núcleo duro, en una reunión de crisis en La Moncloa, y luego insistió ante la prensa, que no quiere hacer ahora un cambio de Gobierno. Eso supondría, según les dijo el presidente, vincular la corrupción de Cerdán con el Ejecutivo, cuando él era un cargo del partido, no un ministro. Pero nadie se anima a descartar que ahora o un poco más adelante haya una gran remodelación del Gabinete en un intento de salvar la legislatura. De momento el congreso extraordinario del PSOE tampoco parece estar encima de la mesa, pero todo es susceptible de discutirse.

Otra opción, muy difícil, es intentar rearmar la mayoría, hablar con todos los socios y plantearles la disyuntiva de que si no quieren que el PP y Vox se hagan con el poder por muchos años, deben negociar con el Gobierno los Presupuestos de 2026, cuyo borrador ya estaba preparando el Ministerio de Hacienda, para aprobarlos después del verano. Claro que para eso el presidente debería ofrecer contrapartidas muy fuertes y también dar explicaciones y soluciones a la crisis por la corrupción de dos personas de su núcleo duro.

Sánchez aún no ha llamado a sus socios, pero sí lo han hecho sus colaboradores directos. Y aunque en La Moncloa señalan que la respuesta ha sido más leal de lo que parece, y nadie está hablando de adelantar elecciones, distintos dirigentes consultados creen que si antes del jueves era muy complejo negociar Presupuestos porque varios grupos piden la luna sabiendo que eso supone salvar al Gobierno, ahora será aún más difícil.

Sánchez hablará este lunes ante la Ejecutiva del PSOE, precisamente la que ha prometido remodelar por completo. Ahí llegarán los primeros mensajes del cambio.

El presidente, aseguran en su entorno, quiere dar la cara. No está claro aún si en formato entrevista, rueda de prensa o comparecencia parlamentaria, que ya han solicitado dos de sus aliados parlamentarios, ERC y BNG. La semana próxima el presidente se quedará en España porque se ha pospuesto la cumbre sobre la paz en Oriente Próximo a la que iba a acudir el miércoles en Nueva York. La previsión de ese encuentro le había liberado de comparecer en el Congreso en la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles, pero ahora sí acudirá, con lo que ese será un momento clave de la semana en su cruce con Alberto Núñez Feijóo.

Al presidente le espera también un escenario internacional muy complejo. Está en plena negociación para la cumbre de la OTAN del 24 de junio, dando la batalla para intentar frenar la pasión belicista de varios aliados, especialmente EE UU, que quiere elevar al 5% del PIB en gasto en defensa —la friolera de 80.000 millones de euros al año— al menos al 3,5% en defensa y 1,5% en seguridad. Sánchez, que tiene también la presión de Sumar (IU es especialmente crítica) pelea para no subir mucho del 2% ya comprometido porque ha garantizado que no tocará el gasto social, una promesa que resultaría inviable en caso de plegarse a las presiones exteriores. Después tiene un Consejo Europeo y casi sin descanso una cumbre de la ONU en Sevilla, antes del Comité Federal del 5 de julio donde se deberían sancionar los cambios en el PSOE. Un calendario endiablado.

Los socios

¿Y los socios? Estupor. Conmoción. Desconcierto. Se podría rebuscar en el diccionario y aparecerían múltiples palabras de semántica parecida para describir el estado de ánimo entre los partidos que sostienen el Gobierno de Sánchez. No muy diferente a lo que se respira dentro del PSOE. Hablar con miembros de los grupos aliados del Gobierno es encontrarse con muchas preguntas y casi ninguna respuesta. Solo la convicción de que probablemente queda aún basura por aflorar y unas cuantas explicaciones que ofrecer por parte del PSOE. Y de que es imperioso hacer algo. Solo que –como le ocurre también al Ejecutivo– no se sabe bien qué.

Nadie –dejando aparte la postura cada vez más distanciada de Podemos, al que su secretaria general, Ione Belarra, definió recientemente como “oposición frontal” al Gobierno– tiene incentivos inmediatos para forzar la caída de Sánchez. El otro flanco más problemático, Junts, se limita por ahora a exigir una reunión con Sánchez para redoblar sus demandas. Nadie está dispuesto tampoco a apoyar una moción de censura del PP y más tras las acciones de este partido contra las lenguas cooficiales, que lo han distanciado aún más de los nacionalistas. Pero nadie quiere tampoco que lo acabe contaminando la toxicidad que empieza a emanar del PSOE.

La lectura del informe sobre los turbios manejos de Cerdán, Ábalos y García, con todo ese obsceno trajín de dinero sucio, ha dejado noqueados a los aliados del presidente. Ninguno imaginaba ni de lejos hasta donde podía llegar la podredumbre. Las informaciones aparecidas las últimas semanas con insinuaciones sobre Cerdán se ponían en sordina ante la proliferación de bulos o medias verdades que circulan en el casi inabarcable universo mediático de la capital.

Aunque empezaba a manifestarse incomodidad con la estrategia del PSOE de no responder a las acusaciones, algunos aliados se habían mojado esta semana en defensa de la presunción de inocencia del secretario de Organización socialista. Fue el caso del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que hasta pidió al Ejecutivo “poner pie en pared” y “pasar a la ofensiva”. O del responsable de Justicia del grupo parlamentario de Sumar y secretario general del PCE, Enrique Santiago. Incluso el secretario general de Junts, Jordi Turull, lo hizo la misma mañana del jueves, cuando estaba a punto de divulgarse el devastador informe de la Guardia Civil. En el caso de Junts y EH Bildu la estupefacción se acrecienta porque Cerdán era su interlocutor en las negociaciones con los socialistas. Y ambos habían estrechado una magnífica relación con él

En Sumar prevalece otra sensación: un enfado enorme con el PSOE. Por los comportamientos que se han desvelado y porque nadie los informó previamente ni les ha dado explicaciones que consideren satisfactorias, aseguran fuentes de la formación. Sumar se ha agarrado a la idea de que es necesario “resetear” la legislatura, pero tampoco tiene claro cómo. La gran bandera de la vicepresidenta Yolanda Díaz, recuperar la iniciativa en las políticas sociales, choca con el obstáculo de que la izquierda carece de mayoría en el Congreso. Algunos dirigentes han deslizado la idea de una posible cuestión de confianza. Cunde un gran temor a que puedan emerger cosas peores aún. Cuando se les plantea en privado la hipótesis de una futura salida de Sumar del Gobierno, la respuesta ya no es una rotunda negativa.

ERC y BNG, aun en el mismo estado de estrés postraumático que el resto, son los que se han mostrado más activos. Han exigido la comparecencia parlamentaria de Sánchez y una auditoría exhaustiva en el Ministerio de Transportes. Esta vez no se les ha sumado, como es habitual, EH Bildu, que mantiene una posición más cautelosa. Su líder, Arnaldo Otegi, tras deplorar genéricamente las prácticas corruptas, evitó críticas al PSOE y puntualizó que lo sucedido hay que enmarcarlo en el “contexto político e histórico del Estado español”. La dirección de los abertzales madurará una respuesta más concreta este lunes.

La cautela marca de la casa también impera en el PNV. En una primera reacción, su presidente, Aitor Esteban, se extrañó de que Sánchez hubiese tomado “un informe por una sentencia”, una manera de recordar que fue el fallo judicial sobre el caso Gürtel lo que llevó a los jeltzales a facilitar la caída de Rajoy. Una lectura más detallada del informe ha aumentado la preocupación. El lehendakari Imanol Pradales advirtió el viernes de que “la legislatura entra en otra fase”.

Además del estado de ánimo, hay otra coincidencia muy general entre los socios: dónde se sitúa el límite de lo admisible. Una hipotética prueba de que el presidente conocía los desmanes o de que parte del dinero iba a financiar al PSOE haría saltar todo por los aires.

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A esa hora del miércoles, las 8.30, las portadas de algunos diarios ya hablan del “informe Cerdán” de la UCO que estaba a punto de salir. Sánchez y su hombre clave del partido las comentan indignados.

Cerdán insiste en su indefensión, en quejarse de una persecución. Él decía, en público y en privado, que lo único que podía haber era conversaciones en las que se interesaba por alguna obra pública pero no por contratos amañados, sino porque le presionaban los alcaldes para ver si la que les afectaba iba a estar terminada para la campaña electoral de 2023. Y Sánchez, y con él todos los demás, le creen.

Ese miércoles, antes de la sesión de control, Cerdán y Sánchez están un rato a solas en la zona de Gobierno. El presidente transmite su solidaridad a su mano derecha en el PSOE. “Esto no puede ser, no puedes defenderte, es muy injusto”, le dice. Cerdán y Sánchez habían hablado muchas veces de estas cuestiones. El presidente le hizo llegar su solidaridad varias veces en público y muchas más en privado. “Están difamando a una persona honesta”, le había dicho a Alberto Núñez Feijóo en la anterior sesión de control, cuando el PP ya apretaba duro sobre el informe que estaba preparando la UCO. Después de esa charla a solas, en el hemiciclo hay un momento extraño que captan las cámaras: Cerdán y Sánchez no se saludan, y él no lo menciona ante Feijóo. Pero diversas fuentes coinciden en que fue casual: el apoyo se lo había trasladado de forma cerrada minutos antes y lo haría también después, durante todo el día e incluso la mañana del jueves, cuando el entorno del presidente asegura que él mantiene de forma absoluta la confianza en Cerdán a la espera del informe.

Llega la noche, y eldiario.es y la Cadena SER empiezan a dar noticias muy inquietantes para el PSOE. El informe es demoledor, hay conversaciones de Cerdán hablando de amaños de contratos, y la imputación es segura. Incluso ahí, Sánchez decide apoyar a su número tres. Vuelven a hablar, le expresa su solidaridad por lo que cree una persecución injusta, dice que cree todo lo que le cuenta —que nunca ha estado presente en ninguna conversación de dinero extraño o de amaños en contratos— y autoriza un comunicado que elaboraron Cerdán y su equipo para defender su inocencia. Está tan de acuerdo con ese texto, que lo envía él mismo a un grupo que tiene el sector socialista del Gobierno, para que lo puedan ver todos los ministros. Y ordena difundirlo al máximo. También se envía al grupo de la Ejecutiva federal del PSOE, con autorización de Sánchez.

En ese momento, aunque la preocupación crece en todo el partido y en el Gobierno, Sánchez le dice a su entorno que tiene que haber una confusión en el informe. Que no es posible que Cerdán le esté mintiendo de esa manera tan burda y lleve haciéndolo años en los que han compartido miles de horas, reuniones, viajes, momentos de máxima tensión y de mucha confianza. Las apuestas en el entorno del presidente son a esas horas que el informe será un bluf, que al fin Cerdán podrá defenderse y explicar todo.

Algunos analizan ahora, con perspectiva, que Sánchez también fue presa de su propia obsesión con la persecución judicial contra el Gobierno y el PSOE de la que él y sus personas de confianza, Cerdán entre ellos, han hablado tantas veces. La cúpula en torno a Sánchez se instaló tanto en la idea de que todas las acusaciones contra ellos eran falsas que, pese a las noticias cada vez más inquietantes sobre Cerdán, el presidente decidió creerle. Además, Sánchez ha demostrado un nivel de desinformación impensable para un presidente del Gobierno. En su entorno insisten en que no supo nada concreto del demoledor informe de casi 500 páginas hasta que no lo publicó la prensa. Ni él ni su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tuvieron ningún tipo de información. Y por eso, señalan los suyos, medio Gobierno puso la mano en el fuego por Cerdán hasta quemársela entera.

Según explican varios dirigentes consultados, al contrario que José Luis Ábalos, que siempre llevó un ritmo de vida muy alto, hablaba mucho de dinero, se quejaba de que no le llegaba y de que otros en el Ejecutivo y sobre todo en empresas públicas ganaban mucho más que él, Cerdán era un hombre aparentemente muy austero, bastante gris en sus gustos, con un toque claramente rural que él siempre reivindica -va todo lo que puede a su pueblo en Navarra, donde realmente parece sentirse cómodo- sin coches caros, ni relojes, ni restaurantes finos, ni ningún lujo visible.

Con esa defensa cerrada de Sánchez se fueron él y los ministros a dormir el miércoles, confiando en que la UCO habría cometido en el mejor de los casos un error y en el peor un evidente exceso que se podría comprobar al leer el informe y que se volvería en su contra.

El jueves Sánchez ya no va al Congreso, pero Cerdán sí. El número tres del PSOE tiene aún el cuajo de negar todo. “No me reconozco en esas conversaciones, nunca ha participado en una conversación de ese tipo”, le dice a los periodistas.

Ya solo queda menos de una hora para que se publique el informe, pero en ese momento Sánchez sigue apoyándolo. Incluso después de que conociera la nota del Supremo que apunta que el juez ve indicios sólidos contra Cerdán. Sánchez y su equipo siguen en ese momento indignados con las filtraciones a la prensa sin que aún se supiera a ciencia cierta qué decían las conversaciones, cuál era el contexto. “Esta filtración seguro que no la investiga el Supremo”, se quejaban en su entorno poco antes de que apareciera el informe completo, respirando por la herida del proceso contra el fiscal general del Estado por otra filtración que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso.

Entonces sale el informe y es como una detonación simultánea en todos los despachos del poder del país. Sánchez lo lee en el suyo en La Moncloa, a solas, con asesores que le van dando detalles. El hemiciclo se llena de políticos, periodistas, asesores, girando sus móviles a la posición horizontal para leer mejor las demoledoras conversaciones entre Cerdán, Ábalos y Koldo García. “Pensábamos que él no tenía nada que ver y de repente descubrimos que no solo pasaba por ahí, es que parecía el jefe de la trama, el que manejaba el dinero”, resume un miembro del Gobierno.

Impertérrito, aunque con las manos temblorosas y cada vez más hundido en su escaño, Cerdán también lo lee con su mano derecha, Juanfran Serrano, a la vista de los periodistas en la tribuna de prensa, justo encima de su escaño, y los fotógrafos a su lado. Mientras, recibe decenas de mensajes que va borrando cuidadosamente.

En cuanto lo lee, Sánchez consulta con algunos miembros de su núcleo duro y tiene muy claro que Cerdán debe dimitir. Pero antes, el presidente hace algo inesperado, que solo se explica porque este es un asunto del que no puede responsabilizar a nadie más que a sí mismo, porque es él quien decidió confiar en Cerdán, que le acompaña desde 2014, como antes lo hizo en Ábalos.

Pero es que además le puso a él a limpiar el partido después de la crisis por la salida del anterior secretario de organización, apostó por él cuando se enfrentó con Adriana Lastra y ella acabó fuera de la cúpula y Cerdán con todo el poder, y le renovó la confianza en el congreso del PSOE hace seis meses, cuando ya había muchas sospechas y todos sabían que había sido él quien llevó a Koldo al PSOE y a Madrid. Cuando echó a Ábalos, Sánchez nunca quiso hablar con él. Mandó a Cerdán. Pero esta vez es diferente.

El presidente habla con Cerdán y le ordena que vaya a La Moncloa en cuanto acabe el pleno. Cerdán vota como los demás, sale más nervioso de lo que entra —“estoy muy tranquilo, había dicho a la entrada”— y se va a hablar con el líder. Algunos afirman que Sánchez quería que Cerdán le confesara a la cara lo que había hecho, que admitiera que le había engañado durante años. Pero sucedió lo contrario.

Incluso delante de Sánchez, con casi 500 folios inapelables, Cerdán lo niega todo. Dice que ese de las conversaciones no era él, que están manipuladas, que él nunca ha repartido dinero de comisiones, que eso es imposible. Sánchez ya no le cree. Le ordena que dimita y entregue el acta y lo comunique a los medios rápidamente. El presidente necesita anunciar las decisiones rápido porque a las 19.00 tiene un acto con el Rey y con Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, en el Palacio Real.

En cuanto Cerdán se marcha a Ferraz para escribir su comunicado con sus colaboradores, Sánchez reúne a su núcleo duro o al menos a los que pueden llegar rápidamente. Los ministros María Jesús Montero, Félix Bolaños, Óscar López, y su jefe de Gabinete, Diego Rubio, ven a Sánchez demacrado, muy tocado. El líder también habla por teléfono con muchos otros ministros y colaboradores. A todos les repite lo mismo: “Santos me ha mentido en toda la cara, es increíble, me ha engañado durante años”.

El presidente descarta las medidas más drásticas: su dimisión, que pide la oposición —“esto no va de mí o del PSOE sino de un proyecto político que está haciendo cosas buenas para el país”, diría después—, la convocatoria de elecciones, una crisis de Gobierno, una moción de confianza. Y se centra en la remodelación del PSOE, que anunciaría después, y una auditoria externa. Para muchos, muy poco para las dimensiones de la crisis.

Otros sostienen que en los próximos días Sánchez tendrá que madurar más movimientos porque el agujero de credibilidad que le deja la corrupción de sus dos últimos secretarios de organización es enorme.

El presidente se prepara entonces para comparecer en Ferraz, algo que no había hecho nunca desde que llegó a La Moncloa, y romper un silencio de 44 días sin admitir preguntas de la prensa. Antes de ir a Ferraz se cambia, se pone un traje muy oscuro, casi negro, como de funeral, se maquilla muy fuerte, con un tono mucho más sombrío de lo habitual, y con esa cara y ropa de sepelio llega ante los periodistas en una comparecencia muy seguida en televisión. Pidió perdón ocho veces, dice que nuca tenía que haber confiado en Cerdán, y trata de ganar tiempo para intentar recomponer su mayoría, reorganizar el PSOE y pensar en algún movimiento pare evitar un colapso definitivo que le lleve a unas elecciones en el peor momento posible, con una casi segura debacle para la izquierda que está en shock después de que el partido que llegó al poder contra la corrupción de Gurtel y del PP de Mariano Rajoy tenga a sus dos últimos secretarios de organización en un caso flagrante de amaños de contratos y enriquecimiento con comisiones de empresas constructoras.

Nadie sabe cómo va a salir Sánchez esta vez del agujero, el más profundo en el que ha estado en siete años en La Moncloa. La desolación es total. “Tres golfos se pueden cargar un proyecto político que hacen miles de personas y sirve a millones. Es terrible”, se lamenta un miembro del Ejecutivo. Pero no son tres cualquiera, sobre todo Ábalos y Cerdán, los dos a los que Sánchez les encargó dirigir el partido mientras él estaba en el Gobierno.

Como siempre, todos esperan movimientos audaces de Sánchez. Pero de momento nadie los vislumbra y él ha decidido darse tiempo para pensar y consultar con dirigentes del partido antes de dar más pasos. Sánchez, el hombre de las mil resurrecciones, esta vez tiene un problema mayúsculo: no hay nadie a quien culpar, más allá de los corruptos. No hay complots externos, no hay jueces o policías haciendo cosas extrañas. El único responsable de haber confiado en Cerdán y antes en Ábalos es el propio presidente. Y por eso la reacción tendrá que ser suya y muy fuerte si quiere reconducir la legislatura.

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Óscar Puente, ministro de Transportes, se apunta en las filas socialistas como el posible nuevo hombre fuerte del partido, aunque nada parece decidido aún.

Pero distintos miembros del Gobierno, del partido y de los socios consultados creen que no será suficiente, que también tendrá que hacer una crisis de Gobierno y cambios muy profundos para intentar sobrevivir a la que es sin duda su peor crisis en siete años, y eso que ha sufrido algunas muy graves. El presidente insiste en que quiere aguantar hasta 2027 y no se plantea adelantar las elecciones ni cambiar el Gobierno, pero para lo primero también tendrá que contar con sus socios, muy críticos en estas horas y que podrían retirarle su apoyo, y lo segundo no se lo acaba de creer casi nadie. “Esta legislatura merece un reseteo, un punto de inflexión, exigimos un tiempo nuevo en las relaciones entre el PSOE y Sumar. La salida solo es posible con un giro de 180 grados desde lo social”, dijo Yolanda Díaz. Más suave estuvo el líder del PNV, Aitor Esteban, quien afirmó que “incluso el PSOE es consciente de que hacen falta más explicaciones” y ha aventurado que estas “se irán dando” en los próximos días, junto con “más información” sobre el caso que ha provocado la dimisión de Cerdán. Junts, que en un primer momento descartaba apoyar una moción de censura, ahora pide una reunión con el PSOE para ver si la legislatura puede seguir. ERC, mientras, pide extender la auditoria al Ministerio de Transportes y descarta apoyar una moción de censura. “PP y Vox nunca serán una alternativa para que encarnen una corrupción sistémica”. Podemos, por su parte, considera que las disculpas de Sánchez “no tapan la realidad”.

Sánchez compareció con cara de funeral en la sede del PSOE, donde no daba una rueda de prensa desde que es presidente del Gobierno, pidió perdón hasta ocho veces, y trató de ganar tiempo pero sin tomar ninguna decisión drástica más allá de forzar la salida de su número tres. El presidente quiso dejar muy claro que Santos Cerdán no había dimitido por voluntad propia, como decía su comunicado: fue él quien lo echó.

Durante toda la noche del miércoles y la mañana del jueves, Sánchez mantuvo la confianza en la palabra de Cerdán, que le insistía en que no había cometido ninguna irregularidad, y lo defendió ante todos lo que le preguntaban o le sugerían que lo destituyera. Era una defensa casi personal. Sánchez asegura que no tuvo ningún detalle del informe hasta que se hizo público, lo que muestra que el Gobierno no tiene ningún control, ni siquiera información indirecta, sobre las investigaciones que le afectan, algo inédito en democracia y que muestra algo que critican muchos en el PSOE, esto es que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no tiene ni siquiera información indirecta de cosas que se hacen en su ministerio.

Cuando salió el informe, Sánchez se hundió inmediatamente, según diversas fuentes. Cerdán aguantó el tipo toda la mañana sentado en su escaño leyendo el documento y salió del hemiciclo diciendo que iba a dar explicaciones. Pero cuando Sánchez se las exigió, el número tres del PSOE solo supo decir que no se reconocía en esas conversaciones, que ese no era él, que los audios tenían que estar manipulados. Y ahí ya el presidente no le creyó y le pidió la dimisión inmediata, que se comunicó poco después. A partir de ahí, Sánchez reunió a su equipo de máxima confianza para preparar su comparecencia en Ferraz y su petición de perdón. El líder del PSOE no entró a discutir ninguna de las acusaciones del informe de la UCO, las dio por buenas y dijo que son “indicios muy graves”. Todas las discusiones internas sobre los excesos de la UCO quedaron rápidamente atrás ante la contundencia del demoledor informe que estaba ya publicado en todos los medios.

A partir de ahora se abren muchas incógnitas, incluida la propia supervivencia del Ejecutivo, que nadie da por segura dada la gravedad de la crisis. Sánchez ha tratado de garantizarla, con la idea de que esto solo afecta a su partido porque Cerdán era secretario de organización sin ningún cargo en el Gobierno. Pero aquí la palabra también la tienen sus socios, que en la mayoría de los casos no consideran suficientes ni la dimisión de Cerdán ni la petición de disculpas de Sánchez.

En el Gobierno confían en que nadie esté interesado en apoyar una moción de censura si es que Alberto Núñez Feijóo se decide a presentarla, porque supondría hacer presidente al líder del PP aunque sea para convocar elecciones inmediatamente y además hacerlo con los votos de Vox. Pero más allá de que no haya moción de censura, cosa que el líder del PP descartó este jueves, la dificultad ahora está en continuar con una mayoría que está llena de agujeros porque Sánchez llegó al poder con una moción de censura contra la corrupción y muchos socios han hecho bandera de esa regeneración democrática y tienen muchas dificultades para seguir apoyando a un partido que tiene a sus dos últimos secretarios de organización implicados en casos muy graves de corrupción.

“Convocatoria electoral no habrá hasta 2027, esto no va de mí ni del PSOE, va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas para nuestro país. Defendemos un modelo de país que es necesario. Y, crisis de Gobierno, en absoluto; esto no está afectando al Gobierno de España. Cerdán era el secretario de organización del PSOE”, dijo el presidente. Pero muchos lo interpretaron como una forma de ganar tiempo ante la necesidad de tomar decisiones más drásticas en las próximas semanas para intentar aguantar la mayoría.

Sánchez pidió disculpas hasta ocho veces, a los ciudadanos, a los votantes, a los militantes, y se mostró con “profunda indignación y tristeza” por haber confiado en la palabra de Cerdán, que incluso este jueves ante el líder del PSOE seguía negando que hubiera participado en nada ilegal. El líder del PSOE dice que asume en primera persona “toda la responsabilidad política” por haber nombrado a Cerdán y a Ábalos, pero las decisiones se quedan en una remodelación de la Ejecutiva y en una auditoría externa. Tampoco está encima de la mesa ningún congreso extraordinario del PSOE ni nada parecido, según su líder.

Aunque los socios están visiblemente molestos, y exigen explicaciones y decisiones contundentes, Sánchez cree que puede seguir la legislatura y llegar hasta 2027. De hecho, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo compareció tras la rueda de prensa de Sánchez sin anunciar la presentación de una moción de censura para la que, por el momento, no hay números. Pero el presidente sí asume que este caso es muy grave y por eso ha forzado la dimisión de Cerdán y prepara más cambios en el partido que aún no tiene decididos. “Los indicios [contra Cerdán] son graves, muy graves. A lo largo de esta tarde he pedido su dimisión, su renuncia al acto, y por eso quiero pedir disculpas. El PSOE y yo no debimos confiar en él. Desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero, pero sí existe la tolerancia cero”, ha explicado.

Sánchez asumió el error de confiar en Cerdán de manera muy personal. “Hasta esta mañana consideraba veraces todas las explicaciones de Santos. Yo no soy perfecto. Tengo virtudes y defectos. Pero siempre he creído y trabajado por la política limpia. Siempre he estado comprometido por la regeneración política. Me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político en el que confían millones de personas se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos. Pido una vez más perdón y disculpas. La contundencia será proporcional a la enorme decepción e indignación”, ha rematado. Lo que sí rechazó es que los mensajes de Cerdán y Koldo García hablando de amañar dos votos en las primarias de 2014 pongan en cuestión su llegada al poder. “Estamos hablando de dos votos y yo gané por 17.000. Me decepciona esa conversación, pero la limpieza de las primarias está fuera de toda duda”, remató.

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Pero Sánchez no ve en riesgo la legislatura y dice que vale la pena seguir porque “hay un proyecto político que está haciendo cosas buenas para la gente”. “Convocatoria electoral no habrá hasta 2027, esto no va de mí ni del PSOE, va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas para nuestro país. Defendemos un modelo de país que es necesario. Y, crisis de Gobierno, en absoluto; esto no está afectando al Gobierno de España. Cerdán era el secretario de organización del PSOE”, ha asegurado el presidente.

Sánchez pidió disculpas hasta ocho veces, a los ciudadanos, a los votantes, a los militantes, y se mostró con “profunda indignación y tristeza” por haber confiado en la palabra de Cerdán, que incluso hoy ante el líder del PSOE seguía negando que hubiera participado en nada ilegal. El líder del PSOE dice que asume en primera persona “toda la responsabilidad política” por haber nombrado a Cerdán y a Ábalos, pero las decisiones se quedan en una remodelación de la Ejecutiva y en una auditoría externa. Tampoco está encima de la mesa ningún congreso extraordinario ni nada parecido.

Aunque los socios están visiblemente molestos, y exigen explicaciones y decisiones contundentes, Sánchez cree que puede seguir la legislatura y llegar hasta 2027. Pero sí asume que este caso es muy grave y por eso ha forzado la dimisión de Cerdán y prepara más cambios en el partido que aún no tiene decididos. “Los indicios [contra Cerdán] son graves, muy graves. A lo largo de esta tarde he pedido su dimisión, su renuncia al acto, y por eso quiero pedir disculpas. El PSOE y yo no debimos confiar en él. Desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero, pero sí existe la tolerancia cero”, ha explicado.

Sánchez ha asumido el error de confiar en Cerdán de manera muy personal. “Hasta esta mañana consideraba veraces todas las explicaciones de Santos. Yo no soy perfecto. Tengo virtudes y defectos. Pero siempre he creído y trabajado por la política limpia. Siempre he estado comprometido por la regeneración política. Me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político en el que confían millones de personas se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos. Pido una vez más perdón y disculpas. La contundencia será proporcional a la enorme decepción e indignación”, ha rematado.

El presidente también ha querido comparar su reacción con la del PP ante casos de corrupción. “La realidad es que hay organizaciones políticas que reaccionan y otras que amparan y ocultan. El PP perseguía a los policías que investigaban la corrupción; yo me he enterado hoy del informe de la UCO”, ha explicado. “Esta organización asume sus responsabilidades, otras no lo hacen en casos graves de corrupción que afectan a una presidenta autonómica, a exministros, a responsables actuales del PP. Me gustaría que los medios exigieran lo mismo al PP como lógicamente ustedes lo hacen en esta comparecencia tan difícil como la que estoy teniendo hoy”, ha insistido.

El presidente ha asumido los datos más graves del informe, no los ha discutido, ha explicado que son muy graves y ha dicho que será la justicia la que tenga que dilucidar sus consecuencias. Pero sí ha querido desmentir que las primarias de 2014, en la que le ganó a Eduardo Madina y llegó por primera vez a la secretaría general, estuvieran amañadas porque en una conversación entre Cerdán y Koldo García hablan de una trampa con dos votos. “Quiero decir que 2014 gané por más de 17.000 votos, y aquí estamos hablando de dos. Ese comentario de dos votos me decepciona, pero la limpieza y garantías de las primarias del PSOE son totales”. Después de 24 minutos de rueda de prensa, con seis rondas de preguntas, Sánchez ha abandonado la sala con la misma cara desolada y con un último mensaje repetido: “Quiero pedir disculpas otra vez a la ciudadanía”.

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En una nota de prensa sin logotipo del partido, Cerdán mantiene su inocencia, asegura que dimite “para poder dedicarse a su defensa” y que nunca “ha cometido ninguna ilegalidad”. El ya exsecretario de Organización de PSOE se muestra dispuesto a colaborar con la justicia y comparecerá voluntariamente el próximo 25 de junio.

Sánchez entrega así la cabeza más importante, la de su número tres, pero algunos dirigentes consultados creen que no basta y que tendrá que tomar más decisiones. En la rueda de prensa en la tarde de este jueves en Ferraz, el líder socialista y presidente del Ejecutivo ha descartado un adelanto electoral antes de 2027, así como una crisis de Gobierno, y tras pedir “perdón a la ciudadanía”, ha anunciado que encargará una “auditoría externa” sobre las cuentas del partido para despejar cualquier duda y una “reestructuración” de la cúpula socialista que se materializará en el congreso del próximo 4 de julio.

La crisis no es como las demás. Sánchez se ha acostumbrado a vivir en la tormenta y a sobrevivir durante siete años a todo tipo de situaciones políticas aparentemente imposibles. Pero esta vez la sensación tanto en el PSOE como en el Gobierno y entre sus socios es diferente. Cerdán ya es el segundo secretario de organización socialista -tras José Luis Ábalos- implicado en un caso grave de corrupción, con un informe demoledor de la UCO que ha dejado KO al Ejecutivo y al partido. La mayoría de apoyos del Gobierno pedían la cabeza de Cerdán, algo que ya ha sucedido, pero también que Sánchez diera explicaciones y dejara de estar “escondido”, en expresión de Gabriel Rufián, de ERC. El presidente llevaba un mes y medio sin contestar a ninguna pregunta de la prensa. La de esta tarde ha durado unos 20 minutos.

Sumar, el socio minoritario de la coalición, había pedido expresamente que Cerdán entregara el acta de diputado y el cargo de secretario de organización en el PSOE. Varios socios están siendo muy duros, especialmente Podemos. Otros, como Junts, descartan apoyar una moción de censura. Alberto Núñez Feijóo no ha aclarado, de momento, si la presentará, pero ha subrayado la “gravedad” de la situación.

La moción de censura parece difícil, pero la mayoría también tendrá muchas dificultades para mantenerse en esta situación, porque varios socios recuerdan que este Gobierno llegó al poder en 2018 para acabar con la corrupción de Mariano Rajoy, y para muchos de ellos se hace muy difícil sostener su apoyo si no hay decisiones muy drásticas, más allá de la propia dimisión de Cerdán. Algunos especulan con una profunda remodelación del partido y también del Gobierno, que Sánchez ha descartado este jueves. El exministro Alberto Garzón incluso propone que Podemos vuelva a entrar en el Ejecutivo para afrontar el resto de la legislatura.

Durante las últimas horas, especialmente el miércoles por la noche y este jueves por la mañana, tanto el Gobierno como el PSOE decidieron ganar tiempo y esperar a conocer el informe de la UCO, cofiando en que todo fuera un malentendido. Sánchez ha explicado que mantuvo hasta el último momento su confianza en Cerdán, una persona clave en su estructura de poder, mucho más que un número tres del partido.

Cerdán acompaña al presidente desde su primera batalla en las primarias de 2014, de las que se habla en las conversaciones con Koldo García para amañar votos. El líder socialista ha recordado este jueves durante la rueda de prensa que ganó las primarias por miles de votos y ha asegurado la “limpieza” del proceso. Una prueba de la confianza que Sánchez tenía en su ya ex secretario de organización es que fue la persona que envió a Suiza para negociar con Junts cada paso de la legislatura, incluida la investidura, en la que su trabajo fue decisivo para lograr el pacto con Carles Puigdemont.

Con José Luis Ábalos, Sánchez pudo decir que lo había apartado del núcleo duro del poder mucho antes de que saltara el escándalo, en 2021, y que le había pedido rápidamente el escaño. Fue precisamente Cerdán el que se lo pidió en su casa de Rivas Vaciamadrid. Pero con el secretario de organización que acaba de dimitir ese argumento no vale. Sánchez lo ha defendido hasta el último momento y sobre todo tomó hace unos meses una decisión que se ha vuelto en su contra y que muchos dirigentes y miembros del Gobierno consideran ahora, pasado el tiempo, completamente incomprensible: lo confirmó como secretario de Organización en el Congreso Federal del pasado diciembre en Sevilla, cuando había muchos rumores de que lo apartaría precisamente por su cercanía al caso Koldo, porque él mantenía una estrecha relación con Ábalos y con el propio García, que venía de Navarra como él y al que había introducido en el partido como chófer de la dirección.

Los detalles del informe, las conversaciones con Koldo hablando de dinero, incluso de posibles amaños en las primarias, han dejado totalmente desconcertados al Gobierno y al PSOE. Nadie acaba de entender cómo pudo Cerdán presentarse en el Congreso y hablar con total naturalidad ante la prensa negando las acusaciones cuando debía conocer de esas conversaciones en las que dice que no se reconoce. Cerdán se pasó casi toda la mañana de este jueves en su escaño mandando y recibiendo mensajes y leyendo el informe de la UCO, a pesar de lo cual, después dijo a la prensa que no lo había leído.

Otra de las cuestiones que desconcierta a distintos dirigentes consultados es que Sánchez no tuviera en ningún momento información del contenido de este informe demoledor y mantuviera hasta el último minuto su confianza en Cerdán, algo que, por tanto, le quita cualquier cortafuegos y le afecta directamente por la responsabilidad política de haberlo mantenido en el puesto y confirmado en el último congreso. El entorno de Sánchez insistía en que la única información que tenían era la que publicaba la prensa.

Los dirigentes consultados, entre los que hay miembros de la cúpula del PSOE, diputados, senadores y líderes territoriales, opinaban antes de la dimisión de Cerdán que la situación era “insostenible”. “Con dos secretarios de organización corruptos, la conclusión es que tú no eres viable como secretario general”, apostilla un antiguo líder territorial que señala ya directamente a Pedro Sánchez como responsable de que la presunta trama corrupta “escalara” hasta la cúpula misma del PSOE.

“Esto es brutal”, decía mientras salía noqueado del Congreso un diputado miembro del comité federal, el máximo órgano de decisión del PSOE. El ánimo en la bancada socialista era desolador. “La gente está en shock”, resume un parlamentario. Hasta pasadas las seis de la tarde, cuando se ha informado de la rueda de Sánchez en Ferraz, el grupo de WhatsApp de la ejecutiva federal del PSOE guardaba silencio. El mensaje anterior era del martes por la noche y transmitía que Cerdán no había “participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”.

El expresidente Felipe González se ha alineado con el barón del PSOE en su petición de que las elecciones generales sean antes de las autonómicas y municipales de mayo de 2027. Una posición que cada vez comparten más cargos socialistas, sobre todos alcaldes, los más interesados en que su gestión no se vea afectada por “la política nacional” —el eufemismo al que recurren varios para referirse a los pactos contra natura con los independentistas como Junts— y a los casos de corrupción que según la UCO implica a Cerdán de lleno con Ábalos y Koldo García. Un regidor piensa que el escenario no deja margen: “El presidente tiene que convocar para después del verano, hay que pensar en el partido. Es insostenible para los alcaldes y nos arrastra”. Sánchez ha descartado el adelanto electoral.

“El informe que acabamos de conocer explica la inacción con Leire [Díez] ¿Qué por qué se reaccionó con tanta lentitud? Era algo que nos preguntábamos todos y tampoco se explicó como debíamos”, apunta un secretario provincial por el “daño” a un partido centenario. “La aureola con la que llegamos al Gobierno en 2018 como la solución a la corrupción ha quedado mancillada”, reflexiona. “Y nos hemos quedado sin relato. No todo puede ser una persecución”, interviene otro líder provincial.

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La primera reacción del PSOE ha sido la de defender al secretario de Organización. “Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”, mantiene en un comunicado. “Cuando se conozca la totalidad del informe, Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona”, añade. Esas mismas fuentes transmiten que Cerdán “no da crédito” a los datos manejados por la UCO y asegura que “jamás” habló de esos con José Luis Ábalos o con Koldo García. Mensaje parecido lanzan desde el Gobierno: “No podemos opinar sobre un informe que aún no hemos leído y unas conversaciones de las que desconocemos el contexto”.

El Ejecutivo insistía por la mañana en que no había ninguna acusación formal contra Cerdán, y que todo lo que está tratando de mover la oposición se basa en comentarios sobre un informe de la UCO cuyos detalles no se conocían. El PP, por el contrario, cree que el silencio de Sánchez sobre Cerdán en el pleno del Congreso y el lenguaje gestual entre ellos indica que el líder está a punto de dejar caer a un hombre clave en su estructura de poder y que le acompaña desde que dio la batalla de las primarias en 2017. Cerdán ha reconocido que se cruzó mensajes con el que entonces era el hombre de máxima confianza del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, interesándose por distintas obras, pero no por ningún movimiento ilegal ni amaño de ningún tipo, sino porque como coordinador territorial del partido tenía la presión de muchos alcaldes y dirigentes provinciales que querían saber cómo iban las obras en sus territorios y presionaban para que estuvieran acabadas antes de las elecciones de 2023, algo habitual en el mundo político.

A su vez, fuentes del PSOE de Navarra insistían en que se trata de “una cacería política sin ningún tipo de pruebas” contra Cerdán, y recalcaban que las adjudicaciones ya han sido investigadas con detalle en esta comunidad tras las denuncias de UPN y no se ha encontrado ninguna irregularidad. “Hubo 37 iniciativas de UPN al respecto en la pasada legislatura sobre este tema. Y en lo que le llevamos de legislatura, ha habido 46 iniciativas sobre este tema. Se han presentado 17 empresas registradas en ocho UTE [uniones temporales de empresas] y no ha habido denuncias ni recursos de ninguna de ellas. En la mesa de adjudicación cinco técnicos votaron una cosa y hubo dos votos particulares. El del secretario que firmó la adjudicación y el del interventor que hizo un reparo no suspensivo. Por lo tanto, sin ilegalidades. Esto es lo que hay. Que investiguen todo lo que quieran”, explican.

Ignacio Cabeza, presidente de la Cámara de Comptos, órgano fiscalizador de la gestión económica y financiera del sector público de la comunidad foral, negó actuaciones ilícitas en su comparecencia en el Parlamento de Navarra el pasado 17 de diciembre. “Es la obra relevante de la legislatura y nos hubiera gustado que defectos que pusimos de relieve se hubieran solventado con unos buenos pliegos, unos buenos criterios y un buen procedimiento de votación. No obstante, nuestra asesoría jurídica analizó profunda y detenidamente el contrato de Belate y desde luego no detectó ningún tipo de responsabilidad ni contable ni de ninguna otra naturaleza”, afirmó.

UPN, que interpuso en 2024 una denuncia ante la Guardia Civil —la senadora María Mar Caballero dijo en una entrevista que habían valorado ir a la Fiscalía, pero los servicios jurídicos que asesoran al partido recomendaron acudir al instituto armado— ante la sospecha de irregularidades en el proceso, ha llamado a comparecer esta legislatura en el Parlamento navarro al director general de las obras del Gobierno de Navarra, al presidente de la mesa de contratación que dio la adjudicación y al secretario que firmó esa adjudicación. La adjudicación de los túneles de Belate se hizo en 2024, es decir, tres años después de que Ábalos fuera cesado. Desde la dirección de la federación socialista que lidera María Chivite, presidenta autonómica desde 2019, afirman que “ha sido todo un explicado minuciosamente y se ha dado toda la documentación existente”. Y subrayan que “hay incluso más de mil conversaciones entre los técnicos que se les dio a todos los grupos parlamentarios”.

La propia Chivite compareció el 16 de abril del año pasado sobre esta obra que ahora está bajo sospecha, la del desdoblamiento de los túneles de Belate: “Es la más transparente de todas las adjudicaciones que haya podido hacer cualquier Administración de Navarra. La ciudadanía navarra no solo ha podido conocer los datos que en cumplimiento de la normativa de transparencia podría llegar a tener de cualquier contrato público, las actas de las reuniones, hasta la resolución de la adjudicación, pasando por el informe de fiscalización, colgado todo en el Portal de Transparencia. Atendiendo a las peticiones de información de este Parlamento, el Gobierno ha enviado más de 2.000 folios de documentación extra, incluyendo correos electrónicos que los miembros de la mesa de contratación se han intercambiado durante la duración de sus trabajos. Es como si este contrato se hubiera desarrollado bajo el ojo de un gran hermano que todo lo veía”, declaró. El PSOE y todos los grupos de la mayoría están, pues, a la expectativa de lo que pueda dar de sí el informe de la UCO que sigue sin conocerse, pero de momento el respaldo a Cerdán no solo por parte del presidente sino de dirigentes como Gabriel Rufián sigue firme y sobre todo lo que va creciendo es la presión para que el Ejecutivo, como dijo el portavoz de ERC, “salga a la ofensiva” frente a estas acusaciones que ven infundadas. Pero todo eso fue antes de que se conocieran los últimos datos manejados por la UCO.

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Alberto Núñez Feijóo intentará apretar al presidente con los escándalos de las últimas semanas y la última decisión de este miércoles, que cierra la tormenta perfecta, con la entrada de la UCO en casa de José Luis Ábalos en Valencia tras hallar indicios del cobro de mordidas por amaño de obra pública. Los investigadores aseguran haber hallado conversaciones en la que supuestamente admite haber recibido comisiones.

Sobre Ábalos la línea de defensa del Gobierno está más clara: le pidieron el acta e iniciaron el proceso de expulsión menos de una semana después de la detención de Koldo García. Con el caso Leire Díez, la exmilitante del PSOE que maniobró contra la cúpula de la UCO, todo ha sido mucho más difuso, la reacción más lenta y las explicaciones prácticamente inexistentes. Sánchez y su equipo estaban este martes ultimando los mensajes de respuesta en la sesión de control, pero todo indica que el presidente tratará de pasar de puntillas sobre todo por el caso de Díez, un asunto sobre el que no ha dicho aún una palabra porque lleva un mes y medio si responder a ninguna pregunta de la prensa. La pregunta de Feijóo es muy abierta —¿cree que España se merece tener a un presidente del Gobierno como usted?—, pero es seguro que tratará de explotar todos los escándalos recientes.

En La Moncloa creen que Sánchez no debe hablar de Díez, que ya ni siquiera es miembro del PSOE, porque sería darle una entidad que ellos creen que no tiene, ya que no se trata de una fontanera ni de nadie importante dentro del partido, como sí lo fue Ábalos, y sus maniobras no se hacían en nombre de la dirección ni de Sánchez, por lo que no debe dar explicaciones sobre algo que no le atañe. Pero Feijóo y Abascal insistirán en intentar que conteste, así que Sánchez estaba este martes ultimando su respuesta, pero con una idea similar a la de la última sesión de control a la que asistió, entonces con el escándalo por sus mensajes de WhatsApp con Ábalos en primer plano, en la que dijo que mientras la oposición se dedica a “la casquería” el Gobierno está con la gestión y los buenos datos económicos.

El Ejecutivo está desesperado porque no logra que las buenas noticias económicas de las últimas semanas, con cifras de empleo récord, niveles de la Bolsa que no se veían en 17 años, beneficios récord de las empresas y una temporada turística también sin precedentes, quedan completamente opacadas por las polémicas judiciales y mediáticas. Sánchez intentará hablar de vivienda, como hizo en la Conferencia de Presidentes, pero la oposición tratará de llevarle a su terreno.

Lo que sí ha decidido ya con absoluta claridad el Gobierno es dar un salto sin posible marcha atrás en su ofensiva para trasladar la idea, que según las encuestas tiene cada vez más aceptación entre los votantes progresistas, de que un grupo de jueces está trabajando al límite de lo legal, bordeando la prevaricación, para perjudicar al Gobierno e incluso para tratar de tumbarlo. En privado, los ministros hablan abiertamente de este intento destituyente de algunos jueces y repiten la frase de José María Aznar “el que pueda hacer que haga” como si fuera el origen de toda esta operación. En público las formas se cuidan algo más, pero ya se ha dado el salto inédito hasta ahora de criticar directamente un auto del Tribunal Supremo desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, lo que da idea de hasta dónde llega el enfado del Gobierno y sobre todo su convicción de que una parte importante de la ciudadanía está tan indignada como ellos por el auto del juez Hurtado. “Es evidente que a estas alturas algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”, dijo Pilar Alegría, la portavoz, desde esa mesa, la que traslada la opinión más meditada del Gobierno sobre los asuntos de actualidad.

El sector socialista cuenta además con el respaldo de todos sus socios en este asunto. De hecho algunos, como Podemos, le piden que sea más contundente con las reformas para impedir que los jueces puedan tomar este tipo de decisiones que consideran arbitrarias. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue muy tajante en su apoyo al fiscal, al que respalda de forma “absoluta, completa y radical”. Díaz fue muy dura con el juez, en línea con muchos juristas tras leer el auto. “Me dedico a la abogacía en mi vida privada. No he visto un auto semejante como lo que estamos conociendo en estos días. Por tanto, muestro mi perplejidad por lo que estamos asistiendo y lo que sí que desde luego hemos de hacer es respetar el resultado de las urnas el 23 de julio. Y digo a los poderes fácticos y para el Partido Popular que está en la oposición, tiene una herramienta en democracia a su disposición que se llama moción de censura. Pero basta ya de torpedear todas las instituciones en nuestro país”, señaló en los pasillos del Senado.

Otra ministra de Sumar, Mónica García, de Sanidad, también defendió al fiscal y sobre todo que no dimita a pesar de sentarse en el banquillo porque se le está acusando sin pruebas. García recordó el caso del primer ministro portugués António Costa, que dimitió por una investigación de la Fiscalía que después quedó en nada. Costa ha sido rehabilitado políticamente y ahora preside nada menos que el Consejo Europeo, la reunión de primeros ministros en Bruselas, pero su salida del Gobierno provocó una crisis fuerte en la izquierda y el PSP no resolvió bien la sucesión, y pasó de tener una mayoría absoluta a perder las elecciones y ahora ha vuelto a bajar, por lo que el líder que sucedió a Costa ha dimitido. Esto es, para García, una prueba de que si se cede ante una acusación injusta, las consecuencias políticas pueden ser irreparables. A pesar de la presión, el Gobierno insiste en que si no aparece ninguna prueba de que el fiscal general fue el filtrador, y creen que el auto demuestra que el juez no ha encontrado ninguna, va a mantener el apoyo a García “hasta el final”, esto es, hasta una condena que ven totalmente imposible.

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La portavoz, Pilar Alegría, ha sido directa en una respuesta muy preparada en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. “Es evidente que a estas alturas algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”, ha dicho ante la primera pregunta sobre el auto del juez Hurtado. También le preguntaron si el Ejecutivo cree que el juez está tomando decisiones injustas a sabiendas, si está prevaricando. Y ella no rechazó el término, aunque se mantuvo en la frase que tenía preparada y medida. “Creo que con la expresión ‘difíciles de entender’ se explica bien. No hay ninguna prueba clara que señale al fiscal general como filtrador de nada. Varios periodistas explicaron que tenían esa información y no por el fiscal y no se han tenido en cuenta sus testimonios. La expresión es prudente, pero suficientemente explícita”, ha rematado, insinuando así la idea de la prevaricación pero sin mencionarla.

El Ejecutivo está siendo muy duro con el auto del juez, que critican de forma aún más fuerte en privado. Por eso defienden al fiscal, porque creen que está siendo procesado de manera injusta y sin ninguna prueba. Y por eso rompen el criterio, bastante instalado en el PSOE en los últimos años, de que un dirigente debe dimitir cuando se le abre juicio oral. El Ejecutivo apela a la excepcionalidad de la actuación del juez para justificar la excepcionalidad de su respuesta, que implica defender al fiscal general hasta el final, prácticamente hasta que sea condenado, algo que además ven totalmente imposible sin pruebas.

Sánchez ha decidido cerrar filas con el fiscal, pero además no está solo: la mayoría de los socios del Ejecutivo salieron también a apoyarles y algunos criticaron con dureza al juez que ha decidido procesarlo. Al contrario que en otras ocasiones, el Ejecutivo puede contar esta vez con el apoyo de toda la mayoría que lo respalda, incluido Podemos

“Este Gobierno mantiene el apoyo al fiscal general”, ha dicho Alegría. “Niego rotunda y categóricamente que hubiese instrucciones por parte de presidencia. Esto no sucedió nunca. Lamentamos mucho que el Supremo haya hecho estas afirmaciones sin ninguna prueba. No hay ninguna prueba de que el fiscal filtrara nada. Varios periodistas declararon que tenían la información varias horas antes, y estos testimonios se tiraron a la basura. Defendemos la presunción de inocencia, máxime en este caso. No es un auto firme, cabe recurso, trasladamos la máxima confianza en la justicia, en la honestidad y el buen trabajo de jueces y fiscales”, ha rematado la portavoz.

El Gobierno cree que el juez ha cometido un error grave con un auto en el que no aporta nada sólido para incriminar al fiscal y está convencido de que una parte muy importante de la opinión pública, según las encuestas que maneja internamente el Ejecutivo, está empezando a girar ante la evidencia de que algunos jueces —el Gobierno siempre insiste en que son solo unos pocos, no muchos ni una mayoría— están tomando decisiones al límite para perjudicar al Ejecutivo. Así que el Ejecutivo, ya desde hace meses, ha cambiado su habitual respuesta de “respeto total a la actuación de los jueces” por un contrataque con dureza a cada decisión polémica que lo perjudica.

El presidente, Pedro Sánchez, y su equipo de máxima confianza, con Félix Bolaños, ministro de Justicia, al frente de esta cuestión, están dispuestos a mantener el apoyo a García hasta el final, según coinciden diversas fuentes del Ejecutivo. Pero confían en no tener que llegar al extremo de apoyar a un fiscal general condenado porque creen que en este caso el que se ha excedido es Hurtado, con un auto que provoca en privado palabras muy gruesas por parte de miembros del Gobierno. Los miembros del Ejecutivo que están más encima de este asunto creen totalmente imposible que haya una condena e incluso confían en que pueda triunfar la apelación que hará García Ortiz porque tendrán que decidir sobre ella tres magistrados con prestigio

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El Gobierno ha decidido cerrar filas con el fiscal incluso el día de en que ha quedado a un paso del banquillo, pero además no está solo: la mayoría de los socios del Ejecutivo salieron también a apoyarles y algunos criticaron con dureza al juez que ha decidido procesarlo. Al contrario que en otras ocasiones, el Ejecutivo puede contar esta vez con el apoyo de toda la mayoría que lo respalda, incluido Podemos, últimamente muy crítico, porque todos coinciden con distintas palabras en rechazar el auto del juez. Antonio Maíllo, de IU, lo vio como un ataque al Gobierno de coalición, mientras Ione Belarra, de Podemos, insistía en que es la prueba de que en la justicia sigue mandando la derecha. El Gobierno tiene varias reformas judiciales en marcha y espera contar con el apoyo de todos sus socios. El PP y Vox, por el contrario, pidieron la dimisión del fiscal.

El presidente, Pedro Sánchez, y su equipo de máxima confianza, con Félix Bolaños, ministro de Justicia, al frente de esta cuestión, están dispuestos a mantener el apoyo a García hasta el final, según coinciden diversas fuentes del Ejecutivo. Pero confían en no tener que llegar al extremo de apoyar a un fiscal general condenado porque creen que en este caso el que se ha excedido es Hurtado, con un auto que provoca en privado palabras muy gruesas por parte de miembros del Gobierno. Los miembros del Ejecutivo que están más encima de este asunto creen totalmente imposible que haya una condena e incluso confían en que pueda triunfar la apelación que hará García Ortiz porque tendrán que decidir sobre ella tres magistrados con prestigio. “Algunos jueces no son conscientes del deterioro de la imagen de la justicia que provocan autos como el de hoy [por el lunes]. Está creciendo la desconfianza en la justicia. Lo vemos en los sondeos. Pero confiamos en el que cuando esto llegue a la sala segunda del Supremo haya otros que sí crean necesario preservar esa imagen de la justicia”, señala un miembro del Gobierno. “Todos estos excesos se acabarán poniendo en su contra, si es que no está sucediendo ya”, analiza otro.

Desde que la derecha se hizo con el control del CGPJ, hace más de 10 años, e incluso antes, la Sala de lo Penal se ha ido llenando de jueces conservadores hasta estar muy descompensada a favor de este sector. Pero, aun así, varios miembros del Gobierno consultados confían en que estos jueces, ya reunidos en forma de sala y con necesidad de buscar consensos, “no tendrán el descaro” de condenar sin pruebas, según la visión del Ejecutivo, nada menos que a un fiscal general del Estado.

“¿Pero alguien ha leído el auto? ¡Pero si son todo suposiciones! No ha creído a ninguno de los testigos que lo exculpaban, sobre todo los periodistas. ¿Pero dónde está el in dubio pro reo?“, se indigna un miembro del Gobierno. “No puede condenarlo. Seríamos Burundi. A pesar de todo, nosotros tenemos fe en el Supremo, creemos que alguien tiene que parar esta locura de Hurtado. No hay por dónde coger el auto”, señala otro. “Pero ¿cómo puede decir el juez en la primera línea del auto ‘a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno’ y luego no demostrar de dónde saca esa conclusión y no aportar ninguna prueba de que se diera esa instrucción que nunca existió?“, se enfada.

Esto en la parte privada. Porque en público las opiniones, aunque más matizadas, también fueron contundentes. Incluso el ministro de Justicia, el que más cautela debe tener con sus palabras sobre los jueces, fue muy claro en su defensa de García Ortiz, al que el Gobierno ve sometido a un proceso muy injusto. Bolaños aseguró que García es “un servidor público ejemplar”. “Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto. Es habitual que personas que se ven sometidas a procesos penales y a delincuentes presuntos, es habitual que arremetan contra los fiscales. Desde luego, el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales, que persiguen el delito. Eso, sin ninguna duda. Y, por tanto, nuestra confianza plena en el fiscal general del Estado y también en la Fiscalía en su conjunto”, aseveró Bolaños.

El ministro explicó que conoció la noticia cuando asistía, como el fiscal general, a un acto en la sede del Consejo General del Poder Judicial, algo que tampoco ven casual algunos miembros del Gobierno, cada vez más molestos con los movimientos de algunos jueces que tienen muy identificados, y no tanto de la justicia en general. Bolaños confió en los procedimientos que aún quedan contra el auto. “Cabe recurso de reforma, cabe recurso de apelación y, por tanto, vamos a estar al sistema de garantías, al sistema de recursos que tiene nuestro país. Sin duda, al final, la verdad prevalecerá”.

Bolaños niega con rotundidad cualquier instrucción del Gobierno al fiscal general sobre este caso. “Se dice que hubo eventuales instrucciones de la Presidencia del Gobierno [sobre la filtración] de la Fiscalía General del Estado. Quiero negar rotunda y categóricamente esto. Esto no sucedió nunca y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria porque esto no sucedió nunca”.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado explican que Álvaro García Ortiz se encontraba en el despacho de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, con las autoridades que iban llegando a un acto sobre igualdad, cuando se conoció la decisión judicial que le deja al borde del banquillo. Dichas fuentes señalan que en el Tribunal Supremo “obviamente sabían” que García Ortiz iba a asistir a la sede del CGPJ y consideran que no es casual que se conociera justo en ese momento con el fin de hacer “el mayor daño posible”. Más directo fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, que es jurista. “La oposición real tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer tiene que haberles sentado fatal”, tuiteó enlazando a la noticia del auto. Esto es, según Puente, la verdadera oposición está en la justicia.

El procesamiento ha llegado justo cuando el Ejecutivo empezaba a coger un poco de aire tras la sucesión de crisis que ha enlazado desde el apagón del 28 de abril. El ambiente en el Gobierno era un poco más tranquilo porque, como apuntaba Puente, consideran que la manifestación del PP en Madrid, convocada bajo la disyuntiva de “Mafia o democracia”, a juicio de ministros y otros miembros de la sala de máquinas de La Moncloa y de Ferraz había tenido un seguimiento por debajo de las expectativas generadas por el PP que, nada más conocer la decisión del juez Hurtado, pidió la dimisión de García Ortiz. Fuentes oficiales de la Fiscalía aseguraron tras conocer el auto de incoación de procedimiento abreviado, que el fiscal general del Estado se reafirma en su compromiso de “continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma” y defendieron su inocencia.

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“Lo ocurrido hoy es bochornoso. Esta lógica no nos lleva a ninguna parte. Es perniciosa para las instituciones, para la democracia y para la ciudadanía. Visto lo visto hoy, no sé si merece la pena volver”, dijo Pradales. No fue el único. El otro presidente que no es ni del PP ni del PSOE, el canario Fernando Clavijo, también salió horrorizado después del espectáculo en el que por primera vez en la historia una presidenta, Isabel Díaz Ayuso, abandonó la Conferencia porque se habló en euskera y en catalán. Clavijo también criticó que las comunidades del PP se estén resistiendo a recibir a los menores inmigrantes que se acumulan en Canarias. “Pueden discutir la ley, pero espero que no la incumplan”, dijo en tono muy preocupado después de que varios gobiernos del PP hayan pactado con Vox que no acogerán ni un solo menor.

La Conferencia de Presidentes fue, para muchos de los presentes consultados por EL PAÍS, un punto de no retorno en la sima que se ha abierto entre los dos grandes partidos en los últimos años. La política española queda completamente rota. Ya no es que no pueda haber acuerdos, analizan varios de ellos en privado, es que empieza a ser muy difícil incluso que haya reuniones. El PP, según explican varios de sus barones, está convencido de que Sánchez ha iniciado su final. Y están dispuestos a hacer todo lo que esté en sus manos para precipitarlo.

“Cada mes que pase, el desgaste va a ser peor. Esto no va a parar. El panorama que viene por delante no le dará ninguna tregua. Habrá decisiones judiciales cada vez más duras. Si él quiere, va a resistir hasta 2027, pero su partido va a llegar desfondado. La izquierda española puede acabar como la del resto de Europa”, sentencia un barón del PP.

La dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue por libre y rompió la estrategia de Génova, que quería centrar la Conferencia en la petición coordinada de elecciones anticipadas para instalar la idea del fin de ciclo que quiere consolidar con la manifestación de este domingo. Ayuso fue protagonista a su aire, como siempre, y fue la única que se levantó y plantó durante un rato a los otros presidentes y se llevó toda la atención mediática.

El Gobierno quiere ver ahí un PP “roto por sus disputas internas”, según un ministro. Pero aunque el resto de barones no estén en eso, sí hay una especie de ambiente destituyente coordinado en la oposición. “Al final Sánchez va a acabar convocando las elecciones a palos”, dijo Juanma Moreno. Esto es, por las buenas o por las malas ―la Junta explicó después que “a palos” en Andalucía quiere decir forzado por las circunstancias, no tiene ninguna referencia violenta― el PP cree que Sánchez no va a poder resistir el desgaste.

Pero en el Gobierno y en las pocas autonomías controladas por el PSOE lo ven de una manera completamente diferente. “Esto es algo completamente artificial. El PP logra atraer la atención mediática con su apuesta por el fango, pero la realidad es que los ciudadanos no están en esto. Esta ofensiva política no se corresponde con la realidad social y económica del país. Esto es un asedio al presidente desde la oposición, pero no hay tensión en la calle, la gente está a otra cosa”, explica un presidente autonómico.

De hecho, la imagen en Barcelona este viernes era muy significativa. Dentro del Palacio de Pedralbes, la tensión fue máxima. Pero fuera, en la calle, apenas medio centenar de personas se acercaron a gritar contra Sánchez o a defender la independencia. Una imagen impensable hace solo unos años, cuando el Rey, que estuvo en el arranque de la cita, tenía dificultades para hacer actos públicos en Barcelona.

“Esta estrategia de Ayuso es suicida para el PP en Cataluña y en Euskadi. Ha ofendido a mucha gente. Pero también en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Galicia, en Navarra. Esto puede servir para Madrid, pero fuera genera mucho rechazo. El PP está pasando todas las líneas rojas, pero eso se va a volver contra ellos. Nos cohesiona a nosotros”, sentencia otro presidente.

“¿Qué busca el PP dinamitando por ejemplo la negociación para las lenguas cooficiales en la UE? ¿Qué relación va a tener después de eso con Junts, con el PNV, con socios potenciales? Está quemando todas las naves. Hacen el clima irrespirable, pero esto es sobre todo una cosa madrileña. El resto de España no está en esta lógica. No pueden aguantar dos años así. Sánchez no tiene ningún incentivo para adelantar elecciones. Mientras el ciclo económico sea positivo, él va a seguir y el PP no se sabe adónde va”, señala otro.

Los populares tienen una visión opuesta. Creen que el desgaste de Sánchez es imparable. “Todo lo que retrasen la decisión de adelantar las elecciones va a ser peor para el PSOE. Ellos sabrán, pero nosotros no vamos a parar”, señala un barón del PP. Todos ellos, los más duros y los más moderados, están esta vez juntos en la estrategia de acoso y derribo a Sánchez. Y todos se unirán hoy en la manifestación en Madrid. El antisanchismo es el pegamento más fuerte para la derecha en este momento.

En el Gobierno, mientras, se respira una cierta inquietud por la desafección hacia la política que genera todo este clima tóxico, del que culpan al PP. En algunos sectores preocupa que el PSOE se ve como paralizado por el escándalo de las maniobras contra la cúpula de la UCO de su exmilitante Leire Díez, que se pasea por las televisiones contando su historia. El PSOE está en silencio. Nadie explica nada. Y los socios del Gobierno están inquietos porque nadie se cree que ella estuviera haciendo un trabajo periodístico de investigación.

Sánchez lleva desde el 28 de abril sin contestar una sola pregunta de la prensa, y así ha evitado estos temas espinosos. Pero en algún momento tendrá que dar una explicación. La oposición está tratando de forzar una comparecencia en el Congreso que podría tener los votos con el apoyo de ERC.

En el Ejecutivo insisten en que su agenda es otra, la que interesa a los ciudadanos: la vivienda, las reformas sociales, las ayudas. Si el PP no les sigue, el resto de autonomías sí, incluida Euskadi y Canarias, no gobernadas por el PSOE, que sí aceptan el plan del Ejecutivo para triplicar la inversión en vivienda que se planteó en la Conferencia de Presidentes. “En este momento, aguantar es ganar. Nosotros vamos a seguir con nuestra agenda. Por mucho que se empeñe el PP, los ciudadanos están en otra realidad. Basta ver las previsiones que tenemos para este verano, que será de nuevo de récord”; explica un ministro.

Lo que nadie se plantea ni por un momento es que Sánchez ceda y tire la toalla. “El mensaje del PP es muy claro: o me entregas el juguete o se acaba el juego. Y nosotros no vamos a entregarles el juguete porque eso no es democrático”, señala un ministro. “Nosotros le damos vueltas a todo, tenemos muchas posibilidades de actuación encima de la mesa, y tenemos socios para sacarlas adelante. Pero no vamos a rendirnos porque estos es la democracia y nosotros tenemos una mayoría en el Congreso y ellos no. ¿Por qué no presentan una moción de censura si no?”, explica otro.

Sánchez hizo una broma durante la Conferencia para despejar este fantasma que siempre sobrevuela todo, la idea del adelanto electoral. Les ofreció a todos que pidan ser sede de las próximas reuniones. “Habrá tiempo para todos porque las elecciones serán en 2027, cuando tocan”. La distensión duró segundos y volvieron las caras de circunstancias. Ni siquiera está claro que pueda haber una próxima reunión, dado el fracaso de Barcelona.

El Gobierno seguirá intentando volver a su agenda normal e impulsará las reformas que tiene en cartera. El PP, por su parte, seguirá echando toda la carne en el asador, logre o no su objetivo de tumbar a Sánchez. En poco tiempo se sabrá cuál de las dos estrategias tiene más fuerza. Pero lo que ya parece seguro es que la política española está rota por un largo periodo de tiempo.

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El PP quiere transmitir la idea de fin de ciclo, mientras el Gobierno intenta mostrar normalidad y garantizar que la legislatura está solo a la mitad. Los presidentes del PP, que son mayoría en este órgano —13 de los 19, incluyendo a Ceuta y Melilla— se coordinaron el día anterior con la dirección nacional para pedir uno detrás de otro delante de Pedro Sánchez que adelante las elecciones ante la “situación política crítica”, que les llevará este domingo a manifestarse en Madrid con el lema “mafia o democracia”. Sánchez les contestó con claridad: no habrá elecciones hasta 2027, “cuando tocan”. El presidente y algunos barones socialistas, como el asturiano Adrián Barbón, trataron de rebajar la tensión que dominaba el ambiente con algunas bromas, pero con poco éxito.

Barbón le dijo a Sánchez en broma que esperara para convocar esas elecciones que le pedían los del PP porque él querría hacer la próxima Conferencia de Presidentes en Asturias. Y Sánchez le respondió que no se preocupe, que eso no va a pasar, y animó a los demás en la sala a ofrecerse para albergar otras reuniones de este tipo porque habrá tiempo a muchas de ellas porque las elecciones serán en 2027. El intento de distensión fue infructuoso, porque el tono del PP estaba prefijado y fue de extrema dureza, y por supuesto no hubo ni un solo amago de intentar llegar a un acuerdo en materias como vivienda, la propuesta estrella de Sánchez.

Como es habitual, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, acaparó buena parte de la atención mediática por la mañana por dos episodios muy tensos. Primero, porque le negó el saludo a Mónica García con un desplante: “¿Vas a saludar a una asesina?“, le lanzó por las acusaciones de Más Madrid sobre su responsabilidad en la muerte de 7.291 ancianos en las residencias durante la covid. García le contestó que ella nunca la ha llamado asesina y una persona de protocolo de Presidencia tuvo que interrumpirlas para que siguieran los saludos porque se estaban enzarzando.

Después, Ayuso se levantó y abandonó la sala cuando el lehendakari, Imanol Pradales, empezó a hablar en euskera. No volvió hasta que no había terminado Salvador Illa, que hablaba en catalán —aunque la primera vez que lo hizo, en el saludo inicial, no se levantó— y entró justo para escuchar al gallego Alfonso Rueda, del PP, que arrancó en gallego, una contradicción evidente con la postura de Ayuso, y dijo en este idioma que él respeta todas las lenguas cooficiales, también el euskera y el catalán que acababa de escuchar, pero prefería usar el castellano para evitar hablar ”con intermediarios".

Ayuso fue por libre en todo momento. Los demás presidentes del PP se han quedado sentados escuchando a Pradales e Illa y varios de ellos se han colocado los pinganillos con la traducción. La presidenta madrileña defendió esta discrepancia interna. “Yo tengo libertad para manifestar lo que o me parece bien y para ser coherente, no voy a participar en esta farsa, y los otros presidentes también tienen libertad para hacer lo que estimen oportuno”, explicó.

Después varios presidentes de los dos partidos hablaron también brevemente en sus lenguas cooficiales, sin que Ayuso ya se volviera a levantar porque entendía que solo era un saludo. El asturiano habló un poco en bable, y la navarra, María Chivite, en euskera. La de Baleares, Marga Prohens, del PP, lo hizo brevemente en mallorquín, y Carlos Mazón saludó en valenciano, aunque ambos explicaron que es mejor hablar en castellano en esta reunión para entenderse. Illa explicó que las lenguas cooficiales son una riqueza para el país y es lógico que se hablen en un organismo autonómico. “Entender esto es entender España”, insistió.

Más allá del gesto de Ayuso, que acaparó como siempre mucho protagonismo mediático y provocó la reacción indignada del lehendakari, del líder del PNV, y de varios políticos catalanes, la discusión de fondo político que centró la reunión fue la petición de elecciones por parte del PP y el rechazo tajante de Sánchez. El presidente, que dirige la reunión y puede intervenir cuando quiera, tuvo un cruce con el murciano Fernando López Miras, del PP, que muestra la discrepancia de fondo entre el Gobierno y el PP a la hora de analizar el momento político. López Miras concluyó su intervención diciendo que “el sistema de financiación autonómica está caducado” y que, “si el Gobierno no es capaz de reformarlo, debería convocar elecciones”.

Sánchez le contestó de forma clara. “El sistema de financiación autonómica caducó ya en 2014. Por aquel entonces, gobernaba un presidente del PP con mayoría absoluta y aun así no fue capaz de actualizarlo. Nadie le pidió que adelantara las elecciones por ello. Tampoco los barones populares. Así de difícil es alcanzar un consenso para llevar a cabo esa reforma. No es exclusivamente una cuestión de partidos”, le dijo el presidente.

Al arrancar, Sánchez había intentado calmar la situación y había pedido a los presidentes autonómicos que intentaran rebajar el tono y buscar algún debate constructivo en temas que interesan mucho a la sociedad, como la vivienda, en la que las competencias son compartidas y, por tanto, es imprescindible un acuerdo para desarrollar políticas. Sánchez propuso triplicar el presupuesto para vivienda en los próximos cinco años, hasta 7.000 millones de euros, y que el Gobierno pague el 60% y las comunidades el 40%, pero los barones del PP rechazado de plano esta iniciativa porque creen que no está claro cómo se pagaría y qué condiciones tendría. Varios presidentes reprocharon a Sánchez y al Gobierno que no había preparado la reunión.

El presidente había pedido “dejar la crispación en el perchero”, pero fue inútil, porque todos fueron muy duros aunque nadie hizo un desplante como el de Ayuso. “Esto no da más de sí”, dijo la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. El andaluz Juan Manuel Moreno también reclamó elecciones “ante la situación política crítica, la falta de mayoría social y parlamentaria de Pedro Sánchez, incapaz de presentar un proyecto de Presupuesto y la creciente desconfianza en la política”.

Al final de la cita, se produjo de nuevo un choque entre varios barones del PP —que pidieron que se votaran algunas de sus propuestas— y el presidente, que rechazó de plano esa idea. En la Conferencia de Presidentes los acuerdos se aprueban por consenso y las recomendaciones necesitan el apoyo de dos tercios de los líderes autonómicos y del presidente del Gobierno. Sánchez explicó el reglamento, donde se deja claro este sistema, y dijo que en la cita se ha constatado que no hay consenso en ninguno de los temas, ni los propuestos por el Gobierno, con la vivienda como estrella, ni los que ha planteado el País Vasco, ni los que sugiere el PP. “¿Esto quiere decir que no aceptas ninguno de los ocho puntos propuestos por el PP?“, le preguntó el gallego Rueda. “Eso es. Si no, se aprobarían, pero el Gobierno no los acepta”, contestó Sánchez.

El Ejecutivo explica que los puntos del PP eran inaceptables, porque todos suponen una enmienda a la política del Ejecutivo. La Conferencia fue así “un fracaso”, en palabras del andaluz Moreno y del aragonés Jorge Azcón, y según otros presidentes en un tono mucho peor que la última en Santander, que también terminó sin acuerdos.

El sentimiento de desazón tras la jornada fue manifestado también por parte de dirigentes de distinto signo político. “No puedo ocultar que me voy con sensación de absoluta decepción y tristeza. Lo ocurrido antes y durante la celebración de este foro es muy preocupante”, señaló el lehendakari ante la prensa de manera genérica, pero con alusión velada a la actitud de los populares. Mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se reafirmó en su petición de convocatoria de elecciones en su intervención posterior. “Para mí sería desleal con los ayuntamientos y autonomías socialistas ponerlos por delante y llevarse las bofetadas de la política nacional”, ha enfatizado. De puertas para dentro, García-Page fue muy duro frente a Sánchez en materia de financiación autonómica. También en las concesiones que, sostiene, se ha hecho en las competencias de inmigración a favor de Junts. Según los barones populares, Sánchez se ha negado a la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El PP cree que esto muestra el deterioro de la vida política española y la necesidad de ir a elecciones. El Gobierno, por el contrario, cree que la conferencia ha evidenciado que el PP “está roto”, porque Ayuso fue a su aire con su voluntad de boicotear la reunión con sus desplantes.

Lo único seguro es que la política española ha entrado en un modo de ruptura total donde ya no solo los acuerdos son inviables, sino que incluso las reuniones solo para hablar se tornan casi imposibles, algo que según se lamentaban varios de los presentes en la cita no hace sino empeorar la imagen de la política ante los ciudadanos, ya muy desgastada.

Segunda oportunidad

La propuesta estrella del Gobierno en la Conferencia de Presidentes, rechazada de plano por las comunidades del PP, tendrá una segunda oportunidad con cinco regiones. El plan del Ejecutivo para triplicar la inversión pública hasta alcanzar los 7.000 millones de euros para el periodo 2026-2030 se negociará con el País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias, con las que el Ministerio de Vivienda comenzará a trabajar de manera bilateral a partir del lunes. “No hace falta reglamento ni estatutos para decir sí a más presupuesto para vivienda, sí a protegerla para siempre y sí a más transparencia”, ha sostenido la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, en una comparecencia posterior, y en referencia a la actitud de las comunidades del PP, que no se han sumado al acuerdo.

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Fuentes del gabinete de Isabel Díaz Ayuso confirman el encontronazo con Mónica García. “La presidenta estaba dando la mano y saludando protocolariamente a todos los ministros del Gobierno en la Conferencia de Presidentes. Cuando se le ha acercado la ministra de Sanidad, esta ha pretendido darle dos besos”, señalan. “Le ha ofrecido la mano, le ha preguntado si todavía pretendía darle un beso a una asesina después de lo que Más Madrid le había dicho ayer en la Asamblea y que eso no tenía un pase”, concluyen.

He saludado a Ayuso con la educación institucional que corresponde. Su reacción ha sido desproporcionada y reveladora. Jamás la he llamado “asesina”. Solo demuestra estar nerviosa por las imputaciones y cada vez más cercada por la investigación de los 7291 mayores abandonados en…

— Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 6, 2025

Este último choque se une al breve plante que ha realizado Díaz Ayuso finalmente, quien ayer ya había amenazado con ausentarse porque es la primera Conferencia de Presidentes en la que hay una traducción simultánea para el uso de las lenguas cooficiales a petición del president, Salvador Illa, y del lehendakari Pradales. Desde el Gobierno insistieron en que este es un órgano autonómico y hay varias comunidades con lengua cooficial, y no tiene sentido que se pueda hablar en el Congreso o en el Senado y no en la Conferencia de Presidentes. Pero Ayuso subió el pulso. “Pienso decirle a todos ellos, al presidente y a sus ministros [...], que lo que están pretendiendo es una absoluta golfada”, aseveró la presidenta en la Asamblea de Madrid, este jueves. “Que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o me lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo, no me lo pienso poner”, añadió. Así ha sucedido. Desde la Comunidad de Madrid explican que la presidenta se ha levantado cuando Pradales ha empezado a hablar en euskera, tal y como había advertido. La dirigente ha vuelto a entrar con la intervención del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien ha defendido en gallego las lenguas cooficiales, pero dijo que iba a hablar el resto de su turno en castellano para que le entendieran todos.

La frialdad de Ayuso también ha sido evidente este viernes con la llegada de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno y la de la Comunidad de Madrid apenas han cruzado mirada. También significativo ha sido el tenso encuentro con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, después de que el dirigente socialista pidiera esta semana elecciones. Aunque, tras la foto oficial con el Rey, Sánchez y Page sí han hablado durante rato en un corrillo junto a Adrián Barbón y María Chivite. Ayuso se ha mantenido en todo momento bastante sola y lo más alejada posible de Sánchez, solo arropada en ese momento por Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. Salvador Illa y Carlos Mazón han hablado también bastante tiempo.

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Tanto que la noticia sería la celebración de esta XVIII edición de la Conferencia con normalidad, algo que está en riesgo hasta el último minuto. La tensión llega hasta el límite de la propia convocatoria porque el PP pone en cuestión hasta el último minuto los temas, el formato —ahora está reclamando votaciones, algo nada habitual— e incluso el idioma en el que se desarrollará. Todo es motivo de polémica y tensión entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

El Ejecutivo cree que el PP está intentando encontrar una excusa para boicotear la reunión, y por eso le acepta todo, como hizo con el orden del día, para salvarla. Para el Gobierno, que vive semanas muy difíciles con todo el foco puesto en las maniobras de su ya exmilitante Leire Díez, la propia celebración y una cierta imagen de normalidad con el Rey en Barcelona es un éxito, aunque además insiste en que quiere sobre todo hablar de vivienda, una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos. El Gabinete de Sánchez estará representado por él, las tres vicepresidentas y hasta nueve ministros.

Para el PP, por el contrario, el Gobierno solo quiere “un paripé de propaganda” sin voluntad real de llegar a acuerdos. Lo cierto es que hasta el último minuto, dos presidentes del PP de distintas tendencias plantearon novedades que dejan dudas sobre el éxito final de la cita. Varios presidentes enviaron en el último momento una detallada documentación sobre los temas que quieren incluir, y el Ejecutivo ha aceptado que todos estos textos se lleven este viernes a la reunión para evitar problemas, aunque cada vez parece más inabarcable tratarlos todos en una cita en la que cada uno interviene 10 minutos.

Más tarde, el andaluz Juan Manuel Moreno reclamó, también este jueves, víspera de la cita, que se organice una votación para ver qué acuerdos salen adelante, algo inédito, porque siempre que ha habido acuerdos —en la última en Santander, ya enrarecida, no se cerró ninguno— se han hecho por consenso. De hecho, así está pensado el órgano, que no es legislativo, solo de discusión. El reglamento deja claro que los acuerdos “se adoptarán por consenso” y las recomendaciones “por el presidente del Gobierno y dos tercios de los presidentes presentes”. Por tanto, explican en el Ejecutivo, no cabe votación alguna: si el presidente ve que no hay consenso en un tema, no se someterá a aprobación porque siempre necesitaría su apoyo. El reglamento, que ahora critica el PP, fue aprobado por unanimidad en 2022, en una cita en La Palma en la que estaba Alberto Núñez Feijóo como presidente de Galicia y la mayoría de los actuales barones autonómicos del PP, recuerdan en el Ejecutivo.

Y, por último, hay una polémica muy fuerte, con amenaza de plantón por parte de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, porque será la primera Conferencia de Presidentes en la que habrá una traducción simultánea para el uso de las lenguas cooficiales a petición del president, Salvador Illa, y del lehendakari, Imanol Pradales. Hay que ver qué hará el gallego Rueda, que en su comunidad usa el gallego con naturalidad. Desde el Gobierno insisten en que este es un órgano autonómico y hay varias comunidades con lengua cooficial, y no tiene sentido que se pueda hablar en el Congreso o en el Senado y no en la Conferencia de Presidentes. Pero Ayuso sube el pulso. “Pienso decirle a todos ellos, al presidente y a sus ministros [...], que lo que están pretendiendo es una absoluta golfada”, aseveró la presidenta en la Asamblea de Madrid, este jueves. “Que todo lo que me tengan decir en los pasillos en español o me lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo, no me lo pienso poner”, añadió, informa Manuel Viejo. Luego, por carta a Sánchez, Ayuso ha rechazado tajante el plan de los 7.000 millones para vivienda que el presidente del Gobierno presentará mañana, por considerar la propuesta “improvisada” y “una injerencia inaceptable” en las potestades de las comunidades autónomas, informa José M. Abad Liñán. Con todos estos ingredientes, la cumbre autonómica se prevé de alto voltaje. “No me puedo creer que se vaya a levantar por eso, sería una falta de respeto a lenguas que están en la Constitución, no puede hacer”, señala un ministro. Pero lo cierto es que la amenaza está ahí.

Desde el anuncio de la cita por parte del Gobierno, en los territorios populares se instaló la estrategia de confrontación total frente al intento de Pedro Sánchez de “aparentar institucionalidad” con la promoción de la cumbre. Así, las pasadas semanas han estado salpicadas de varias reuniones ad hoc en las que estaban citados los 13 consejeros de Presidencia de las 11 comunidades y las dos ciudades autónomas donde el PP gobierna. Unos encuentros presenciales y telemáticos celebrados con la aquiescencia de Génova en busca de una hoja de ruta que obligara al Gobierno a incorporar su orden del día —como finalmente así fue—, bajo amenaza de los barones de no secundar la Conferencia de Presidentes si no se aceptaban sus pretensiones. Los dirigentes populares se sentarán en el cónclave, pero con la tensión en máximos.

Porque, pese al primer logro del PP en la carrera a la Conferencia al imponer su agenda, la temperatura de este viernes en el Palacio de Pedralbes de Barcelona romperá el termómetro. “Sánchez nos quiere vacilar”, resume un barón popular a pocas horas de la cita a la que los presidentes acuden tras días de durísimas acusaciones contra el jefe del Ejecutivo por los supuestos casos de corrupción que rodean al PSOE. Más aún después de la esperpéntica comparecencia de la excargo socialista Leire Díez y la irrupción del presunto conseguidor Víctor de Aldama de este miércoles. “Yo creo que la finalidad de esta Conferencia de Presidentes no es cooperar entre gobiernos autonómicos ni alcanzar acuerdos en beneficios de los ciudadanos”, señaló este jueves la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, sino de “instrumento al servicio de la propaganda del presidente”. El president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, auguró por su parte que Sánchez va a “hacer el paripé” a una cumbre de la que saldrán “con la nada” en las manos. “Por primera vez en 12 años han venido a quitarnos la liquidez extraordinaria que siempre nos daban, en el año más difícil de nuestra historia”, agregó. Los territorios populares se quejan además del “formato” de la sesión: sostienen que no permite el debate por no haber turno de réplica, sino intervenciones individuales por 10 minutos. Un uso del tiempo que viene de atrás.

En cualquier caso, y aun con las innumerables críticas sobre la mesa, el PP pretende transmitir la imagen de que llega a la Conferencia con los deberes hechos y a favor del consenso, siempre que ese consenso implique, claro, sellar pactos dentro de sus líneas ideológicas. El último movimiento fue el de contraatacar a las propuestas adelantadas este miércoles por Sánchez en materia de vivienda con un documento de 15 folios remitido desde los territorios a La Moncloa, y en el que los barones populares agrupan sus exigencias, bautizadas como propuestas “de acuerdos”, que hoy plantearán de viva voz al jefe del Ejecutivo. Entre las medidas solicitadas se encuentran la reforma del sistema de financiación autonómica, rebajar al 4% el IVA en la compra de vivienda, apostar “por las renovables junto a la energía nuclear” o solicitar al Gobierno que financie al 50% la escuela de cero a tres años. Muchas de las peticiones han sido reiteradas en los cónclaves que Alberto Núñez Feijóo mantiene con cierta frecuencia con los barones como escenificación de su poder territorial. También demandan derogar normas o proyectos de ley en tramitación que el Consejo de Ministros impulsa amparado en su potestad legislativa.

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Esta decisión de sacar el endurecimiento del registro horario, una forma de forzar el pago de miles de horas extra que quedan sin remunerar en todo el país, es también una forma de presión negociadora por parte de Díaz. Las distintas patronales, que han presionado mucho para tumbar la reforma y que tienen influencia sobre Junts y otros partidos, tienen un rechazo especialmente fuerte al registro horario. Y tal vez piensen que al decaer la ley, si Junts mantiene la enmienda a la totalidad que ya ha registrado en el Congreso, también lograrán tumbar el registro horario. Pero el mensaje negociador de Trabajo es claro: esa parte va a salir en cualquier caso, porque se puede aprobar sin aval parlamentario, como decisión del Gobierno, y por eso a la patronal le convendría negociar la reducción de jornada con compensaciones como las ayudas a las pymes y en general con la posibilidad de mejorar toda la ley, porque si se oponen radicalmente el control horario sí seguirá adelante.

La posibilidad de que el Ministerio de Trabajo no lograra aprobar en el Parlamento el recorte de jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales, como ha peleado Sumar desde el principio de la legislatura, ha estado siempre presente en las negociaciones con patronal y sindicatos. Hasta el punto de que el proyecto de ley de reducción de la jornada –que ahora espera en el Congreso de los Diputados al resultado de la negociación de Sumar con Junts- cuenta con tres patas: el recorte de la jornada; la reforma del registro horario en las empresas; y el desarrollo del derecho a la desconexión de los trabajadores. Pero no todas ellas requieren ser aprobadas en una ley.

Desde el principio, Trabajo planeó que la jornada de 37,5 horas debía ir intrínsecamente de la mano de una profunda reforma del registro diario de la jornada, obligatorio en España desde mayo de 2019. Pero dicha reforma de este registro no exige pasar por el parlamento, sino que bastaría con modificar la actual regulación con un desarrollo reglamentario.

De hecho, en un momento de las negociaciones entre Trabajo y los sindicatos, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya reconoció en octubre pasado que comparte la exigencia de UGT de reformar el registro horario a través de un reglamento, aunque no saliera adelante la ley de reducción de jornada en el Parlamento. Y esta es la opción que, a medida que pasan los días, empieza a cobrar más fuerza, debido a las fuertes presiones empresariales, sobre todo de las patronales catalanas, muy empeñadas en frenar el proyecto y muy influyentes sobre Junts. El sector socialista del Gobierno ha dejado la negociación en manos de Díaz, que sigue confiando en ella y mantiene las citas con Junts y las llamadas con el propio Carles Puigdemont. En el PSOE son mucho más pesimistas que Díaz sobre la posibilidad de sacar adelante esta norma con Junts, pero los que tienen la información directa son los negociadores de Díaz y trasladan esperanzas.

En el departamento que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno creen que la estrategia empresarial está siendo estigmatizar el recorte de la jornada laboral augurando poco más o menos que una hecatombe económica si saliera adelante, pero, en realidad, de lo que más quieren escapar es de un registro horario más exigente y eficaz, que les impida prolongar las jornadas sin abonar horas extras y de manera impune. Es pero ello que desde el Ejecutivo insisten en que el registro se endurecerá por decreto pase lo que pase en el Parlamento con las 37,5 horas.

Así, en paralelo con las negociaciones parlamentarias para aprobar la reducción de la jornada, que siguen su curso y la próxima semana vivirán otro momento decisivo, con otra ronda de conversaciones prevista entre Díaz y todos los grupos de la Cámara Baja, el Ejecutivo ya trabaja en un texto que desarrollará reglamentariamente todos los elementos del registro incluidos en la ley de las 37,5 horas.

Las novedades del registro

Entre las principales novedades que se exigirán obligatoriamente a todas las empresas en este futuro reglamento será que las anotaciones diarias de la hora a la que se entra y se sale sean personales por parte de la persona trabajadora, y que ningún responsable ni compañero puedan registrar dichos horarios. Esto determinará una nueva obligación: que este registro sea necesariamente digital (ahora puede ser en papel), con mecanismos de verificación de la identidad.

Además, los trabajadores tendrán que especificar si las horas han sido efectivamente trabajadas o son horas en las que han estado a disponibilidad de la empresa; y si son ordinarias dentro de su jornada o extraordinarias. También se introducirán cambios a la hora de controlar las anotaciones de los empleados en estos registros. Se pasará a exigir o bien que la representación legal de los trabajadores (delegados sindicales y comités de empresa) obtengan copias de este registro con cierta periodicidad; o que dicha representación legal esté presente si se tiene que modificar el registro. Esto nuevamente requerirá el acceso electrónico interoperable y garantías informáticas de autenticidad, como sellos de tiempo.

En definitiva, las empresas estarán obligadas a garantizar el acceso inmediato, así como en remoto a los registros electrónicos. Con ello se pretende que los registros individuales estén a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes y de la Inspección de Trabajo.

Para llevar a cabo todas estas modificaciones, el Gobierno cuenta con el respaldo de la actual redacción del Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 34.8, prevé la regulación reglamentaria del registro horario. Pero también se ampara en varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo español que ha precisado algunos funcionamientos de estos registros obligatorios en las empresas.

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“La difícil situación que viven muchos ciudadanos exige que hagamos un mayor esfuerzo. Por eso sugiero que, en este nuevo periodo, pasemos de 2.300 a unos 7.000 millones de euros. El Gobierno de España se compromete a aportar para el nuevo Plan 4.000 de esos millones (un 60% del total), siempre y cuando los gobiernos autonómicos asumáis una mayor corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones (un 40%). Como sabes, la política de vivienda es una competencia compartida, y las comunidades autónomas nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora (un 47% más entre 2019 y 2025 que entre 2012 y 2018). Es esencial que parte de esos recursos se destinen a construir y rehabilitar más vivienda pública, en régimen de propiedad y alquiler”, escribe el presidente.

Sánchez plantea además que la vivienda protegida lo sea para siempre, algo que ya hacen algunas autonomías como el País Vasco pero que las del PP rechazan. “En segundo lugar, te propongo que vinculemos esta nueva inversión al compromiso de blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública. En los últimos 45 años, las Administraciones estatales construyeron en España más de 2,4 millones de viviendas protegidas. Pisos pagados por la gente, para la gente. Desgraciadamente, la práctica totalidad de esas viviendas fueron descalificadas y acabaron vendiéndose en el mercado libre, a precios elevados. Muchas fueron capturadas por la especulación y los fondos buitre. Esto, además de suponer un mal uso de los impuestos de los contribuyentes, nos ha alejado del objetivo de tener un 8% de vivienda pública y social, que es la media actual de la UE. Mi propuesta es que pongamos fin a esta terrible sangría y que todos nos comprometamos a que las viviendas que se financien con dinero público mantendrán de forma permanente su calificación de vivienda protegida ofreciendo así una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía. Construyamos un parque de vivienda protegida amplio que nos permita contener los precios, especialmente en las zonas más tensionadas, y asegurar el acceso a la vivienda a nuestros jóvenes”, continúa la carta.

Y por último, Sánchez plantea que haya una alternativa pública para conocer los precios del mercado que no sean las privadas, muy criticadas por el Ejecutivo porque cree que inflan artificialmente los precios. “Mi tercera propuesta es que acabemos con el monopolio de la información que tienen algunos portales privados e insertemos más transparencia al sistema. En este momento, no existe una base de datos pública y fiable que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra venta o alquiler en su ciudad. Las únicas opciones son la opacidad, o algunos portales privados, de dudosa fiabilidad. Esa falta de información impide a los gobiernos diseñar mejores políticas públicas, e impide a las personas negociar de forma adecuada el precio de su casa. Debemos corregir esta situación. Mi propuesta es que todas las Administraciones volquemos nuestros datos en una base de datos agregada y que la pongamos a disposición de la ciudadanía, las universidades y el sector a través de un portal web. No podemos seguir a ciegas en este asunto”, remata el texto que Sánchez ha enviado a los presidentes autonómicos.

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Tras la amenaza de plante del PP, la Conferencia de Presidentes tratará el próximo viernes un extenso catálogo de asuntos sobre los que tendrán que discutir en Barcelona 19 líderes territoriales (17 presidentes autonómicos y los de las dos ciudades autónomas) y el presidente del Gobierno. A los seis puntos inicialmente previstos, que ya abarcaban temas de tanta complejidad como la vivienda, la inmigración, la energía, la financiación autonómica y las infraestructuras, el PP ha impuesto otros ocho, la mayoría derivadas de los primeros, como la “okupación y la inquiokupación” en el caso de la vivienda, o que el control de fronteras y la política migratoria sean “competencia exclusiva del Estado”. Los populares han forzado incluso que se hable de materias que nada tienen que ver con la política autonómica, como “la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal”.

El Gobierno ha cedido a todo lo que ha pedido el PP porque quería salvar la Conferencia ante la insólita amenaza de boicot del PP. Hasta ahora solo los independentistas catalanes y vascos habían dejado la silla vacía en este órgano de coordinación entre administraciones, que preside el Rey. Pero el Ejecutivo se queja de las “excusas” del PP y de lo poco operativo que es incluir tantos asuntos, mientras otros presidentes autonómicos, como la socialista María Chivite, han llamado a la reflexión al PP por “dinamitar espacios de diálogo”.

En la estrategia del sabotaje ha estado plenamente implicada la dirección nacional del PP, con su líder a la cabeza, Alberto Núñez Feijóo. De gira por España en su campaña de candidato a liderar el partido en el próximo mes de julio, Feijóo ha subido esta semana al máximo los decibelios contra el Gobierno. Este martes llegó a defender ayer que la Conferencia estaba “ilegalmente convocada” si no se asumían todas las exigencias de sus barones, y avaló el desafío institucional en caso de que el Gobierno no cediera.

El coro de voces del PP siguió la misma línea discursiva de máxima dureza, incluidos barones de línea moderada. “Si Sánchez cree que íbamos a decir sí, bwana, se equivoca, porque para eso ya tiene una corte de palmeros en su propio partido”, había avisado por la mañana el portavoz parlamentario, Miguel Tellado. Por la tarde, en un acto con simpatizantes en Logroño, Feijóo sacó pecho de haber “doblado el brazo” al Gobierno. “Nos querían callados, pero nos tendrán exigentes”, avisó el líder popular, que afronta críticas de Vox por “blanquear” a Sánchez porque sus presidentes sí participarán al final en la reunión.

La manifestación del PP contra “la mafia” el domingo en Madrid condiciona a los populares, a los que no interesa una fotografía de normalidad institucional con Sánchez 48 horas antes de manifestarse en su contra. Aunque el PP va a fletar autobuses desde todas partes del país, en algunos foros populares inquieta la asistencia a la protesta en un fin de semana de buen tiempo tras una primavera muy lluviosa. Por eso era importante caldear al máximo el ambiente para movilizar las filas.

Algunos barones populares reconocen en privado haber sido ajenos a la estrategia del plante y ponen en duda haberlo secundado en caso de choque total. “Yo al Rey no lo planto”, dice uno de ellos, que se felicita de que “el Gobierno ha actuado bien” asumiendo las reclamaciones del PP. El clima previo en todo caso augura muy pocos acuerdos.

Sánchez decidió que la Conferencia se celebrara en Barcelona porque tiene una gran potencia simbólica. Después de la cita de Santander, en la que no hubo ningún acuerdo aunque sí una especie de minitregua política, con un tono de los barones del PP mucho menos agresivo del que tiene su partido en el Congreso de los Diputados o el Senado, el Gobierno ya sabe que llegar a acuerdos con la formación de Feijóo va a ser muy difícil. Pero el interés principal de la cita, para el Gobierno, no es solo el contenido, y hablar de temas que afectan a los ciudadanos y de la gestión de las autonomías, sino el continente: la foto de todo el poder político español concentrado en Barcelona con el jefe del Estado, y con un president socialista como anfitrión, Salvador Illa, es muy simbólica casi ocho años después del procés. Esa fotografía de normalidad institucional en Barcelona, epicentro de la crisis independentista, es para Sánchez más potente que cualquier acuerdo que cada vez es más difícil con el PP.

El Gobierno intenta por todos los medios que la agenda política salga del foco sobre las cloacas y la guerra de grabaciones de los últimos días. La Moncloa diseña cada martes un plan para intentar vender su gestión, sus buenos datos económicos, pero el foco mediático está en otro lado. Este martes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, arrancó con los datos del paro, los más bajos en 17 años, y el récord de ocupados, que ya se acercan a los 22 millones. Y después dos ministras, la de Ciencia, Diana Morant, y la de Sanidad, Mónica García, desgranaron medidas importantes de sus departamentos. Morant además defendió que la conferencia de presidentes debería centrarse en la financiación de las universidades públicas, como reclama el Ejecutivo, porque es un asunto que preocupa a millones de alumnos y de padres. Las públicas están tan infrafinanciadas, especialmente en las comunidades del PP, según explicó, que las notes de corte están subiendo sin límite y ya un alumno brillante que saque un 13 no puede estudiar medicina en la pública porque necesita más, por eso hay padres que se están endeudando para pagarle una privada. Las plazas públicas han subido un 2% y las privadas un 110%, explicó la ministra. El Gobierno trata de centrar en estas cuestiones de gestión el debate público, pero no lo consigue porque las cuestiones judiciales, las denuncias cruzadas, la guerra de grabaciones y la lentitud del PSOE a la hora de tomar una decisión sobre la militante implicada en algunas maniobras contra la cúpula de la UCO dominan la agenda mediática y política.

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Alegría ha tratado de enfocar la cuestión en los mensajes de un ex miembro de la UCO que ahora trabaja para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que en conversación con un confidente era muy duro con el Gobierno. Alegría y otros ministros dijeron que él había amenazado con poner una bomba lapa al presidente del Gobierno, y no era así, porque decía que le podían poner esa bomba a él. Pero ella ha insistido en que el resto de la conversación de decenas de mensajes sí es real y muy agresiva con el Gobierno, algo que considera intolerable en un investigador de la Guardia Civil que ahora se ha ido con Ayuso. “Leer y conocer mensajes donde se incluyen conceptos como las bombas lapas a todos nos llevan a momentos vividos nada agradables, y menos en estos momentos. Me ratifico en palabras. Nos hicimos eco de una información publicada en distintos medios, algún medio entendió que una parte había que interpretarlos de otra manera, pero esos mensajes de agresividad preocupante existen. Están ahí”.

Alegría ha negado que exista una “UCO patriótica”. “Se la desmiento absolutamente. Esas malas artes quedaron ligadas a gobiernos de PP. Varios ministros nos hicimos eco de una información publicada por varios medios, que contempla una conversación muy amplia, más de 3.000 mensajes. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Esas largas conversaciones de una agresividad preocupante existen. Uno de los protagonistas de esos mensajes es un actual alto cargo del Gobierno de Madrid y es verdad que tuvo responsabilidades dentro de la UCO. Esos mensajes son impropios de un servidor público. Estos mensajes y estas conversaciones son una gota más de cascada de fango que lleva generando el PP en todos estos años. Feijóo dijo que venía a ganar al presidente y no a insultar. No puede ganarle y ha decidido insultarle. Hemos escuchado como Feijóo se refería al presidente del Gobierno como capo de la mafia. Una persona que tiene un álbum fotográfico a sus espaldas como el que tiene, debería ser más prudente, cauteloso y mesurado a la hora de verter esos insultos. Por ese álbum fotográfico estaría inhabilitado para ser presidente de una comunidad de vecinos. Esta cascada de fango y polarización no es positiva para nadie, para quien es menos positiva es para la sociedad española. Detrás de esta cascada de fango hay una realidad de un país que progresa, avanza y crece. La realidad de esta España es la que quiere tapar el PP”, ha rematado.

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El Gobierno ve intereses muy oscuros, sobre todo de empresarios millonarios con causas muy graves pendientes, detrás de todas las publicaciones de los últimos días. Pero nadie da una explicación razonable de qué hacía en medio de todo eso Leire Díez, una militante socialista que tuvo puestos de responsabilidad en empresas públicas con el Gobierno de Pedro Sánchez y aún no ha aclarado bien qué hacía ahí. En el mejor de los casos, explican algunos miembros del Ejecutivo, ella estaría buscando datos sobre una presunta corrupción dentro de la UCO para después facilitárselos al PSOE, aunque parece evidente que nada de eso sucedió porque no hubo ningún trato de favor a los encausados con los que habla y tampoco apareció ningún dato oscuro sobre nadie de la UCO.

En cualquier caso, nadie ofrece una explicación rotunda con datos detallados y en el PSOE, muy criticado en varios sectores por sus poquísimas explicaciones y su tardanza en tomar decisiones, han decidido no hablar más de la cuestión. López resumió un sentimiento muy extendido dentro del Gobierno, esto es: que el Ejecutivo va a seguir hasta 2027, que esta tormenta pasará porque no hay nada que pueda ser llevado a un juzgado contra el presidente ni contra ningún miembro del Ejecutivo o del PSOE. “Abandonen toda esperanza”, dijo López recordando la frase que, en la Divina Comedia de Dante Alighieri, presidía la entrada del infierno: “Abandonad toda esperanza quienes entráis”.

Pero a pesar de todo, Sánchez ha decidido seguir como si nada y no decir nada de la polémica. Alberto Núñez Feijóo dio un salto muy fuerte incluso para la envilecida política española el miércoles por la noche, cuando llamó en las redes sociales “capo” mafioso al presidente del Gobierno. Esa mañana, su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, había dicho que “el Gobierno de España es una organización criminal”. Y, sin embargo, Sánchez, un político correoso que no suele renunciar a la pelea dialéctica cuando sube de tono, decidió no contestar este jueves a pesar de que tenía una ocasión perfecta, una comparecencia con el primer ministro esloveno, Robert Golob.

Al contrario de lo habitual en este formato, La Moncloa decidió no aceptar preguntas de la prensa y así Sánchez se concentró en hablar de Gaza y de asuntos europeos y evitó por completo la polémica por las maniobras de una militante socialista, Leire Díez, y un empresario, Pérez Dolset, para buscar información negativa sobre máximos responsables de la UCO. Sánchez aún no ha dicho una palabra de este asunto y lleva semanas evitando responder a preguntas, con lo que evita las polémicas. La explicación que ofrecen en La Moncloa es que Feijóo ha saltado un límite tan claro, llamar capo mafioso al presidente, que la mejor opción es no entrar en ese barrizal.

Sánchez está indignado, explican en su entorno, pero no quiere contestar a algo tan burdo. El presidente interpreta que Feijóo está subiendo la presión porque se acerca su congreso -es en julio- y quiere llegar allí con una fuerte movilización de la derecha y sobre todo intenta frenar el crecimiento de Vox compitiendo con ellos en la dureza de su antisanchismo, sacando a gente a las calles en la plaza de Colón, tan simbólica para el PP como para Vox, que se la disputan siempre, también en otras cuestiones como inmigración, y tratando así de recuperar votantes de Santiago Abascal hacia el PP. La reacción frente a esa nueva ofensiva política es, al menos de momento, seguir hablando de los temas que le interesan a Sánchez —Gaza, anuncios de medidas sociales en vivienda y otros muchos asuntos— y obviar la cuestión que domina la agenda mediática todo lo que se pueda.

En La Moncloa están convencidos de que las dos propuestas de Feijóo este jueves demuestran su impotencia y una cierta precipitación. Por un lado, la nueva manifestación en Colón, algo que el PP ha probado muchas veces y luego electoralmente no se ha demostrado que funcionara, y la otra animar al PNV y Junts a apoyar una moción de censura. “¿Pero de verdad Feijóo habla de moción de censura dos días después de bloquear que el catalán y el euskera sean oficiales en Europa? ¿Pero han hablado con el PNV y con Junts en las últimas horas? ¿Saben lo enfadados que están?“, se pregunta un miembro del Gobierno.

Como en anteriores crisis que parecían definitivas, como cuando apareció una foto de Sánchez con Aldama, el empresario de la trama corrupta del caso Koldo, Sánchez apuesta por dar muy pocas explicaciones, algo que le reprochan incluso sus socios de la mayoría, y tratar de seguir con los temas de la agenda progresista, a pesar de que varios miembros del Gobierno consultados admiten que estas polémicas están devorando cualquier posibilidad de que estas cuestiones más positivas entren en la conversación ciudadana a través de los medios.

Lo que sí inquieta a varios miembros del Ejecutivo consultados es la poca capacidad de reacción que está mostrando el PSOE ante un asunto que le afecta directamente, ya que la oposición sostiene que Leire Díez hacía sus maniobras a la orden de la dirección socialista, algo que Santos Cerdán, figura clave en la cúpula del PSOE, niega de forma rotunda aunque también sin dar muchos detalles. El PSOE ha abierto un expediente a Díez, pero no ha tomado medidas cautelares y muchos socios lo ven claramente insuficiente. Hasta la propia Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, dio un salto y pidió más contundencia. “Los hechos, de ser ciertos, son gravísimos”, aseguró.

La sensación de bloqueo en el PSOE, de incapacidad de respuesta y de dar explicaciones razonables frente a los audios y vídeos que se están publicando y que apuntarían a una maniobra para intentar destapar una supuesta corrupción en el seno de la UCO preocupa a muchos miembros del Ejecutivo. El equipo del presidente está más concentrado en sus anuncios, su agenda internacional, los debates de políticas públicas. Y el PSOE apenas emite. Así que casi todo el espacio mediático lo ocupan las acusaciones y las reacciones críticas a los audios y vídeos publicados. En el Gobierno hay mucha frustración porque en estos días se están haciendo anuncios importantes que estaban previstos, con medidas relevantes aprobadas en Consejo de Ministros, y prácticamente no aparecen en la conversación ciudadana. En el Ejecutivo asumen que esto irá subiendo de tono hasta el congreso del PP, muy importante para Feijóo, pero después llegará el verano y todo se relajará, como pasó otras veces. No hay rumores de cambio de Gobierno ni un revulsivo así, aunque algunos creen que si hubiera un movimiento de ese estilo tendría más lógica después del verano, para empezar los últimos dos años de legislatura con más fuerza. El verano, insisten en el Gobierno, que se espera tan exitoso o más para el turismo como los últimos años, acabará de diluir la sensación de caos que quiere instalar el PP, según La Moncloa, de forma completamente artificial porque los datos económicos no lo avalan. “Están apretando ahora porque a partir del 15 de julio el país se va de vacaciones, se evapora parte del agua, no cuela decir que nos hundimos con todos los chiringuitos llenos. Saben que se les acaba el tiempo y por eso aprietan”, insiste otro miembro del Ejecutivo. El verano, pues, parece el horizonte. Pero aún está lejano.

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Algunos en el PP creen que puede haber llegado el momento que llevan siete años esperando. Otros son más prudentes, y el propio José María Aznar, que siempre resume el estado de opinión de la derecha, pide “cabeza fría pero tensión vital máxima” y recomienda a Alberto Núñez Feijóo que no presente una moción de censura y que sea paciente porque las elecciones serán en 2027.

El PP recurre como siempre a una gran manifestación para tapar el espacio a Vox y animar a los suyos. “Si todo lo que tienen es una nueva foto de Colón, adelante, si quiere seguir buscando votantes en el 8 (la ultraderecha) en vez de mirar al 6 (el centroderecha) no le vamos a impedir que se equivoque”, resume un miembro del Ejecutivo.

De fondo están las cloacas del poder político y empresarial y del llamado Estado profundo, que han atascado la política hasta tener bloqueado todo el debate, y han desatado una auténtica guerra de grabaciones de uno y otro lado. Mientras el Gobierno, el PSOE y buena parte de sus socios lo viven como una especie de ataque al Ejecutivo desde esos poderes profundos de las fuerzas de seguridad del Estado, desde intereses empresariales, mediáticos y políticos, en la oposición interpretan lo contrario, que es el poder político el que trata de destruir a la Unidad Central Operativa (UCO), el buque insignia de la Guardia Civil que en la actualidad investiga los principales casos que afectan a exmiembros del Ejecutivo como José Luis Ábalos o a la familia del presidente.

La idea de conspiración, incluso de “golpe de Estado encubierto”, tal como lo definen los más envalentonados, se ha instalado en el entorno del poder socialista. “Hay un frente policial, mediático, judicial y político. Hay una mesa en Madrid formada por periodistas, jueces, policías, miembros del Ibex 35 y del PP que está trabajando para armar todo esto” resume un miembro del Ejecutivo.

La publicación de las conversaciones con un confidente de un oficial de la UCO, el capitán Juan Vicente Bonilla, que ahora trabaja en la Administración de Isabel Díaz Ayuso, en las que critica al Gobierno de Sánchez, han terminado de convencer al Ejecutivo de que hay elementos aislados de esta unidad que supuestamente trabajan para perjudicarle. No la institución en sí, pero sí hay una convicción de que algunos de sus miembros se han descontrolado por motivos políticos. Las especulaciones sobre el supuesto contenido de un informe del caso Ábalos en el que se hace referencia a Santos Cerdán y que aún no está concluido han terminado de consolidar esa idea. Y también han aumentado el malestar en el PSOE con Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, por no ser capaz de controlar esta situación.

“Son siete años desaprovechados para sanear la estructura de la Guardia Civil. No puedes permitir que crezca ese cáncer”, resume un miembro del Ejecutivo sobre unas supuestas acciones del instituto armado contra La Moncloa. “A veces parece que estamos en el Gobierno, pero no gobernamos. Hay una sensación de falta de autoridad en Interior total”, señala otro. Un tercero defiende al ministro: “Marlaska sigue siendo un gran activo, la derecha no puede con él, desautoriza cualquier discurso contra él, fue un juez durísimo contra ETA, tuvo amenazas de muerte y fue cercano al PP. Sigue siendo un valor importante”.

Ahora algunos confían en que el cambio en la cúpula de Interior y la entrada en la Secretaría de Estado de Seguridad de Aina Calvo, exalcaldesa de Mallorca y de claro perfil político, pueda mejorar algo la situación. Sánchez mantiene su apoyo incondicional a Marlaska, pero el nombramiento de alguien con conexión directa con el PSOE es un gesto claro de intentar hacer más política en un Ministerio muy sensible y que casi siempre estuvo en manos de políticos de máxima confianza del partido y no de independientes como Marlaska.

Mientras, el PP está cada vez más crecido, tanto como para cruzar de nuevo más líneas rojas hasta ahora inexploradas, como el mensaje en redes de Alberto Núñez Feijóo el miércoles en el que llamó “capo de la mafia” al presidente del Gobierno. Sánchez ha decidido no entrar a ese trapo y, de hecho, lleva semanas, precisamente desde el apagón, sin contestar preguntas; pero el presidente está indignado, según su entorno, y lo atribuye a una ansiedad del líder de la oposición por el congreso del PP en julio y por su batalla feroz con Vox, que sigue comiéndole terreno y marcándole la línea.

En el PP se ha instalado la idea de que Sánchez podría llegar a caer y en cualquier caso creen que el desgaste ya va a ser creciente hasta 2027 o cuando convoque. “Creemos que cada mes hasta 2027 ya será de desgaste. Esta semana ha habido un cambio sustancial, pero a partir de ahora será peor. La potencia de los audios no la tiene nada más”, señala un dirigente del partido de Feijóo.

Se refiere a los audios en los que se escucha a una militante socialista, Leire Díez, maniobrando contra uno de los máximos responsables de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción; y a otro en los que un empresario, Javier Pérez Dolset, viene a decir que detrás de todo ―solo se han difundido unos segundos sin contexto de una conversación, protesta el empresario― estaría Sánchez y Cerdán. Pérez Dolset ha explicado en varios medios que esos audios están manipulados y sacados de contexto, y que él no trabaja para el PSOE, sino para sí mismo, porque se considera una víctima de una conspiración policial y fiscal para perjudicarle. De hecho, ha explicado que él tiene a 17 personas trabajando para desencriptar los famosos audios de Villarejo y lograr más información sobre las cloacas del Estado.

En el PSOE se han desvinculado de Díez y le han abierto un expediente informativo. Pero al margen de eso, en el Gobierno insisten en que en el peor de los casos, lo que estaban haciendo Díez y Pérez Dolset era intentar obtener información para buscar una supuesta trama corrupta dentro de la UCO. Y eso, si fuera cierto, insisten, merece una investigación. Aunque lo cierto es que Díez fracasó rotundamente en su intento, porque nunca apareció ninguna información perjudicial para la UCO ni indicios de que esta unidad esté maniobrando contra el Gobierno. Tampoco se concedieron ninguno de los beneficios que ella ofrecía a los empresarios por esa información.

¿Y a partir de ahora? “Todos nos están pidiendo que hagamos algo, no basta con denunciar que hay una campaña mafiosa contra nosotros, tenemos que hacer algo para frenarla”, dice un miembro del Gobierno. Otros hablan de formar un equipo en el PSOE o en el Ejecutivo para enfrentarse con una estrategia definida ante esta ofensiva. Pero Sánchez ha dado instrucciones claras estos días: “Hay mucha gente nerviosa, pero Sánchez pide tranquilidad. Sabemos que no hay nada. Es como los whatsapps [entre el líder del PSOE y Ábalos], pueden sacar los que quieran, pero no habrá nada raro porque no se ha hecho nada raro. Hay que mantener la calma. Todo pasa y se diluye porque no hay nada concreto que pueda acabar en un juzgado”, señalan desde el entorno del presidente. Él parece apostar por seguir como si nada con la agenda del Gobierno, y confiar en que en algún momento vuelva a entrar en la conversación. “Ante la política de subir los decibelios, tú tienes que reaccionar con buenas propuestas y hablar de las cosas que preocupan a la gente. Hay veces que se escucha y otras que no. Pero vamos a seguir”, resumen desde La Moncloa.

La tensión seguirá y es probable que crezca camino del congreso del PP, pero pronto habrá otros asuntos delicados, como el aumento del gasto en defensa, con la cumbre de la OTAN a finales de mes, o la decisión del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, que es inminente. Y las nuevas polémicas taparán a las anteriores.

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Para ocupar ese puesto clave, la Secretaría de Estado de Seguridad, Marlaska apuesta por Aina Calvo, con un marcado perfil político, ya que fue alcaldesa de Palma, pero que también conoce las fuerzas de seguridad del Estado, porque fue delegada del Gobierno en Baleares, y ahora es secretaria de Estado de Igualdad. No sería la primera mujer en ocupar ese puesto con Grande-Marlaska, que en el inicio de su mandato tuvo como número dos a Ana Botella Gómez, también miembro del partido, pero a la que terminó destituyendo por discrepancias para poner en su lugar al ahora dimitido Rafael Pérez, que era su jefe de gabinete, y que, como magistrado de carrera, presenta un perfil más técnico jurídico.

Algunos dirigentes socialistas llevan meses expresando en privado su malestar con lo que interpretan como cierto descontrol en Interior, dadas las filtraciones que el equipo de Marlaska no ha podido frenar. Sin embargo, desde ese ministerio contestan que, primero, no está nada claro que estas las realice la UCO, y segundo, recuerdan que esta unidad actúa bajo las órdenes de los jueces y no del ministro, que no puede fiscalizar su trabajo ni pedir información sobre lo que están haciendo.

En la mente de todos en el equipo de Marlaska, que es juez y por tanto muy sensible a estas críticas, está lo que sucedió con el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, del operativo del instituto armado durante el referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña del 1 de octubre de 2017, que acabó con fuertes cargas policiales. De los Cobos fue cesado en su siguiente destino como máximo responsable de la Comandancia de Madrid después de un polémico informe sobre la pandemia y al que el Tribunal Supremo restituyó en el puesto con una sentencia que fue un auténtico varapalo para el ministro. Desde entonces, los movimientos se cuidan al máximo dentro de Interior y nadie se anima a interferir de ninguna manera en el trabajo de la UCO, ni siquiera a los efectos de obtener información. La relación de la Guardia Civil con el ministro ha sido casi desde que llegó al cargo muy compleja.

Lealtad máxima

Pese a las críticas de la oposición, de algunos sectores progresistas e, incluso, dentro del partido, Pedro Sánchez ha defendido siempre a Marlaska, que está en su Gobierno desde el primer momento. El ministro le ha respondido con una lealtad máxima. El presidente dice que es un buen ministro y no parece tener ninguna intención de cambiarlo. Sin embargo, sí se va a producir un cambio relevante al reemplazar como número dos a Rafael Pérez —que es juez como Grande-Marlaska— por Calvo, una mujer con perfil muy político y de partido que en el PSOE confían en que logrará reconducir la situación. Calvo tiene una conexión directa con el partido que no tenía Pérez, una persona de confianza de Marlaska sin trayectoria política.

El ministro traslada absoluta normalidad en el relevo, que atribuye a razones personales de Pérez, y tampoco asume ninguna tensión con la UCO ni nada parecido. Pero sí se desvincula de las últimas noticias que afectan a maniobras turbias. Marlaska aseguró ayer que todas las últimas polémicas, también la de la militante socialista Leire Díez, que maniobraba para buscar información negativa de mandos de la UCO, se produce “fuera del ministerio, al contrario de lo que pasaba con el PP”, en referencia a la llamada policía patriótica y sus actuaciones bajo investigación judicial.

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Es un puesto muy sensible que lleva mucho desgaste personal, y eso es lo que alega Pérez, según estas fuentes, para tomar esta decisión en un momento muy sensible políticamente. Pérez ya había planteado esta posibilidad en ocasiones anteriores, pero Marlaska le había pedido que aguantara más tiempo; sin embargo, esta vez ha aceptado su petición.

La decisión llega en un momento crítico para Interior, porque buena parte de la agenda política y de los ataques de la oposición se centran sobre la tarea de la UCO, que en última instancia depende de Marlaska y de Pérez, además de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Hay tres polémicas diferentes y simultáneas que apuntan directamente a la responsabilidad de Interior. Primero llegó la filtración de los WhatsApp del presidente, que algunos sectores del Ejecutivo y del PSOE atribuyeron a la UCO, que los tenía en custodia. Después llegaron las publicaciones en varios medios sobre un informe aún no finalizado que podría afectar a dirigentes socialistas. Y por último se ha publicado un vídeo en el que un empresario, unos abogados y una militante del PSOE, Leire Díez, que según este partido no actúa en su nombre ni trabaja en la organización, maniobran para intentar lograr información negativa del teniente coronel Antonio Balas, responsable del departamento de delitos económicos y corrupción de la UCO.

Estas fuentes del Ejecutivo consultadas insisten en que la salida de Pérez no tiene relación con estos asuntos, porque es personal, pero lo cierto es que coincide en el tiempo, lo que da pie a que se interprete como una decisión política en un momento especialmente delicado. Pérez fue también el máximo responsable de la decisión de comprar las balas para Interior a una empresa israelí, que provocó una gran tormenta y que supuso una desautorización de La Moncloa, que forzó a Marlaska a dar marcha atrás y rescindir el contrato, aunque estas fuentes insisten en que tampoco sale por eso.

Precisamente hoy, en el Consejo de Ministros, Marlaska ha defendido a la UCO y ha insistido en que él no puede investigar ninguna de estas cuestiones porque debe ser la justicia quien lo haga. “Tengo la máxima consideración de la UCO, conozco su profesionalidad. Actúan bajo las directrices de las autoridades judiciales y del fiscal, aunque cuando gobernaba la derecha no ocurría eso de forma real”, ha dicho el ministro, en referencia a la llamada policía patriótica de la época del PP.

Pérez es juez, y conocía a Marlaska del Consejo General del Poder Judicial, donde fue letrado. Anteriormente, desempeñó su trayectoria profesional en diversos juzgados como los de Primera Instancia e Instrucción de Almadén (Ciudad Real) y los de Montoro (Córdoba) o el Juzgado de lo Penal Número 1 de Córdoba.

Después de la publicación en EL PAÍS, Interior ha hecho una nota explicando que Pérez se va por motivos personales y desglosando alguna de las medidas que tomó en sus cinco años y medio de mandato. Entre ellas destacan, según Interior, “el crecimiento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta superar el máximo histórico de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil”; “la ejecución del Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, con 1.000 millones de euros, el mayor esfuerzo inversor en infraestructuras de la historia del Ministerio del Interior”; “la aplicación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que renovó en enero de 2024 hasta diciembre de 2025, y ha supuesto un incremento del 12 por ciento de las plantillas y una inversión de más de 156 millones de euros” o “la implantación del Sistema VioGén 2, la nueva plataforma digital de lucha contra la violencia de género, y el Protocolo 2025, que aglutina y actualiza todas las novedades introducidas por las sucesivas instrucciones dictadas por la Secretaría de Estado de Seguridad desde 2018″.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, máximo responsable de la Guardia Civil y, por tanto, de la UCO, ha echado balones fuera ante varias preguntas en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y ha insistido en que él no puede investigar ninguna de estas cuestiones porque debe ser la justicia quien lo haga. Grande-Marlaska ha defendido en todo momento la labor de la UCO: “Tengo la máxima consideración de la UCO, conozco su profesionalidad. Actúan bajo las directrices de las autoridades judiciales y del fiscal, aunque cuando gobernaba la derecha no ocurría eso de forma real”, ha dicho, en referencia a la llamada policía patriótica de la época del PP.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono contra el Gobierno por este caso que ha descrito como “gravísimo en democracia”, informa Elsa García de Blas. “Una persona trabajando al más puro estilo mafioso”, ha subrayado en referencia a la militante del PSOE Leire Díez. “Esto es mafia. Mafia pura. Practicada en la sede de un partido político”, ha enfatizado. El PP analiza con sus servicios jurídicos si lleva adelante acciones legales referidas a este caso.

Hace dos semanas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo que si los jueces no investigaban la filtración de los mensajes de Sánchez, el Gobierno presentaría una querella. Finalmente, no lo ha hecho, entre otras cosas porque el propio José Luis Ábalos admitió la autoría al menos de una parte de esa filtración, con lo que no habría delito. Marlaska ha apuntado de nuevo a que el Gobierno no se va a mover y espera que sean los jueces quienes lo hagan. Tampoco va a investigar otras filtraciones sobre supuestos informes de la UCO ni esta última grabación que se ha publicado con la militante socialista maniobrando contra la UCO. El ministro deja todo en manos de la justicia y aprovecha para criticar a los medios que están publicando datos sobre alguno de esos supuestos informes. “Me preocupa que se hagan referencias a unidades de investigación, es tanto como imputarles el no cumplimiento de sus deberes de neutralidad y de mantener el secreto. Hago un llamamiento a que esos comentarios que pueden parecer inocuos ponen en tela de juicio una actividad tan importante”, ha dicho el ministro.

En el fondo, parecía también un mensaje a la UCO, por si estuviera filtrando esas informaciones, pero no lo ha dicho directamente, sino apuntando a la prensa. Grande-Marlaska también ha dicho que el Ejecutivo nunca apuntó a la UCO como filtradora de los mensajes de Sánchez. “No conozco ninguna declaración de ningún miembro del Gobierno que haya hecho alusión a la UCO como autora de filtración”, ha asegurado. Esto no es del todo cierto, porque la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aun sin mencionar expresamente a la UCO, sí dijo que había que mirar hacia quien era responsable de la custodia de esos mensajes, que “no deberían haber aparecido nunca porque no son parte de esa investigación” y, por tanto, estaba hablando claramente de este departamento de la Guardia Civil.

El Ejecutivo, según fuentes del Gobierno, se encuentra atrapado porque se publican cosas que le afectan directamente a él o al PSOE, pero no puede moverse ni mucho menos investigar de dónde salen o qué sucedió en realidad porque eso supondría una intervención del Ejecutivo en una investigación judicial que además le perjudica, con lo cual sería un escándalo aún mayor. El Gobierno se limita así de momento a esperar a ver qué se publica e insistir en que está “muy tranquilo” porque nadie ha cometido ninguna irregularidad y, por tanto, solo hay “ruido” mediático, pero sin ninguna cuestión de fondo que pueda ser llevada ante un juzgado.

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Los dos se juegan mucho: el Gobierno, un paso muy importante de consolidación de la legislatura, ya que esta cuestión es un compromiso que el presidente alcanzó con Junts y que apoyan también ERC, el PNV y el BNG, socios habituales del Ejecutivo. Y el PP también tiene mucho interés, precisamente porque quiere debilitar esa mayoría e impedir un éxito europeo del Gobierno que demostraría la influencia europea de Pedro Sánchez. Por eso los dos están echando el resto.

El propio Sánchez se ha implicado personalmente y ha hablado de esta cuestión en los últimos meses con casi todos los presidentes de los países más reticentes, incluida la italiana Giorgia Meloni, según fuentes del Ejecutivo.

Tanto Sánchez como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llevan meses hablando con todos y negociando con una idea clara: esto es algo muy importante para España, porque estas tres lenguas se hablan en territorios donde vive el 40% de la población española, casi 20 millones de personas, según ha explicado Albares este lunes. Además, Madrid asume el coste, por lo que un rechazo sería interpretado como una votación agresiva contra el Gobierno español y que solo obedecería a presiones del PP, algo que en la lógica europea no está bien visto, porque los gobiernos se relacionan entre sí de otra manera aunque tengan diferentes colores políticos.

Así lo entienden muchos gobiernos que, hasta hace no tanto, se oponían férreamente a la idea y han ido, tras la intensa diplomacia española, moderando su postura. Son conscientes del gran capital político invertido por España y, pese a que sigue habiendo bastantes dudas legales, prácticas y financieras —como se reconoce desde varias capitales— podrían mostrarse dispuestos este martes a no bloquearlo, siempre que reciban suficientes garantías, señala una fuente diplomática en Bruselas.

Italia es un caso particular, porque el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, que habla un perfecto castellano, es una persona muy vinculada a España y al PP, con el que tiene una relación muy directa. Es habitual que participe en mítines y congresos de este partido ya desde la época de Mariano Rajoy. Tajani no es del partido de Meloni, Fratelli D’Italia. Él es el líder de Forza Italia y sucesor de Silvio Berlusconi, pero esta cuestión está dentro de sus competencias y su posición es decisiva.

Aun así, ningún país, por mucha cercanía que tenga con el PP de Alberto Núñez Feijóo, quiere asumir el coste de ser el único en vetar una petición expresa del Gobierno español. Por eso, el PP se está moviendo para lograr un número lo más amplio posible de vetos, que supondría un golpe duro para el Gobierno.

En el Ejecutivo están indignados con las maniobras del PP, que consideran inauditas porque están torpedeando algo que ellos ven beneficioso para millones de españoles que las hablan. Además, el PP tiene aquí una contradicción evidente con su discurso de defensa de estas lenguas en las autonomías donde se hablan, entre ellas la de Feijóo.

Demanda del Parlamento gallego

Hace menos de tres semanas, el pasado 7 de mayo, el Parlamento gallego votó por unanimidad una proposición para instar al Parlamento Europeo a que permita que se use en gallego como lengua oficial. El PP gallego también votó a favor. Pero ahora su líder, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, dice que la oficialidad “no es prioritaria” por su coste.

España puede decidir hasta el último momento retirar la propuesta y dejarla para más adelante, pero el Ejecutivo insiste en que esta vez no lo hará y confía en haber despejado las reticencias de varios socios con la negociación del texto, que se ha cambiado mucho para dejar claro que habrá una aplicación gradual, que España pagará todo el coste y sobre todo que se trata de un caso único, por lo que no va a abrir la puerta al reconocimiento de otras lenguas minoritarias europeas.

El texto pone condiciones que solo cumplen, además de las 24 lenguas ya oficiales en la UE, el catalán, el euskera y el gallego, como una decisiva: que estuvieran contempladas en la Constitución del país que lo solicita en el momento en que entró en la Unión, en el caso de España en 1986. Las tres lenguas cooficiales están en la Constitución española desde 1978, pero ninguna de las otras lenguas que preocupan a algunos países, como el ruso, que inquieta a los bálticos, cumple esta condición.

Aunque las negociaciones han sido dirigidas principalmente desde Madrid hacia las capitales europeas, también en Bruselas fuentes diplomáticas confirman una fuerte presión española, sobre todo la última semana, para convencer a los países aún reticentes a cambiar de opinión.

Un año de pausa

La UE tiene en este momento 24 lenguas oficiales. Todas ellas son también oficiales en el conjunto de sus respectivos Estados, a diferencia del catalán, el euskera y el gallego, que solo son oficiales en determinadas comunidades autónomas españolas, no en el conjunto del Estado. Tras más de un año sin ser debatida a escala europea, la oficialidad del catalán y las demás lenguas cooficiales españolas no solo vuelve a ser discutida en un Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la UE, cosa que no sucedía desde marzo del año pasado. Llega además con la posibilidad de ser sometida a voto, algo que no ha pasado desde que España la presentó por primera vez.

Fue en septiembre de 2023, bajo la presidencia española de turno del Consejo de la UE y justo después del acuerdo político para que el socialista Sánchez pudiera formar gobierno con apoyo de Junts, que ha hecho de la oficialidad del catalán una exigencia, y también del PNV, otro socio clave del Ejecutivo de Madrid. Finalmente, sin embargo, no se llegó a votar: durante la sesión, quedó claro que se estaba muy lejos de la unanimidad requerida y no se presionó por un pronunciamiento de los ministros que habría frenado en seco la iniciativa española. Desde entonces, España ha dado más garantías de que asumirá todos los gastos que acarree la decisión —estimada en al menos 132 millones de euros— y acotando todos los resquicios legales para que la propuesta no pueda ser usada en otros casos de lenguas minoritarias.

Pero después de languidecer durante buena parte de la presidencia de turno belga —que la retiró formalmente de la agenda en marzo de 2024, tras constatar que no había avances— y de ser completamente ignorada durante el semestre europeo húngaro, Albares relanzó a finales del año pasado la demanda, con vistas a que fuera tratada e incluso aprobada de nuevo durante la actual presidencia polaca europea. En cualquier caso, tampoco está claro que si finalmente se vota y se rechaza —para lo que basta un voto negativo— el camino del catalán, gallego y euskera hacia Europa se corte en seco. Según se señala desde el Consejo de la UE, España podría volver a presentar otra propuesta en este sentido más en adelante. Tampoco esto sería totalmente nuevo: al fin y al cabo, la primera vez que España intentó el reconocimiento de sus lenguas cooficiales fue en 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque su sucesor socialista no se puede permitir esperar otros 20 años para volver a intentarlo.

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En la mesa también estará Palestina, que España reconoció como Estado hace ahora justo un año –se cumple el miércoles– con un lema del grupo muy claro: “Por la implementación de la solución de los dos Estados”. La imagen de los grandes europeos y potencias musulmanas sentados con Palestina es en sí un mensaje inequívoco en plena escalada de la presión internacional para que Israel frene su ofensiva en Gaza y deje entrar ayuda humanitaria.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su ministro Albares se han movido mucho en las últimas semanas para lograr esta asistencia histórica –las anteriores reuniones de este grupo de Madrid no llegaban a la decena de países– y lanzar un mensaje rotundo: el Gobierno español apuesta fuerte por la solución de los dos Estados, que rechaza de plano el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Y al mismo tiempo por unir a países europeos y musulmanes en posiciones diferentes pero con un mensaje claro hacia el líder israelí, que se está lanzando contra los europeos e incluso les acusa de estar empujando a ataques contra los judíos como el que mató en Washington a dos empleados de la embajada de Israel.

Sánchez y Albares van cada vez más fuertes con este asunto. Multiplican movimientos, endurecen su discurso –“Palestina se desangra ante nuestros ojos”, dijo la semana pasada el presidente en Bagdad, invitado por la Liga Árabe– y han hecho de esta cuestión el eje de su agenda política internacional. Mientras, en España el PSOE vive una semana muy delicada por decisiones judiciales duras, como la de una jueza extremeña de sentar en el banquillo al hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, por prevaricación y tráfico de influencias, pese a la opinión en contra de la Fiscalía.

Pedro Sánchez y su equipo incluso están buscando medidas más audaces para ayudar a Gaza, no solo gestos políticos como el de reconocer a Palestina, la propia reunión de este domingo en Madrid o la resolución de la ONU que está promoviendo el presidente español para que la Corte Internacional de Justicia exija a Israel que deje entrar la ayuda humanitaria a la franja de Gaza.

También se han estudiado otras soluciones, como enviar ayuda desde el aire o establecer un campamento en Rafah, en la frontera con Egipto, pero todo parece inviable porque ni este país ni Israel permiten ninguno de estos movimientos. Aun así, el Gobierno sigue buscando soluciones y ahora ve cómo se suman a su posición varios países europeos que antes estaban mucho más reticentes.

Sánchez, Sumar, y los grupos políticos que sostienen al Gobierno en el Congreso lo tienen muy claro. Pero la cuestión, pese al rechazo muy mayoritario de la opinión pública a la ofensiva de Israel sobre Gaza, según las encuestas, divide de forma muy virulenta a la política española. Y sobre todo al PP, que esta semana ya se ha llegado a fraccionar prácticamente en tres sectores: los más duros, con apoyo cerrado a Israel, como Isabel Díaz Ayuso; los más críticos con Tel Aviv, como el andaluz Juanma Moreno, que calificó de “disparate que hay que parar” la decisión de Israel de no dejar entrar ayuda, o Borja Sémper, que habló de las “atrocidades que está cometiendo Netanyahu”, y luego una vía intermedia, la del líder, Alberto Núñez Feijóo, que juega a dos bandas. Por un lado, el presidente popular se burla en el Congreso de Sánchez por pedir que no participe Israel en Eurovisión y lo acuso de buscar con ello eludir sus problemas internos, pero por otro matiza que “Israel ha de cesar sus actividades militares, distinguir el terrorismo de la población civil y facilitar la ayuda humanitaria”.

Viraje de Feijóo

Feijóo, que hasta ahora había evitado cualquier tipo de crítica a Israel y empieza a hacerlas pero muy tímidamente, en contraste con la posición mucho más clara de Sánchez, está muy condicionado, según señalan varios dirigentes del PP consultados, por el antisanchismo. Ese es un fenómeno decisivo en la política española y especialmente en la derecha, donde se ha convertido en un catalizador indispensable que moviliza mucho más que la marca PP o el propio líder de los populares. “Hay dirigentes que creen que si Sánchez está contra Netanyahu, nosotros tenemos que estar en lado contrario porque es lo que quiere nuestra gente. Y eso a veces nos hace estar en posiciones incómodas. Nadie puede respaldar ahora lo que está haciendo Netanyahu, todos vemos las mismas imágenes y nuestra gente también es sensible a ellas como todos, aunque tengamos muy claro que esto arrancó con un atentado terrible de Hamás”, señala un dirigente popular.

“Sánchez ha jugado tanto a la polarización que ahora buena parte de la derecha mira a ver qué opina de algo para pensar lo contrario. No tiene sentido, en esta cuestión de Palestina nuestro electorado es tan sensible como los demás, hay que ver las encuestas”, señala otro. Los sondeos, efectivamente, hablan de un rechazo muy mayoritario a los ataques de Israel y su bloqueo a la ayuda humanitaria, también en sectores conservadores.

Feijóo matizó su posición después de recibir un varapalo de alguien muy sensible para el mundo conservador como el líder de los obispos españoles, Luis Argüello, que fue directo contra él: “Gritemos alto y claro contra el drama humanitario que ocurre en Gaza por la acción del Gobierno de Israel. No cabe el silencio usando el argumento de que el Gobierno de España lo utiliza como escudo para ocultar otros problemas. Ese silencio utiliza la misma táctica encubridora” dijo justo después de que Feijóo alegara a esa idea del escudo ante Sánchez en el Congreso.

Frente a la visión de que lo internacional no mueve nada la política española, Gaza demuestra lo contrario. El debate es muy intenso en la izquierda, donde Sumar y Podemos presionan para romper relaciones con Israel y hacer un embargo total de armas, algo que se ha admitido por primera vez a trámite en el Congreso esta semana, y le piden más a Sánchez. Pero ese debate alcanza aún mayor profunidad en la derecha, muy dividida en una cuestión clave.

FAES, con Netanyahu

Ajenos a las presiones de la Iglesia o la sensibilidad que muestran las encuestas en muchos sectores conservadores, en el PP, y no solo en Vox, sectores influyentes siguen apoyando a Israel cueste lo que cueste, como FAES, la fundación de José María Aznar. El expresidente ha pasado de su gran proximidad cuando estaba en La Moncloa con Yasir Arafat, el histórico líder palestino con el que se vio varias veces, y su apuesta indiscutible por la solución de los dos Estados, a una defensa cerrada de la ofensiva de Netanyahu. “Si Israel no gana, la próxima batalla será en las costas del sur de Europa”, llegó a decir el año pasado. Esta semana, FAES ha publicado un documento, titulado ¿Y si Hamás se rinde?, en el que plantea que la única solución es la rendición incondicional de este grupo, califica la ofensiva de Israel de “legítima respuesta” y critica a Sánchez y a la izquierda por “tomar al agredido como agresor”, porque entiende que el país hebreo sería el agredido por los atentados de Hamás y no merece una sola crítica su actuación posterior. “A diferencia de lo que proclama el tópico, las guerras no terminan en una mesa de negociación, sino cuando un bando gana y el otro pierde. Y en este conflicto Hamás tiene que perder”, remata el documento de FAES, en línea con lo que piensa Aznar.

Rotunda ha sido también la presidenta Ayuso. La líder madrileña, que casi llegó a empujar el voto a favor de Israel en la noche de Eurovisión, estalló esta semana en el Parlamento autonómico cuando la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, le dijo que era “cómplice de la ocupación, de la hambruna y del asesinato”. Sin una sola palabra para criticar a Israel o pedir que deje entrar ayuda humanitaria, la presidenta centró todo en Hamás. “¿Qué hacen las autoridades palestinas por proteger a su gente? Ni agua, ni educación. Túneles para bombardear sistemáticamente a Israel. Cuando hay genocidios contra esos católicos como pasa en África, no dicen nada”, espetó a la bancada de izquierda, mientras la socialista Mar Espinar le pedía que criticara a los dos lados: “¿Puede su corazón, como el nuestro, llorar por las víctimas de los crímenes de Hamás y condenar el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel? No es de izquierdas ni de derechas, se trata de tener corazón o de no tenerlo”.

Lo que está claro, y se verá hoy en la cita en el Palacio de Santa Cruz, es que Sánchez y Albares van cada vez más fuertes para presionar a Netanyahu mientras varios países europeos parecen estar girando tímidamente hacia las posiciones que España defiende hace más de un año. Feijóo, por su parte, busca una difícil posición de equilibrio entre los sectores del PP que la ofensiva del primer ministro israelí complica cada vez más. El debate no ha acabado, y el líder de la oposición tendrá con toda probabilidad mucha presión para fijar una postura más clara, mientras Netanyahu sigue diviviendo a la política española.

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El Ejecutivo, con José Manuel Albares, ministro de Exteriores, a la cabeza de la negociación, se moverá discretamente hasta el martes para lograr que nadie vete la propuesta, que requiere unanimidad en el Consejo de Asuntos Generales. Pero el PP también se está moviendo en sentido contrario, para intentar que algún país gobernado por alguien afín del PPE lo vete.

La batalla hasta el martes será intensa, y el resultado tiene una gran relevancia política en España, porque la aprobación de la oficialidad del catalán es una exigencia de Junts con la que el Gobierno se ha comprometido, y también del PNV, otro socio relevante para el Ejecutivo. Carles Puigdemont, líder de Junts, ha hecho de esta cuestión un punto fundamental de la legislatura, con la amnistía, que también está en trámite en el Tribunal Constitucional, que está analizando el recurso presentado por el PP contra la ley.

Aunque basta un solo país para vetar la iniciativa, el Ejecutivo sigue trabajando hasta el último momento y está convencido de que hay posibilidades porque se ha negociado mucho el texto que se aprobaría para hacer una especie de traje a medida que solo incluiría al catalán, el euskera y el gallego y no abriría la puerta a las decenas de lenguas minoritarias que existen en la UE pero no son oficiales. El Gobierno ha ido cambiando el texto en estos meses y está dispuesto a modificarlo hasta el último momento si es necesario, para resolver las inquietudes de varios países que temen que esto siente un precedente y pueda abrir la puerta a otras lenguas además de las 24 que ya son oficiales.

Una de las fórmulas para ese traje a medida es que solo serán oficiales las lenguas que estuvieran en la Constitución de los países miembros en el momento en que entraron en la UE, no vale con que se incluyan después. Eso hace que prácticamente solo queden incluidas, además de las 24 ya oficiales, el catalán, el euskera y el gallego, que están en la Constitución española desde 1978 como lenguas cooficiales, y excluye los temores de que minorías rusófonas de algunos países puedan intentar incluir el ruso, o situaciones similares como el turco en Chipre.

Además, otra condición que se pondrá es que las lenguas se usen en las dos Cámaras, Congreso y Senado, de los países afectados, algo que en la práctica también solo sucede con el catalán, el euskera y el gallego, que desde la reforma de esta legislatura se usan en las dos cámaras españolas. Además el coste de traducción lo asumiría el país interesado, esto es España. Con detalles como estos, con informes jurídicos detallados, y con el argumento de que no se trata de idiomas minoritarios, sino tres lenguas que se usan con total normalidad en autonomías donde viven millones de españoles, y en el caso del catalán con más personas que lo hablan que varios idiomas oficiales europeos, el Gobierno espera convencer a los países con más dudas.

Aún así, al tratarse de una decisión en el fondo política, el movimiento de presión del PP también es importante y podría contribuir a desbaratar los esfuerzos del Ejecutivo. Países como Suecia o Italia, con ministros de Exteriores cercanos al PP, podrían ser sensibles a estas presiones en sentido contrario. Pero el Gobierno español confía en que nadie se anime a vetar, un gesto agresivo muy extremo, si se hace un trabajo de explicación y se abre la posibilidad de cualquier modificación necesaria para dar más garantías antes del martes.

Lo que más está amarrando el Ejecutivo español es el temor de que el caso español abra una caja de Pandora política en una Europa con medio centenar de lenguas minoritarias. Un extremo que el eurodiputado socialista Javi López, miembro del Grupo de Trabajo de la Mesa sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos, también rechaza apoyándose en el ejemplo de los acuerdos cerrados bilateralmente con la mayoría de instituciones europeas. “¿Han pasado más de 20 años, algún otro país ha pedido que se pueda hablar otra lengua en otra institución? La respuesta es no, el argumento del precedente no funciona”, sostiene.

La propuesta española volvió a ser debatida a nivel de representantes permanentes (embajadores) ante la UE de los Veintisiete este miércoles, en la reunión preparatoria del Consejo de Asuntos Generales del próximo martes. Ahí esta cuestión sigue propuesta para ser sometida a votación, aunque siempre cabe que se retire la consulta si no se consolida la unanimidad requerida, si bien fuentes del Gobierno insisten en que no la retirarán. La unanimidad, pese a los intensos esfuerzos diplomáticos de España —que “ha hecho mucha presión”, coinciden múltiples fuentes diplomáticas consultadas— todavía está lejos de estar asegurada. Aunque en la última semana algunas posiciones se han suavizado —algún no rotundo ya no es tan tajante—, en vista de que basta un solo no para echarlo todo por la borda, la operación es compleja. Difícil, pero no imposible, matiza una fuente. La cita del martes, en todo caso, promete ser de infarto, vaticinan todos.

Ni siquiera los países más reticentes desde el principio a la propuesta española, como los bálticos o Suecia, parecen dispuestos a decir no de forma tajante, después de una intensa negociación de forma discreta del Gobierno español. Hay una conciencia generalizada —“sensibilidad”, lo llaman algunos— de que se trata de un tema absolutamente importante para el Gobierno de uno de los países de mayor peso de la UE —es la cuarta economía comunitaria— y nadie tiene visiblemente ganas de molestarlo. Pero también hay molestia —y eso viene de largo— con una propuesta que muchos siguen considerando de política interna española pura, aunque a la par reconocen que eso es una práctica recurrente en el bloque.

Algunos miembros como Países Bajos, o incluso Alemania, dicen que no se opondrían, aunque insisten en que les faltan datos para conocer todas las implicaciones. Alemania está ahora dirigida por el conservador Friedrich Merz, de la familia del Partido Popular Europeo (PPE) donde milita el PP español.

Una de las principales inquietudes que siguen aflorando es de materia legal: numerosos países consideran que no está aclarado si esta propuesta requeriría una reforma de los tratados. Algo que, según varias fuentes, ha constatado el servicio jurídico del Consejo. También preocupa la financiación. Pese a que España se ha comprometido a asumir los costes, varias capitales señalan que la española se trata de una apuesta política, del Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que la promesa de sufragar los gastos no es legalmente vinculante y no hay garantías de que un gobierno de otro signo no dé marcha atrás y deje de pagar las facturas en el futuro. Todo ello pese a que, en los 20 años que llevan funcionando diversos acuerdos administrativos bilaterales con las principales instituciones europeas —salvo la Eurocámara, donde ha sido frenado políticamente— para poder usar el catalán, España ha pagado siempre los costes de traducción, independientemente del partido en el poder. Se está evaluando solicitar un nuevo análisis de coste. Uno previo estimó en 132 millones anuales el gasto de traducir a las tres lenguas cooficiales españolas en las instituciones.

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Sánchez se reunirá en concreto con representantes de las tres principales asociaciones de afectados. La dana de hace casi siete meses en la provincia de Valencia causó 228 víctimas mortales y dejó miles de afectados y cuantiosos daños materiales.

Fuentes del Ejecutivo han informado de esa reunión de Sánchez con integrantes de la Associació Víctimes DANA 29 Octubre, la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O y la Asociación de damnificados por la dana de L’Horta Sud, que tendrá lugar en la sede de la delegación del Gobierno de la capital valenciana.

El encuentro se producirá a petición de estas entidades, según fuentes del Gobierno, y se producirá una semana después de que se reunieran en Bruselas, el 13 de mayo, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Al día siguiente también fueron recibidas en la capital belga por tres eurodiputados del Partido Popular, entre ellos el jefe de delegación, Esteban González Pons, quien pidió perdón “a título personal” a las asociaciones de víctimas.

El presidente del Gobierno, según las fuentes del Ejecutivo, acudirá a Valencia con el objetivo de escuchar a las víctimas y saber de primera mano su situación y sus necesidades. La visita de este jueves será la quinta desde la dana del 29 de octubre, tras la que hizo el 31 de octubre al Centro de Coordinación de Emergencias en L’Eliana y la del 3 de noviembre a Paiporta, donde tuvo que abandonar la comitiva junto a los Reyes y el president de la Generalitat tras ser increpado y agredido.

La última vez que estuvo en la capital valenciana fue el pasado 23 de enero, cuando se reunió en la Delegación del Gobierno con alcaldes de las zonas afectadas por las inundaciones de la dana y con agentes sociales, un encuentro en el que participaron varios ministros. Las asociaciones de víctimas de la dana no han sido recibidas todavía oficialmente en el Palau de la Generalitat por el president, Carlos Mazón, quien no obstante ha asegurado que ha mantenido reuniones con familiares que lo han pedido, como tres víctimas miembros de la asociación SOS Desaparecidos que se reunieron con él a título individual.

A esa reunión de Sánchez y a la situación de Mazón se ha referido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en declaraciones a los periodistas en el Congreso. Montero ha asegurado que las víctimas son perfectamente conscientes de que el Ejecutivo ha estado a su lado desde el primer momento intentando que se recupere la zona lo antes posible, con ayudas cuantiosas, agilizando los procedimientos para acceder a ellas y apoyando a los ayuntamientos.

“Lo que nadie puede comprender es que siga al frente de la Generalitat el señor Mazón, que es ―ha apostillado― quien por su irresponsabilidad y negligencia ha conducido a una situación en la que ya esto no aguanta”. Por eso ha recalcado que Mazón debería abandonar el Gobierno autonómico y dejar paso a alguien a quien realmente le importe la recuperación y rendir cuentas ante los ciudadanos por unos hechos graves ante los que no se ha asumido ninguna responsabilidad, algo que ha calificado de “inasumible”.

Mazón ha explicado este miércoles que la Generalitat “ha atendido” a las víctimas de la dana, pese a que las principales asociaciones de afectados de la tragedia lo niegan. “Desde el principio, hemos atendido [a los damnificados] de la manera que cada uno ha querido. También, hemos cumplido con las ayudas, el soporte y las necesidades. Y con un montón de gestiones que son indescriptibles hacerlas en medio del dolor”, ha indicado. Según el jefe del Consell, este trabajo no siempre se comunica públicamente, aunque ha incidido en que todos los afectados tienen las “puertas abiertas” de su despacho y del de la vicepresidenta, Susana Camarero. “No damos cuenta a los medios porque las víctimas prefieren un trato más discreto”, ha dicho. El president ha recordado que se reunió en la Generalitat el pasado marzo con Sos desaparecidos —la asociación que representa a más víctimas mortales— y cuyo presidente, Joaquín Amils, pidió la dimisión de Mazón tras salir del encuentro institucional.

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El presidente, según fuentes de La Moncloa, ha decidido poner Gaza en el centro de toda su agenda, y en menos de una semana ha estado en Tirana, Bagdad y viajará a Estambul el viernes con esta cuestión como prioridad absoluta. Sánchez multiplica movimientos: organiza con Palestina, el Estado que España ha reconocido, la presentación de una resolución en la ONU para que la Corte Internacional de Justicia evalúe si Israel está incumpliendo el derecho internacional al bloquear la ayuda humanitaria a Gaza; además, da instrucciones al PSOE para que vote a favor, por primera vez y cambiando su propio criterio anterior, de una proposición de ley de Sumar sobre un embargo de armas a Israel; pide que se vete a este país en Eurovisión como se hizo con Rusia; promueve una reunión en Madrid este domingo de ministros de Asuntos Exteriores de países europeos y árabes “en favor de un Estado palestino”, según explicó en Bagdad el presidente, y también hace que su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, lleve a Bruselas una posición rotunda frente a la masacre en Gaza.

Albares fue de los más duros en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE. Fuera, ante la prensa, dijo que “el tiempo de las palabras ha terminado. Ha llegado ya la hora de las acciones”. “No podemos tolerar ni un minuto más lo que está ocurriendo”, insistió. Dentro, según fuentes españolas, aseguró que los niños ucranios valen tanto como los gazatíes, y si la UE ha establecido una política muy clara frente a Rusia con sanciones, también debe hacerlo con Israel, que está llevando a una “hambruna inducida” a 15.000 niños, según la ONU. “No hay ningún objetivo militar en el ataque a Gaza ahora, salvo que se quiere convertir en un inmenso cementerio”, llegó a decir el ministro español.

Mientras Sánchez endurece su discurso y centra en Gaza sus mensajes políticos más contundentes, convencido de que eso es lo que la opinión pública española apoya de manera mayoritaria, incluidos importantes sectores conservadores, en línea con lo que planteaba el papa Francisco y ahora también su sucesor, León XIV, el PP y en especial Alberto Núñez Feijóo mantienen una posición de equilibrio en la que evitan en todo momento criticar a Israel, a pesar del giro en ese sentido que están haciendo algunos países europeos también en manos de conservadores.

Feijóo solo hizo una mención indirecta a la cuestión este martes, para burlarse de Sánchez por haber pedido que Israel quede fuera de Eurovisión. “Eurovisión es el nuevo Franco del Gobierno. Ojalá fuese una broma y no se hubiesen montado un festival de escándalos. En mi opinión, la primera preocupación del señor Sánchez no es quién cante en Eurovisión, sino quién cante en su partido”, lanzó el líder del PP. Desde su partido, en el debate sobre el embargo de armas a Israel, que el PP rechazó, el diputado de este partido, Pablo Hispán, hizo una mención más directa a la masacre pero sin criticar a Israel. “A cualquier persona con un mínimo de humanidad le horroriza la situación en la Franja”, dijo Hispán, pero enseguida habló de las “decenas de israelíes que permanecen secuestrados por el chantaje inhumano de los terroristas de Hamás” y acusó a la izquierda de indiferencia hacia ellos.

El Gobierno reaccionó indignado ante la broma de Feijóo sobre Franco e Israel. Pilar Alegría, la portavoz del Ejecutivo, fue muy dura tras el Consejo de Ministros. “Ante una masacre como la que estamos viviendo, donde han perdido la vida más de 50.000 personas, y más de 14.000 niños están en riesgo de morir de hambre, según la ONU, escuchar a Feijóo hacer chistes malos en plan club de la comedia dan muestra de su talla política y humanitaria. Poca broma con estas cosas”, aseguró.

Sánchez está convencido de que en este asunto el PP está cometiendo un grave error, porque también buena parte de la opinión pública conservadora está horrorizada con las imágenes que llegan de Gaza de niños hambrientos porque el Gobierno de Netanyahu no deja entrar ayuda humanitaria. El presidente, según su entorno, está muy satisfecho de ver que varios líderes europeos, incluido el francés, Emmanuel Macron, vienen ahora a una posición en la que él lleva más de un año.

Sánchez lleva tiempo nadando a contracorriente en Europa, pero ha encontrado aliados importantes para su posición más dura en Latinoamérica y sobre todo entre los países árabes, con los que el presidente español ha estrechado muchos los vínculos en los últimos meses. Una vez más, en el Ejecutivo creen que Feijóo sigue sin entender las claves de la agenda internacional y por eso tarda en tomar una posición, como le pasó con la llegada de Donald Trump al poder, de la que durante semanas no dijo nada hasta que empezó a poner aranceles que afectan directamente a empresas y trabajadores españoles. Sánchez mantendrá así todo el foco de su agenda internacional en Gaza, que considera el asunto más importante del momento, mientras en España el PP trata de sacar el máximo partido a la polémica por los mensajes del presidente con José Luis Ábalos.

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Los comicios en Portugal de este domingo han rematado ese giro que empezó en las parlamentarias de hace poco más de un año y ahora España es cada vez más una especie de gran excepción en la UE y en el Gobierno se preguntan qué lecciones se pueden extraer del país vecino, que siempre ha tenido una historia política similar a la española: ambos salieron a la vez de sus dictaduras fascistas los setenta, entraron juntos en la UE en 1986, han vivido años de bipartidismo estable y fueron los últimos europeos en ver explotar a su propia ultraderecha. Y la respuesta de varios miembros del Ejecutivo consultados es coincidente: España es diferente precisamente porque la izquierda sigue en el Gobierno y desde ahí puede mantener sus políticas progresistas.

“Costa fue víctima de un caso de law fare de libro. Nunca debió dimitir. Tanto es así que es presidente del Consejo Europeo, porque su trayectoria es intachable. Pero cedió a la presión y eso hundió a su partido, que no ha resuelto la sucesión. Portugal demuestra que, como siempre dice Sánchez, la mejor manera de frenar a la ultraderecha es desde el Gobierno con políticas progresistas. Ir a elecciones teniendo la mayoría absoluta fue un error clarísimo”, resume un ministro. En Portugal, al contrario que en España, eso no lo decide el primer ministro, sino el presidente de la república. Pero fue la dimisión de Costa lo que abrió la puerta a esas elecciones que hundieron a la izquierda.

Otros ministros se escandalizan por el hecho de que para los socialistas, un escándalo de corrupción que luego quedó en nada y la salida de Costa supusiera una caída de 20 puntos, mientras que para el primer ministro de centroderecha, Luis Montenegro, un caso claro de conflicto de intereses con una empresa familiar suya, que está en el origen del adelanto electoral, no haya tenido apenas desgaste, porque ha subido en votos y escaños.

El Gobierno es muy consciente de que la ola de derecha y ultraderecha que arrasa en casi toda Europa puede llegar a España también en las próximas elecciones, previstas para 2027. Pero Sánchez y su equipo de máxima confianza están convencidos de que España se adelantó a este debate en 2023 y lo resolvió con una respuesta clara: una movilización extraordinaria de los progresistas y también de nacionalistas para evitar que hubiera un Gobierno de PP y Vox.

Aunque Sánchez apele constantemente a esa batalla de 2023 para mantener ese empuje movilizador, en La Moncloa saben que eso no basta para frenar esa corriente de fondo en todo el mundo. Por eso, tanto en el PSOE como en Sumar, y especialmente estos últimos, insisten en que la única manera de cambiar lo que parece un curso ya marcado por la historia es profundizar la agenda social, multiplicar las reformas, sacar adelante medidas que cambien realmente la vida de los ciudadanos para romper el mensaje de la ultraderecha que habla de Estado fallido, de estafa de los impuestos, de una democracia que no da soluciones. Portugal sirve así como un acicate para el Gobierno para reforzar su discurso frente a la ultraderecha y también su agenda social, aunque muchos ministros insisten en que la situación no es comparable precisamente porque en España la izquierda está en el poder y Sánchez tiene un liderazgo fuerte, al contrario de lo que sucede en los socialistas portugueses, donde su secretario general, Pedro Nuno Santos, ha dimitido la misma noche electoral. “Lo que sí tomamos nota es que no basta con los datos, no basta con hacer buenas políticas, vivimos un momento de política de sentimientos y la izquierda también tiene que jugar ahí, hay que conquistar a los ciudadanos con proyectos ilusionantes”, sentencia otro miembro del Ejecutivo.

Hay otra lección importante que viene de Portugal y no es para los socialistas, sino para lo que hay a su izquierda. En 2021, tanto el Partido Comunista como el Bloco de Esquerda eran muy poderosos, y gobernaban sin ministros pero con apoyo externo y mucha influencia. Pero tumbaron los Presupuestos de Costa, que decidió ir a elecciones para lograr la mayoría absoluta y lo consiguió. Desde entonces, ambos están en caída libre. Según analizan diversos miembros del Gobierno y de los partidos fuera del PSOE, la izquierda portuguesa, pese a su debilidad, se acerca en conjunto al 10%, una cifra nada desdeñable, que es habitual en Europa, y similar a la que augura en este momento 40dB. para Sumar y Podemos conjuntamente, pero, sin embargo, ha ido dividida en tres facciones y eso la ha llevado a unos irrelevantes 10 escaños en total (6, 3 y 1), menos del 5% de los 230 diputados totales.

El descalabro ha provocado varias reflexiones en la llamada izquierda alternativa española. Y en general, no ha servido más que para reforzar cada una de las tesis que defiende ya cada partido. En palabras del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que este lunes cumple un año en el cargo, el resultado “obliga” a las organizaciones a “hacer los deberes para construir una alianza amplia como la de julio de 2023”, cuando una quincena de fuerzas políticas se presentaron juntas bajo la marca Sumar. “Tenemos una responsabilidad con Europa”, añadió, “la fragmentación ha llevado a que las tres sean prácticamente irrelevantes en términos de aritmética parlamentaria y esto debe invitarnos a la reflexión”. Maíllo llama a “evitar” que un escenario similar se dé en España y reclama “extraer lecciones”. “Ante un avance de propuestas políticas autoritarias, debemos construir un proyecto de esperanza que ponga pie en pared” a estos programas, abogó en rueda de prensa.

Escuetamente, Jaume Asens, eurodiputado de Catalunya en Comú (partido que forma parte de la coalición de Gobierno), expuso en redes sociales a primera hora un análisis idéntico. “Portugal nos lanza una advertencia: cuando la izquierda se fragmenta y se aleja de la gente, gana la resignación… o la extrema derecha. Lección urgente para quienes estamos a la izquierda del PSOE: unidad, audacia y calle. O irrelevancia”, concluye.

Desde Movimiento Sumar, una de sus coordinadoras, Lara Hernández, centró su intervención en defender la necesidad de “cuidar” la que es ya una “excepción en Europa”, dijo en referencia al Gobierno y a sus políticas. En opinión del partido creado por Yolanda Díaz, el Ejecutivo no puede “conformarse con resistir” sino que está “obligado” a “poner encima de la mesa” una agenda progresista “ambiciosa”. La receta contra lo que definen como “internacional reaccionaria” es, por tanto, la reducción de la jornada laboral, la bonificación permanente del transporte público, una reindustrialización verde o la prestación universal por crianza, citó a modo de ejemplos.

Después de una semana en la que Podemos ha elevado el tono contra los partidos del Ejecutivo, Hernández evitó hacer llamamientos a la unidad, algo que también estuvo ausente en el discurso de los de Ione Belarra. Muy al contrario, su portavoz, Pablo Fernández, volvió a situarse a la contra de la coalición. “En nuestro caso tenemos que hacer crecer las fuerzas de la paz, porque en España hay millones de personas que se oponen al régimen de guerra, al rearme, al incremento exacerbado del gasto militar... (…) transformar esa fuerza social en una fuerza electoral que consiga dar un giro copernicano a las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de España”, sostuvo de nuevo en rueda de prensa el secretario de Organización, informa Álvaro Ruiz. En su papel de tertuliano en RNE, el exvicepresidente Pablo Iglesias también reconoció que, a tenor de los resultados en Portugal, hay “muchas razones para estar preocupados”. “O la izquierda asume el terreno de la batalla cultural contra la derecha o, si no, la ultraderecha se va a ir reforzando en todos los países”, concluyó.

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Sánchez ha estrechado en los últimos años su relación con Erdoğan, que estuvo en Madrid en junio del año pasado en una reunión de alto nivel con el Gobierno español y mostró su cercanía con el presidente español en una rueda de prensa conjunta en la que ambos se centraron en sus relaciones económicas pero en la que el presidente turco, que lleva 20 años en el poder y recibe críticas de varios organismos por su persecución a la prensa y a la oposición, se indignó cuando la prensa española le preguntó por qué no cumple las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le exigen liberar a varios presos.

Según La Moncloa, Sánchez viaja a Turquía con “el objetivo de abordar cuestiones bilaterales de interés mutuo, así como para abordar cuestiones regionales e internacionales de actualidad”. “La situación en Gaza será uno de los temas que van a tratar”, remata la nota oficial. El presidente mezclará el viaje oficial con uno de partido, ya que ha organizado la cita para que coincida con una reunión en Turquía de la Internacional Socialista, de la que es presidente.

También este lunes, el socio minoritario del Gobierno, Sumar, ha vuelto a denunciar la ofensiva israelí en territorio palestino. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha censurado en la Asamblea Mundial de la Salud que la OMS celebra en Ginebra, “los ataques indiscriminados de Israel contra la población civil, el personal y las infraestructuras sanitarias”.

“Hasta hoy han sido atacados o destruidos 37 de los 38 hospitales existentes en Gaza, lo que supone un taque directo al derecho a la vida”, ha denunciado García. “En este foro debemos recordar que proteger la salud es proteger la dignidad humana. Por favor, no dejemos de actuar para detener la barbarie”, ha insistido ante la asamblea, a la que también asiste el representante de Israel. La ministra de Sanidad participa en una edición del foro internacional de la OMS —de cuyo consejo ejecutivo García entra esta semana a forma parte— marcado por la salida de Estados Unidos de la organización, de la que el país ha sido su mayor contribuyente.

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El entorno de algunos implicados en la trama corrupta hizo llegar al Ejecutivo y al PSOE el mensaje de que si se pagaban una serie de gastos del procedimiento judicial, si se archivaba el expediente disciplinario abierto en Interior a un policía, exalto cargo del ministerio de Transportes con José Luis Ábalos, y si se readmitía a un trabajador de Correos, esas “grabaciones” capaces de “tumbar a un Gobierno” no verían la luz, según fuentes conocedoras de este aviso. El material comprometedor, según explicaba el entorno de los implicados, se encontraría almacenado en un disco duro que la Guardia Civil se incautó en el registro de la vivienda de Alicante de Koldo García, asesor principal del exministro Ábalos.

Los dirigentes del PSOE respondieron a la amenaza sin inmutarse: explicaron que no había nada delictivo en la actuación de Pedro Sánchez o de Santos Cerdán y que, por tanto, no tenían nada que temer respecto al material que pudiera filtrarse a los medios de comunicación, según pudo saber EL PAÍS de fuentes conocedoras de estos hechos.

Dirigentes del Gobierno afirmaron: “Si esto es un chantaje, han pinchado en hueso”. El presidente Sánchez “en ningún momento le envió absolutamente nada comprometedor ni mucho menos ilícito a José Luis Ábalos”, añadieron.

Tres días después del intento de chantaje rechazado por el PSOE, El Mundo inició la publicación de informaciones con la transcripción de decenas de mensajes por Whatsapp intercambiados entre Sánchez y Ábalos aunque sin grabaciones.

Algunos mensajes, los anteriores a julio de 2021, cuando el ministro fue destituido por el presidente, estaban almacenados en uno de los discos duros que la Guardia Civil incautó en casa de Koldo García en febrero de 2024. Otros mensajes de 2023 los habría facilitado de manera indirecta el propio Ábalos para acreditar que había recuperado en aquellas fechas su relación con el presidente, según explicó él mismo.

Fuentes próximas a Koldo García explican que Ábalos le pidió que guardara los discos duros después de abandonar el Ministerio, en julio de 2021. “Le dijo que se quedara con todo y nunca se lo reclamó”, relatan las mismas fuentes. En esos dispositivos se volcó toda la información profesional y personal acumulada durante años por Ábalos en teléfonos, tabletas y ordenadores. Él sostiene que lo hizo para poder escribir sus memorias. Los datos estaban protegidos con una clave que solo conocía el exministro, según el entorno de García.

Muchos de los mensajes publicados por El Mundo afectan a la vida interna y las batallas por el poder en el PSOE. Sánchez llama llama “petardo”, “impresentable”, o cosas parecidas a barones socialistas que en aquel momento le censuraban públicamente. Esos mensajes han provocado una reacción airada de los aludidos por Sánchez, como Susana Díaz (Andalucía), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) o Javier Lamban (Aragón), todos ellos rivales internos del líder del PSOE, que han recorrido varios medios para quejarse de las cosas que el presidente decía en privado en pleno apogeo de su enfrentamiento público con sus críticos.

Otros mensajes publicados por El Mundo relacionados con el préstamo de 475 millones de euros a la compañía Air Europa para superar los enormes daños de la inactividad por la pandemia muestran un intercambio de opiniones entre los dos políticos sobre el rescate pero no apuntan hacia ninguna irregularidad en la concesión de estas ayudas, que han sido avaladas por tribunales europeos y por el Tribunal de Cuentas. El Partido Popular ha querido ver en estos mensajes la prueba de una corrupción de presidente y reclama la convocatoria anticipada de elecciones.

La investigación del rescate de Air Europa

El PP se apoya en los mensajes publicados por El Mundo para denunciar que Sánchez dio trato de favor a Air Europa influido por su mujer, Begoña Gómez, por su relación profesional con Javier Hidalgo, máximo responsable de la compañía. Los hechos, las fechas y las conversaciones divulgadas ahora cuentan una realidad muy distinta.

Víctor Aldama había sido contratado como asesor por Air Europa en noviembre de 2019, cinco meses antes de que Sánchez decretara el estado de alarma por la pandemia y nueve meses antes de que la compañía aérea solicitara acogerse a las ayudas del Gobierno para empresas estratégicas quebradas por el parón de la actividad con los ciudadanos encerrados en sus casas.

Aldama presionó desde agosto de 2020 al ministro Ábalos, aunque el Gobierno ya había anunciado en junio su intención de rescatar a “empresas no financieras afectadas por la pandemia y consideradas estratégicas a nivel nacional o regional”, a través de un fondo especial de 10.000 millones para préstamos.

Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI (nombrado para ese cargo en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy) acreditó ante la comisión de investigación del Senado la limpieza del rescate a Air Europa. La compañía aérea presentó la solicitud el 20 de agosto de 2020. Lora era presidente del consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y, por tanto, máximo responsable y supervisor de las 30 operaciones aprobadas entre 2020 y 2022 por 3.256 millones, entre ellas la de Air Europa.

Víctor Aldama y Koldo García se refirieron a Bartolomé Lora en los mensajes que se intercambiaron dando a entender que el ministro Ábalos podía presionar al vicepresidente de la SEPI para facilitar el rescate.

—Víctor Aldama a Koldo García: “Buenos días. Porfa que llame Bartolomé [Lora] a Javi[er Hidalgo], consejero delegado de Air Europa]”.

—Koldo García: “En este momento el ministro está reunido. Cuando termine, se pone en contacto con Bartolomé”.

Pero Bartolomé Lora desmontó este relato en el Senado: “Nunca hablé con Ábalos de este expediente. Nunca informé a nadie del Gobierno directamente de estos expedientes. No he recibido instrucciones ni del señor [Pedro] Sánchez ni de nadie. Los ministros no intervienen en la tramitación de los expedientes. No he tenido nada con Aldama, no le conozco. Ni con Koldo García, conocí su nombre por los periódicos. Yo siempre he contado la verdad”.

Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, declaraba en junio de 2020, cuando el Gobierno ya había anunciado su intención de rescatar a empresas estratégicas: “Si no nos dan ayudas, vamos a durar menos que un telediario. Por nosotros mismos es imposible que podamos salir de ésta”. Y José Luis Ábalos, conocedor de estas y otras declaraciones parecidas, escribió a la ministra Nadia Calviño el 16 de julio que Javier Hidalgo, el máximo responsable de Air Europa, estaba en una situación muy apurada: “Está que se corta las venas. Ya no puede burlar más a los acreedores”, según el mensaje publicado por El Mundo. Una nota del ministerio del 7 de agosto da cuenta de que había iniciado conversaciones con Air Europa y recabado detalles de su situación económica y financiera aunque todavía no se había “decidido cómo se instrumentaría la ayuda”.

Air Europa tenía 10.000 empleados y operaba en 17 aeropuertos cuando España se cerró por la pandemia. Las pérdidas acumuladas por la compañía entre 2020 y 2021 ascendieron a 1.000 millones de euros, de ahí la urgencia de conseguir el préstamo para atender las reclamaciones de los proveedores.

Air Europa presenta la solicitud a la SEPI el 20 de agosto, y este organismo le exige garantías para el Estado por un valor cercano a los 1.000 millones a cambio de aprobar el préstamo. Entre esas garantías figuran hoteles por más de 400 millones; las sedes de Air Europa en Pozuelo (Madrid) y Palma de Mallorca; los negocios de mantenimiento de aviones y servicios aeroportuarios en tierra, e incluso el acuerdo de venta de Air Europa a IAG, una operación que no convencía a Pedro Sánchez, según manifestó días después a Ábalos apoyándose en el mensaje de un amigo que le reenvió al ministro: “No tiene sentido desde mi punto de vista rescatar Air Europa y dejarla en manos de los Hidalgo, pero tampoco regalársela a IAG (Iberia) y menos aún dejar que desaparezca”. Sánchez estaba así criticando a los Hidalgo en su mensaje con el entonces ministro de Transportes.

La Guardia Civil destacó en su informe un mensaje que Aldama envió a Koldo García el 3 de septiembre de 2020 ―13 días después de presentada la solicitud de ayuda ante la SEPI―: “[Javier Hidalgo] está jodido, muy jodido en el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña [Gómez], mujer del presidente del Gobierno”. Si la información de Aldama era cierta ―ha sido desmentida por Air Europa a través de notas públicas― Hidalgo no consiguió avanzar con sus llamadas a Gómez porque a juzgar por los mensajes de las semanas y meses siguientes, el acuerdo se complicó. En el mensaje de Sánchez a Ábalos del 8 de septiembre, un amigo del presidente desconfía de los Hidalgo como gestores futuros de la compañía Air Europa. Ese mensaje, que el PP interpreta como la muestra de que Sánchez medió a favor del rescate porque su esposa se lo pidió, explica el deseo del presidente de repensar la operación de venta de Air Europa a la británica IAG y la desconfianza de su amigo hacia Javier Hidalgo.

La negociación para el rescate se complicó en septiembre y octubre debido a las condiciones impuestas por la SEPI. Aldama escribió a Koldo García el 30 de octubre: “Siguen poniendo problemas ICO, ha dicho SEPI no contesta favorablemente, se retira la oferta y no hay financiación”. García le tranquilizó 12 minutos después: “Que me dice que el Consejo de Ministros aprueba el martes sí o sí”. El martes 3 de noviembre se aprobó la ayuda.

Una expareja de Víctor de Aldama aseguró a El Español que días antes de la aprobación de la ayuda por el Consejo de Ministros, Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, le dió 500.000 euros en presencia de Koldo García, un dinero supuestamente destinado a Ábalos. El exministro lo ha negado. Es extraño que Aldama reconociera el 30 de octubre, apenas tres días antes del rescate, que no sabía “nada de Hidalgo”, según los whatsapp interceptados por la Guardia civil, cuando según su expareja ya había cobrado 500.000 euros para repartirlo con Ábalos por los éxitos de su gestión.

El vicepresidente de la SEPI, que llegó ahí con un Gobierno del PP, aseguró que su departamento tramitó sin interferencias de ningún ministro la solicitud de Air Europa “aplicando con rigor la normativa europea y española”. El Tribunal de Cuentas no halló tacha en el expediente. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sentenció en mayo de 2021 que el rescate español a Air Europa fue legal por proporcionado y no discriminatorio. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó otra denuncia de Ryanair contra el fondo de 10.000 millones que España creó para socorrer a empresas estratégicas.

El amaño de contratos de obra pública. El magistrado del Supremo Leopoldo Puente pidió hace más de tres meses (4 de febrero pasado) un informe sobre las comunicaciones telefónicas de los tres principales implicados en la causa (Víctor de Aldama, el empresario corruptor; el exministro José Luis Ábalos, y su asesor principal, Koldo García). En su escrito, solicitaba a la UCO un análisis de esas comunicaciones, “con especial referencia a los mensajes que aparezcan que pudieran haber intercambiado el señor Aldama con José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán o con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo”. Las expectativas generadas por esta petición han desatado todo tipo de rumores respecto a la existencia de un “informe demoledor” sobre Santos Cerdán y el amaño de obra pública que la UCO enviará en los próximos días al juez instructor.

Cerdán asegura que nunca se ha visto con Víctor Aldama y, por tanto, no aparecerán mensajes entre el principal cabecilla de la trama corrupta y el secretario de Organización, número tres del PSOE.

Dirigentes socialistas conocedores del funcionamiento interno del partido sostienen que lo único que la Guardia Civil puede hallar en la mensajería de José Luis Ábalos, su jefe directo en el PSOE hasta julio de 2021, y con sus asesor Koldo García, son conversaciones con Cerdán sobre cuestiones orgánicas del partido o consultas sobre la licitación de obras públicas en distintos territorios. Cerdán, como secretario de coordinación territorial del PSOE entre 2017 y 2021, debía responder a numerosas consultas que le hacían alcaldes, o jefes regionales del PSOE sobre obras en su territorio y por eso escribía a Ábalos o García. Las consultas, según la versión de fuentes socialistas, nunca tendrían relación con la adjudicación de las obras a determinadas empresas privadas.

La acumulación de errores en los informes de la UCO

El exministro Ábalos y su asesor principal desconfían de la UCO y han pedido al juez que les devuelvan el material incautado porque contiene información íntima y privada. Además, Ábalos señala que algunos de los informes de la UCO al juez incurren en graves errores con la única finalidad de perjudicar su imagen: desde atribuir al exministro una propiedad en Colombia valorada en dos millones de euros (en realidad, el valor del terreno era inferior a 1.000 euros) hasta sospechar sobre un cobro de 500.000 euros libres de impuestos que en realidad correspondía a los gastos de viajes de la delegación ministerial durante dos años.

Los delitos acreditados por la investigación hasta ahora en el caso del exministro son los de cohecho y tráfico de influencias: Ábalos enchufó a distintas mujeres -algunas de ellas mantenían con el ministro una relación sentimental- en organismos públicos; y disfrutó de casas pagadas por el jefe principal de la trama corrupta o sus socios a cambio supuestamente de contratos públicos. La Fiscalía Anticorrupción estima que los empresarios de la trama ganaron hasta 16,5 millones de euros gracias a varias operaciones de venta de mascarillas que facilitó el ministerio de Transportes que dirigía Ábalos con Koldo García como persona de máxima confianza. La Guardia Civil no ha hallado aún el dinero de las mordidas que Aldama confiesa haber pagado a Ábalos ni las pruebas de obras públicas amañadas por el ministro a cambio de comisiones ilegales. La investigación de la Audiencia Nacional ―caso mascarillas— y del Tribunal Supremo tampoco ha hallado todavía indicios de que la trama corrupta fuera favorecida por otros ministerios o por el presidente del Gobierno.

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España ya se sumó a la querella interpuesta por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio. Pero ahora Sánchez busca otra vía, en esta Corte Internacional de Justicia, que dirime conflictos entre países, para que exija a Israel que deje pasar la ayuda humanitaria a Gaza.

📺 TV en DIRECTO | Pedro Sánchez interviene en la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad. Síguelo en directo https://t.co/blHsRx9lqd https://t.co/4TgqT9OoPW

— EL PAÍS (@el_pais) May 17, 2025

“Palestina se desangra ante nuestros ojos. Nada de lo que está ocurriendo en Gaza y Cisjordania puede serle ajeno a Europa ni al resto del mundo”, ha dicho el presidente, que ha hecho de esta cuestión una bandera de su política dentro y fuera de España, lo que le ha llevado a una crisis diplomática con Israel. “Frente a la violencia y la barbarie, solo cabe la defensa acérrima de un orden mundial donde prevalezca la justicia. Tenemos que detener ya esta espiral de violencia. Por eso hoy, desde Bagdad, quiero instar a hacer uso de todo nuestro capital político para revertir la situación y apostar decididamente por la paz”, ha insistido Sánchez.

España trabaja en otras vías dentro de la ONU, ha explicado el presidente español, como una resolución que impulsa con Palestina. “En ella vamos a exigir a Israel el fin del bloqueo humanitario impuesto a Gaza y el acceso completo y sin restricciones de la asistencia humanitaria”, ha asegurado. Sánchez se coloca así ya de forma rotunda con Palestina frente a Israel, al contrario que la mayoría de los líderes europeos, que mantienen una cierta equidistancia y bloquean los intentos de España y algunos países más pequeños como Irlanda para tomar decisiones contundentes contra el Estado judío en los consejos europeos.

El hecho en sí de que Sánchez haya sido invitado a esta reunión de la Liga Árabe en Bagdad es todo un símbolo de su acercamiento a las posiciones de estos países en los últimos años, en los que ha visitado la mayoría de ellos. El presidente español ha propuesto a los países árabes trabajar juntos con los europeos para “avanzar en la solución política, apoyando sin matices la oportunidad que representa la conferencia de paz de junio en Nueva York”.

Sánchez plantea reforzar el contacto entre los países árabes y europeos. “Si la Unión Europea y la Liga Árabe trabajan juntas, con un liderazgo fuerte, seremos un motor como ningún otro para resolver los problemas de la región. España está comprometida a hacer todo lo que esté en nuestra mano. La próxima reunión ministerial del Grupo de Madrid con países afines en favor de un Estado palestino que tendrá lugar la semana próxima es un testimonio de nuestro compromiso para avanzar juntos hacia la paz”, ha insistido.

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Desde Tirana, ante una pregunta muy clara de la prensa española ―“señor Rutte, ¿cree que España llegará al 5% en gasto en defensa?”― el secretario general de la OTAN ha sido rotundo: “sin duda”. Esta vez el Gobierno español no ha optado por un desmentido radical sino con dejar todo abierto, pero mostrando que el secretario general de la OTAN no es quien fija la posición española. “Rutte habla en nombre de Rutte. El Gobierno de España hablará cuando le corresponda, pues ahora estamos empezando la negociación. El Gobierno español anunció que alcanzaba el 2% este año y estamos cumpliendo”, responden fuentes del Ejecutivo. Dedicar un 5% anual del gasto a defensa supondría 80.000 millones de euros cada año, ya que el PIB español está cerca de los 1,6 billones. Para dar una idea, España no llega al 5% del PIB en el gasto total en educación de todas las administraciones, esto es, en todos los colegios y universidades públicos de España. La cifra ronda el 4,7%. Para ver un gasto superior habría que irse a las pensiones, que suponen el 12% del PIB, o el de sanidad, que se acerca al 7%.

Consultada sobre el sentido de las palabras de Rutte, una portavoz del jefe de la OTAN ha matizado a EL PAÍS el contexto de su respuesta. El holandés “confía” en que todos los aliados se unan para invertir más en defensa, una de las “principales prioridades” de la cumbre en La Haya el mes que viene, ha explicado. “España ya ha dado pasos importantes en esta dirección con el anuncio del Presidente del Gobierno hace tan solo unas semanas”, ha agregado.

Durante la cumbre informal de ministros de Exteriores en la ciudad turca de Antalya del jueves, Rutte saludó expresamente a los países que, como España, Luxemburgo o Italia, han anunciado, ya que este año cumplirán el objetivo de 2% fijado en la cumbre de Gales de 2014. Pero fue enfático también en la necesidad de aumentar el gasto nacional en defensa y dejó claro que la meta de hace más de una década “claramente es insuficiente”.

Según han confirmado varios países, Rutte ha planteado a los aliados un enfoque doble: de un lado, aumentar el gasto estricto en defensa al 3,5% para 2032. Y, por otro, dedicar otro 1,5% a gastos relacionados con un concepto más amplio de seguridad, como infraestructura o ciberseguridad. De este modo, se llegaría a la meta de 5% que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste, debe ser aprobada en La Haya.

Oficialmente, el Gobierno español no traslada cuál es su posición en esta compleja negociación, y se limita a hablar de ese 2% que ha comprometido sin querer ir más allá. Sin embargo, en privado varios miembros del Ejecutivo recelan de esa propuesta del 5%, que les parece inviable porque supondría un aumento descomunal en el gasto en defensa que ven excesivo y que podría afectar directamente al elemento central de la política del Gobierno de coalición, esto es el gasto social. Sánchez no puede aprobar en este momento nuevos Presupuestos, con lo que solo puede redistribuir el gasto dentro de las Cuentas que tiene de 2023.

Además el presidente gobierna en coalición con Sumar, que se opone al aumento de gasto en defensa pero de alguna manera ha dejado pasar el 2%, pero no podría asumir un salto hasta el 5%. Sánchez empieza así ahora una difícil negociación camino de la cumbre de La Haya, en junio, que es decisiva no solo para los compromisos internacionales de España sino también para la propia realidad política española, porque si se ve obligado a pactar un aumento desproporcionado del gasto en defensa Sánchez podría tener muchas dificultades internas.

Podemos, que ya no está en el Gobierno pero forma parte de la mayoría que lo apoya, ha sido especialmente duro al conocer las declaraciones del secretario general de la OTAN. “Las declaraciones de las élites estadounidenses y europeas de los últimos días, sean de Marco Rubio, de Mark Rutte o del comisario de Defensa, Andrius Kubilius, evidencian que la espiral belicista a la que Sánchez se ha sumado no tiene fin y que se está preparando un nuevo aumento del gasto militar para la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en junio. Podemos se opone de forma rotunda al incremento del gasto militar ya acordado por el Gobierno y a cualquier nuevo aumento, y alerta de que cada euro destinado a estar partidas implica recortes en las materias que verdaderamente protegen y dan seguridad a la gente, como son la sanidad, la educación, la vivienda o la inversión en sectores estratégicos. Por ello, insistimos en que la paz es la tarea política fundamental en este momento y llamamos a la insumisión para frenar un rearme que, de seguir adelante, hipotecará el futuro de nuestro país para las próximas décadas”, señalan fuentes de esta formación.

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Sin embargo, como sucedió en la anterior ocasión, el Ejecutivo tiene que consensuar el orden del día con los presidentes autonómicos, y dado el peso que tiene el PP, que controla la gran mayoría de las comunidades después de su éxito en las últimas elecciones autonómicas, puede imponer nuevos temas de agenda. Parece muy difícil pensar que los presidentes del PP no quieran hablar de financiación autonómica precisamente en una cumbre en Cataluña, ya que uno de elementos de oposición más fuertes de los populares es el acuerdo entre el PSC y ERC para una financiación particular en esta comunidad que permitió la investidura de Salvador Illa. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, convocará el 28 de mayo una reunión del comité preparatorio en el que se cerrará la agenda definitiva con los temas que quiera incluir el PP.

La cuestión de la vivienda, que es prioritaria para el Ejecutivo y a la que le está dedicando muchos recursos y reformas legales, con la nueva ley de vivienda como eje central, ya se trató en la anterior Conferencia de Presidentes porque Sánchez quería centrar en esta cuestión el encuentro. Sin embargo, los asuntos que se llevaron la atención en esa cita en Santander fueron otros, en especial la financiación autonómica.

Es casi imposible pensar ahora en un acuerdo en vivienda porque las autonomías del PP tienen una visión muy diferente a la del Gobierno del PSOE y Sumar, que defiende la ley de vivienda y el control de precios de alquileres que ya se está aplicando precisamente en Cataluña, con resultados exitosos según el Ejecutivo —bajada del 6% de los alquileres en Barcelona— mientras los barones populares, en especial la madrileña Isabel Díaz Ayuso, rechazan cualquier intervención en los precios y solo apuestan por bajadas de impuestos, liberalización del suelo y más construcción.

En cualquier caso, desde el punto de vista político, para el Gobierno lo más importante de esta Conferencia de Presidentes, más allá del contenido, en el que intentará llegar a acuerdos aunque no parezca fácil con el actual ambiente entre los dos grandes partidos, es el mensaje que ofrece su celebración en Barcelona, en el Palacio de Pedralbes, el de las grandes ocasiones. Un año después de la llegada de Illa al poder, el hecho de que se pueda celebrar con toda normalidad una reunión de todos los presidentes autonómicos en Barcelona con el rey Felipe VI, que suele presidir un encuentro anterior a estas citas, es en sí, para el Ejecutivo, un mensaje muy potente de normalización política.

Para Sánchez, que ha sufrido mucho desgaste en el resto de España por la ley de amnistía y que, sin embargo, tiene mucho apoyo en Cataluña, es fundamental reivindicar que su política en este conflicto ha dado resultados visibles, como la rebaja de la tensión independentista y el debilitamiento del peso del independentismo en el Parlament. Si hace unos años el problema era que los presidentes de la Generalitat no querían acudir a las Conferencias de Presidentes, así como sus consejeros tampoco iban al Consejo de Política Fiscal y Financiera, ahora la realidad es la opuesta: Illa no solo acude sino que es el anfitrión de esta cita en Barcelona, como prueba del vuelco que ha dado la situación política en Cataluña, algo que será una de las grandes bazas de Sánchez en la próxima campaña electoral.

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El Gobierno aún no aclara cuál será el tema central de este encuentro, que en teoría debería realizarse todos los años. En la última conferencia, en Santander, hubo mucho debate sobre la financiación autonómica, vivienda, sanidad o menores inmigrantes, pero la tensión entre el PSOE y el PP impidió que hubiera ningún acuerdo concreto. Aún así, y en plena guerra política por los casos que afectan a la familia del presidente, la Conferencia de Presidentes en Santander, que fue el 13 de diciembre, supuso una minitregua política y el tono de las discusiones fue muy diferente al que se vive cada semana en el Congreso entre el PSOE y el PP. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, fue la que más tensó la cuerda, pero en general los barones del PP lanzaron mensajes mucho más suaves de los que suele trasladar su líder, Alberto Núñez Feijóo, y las discusiones fueron bastante tranquilas. Ayuso y Salvador Illa, el presidente catalán, tuvieron un encontronazo a cuenta de la financiación autonómica, un asunto que es probable que vuelva a estar encima de la mesa en Barcelona. Los populares se habían quejado mucho antes de Santander de que Sánchez no convocara la conferencia desde 2022. Ahora llega una segunda cita seis meses después de la anterior.

El hecho de que se haga en la capital catalana, un año después de la llegada al poder del socialista Salvador Illa, es un gesto político claro de que el Gobierno quiere exhibir la normalización política en Cataluña, que nunca había organizado una reunión como esta. Sánchez tiene en esta comunidad un granero de votos muy importante y es unas de las autonomías donde más proyección tiene el presidente, ya que es allí donde más apoyo tiene decisiones como los indultos a los presos del procés o la amnistía, que tienen mucho rechazo en otras zonas de España.

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El Gobierno considera muy grave la filtración de conversaciones privadas del presidente, pero, sin embargo, cree que lo que se está publicando es irrelevante. Y sobre todo, el Ejecutivo insiste en que Sánchez, que sí conoce todo lo que se escribió con Ábalos, en ningún momento le envió absolutamente nada comprometedor ni mucho menos ilícito, y además rompió el contacto después de la detención de Koldo.

Por eso el Ejecutivo insiste en que, pese al malestar evidente que genera la publicación de los mensajes del presidente, que da origen a mucha especulación y a la crítica del PP, que pide su dimisión porque dice que esto demuestra que él “sabía todo”, no hay preocupación de fondo porque “no puede aparecer ningún mensaje comprometedor” porque no existen. Esto es, en el Gobierno asumen que vendrán muchos días de ruido político, porque los mensajes del presidente generan mucha repercusión, pero no está en riesgo la estabilidad del propio Ejecutivo y esto no se parece en absoluto, insisten, al momento en el que a Mariano Rajoy le filtraron el conocido “Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos”, que le decía a Luis Bárcenas dos días después de que se hiciera público que el extesorero del PP tenía 22 millones de euros en Suiza, que luego se supo que eran hasta 50. No habrá un “José Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos”, insisten en La Moncloa, sobre todo porque el contacto entre los dos dirigentes, que se mantuvo en 2023, como se ha visto en algunos mensajes publicados por El Mundo en los que Sánchez le decía que había “echado de menos muchas veces” trabajar con él y su amistad, se cortó en febrero de 2024, cuando la detención de Koldo García forzó la salida de Ábalos del PSOE al negarse a entregar el acta de diputado. Sánchez no habló en esos días con Ábalos y envió a Santos Cerdán, número tres del PSOE, a pedirle el acta. Al negarse, se inició el proceso de expulsión y Ábalos acabó en el Grupo Mixto.

En cualquier caso, en este asunto el Gobierno se mueve claramente a la defensiva y de forma reactiva, porque no controla la información y no tiene manera de acceder a ella. El custodio de esas memorias USB en las que estarían los mensajes es la UCO, es decir, la Guardia Civil, pero aquí funciona como policía judicial y, por tanto, a las órdenes del juez. Cualquier movimiento del Ejecutivo para tener esa información sería muy delicado, casi imposible, y más cuando está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García, por una filtración con la que él asegura que no tiene ninguna relación.

El Ejecutivo vive esta publicación como un nuevo paso en la operación de acoso y derribo contra el presidente. “Esto me recuerda mucho a los años 90, con la gran diferencia que aquí no hay materia, Sánchez no ha hecho nada raro y por eso no hay nada extraño en sus mensajes. Están buscando el gran escándalo y solo tienen cotilleos internos de partido, comentarios normales en conversaciones privadas. Nadie aguanta la publicación de ninguna conversación con gente de confianza”, señala un ministro.

Bolaños mostró claramente el ambiente que se vive en el Ejecutivo, de indignación profunda. “Hay que poner esto en la gravedad que tiene, no hay límites para los ataques a Pedro Sánchez”, señaló el ministro de Justicia. “Esta violación de su privacidad puede suponer un comportamiento delictivo. Si no hubiera investigación judicial, iniciaremos las acciones judiciales pertinentes”.

En el Consejo de Ministros, Sánchez no hizo ninguna mención al asunto, y se siguió la reunión con normalidad como si la cuestión no existiera. Pero en los corrillos anteriores y posteriores sí se comentó entre los ministros. Margarita Robles, a la que en unos de los mensajes con Ábalos Sánchez llama “pájara”, no dijo nada con sus colegas, ni siquiera una broma, pero a la prensa sí le explicó que son conversaciones de hace muchos años y ella se siente respaldada por Sánchez. “¿Cómo no me voy a sentir respaldada con el presidente? ¿No me ven aquí hace siete años formando parte del Gobierno? Juzguen ustedes mismos. Llevo varios años en el Gobierno después de esa conversación”.

La gran pregunta que se hacen muchos miembros del Gobierno es cuál es el origen de la filtración. Porque la respuesta cambia mucho las dimensiones del problema. Si ha salido del juzgado o de la UCO, sería un delito grave y supondría un elemento más de lo que el Gobierno ve como una campaña de acoso y derribo por parte de sectores conservadores en la política, en la justicia, en el mundo económico, en la prensa, y que el propio Sánchez ha denunciado públicamente varias veces. El propio presidente apeló en un mensaje interno a su Ejecutiva el domingo a la frase de Aznar, “el que pueda hacer que haga”, dejando así caer esta línea. Pero si fuera Ábalos directa o indirectamente, sería una venganza o incluso un chantaje al presidente y al Gobierno por parte de una persona que fue de su máxima confianza, no un agente del mundo conservador que quiere derrocar al Ejecutivo.

Aunque en el Gobierno insisten en que no saben quién ha sido, y por eso piden investigarlo, en privado hay mucha división de opiniones. Algunos apuestan por la UCO y otros por Ábalos. El exministro jugó al despiste con la posibilidad de haber sido él el filtrador en varias entrevistas este martes. “Me da igual confirmarlo que desmentirlo. Llevo meses con filtraciones que me afectan a mí, a terceras personas, a mi entorno. Y no ha pasado nada. Nadie ha dicho que se investigue nada. Lo he denunciado y, ¿ahora dicen que hay que investigar porque afecta al presidente del Gobierno?”, se preguntó en conversación con El Independiente.

La otra persona que los tenía es Koldo García. Los dispositivos en los que estaba la información fueron requisados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la casa de Alicante de García el 20 de febrero de 2024, durante su detención. Fuentes próximas a García señalan que Ábalos le pidió que guardara los dos discos duros después de que quien fuera también secretario de Organización del PSOE abandonara el Ministerio de Transportes, en julio de 2021. García ayudó a quien fue su jefe con la mudanza y depositó, inicialmente, las memorias en su coche, informa Joaquín Gil. En estos dispositivos se volcó toda la información profesional y personal acumulada durante años por Ábalos en teléfonos, tabletas y ordenadores. Los datos estaban protegidos con una clave que solo sabía el exministro, según el entorno de García, que asegura que en cualquier caso lo que había ahí era información hasta 2021, cuando dejaron el ministerio, y no sabe de dónde han salido los mensajes de 2023 que ha publicado El Mundo y que el propio Ábalos ha señalado en varias entrevistas que aún conserva en su móvil, no así los más antiguos. El Gobierno sigue, pues, los acontecimientos con poca información real y mucha indignación, pero con una convicción absoluta de que no habrá nada comprometedor, porque Sánchez, aseguran, nunca estuvo metido en esas cuestiones ni tuvo conocimiento de las maniobras de Ábalos o de Koldo García.

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Bolaños, ministro de Justicia, aseguró que de momento el Gobierno no se va a mover, porque espera que sea la justicia quien inicie una investigación de oficio ante la filtración de unos mensajes que estaban en dos memorias USB requisadas por la UCO en casa de Koldo García, principal colaborador de Ábalos. Pero si los jueces no actúan, entonces el Gobierno sí denunciará el caso para que se investigue cómo han podido llegar esos mensajes, que no tienen relación directa con la causa, al conocimiento público. El Gobierno evitó en varias ocasiones responder a la pregunta de si siente que le están haciendo un chantaje, y tampoco quiso aclarar si apuesta por la hipótesis de que ha sido una filtración de la UCO, que tenía los documentos, o si ha sido el propio Ábalos o Koldo García, que también los poseían.

En los mensajes, Sánchez y el entonces secretario de organización del PSOE comentan cuestiones de actualidad, y el presidente le pide que presione a los barones más críticos para que se alineen con la dirección. En otros intercambios, ambos comentan una intervención televisiva de Margarita Robles y Sánchez bromea: “Yo creo que se acuesta con el uniforme, es una pájara”. En otros, el presidente critica al entonces vicepresidente y líder de Podemos: “Qué torpe es Iglesias, lo suyo no es maldad, es estulticia”. En otros, más recientes, después de la salida del Gobierno, Sánchez le agradece mensajes de felicitación de cumpleaños y también le dice: “He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad”. “Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios”, le escribe en otra ocasión. No hay mensajes después de que estallara el caso Koldo en febrero de 2024, cuando, según La Moncloa, se rompió todo contacto. Sánchez ordenó entonces a Santos Cerdán que convenciera a Ábalos para que asumiera su responsabilidad política y dejara el acta de diputado, pero el exministro se negó y acabó en el Grupo Mixto y con un proceso abierto de expulsión del PSOE.

El Gobierno vive la cuestión como un nuevo paso en la operación de acoso y derribo contra el presidente. “Hay que poner esto en la gravedad que tiene, no hay límites para los ataques a Pedro Sánchez”, señaló Bolaños. “Esta violación de su privacidad puede suponer un comportamiento delictivo. Si no hubiera investigación judicial, iniciaremos las acciones judiciales pertinentes”. Alegría, que tuvo un lapsus y llamó a Bolaños “ministro Ábalos”, remató: “Es muy grave, son conversaciones privadas. Suponen un ataque al derecho a la intimidad del presidente. Estamos hablando de mensajes que no tienen que ver con ninguna causa judicial abierta. Es deseable que el Estado de derecho funcione como en todas las ocasiones, y más ante unos hechos de esta gravedad”.

Alegría esquivó expresamente las preguntas sobre el posible responsable de la filtración. “No vamos a señalar a nadie”, insistió. El Gobierno sostiene que no saben quién ha sido. Si fuera la UCO, es un delito claro. Pero si fuera Ábalos no, porque son conversaciones suyas, más allá del juicio político o moral. En cualquier caso, el Gobierno cree que nada de lo publicado tiene trascendencia y asegura que Sánchez nunca le mandó ningún mensaje comprometido a Ábalos sobre ningún tema oscuro, ni mucho menos delictivo, por lo que no hay ninguna inquietud de fondo. Alegría fue clara en este sentido: “El contenido de los mensajes son absolutamente intrascendentes, a estas alturas, que el presidente dé las gracias porque le feliciten el cumpleaños... El PP quiere continuar con esta oposición de casquería. Si creen que con esta confrontación nos van a desviar de lo importante, que abandonen toda esperanza. Tenemos un país que bate récords de empleo”, insistió. “Todos hemos podido leer el contenido de los mensajes, y son intrascendentes. No sé qué veríamos en las conversaciones de los que estamos en la sala”, señaló en otra pregunta mirando a los periodistas con una sonrisa. “Vamos a esperar que se abra esa investigación judicial que damos por hecha. Si no se abre en un plazo razonable, iniciaríamos las acciones. Queremos llegar hasta el final”, insistió Bolaños.

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La redacción de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ya estaba prevista en el marco de la reforma de la Lecrim, antes de que el actual jefe del ministerio público, Álvaro García Ortiz, fuera investigado por un delito de revelación de secretos vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como la propia Fiscalía habían reclamado que el futuro texto blindara la autonomía del ministerio público y su independencia del Gobierno para evitar que los fiscales pudieran recibir presiones externas durante la instrucción de las causas penales. “Resulta imperativo reforzar la independencia del Ministerio Público tanto en su dimensión externa, de modo que no esté sujeto a órdenes ni instrucciones de ningún tipo impartidas por terceros y quede protegido de injerencias o presiones externas, como en su dimensión interna, introduciendo contrapesos adecuados a los principios orgánicos de jerarquía y de unidad de actuación”, señaló el CGPJ en el informe aprobado en diciembre pasado, que avalaba la ley que convierte a los fiscales en instructores.

El texto que llega este martes al Consejo de Ministros reforma varios aspectos del estatuto actual para atender estas demandas, que habían sido también reclamadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco). Este órgano dependiente del Consejo de Europa lleva tiempo advirtiendo en sus informes de la necesidad de reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal, sobre todo, respecto a la coincidencia en el mandato del fiscal general y el del Gobierno, al entender que la regulación actual puede afectar la percepción de independencia.

El anteproyecto redactado por el Gobierno rompe ese vínculo. El fiscal general del Estado seguirá siendo nombrado por el Ejecutivo, pero su mandato ya no quedará ligado a la legislatura y el jefe del ministerio público no cesará con el Gobierno que lo nombró, al contrario de lo que ocurre ahora. El texto contempla para el fiscal general un mandato de cinco años no renovables, salvo en caso de que haya ostentado el cargo durante menos de un año. Si el fiscal general, por alguna razón, cesa antes de que se cumpla su mandato, su sucesor tendrá un mandato que no excederá del tiempo que quedase a aquel para agotar los cinco años.

Este cambio implica que cuando se constituya el Gobierno tras unas elecciones generales o una moción de censura, se heredará el fiscal general nombrado por el anterior. Para evitar tentaciones de destitución en el caso de que el nuevo Ejecutivo discrepe de la línea del fiscal general, el anteproyecto mantiene las causas tasadas de cese del jefe del ministerio público, y en el caso de que el Gobierno pretenda destituirlo por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones (una de las causas de cese previstas ahora), requerirá un informe previo del CGPJ.

El nuevo texto pretende también reforzar la autonomía de los fiscales prohibiendo que el Gobierno central o los autonómicos promuevan cualquier tipo de actuación por parte de la Fiscalía. Además, el fiscal general no podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros y las comunicaciones entre el fiscal general y el Gobierno deberán realizarse por escrito y serán públicas. El nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales queda atribuido al fiscal general y no al Gobierno como hasta ahora.

Si bien estas medidas van sobre todo destinadas a reforzar la autonomía del fiscal general, el anteproyecto contempla también cambios que reducirán el poder de jefe del ministerio público dentro de la carrera. Así, el texto limita la discrecionalidad del fiscal general para impartir instrucciones en procedimientos concretos, ya que requerirá el consenso del teniente fiscal del Tribunal Supremo o del fiscal de Sala jefe de la sección a la que corresponda. Además, se modifica el actual artículo 27 del Estatuto para ampliar el poder de la Junta de Fiscales de Sala frente a la discrecionalidad del fiscal general, de forma que, a la hora de resolver las discrepancias de criterio, la Junta de Fiscales podrá imponer su postura sobre la del jefe del ministerio público si lo apoyan al menos las tres quintas partes de sus miembros.

El anteproyecto recoge también cambios en el Estatuto para adaptarlo al nuevo papel que tendrán los fiscales como instructores de las investigaciones judiciales. El texto contempla que el Ministerio Fiscal dirigirá la Policía Judicial en sus funciones de investigación del delito; se regula el nombramiento, por el Fiscal Jefe, del fiscal o fiscales encargados de la investigación en cada caso, así como las reglas de la investigación; y se fija el régimen de abstención y recusación de los fiscales, que será el mismo que el de jueces y magistrados regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La reforma de acceso a la carrera judicial

La reunión del Consejo de Ministros de este martes prevé también la votación, en segunda vuelta, de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la ampliación y el fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que prevé cambios en el actual sistema de oposiciones y contempla incrementar el número de jueces agilizando el acceso por el llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio) y acabando con la situación de interinidad de cientos de jueces sustitutos.

El nuevo texto llega después de los informes preceptivos del CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, de los que solo este último ha dado un aval generalizado al anteproyecto. La redacción que finalmente se enviará al Congreso introduce algunos cambios de aspectos técnicos, como la eliminación del concurso forzoso por ascenso de juez a magistrado o atender peticiones históricas del CGPJ, como la eliminación de la fase de sustitución y refuerzo de los jueces en prácticas.

Por lo demás, el proyecto de ley mantiene algunos de los preceptos que cuestionaron el CGPJ o el órgano consultivo de la Fiscalía, como la exigencia de que todos los jueces que ejerzan como preparadores de opositores pidan la compatibilidad para preparar a los aspirantes a la carrera —actualmente solo tienen que pedirlo los que superen un determinado número de horas; o la previsión de un proceso extraordinario para consolidar la situación de centenares de jueces sustitutos, una bolsa compuesta ahora por 913 personas —más del 70% mujeres— que, en algunos casos, llevan más de dos décadas ejerciendo como jueces encadenando contratos temporales.

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Perelló, una magistrada progresista recientemente elegida por acuerdo del Ejecutivo y el PP que, sin embargo, está muy claramente enfrentada a Bolaños, dijo en enero, cuando se conoció la reforma, que el sistema actual ”garantiza que cualquier persona, de cualquier procedencia y origen social y cualquiera que sea su ideología, puede competir en igualdad de condiciones apoyada exclusivamente en su esfuerzo individual” y recibió el apoyo de todas las asociaciones menos la suya, Jueces para la Democracia. El CGPJ emitió un informe crítico, aunque mucho más suave que el que se planteó en un principio. Sin embargo, el Consejo de Estado no ve problema en ninguno de los elementos centrales de la reforma, y algunos incluso los aplaude expresamente.

Por ejemplo, el CGPJ cuestionaba la regulación que contempla la ley para consolidar la situación de centenares de jueces sustitutos, una bolsa compuesta ahora por 913 personas —más del 70% mujeres— que, en algunos casos, llevan más de dos décadas ejerciendo como jueces encadenando contratos temporales. Para el CGPJ, la justificación ofrecida por el Gobierno “no parece acomodarse” a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a que este tipo de procesos solo deben utilizarse ante una “situación excepcional”. El Consejo de Estado avala la reforma claramente al señalar que “la excepcionalidad de la anómala situación de empleo temporal en la Administración de Justicia radica, en realidad, en que tal situación se opone y está manifiestamente desajustada respecto de los criterios que han de gobernar el empleo en la Administración de Justicia”. “El Consejo de Estado valora positivamente que se haya acometido una vía que se propone hacer enérgicamente frente a la irregular situación de empleo temporal que se da en el ámbito de la Administración de Justicia”, remata.

Al contrario que las asociaciones judiciales más críticas, el Consejo de Estado no ve ningún problema en el cambio de las oposiciones, que ahora ya no valorarán solo la capacidad memorística de los aspirantes, sino más criterios. Las asociaciones decían que el actual modelo permite “identificar, con objetividad, el mérito y capacidad” de los aspirantes. El Consejo de Estado avala el cambio y asegura que “el anteproyecto manifiesta su firme compromiso por primar otras destrezas, además de las memorísticas, entendiendo que estas últimas no permiten valorar aptitudes igualmente necesarias para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.”

Otras de las cuestiones más polémicas, las limitaciones, incompatibilidades y autorización previa a los preparadores de las oposiciones, que se han convertido en un gran negocio, también queda avala por el informe del Consejo de Estado. “Con independencia de la valoración que se haga de esa actividad de preparación para el acceso a la Carrera Judicial y de su relación con las funciones que desempeñan los jueces y magistrados, entiende este Consejo que el Anteproyecto introduce puntualizaciones y precisiones al régimen legal aplicable a las incompatibilidades de jueces y magistrados, sin que se aprecien defectos en el modo en que lo hace”, señala.

Otra de las cuestiones polémicas que avala el texto es el cambio en la composición de la Comisión de Ética judicial, que esta reforma amplía, de siete a nueve miembros, reduciendo (de seis a cinco) los miembros jueces y aumentando (de uno a cuatro) los académicos de otros ámbitos. Además, estos últimos serán elegidos por las Cortes, en vez de por los miembros jueces, como hasta ahora. “Dentro de la diversidad de soluciones que pueden aplicarse a la designación de los integrantes de un órgano de ese tipo, entiende este Consejo que la fórmula recogida en el Anteproyecto forma parte del margen de decisión de que se dispone al respecto, sin que existan datos para objetarla o para sugerir una diferente solución que se estime preferible”, señala el informe.

Y por último, también avala la prohibición de financiación privada a las asociaciones judiciales. “La opción por una prohibición general de donaciones privadas a las asociaciones judiciales está claramente vinculada con la preocupación por la independencia de esas asociaciones y por las eventuales repercusiones que esas donaciones privadas pudieran tener en la propia independencia de los jueces y magistrados asociados. La opción elegida por el Anteproyecto forma parte del margen de decisión de que el legislador dispone en esa materia, por lo que ninguna objeción se formula al respecto”, remata.

Por el contrario, el Consejo de Estado reclama cambios que no afectan al corazón de la norma y que el Gobierno ha incorporado para llevarla este martes al Consejo de Ministros, como la necesidad de revisar el carácter no orgánico de ciertos preceptos que en el proyecto aparece con forma de ley orgánica o no permitir que personas que tienen una “titulación equivalente” al Grado en Derecho puedan hacerla valer para cualquier forma de acceso a la judicatura o fiscalía.

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Como sucedió con la reforma laboral de 2022, la negociación final de la reducción de jornada llega con un escepticismo total. Como entonces, pese a la convicción absoluta de Díaz, que siempre confió en lograr un acuerdo y vuelve a tener hoy la misma posición con su nuevo gran hito, muy pocos en el mundo del poder político y empresarial creen que vaya a salir.

Aunque hay dos diferencias muy importantes con 2022: la primera, en la reforma laboral, en el último momento y cuando parecía imposible, la patronal decidió entrar al acuerdo y pactó la reforma con los sindicatos y con Yolanda Díaz, ya entonces vicepresidenta y ministra de Trabajo. Esta vez la patronal está fuera y maniobrando de forma intensa, según diversas fuentes políticas, empresariales y sindicales consultadas, para que la reducción de jornada descarrile. Y la segunda: que el Congreso de 2022 ya era difícil, pero el de 2025 es peor.

En 2022, cuando ERC y Bildu decidieron bajarse del carro y votar en contra de la reforma porque, según sus argumentos, era poco ambiciosa, el PSOE llamó a Ciudadanos y a UPN para sacarla. Había una segunda opción. Y así iba a salir, cuando los diputados de UPN ―hoy en el PP― traicionaron a su partido por la espalda, sin avisar, y pactaron con los populares una maniobra para tumbarla que fracasó en el último momento por un error de un diputado del PP, Alberto Casero.

“El problema es que en este Congreso no hay plan B. Si PP, Vox y Junts suman sus votos para tumbar algo, no tienes ninguna otra opción. En 2022 había más salidas”, resume un miembro del Gobierno. Por eso, Díaz y su equipo están multiplicando sus contactos con Junts, que de momento rechaza de plano la reforma ―ha anunciado una enmienda a la totalidad― pero a la vez está negociando para cambiarla. “Le tienen que dar la vuelta entera”, resumen fuentes de Junts, que no descartan así la posibilidad de un acuerdo. Los ministros socialistas no están entrando de momento a negociar. Todo lo lleva directamente Díaz y los suyos. Ella habla con Carles Puigdemont, y después hay reuniones negociadoras de los equipos de los dos partidos. El hecho en sí de haya negociación es una señal de que no es imposible un acuerdo, aunque la presión empresarial es tan fuerte que varios ministros socialistas trasladan en privado su pesimismo.

¿Y Sánchez? A pesar de todo este escepticismo, este martes, cuando la reforma llegó al Consejo de Ministros, Díaz mostró una gran convicción en que saldrá adelante. Y el presidente, según varios de los presentes, le trasladó todo su apoyo y analizó los efectos no solo sociales sino también políticos de la reforma. Explicó que sería un nuevo hito para el Gobierno progresista porque mejoraría la vida de millones de personas en algo que es directo, fácil de comprender, y permanente: aunque el PP ahora vote en contra, es impensable que luego se atreviera a revertir esta reforma al llegar a La Moncloa.

Es precisamente lo que más necesita en este momento un Ejecutivo que vive enormes dificultades políticas, que tiene una mayoría muy precaria, que genera un rechazo muy fuerte en amplios sectores conservadores y tiene a su propio electorado no especialmente movilizado. Pero al mismo tiempo esas encuestas adversas demuestran que hay un gran apoyo a todas estas medidas, incluida la reducción de la jornada, también entre los votantes conservadores. Dos de cada tres españoles, la respaldan, según el sondeo del 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. Los jóvenes especialmente. Solo el 25% de los votantes de PP y el 29% de los de Vox rechazan la medida.

Sánchez ha dado la instrucción clara a los suyos de dejar la negociación en manos de Díaz. Cuando llegue el momento definitivo, y la votación de totalidad ―la que tumbaría la norma antes de entrar a discutirla en el Congreso― esté próxima, habrá que ver cómo se llega y si Junts quiere alguna otra carta a cambio en la que tengan que intervenir los socialistas. De momento, en la última reunión en Suiza con el PSOE, en la que como siempre se habló de todo, Puigdemont se mostró muy reacio a aprobar estar reforma, aunque sigue negociando, según coinciden distintas fuentes.

En el PSOE son pesimistas, pero en el entorno del presidente insisten en que mientras haya negociación todo es posible y habrá que utilizar también mecanismos de presión política. De hecho, distintos miembros del Gobierno consultados insisten en que si no sale, aunque sea un golpe político duro, sobre todo para Díaz, ya que es su medida estrella, habrá que trabajar para que millones de españoles sepan que podrían haber trabajado menos si el PP y Junts la hubieran apoyado. Si cae, señalan, se puede volver a intentar más adelante. “El debate ya está abierto. La reducción de jornada va a llegar, si no es esta vez será a la próxima. El mundo va por ahí. Ahora hay que moverse bien para intentar que salga esta vez”, señala un ministro. “En la calle este debate está ganado”, resumía Díaz esta semana. Pero ahora toca ganarlo en el Congreso, y sobre todo convencer a Junts, porque el PNV está lanzando mensajes mucho más positivos.

Este debate llega además en plena guerra interna en la patronal por el control de Cepyme, la poderosa patronal de las pequeñas y medianas empresas. Precisamente para esta jugada política y empresarial es clave Pimec, que representa en Cataluña a las pequeñas empresas y es rival de Cepyme. Pimec influye mucho sobre Junts. Díaz busca encontrar los incentivos suficientes, sobre todo a través de ayudas económicas para que las pequeñas empresas puedan soportar la adaptación a esta nueva jornada laboral y otros posibles beneficios para suavizar la posición de Pimec y con ella de la Junts. La batalla empresarial es también política: Isabel Díaz Ayuso ha entrado de lleno a apoyar a Gerardo Cuerva, líder de Cepyme y rival de Antonio Garamendi, presidente de CEOE, que este sábado en EL PAÍS criticaba a Díaz y a Pedro Sánchez mientras aplaudía a la presidenta madrileña. En este complejo cruce entre política y empresa, la clave está en saber qué papel quiere jugar Pimec y con ella Junts en una decisión clave para 12 millones de trabajadores. La negociación está abierta. Los enemigos de la reducción de jornada son poderosos. Pero el apoyo social también.

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Los juristas argumentan en su recurso de súplica que el Supremo no ha recabado las pruebas que ellos solicitaban para intentar comprobar el elemento central de su querella, esto es que la regularización de la fortuna opaca del ex jefe del Estado se produjo después de que tuviera conocimiento de la investigación que había contra él, y por tanto no le eximiría del delito.

Por eso los juristas reclaman “la incorporación a las actuaciones del documento oficial en el que se contiene informe de la Fiscalía, cerrado con fecha 22 de marzo de 2022 que pone fin a las Diligencias de Investigación 40/2020 instruidas por la Fiscalía General del Estado. La incorporación de las dos comunicaciones de 20 de junio de 2020 y 9 de noviembre de 2020 realizadas a la representación legal del Rey honorifico Juan Carlos de Borbón y Borbón” y “que se declare que la regularización efectuada por la representación legal del Rey honorifico Juan Carlos de Borbón y Borbón, no cumple los requisitos exigidos por el artículo 305.4 del Código Penal por haber sido realizada después de tener conocimiento formal de la existencia de una investigación del Ministerio Fiscal sobre hechos y actuaciones con relevancia y trascendencia tributaria”. Los juristas creen que el rey emérito cometió cinco delitos contra la Hacienda Pública.

Los hechos por los que se presenta la querella ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo, quién archivó entonces las diligencias al entender que el rey emérito había regularizado su situación tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021. La fiscalía interpretó que lo hizo antes de conocer que existía una investigación contra él por fraude fiscal, precisamente lo que discuten los querellantes, que reclaman conocer todas las comunicaciones entre Hacienda y los representantes del rey. La Fiscalía del Tribunal Supremo abrió dos diligencias de investigación el 24 de junio de 2020 y el 6 noviembre de 2020, comunicando las mismas al abogado del rey emérito, sin detallar qué tipo de delitos perseguía.

El rey emérito había ingresado cantidades multimillonarias a través de la fundación Zagatka, presidida por su primo Carlos de Orleans, que pagó hasta ocho millones de euros para servicios privados de Juan Carlos I y del empresario mexicano Allen Jesús Sanginés Krause. Juan Carlos I no declaró en su momento al fisco estos ingresos, pero presentó en febrero de 2021 autoliquidaciones correspondientes a cinco ejercicios fiscales ―de 2014 a 2018― para evitar la sanción.

En el recurso de súplica, los jueces son muy críticos con el auto del Tribunal Supremo que rechazó su querella, que a la vez era muy duro con su contenido técnico. El auto, del que fue ponente el magistrado Manuel Marchena, considera que los hechos no constituyen delito, se encuentran prescritos o fueron objeto de regularización tributaria.

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Durante casi una hora, Sánchez ha evitado cualquier autocrítica, explicación de lo que falló o de quiénes son los responsables, como le ha reprochado inmediatamente después el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se ha burlado de su visión optimista: “Enhorabuena por el gran apagón, oyéndole estarán deseando los españoles que se repita... ¡Qué vergüenza!“. El presidente llevaba otra estrategia. Él se concentró en un despliegue de datos y argumentos para defender el modelo energético y sobre todo criticar a quienes ya han concluido, como el PP, que la solución pasa por retrasar el cierre de las nucleares, pactado por las propias empresas y previsto entre 2027 y 2035. El presidente acusa directamente al PP y a Vox, que defienden a las nucleares, de ser “lobistas aficionados” y defender los intereses de las grandes energéticas propietarias de estas centrales.

“Desconfíen de quienes les dicen que esto va de renovables o nucleares, porque no es así. No hay evidencia que diga que el incidente fue provocado por exceso de renovables o falta de nucleares”, ha resumido el presidente. “Los técnicos necesitan tiempo, hay que respetar la complejidad del asunto. Pero algunos ya están lanzando debates interesados. Los mismos que acusan al Ejecutivo de no dar información llevan días recomendando una solución, que consiste en su agenda ideológica y en los intereses de algunas empresas energéticas. Han vendido su espíritu crítico a un buen pagador. Ese día estábamos operando con niveles de renovables inferiores a días anteriores. Esto es mucho más complejo. Asociar este debate al apagón de las nucleares es una gigantesca manipulación”, ha insistido. “Esto no va de renovables o nucleares, va de renovables y nucleares”, le ha contestado después Feijóo, que defiende retrasar el cierre de las centrales.

Sánchez ha explicado que su Gobierno no es antinuclear. De hecho, ha asegurado que si las empresas energéticas se ponen de acuerdo para cambiar sus planes y extender la vida útil de las nucleares, La Moncloa les escuchará. Pero hay una clave que hace muy improbable ese escenario mientras Sánchez esté en La Moncloa gobernando con Sumar. Porque el presidente pone una condición que las grandes energéticas rechazan de plano: que sean ellas las que paguen el coste de ampliar esa vida útil, y no los ciudadanos con sus impuestos o los usuarios con su factura.

“Si las empresas acuerdan entre ellas un calendario distinto, les escucharemos. Pero tiene que ser económicamente viable, no a costa del bolsillo del contribuyente sino de los ultrarricos que presiden esas energéticas. Estas grandes empresas quieren que sea la clase media trabajadora y no ellos quienes paguen el coste. Los mismos gobiernos autonómicos que exigen que se mantengan las centrales miran a otro lado cuando se les pregunta si quieren pagar la factura o localizar un cementerio nuclear en su territorio”, ha dicho en referencia a Isabel Díaz Ayuso, que apuesta por las nucleares como la solución.

Feijóo también defiende bajarle los impuestos a las nucleares para que puedan seguir operando, precisamente lo que Sánchez rechaza de plano. De hecho, el Gobierno argumenta que la mejor prueba de que las nucleares no son rentables es que la mayoría estaban paradas en los días previos al apagón porque los precios eran tan bajos, gracias a las renovables, que no les salía a cuenta ponerlas en marcha.

El contraste de modelos energéticos ha sido muy evidente en el debate. “No hay ni un solo estudio serio que digan que las nucleares son imprescindibles en España. Puede que lo sean en otros países. Pero en España el futuro es la hidroeléctrica, la solar, la eólica. Esto lo dicen los expertos, la UE, y los inversores extranjeros, que no son comunistas y apuestan por esas fuentes. El futuro energético de España o es verde o no será”, ha rematado Sánchez en el discurso más extenso y más detallado de defensa de las renovables que Sánchez ha pronunciado en el Congreso. Mientras, Feijóo apostaba por otro mix y criticaba la apuesta excesiva por renovables. “Se ha esforzado tanto en ser los más verdes del mundo que han llevado a los españoles a negro. Su obligación es aceptar que su modelo energético ha fallado. ¿Tuvo que mendigar energía nuclear a Francia, hay mayor reconocimiento de fracaso?“, ha espetado.

El presidente argumenta su modelo no con cuestiones no ideológicas, sino sobre todo de eficacia económica y resultados. Con el modelo del PP, explica el presidente, España gastaba 42.500 millones de euros al año en importar petróleo y gas. “El doble de lo que gastamos en prestaciones por desempleo y ocho veces más que en educación. Y además teníamos los precios de energía más caros de Europa, con facturas mucho más altas por un modelo ideológico de interés para unos pocos. Esto nos impedía traer inversión extranjera. Hoy España tiene una de las electricidades más baratas de Europa. No vamos a desviarnos ni un milímetro de la hoja de ruta. Las renovables no son solo el futuro, son la única manera de reindustrializar España”, ha rematado Sánchez.

El pleno estaba convocado para hablar del aumento del gasto en defensa, y el presidente y los portavoces también están dedicando tiempo a esta cuestión, en especial los de la izquierda, como Sumar, miembro de la coalición, que ha rechazado esta decisión del PSOE que no apoya el socio minoritario. Pero el apagón se ha llevado el foco principal porque la oposición está planteando que es la prueba del fracaso del Gobierno y Sánchez defiende lo contrario: que ha sido una demostración clara de que España “es un país extraordinario”. Porque lejos de entrar en el caos, el comportamiento social fue ejemplar e incluso se redujeron los delitos, y el sistema demostró que podía recuperarse en unas horas, mientras en otros países con apagones similares hizo falta varios días. El apagón recupera así un viejo debate sobre el propio funcionamiento de España. “Muy pocas sociedades hubieran respondido mejor que la nuestra“, clama Sánchez. ”España funciona muy bien en todo lo que no tiene que ver con el Gobierno”, le responde Feijóo.

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El Ejecutivo admite que las cosas no están fáciles, pero Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se conjuraron en el Consejo de Ministros, según varios de los presentes, para hacer de esta norma el gran hito de la legislatura y volcarse con una gran campaña de presión social y política para lograr que la norma pase el primer gran trámite, la votación de devolución, y luego pueda negociarse y aprobarse en el Congreso. En el Consejo de Ministros no solo hablaron de este asunto los dos líderes de la coalición —a Sánchez varios ministros lo escucharon casi tan entusiasta como Díaz, a la que deseó suerte en la negociación— sino también María Jesús Montero y Carlos Cuerpo. Todos transmitieron la misma idea: es un proyecto del Gobierno, no de Sumar, y todo el Ejecutivo va a trabajar para que salga. Se daban así formalmente por superadas las tensiones internas que se vivieron cuando se trató este asunto en primera vuelta en el Consejo de Ministros.

Entonces, después de declaraciones públicas muy tensas, y bajo la presidencia de Montero —no estaba Sánchez ese día— Cuerpo y Díaz se enzarzaron en una polémica interna sobre la reforma y las dudas que Economía tenía sobre sus efectos sobre las pymes. Esa tensión pasó, y Sánchez claramente ha dado una instrucción política que trasladó el lunes en Barcelona en el Círculo de Economía: hay que sacar adelante esta reforma y convencer con una negociación tanto a Junts como al empresariado que está detrás de la formación de Carles Puigdemont presionando para que descarrile.

Los números de momento son complicados. El PP, pese a que tiene un gran apoyo entre sus votantes, ha anunciado el voto en contra porque la reforma no cuenta con el apoyo de la patronal. Yolanda Díaz volcó este martes toda la presión sobre ellos, pero en el Gobierno saben que los populares están en el no a todo —incluso van a rechazar el decreto antiaranceles, que habían negociado con el Gobierno— y no pueden contar con ellos.

Y Junts está siendo muy duro en público: Miriam Nogueras, la portavoz, habla de un “no rotundo a una ley que solo se ha negociado con los lobbies sindicales españoles” y anuncia una enmienda a la totalidad, aunque en privado hay muchas negociaciones para intentar reconducirlo. El equipo de Yolanda Díaz está en contacto casi permanente con Junts, y ella misma ha hablado con Carles Puigdemont. Pero él no da el sí, aunque tampoco se cierra a la negociación.

De hecho, PSOE y Junts han tenido hace poco su reunión mensual en Suiza, según fuentes de la negociación, y Puigdemont le transmitió a Santos Cerdán, el interlocutor habitual socialista —en ocasiones viaja también el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero— que ven muy difícil apoyarla. Para Junts es importante, como se intuía de las palabras de Nogueras sobre el “lobby sindical español” el rechazo de Foment, la patronal catalana, y sobre todo de Pimec, que representa a pymes y es más cercana a los independentistas.

De momento, Junts está en el no, pero Díaz y su equipo están hablando con ellos a diario —también con Pimec— y creen que hay mucho espacio para negociar porque el Gobierno tiene en cartera un fondo muy importante de ayuda a las pymes para adaptarse a esta reforma, que llegó a estar encima de la mesa de negociación pero se retiró cuando la patronal decidió no entrar al acuerdo y dejar solo a los sindicatos y al Gobierno. Eso se puede recuperar y Díaz dejó caer que habría más posibilidades, porque “la única línea roja es lograr la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales” en cinco días, esto es: media hora menos al día de la actual de 40. “El resto, todo el margen de negociación es absolutamente posible. El margen es absoluto”, dijo Díaz.

El PSOE y Sumar tienen posiciones antagónicas en el asunto decisivo del aumento del gasto en defensa, pero cada vez están más cerca en cuestiones como esta de la reducción de la jornada laboral, que Sánchez ha tomado como un hito propio, y en otras como la vivienda, donde después de mucha tensión interna, ahora los discursos de los dos grupos se parecen cada vez más y la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, hizo este martes una reivindicación apasionada del control de precios del alquiler —algo que el PSOE rechazaba hace unos años y llevó mucha discusión en la coalición— y se lanzaba al ataque directo contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, por no aplicarlo en su comunidad. “Hay medio millón de propietarios y un millón de inquilinos con alquileres excesivos que podrían beneficiarse de la ley de vivienda si Ayuso quisiera aplicarla. Los inquilinos podrían tener una bajada del alquiler, como la que estamos viendo en Cataluña, del 6%, y los propietarios podrían disfrutar de una bonificación de hasta el 90% del impuesto por esa bajada”, reivindicó Rodríguez.

El Gobierno intenta así volver al marco de sus reformas progresistas, el que mejor le funcionó en la anterior legislatura, porque tuvieron mucho apoyo social y resultados económicos muy claros —reducción del paro, aumento del salario mínimo, de las pensiones— pero los números en esta legislatura son más complicados y si el PP sigue en el no, todos los caminos conducen a Junts, ya que el PNV sí parece más dispuesto a apoyar la reducción de la jornada porque en Euskadi ya de hecho funciona en prácticamente todos los convenios.

Díaz mostró una convicción total en la presión social y política para sacar adelante la reforma. “Este debate es igual que el de la reforma laboral. El PP quería golpear al Gobierno, pero golpeaba a los españoles. ¿Qué hubiera pasado si cae la reforma laboral? No tendríamos 21,6 millones de afiliados a la Seguridad Social, y vamos a llegar a 22. Rajoy soñaba con 20 millones y no llegó. El Gobierno ha hecho su trabajo, que es mejorar la vida de la gente. La reforma llega a la casa de la democracia, el Parlamento. Ahora le toca a los grupos políticos. Esta es la medida que más esperan los españoles voten a quien voten. Es de justicia. En hostelería los márgenes han aumentado un 105%. En comercio desde 2019 un 24%. En agricultura, un 36% desde 2019. La jornada sigue igual desde 1983, y no trabajamos igual que en 1983. Además, los empleados públicos y muchos convenios ya tienen 37,5 horas o menos, lo que hacemos es convertirlo en regla general. ¿Feijóo va a hacer lo mismo que con la reforma laboral?“, se preguntó después de decir que con Junts ”hay espacio para negociar”. Díaz remató: “Nadie dice abiertamente ‘me opongo a la reducción de la jornada’. Esta norma está ganada en la calle”. Ahora habrá que ver qué pasa en el Congreso, aproximadamente en un mes.

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Fernando Grande-Marlaska es el ministro del Interior que más tiempo ha estado en el cargo, lleva desde junio de 2018. Y, al mismo tiempo, es el miembro del Gobierno con más reprobaciones parlamentarias. Su gestión ha sido duramente criticada por casos como la muerte de, al menos, 23 personas en la valla de Melilla en junio de 2022, la muerte de dos guardias civiles tras una colisión con una narcolancha en Barbate, Cádiz o la reciente rescisión del contrato de compra de munición israelí por valor de más de cinco millones de euros. Su figura divide incluso dentro del bloque progresista. Aunque a pesar de los tirones de orejas, el Presidente no lo ha dejado caer.

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Tanto Aagesen como la ministra portavoz, Pilar Alegría, han mostrado un tímido respaldo a Beatriz Corredor, persona de confianza del Gobierno, que es quien la designó. Ambas han destacado el “trabajo extraordinario” de Red Eléctrica y del equipo de Corredor en la recuperación de la electricidad, pero han evitado ante tres preguntas muy claras un respaldo expreso a la máxima responsable de la compañía clave para el mantenimiento del sistema eléctrico, que dijo hace tres años que en España no podía haber un apagón como este porque tiene “el mejor sistema del mundo”. Los miembros del Gobierno destacan en lo positivo la recuperación rápida, pero hay frustración porque aún no haya una explicación de cuál fue el error y nadie quiera asumir esa responsabilidad. En privado, es evidente el malestar del Ejecutivo con la opacidad de Red Eléctrica, que no ha permitido, según diversas fuentes, acceder a las tripas de su sistema a los técnicos del Gobierno.

Aagesen también se ha esforzado especialmente en rechazar la idea de que un exceso de uso de renovables esté detrás del colapso del sistema. Lo ha negado varias veces, con argumentos técnicos: hubo muchos días, antes del lunes, en los que hubo más porcentaje de cobertura de las renovables, y el sistema no falló. De hecho, el 16 de abril se alcanzó por momentos una cobertura del 100%, y no falló nada. Pero sobre todo Aagesen defiende que España tiene que seguir apostando por las renovables, en las que se ha convertido en una referencia mundial, porque son sostenibles, son baratas y le dan al país independencia energética en un momento en que la situación internacional, sobre todo por la guerra en Ucrania, otorga un gran valor a esta autonomía. “Los informes técnicos apuntan a la robustez del sistema eléctrico español, con alta penetración de renovables. Gracias a las renovables somos un país mucho más competitivo, porque tienen precios asequibles y usan recursos autóctonos. En España no tenemos recursos fósiles [petróleo y gas], no tenemos uranio, pero sí tenemos sol y sí tenemos viento”, ha explicado.

Aagesen inicia, pues, esta tarde el camino de esa comisión de investigación que va a realizar una auténtica auditoría a todo el sistema para entender qué falló y qué hay que cambiar para que no vuelva a pasar. España siempre ha tenido un sistema robusto. Creemos que va a ser un incidente aislado. Pero no sabemos cuál ha sido el origen. Vamos a investigarlo a fondo“, ha explicado.

Es posible que esa conclusión salga la necesidad de hacer inversiones para reforzar el sistema y cambiar operativas, pero lo que el Gobierno de coalición tiene muy claro es que no va a variar su apuesta por las renovables y su rechazo a la energía nuclear. Sobre todo después de que Sánchez dejara muy claro el martes que en esta crisis se ha demostrado que “lejos de ser una solución, fue un problema”, porque hubo que dedicar mucha energía a mantener estables los reactores que estaban apagados, y además han tardado mucho más que otras energías en volver a ponerse en marcha, por lo que si se dependiera de ellos habría costado mucho más tiempo reactivar el sistema.

Sánchez y Aagesen mantienen así la apuesta por el cierre de las nucleares previsto —en 2035 la mayoría y los dos reactores de Almaraz en 2027 y 2028—. De hecho, la vicepresidenta ha admitido de manera indirecta que le parece “precipitado” atribuir a la energía solar, como ha hecho Red Eléctrica, el origen del problema ocurrido el lunes. “Ellos lo han ubicado en el suroeste de España [en Extremadura, donde hay mucha energía solar]. Pero hasta que no tengamos los datos de los operadores, nos parece precipitado dar ese detalle”, ha resumido.

Sin citarlo, la vicepresidenta ha acusado al lobby nuclear de estar detrás de algunos ataques a las renovables estos días. “El sistema ha funcionado a la perfección otros días con un mix energético parecido. Indicar a las renovables no parece lo más adecuado. La presidenta de Red Eléctrica ha indicado que no es correcto indicar a las renovables como el fallo. Necesitamos esa auditoría clara. Utilizar este momento para defender intereses más allá del general no es lo adecuado”, ha señalado.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, también ha defendido el sistema y la imagen internacional de España, que se podría ver perjudicada por un fallo como este. El ministro sostiene que en sus contactos de estos días con colegas de otros países e inversores está viendo mucha confianza y sorpresa por lo rápido que ha resuelto España el problema, porque en otros países se ha tardado varios días en accidentes similares o incluso menores. “Nos llega una visión muy positiva sobre la recuperación, hay una sorpresa relacionada con esto. Los inversores internacionales interpretan de manera positiva nuestro mix energético, que tiene muchas ventajas: menores costes, atracción de inversión, elemento de autonomía. Tenemos que seguir apostando por esa vía, desde el punto de vista económico no cabe ninguna duda”, ha rematado Cuerpo.

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Pese a que desde el primer momento, en las primeras reuniones en Red Eléctrica, los ministros presentes y el propio presidente ya vieron que los técnicos no tenían respuesta a la mayoría de las preguntas que les planteaban los políticos, y especial la más evidente: ¿cómo ha podido pasar algo así?, Sánchez y su equipo decidieron dejar esas dudas para el día siguiente y priorizar los trabajos para devolver la luz a todo el país y sobre todo para rescatar a las personas afectadas.

El martes llegó el momento de las exigencias de transparencia. El malestar en La Moncloa con Red Eléctrica Española, la empresa participada por el Estado y dirigida por una exministra socialista, Beatriz Corredor, es muy evidente. Distintas fuentes del Gobierno se quejan de que esta compañía, clave para garantizar el suministro, está mostrando una opacidad excesiva, no acepta que los técnicos del Gobierno accedan a los datos que le están pidiendo, y tampoco da una explicación clara de qué ha pasado.

Pero en La Moncloa señalan que las principales compañías eléctricas, que también tienen información muy relevante que podrían explicar qué pasó, tampoco la están trasmitiendo al Gobierno al ritmo solicitado y todas parecen querer echarle la responsabilidad a las demás. La opacidad del sector eléctrico no es nueva, nadie acaba de entender bien cómo funciona y las compañías son muy celosas de sus datos. Pero el apagón lo cambia todo. Sánchez exige soluciones y responsabilidades. Quiere saber qué ha pasado para hacer cambios inmediatos y que no vuelva a suceder. Y no admite la explicación de que se debe al éxito de las renovables, y mucho menos que haya que recuperar la energía nuclear. “Quienes vinculan este incidente a falta de nucleares o mienten o demuestran su ignorancia. Las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema”, aseguró.

El martes, Sánchez decidió dar un golpe de mano, convocar a la propia Corredor a La Moncloa y los representantes de las principales eléctricas y lanzarles una advertencia clara con la máxima solemnidad, aunque en tono diplomático, según fuentes presentes en la cita: el Gobierno les exige “colaboración, transparencia y sentido de Estado” para encontrar cuánto antes cuál fue el origen del mayor apagón de la historia de España.

Estas fuentes señalan que las compañías se comprometieron a hacerlo cuanto antes, pero la desconfianza parece muy evidente entre el Gobierno y los representantes del sector, incluida la propia Red Eléctrica, que no es una continuación del Gobierno, como algunos piensan, aunque la dirija Corredor porque así lo quiso Sánchez, sino una empresa privada con sus intereses y sus responsabilidades patrimoniales en caso de error evitable.

La reunión venía tensa por las declaraciones de Sánchez durante la mañana, que parte del sector interpretó como un dardo a las compañías. Primero, porque su referencia a la eventual responsabilidad de los “operadores privados” se producía después de que Red Eléctrica descartara de forma preliminar que el apagón se debiese a un ciberataque y apuntara a dos episodios de “desconexión de generación”, muy posiblemente de energía solar, en el suroeste del país. Pese a todo, se guardaron las formas. Beatriz Corredor reforzó la tesis de que es preciso dotar de la mayor solidez posible al sistema de renovables. En su último informe anual, publicado en febrero, la matriz de Red Eléctrica ya alertaba de que “el cierre de centrales de generación convencional, como las de carbón, ciclo combinado y nuclear (consecuencia de requisitos regulatorios), implica una reducción de la potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia. Esto podría aumentar el riesgo de incidentes en operaciones que puedan afectar al suministro y la reputación de la empresa”, informa Daniel Toledo.

Indemnizaciones millonarias en juego

Todas las que estaban representadas en la cita de La Moncloa son empresas privadas que se están jugando enormes intereses. Si se demuestra que fueron responsables de alguna manera por un error evitable, tendrán que asumir indemnizaciones multimillonarias. Así que parece lógico que intenten beneficiar a sus intereses y esquivar la responsabilidad. Pero a la vez, son ellas las únicas que tienen los datos para entender qué ha pasado. Por eso Sánchez decidió dar un golpe en la mesa y recordarles que tienen la obligación de ofrecer esos datos, que el Gobierno está convencido de que llegarán por las buenas o por las malas.

El Ejecutivo está de alguna manera a ciegas, porque no tiene datos alternativos. Aunque ahora cuenta con una ventaja, según analizan varios miembros del Gobierno consultados: la Audiencia Nacional ha iniciado un procedimiento y eso obligará a las compañías, por orden judicial, a entregar todos los datos solicitados. El CNI, que ha estado en todas las reuniones internas del Ejecutivo, tampoco tiene datos propios, y por tanto necesita los de las compañías. Pero si no los dan voluntariamente, será el juez quien se los exija. Por eso en La Moncloa confían en que hayan entendido el mensaje, aunque estarán muy atentos a lo que pase en las próximas horas.

La noche en vela

Hasta 35.000 personas quedaron atrapadas en 136 trenes en toda España, además de miles en ascensores, incluidos familiares del propio gobierno, como la mujer del ministro de Transportes, Óscar Puente, que está embarazada. Ella pudo salir rápidamente ayudada por su portero, pero centenares de ciudadadanos estuvieron atrapados mucho más tiempo. Otros ministros fueron afectados directamente, como la vicepresidenta, Yolanda Díaz, que tuvo que saltar de un tren parado en Beniel (Murcia) y caminar por las vías para intentar volver a Madrid cuanto antes y llegar a la segunda reunión del Consejo de Seguridad Nacional, a las 19.00. Puente, como otros muchos responsables en La Moncloa y en los ministerios, pasó prácticamente toda la noche en vela pendiente de los rescates en los trenes y de los intentos por recuperar el tráfico sobre todo de cercanías este martes a primera hora. Casi nadie durmió más de una o dos horas entre los ministros y otros cargos clave como el jefe de Gabinete, Diego Rubio.

Por eso, en plena emergencia, pese a la presión por descubrir el origen del problema y sobre todo por garantizar que no volverá a ocurrir, y aunque ya se estaban desatando todo tipo de especulaciones, Sánchez y sus ministros decidieron dejar para el día siguiente la presión para descubrir qué pasó. De hecho, el presidente recibió muchas críticas por tardar seis horas en comparecer. El principal motivo era que quería esperar a tener algo más que contar, una explicación, pero nunca llegaba. Por la noche también retrasó su comparecencia por un motivo similar. Pero de nuevo, no pudo dar explicaciones claras del por qué.

La prioridad en ese momento era recuperar la luz. Sánchez delegó el peso técnico en la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, una experta en energía. Juntos fueron dos veces en el mismo día a Red Eléctrica, donde se concentraban los movimientos técnicos para resolver el problema pero también en teoría los datos para entender qué había pasado. Sánchez se marchó de allí de madrugada, y Aagesen decidió quedarse. “Me iré cuando estemos al 99%”, le dijo a su jefe. Finalmente se marchó a las 5.00 de la mañana de Red Eléctrica, cuando ya estaba todo encaminado.

La frustración de no tener información

Era ya el final de la emergencia, arrancando el martes, pero hubo momentos de mucha más incertidumbre en un lunes que según confiesan varios ministros fue incluso más angustiante que algunos días de la pandemia, aunque aquí finalmente no hubo que lamentar víctimas. Sánchez estaba reunido con el primer ministro chipriota, Nikos Christodoulides, cuando se fue la luz. Casi inmediatamente decidió irse a Red Eléctrica y con él se llevó a buena parte de sus ministros,

Todos dejaron actos sin concluir, reuniones a medio terminar, y atravesaron una ciudad colapsada a golpe de sirena para llegar a lo que esperaban que sería el epicentro de la información. Pero la reunión fue muy frustrante, según diversas fuentes. Los técnicos, visiblemente nerviosos, en el momento más complicado de su vida profesional, lograban más o menos contar lo que había pasado, esos cinco segundos clave, pero no por qué había pasado. Por mucho que lo intentaban los políticos, la respuesta era la misma: “no lo sabemos, estamos investigándolo”.

En ese momento las cabezas de los políticos pensaban en un ciberataque. Óscar López, ministro de Transformación Digital, estaba en contacto permanente con el Incibe, el instituto de ciberseguridad, que está en León. Cada día revisan toda la red buscando ciberataques, y detectan centenares. Pero esta vez no les salía nada. No tenían ningún indicio que llevara ahí, pero seguían mirando por si acaso. Era rarísimo. Ni había condiciones climáticas especiales, ni una demanda muy alta, nada anormal. Nadie entendía por qué había fallado la red. En la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional, parecía que la cosa se resolvería en unas horas, como había dicho Red Eléctrica. Pero luego se vio que iba más despacio de lo previsto. En la segunda, a las 19.00, solo se había restablecido el 21% de la red.

Aún así, todos los ministros, en especial el de Interior, Fernando Grande Marlaska, trasladaban datos alentadores. No había crisis de inseguridad. De hecho, según los datos conocidos este martes, los delitos bajaron muchísimo, hasta un 70% en Madrid, pese a las alarmas infundadas lanzadas por algunos sectores conservadores. El comportamiento cívico de la población era muy comentado en todas las reuniones. La mayoría de la población vivió el día en un ambiente tranquilo, casi festivo.

Aunque la preocupación de los ministros era por los que lo estaban pasando peor: hospitales, personas con movilidad reducida atrapadas, gente con respiradores que necesitan electricidad. La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó que los generadores de los hospitales estaban funcionando según lo previsto y todo estaba bajo control, aunque se cancelaron todas las operaciones no urgentes. El más preocupado parecía Puente, con esas 35.000 personas atrapadas, algunas en túneles o en lugares de montaña inaccesibles. Al principio ni siquiera sabían donde estaban parados algunos trenes, porque no había ningún tipo de comunicación. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, les contó a sus colegas que la bolsa estaba reaccionando bien, otra prueba de una tranquilidad mayor de la prevista en un día tan complicado para la economía española.

Los datos empezaron a mejorar mucho a última hora de la tarde, y al anochecer, el momento crítico, la luz empezó a llegar también a muchos barrios de Madrid, donde viven los ministros. Y cuando volvía, ya no se iba más. Así que poco a poco todos fueron convenciéndose de que la situación estaba ya en vías de solución. Aún así, casi ninguno durmió y la noche fue muy dura para tratar de tener todo en marcha el martes. Y ahora, una vez resuelta la emergencia, todo el foco se pone en la gran pregunta: ¿qué pasó? Y a partir de ahí las siguientes, que abren una gran batalla política y económica con uno de los mayores poderes del país, el sector energético: ¿quién es el responsable y qué hay que hacer para que no vuelva a pasar? Esa guerra acaba de empezar.

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Al terminar el encuentro, Sánchez lanzó en las redes sociales, de forma diplomática, el mensaje que les había trasladado, esto es que deben colaborar con el Ejecutivo para esclarecer qué pasó. “Les he agradecido su labor en la pronta recuperación del suministro y les he pedido que colaboren con el Gobierno y los organismos independientes para identificar las causas del incidente. Debemos acometer las mejoras necesarias para garantizar el suministro y la competitividad futura de nuestro sistema”, asegura el presidente. Fuentes del Gobierno señalan que en la cita las compañías se comprometieron a colaborar, aunque nadie tiene aún una explicación clara.

Fuentes empresariales del sector eléctrico afirman que el presidente del Gobierno les ha agradecido la labor llevada a cabo por todas las compañías, al tiempo que ellas se comprometieron en bloque a colaborar para saber qué ha pasado y para terminar de solventar la situación. En esta línea, Moncloa ha reclamado a cada una de las empresas eléctricas que comunique cualquier incidencia previa al episodio de este lunes y les ha trasladado que la apuesta por las renovables no es un tema político, sino una apuesta de país que requiere de robustez en las conexiones. Es más, se les ha traslado la posible necesidad de importantes inversiones por parte de los distintos agentes del sistema eléctrico para lograr ese objetivo. Sánchez también ha dejado claro que la nuclear es más un problema que una solución. Por su parte, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha insistido en la necesidad de dotar de la mayor solidez posible al sistema de renovables.

El Gobierno y las eléctricas ya vivieron tensiones en el pasado, sobre todo por el impuesto a las energéticas, que ya ha decaído por la presión de Junts y el PNV, pero ahora la cuestión es aún más delicada porque Sánchez quiere respuestas y está encontrando pocas y ningún acceso a los datos de las compañías.

El jefe del Ejecutivo dio así el primer paso de una formidable batalla legal y económica que se abrirá paso en los próximos meses para ver quién es el responsable último del apagón y quién compensa a los millones de ciudadanos y empresas afectados. Pero además, y pese a que aún siguen sin tener detalles claros de las causas, Sánchez quiso dar un golpe de autoridad político y aseguró que “habrá cambios” en el sistema, aunque aún no sabe cuáles, porque “esto no puede volver a pasar”.

Aunque no ha criticado expresamente a nadie, parece evidente el malestar del Gobierno con Red Eléctrica, la empresa participada en un 20% por el Estado y dirigida por Corredor, que fue colocada ahí por el propio Ejecutivo de Sánchez, por el retraso en ofrecer explicaciones claras y porque no deja que el Gobierno acceda a sus datos para entender qué ha pasado. Ese malestar se extiende a las compañías eléctricas, que tampoco están dando detalles claros del posible fallo. Nadie asume el error ni la responsabilidad, que obviamente tendrá graves repercusiones económicas, y todos parecen pasarse la patata caliente.

El presidente incluso dejó caer al final de su comparecencia un reproche a Red Eléctrica, que visitó dos veces el lunes, la última ya casi de madrugada, al comentar a los periodistas que él se enteró de que descartaban el ciberataque por la comparecencia de esta compañía, esto es, que no le avisaron antes de esa conclusión a la que habían llegado.

En todo momento, el presidente ha dejado claro que el Gobierno quiere tener su propia versión de los hechos, más allá de lo que dice Red Eléctrica, y, por eso, se formará una comisión de investigación interna, dirigida por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y también se pedirá a la Comisión Europea que haga una investigación independiente. Son dos elementos más que muestran una clara desconfianza de La Moncloa hacia Red Eléctrica, que sigue sin tener una explicación concluyente de lo que pasó 24 horas después. “El Gobierno de España va a llegar al fondo de este asunto. Se van a tomar las medidas para que no vuelva a suceder. Vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar jamás. Los ciudadanos tienen preguntas, y somos los primeros interesados en responderlas. Vamos a hacer cambios, pero tenemos que saber qué ha sucedido para que sean lo más eficaces posibles“, insistió.

El presidente no quiere descartar del todo la hipótesis del ciberataque, aunque Red Eléctrica sí la ha alejado, porque quiere tener la investigación completa y sigue sin tener una explicación clara de qué pasó en los 5 segundos en los que cayó el 60% de la producción de energía eléctrica en España, pero todo indica que ya no se está trabajando mucho en ella. Por eso, Sánchez ha hablado abiertamente y varias veces de las “responsabilidades de los operadores privados”, aunque ha agregado la coletilla preventiva de “si las hubiera”.

En lo que también tenía mucho interés Sánchez en la comparecencia era en desactivar el intento del PP y otros sectores conservadores por culpar de la crisis a las energías renovables, que viven su momento de mayor éxito histórico, cubriendo varios días en las últimas semanas incluso el 100% del consumo del país, algo inédito. Sánchez sostiene que nada indica que esa sea la explicación de lo que ha pasado, y mucho menos que las nucleares sean la solución. Otros países europeos gobernados por la derecha están recuperando las nucleares, pero Sánchez y Aagesen insisten en que es al contrario, están demostrando precisamente que no son rentables y ni siquiera resuelven una crisis como la de este lunes.

“No hubo un problema de exceso de renovables”, ha asegurado el presidente, respondiendo de alguna manera a Alberto Núñez Feijóo, que criticó al Gobierno por lo que ve como una “gestión ideológica” del sistema energético. “Tampoco hubo falta de cobertura. La demanda era 25.180 megavatios, relativamente baja, bastante normal a lo largo de los días previos. La disponibilidad era amplia. Quienes vinculan este incidente a la falta de nucleares mienten o demuestran su ignorancia. La recuperación se ha hecho con las interconexiones con Francia y Marruecos, con ciclos combinados de gas y con centrales hidroeléctricas. Las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema porque estaban apagadas y ha sido necesarios enviar energía para mantenerlas. Había generación nuclear funcionando justo antes de la caída del sistema y se desconectó como las demás, no fue más resiliente. Desde hace varios días, 5 de los 7 reactores nucleares están parados por decisión de las empresas operadoras, que afirman que no son competitivas en precios con las renovables de esos días”, sostiene el líder del PSOE.

La idea del ciberataque pierde fuerza, pero Sánchez no ha querido descartarla del todo porque podría ser que no lo detecte Red Eléctrica, pero esté en otra parte de un sistema muy complejo con muchas empresas privadas en juego. “Le hemos pedido al Incibe [el instituto de ciberseguridad] un diagnóstico. No pongo en duda nada. Vamos a cerciorarnos de cualquier eventualidad. Ojalá no sea así. Ojalá sean otras hipótesis. Hay una aportación de Red Eléctrica, pero tenemos que saber qué ha sucedido en las empresas generadoras, puede haber otras causas”, ha asegurado, aunque en varias ocasiones de la comparecencia ha insistido en que no hay ningún elemento para apuntar hacia un ciberataque, al contrario de lo que se pensó en el primer momento.

La duda sigue, el Gobierno no tiene certezas, pero, aun así, Sánchez defiende que el sistema es de los mejores del mundo y añade que la ciudadanía se comportó de forma ejemplar. De momento hoy el sistema, ya recuperado al 99%, operará con una fórmula segura, y si todo va bien mañana entrará la habitual. Pero ahora el Gobierno pone todos los mecanismos en marcha, con cambios legales incluidos, para que algo así, que el propio Sánchez y sobre todo Beatriz Corredor dijeron que no podía pasar, no vuelva a suceder.

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A partir de aquí, el presidente señaló un dato importante para este martes: los colegios abrirán pero sin clases, para que los padres que lo necesiten puedan ir a trabajar y dejar a sus hijos en la escuela pero los profesores no estén obligados a acudir. Al menos será así en las autonomías que han pasado a estar bajo control del Gobierno, porque han pedido la emergencia nacional, y en las demás serán los gobiernos regionales los que den instrucciones, aunque casi todos están tomando la misma decisión. Sánchez recomendó no ir a trabajar si los empleadores lo permiten y no forzar los desplazamientos si no es imprescindible, porque el tráfico ferroviario aún no se ha recuperado. De hecho admitió que hubo que rescatar a 35.000 personas varadas en trenes por toda España, y aún algunas seguían bloqueadas en las zonas más inaccesibles.

Sánchez se concentró en ofrecer datos para mostrar que la emergencia está en vías de solución, pero a pesar de las horas transcurridas, no pudo dar ninguna explicación tranquilizadora sobre las causas. “No hay ninguna afectación en protección civil. España es un país seguro, los ciudadanos pueden estar tranquilos. Las comunicaciones están sufriendo por la falta de suministro en las antenas. El tráfico portuario sigue con normalidad, y en el aéreo, de los 6.000 vuelos previstos hoy solo se han cancelado solo 344. En las carreteras no hay incidencias más allá de atascos. Las bolsas han cerrado bien, lo cual demuestra la confianza en la situación económica. Todos los recursos del estado están siendo movilizados desde el primer minuto. Se va a trabajar a destajo durante toda la noche. Trabajamos para que mañana la luz haya vuelto a todo el territorio”, remató el presidente.

Distintas fuentes del Gobierno admiten en privado que lo que ha sucedido es inédito, difícil de explicar, muy extraño. Los expertos de distintos ministerios y organismos públicos, del CNI, y los contactos internacionales del Ejecutivo llevan todo el día estudiando las posibles causas pero no hay una conclusión definitiva, y el Gobierno ha optado por la máxima prudencia hasta tener una explicación clara. Sánchez incluso admitió que está en contacto con la OTAN para analizar la situación.

Tras sendas reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente compareció dos veces con una escenificación y un gesto grave que recordó inevitablemente a las de los días más oscuros de la pandemia. En la reunión del Consejo participaron nueve ministros, el jefe del Estado Mayor del Ejército y las directoras del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Agencia de Seguridad Nacional.

Ante la ausencia de una explicación oficial, en las redes sociales y en el boca a boca, esta vez mucho más activo ante la caída de la cobertura de móvil y datos para millones de personas, que en algunos casos volvieron a los transistores a pilas para informarse, se extendieron todo tipo de teorías de la conspiración. Por eso, Sánchez puso mucho énfasis en pedir a la gente que siga solo la información oficial, de la que, en ese momento, no se extraía una tesis clara. “No hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, estas crisis son propicias para la propagación de bulos”, insistió.

Sánchez quiso trasladar tranquilidad y centrarse en la solución del problema mucho más que en el análisis de las causas, sobre el que aún no tenía nada sólido que ofrecer. “Ya se ha restablecido [el suministro] en varios territorios de norte y el sur peninsular. Se están reactivando los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas de todo el país”. Con esos datos, el presidente mostró su confianza en que se podría recuperar la luz en todo el país “pronto”. Y así está empezando a suceder en buena parte del país al caer la noche.

En la parte política, y con la batalla por la declaración de emergencia nacional en la Dana de Valencia en el trasfondo, Sánchez aceptó rápidamente la solicitud de la declaración de nivel 3 que le hicieron algunas comunidades autónomas y el Ministerio del Interior la decretó horas después para Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia y La Rioja, y la Comunidad Valenciana la pidió a última hora. Esa declaración equivale a que el Ejecutivo se hizo cargo de la gestión de la crisis en esas comunidades. “Y hará lo propio con las que lo soliciten”, remachó Sánchez. Esto es justo lo que no quiso hacer nunca el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en la catástrofe de la dana, pese a que así lo llegó a solicitar el propio líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. De la interlocución política con las comunidades autónomas y con los grupos parlamentarios se ocuparon a lo largo de la jornada la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aunque varios presidentes del PP se quejaron de falta de información y el propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, reprochó al Gobierno que está sumando “un apagón informativo al apagón eléctrico”.

Tanto el presidente como las distintas fuentes del Gobierno se esforzaron por ofrecer una imagen de control de la situación. Pese a la emergencia y los innumerables inconvenientes, especialmente en el transporte, todo sucedió de modo más tranquilo de lo esperado en una situación así y no hay datos que hablen de ningún descontrol social. Sánchez explicó que se enviaron muchos más policías de los normales a las calles. “Pero no hay problemas de inseguridad”, subrayó. Otros lugares donde la energía es muy necesaria, como los hospitales, pudieron funcionar con cierta normalidad gracias a los generadores, aunque se tuvieron que suspender numerosas operaciones quirúrgicas no urgentes.

Mientras Sánchez hacía su última comparecencia, ya de noche, la luz ya empezaba a volver también a la mayoría de los barrios de Madrid, después de a lo largo de la tarde ya empezara a regresar en otros puntos del norte y del sur, precisamente los más cercanos a los dos países que han sido decisivos para ayudar a España en un momento de máxima dificultad, y a los que el presidente agradeció su solidaridad: Francia y Marruecos. Después de hablar en La Moncloa, Sánchez se trasladó con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la tercera, Sara Agesen, a Red Eléctrica, la compañía pública encargada de mantener el suministro, para seguir los trabajos de recuperación del sistema ya a medianoche. Este martes a las 9.00 ha convocado en La Moncloa un nuevo Consejo de Seguridad Nacional antes del Consejo de Ministros, que esta vez estará presidido por el rey Felipe VI.

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Es una cantidad enorme. Para dar una idea, aunque el PIB ha crecido mucho desde entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, con su famoso “me cueste lo que me cueste” de mayo de 2010, anunció para 2011 un recorte de 10.000 millones de euros, una cantidad similar. Ese ajuste hundió al PSOE durante muchos años, tanto que no volvió a ganar unas elecciones hasta 2019, con Sánchez al frente. Esto no es un ajuste, Sánchez garantiza que no se tocará el gasto social, pero no deja de ser un salto enorme en un asunto muy delicado para una coalición progresista con el trasfondo del rearme europeo.

Y sin embargo, aunque parecía que este asunto pondría en serio peligro la coalición, estaba todo pactado dentro del Gobierno, y el Consejo de Ministros fue bastante tranquilo. El día anterior, Sánchez y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y cabeza visible del socio minoritario de la coalición, habían tenido una larga conversación política. El presidente le explicó que España tiene que cumplir sus compromisos internacionales, que no puede quedarse fuera, que necesita responder a la llamada de sus socios del norte y este de Europa, que exigen ampliar el gasto en defensa, y de la propia OTAN, que está presionando. Díaz contestó que Sumar no apoyaría este aumento del gasto y se desmarcaría con la fórmula habitual, con observaciones en el Consejo de Ministros, pero acordaron que nada se rompería.

En el Consejo habló Ernest Urtasun, ministro de Cultura, fijando la posición de Sumar, apelando a las observaciones, en las que se habla de un aumento del gasto “verdaderamente exorbitado sin que se hayan sentado las bases en la UE para una verdadera coordinación de los ejércitos de los Estados miembros”. Esto es, mostró el rechazo de Sumar, pero sin tensiones. No hubo ningún cruce delicado. Todo estaba pactado de antemano. Sánchez mostró respeto hacia la posición de sus socios, como ha hecho públicamente varias veces —“es una discrepancia de hace 40 años”, llegó a decir en Bruselas, al recordar que Izquierda Unida (IU) nació precisamente tras el referéndum contra la OTAN de 1986— y planteó algo parecido a lo que dijo en público, esto es, que España debe ser solidaria con sus socios.

“El mensaje de Sánchez es claro: Europa fue solidaria con España en el covid, ahí están los fondos europeos, que nos han hecho crecer y siguen haciéndolo, y ahora somos nosotros los que debemos arrimar el hombro”, señala un miembro del Gobierno. “Además, solo el 20% del plan es armamento, el resto es desarrollo industrial o mejora de salarios de militares. Es una respuesta muy diferente a la que daría la derecha o la ultraderecha”.

Todo iba más o menos dentro de un carril de control, aunque IU exigía a Sumar más dureza en su oposición y ya se veía que el equilibrio dentro del espacio a la izquierda del PSOE es muy frágil con este asunto. Pero entonces llegó el remate: la Cadena SER reveló que Interior mantenía el contrato de compra de seis millones de euros en balas a una empresa israelí que había prometido revocar. La noticia hacía crujir la coalición, tal vez más que nunca.

Casi todas las mayores tensiones en estos cinco años han sido sobre de las armas. En 2022, ante la cumbre de la OTAN que se celebraba en Madrid, la coalición estuvo muy cerca de romperse, porque Díaz insistía en dejar constancia de su rechazo al apoyo de España a la ampliación de la Alianza, y los socialistas se oponían a que eso quedara por escrito porque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado.

Esta vez no estaba solo en riesgo la estabilidad de la coalición, aunque varios ministros coinciden en que en ningún momento se planteó seriamente una ruptura, por mucho que IU llegara a dejarlo caer. El problema era que al crujido en la coalición, que ya ha sonado otras veces, se le sumaba un riesgo muy serio para la propia imagen del presidente en sectores progresistas dentro y fuera de España.

Sánchez había prometido en el Congreso que no habrá ni compra ni venta de armamento con Israel y empresas de este país mientras siga la ofensiva militar israelí en Gaza. Ha reconocido a Palestina. Se ha sumado a la querella contra Israel en la Corte Penal Internacional. Y se mueve por todo el mundo, especialmente en los países árabes, donde es acogido con entusiasmo, como uno de los líderes mundiales que con más claridad se opone a las acciones de Israel contra los palestinos y a la política agresiva de la ultraderecha de ese país liderada por Benjamín Netanyahu. Todo eso se ponía en cuestión por el contrato para comprar balas a una empresa israelí con una participación muy activa en las acciones militares en Gaza que ya ha dejado más de 50.000 muertos.

El enfado de Sánchez con Interior era monumental, según diversas personas que pudieron hablar con él. El departamento de Fernando Grande-Marlaska, un ministro que, según diversas fuentes, no estuvo muy encima de esta decisión, había arruinado en un momento la estabilidad de la coalición, trabajada con cuidado entre Sánchez y Díaz, y la propia imagen del presidente en una cuestión tan sensible como los bombardeos sobre Gaza.

Así que Sánchez ordenó buscar una solución para darle la vuelta a esa decisión que Interior decía que era técnicamente imposible de mover. De nuevo hablaron Sánchez y Sumar, pero también sus equipos: María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, y Diego Rubio, jefe de Gabinete del presidente, pusieron la maquinaria a tope para buscar una salida, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia, negoció con Sumar, y finalmente se encontró una escapatoria donde Interior no la había hallado: un organismo poco conocido, la junta de material de doble uso, denegará la entrada de las balas en España “por razones de interés general”. Y así Interior podrá alegar esta decisión, ajena al contrato que anula su efecto, para rescindirlo.

A pesar de las críticas del PP, que sostiene que se va a perder todo el dinero, más de seis millones de euros, los servicios jurídicos del Gobierno creen que con esta fórmula se puede evitar pagar o como mucho afrontar alguna penalización no muy grande, porque el material no llegará nunca a España.

Como siempre que hay una tensión aparentemente irresoluble en la coalición, Sánchez optó por buscar una solución que dé una buena salida política a Díaz y en este caso también a IU, la que más presionó porque sus bases son especialmente sensibles a todos estos asuntos. Ya lo hizo también con la bronca por la tributación en el IRPF del salario mínimo. Si entonces la que tuvo que dar marcha atrás, al menos en parte, fue María Jesús Montero, esta vez Sánchez desautorizó de manera todavía mucho más evidente a Grande Marlaska, aunque en La Moncloa insisten en que no lo va a cambiar ni él va a dimitir. “Es un buen ministro”, señalan en el entorno del presidente, que siempre lo ha defendido en múltiples crisis. No parece haber ambiente de cambio de Gobierno, al menos no de momento.

La pelota de partido se ha salvado. Pero en IU, donde están especialmente preocupados y van lanzando cada vez más señales de alarma, temen que las cosas se vayan complicando mucho más en los próximos meses. En esta organización veterana de la izquierda española, que está preocupada por el futuro de un espacio ahora de nuevo fraccionado por la ruptura entre Sumar y Podemos, temen que la coalición tenga que tragar sapos aún más grandes tras la cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos) en junio. Ahí se irá bastante más allá del 2%, temen en IU. Y las consecuencias políticas de eso en España son imprevisibles. “Nosotros no podemos acompañar al PSOE en ese camino de la OTAN. Nadie quiere romper este Gobierno y abrirle la puerta a la ultraderecha, pero va a ser muy difícil ese equilibrio”, señalan en IU. En Sumar, por el contrario, creen que la coalición está mostrando mucha madurez, y que la fórmula pactada entre Sánchez y Díaz para seguir adelante pactando esta discrepancia de fondo es válida.

Y en el PSOE opinan que el escenario con el foco puesto en lo internacional y en la batalla contra la ultraderecha de Donald Trump es positivo para el Gobierno progresista, porque además ven al PP muy fuera de juego. La respuesta a esa incógnita llegará en unas pocas semanas en La Haya y en los días posteriores. Pero de fondo hay algo mucho más delicado, y es la recomposición del espacio a la izquierda del PSOE, absolutamente decisivo para el resultado de las próximas elecciones. Muchas cosas se están moviendo ahí, y la tensión por el rearme europeo es una pieza más en la partida clave para el futuro de la izquierda española.

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El ministro del Interior ha figurado muchas veces en las quinielas como una posible salida del Ejecutivo en las distintas crisis de los últimos años, después de sufrir diversos problemas, mucho desgaste, y de haber cambiado varias veces a su equipo. Sin embargo, Sánchez lo mantiene en ese puesto clave desde el principio, en 2018, cuando lo fichó desde fuera de la política —era juez de la Audiencia Nacional, donde llevó muchos procesos delicados contra ETA— e incluso desde una visión ajena a la tradicional del PSOE —había sido elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP—. Desde entonces, pese a sus múltiples tensiones internas, antes con Podemos y después con Sumar, por representar una visión más dura en cuestiones como la política de inmigración, y pese a crisis muy graves como la de los muertos en la valla de Melilla, Sánchez siempre ha defendido a Marlaska y lo ha mantenido en Interior. El entorno del presidente insiste en que esto no ha cambiado y Marlaska sigue. “El ministro del Interior tiene el respaldo del presidente. Es un gran ministro. Por supuesto que continúa”, señalan fuentes del Ejecutivo del máximo nivel.

A pesar de que esta crisis aparentemente no tendrá consecuencias políticas graves, esto es: dimisiones —está por ver qué hace el propio Marlaska en Interior, donde se han tomado las decisiones—, varias fuentes del Ejecutivo coinciden en el gran enfado que tenía el presidente con Marlaska y su equipo el miércoles, al enterarse de que el contrato que habían prometido revocar se había mantenido y se había publicado oficialmente en Viernes Santo, en un vano intento por esconder la noticia, que finalmente fue revelada por la Cadena SER.

El asunto no solo generaba un problema grave con Sumar, que se indignó profundamente ante lo que considera una deslealtad y un incumplimiento del pacto de Gobierno. También afectaba directamente a la credibilidad del presidente y de uno de los elementos centrales de su política exterior, esto es, la condena absoluta de la guerra en Gaza, que ya ha superado los 50.000 muertos, el reconocimiento de Palestina y el rechazo a las políticas de Benjamín Netanyahu, para el que España ha pedido el procesamiento en el tribunal de La Haya por delitos contra la humanidad.

El contrato desautorizaba directamente al presidente, que en el Congreso garantizó que no habría ninguna compraventa de armas a empresas israelíes mientras se mantenga el ataque diario a Gaza. Y le dejaba muy mal ante sectores progresistas que son muy sensibles a la causa palestina, de la que Sánchez se ha convertido en un adalid en todo el mundo, con su defensa de la solución de los dos estados y su reconocimiento de Palestina. Así que Sánchez decidió que la única salida era desautorizar a Marlaska y forzarlo a rectificar. La fórmula que se encontró, para evitar incurrir en una prevaricación, es de la de que un organismo ajeno a Interior, que es quien firmó el contrato, la junta de inversión de material de doble uso, que tiene que autorizar cualquier entrada en España de material militar, “denegará a la empresa israelí IMI Systems el permiso de importación de este material [la munición contratada por Interior] a nuestro país por razones de interés general”, señala el comunicado del Gobierno. Así Interior podrá alegar para rescindir el contrato no una exclusión de la empresa israelí a posteriori, que generaba problemas legales, sino que no puede hacerse el contrato porque otro organismo estatal, esa junta de inversión de material de doble uso, va a rechazar su entrada en España, con lo que no tiene sentido seguir adelante. En La Moncloa había mucho enfado con Interior porque creen que si alguien hubiera avisado hace un par de semanas de que existía el problema, antes de decidir seguir adelante con el contrato, se podría haber buscado esta fórmula y se habría evitado un problema político mayúsculo que ha hecho crujir la coalición y la propia credibilidad del presidente, además de dejar en muy mal lugar al ministro, obligado a rectificar.

Al final, desde el punto de vista político, la cuestión se resolvió como es habitual con las crisis de alto voltaje de la coalición, con conversaciones directas entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. La líder de Sumar tenía mucha presión interna sobre todo de Izquierda Unida, que incluso dejó caer la idea de una salida del Gobierno si no se resolvía este problema. La tensión va a ir en aumento porque IU está radicalmente en contra del aumento del gasto en defensa decidido por Sánchez, y además sabe que esto puede ir a más después de la cumbre de la OTAN en junio, en la que es muy probable que le exijan a España ir más allá del 2% del PIB que el presidente ha prometido que cumplirá este mismo año. Sánchez, explican en su entorno, entendió rápidamente que en ese contexto tenía que resolver de forma urgente la crisis de las balas israelíes, y lo hizo aún a costa de dejar mal parado políticamente a Marlaska, que en cualquier caso en ocasiones anteriores ha dado pruebas de gran resistencia al desgaste. El ministro ha decidido de momento y no hablar y ha dejado que fuera La Moncloa, de forma pactada con Sumar, quien anunciara la nueva marcha atrás para “rescindir de forma unilateral” el contrato.

Ahora Sánchez y Díaz se quieren concentrar en intentar salir de este bucle alrededor del gasto en defensa y las balas israelíes, y por eso está previsto que la semana que viene el Consejo de Ministros lleve en segunda vuelta la ley de reducción de jornada para mandarla ya al Congreso y empezar a discutirla allí, aunque no será fácil sacarla adelante dada la resistencia de Junts, cercana a las posiciones de la patronal, que la rechaza. La coalición parece haberse salvado de nuevo con esta rectificación ordenada por el presidente, pero distintas fuentes consultadas coinciden en que viene una temporada de curvas con el horizonte de la cumbre de la OTAN como el hito más complicado.

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La nota de La Moncloa es muy clara. “Tras haber agotado todas las vías negociadoras, la presidencia del Gobierno, la vicepresidencia segunda y los ministerios competentes han decidido rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems”, señala el Gobierno. “La Junta de inversión de material de doble uso denegará a dicha empresa el permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato. La Abogacía del Estado y los ministerios competentes ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones. Los partidos del Gobierno de coalición progresista están firmemente comprometidos con la causa palestina y la paz en Oriente Medio. Por esto, desde el 7 de octubre de 2023, España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes. Ni lo hará en el futuro. Los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y los que sean armamento no se van a ejecutar”, remata.

La tensión fue máxima durante este miércoles. Nadie parecía informado al máximo nivel de la decisión de Marlaska. Ni lo sabía Sumar, que era el principal afectado políticamente, porque ya vive una tensión muy fuerte por el aumento del gasto en defensa que decidió el Consejo de Ministros el martes, ni lo sabía aparentemente la cúpula de La Moncloa, que mantuvo silencio durante las primeras horas en una muestra evidente de malestar con una polémica que no esperaba después de cuidar con esmero el anuncio que hizo el propio presidente el martes de los 10.600 millones de euros que se moverán del Presupuesto para alcanzar el 2% del PIB del gasto en defensa este mismo año.

La noticia, adelantada por la Cadena SER, de que Interior había aprovechado la Semana Santa para intentar colar, de tapadillo, un contrato de compra de balas a una empresa israelí, después de prometer que lo anularía, sentó muy mal en La Moncloa y desató la indignación en Sumar y en IU, que precisamente ya apuntaba la posibilidad de salir del Gobierno por el aumento del gasto en defensa. Marlaska y su equipo habían diseñado una maniobra para que el contrato no saliera a la luz, pero lo hizo de manera estruendosa, en el peor momento político. Así que La Moncloa se puso a evaluar la situación, con conversaciones permanentes con su socio de Gobierno, y finalmente Pedro Sánchez ha dado la orden este jueves de que Interior dé marcha atrás y anule el contrato.

Interior alegaba cuestiones económicas para mantenerlo. “La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados”, explicaba el ministerio en un comunicado el miércoles. Ahora Sánchez obliga al ministro y su equipo a una rectificación completa 24 horas después.

Sánchez ha decidido que hay algo más importante que eso en este momento, y es el coste político de mantener un contrato millonario de armamento con una empresa israelí que está trabajando activamente en los ataques diarios a Gaza que han dejado 60.000 muertos y que han llevado al Gobierno español a sumarse a una denuncia contra Netanyahu en el Tribunal de La Haya por crímenes contra la humanidad.

La contradicción es tan evidente que era insostenible, o al menos así lo creían en La Moncloa y en Sumar, con Yolanda Díaz muy pendiente en todo momento de resolver el problema y en conversación con Sánchez. Al tratarse de una crisis del máximo nivel, han intervenido en ella las personas clave del entorno del presidente. Ha estado encima en todo momento el jefe de Gabinete, Diego Rubio, que mantiene una interlocución permanente con Sumar, y también María Jesús Montero y Félix Bolaños, que suelen negociar con los grupos y en especial las cuestiones dentro de la coalición.

La Moncloa llegó a la conclusión de que no solo por salvar la coalición y quitarle presión interna a Díaz, sino sobre todo por coherencia política con la posición del presidente en la guerra de Gaza, había que dar marcha atrás por segunda vez: primero se dio para cerrar el contrato y ahora para deshacerlo. Era insostenible, concluyeron al máximo nivel en el Ejecutivo, mantenerse internacionalmente como el adalid de la causa de los dos Estados ―Israel y Palestina―, como uno de los pocos países europeos que ha reconocido a Palestina, como el gran azote europeo de Netanyahu, y a la vez comprarle munición a empresas de armamento israelíes con gran protagonismo en la destrucción total de Gaza.

Al contrario de lo que pasó con este contrato de armamento, que se cerró sin que Sumar lo supiera, el aumento del gasto en defensa sí vino precedido por conversaciones con Sumar. La fórmula fue la de otras veces: la vicepresidencia de Díaz introdujo observaciones que mantuvo vivas en el Consejo de Ministros, de manera que políticamente ellos aseguran que no asumen la decisión. No hay votación en el Consejo de Ministros, pero esta es la fórmula para dejar por escrito una discrepancia interna. Aún así, Izquierda Unida no estaba satisfecha y quería más dureza. Cuando llegó la noticia del contrato de munición ya se desató una tormenta incontrolable, que se intentará aplacar con esta última decisión de La Moncloa, aunque aún queda mucho trabajo político por hacer para intentar reconducir la coalición en un momento muy delicado.

Díaz explicó que había hablado con Sánchez y con Marlaska y que este contrato “nunca debió haber existido”. “Este contrato es una vulneración flagrante de la legalidad internacional, del comercio internacional, de los acuerdos de gobierno y cuando estamos viviendo y asistiendo a un auténtico genocidio en Gaza. Ayer dije que se tenía que rectificar de manera inmediata”, ha subrayado en la clausura de un acto de Comisiones Obreras. “Lo importante hoy es que por fin se encuentra rescindido y que el Gobierno de España no hace negocios con un Gobierno genocida como en este caso es el que está masacrando al pueblo palestino”, ha enfatizado la vicepresidenta segunda.

IU ha reivindicado su presión para que el Gobierno anule el contrato de compra de munición a Israel, que ha tilado de “tropelía”, y ha advertido que hará un “estricto marcaje” al PSOE para impedir cualquier colaboración comercial en materia de armamento con el país hebreo. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, cree que no es necesaria la dimisión de Marlaska después de la rectificación pero ha instado a una mejor coordinación dentro de la coalición y a que el PSOE no actúe de forma “unilateral” en cuestiones tan sensibles como la del incremento del gasto militar. “Nosotros dijimos que o se rectificaba o tenía que dimitir el ministro del Interior. Como se ha rectificado que no haya compraventa de armamento de Israel, lo demás es complementario. Obviamente estamos satisfechos”, ha apostillado el dirigente de IU en una entrevista en La Sexta.

La mesa de partidos de Sumar, solicitada la víspera por IU, ha mantenido a primera hora de la tarde una reunión descafeinada tras la rescisión del contrato. El encuentro, de menos de dos horas y telemático, ha servido para emplazarse a mejorar la coordinación del espacio político, incluidas las fuerzas de Movimiento Sumar sin ministros, en una próxima reunión presencial. También se ha consensuado que se establezcan “mecanismos de reacción a las acciones unilaterales” del PSOE en el Ejecutivo, según fuentes conocedoras de la reunión.

Mientras la crisis se reconduce dentro de la coalición, la tormenta no amaina a la izquierda del PSOE. Podemos mantiene una presión creciente sobre Sumar sin suavizar sus críticas al Gobierno. La formación desplegó a todos sus portavoces estatales, con la acusación compartida al Ejecutivo por “financiar el genocidio” en Gaza y Cisjordania, con más de 50.000 palestinos fallecidos ―la gran mayoría civiles y casi la mitad menores y mujeres― por el ejército israelí en su respuesta al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023. “No se trata solamente de la compra de balas israelíes por valor de 6 millones, se trata del paso de buques de guerra por los puertos españoles y de otros contratos que se han descubierto, que están ya formalizados y sobre lo que el Gobierno no dice nada. Nosotros tenemos la percepción de que el Gobierno no quiere cortar relaciones comerciales con Israel de compraventa de armamento, que se mantienen a pleno rendimiento. ”, ha afirmado Javier Sánchez Serna, portavoz adjunto de Podemos en el Congreso.

Previamente, la eurodiputada Irene Montero ha resaltado el rechazo de Podemos al incremento del gasto militar hasta el 2% del PIB este año aprobado el martes por el Consejo de Ministros. “ Estamos muy preocupadas por este rumbo de guerra en el que Sánchez y el PSOE están metiendo a España sin ningún tipo de control democrático y de una forma absolutamente autoritaria que va a comprometer seriamente el bienestar de los españoles. Esos 10.500 millones no están saliendo de ningún bolsillo mágico de María Jesús Montero, son recortes”, ha asegurado la secretaria política de Podemos. El Gobierno niega que ese incremento sea a costa del Estado del bienestar.

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El Gobierno español cree que el comunicado, más duro que otros en reuniones similares anteriores con Francia o Alemania, tiene una explicación sobre todo política: Washington quiere lanzar un mensaje a un destacado miembro de la UE en plena negociación con Bruselas por los aranceles, que acaba de comenzar y no será nada sencilla. Cuerpo, explican estas fuentes, se fue de Washington con la sensación de que EE UU quiere negociar en serio, que no es un farol, pero queda mucha discusión antes de llegar a un acuerdo. Pese a las palabras duras de Trump contra la UE, de la conversación con Bessent, Cuerpo dedujo que hay voluntad negociadora porque la Casa Blanca es consciente del riesgo que supone una guerra comercial con la UE y con China a la vez. Aun así, Cuerpo le recordó a su colega estadounidense que mientras no hay acuerdo, muchas empresas españolas sufren cada día aranceles muy duros en sectores clave, como el acero, gravado con un 25%. Esto es, el estadounidense planteó sus reclamaciones, sobre todo la subida del gasto en defensa y quejas por la tasa Google, que grava algunos servicios digitales que prestan las grandes tecnologicas como Google, Meta o Amazon, entre otros, pero el español también puso sobre la mesa las suyas. Aunque reconocen que no hubo avances en los puntos de fricción más claros.

Aun así, la reunión fue bien, según la versión española. De hecho, como gesto para poder seguir adelante, los dos dirigentes decidieron no decir ni una palabra sobre la cuestión más delicada que tenían encima de la mesa: las palabras de Bessent la semana pasada cuando, en pleno viaje de Pedro Sánchez a Vietnam y China, aseguró que la decisión del líder español de acercarse a Pekín sería como “cortarse el cuello”. En una reunión de 45 minutos, muy intensa, los dos hicieron como si esa frase tan polémica nunca hubiera existido, y no hubo ningún reproche específico por el viaje a China. Tampoco Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, le había trasladado ninguna queja sobre ese viaje a José Manuel Albares cuando hablaron poco antes de que este comenzara su periplo asiático con Sánchez.

Bessent sí le preguntó a Cuerpo en varias ocasiones por el viaje a China, pero más bien para entender qué posición había encontrado Sánchez allí y cuáles podían ser los próximos movimientos de un posible acercamiento de la UE a China. Sánchez ha sido el primer líder europeo en viajar a Pekín, pero el presidente explicó a los periodistas que lo acompañaban en el avión que él está haciendo todo de manera coordinada con la Comisión Europea, y de hecho habló con Ursula von der Leyen. La presidenta del Ejecutivo comunitario ha confirmado que también irá a Pekín en julio, para una cumbre China-UE. Washington quiere saber hasta qué punto puede cambiar la política de alianzas de la UE en este nuevo contexto. Cuerpo le explicó que igual que EE UU está buscando una nueva relación con China, la UE también está trabajando para tener una relación más equilibrada para reducir su déficit comercial con el gigante asiático, y para eso es importante que viaje Sánchez allí, como lo hará Von der Leyen, y otros líderes europeos. En cualquier caso, y así lo señalaron los dos en la reunión, España tiene un déficit comercial con EE UU, importa más de lo que exporta allí, así que no supone una amenaza para este país, según la visión de Trump.

Tal como señala el comunicado de Bessent, en la parte más dura, el secretario reclamó a España que suba el gasto en defensa y también le reprochó los impuestos digitales. Pero fuentes del Gobierno español aseguran que no fue en un tono de choque, sino que era algo esperable y que Cuerpo contestó con dos elementos clave, que también explicó en la comparecencia en Washington. En la cuestión del gasto en defensa, el ministro insistió en que España tiene ese compromiso de aumentar el gasto al 2% y lo va a cumplir y además de forma adelantada, como ha garantizado el presidente Sánchez. Cuerpo defendió además de forma clara esos impuestos digitales, que afectan en especial a los gigantes tecnológicos de EE UU. En la visión española, que traslado Cuerpo, es “una imposición justa”, discutida y aprobada dentro de la OCDE, con la que se trata de gravar los beneficios allí donde se producen, como sucede con otros bienes. En este punto no hubo ningún acercamiento porque la visión es antagónica, de la misma manera que Bessent no ofreció ninguna solución para el problema de los sectores que ahora están gravados con un 25% de aranceles y no tienen ninguna moratoria de 90 días.

A nadie se le oculta, y en el Gobierno español lo admiten en privado, que Trump y Sánchez están en las antípodas políticas, y que es implanteable que haya una estrecha relación política entre las dos administraciones. De hecho, este jueves estará en Washington Giorgia Meloni, la aliada italiana de Trump, y nadie espera en La Moncloa que Sánchez reciba esa misma invitación. El primer ministro español tuvo una llamada de cortesía con el presidente de EE UU tras su toma de posesión, pero nada más. En estos momentos no son administraciones amigas y con el republicano nunca lo serán. Sánchez solo ha visitado una vez la Casa Blanca en sus siete años de mandato y fue con Joe Biden, mucho más cercano políticamente.

Trump nunca le invitó en su primer mandato y nadie prevé que lo haga en el segundo. Pero eso no impide que La Moncloa y especialmente Albares y Cuerpo busquen la mejor relación posible con EE UU, y logren contactos con sus homólogos como los de estos días, donde se trasladan las diferencias pero sin llegar a un enfrentamiento. Sánchez, explican en su entorno, era muy consciente de que su viaje a China tenía riesgos por una posible respuesta de EE UU, pero considera que es absolutamente prioritario en un momento en el que está cambiado el orden mundial de los últimos 80 años tener una buena relación con Pekín, y está convencido de haberla consolidado en su tercer viaje en tres años.

Ahora el Gobierno español, con Albares y Cuerpo como punta de lanza, intentará engrasar hasta el máximo posible la relación con EE UU, aunque siempre conscientes de que las diferencias políticas entre la visión del mundo antagónica de Sánchez, un progresista que apuesta por el multilateralismo, el libre comercio y la lucha contra el cambio climático, y Trump, un ultraderechista que no reconoce ni a la OMC, que reniega del orden nacido de Bretton Woods y que se sale del Acuerdo de París, hacen imposible que la relación sea sencilla y mucho menos cercana, al contrario de lo que sucede con Meloni. A La Moncloa de momento le basta con que sea profesional y respetuosa.

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Desde 1993, cuando empezaron los debates electorales en España, que ya eran habituales en otros países con más tradición democrática, con dos decisivos cruces entre Felipe González y José María Aznar que marcaron la campaña, hasta 1996, cuando Aznar, que ya se veía ganador, decidió no concederle a González ningún debate y no arriesgarse a una derrota inesperada como la de 1993, pasando por años muy tensos, como la decisión de Mariano Rajoy en 2015 de mandar a Soraya Sáenz de Santamaría, su número dos, al debate a cuatro con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Albert Rivera, el intento de Sánchez por hacer un solo debate en 2019, que acabó forzado a hacer dos en dos días consecutivos, algo inédito y poco racional, o la clamorosa silla vacía que dejó Alberto Núñez Feijóo en el último debate a cuatro en julio de 2023, que algunos expertos señalan como un error que le costó muy caro, el debate sobre el debate ha sido la norma en todas las campañas.

La reforma del artículo 66 de la LOREG, que ahora se someterá a todos los informes preceptivos, incluido el de la Junta Electoral Central, que rige los procesos electorales, implica que la nueva norma fijará “la obligación de celebrar, al menos, un debate durante cada campaña electoral en los medios de comunicación de titularidad pública, al que estarán obligados a concurrir las fuerzas políticas que compiten en esos comicios salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente”.

En la norma se establece que podrán participar en este debate “todos los candidatos de las formaciones políticas que obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes” y abre la posibilidad de que intervengan también representantes de los que la Junta Electoral Central denomina “grupos políticos significativos”, esto es lo que, pese a no haberse presentado a los anteriores equivalentes o no haber obtenido representación en ellas, “en posteriores comicios en el ámbito territorial del medio de difusión público de que se trate hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5% de los votos válidos emitidos”, señala el Ejecutivo. Es una forma así de dar más pluralidad a los debates. Los medios de comunicación privados no están sometidos a estas obligaciones, pero si hacen debates, “deberán respetar los mismos principios que los medios públicos y que fija la LOREG: pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad”, señala el Ejecutivo. Esto es algo que ya sucedió en el pasado, y la Junta Electoral obligó a incluir a más partidos en esos encuentros a algunos medios privados.

Los Microdatos anónimos

El Gobierno también incluye en este anteproyecto otra de las iniciativas que había incluido en su llamado plan de acción por la democracia, la idea de obligar a las empresas de sondeos a publicar todos los microdatos, algo que ya hace desde el principio 40dB., la compañía que elabora las encuestas para EL PAÍS y la Cadena SER. La legislación actual, explica el Gobierno, señalan que las encuestas “deben ir acompañadas de una ficha que especifique la entidad que realiza el trabajo demoscópico, las características técnicas del sondeo, el texto íntegro de las cuestiones planteadas y el número de personas que han contestado a cada una de ellas”. Con la nueva norma, que cambia el artículo 69 de la LOREG, se añade “la obligación de dar publicidad también a los ficheros de microdatos, que son los datos individuales de una estadística y que deberán difundirse anonimizados con el fin de preservar la confidencialidad de la información”. “Acceder en abierto a los datos individuales, anonimizados, permite garantizar la fiabilidad de una encuesta y facilita a la ciudadanía y a las entidades, públicas o privadas, comprobar los resultados del sondeo y extraer sus propias estimaciones”, remata el Gobierno. También el CIS muestra sus microdatos, además de 40dB., pero la mayoría de las demás compañías privadas no lo hace.

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Es evidente que no son administraciones amigas, Trump y Sánchez están a kilómetros de distancia, y no es previsible en breve una reunión entre los dos presidentes, al contrario de lo que sucede con la ultraderechista Giorgia Meloni, que irá esta semana a Washington a ver a Trump. Pero este viaje, insisten fuentes del Gobierno, demuestra que EE UU respeta a España y los canales se mantienen abiertos para negociar sobre todo tipo de cuestiones, aunque los aranceles corresponden exclusivamente a la Unión Europea.

Cuerpo viaja a Washington, explican en el Gobierno, de forma coordinada con la Comisión Europea, igual que Sánchez lo hizo a Pekín. Esto desactiva también otra crítica que hizo el PP, la de que España iba por libre a China y esto había generado malestar en Bruselas.

Nada más lejos de la realidad, sostienen fuentes del Ejecutivo, como demuestra el hecho de que Sánchez habló antes del viaje con Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión, y ella misma ha confirmado que estará en Pekín en julio para una cumbre bilateral China-UE. “La posición de España es la misma de la Comisión Europea”, insistió Sánchez durante todo el viaje. Ya en los días de la visita, que también incluyó un viaje a Vietnam, otro país muy afectado por la guerra arancelaria de Donald Trump, la delegación española, y especialmente el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, remarcaba que no es en absoluto incompatible estar en China y no romper los puentes con Washington.

Desde el primer momento, la delegación española, también el ministro de Agricultura, Luis Planas, minimizó el ataque de Bessent. Decían que se trataba de una frase improvisada en una cena política, no un comunicado ni una posición oficial de EE UU. Trump no ha dicho una palabra sobre España. Cuando señalaban estas cosas y evitaban responder al PP, los miembros del Gobierno ya sabían que Cuerpo iría este martes a Washington, porque el viaje estaba cerrado antes de ir a China. Además, Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, habló con Albares antes de que partiera hacia Pekín y no le trasladó ningún malestar.

Desde el punto de vista del Gobierno, todo estaba claro y la visita a China tenía todo el sentido. De hecho, la vivieron como un gran éxito diplomático, porque ha logrado un salto en la relación entre los dos países después de tres viajes en tres años que Xi agradeció y anunció que algunas de las inversiones millonarias chinas que están encima de la mesa avanzarán en los próximos meses.

Sin embargo, el PP insiste en mantener su crítica y el viaje de Cuerpo no les ha hecho, al menos de momento, cambiar su estrategia de rechazo al viaje a China. El PP sostiene que el Gobierno tendría que “haber aplazado” la visita y apuntan que el viaje obedece a los “intereses personales” de José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el expresidente socialista acudiera al foro de Boao, el Davos chino, unos días antes de que Sánchez se viera con Xi Jinping. “Están primando los intereses personales de Rodríguez Zapatero. Se debe dar explicaciones sobre qué se ha tratado y sobre todo cuáles son los intereses de Rodríguez Zapatero en esta agenda exterior que está desarrollando el Gobierno de España y que puede tener consecuencias negativas para nuestra economía”, dijo el domingo la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Este lunes, Feijóo mantuvo las críticas. El líder del PP cree que el viaje a China fue una “imprudencia” y añadió que su partido espera que la administración Trump no lo considere una “provocación”, algo que, a su juicio, es un “riesgo” que existe y que es “real”. Feijóo habló antes de que conociera el viaje de Cuerpo. “No sabemos a qué ha ido el presidente a China, no ha dado ninguna información al respecto, no sabemos con qué agenda ha ido y qué acuerdos, si es que hay algún acuerdo que se haya traído de China”, se quejó Feijóo, a pesar de que en la rueda de prensa en Pekín el presidente sí explicó una media docena de acuerdos que se firmaron allí, entre ellos algunos sobre la carne porcina, para que España pueda exportarla a China con garantías, los cosméticos o los productos farmacéuticos.

“Esperemos además no tener razón, esperemos que la administración norteamericana no considere este viaje como una provocación”, avisó. El viaje de Cuerpo, salvo que el resultado político este martes sea desastroso y haya un enfrentamiento con Bessent, estaría hablando en sentido contrario a esas represalias. Feijóo, por el contrario, sí apoya la posición negociadora de la Comisión Europea frente a los aranceles de Trump, que Sánchez insiste en que es la misma que tiene él. El líder del PP tampoco aclaró qué votará el PP en la convalidación del decreto con el escudo antiaranceles en el Congreso, y se limitó a criticar que el Gobierno “ha desechado” sus propuestas. Este martes en el Consejo de Ministros está previsto que se aprueben algunos desarrollos de ese escudo anti aranceles, pero para el Gobierno es fundamental que el PP vote ese decreto, así que seguirán teniendo conversaciones con los populares a la vuelta de Washington para conseguir su voto.

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Lo cierto es que de momento estos 1.000 millones de euros sí ha sido abordado con el PP y otros grupos, lo cual da cuenta de un nuevo ambiente político y un cambio significativo de la relación entre los dos grandes partidos a cuenta de un asunto muy sensible, la respuesta a los aranceles de Trump, en la que el PP quiere distanciarse de Vox. La Moncloa reclama al PP que vaya más allá y rompa definitivamente con el partido de Santiago Abascal, pero Feijóo cree que es compatible alejarse de Vox en este asunto pero a la vez seguir negociando con ellos varios presupuestos autonómicos además del de la Comunidad Valenciana, que ya han pactado.

De este primer tramo de 1.000 millones de euros, unos 750 millones se destinarán a garantizar la liquidez de las empresas y otros 250 millones a avalar nuevos proyectos de inversión. El ICO gestionará estos avales, que podrán cubrir hasta el 80% del préstamo, y habrá una sola condición muy clara para acceder a ellos: que las empresas estén realmente afectadas por losa aranceles de Trump. Para ello, su volumen de exportaciones e importaciones a EE UU tendrá que ser superior al 5% del volumen de facturación de la empresa. También podrán acceder empresas que no sean directamente exportadoras sino proveedores de otras que sí lo son, algo frecuente en el mundo del automóvil, por ejemplo.

El Gobierno asegura que esta medida estaba “hablada con los grupos”, según señaló la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el PP confirma esta información. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se comunicó con el principal interlocutor de los populares, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, este lunes, por mensaje, para avanzarle que el secretario de Estado hablaría con él. Más tarde, Bravo e Israel Arroyo mantuvieron una conversación. “Ellos nos cuentan y se agradece que nos cuenten. Y nosotros proponemos mejoras”, señalan fuentes del PP, que en todo caso no hablan de un pacto sobre esta cuestión en concreto ―que además no ha de votarse en el Congreso― sino más bien apuntan a que han recibido la información. Pero nada más. Y ponen el foco en la necesidad, demandan en el PP, de negociar un plan integral, con la vista puesta en el decálogo de propuestas que anunció Alberto Núñez Feijóo hace ocho días. En ese camino, insisten, no hay avances en las conversaciones para la convalidación del real decreto, cuyo apoyo sigue en el aire. También ha habido contactos este martes con la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín. “No desviemos el foco, nos proponen y nos cuentan lo que van a hacer, pero un aval es una capa de un plan. Tenemos que entrar a hablar del plan, no debemos generar más deuda. Y no todas las empresas pedirán los préstamos”, puntualizan.

Pese a los contactos, y a que fuentes del PP subrayan que no pretenden “confrontar” en este asunto, en público la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha vuelto a cargar contra el Gobierno. “El ministro cuerpo está en Estados Unidos, pero el problema es que está allí intentando arreglar el desaguisado de Sánchez con un viaje imprudente a China, que ha hecho por su cuenta”, ha señalado en una comparecencia en Málaga. “Lo que el Partido Popular sigue poniendo encima de la mesa y exigiendo es un plan de competitividad, pero también reformas estructurales, necesidad de rebajas fiscales, diplomacia inteligente”, ha agregado Gamarra. Ahora habrá que ver cómo avanzan los contactos en los próximos días y sobre todo qué vota el PP cuando el decreto llegue al Congreso”.

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Era evidente, por su discurso político y por sus gestos, que Xi era muy consciente de la apuesta arriesgada que había hecho Pedro Sánchez al acudir a Pekín en un momento así, en plena guerra comercial con EEUU. El líder chino conocía el ataque contra España del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que llegó a decir que si España se acercaba a China ahora “sería como cortarse el cuello”, y valoró que Sánchez mantuviera el rumbo y el viaje a pesar de esas amenazas.

A la delegación española le quedó muy claro que Xi no va a ceder frente a Donald Trump. En medio de ese palacio imperial, rodeados de historia, con esa vajilla especial encima de la mesa, Xi les hizo un discurso muy claro que otros dirigentes están lanzando también en público: China tiene 5.000 años de historia, EEUU 250. China vivió miles de años sin EE UU, y volverá a hacerlo, piensan en Pekín. Si Washington quiere aislarse, China apostará por su mercado interno y por buscar otros socios. Su concepción del tiempo es muy diferente. Cuando toda esta fiebre de Trump pase, China seguirá ahí, o así lo ve Xi. “No vamos a permitir que no se nos respete”, les dijo.

Les explicó que ellos son fuertes y grandes, y aunque no quieren esta guerra, que no han iniciado ellos, pueden aguantar con el consumo interno. Les dijo que también la Unión Europea puede resistir, si quiere. No así los países más pequeños. Por eso el líder chino tiene previsto la próxima semana un viaje a Malasia, Camboya y Vietnam, el país del que venía Sánchez antes de llegar a Pekín, para pedirles que aguanten, para ofrecerles ayuda. Al contrario que China, Vietnam no ha respondido a los aranceles de Trump del 46%, y está pidiendo una negociación. El 30% de su PIB depende de las exportaciones al gigante americano. Multinacionales como Nike tienen allí el grueso de su producción. La apuesta de Xi es clara: dejar aislado a Washington, unir al resto del mundo para seguir comerciando como antes con o sin EE UU.

Xi no lo anunció ahí, ante sus invitados extranjeros, pero en cuanto terminó la reunión con los españoles, su Gobierno hizo público que subía los aranceles a EE UU al 125%. La delegación española lo tuvo muy claro en Pekín: “Esto va para largo. No llegará a conflicto armado, nadie lo quiere, pero la guerra comercial va a ser durísima y no será China la que ceda”, comentaron entre ellos.

Sánchez insiste en que él no ha tomado partido entre China y EEUU. El presidente español se mantiene neutral y llama al diálogo. “Le he trasladado al presidente Xi que el mundo necesita que China y EE UU hablen”, dijo en la rueda de prensa en Pekín. España, insiste, quiere las mejores relaciones con Washington, aliado histórico, y con Pekín, referente del nuevo orden mundial. Pero el viaje es el mensaje. Mientras Giorgia Meloni, aliada ultraderechista de Trump, va esta semana a Washington a buscar la cercanía del presidente de EEUU, y para tratar de hacer de puente entre la UE y el magnate, Sánchez se fue a Pekín.

El viaje empezó a prepararse hace meses, mucho antes de que se desatara la guerra comercial. Sánchez dio una instrucción clara a su equipo internacional nada más volver del salto anterior a Pekín, en septiembre de 2024: “Quiero ir a China todos los años, buscad fecha para el siguiente”. El presidente quiere hacer como otros líderes europeos, como Angela Merkel, que llegó a ir 12 veces a China.

Frente a las críticas del PP, La Moncloa recuerda que también Mariano Rajoy viajó a China, incluso Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia. En 2013, María Dolores de Cospedal fue a China como secretaria general del PP y llegó a firmar un “memorándum de entendimiento, intercambio y cooperación” entre el PP y el Partido Comunista de China.

La realidad es que el viaje llegó en el momento más simbólico, y lejos de posponerlo, como le reclamaba el PP, Sánchez decidió aprovecharlo al máximo. “Un país con una política exterior con identidad propia como España tiene que mirar a China sin dejar de tener una buena relación con Washington”, explicaba en el viaje el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. “La política exterior española no va contra nadie”, insistía Sánchez.

En el Gobierno aseguran que, pese al exabrupto del secretario del Tesoro de EEUU, que atribuyen a un momento de relajación en una cena, y no a una posición oficial, Washington no ha protestado por el viaje ni ha mostrado ninguna intención de tomar represalias. Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, habló con Albares cuando ya se sabía que iría a Pekín y no le trasladó ningún malestar. “Sería una falta de respeto a la soberanía española. Nadie nos puede decir dónde podemos viajar. Las cosas no son tan burdas”, señalan en la delegación española.

En el Gobierno español ha sorprendido aún más que líderes territoriales del PP, como el andaluz Juanma Moreno, o incluso del PSOE como Emiliano García-Page —aunque levemente—, critiquen la oportunidad del viaje a China. Porque una de las cosas que hizo Sánchez, de forma más discreta, fue reunirse con empresarios chinos que tienen inversiones en España o están planeando tenerlas. Y los beneficiarios serán precisamente las autonomías en las que se instalen las fábricas. “Y como el PP gobierna en casi todas las autonomías, pues seguro que esto afecta positivamente a comunidades controladas por el PP”, resumen en el Gobierno. De hecho, dos de las mayores inversiones chinas ya previstas están en Extremadura y Aragón, en manos del PP, y hay otras que se están fraguando para otras autonomías populares.

En La Moncloa no entienden esta jugada tan corta del PP, y lo atribuyen a la presión de Vox. “Yo entiendo que les descoloque que Sánchez, al que detestan, sea el que tiene todo el protagonismo porque está en el día clave en un lugar decisivo, en Pekín. Pero la realidad es que estamos buscando inversiones chinas en España y facilidades de exportación para empresas españolas en China. Es nuestro trabajo. Es lo que nos piden los empresarios. Si EEUU se cierra, hay que abrir horizontes. Es lo lógico, y si el PP mirara un poco más a largo plazo debería apoyarlo”, resume un miembro del Gobierno.

Sánchez siempre juega fuerte. Obviamente en La Moncloa son conscientes de que toda maniobra de alto nivel tiene riesgos, y esta del acercamiento a China también. Nadie se engaña. Los chinos no son socios fáciles. Ponen mil problemas para la entrada de empresas extranjeras en su mercado. Cuando les dejan, es con socios chinos para quedarse con su tecnología y copiarla o incluso mejorarla, para ser más fuertes después. Son durísimos negociadores, todo es muy lento y absolutamente centralizado: el Gobierno controla todos los movimientos. Los empresarios no se mueven sin autorización del Ejecutivo. El riesgo además es que ahora, al cerrarse el mercado de EE UU, los productos chinos baratos —y en general los asiáticos— inunden el mercado europeo. De esto también hablaron con Xi, que les aseguró que no será así. Pero es difícil que no suceda.

Nada es fácil con China, con el que España, y Europa, juega con gran desventaja: el déficit comercial es descomunal. En 2024, España compró a China bienes por valor de 45.000 millones de euros y le vendió solo por 7.500. El 94% del déficit comercial español se explica por China. Pero a la vez, Sánchez cree, y lo dejó claro en su mensaje, que una vez que EE UU se cierra, Europa no puede vivir de espaldas a China, que sigue apostando por el multilateralismo, por la Organización Mundial del Comercio, por algunas cosas básicas que le gustan a la UE y que Trump está rompiendo. “Evidentemente China no es la panacea. El mundo es complicado. Pero si EE UU se cierra, un Gobierno serio tiene que mirar a China. Hay que buscar la mejor relación posible. Sánchez ha demostrado que es un líder que tiene entrada en Pekín, y que está en todos los centros de decisión relevantes en Europa. Eso es un valor clave en un momento así. El PP no lo puede aceptar, pero la realidad es que en esta liga Feijóo directamente no juega”, explica un miembro del Ejecutivo.

El PP, sin embargo, ha apretado el acelerador de las críticas a Sánchez por el viaje a China, convencido de que tendrá desgaste. Feijóo, como es habitual, juega todas las cartas a la vez: critica a Trump, pero pide no alejarse de Washington. Critica a Vox por estar con el presidente de EEUU, pero a la vez evita romper y negocia con ellos los Presupuestos autonómicos. En el Gobierno siguen pensando que el PP está muy descolocado en política internacional. Los populares insistieron, por ejemplo, en que en Europa había rechazo al viaje de Sánchez en este momento. Pero el presidente habló antes y tenía previsto hacerlo también después con Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Y ella ya ha confirmado que en julio estará en Pekín para una cumbre UE-China. Sánchez insiste en que en esto está totalmente alineado con Bruselas. Y por eso está seguro de que Feijóo se quedará fuera de juego con estas críticas.

En el PP, en cualquier caso, siguen pensando que las elecciones no se decidirán por cuestiones de política internacional. El desgaste de Sánchez, y especialmente de Sumar, insisten, va por otro lado, y tiene que ver con la política interna. Y seguirá creciendo. En La Moncloa no están de acuerdo: creen que basta ver la prensa cada día para darse cuenta de que Trump lo invade todo, y la forma de reaccionar a este desafío de cada líder sí contará mucho cuando haya elecciones. Porque los ciudadanos han entendido que esto no es algo ajeno, sino la batalla ideológica más importante, la que decide cómo será el mundo de los próximos 80 años, ahora que Trump rompe con el que ha sido el orden mundial de los anteriores 80. Y ahí es donde, de nuevo, Sánchez juega fuerte y marca un perfil claro frente a Trump, incluso con un desafío como plantarse en Pekín. Mientras Feijóo parece seguir pensando que esta no es su batalla.

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En la reunión con el primer ministro español, el líder del gigante asiático también ha trasladado palabras simbólicas de acercamiento en un momento de choque total con Washington por la guerra comercial desatada por Donald Trump. “Cuanto más turbulenta y cambiante sea la situación internacional, más importante será mantener un buen desarrollo de las relaciones sino-españolas”, ha resumido Xi, que hasta ahora no había hecho ninguna mención a la crisis de los aranceles con Estados Unidos y ha entrado de forma colateral por primera vez frente a Sánchez, aunque sin hablar expresamente de la decisión de Washington.

La tradición china es que los primeros saludos de las reuniones se hacen de forma pública, con las cámaras delante. Y ahí se ha visto no solo la cercanía en las palabras, sino también en los gestos, con la llegada de los dos líderes juntos a la reunión. Sánchez contesta así a las amenazas que le había lanzado la administración Trump ante este viaje y el acercamiento a Pekín, que el presidente español refrenda con esta reunión clave. El presidente del Gobierno busca responder así también a las críticas internas en España, sobre todo del PP. Sánchez es el primer líder internacional que visita al presidente Xi desde que estalló la guerra comercial con EE UU, ahora recrudecida por la decisión de Trump de suspender todos los aranceles menos los que ha establecido con China, que llegan al 145%.

En la rueda de prensa, Sánchez ha pedido al PP “anteponer el interés general y la altura de Estado, una mirada larga ante los desafíos extraordinarios” que atraviesa el mundo. El presidente insiste en evitar el choque con Trump, y sostiene que es compatible viajar a Pekín y reforzar lazos con China con mantener una buena relación con Washington. “La política exterior española no va contra nadie y es coherente con la de gobiernos anteriores”, ha dicho el presidente como mensaje al PP, para recordarle que Mariano Rajoy también viajó a China y buscó la cercanía de Xi.

Sánchez ha mostrado en este viaje su lado más diplomático, y ha evitado cargar contra Trump. De hecho, ha concluido la rueda de prensa con una llamada al diálogo entre la primera y la segunda potencia económica mundial: “Nadie gana en la guerra comercial, el mundo necesita que tanto China como EE UU hablen”.

La cercanía entre los dos líderes ha sido muy evidente. “Esta es la tercera visita suya a China en tres años”, ha recordado el propio Xi frente a Sánchez. “Es una muestra de la alta importancia que atribuye usted y también de su firme voluntad de profundizar las relaciones bilaterales, por lo cual expreso mi aprecio. En los últimos encuentros, tanto usted como yo coincidimos en crear unas relaciones sino-españolas de determinación estratégica y cooperación de ganancias compartidas”, ha insistido. “Actualmente, la acelerada evolución de los cambios mundiales nunca ha visto si una centuria se entrelaza con los múltiples riesgos y desafíos. Y en este contexto, solo con solidaridad y colaboración entre los países podremos defender la paz y la estabilidad del mundo y promover el desarrollo y la prosperidad globales”.

Xi ha subrayado “que no hay vencedores en una guerra arancelaria, y que oponerse al mundo solo lleva al aislamiento”. Las declaraciones son de extrema importancia. Es la primera vez que habla de la guerra comercial desde la última escalada. El presidente chino ha destacado que durante más de 70 años, el desarrollo de China “siempre se ha basado en la autosuficiencia y el trabajo duro, sin depender de nadie, ni temer la represión injustificada”, ha indicado, según la lectura oficial de Pekín recogida por los medios estatales.

Xi ha recordado además que Sánchez publicó recientemente un artículo con el presidente de Brasil, Lula de Silva, y el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, “haciendo un llamamiento para dar un nuevo impulso al multilateralismo, defender los intereses comunes de toda la humanidad y rechazando el repliegue hacia el aislamiento, acciones unilaterales o disrupciones, poniendo de manifiesto sus visiones estratégicas y reflexiones racionales”. Así, Xi le estaba diciendo a Sánchez que ambos coinciden en rechazar abiertamente el giro de Trump. Desde el punto de vista estratégico, Xi también defendió, como Sánchez, que es necesario “impulsar las relaciones sino-europeas y hacer una mayor contribución a la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo del mundo”.

Aun así, el presidente del Gobierno ha puesto un matiz que siempre coloca en sus visitas a China, y que hace referencia al enorme déficit comercial que tiene España y la UE con el gigante asiático, y que se debe también, según las quejas de los europeos, a las dificultades que los chinos ponen a los productos y a las empresas extranjeras. Por eso Sánchez ha hablado de unas “relaciones equilibradas”. España de hecho se lleva cuatro acuerdos para facilitar las exportaciones españolas a China, entre ellos del porcino, un asunto muy relevante porque supone más de 1.200 millones de euros cada año para la industria española, y también de cosméticos, productos sanitarios y medicamentos. Sánchez ha aprovechado también para intentar rematar grandes inversiones de empresas chinas en España que están maduras, y se ha visto con varios empresarios locales.

Sánchez mostró un claro acercamiento político con Xi: “Valoro como un gesto de respeto y de amistad hacia España este encuentro bilateral que prueba nuestro mutuo interés por mantener una interlocución fluida y al más alto nivel, a la que hoy damos un nuevo impulso”, ha dicho el presidente, que apuesta por “trabajar en temas de interés común, fomentando el comercio y las inversiones de una forma equilibrada para que redunden en el desarrollo de nuestros países desde nuestras visiones respectivas y fomentar el acercamiento entre nuestras sociedades”.

A este respecto, el presidente del Gobierno ha indicado que desea “impulsar el aprendizaje de nuestros idiomas, el intercambio académico y científico y el conocimiento de nuestro inmenso patrimonio cultural a través del turismo”, y ha dicho a Xi que España “es un país profundamente europeísta que ve a China como socio de la Unión Europea, y Europa es un proyecto de paz y de democracia, de progreso y de apertura económica, de compromiso con el orden multilateral y la solidaridad internacional”, ha rematado.

Sánchez además ha destacado otras cuestiones en las que España se acerca a China y se aleja de las nuevas posiciones de Washington, que se ha salido del Acuerdo de París. “Hacer frente a los desafíos de la humanidad resulta urgente. No podemos postergarlo. La emergencia climática, las guerras que no cesan, la lucha contra la pobreza y el acceso a la financiación de los países más vulnerables exigen de una acción conjunta y decidida por parte de la comunidad internacional”, ha insistido el español.

En el encuentro, Xi también ha asegurado que a pesar de los “cambios en el entorno exterior” ―sin referirse de forma directa a Estados Unidos― “China mantendrá su confianza y determinación y se centrará en sus propios asuntos”, según la versión oficial de Pekín.

El líder chino ha hablado de China y la UE como “dos de las principales economías del mundo, firmes partidarias de la globalización económica y el libre comercio”. Sus palabras llegan en un momento en el que Pekín y Bruselas recalibran sus lazos y tantean un acercamiento en medio del turbulento escenario geopolítico y comercial. Ambas forman “una estrecha simbiosis económica”, ha dicho Xi. “China y la UE deben cumplir con sus responsabilidades internacionales, salvaguardar conjuntamente la tendencia de la globalización económica y el entorno comercial internacional justo, y resistir conjuntamente las prácticas unilaterales e intimidatorias”. De nuevo, el manotazo de Trump al tablero comercial mundial, presente en la conversación, pero sin ser mencionado de forma directa.

El presidente chino, en todo momento, ha expresado el valor de la larga relación con España: “Cuanto más compleja e incierta sea la situación internacional, más importante se vuelve el desarrollo estable y positivo de las relaciones entre China y España”. La amistad entre ambos países, ha asegurado, “es la elección correcta de los dos pueblos basada en la amistad tradicional, las necesidades actuales y los intereses a largo plazo”. Y ha destacado la disposición de la República Popular China a trabajar con España en campos punteros como las nuevas energías, la fabricación de alta tecnología, y las ciudades inteligentes.

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Sánchez será el primer mandatario europeo en verse cara a cara con el presidente chino, Xi Jinping, desde la escalada arancelaria. El encuentro está previsto para el viernes a las 11 (hora local; las cinco de la madrugada en la España peninsular) y llega en un momento crítico en el que Estados Unidos ha elevado el zarpazo de gravámenes hasta el 145% a los productos chinos y Pekín ha replicado con una subida hasta el 84%, que ha entrado en vigor este jueves, llevando a cotas insólitas la guerra comercial. Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado una tregua de 90 días al resto de países.

El portavoz chino también ha hecho una defensa de los lazos con España, como una “parte importante de sus relaciones con Europa”. Ha asegurado que el comercio bilateral entre ambos países superó los 50.000 millones de dólares en 2024 (más de 45.000 millones de euros) y que las exportaciones españolas hacia China aumentaron un 4,3%.

“En los últimos años, las empresas chinas han impulsado la cooperación en el sector de las energías renovables en España, contribuyendo al desarrollo verde y bajo en carbono. Ambos países mantienen una comunicación fluida en ámbitos multilaterales y colaboran para defender el sistema internacional con la ONU como núcleo y el sistema multilateral de comercio centrado en la Organización Mundial del Comercio”, ha defendido el portavoz en la comparecencia. “La cooperación chino-española siempre ha dado impulso a las economías de ambos países y el desarrollo del mundo”, ha apuntado.

Mientras, Sánchez, que ya ha aterrizado en Pekín, también defiende el viaje a China ya que era perfectamente consciente de lo simbólico del encuentro con Xi en un momento como este. El jefe del Gobierno español ha hecho una apuesta decidida por acercarse a este país, como demuestra el hecho inusual de que esta será su tercera visita en tres años, algo que no ha hecho con ningún otro país fuera de Europa. La decisión de viajar a Pekín en este momento ha sido criticada con dureza por el PP. La vicesecretaria de este partido, Ester Muñoz, ha asegurado que “los socios europeos no ven con buenos ojos este acercamiento” que “genera una tensión internacional dentro de la propia UE”, aunque no ha dado ningún dato objetivo para respaldar esta idea. La Moncloa insiste en que el viaje está coordinado con la Comisión Europea.

El entorno de Sánchez ha contestado a los populares nada más aterrizar en Pekín: “No entendemos las críticas del PP a un viaje que es positivo para España, sus. Como siempre, nosotros seguimos en la idea que el presidente ha compartido estos días sobre la diversificación de alianzas comerciales, una posición alineada con la UE, y que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha reiterado hoy en uno de sus comunicados”, aseguran. Se refieren a unas palabras de Von der Leyen en las que defiende que Europa “sigue centrándose en diversificar sus asociaciones comerciales, colaborando con países que representan el 87% del comercio mundial y comparten nuestro compromiso con un intercambio de bienes, servicios e ideas libre y abierto”, en clara referencia también a China.

Antes de viajar a Pekín, Sánchez también había defendido expresamente su apuesta por este viaje a Vietnam y China en este momento tan simbólico. “Solo el multilateralismo y la solidaridad entre naciones pueden hacer frente a este tipo de desafíos globales. España defiende un mundo de puertas abiertas. Solo hacen falta unas reglas justas. Esa es la hoja de ruta de Europa. Y ahora no solo vamos a mantenerla, sino que vamos a ampliarla”, aseguró el presidente reivindicando así su viaje. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que lo acompaña en el viaje, también ha defendido esta apuesta por acercarse más al gigante asiático en este momento. “Europa en lo comercial tiene que mirar hacia otros socios posibles como Mercosur, y en Asia, China e India”, insistió.

La respuesta de Pekín y también de Sánchez y su equipo llega después de que el secretario del Tesoro estadounidense, firme defensor de los gravámenes, citara declaraciones de Pedro Sánchez durante su visita oficial a Vietnam acerca de respaldar a China. “En términos de escalada, desafortunadamente el mayor actor en el sistema de comercio global es China, y es el único país que ha escalado”, dijo Bessent. “Puedo decir al resto del mundo que… no estoy seguro de si el primer ministro [Sánchez] o el ministro de Economía de España [Carlos Cuerpo] hicieron algunos comentarios esta mañana [en el sentido de que] todos, bueno, deberíamos alinearnos más con China. Eso sería cortarse su propia garganta porque puedo decirles que el muro arancelario de EE UU va a mantener fuera, [porque] el modelo de negocio chino es, para todos los que puedan recordarlo, como aquella película de Disney de las escobas rompiendo los cubos de agua”.

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Desde Ciudad Ho Chi Minh, el gran polo económico de Vietnam, la última etapa de su viaje a este país antes de volar esta tarde hacia China, Sánchez ha sido muy claro en los dos mensajes: por un lado, satisfacción con la marcha atrás de Trump, por otro, críticas a sus aranceles y defensa de la firme decisión de España de no quedarse parado y buscar nuevos mercados en Asia para estrechar relaciones con Vietnam y con China, dos de los países más afectados por la guerra comercial del presidente de EE UU. Sánchez será así el primer líder internacional que visita a Xi desde el establecimiento de los nuevos aranceles, todo un símbolo de la apuesta de Madrid por acercarse a Pekín, aun a riesgo de que eso suponga un choque con Washington.

Para Sánchez, la tregua decretada por Trump es “una puerta a la negociación y al acuerdo entre países”, y, por tanto, una buena noticia. Sin embargo, el presidente español ha criticado la decisión anterior, la imposición de aranceles “a todo el mundo, entre ellos un escalofriante 46% a Vietnam” como “una decisión injustificada e injusta”. Sánchez asegura que España siempre ha defendido y defenderá “un mundo de puertas abiertas” y en cualquier caso el Gobierno protegerá a las empresas y trabajadores españoles frente a estos ataques comerciales. “La respuesta de España está siendo coordinada con la UE para proteger a nuestros exportadores. Ni una sola empresa quedará a la intemperie por culpa de esta medida”, ha asegurado.

Lo ha dicho en el marco de un foro económico con empresas españolas con presencia en Vietnam en el que han participado algunos de sus representantes, como Emma Antolín, vicepresidenta del Grupo Antolín, de componentes para automóviles, que tiene fábrica en este país y ha reivindicado la exitosa colaboración tecnológica con su socio vietnamita, en un claro mensaje de rechazo al mundo cerrado que Trump está planteando.

Sánchez ha defendido en Vietnam esa visión del mundo completamente diferente a la de Trump. “Solo el multilateralismo y la solidaridad entre naciones pueden hacer frente a este tipo de desafíos globales. España defiende un mundo de puertas abiertas. Un mundo en el que el comercio une a nuestros pueblos, y los hace más prósperos. Y compartimos con Vietnam ese objetivo. El comercio no es un juego de suma cero. Si uno gana, el otro también puede ganar”, ha afirmado el presidente. “Solo hacen falta unas reglas justas. Esa es la hoja de ruta de Europa. Y ahora no solo vamos a mantenerla, sino que vamos a ampliarla y perseverar en ella. Con nuevos socios. Y con una apuesta firme y decidida por el multilateralismo y por abrir nuevos horizontes”, ha insistido defendiendo así su apuesta por acercarse más a Vietnam y a China.

En los pasillos de este foro, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, en conversación con los periodistas que cubren el viaje, también ha indicado en la idea de que el giro de Trump es positivo. “Es una buena noticia todo lo que suponga diálogo e intercambio. Queremos mantener la relación entre la UE y Estados Unidos, la mayor del mundo”, ha asegurado. El ministro, en cualquier caso, también ha defendido el viaje a China: “Es un viaje que hay que ver con toda normalidad dentro de una política exterior con identidad propia como la española. Europa en lo comercial tiene que mirar hacia otros socios posibles como Mercosur, y en Asia China e India”, ha asegurado. La tensión baja así un poco en la delegación española, pero aún queda el momento clave del viaje, la reunión con Xi en Pekín, y nadie puede predecir qué consecuencias tendrá esa imagen en la relación del Gobierno de Sánchez con la administración Trump, de la que le separa un abismo ideológico.

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“En términos de escalada, desafortunadamente el mayor actor en el sistema de comercio global es China, y es el único país que ha escalado. Puedo decir al resto del mundo que… no estoy seguro de si el primer ministro [Sánchez] o el ministro de Economía de España [Carlos Cuerpo] hicieron algunos comentarios esta mañana [en el sentido de que] todos, bueno, deberíamos alinearnos más con China. Eso sería cortarse su propia garganta porque puedo decirles que el muro arancelario de EE UU va a mantener fuera, [porque] el modelo de negocio chino es, para todos los que puedan recordarlo, como aquella película de Disney de las escobas rompiendo los cubos de agua”

En una conversación informal con los periodistas que cubren su viaje oficial a Vietnam y China, Sánchez consideró que Europa debe cambiar su mirada hacia China y también a la inversa y se mostró convencido de que España puede jugar un papel de constructor de alianzas más equilibradas entre ambas partes.

Bessent, que trabaja en la nueva legislación fiscal que se presentará probablemente este verano, ha comparado el modelo de negocio chino, “para aquellos que puedan recordarla, con esa película de Disney de las escobas cargando cubos de agua, ese es el modelo de negocios chino. Nunca se detiene. Siguen produciendo y produciendo y tirando y tirando, y eso va a alguna parte”, ha dicho el titular del Tesoro sobre el dumping y la inundación de productos baratos chinos en el mercado estadounidense. En un guiño a los países aliados de EE UU, Bessent ha concluido su reproche afirmando que “al final del día probablemente podamos llegar al ideal de un acuerdo con los aliados, con otros países que han sido a largo plazo buenos aliados militares, aunque no perfectos aliados económicos, y entonces podremos acercarnos a China como grupo”. España, reticente como miembro de la OTAN a obedecer el mandato de Trump de destinar el 5% del PIB a la organización, no parece militar entre los “buenos aliados militares” que cita Bessent; las declaraciones de Sánchez en Hanói no concuerdan tampoco con la de un “perfecto aliado económico”.

Desde Ciudad Ho Chi Minh, donde participa en el viaje a Vietnam y China del Gobierno español, el ministro de Agricultura, Luis Planas, trató de suavizar la polémica, y dijo que esas palabras del secretario del Tesoro de EEUU habían sido pronunciadas en una cena, restándole importancia, y que no está claro si se refería a España. Pero en cualquier caso insistió en que España va a mantener no solo el viaje a Pekín sino la ampliación de relaciones con China en este momento, que es lo que molesta a la Administración Trump. “El Gobierno de España defiende los intereses de España en el marco de la UE. Tenemos unas excelentes relaciones comerciales con China, que evidentemente pretendemos no solo continuar sino ampliar. Esto no es contradictorio ni por parte de España ni por parte de la UE. Ampliar relaciones comerciales con socio tan importante como China no va en detrimento de nadie, pero cada uno tiene que sacar sus lecciones de este tema”, ha asegurado Planas. El ministro ha recordado que la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, “ha apelado al diálogo con China”. Planas asegura que el Gobierno español está “muy tranquilo” con su posición y con este viaje, aunque es presumible que pueda haber más polémica con EEUU cuando Sánchez se encuentre el viernes con Xi Jinping, el líder chino, en este momento de máxima tensión con Washington.

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Desde su primera intervención pública en Hanói, capital de Vietnam, en una reunión con el primer ministro de este país, Pham Minh Chinh, en un mensaje que después repitió varias veces, Sánchez fue muy claro: “Nadie gana con las guerras comerciales, todos los países perdemos y sobre todo quienes pierden son los trabajadores y la clase media de nuestros países”. “Vietnam y España comparten compromiso con el multilateralismo para hacer frente a la emergencia climática o los objetivos del desarrollo sostenible. Somos defensores del libre comercio para lograr desarrollo de nuestros pueblos”, ha insistido el presidente español. El líder vietnamita también ha lanzado un mensaje similar: “Vietnam y España se deben apoyar en este contexto lleno de retos y dificultades. Hay muchos desafíos, los dos valoramos el multilateralismo y llamamos a la unidad internacional, y dentro de ella está España”.

El mensaje político del viaje es así muy claro: los dos países, como sucederá también en China, están radicalmente en contra de los aranceles planteados por Trump y se alían para enfrentarse a ellos buscando alternativas comerciales y presionando a EE UU para que reconsidere su decisión. Sin embargo, cada país tiene una estrategia diferente, y mientras China ha optado por un enfrentamiento directo con aranceles de respuesta, que están escalando la guerra comercial entre ambos países, Vietnam de momento está optando por la negociación con Trump porque su economía es muy dependiente de este país, con el que mantuvo una larga guerra de la que ahora se cumplen 50 años. Trump ha puesto aranceles a Vietnam del 46% y de momento el Estado asiático ha decidido no contestar con otros.

Sánchez ya ha tenido respuesta del Gobierno de Trump. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha criticado este miércoles que el Gobierno haya dicho que tal vez España deba acercarse a China ante el proteccionismo comercial de la Administración de Donald Trump: “Sería como cortarte tu propia garganta”, aseguró en un evento con banqueros. Desde Ciudad Ho Chi Minh, el ministro de Agricultura, Luis Planas, evitó el choque directo y restó importancia a estas palabras, pero fue muy claro: Sánchez va a seguir con su viaje a Pekín -aterrizará allí este jueves con agenda política el viernes- y también va a apostar por “ampliar” sus relaciones con China. Planas defendió el acercamiento al gigante asiático: “el Gobierno de España defiende los intereses de España en el marco de la UE. Tenemos unas excelentes relaciones comerciales con China, que evidentemente pretendemos no solo continuar sino ampliar. Ampliar relaciones comerciales con socio tan importante como China no va en detrimento de nadie, pero cada uno tiene que sacar sus lecciones de este tema”. El ministro recordó que la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, “ha apelado al diálogo con China”. Sánchez, por tanto, va a Pekín como enviado de alguna manera de la Unión Europea, como primer líder que visita a Xi tras la entrada en vigor de los aranceles, y asume el posible coste que eso pueda tener en su relación con EEUU.

Mientras, el primer ministro vietnamita, un país aún dirigido por el Partido Comunista que ganó aquella guerra contra los vietnamitas del sur apoyados por EE UU, ha recordado ese enfrentamiento que dividió al país y ha lanzado un mensaje claro a Washington, que después de muchos años de colaboración ahora amenaza la economía de este país. “Cumplimos el 80º aniversario de fundación de nuestro país y el 50º de la reunificación. Nosotros nos enfrentamos al fascismo y al nuevo imperialismo. Logramos reunificar el país, pero siempre sentimos la consecuencia de aquella guerra. Después nos enfrentamos también a los crímenes de la humanidad en Camboya. Tuvimos más de 40 años de lucha. Ahora también nos enfrentamos a muchas dificultades”, admitió Min Chinh. Sánchez visitó después el mausoleo de Ho Chi Minh, donde está la momia del histórico fundador del comunismo vietnamita y héroe nacional del país, en el que su busto y su imagen es omnipresente. El presidente español hizo una ofrenda floral en el mausoleo, algo habitual en todos los líderes extranjeros que visitan Hanoi. Sánchez también se reunión además con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, clave en el reparto del poder de este país, y con el presidente de la República Socialista de Vietnam, Luong Cuong, con los que se deshizo en elogios por el desarrollo de su país, que en su opinión lo colocará en 2050 entre los de rentas altas en el mundo.

Sánchez también recordó ese 50° aniversario de la reunificación, y por tanto del fin de la guerra de Vietnam, en la que EE UU, que dejó aquí más de 58.000 muertos, fue derrotado. Las cosas han cambiado mucho desde entonces en este país con símbolos comunistas por todas partes e incluso un gran parque Lenin con su estatua del gran ideólogo del comunismo soviético en el centro de Hanói, pero a la vez volcado en el comercio y la gran producción industrial capitalista de grandes multinacionales de EE UU como Nike y centrada en la exportación. Ahora Vietnam, en un modelo relativamente similar al chino, tiene un crecimiento imparable -el 6% anual de forma constante, recordó Sánchez, algo “impresionante”, según sus palabras- del que muchas empresas españolas que acompañan a Sánchez en el viaje quieren participar.

Sánchez insistió en mensajes positivos hacia el país para buscar oportunidades comerciales e industriales, además de grandes contratos de obra pública para empresas españolas. “España valora los avances en desarrollo de Vietnam, y desea acompañarlos. España y Vietnam se encuentran entre las economías más dinámicas del mundo. Venimos a firmar acuerdo para caminar hacia una relaciónestratégica integral. Queremos fortalecer nuestra colaboración en sectores tan importantes como la agricultura y la pesca”, explicó Sánchez, que viaja también acompañado por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. El mensaje frente a Trump y a favor del multilateralismo que está poniendo en cuestión el presidente de Estados Unidos es, pues, muy claro, y forma parte del eje central de este viaje que llega en plena tormenta arancelaria y que tendrá su momento cumbre con el encuentro en el Palacio del Pueblo con Xi Jinping.

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De momento ya hay negociación con el PP y, con idas y venidas, un nuevo tono entre los dos grandes partidos, pero sobre todo Sánchez cree que esta tormenta perfecta en los mercados provocada por Trump, que en su visión ha cometido un error de cálculo enorme, va a tener consecuencias políticas directas en España porque servirá para que se hagan más visible para los ciudadanos las consecuencias de lo que él siempre ha llamado “internacional ultraderechista” y también el riesgo de los partidos que pactan con ellos, en referencia al PP. Sánchez recuerda que él lleva más de tres años, pero especialmente en la campaña de 2023, alertando de las consecuencias de que la ultraderecha llegue al poder y aplique sus ideas. Y ahora se ve en todo el mundo con Trump, explica.

Pero sobre todo, pese a la vía abierta al diálogo entre los dos grandes partidos, Sánchez está especialmente interesado en aprovechar el momento para presionar al PP para que rompa con Vox. Es incompatible, explica el presidente, pactar los Presupuestos autonómicos con la ultraderecha, como está haciendo el PP, asumiendo parte de su discurso como ha hecho en la Comunidad Valenciana, y a la vez distanciarse de Trump, aliado de Vox, y decir que los aranceles son un error que hay que combatir. Con estas turbulencias mundiales, explica el presidente, se ve el riesgo que implica para Europa, para España y para la propia derecha tradicional la ultraderecha, y por eso no entiende por qué el PP no hace como otros partidos aliados suyos en Europa, como la alemana CDU, y cierra la puerta a cualquier alianza con Vox.

En el avión, cuando aún no se conocía que las aperturas de las bolsas iban a ser en positivo y frenar así algo la debacle de los últimos días, aunque las pérdidas acumuladas no se han recuperado, Sánchez ha explicado que, en su opinión, Trump se ha equivocado en el diagnóstico, porque en un mundo multipolar, muy conectado, esta guerra comercial va a hacer mucho daño en todo el planeta pero especial a la economía de EE UU. El presidente ha recordado que ya hay voces que señalan que llevará a la recesión en ese país y provocará un fuerte aumento de la inflación, precisamente lo contrario de lo que había prometido en su campaña electoral. Sánchez confía en que esas voces y otras, y sobre todo la repercusión directa de sus anuncios y el caos que ha provocado hagan que Trump recapacite y se abra a una negociación.

El presidente defiende con vehemencia la posición de la Comisión Europea, y habla muy bien de la cabeza fría que en su opinión está demostrando su presidenta, Ursula von der Leyen. Frente a otros líderes, como el francés Emmanuel Macron, que reclaman más contundencia y medidas de respuesta contra los gigantes tecnológicos de EE UU, Sánchez defiende la línea prudente de Von der Leyen, que se muestra abierta a una negociación.

Sánchez no niega que la situación es muy complicada, pero trata de ser optimista y cree que esto también genera una oportunidad para la UE para reforzar su unidad y mirar las cosas de otra manera, entre otras cuestiones con una mirada diferente hacia China o Vietnam, los dos países a los que también están viajando miembros importantes de la Comisión Europea. A pesar de los vínculos de Giorgia Meloni con Donald Trump —la italiana acaba de anunciar que será recibida en la Casa Blanca el 17 de abril—, Sánchez está convencido de que ella no irá por libre porque la Unión Europea es un mercado único y las negociaciones sobre lo que afecta a Italia corresponden a la Comisión Europea, de modo que no puede haber nada bilateral en cuestiones comerciales de aranceles.

De hecho, Sánchez está convencido de que esta crisis reforzará la unidad europea, al contrario de lo que piensan algunos analistas. El presidente cree que si la Unión Europea se mantiene unida demostrará que tiene una gran capacidad negociadora ante Trump, porque es el mayor gigante comercial del planeta.

En este contexto, Sánchez cree que España tiene un papel muy relevante. Este viaje a Asia, según el presidente, resulta importante para probar que España puede ser un constructor de alianzas más equilibradas entre China y la Unión Europea, pero también con América y con África, por la posición geográfica española que le da un lugar destacado. Y el presidente del Gobierno no va por libre, sino que tiene un contacto permanente con Von der Leyen, pero ha suavizado mucho su posición sobre China -España pasó del sí a la abstención en la votación sobre los aranceles a los coches chinos en la UE después el último viaje, el año pasado- y ahora, con este giro de Trump, cree que hay que mirar de manera diferente a estos dos países asiáticos.

En cualquier caso, el presidente recuerda que el gran problema con China -también con Vietnam, aunque el volumen de intercambio es mucho menor- es el enorme déficit comercial que tiene el gigante con la UE y con España, que tiene que ver con su propia dinámica exportadora de bienes baratos pero también con las dificultades que los chinos ponen a la entrada en su mercado de empresas españolas y europeas en general. Ese es uno de los grandes objetivos del viaje, convencer a Xi Jinping de que abra más sus mercados, aunque Sánchez ya lo intentó en viajes anteriores y de momento no ha habido muchos resultados.

Mientas en China ya hay mucho trabajo hecho, en Vietnam está casi todo por explorar y las empresas que acompañan a Sánchez en el viaje -ADIF, Grupo Antolín, EM&E, Indra, Palladium, PREMO, Recover, Renfe, Rolser, Talgo- buscan grandes contratos de obra pública y cuestiones similares para un país en pleno crecimiento económico y desarrollo de infraestructuras, aunque ahora en shock porque el 30% de PIB depende de las exportaciones a EE UU y necesita evitar a toda costa esos aranceles que les ha puesto a Trump, y por eso se han ofrecido a una negociación con el presidente de EE UU. Sánchez inicia así un viaje en plenas turbulencias, en dos de los países con más protagonismo en esta crisis, y convencido de que nada será igual después de esta semana frenética, tampoco en la política española.

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A la espera de posibles modificaciones tras las conversaciones de última hora, el borrador de ese real decreto ley de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes tiene entre sus principales novedades la ampliación de la moratoria contable que se aprobó en la pandemia y se ha mantenido para las sucesivas crisis, incluyendo la dana de Valencia, a las pérdidas que pueda ocasionar la guerra comercial, según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS. El plan recoge también la movilización de 14.100 millones de euros, de los que 7.400 son de nueva financiación y otros 6.700 se van a emplear procedentes de instrumentos ya existentes tanto financieros como comerciales.

Contiene además una línea de avales por valor de 5.000 millones de euros hasta el 30 de junio de 2026, plazo que podrá ser extendido por acuerdo del Consejo de Ministros, para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por las entidades financieras a las empresas afectadas por el cambio de la política arancelaria de Estados Unidos. Sus potenciales beneficiarios serán las empresas exportadoras e importadoras “que tengan una exposición significativa directa o indirecta” por ser proveedoras de empresas “expuestas significativamente al mercado de Estados Unidos”.

El decreto ha estado en discusión todo el lunes. En Sumar, socio minoritario de la coalición, creen que podría ser mucho más ambicioso, no solo con créditos, que es el corazón del escudo que ofrece Carlos Cuerpo, ministro de Economía y principal responsable del texto, sino también con ayudas directas y además con una limitación clara a las empresas que las reciban para que a cambio no puedan despedir a nadie por las consecuencias de estas turbulencias provocadas por los aranceles. Es algo parecido a lo que se hizo en pandemia, según explicó la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Pero al margen de la discusión en la coalición, el Gobierno ha trabajado para buscar el apoyo del resto de los grupos, también el PP, algo novedoso en la política española. Pero en los dos sectores insisten en que se trata de algo puntual, y es difícil ver un cambio de tercio de la legislatura porque el Gobierno sigue exigiendo al PP que rompa con Vox, algo que no tiene intenciones de hacer —de hecho, los populares están negociando más presupuestos autonómicos después del pacto alcanzado en la Comunidad Valenciana— y los populares mantienen todas sus otras discrepancias con el Ejecutivo.

Sin embargo, el desafío de Trump es tan grande que incluso obliga a los tradicionales rivales a intentar ponerse de acuerdo, aunque sea de manera puntual, porque tienen a los empresarios, sindicatos y ciudadanos en general presionando para buscar una solución a la crisis de los aranceles. Feijóo llegó a decir que ve “elementos acertados” en el decreto, un tono inédito en el líder de la oposición en una iniciativa del Gobierno, mientras Vox mantiene su discurso que evitar criticar a Trump y responsabiliza de todo a Sánchez y a la Unión Europea.

En una carta remitida por el responsable de Economía del PP, Juan Bravo, al ministro Cuerpo, los populares pidieron que se incorpore a las comunidades autónomas en la reasignación de los Fondos Next Generation, que se rediseñe el Plan MOVES (de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible), que el Ejecutivo detalle “las condiciones de los avales y los créditos ICO y que se garanticen que los tipos de interés estén bonificados para las empresas afectadas. Los populares quieren retirar también otras medidas que entienden que “no tienen relación con la situación de los aranceles”, como la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocadas por diversos acontecimientos naturales. Además, quieren que se añada al texto una disposición para que el Gobierno acuda trimestralmente al Congreso a rendir cuentas del plan. Fuentes del Ejecutivo explicaron que valorarán las propuestas y analizarán incluirlas en este texto o en decretos que se aprueben más adelante, aunque no “cambios profundos”. “Si el PP está en contra por sistema, tendrá que explicar por qué”, defienden en la Moncloa.

En un contexto de crisis global, el Gobierno no solo aprueba el escudo de medidas antiarancelarias, sino que además lanza una señal muy clara con un viaje del presidente a Vietnam y China, dos economías asiáticas contra las que va la guerra comercial del presidente de EE UU. Sánchez inició la gira este lunes por la noche mientras se cerraba el texto de protección a las empresas y trabajadores españoles. La señal, según explican en La Moncloa, es muy clara. El viaje es el mensaje. Sánchez no se va a quedar de brazos cruzados mientras Trump rompe el orden mundial conocido desde 1945 y, como otros líderes europeos y mundiales, se va a concentrar en buscar alternativas. “El mundo es muy grande”, resumen en La Moncloa, que ha preparado con tiempo este viaje, mucho antes de esta vorágine financiera por los aranceles de Trump, pero que ahora cobra un significado especial.

Mientras China ha decidido ir al choque con Trump, y él responde con más amenazas, Vietnam está intentando negociar. Pero los dos países son de los más afectados y también dos grandes mercados donde Sánchez busca nuevas oportunidades para la industria española. El presidente va acompañado por un grupo grande de empresarios, sobre todo de compañías especializadas en grandes contratos de obra pública, una oportunidad que se abre especialmente en Vietnam para las multinacionales españolas.

Es la primera vez que un presidente español visita Vietnam, un país aún poco explorado por las empresas españolas, pero que es ya un gigante de la producción asiática con 100 millones de personas y un crecimiento sostenido de su PIB, dominado como China por un Partido Comunista, pero en la práctica con una economía de mercado centrada en la producción a bajo coste para EE UU y para todo occidente.

Después, el presidente viajará por tercera vez en tres años a China, un país que ya se ha convertido en un referente en la política exterior española con Sánchez. El líder español aterrizará en Pekín para ver de nuevo a su líder, Xi Jinping, con el que ha forjado una buena relación política, en un momento crítico, con la guerra comercial global de Donald Trump recién desatada, las bolsas en caída libre y después de que China haya lanzado una contundente réplica contra los gravámenes del republicano. Pekín sacó el viernes la artillería pesada para devolver el golpe a Estados Unidos y anunció medidas en distintos sectores que incluyeron la imposición de aranceles del 34% a todos los productos importados desde Estados Unidos (la misma cifra que anunció Trump para China), restricciones a la exportación de artículos relacionados con siete categorías de tierras raras (elementos clave en la carrera tecnológica, y cuya producción domina la República Popular), además de una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio.

La situación es de extrema complejidad para España y para la UE. Bruselas teme, por un lado, que el mercado común sea inundado por el excedente de producción que ya no irá a parar a Estados Unidos desde las grandes fábricas del planeta, como China y Vietnam, fuertemente golpeadas por las nuevas barreras. Por otro lado, con la tradicional alianza transatlántica amenazada, la UE y China se miran desde hace semanas de reojo, con la intención de sondear campos en los que mejorar las relaciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hablado de la “oportunidad” para ampliar lazos comerciales y de inversión con China y otras regiones del planeta. Sánchez se ha pronunciado de forma parecida. Y su visita al gigante asiático puede ser interpretada en este sentido: en un mundo incierto, toca diversificar mercados.

Para España el gran reto es equilibrar una balanza comercial descompensadísima con China: las importaciones desde este país suman algo más de 45.000 millones de euros, mientras que España solo vende a China productos por valor de casi 7.500 millones de euros. Con Vietnam, país con el que el volumen de comercio es mucho menor, también existe un desajuste considerable. La idea del Gobierno es tratar de abrir nuevos mercados para sectores como el agropecuario y el cosmético. Ya lo hizo, en una anterior visita en 2023, cuando firmó acuerdos para facilitar la exportación del caqui y la almendra.

A la vez, y este es el punto sustancial, buscará seguir atrayendo inversiones. España se ha convertido en los últimos años en uno de los principales destinos para las empresas chinas dentro la Unión Europea. China acumula inversiones superiores a los 10.000 millones de euros en España en el ámbito del vehículo eléctrico y las energías renovables. Se han instalado empresas chinas como el fabricante de enchufables Chery, en Barcelona, mientras el gigante de baterías CATL ha anunciado que abrirá una planta en Zaragoza.

Durante la anterior visita de Sánchez al país asiático, en septiembre, otra compañía, Envision, se comprometió a poner en marcha un proyecto de más de 900 millones de euros en España para fabricar electrolizadores, imprescindibles en la producción de hidrógeno verde renovable. Fue el principal anuncio de un viaje que se inició con tensión: China amenazaba con vetar la entrada de carne porcina (una de las principales partidas exportadoras de España) si la UE mantenía los aranceles al coche eléctrico chino.

Desde China, Sánchez animó entonces a los socios comunitarios a reconsiderar esa posición. Y España acabó cambiando su voto inicial —de estar a favor de los aranceles a la abstención—, lo que relajó la postura china, y ha despertado alguna suspicacia entre los socios de la UE. Las barreras europeas al coche chino, en cualquier caso, salieron adelante.

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De nuevo, llega un momento pandemia para colocar todo el protagonismo en el Gobierno, que ha anunciado ya 14.000 millones de euros en ayudas, y fuerza al PP a recalibrar su posición con una patronal que vuelve a acercarse al Ejecutivo en busca de ayudas y planes de choque. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el hombre clave en esta crisis, al que Pedro Sánchez ha encargado que negocie los planes con empresarios y sindicatos, las autonomías y los partidos, ya se ha visto con el PP y tratará de consensuar con ellos y otras formaciones las primeras medidas, que en principio irán este mismo martes al Consejo de Ministros en forma de uno o varios decretos. Está previsto que haya intercambio de papeles entre grupos este domingo y lunes, antes del Consejo, algo que ya en sí indica un cambio importante en la relación entre los dos grandes partidos, aunque la desconfianza no ha desaparecido y todo puede complicarse en cualquier curva.

“Es un momento muy interesante. Todo se recoloca. También en Europa”, resume un ministro. “Nada indicaba que esta sería una legislatura europeísta, había mucho escepticismo. Y, sin embargo, cuando vamos a Bruselas, todos los ministros escuchamos discursos de unidad europea, de grandes planes conjuntos. Incluso ministros en teoría euroescépticos se suman. Es el efecto que tiene Trump. Lo cambia todo y hay que reubicarse. El PP también se ve forzado, aunque no nos creemos nada mientras siga pactando los Presupuestos con Vox. Si quiere hacer un cambio de verdad, tiene que empezar por romper con ellos”.

El golpe de Trump cambia por completo la política española. Ya lo había hecho su decisión de dejar sola a Europa, amenazar con retirarle el paraguas militar de EEUU que ha funcionado con una gran simbiosis desde el final de la II Guerra Mundial. Eso ya había girado el debate en Europa y forzado a Sánchez a garantizar que acelerará el cumplimiento del compromiso de llegar al 2% del PIB en gasto en defensa. Este mismo martes el Gobierno aprobará 2.000 millones de euros, en su mayoría para armamento.

El giro es radical en toda Europa, y nadie puede fingir que no existe. El PP, que en las primeras semanas tras la toma de posesión de Trump intentó seguir en su agenda nacional, se ha visto obligado a entrar de lleno para alejarse del presidente estadounidense, que en este momento es material tóxico para todos los políticos europeos. Incluso sus aliados más cercanos, como la italiana Giorgia Meloni, que estuvo en la toma de posesión del republicano, como Santiago Abascal, hacen equilibrios para decir que los aranceles son un “error” aunque “no una catástrofe”. Y en Alemania, un gobierno conservador rompe con la austeridad que siempre defendió la CDU y aprueba con socialdemócratas y verdes un fondo de 500.000 millones para infraestructuras, 100.000 de ellos para políticas contra el cambio climático. Un movimiento que contrasta radicalmente con el acuerdo del PP y Vox en la Comunidad Valenciana, por ejemplo.

En este contexto, el Gobierno cree que hay una gran oportunidad política porque los ciudadanos están comprobando los desastrosos efectos en EE UU de un gobierno de ultraderecha aliado directo de Vox. Sánchez vuelve así no solo al marco que en el que mejor se ha movido en estos siete años, esto es, los momentos difíciles en los que él defiende el uso de toda la fuerza del Estado para proteger a empresas y trabajadores, como anunció el jueves en La Moncloa. También al de las elecciones de julio de 2023, en el que logró movilizar a la izquierda para impedir un Gobierno del PP con Vox.

Por eso, y pese a que el Ejecutivo está negociando esta vez desde el primer momento el plan de los 14.000 millones con el PP, al que ha dado trato preferente, Sánchez y sus ministros exigen a los populares que aprovechen este momento antiTrump para romper con Vox. En esa línea se movió este sábado Diana Morant, ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos. “O se está con los productores y con la UE o se está pactando Presupuestos en la Comunidad Valenciana con los socios de Trump. ¿Qué más tiene que pasar en el mundo para que el señor Feijóo rompa con la ultraderecha y vuelva a la senda del Partido Popular Europeo? O con Vox o con Europa”, clamó.

En La Moncloa están convencidos de que eso no va a suceder. Feijóo necesita a Vox no solo en las autonomías y más de un centenar de ayuntamientos, sino en el futuro para llegar al Gobierno y no va a romper con ellos, analizan. Por eso creen que este nuevo tono del PP solo obedece a que sabe que hay un enorme rechazo social a las medidas de Trump y que los propios empresarios están presionando para que haya acuerdo. “Ahora está todo el planeta Tierra contra Trump. Pero el PP solo sería creíble si diera un golpe en la mesa y dijera ‘estoy dispuesto incluso a perder la Comunidad Valenciana pero yo rompo con los socios de Trump’. Esas son las decisiones que cambian la política y que te hacen ganar”, señala otro ministro. “Sánchez ha hecho algunas de esas. Pero Feijóo no lo hará. No es su estilo y tiene la presión de Ayuso. No logran sacudirse el miedo a esa competición con Vox para ver quién es más antisanchista”.

Otros miembros del Ejecutivo muestran su sorpresa por el fallo estratégico de Feijóo al no calcular que iba a llegar este momento de los aranceles y no haber pospuesto los acuerdos de Presupuestos con Vox para más adelante, no justo ahora cuando todo el foco está puesto en Trump, al que Abascal sigue defendiendo.

En cualquier caso, en La Moncloa están convencidos de que ahora viene una etapa “muy presidencial”, con mucho protagonismo de Sánchez, que esta semana viaja a Vietnam y China para lanzar un mensaje claro de que el mundo es mucho más grande que la patria de Trump y nadie se va a quedar parado mientras la gran potencia hegemónica de los últimos 80 años se encierra en sí misma. “Es el momento del Consejo Europeo, de los gobiernos, de los presidentes”, sentencia otro ministro. “Sánchez es ganador en estos debates. Feijóo no puede competir ahí. Si la agenda es internacional, el presidente no tiene rival”.

La visión del PP

En el PP, por el contrario, creen que Sánchez va a sufrir en este momento de turbulencia internacional porque no tiene una mayoría parlamentaria sólida para aprobar ninguna medida de calado y necesita unos Presupuestos que no puede sacar adelante. “La precariedad parlamentaria lo va a devorar”, auguran los populares.

En el partido de Feijóo destacan como un momento importante para entender su tono la reunión de su vicesecretario Juan Bravo con el ministro de Economía. A los populares les satisfizo el formato del encuentro con Cuerpo -en el que se les dio un trato preferente, porque fueron convocados antes que el resto de los grupos y en solitario- y percibieron “sensibilidad” del ministro a algunas de sus peticiones, como la de involucrar a las comunidades autónomas en la elaboración del plan para responder a los aranceles.

Tras esa cita, en la cúpula del PP confirman su disposición a un acuerdo con el Gobierno. “El PP no se va a cerrar a apoyar según qué medidas, cuando se produzcan. Es verdad que nuestra tesis es que cuando a Sánchez le fallen sus socios, no nos busque; pero tratándose de un tema de Estado, si el Gobierno nos los explica y podemos contribuir, este no va a ser un contexto en el que vamos a exhibir hostilidad”, explican en el gabinete del líder popular. “La situación está provocada por un factor exógeno, Trump, que compromete a nuestros sectores productivos, y hay una gran incertidumbre de las empresas españolas y los trabajadores. No somos un partido adolescente”, argumentan en el PP, que ha recibido estos días muchas llamadas de empresarios muy preocupados.

Los populares dejan claro que no se trata de un punto de inflexión en su relación con el Gobierno de Sánchez. En otros asuntos de Estado, como el aumento del gasto militar que reclama Bruselas, la distancia entre el PP y Sánchez sigue siendo la misma que hasta ahora. “Apoyar a un Gobierno en el que una parte quiere irse de la OTAN no es sencillo para nosotros”, arguyen en Génova.

Feijóo ve una oportunidad en este contexto, además, para desgastar a su principal rival en la derecha, Vox, atrapado en la incoherencia de defender a Trump pese a que los aranceles van a perjudicar la economía española. En el entorno del líder popular dicen tener encuestas internas en las que el partido de Santiago Abascal ha empezado a frenar su crecimiento, que se había disparado tras la dana de Valencia y la llegada de Trump a la Casa Blanca, a raíz de la escena de ataques del presidente estadounidense al de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Despacho Oval. Y el PP espera que se profundice ese retroceso ahora por la crisis arancelaria.

Feijóo ha disparado contra Vox esta semana, acusándoles de “antipatriotas” por seguir defendiendo a Trump. Pero, en paralelo, los populares esperan cerrar pronto los acuerdos presupuestarios con la extrema derecha en varias comunidades autónomas, como Murcia y Aragón, pese a la contradicción que supone. En Génova creen, en cambio, que no les desgastan esos acuerdos en su electorado y, al contrario, que el problema lo tendrían en los votantes de la derecha si solo le dieran la mano al PSOE y rompieran con Vox. Feijóo sigue al pie de la letra su hoja de ruta, en la que trata de hacer compatible crecer a la vez hacia el centro y hacia la derecha radical. En La Moncloa creen, por el contrario, que sigue metido en una contradicción insalvable, porque no se puede estar a la vez con Vox y contra Trump.

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Dados los compromisos internacionales de España, que tiene que llegar al 2% del PIB en gasto en defensa antes de 2029 y según ha anunciado Sánchez lo hará mucho antes, es probable que haya más partidas como esta en el futuro, aunque el Ejecutivo insiste en que aún queda mucha negociación por hacer y muchos datos por conocer. Entre ellos, el más importante es cuánto gastó España en 2024 según los criterios de la OTAN.

El acuerdo de Hacienda, que se hará a través de una transferencia de crédito a Defensa de 2.084 millones para atender “necesidades ineludibles”, ya fue estudiado en la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios el miércoles, y por tanto está todo listo para que el Consejo de Ministros lo apruebe este martes, aunque eso siempre se puede modificar a última hora.

Sumar, que rechaza el aumento del gasto en defensa, como ha dicho varias veces públicamente, resolverá la situación de la manera habitual: la vicepresidencia segunda, que dirige Yolanda Díaz, presenta observaciones en el proceso para mostrar su rechazo a esta partida, y las mantiene vivas para el Consejo de Ministros, pero la iniciativa sale adelante de todas maneras. Los ministros de Sumar han utilizado esta solución política para mostrar su discrepancia a la vez que permiten que siga adelante el gasto en varias ocasiones en los últimos meses, cada vez que había un aumento del gasto en defensa. Esta es la fórmula que ha encontrado la coalición para pactar esta discrepancia de fondo, que genera tensión mediática pero no pone así en riesgo la estabilidad del Gobierno.

El argumento técnico para utilizar esta vía de la transferencia de crédito, que evita tener que votar esta cuestión en el Congreso, algo que siempre genera problemas porque varios grupos de la mayoría rechazan cualquier aumento del gasto en defensa y habría que recurrir a los votos del PP, siempre una incógnita, es el hecho de que los Presupuestos estén prorrogados, y por tanto no se puede mover de la manera directa esta partida. Defensa argumenta que esa prórroga presupuestaria provoca que algunos programas, especialmente de armamento de última generación, se queden sin financiación, y por eso pide esta transferencia de crédito. Defensa argumenta que necesita este dinero para cumplir incluso con los contratos alcanzados con la industria militar y para dar respuesta a los compromisos internacionales.

El paquete más importante de inversiones, 870 millones de euros, se destinará según el plan de Defensa al programa especial de modernización 122B, que implica el “desarrollo, fabricación y adquisición de sistemas y equipos de defensa, que tienen una alta complejidad y larga duración, cuyo objetivo es lograr la modernización de las Fuerzas Armadas, dotándolas de los mejores sistemas de armas”. Esto es, armamento de última tecnología. Otros 803 millones irán al programa 122A, de modernización de las fuerzas armadas, que incluyen el sistema de Entrenamiento Integrado del Ejército del Aire y del Espacio, el Sistema de Defensa de Punto Antimisil, para proteger a los buques de la Armada, y además mantenimiento y reposición de equipos y sistemas para los tres ejércitos. El resto de gastará en programas de apoyo logístico y cuestiones de gestión del ministerio, investigación o asistencia hospitalaria.

El Gobierno ha ido soltando un goteo de aumentos de gastos en defensa de forma discreta, con más de 15 acuerdos en Consejos de Ministros desde noviembre de 2023, cuando tomó posesión el nuevo Ejecutivo. Antes, cuando no estaba Sumar sino Unidas Podemos en el Gobierno, también se hacía de una manera muy similar. De hecho la semana pasada, cuando Ione Belarra, líder de Podemos, le llamó “señor de la guerra”, Sánchez le recordó que cuando ella era ministra —de 2020 a 2023— también había los mismos aumentos del gasto en defensa y ella no le descalificaba así. El Ejecutivo los saca adelante con una gran discreción, y lo habitual es que ni siquiera se informe en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros entre los asuntos relevantes tratados en la reunión, y solo queda constancia a través de la referencia que se publica horas después.

Sánchez tiene mucha presión para aumentar de forma muy importante el gasto en defensa. Esta semana, en la reunión de la OTAN, ha quedado muy claro que la nueva administración de Donald Trump apuesta por exigir un 5% a todos los aliados, algo que el Ejecutivo español ve como completamente inviable. No es el único. Otros de diferente signo político, como el italiano, también rechazan de plano esa idea del 5% y también discuten el 3% que plantean otros aliados. España e Italia, como todos los demás, se comprometieron en 2014 a llegar al 2% y ese es el único objetivo que reconocen de momento, aunque es previsible que en la decisiva cumbre de la OTAN en junio en La Haya se alcance un acuerdo superior.

España e Italia tienen una situación similar, pese a sus diferencias políticas, porque tienen deudas altas —bastante más la italiana— y un margen limitado para aumentar mucho el gasto en defensa sin tocar el gasto social, como ha garantizado Sánchez. La opiniones públicas tanto española como italiana, pero también de otros países del sur que no sienten tan cercana la amenaza rusa, son claramente contrarias a aumentar el gasto en defensa si eso supone recortes sociales. Sánchez se mueve así en el equilibrio entre los compromisos internacionales que pretende cumplir, y su interés por mantener a España en el corazón de las decisiones, y la necesidad de poner límites a la escalada militarista que se vive en otros países del norte y el Este y sobre todo de no comprometer en ningún caso el gasto social. En La Moncloa insisten en que es perfectamente compatible y todo se verá en los próximos meses, cuando se le ponga cifras y plazos a los compromisos. De momento, este martes, si no hay cambios de última hora, habrá un primer golpe de más de 2.000 millones de euros.

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Y, de hecho, este jueves, de forma muy rápida, poco después de los anuncios de Sánchez, se produjo la primera reunión entre el Gobierno y el PP para hablar de las medidas frente a la ofensiva de Trump. La protagonizaron, por un lado, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y, por el otro, el máximo responsable económico del PP, Juan Bravo, y la senadora Paloma Martín. La cita se mantuvo de forma discreta, pero los mensajes que transmiten ambos grupos son positivos. Ahora habrá que ver si es posible que el PP llegue a apoyar en el Congreso las medidas del Gobierno que requieran aprobación parlamentaria, que según el Ejecutivo no son todas, aunque el próximo martes se verá con los decretos que se aprueben en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, pese a estos iniciales llamamientos a la unidad, la desconfianza entre el Gobierno y el PP sigue siendo muy profunda. En La Moncloa, a pesar de que tienden la mano para buscar un acuerdo frente a Trump, insisten en que el PP “tiene que elegir” porque no puede mantener su alianza en las autonomías y sus pactos presupuestarios con Vox, que defiende en todo momento al presidente de EE UU, con una crítica rotunda a los aranceles impuestos por el líder republicano. “El PP tiene que decidir si va a las posiciones del PPE y se aleja de Vox o se mantiene atado a la ultraderecha”, señalan en el Ejecutivo.

En su discurso, Sánchez no cargó las tintas como otras veces contra el PP, y pidió “ir todos a una”, porque “el ataque arancelario de Trump no discrimina por ideología”, pero a la vez hizo un discurso muy ideológico contra la extrema derecha y los valores que están detrás de la decisión del presidente de EE UU y que apoya Vox en España. De hecho, Cuerpo hará una ronda con los portavoces y excluirá a Vox, un claro mensaje también al PP, que suele reprochar este “apartheid”, como lo llegó a definir Feijóo. “No vamos a dejarnos arrastrar por esa forma de ver el mundo guiada por el miedo y el cortoplacismo”, resumió Sánchez.

Feijóo, al menos en el discurso público, también tendió la mano y defendió que es necesaria una “estrategia de país” como respuesta a los aranceles de Trump. “Debemos actuar juntos como españoles y europeos. Estamos afrontando graves problemas de Estado”, reflexionó a primera hora, antes de la comparecencia del presidente, en un foro de El Español. “Si la respuesta del Gobierno es de Estado, no debería temer al Parlamento, y debería contar con las comunidades autónomas”, reclamó el líder del PP, que pidió que se convocara una conferencia sectorial de las autonomías para definir una estrategia conjunta de todas las Administraciones. Sánchez recogió el guante y convocará la conferencia sectorial de Comercio con las autonomías, mientras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunirá con los grupos parlamentarios y comparecerá en el Congreso, como también pedía Feijóo.

Feijóo se mueve siempre entre la presión del ala dura de su partido y de Vox, contrarios ambos a pactar con el PSOE, y que le marcan el terreno de juego. Prueba de ello fue que este jueves, mientras el líder del PP tendía la mano a una estrategia de país, Isabel Díaz Ayuso se desmarcó de la posibilidad de entendimiento disparando contra el presidente socialista, aunque ella también rechaza como “un fallo garrafal”, dijo, los aranceles. “En Aló Presidente [programa televisivo del presidente de Venezuela Hugo Chávez] , desde La Moncloa, hoy Pedro Sánchez nos habla de aranceles. En la semana en la que ha prohibido las golden visa. Cuando ha subido 94 veces los impuestos. Cuando la recaudación por impuestazos equivale a 3.076 euros por hogar. Comiéndose el 47% de los salarios de los españoles”, escribió Ayuso en su red social X (antes Twitter), y remató: “Gobiernos cada vez más ricos, aleccionando a votantes cada vez más pobres”.

En el PP madrileño rechazan que el PP deba llegar a acuerdos con Sánchez, aunque se trate de cuestiones de Estado como el incremento en gasto en defensa. Entienden fuentes de los populares madrileños que el presidente socialista es un político agotado y el PP no debe darle oxígeno. Estos sectores del partido entienden que, incluso ante el incremento del gasto militar que pide Bruselas a España, el PP en ningún caso debe pactar con el PSOE de Sánchez.

“Los aranceles no van a hacer grande a nadie, nos van a hacer pequeños a todos”, insistió Feijóo en un discurso en el que aprovechó para disparar contra Vox por su “silencio”. “Solo cabe oponerse de forma clara y contundente. Quien ataca los intereses de mi país, no contará con mi condescendencia”, subrayó. El PP lleva semanas teorizando el desgaste que cree que puede suponer para Vox la crisis provocada por los aranceles a la Unión Europea de su aliado Donald Trump. “Nadie que se llame a sí mismo patriota puede defender a quien perjudica los intereses de España”, percutió. Sin embargo, sus críticas a Vox contrastan con su defensa, solo un día antes, de los acuerdos de las comunidades autónomas populares con la extrema derecha, con el argumento de que “la prioridad es dar Presupuestos a las comunidades”. Y eso es precisamente lo que La Moncloa le reclama: que rompa con Vox si quiere ser creíble en su rechazo a los aranceles de Trump.

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El presidente del Gobierno ha ofrecido algunos detalles generales de su “plan de respuesta y relanzamiento comercial” ―serán 7.400 millones de nueva financiación, y el resto con instrumentos ya existentes― pero sobre todo ha querido trasladar un mensaje político muy claro: su Gobierno, ha insistido, cree en el Estado para situaciones así, y va a usar toda la potencia de lo público para proteger a empresas y trabajadores afectados e incluso para intentar que esta crisis sea una oportunidad para buscar nuevos mercados y potenciar estos sectores. Entre los anuncios, hay dos líneas de avales de ICO de 6.000 millones, un fondo de apoyo a la inversión 200 millones para nuevas plantas y el mecanismo RED “para mantener plantillas de forma parecida a como actuaron los ERTE durante la pandemia”.

“Hubo época en que el Gobierno de España fue indolente ante crisis”, ha explicado Sánchez frente a un gran grupo de empresarios que acudían a buscar ayudas para sus sectores, pero que, por el aplauso final, no parecían especialmente entusiastas del presidente. Pero el líder del PSOE está convencido de que la mayoría de los ciudadanos, y los propios empresarios, aunque muchos no le voten, defienden su política de ayudas cuando vienen mal dadas. “En esa época del sálvese quien pueda, el Gobierno se ponía de perfil, decía que la gente tenía que apañárselas solas, que debía aplicar la resignación cristiana”, ha insistido Sánchez, hablando sin citarlo del PP de Mariano Rajoy en la crisis financiera. “Pero esa época paso. Este Gobierno está presente, usa todos los recursos del Estado para proteger y ayudar a la gente. Lo hicimos en pandemia, en la guerra, en las danas”, ha rematado.

Este jueves, de forma muy rápida, poco después de los anuncios de Sánchez, se produjo la primera reunión entre el Gobierno y el PP para hablar de las medidas frente a la ofensiva de Trump. La protagonizaron, por un lado, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y, por el otro, el máximo responsable económico de los populares, Juan Bravo, y la senadora Paloma Martín. La cita se mantuvo de forma discreta, pero los mensajes que transmiten ambos grupos son positivos. Ahora habrá que ver si es posible que el PP llegue a apoyar en el Congreso las medidas del Gobierno que requieran aprobación parlamentaria, que según el Ejecutivo no son todas, aunque el próximo martes se verá con los decretos que se aprueben en el Consejo de Ministros.

El discurso de Sánchez de este jueves ha sido muy político, contrastando el modelo de Trump y la extrema derecha mundial, en la que incluye a Vox, frente a su apuesta por el multilateralismo, por la cooperación, y por la justicia social. De hecho antes de su discurso, La Moncloa ha proyectado un vídeo con una nueva campaña frente a los aranceles de Trump que tiene un lema muy significativo: “nuestros valores no están en venta, nuestros productos sí”.

Sánchez ha respondido al presidente de EE UU y esta vez sí lo ha citado en varias ocasiones, al contrario de lo que hacía hasta ahora precisamente para evitar represalias. “Trump ha decidido volver al proteccionismo del siglo XIX, que no es una manera inteligente de resolver los desafíos del siglo XXI en un mundo muy interconectado. No es cierto que la UE aplique aranceles del 39% a EE UU. Solo aplica del entorno del 3%. La balanza comercial UE-EE UU en bienes y servicios está a la par. Es un proteccionismo estéril pensado para recaudar para paliar el déficit que está causando de una política fiscal muy cuestionable. Pedimos al presidente Trump que recapacite. He hablado con la presidenta Von der Leyen. La mano de Europa está tendida, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, ha insistido el presidente.

Sánchez ha admitido las dificultades que esta decisión de Trump va a provocar, pero ha buscado un discurso optimista, de posibilidades. Después de anunciar que 5.000 millones del plan de recuperación se canalizarán para las industrias más afectadas, como la del automóvil. El presidente ha anunciado que también se ayudará a las empresas a encontrar nuevos mercados, y pondrá 2.000 millones de euros para seguros de exportación, o 500 millones para un plan de internacionalización de pymes.

“La guerra comercial abierta por Trump es una pésima noticia para el mundo, para Europa, para España. Pero esto no significa que vayamos a dejar de crecer. Los agoreros llevan años minusvalorando la capacidad de empresarios y trabajadores españoles. La España de hoy nada tiene que ver con la España de hace una década. Tenemos una economía robusta, dinámica, abierta, que atrae inversión extranjera”, ha insistido.

A partir de aquí, será Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, quien inicie un diálogo con los grupos parlamentarios y con los gobiernos autonómicos, y no el propio Sánchez, como le reclamaba Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha alabado especialmente la posición de los agentes sociales, incluida la patronal, cuyos representantes estaban en primera fila. El presidente busca, como en pandemia, una alianza con patronal y sindicatos para enfrentar la crisis que además anularía las posiciones más duras del PP y de Vox. Sánchez pide unidad, pero también avisa de que va a utilizar esta crisis para reivindicar los valores europeos y chocar con la ultraderecha que ha promovido esta visión del mundo de enfrentamiento total “de suma cero”, en la que para que unos ganen otros tienen que perder.

“Después de lo visto ayer, vivimos en una época marcada por el pensamiento de suma cero, con personalidades que creen que la vida es una batalla sin cuartel, que intentan convencernos de que mejorar dignidad laboral es contrario al crecimiento empresarial, que luchar contra cambio climático frena crecimiento, que si las mujeres ganan los hombres van a perder, que no debe haber inmigración. Esta forma de pensar conecta bien con nuestras emociones. Es intuitiva, es primaria. Pero la ciencia y la historia nos ha demostrado que en la inmensa mayoría de los casos es falsa y dañina”, ha asegurado.

“Vamos a superar esta crisis injusta. Y lo vamos a hacer sin renunciar a nuestros valores. Cuestiones como la justicia social, igualdad territorial, no son lastres para nuestra economía, son los pilares que sustentan la competitividad. No vamos a dejarnos arrastrar por esa forma de ver el mundo guiada por el miedo y el cortoplacismo. Vamos a proteger a empresas y trabajadores. Vamos a seguir apostando por un reparto justo de la riqueza, por la igualdad entre hombres y mujeres, por el multilateralismo. Este ataque arancelario no discrimina por ideología, va contra todos y contra todo. Por eso es esencial que no haya divisiones impostadas ni cálculo político, tenemos que ir todos a una”, ha rematado.

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El Gobierno de coalición, con Sánchez y Yolanda Díaz al frente, ha preparado en los últimos días un escenario aún incierto con una estrategia muy similar a la de la pandemia: los dos líderes convocaron este miércoles en La Moncloa a los cuatro grandes líderes de la patronal y los sindicatos para un primer análisis —durante los peores meses de 2020 las citas con ellos eran muy frecuentes para debatir medidas— y este jueves ha citado allí a un gran grupo de empresarios que representan a los sectores previsiblemente más afectados —agroalimentario, automóvil, acero—. Sánchez anunciará frente a estos empresarios en la sede de la Presidencia del Gobierno el paquete de medidas que está ultimando el Ejecutivo y que se sumarán a las que puedan llegar de Europa. El Gobierno prepara un mensaje potente del presidente para dar tranquilidad a los ciudadanos y demostrar que el Estado está para protegerlos en situaciones así y ejercerá al máximo su capacidad.

En público, el Gobierno mantiene una gran discreción porque está ultimando las medidas, que serán intensas según diversas fuentes, y porque quiere estudiar bien qué aranceles va a poner EE UU y cómo afectarán a la industria española. “Los aranceles perjudicarán a todos e impactarán sobre ciudadanos y empresas de todo el mundo, de manera injusta e injustificada”, señala el Ejecutivo. “Desde Europa hemos apostado desde el principio por una solución negociada con Estados Unidos. Y seguimos haciéndolo. Tenemos que proteger la mayor relación comercial y económica del mundo. Cada día, cruzan el Atlántico 4.400 millones de euros en comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y la inversión extranjera entre ambas partes representa 100.000 millones de euros en cada una de las direcciones. Ni España ni la Unión Europea desean el conflicto comercial, pero no podemos ignorarlo. Tenemos las herramientas necesarias para proteger los intereses de nuestros ciudadanos y empresas si no hay espacio para la negociación. Responderemos de manera unida y proporcionada, apelando siempre a la negociación y al trato justo y equilibrado entre socios estratégicos. Como ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, estamos finalizando un primer paquete de respuesta a los aranceles al acero y al aluminio, que debería estar listo en las próximas semanas. Y prepararemos medidas adicionales de respuesta a los anuncios de ayer, sin descartar ninguna medida a priori, pero apelando a una solución negociada”, ha asegurado el Ejecutivo esta mañana, tras conocerse las medidas de Trump. “Al mismo tiempo, Europa debe mantener su propia hoja de ruta, que refuerce el aprovechamiento de nuestro mercado interior, de 450 millones de consumidores, y las relaciones con socios estratégicos, priorizando la ratificación cuanto antes el acuerdo con Mercosur”, remata el Gobierno.

En privado, distintas fuentes del Gobierno coinciden en que se está trabajado en una respuesta “estilo pandemia”, esto es: ayudas millonarias a sectores en diversas formas —desde créditos a medidas fiscales— y también posible oferta de ERTE para los que se vean especialmente afectados y necesiten reducir temporalmente su producción. Aunque no ha logrado aprobar los Presupuestos de 2025, y todo indica que no lo logrará, el Gobierno tiene cierto margen con las cuentas prorrogadas aún en vigor y la recaudación fiscal, gracias al crecimiento sostenido de la economía, está teniendo un comportamiento muy positivo, por lo que en La Moncloa creen que se podrá hacer un fuerte despliegue de medidas. “España tiene una exposición directa limitada pero el efecto indirecto por la exposición de nuestros principales socios europeos, es mayor. Hoy mismo pondremos en marcha un plan de respuesta que complemente la respuesta europea y que presentará el Presidente del Gobierno esta misma mañana. El Plan activará los instrumentos comerciales y financieros a disposición del Estado para desplegar una red de protección inmediata y una estrategia de relanzamiento de los sectores afectados”, asegura el Gobierno.

Las represalias a los aranceles no corresponden a España, sino a la Comisión Europea, al tratarse de un mercado único, pero el Gobierno sí puede ayudar a los distintos sectores y eso es lo que harán Sánchez y Díaz. En la cita con patronal y sindicatos, Sánchez planteó la necesidad de buscar alternativas, abrir nuevos mercados, pensar en Mercosur o en China, un país que precisamente visitará de nuevo la semana que viene en este marco de guerra comercial planteada por Trump. Y todos se emplazaron a tener un diálogo permanente porque habrá que tomar muchas medidas. Al Gobierno le preocupa especialmente que se mantenga la unidad europea y que no haya grietas en aliados políticos de Trump como la italiana Giorgia Meloni. En este contexto, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tuvo una conversación con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en la que hablaron sobre todo de los aranceles.

Desde el punto de vista político, en La Moncloa creen que de nuevo este escenario demostrará la validez de su apuesta ideológica de un Estado fuerte que puede reaccionar ante amenazas como esta ayudando a las empresas y los trabajadores afectados, en contraste, según su visión, con la apuesta liberal de tener un sector público cada vez más pequeño. Después de la reunión, el Gobierno tiene además claro que, como sucedió en la pandemia, la patronal se acercará mucho al Ejecutivo porque muchos sectores necesitarán su ayuda, algo que también cambia el escenario de enfrentamiento abierto que había en los últimos meses y que rompe la dinámica que plantea el PP de oposición frontal a todo, porque las medidas que plantee el Ejecutivo tendrán un gran apoyo frente a un enemigo exterior muy claro: Trump.

Sánchez está convencido de que, de nuevo, se vuelve a un momento de gran inquietud en España en el que tanto su perfil internacional como su imagen de presidente curtido en situaciones extremas puede reforzar su credibilidad. El escenario internacional, con Trump tomando medidas que van a perjudicar a distintos sectores de la economía española y que están llevando a toda la economía mundial a una situación límite, refuerza según la visión de La Moncloa el marco de discusión ideológica que Sánchez lleva planteando desde las elecciones de 2023, cuando hizo un llamamiento a los progresistas a movilizarse para que no llegaran al poder los aliados de Trump en España, Vox.

Mientras, el PP juega a dos bandas: por un lado, rechaza los aranceles de Trump, pero, por otro, reivindica sus acuerdos con Vox, que se van a extender a otras comunidades autónomas. Alberto Núñez Feijóo reaccionó al anuncio de Trump de la pasada noche asegurando que “los aranceles no harán más grande a nadie, sino más pequeños a todos” y que “España [debe] ayudar y acompañar a nuestros sectores con una estrategia de país única y coordinada” y, antes, pidió a Sánchez que contacte con los presidentes autonómicos para poner en marcha “un plan de contingencia” frente a los aranceles de Trump. El líder popular se mostró especialmente duro. “No es el día de la liberación, es el día de la preocupación. Si la Administración norteamericana rompe el tratado de libre comercio y empieza a poner aranceles, necesita una respuesta igual de contundente y proporcional, si persisten en atacar los productos europeos, tenemos que responder en la misma proporcionalidad (...) Es una decisión absolutamente equivocada”, dijo Feijóo en una entrevista en Antena 3. Pero a la vez, Feijóo defendió los pactos con Vox porque “la prioridad es dar Presupuestos a las comunidades autónomas”. El Gobierno cree que estos acuerdos atrapan a Feijóo con la ultraderecha en un momento precisamente en que se va a ver con más claridad que nunca los efectos negativos sobre la economía española y especialmente algunos sectores con mucho voto conservador de las medidas del gran aliado americano de Vox.

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La presión de Sánchez logró que el equipo de Rutte matizara sus palabras. Cuando ambos se vieron en La Moncloa, y como admitió la propia OTAN, Sánchez nunca se comprometió a llegar al 2% este verano, algo que parece inviable, sino a acercarse lo máximo posible antes de la decisiva cumbre en La Haya en junio, donde es muy posible que haya nuevos compromisos hasta del 3%, dada la presión de muchos de los aliados. Rutte es el que más presiona, en nombre de EEUU, que domina la OTAN, pero no es el único. En sus visitas a España, Portugal e Italia, el holandés trató de jugar al dilema del prisionero diciéndoles a los demás que los otros socios estaban dispuestos a ir más lejos, para generar competencia entre ellos. Pero Sánchez, que sigue batallando con la OTAN para que le contabilicen otros gastos en seguridad para aumentar la cifra de 2024, aún no cerrada, no le dio ninguna fecha a Rutte, insisten en La Moncloa. Sobre todo porque aún no la tiene.

La Moncloa da por resuelto el episodio, que se agravó con un error del ministro de Industria, Jordi Hereu, quien dijo el viernes que se alcanzaría el 2% “este año” y luego rectificó rápidamente cuando se lo pidieron desde el entorno de Sánchez. Distintas fuentes del Gobierno coinciden en que este tipo de escaramuzas, que serán cada vez más frecuentes porque la discusión entre aliados está en su apogeo, son un síntoma de que Sánchez está teniendo una presión enorme para subir el gasto en defensa. La posición española coincide bastante con la italiana y la portuguesa, aunque no haya coordinación con Giorgia Meloni por la enorme distancia política entre los dos líderes; pero está en minoría dentro de una Unión Europea cada vez más girada hacia la derecha y más militarista, especialmente por el temor de los países bálticos, nórdicos y del Este a la amenaza rusa, que ven como algo mucho más real de lo que lo es para españoles o italianos.

En el pasado, sobre todo en pandemia, Sánchez hizo bloque con primeros ministros italianos como Giuseppe Conte para enfrentarse a posiciones de los llamados países frugales. Pero la desconfianza de La Moncloa con Meloni es muy grande, porque a la vez que trata de resistir la presión para aumentar el gasto militar —Italia tiene bastante más deuda que España y unos números económicos mucho peores— también se acerca constantemente a Donald Trump y Elon Musk, y está lanzando mensajes confusos sobre los aranceles de EEUU, por ejemplo, que aumentan los recelos europeos sobre ella.

El primer ministro español está dando la batalla para frenar el impulso militarista de muchos aliados, incluir el concepto de seguridad, además de defensa, y plantear un tipo de inversiones diferentes, mucho más tecnológicas, no solo armamento convencional, que puedan servir también para hacer una auténtica revolución en una Europa que no tiene ninguno de los gigantes tecnológicos mundiales, concentrados en EEUU. De momento, ha logrado pasos simbólicos, como el abandono de la palabra “rearme” por parte de la Comisión Europea, que tampoco gustaba en Italia. Pero Europa está girando a la derecha y las opiniones públicas del norte y el este pesan mucho, como se vio en el anuncio de la Comisión Europea del kit de supervivencia, que tampoco sentó muy bien en el Gobierno español, que pidió calma y evitar alarmar a la población.

Sánchez tuvo, además, un cruce en la última cumbre con Kaja Kallas, la responsable de política exterior de la UE, porque el español planteó nombrar un enviado especial para Ucrania y ella reivindicó su papel. En alguna prensa europea, sobre todo británica, a Sánchez y a Meloni les reprochan incluso de forma burlona que traten de colocar como gastos en defensa cuestiones como el control de fronteras, la Guardia Civil, o la ciberseguridad. Pero la realidad, insisten en el Gobierno, es que en las cumbres europeas Sánchez encuentra mucha más comprensión de la que podría parecer externamente cuando explica la situación de la opinión pública española, que según el Eurobarómetro es la menos preocupada de la UE por cuestiones de defensa y seguridad.

En la última cumbre, Sánchez insistió en que ahora que EEUU está dejando un enorme espacio en el llamado soft power (poder blando), al cortar toda su ayuda al desarrollo, Europa debe multiplicarla para poder tener un papel de gran potencia, especialmente en África. El presidente, señalan en el Gobierno, ha garantizado que España cumplirá lo que se pacte entre todos, y en el pasado ha dado pruebas de fiabilidad en esas promesas, así que eso no es un problema grave.

Sánchez, insisten en La Moncloa, conserva la gran ventaja de ser uno de los líderes más veteranos de la UE, de haberse ganado el respeto en crisis anteriores, en las que siempre ha mostrado compromiso europeista, haber evitado los conflictos y haber optado por buscar alianzas incluso con primeros ministros muy alejados de sus posiciones, algo que en este momento es una baza negociadora importante.

“No estamos solos, estamos en el corazón de Europa”, insistía esta semana José Manuel Albares, ministro de Exteriores, que está adoptando un perfil muy alto en esta crisis frente a una Margarita Robles, ministra de Defensa, que ha quedado en segundo plano. Sánchez está en todas las reuniones decisivas, aparece en las citas junto al francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer, y fue el único de los grandes que viajó a Kiev a apoyar a Zelenski. El presidente español no se ha quedado fuera de nada, pero escuchando su posición y la de los demás líderes, a excepción de Meloni, parece evidente que sus socios van mucho más fuerte con el discurso militarista. De hecho, el propio presidente no ha ocultado su discrepancia con Macron, que habla constantemente de enviar tropas de paz europeas a Ucrania cuando, según recuerda siempre Sánchez, la guerra aún no ha terminado y por tanto lo que hay que hacer es ayudar a Zelenski a resistir y ganarla.

En España, Sánchez tiene una compleja mayoría con una importante oposición al aumento del gasto militar. Pero eso no parece preocupar demasiado al presidente, según distintas fuentes del Ejecutivo, porque cree no necesitará someter a votación en el Congreso el goteo de aumento de gasto en seguridad y defensa en el que están trabajando varios ministerios. La tensión interna con Sumar se resolverá como en otras ocasiones: en las próximas semanas habrá partidas grandes para gasto en defensa —lo habitual es en forma de transferencias de crédito, algunas han superado los 2.000 millones de euros de una tacada— y Yolanda Díaz hará observaciones para mostrar la disconformidad de su grupo, pero saldrán adelante en el Consejo de Ministros, donde decide el presidente.

De hecho, las grandes discusiones en la coalición son económicas, y ahí sí hay tensión fuerte. Sánchez ha intervenido claramente a favor de Díaz en la discusión que tenía con María Jesús Montero para que el salario mínimo no pague IRPF, y al final Hacienda cedió —también Sumar— y se encontró una salida después de que la vicepresidenta primera dijera que no se movería. El presidente no parece, pues, tan preocupado por el frente interno —aunque sigue teniendo la enorme debilidad de no aprobar los Presupuestos— sino por la negociación dentro de la OTAN y de la UE sobre la manera de enfrentarse a lo que todos, también España, ven como un “cambio tectónico” en la geopolítica instalada desde el fin de la II Guerra Mundial. Quedan aún muchas incógnitas, y todo está abierto y en plena discusión entre los presidentes. Pero Sánchez parece dispuesto a mantener una posición más moderada y dar la batalla frente a la ola militarista que viene del norte y el Este de Europa.

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El Gobierno no tendrá así que bloquear la iniciativa de Sumar en el Congreso para que los trabajadores afectados por la subida del salario mínimo no paguen IRPF. El partido que dirige Díaz decidió retirar su proposición de ley tras el acuerdo con Hacienda, que sí ha presentado vetos para otras propuestas parlamentarias de PP y Podemos. PSOE y Sumar han unido sus votos para admitir a trámite el veto de Hacienda.

“De lo que se ha tratado [en el acuerdo] es que ese 20% no tenga que tributar a partir de una deducción que se aplicará en el propio IRPF para compensar lo que tendrían que haber abonado frente a lo que se les da para compensar ese abono. Así que es una buena noticia. Hay que confiar siempre en la capacidad de diálogo”, ha confirmado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, este viernes en declaraciones a los medios, dando por cerrada una pugna que lleva semanas sobre la mesa y que se había recrudecido en los últimos días.

Se trata de una solución quirúrgica, con un coste limitado (unos 200 millones) como defendía Hacienda, que se aplicará solo este año, aunque Sumar deja la puerta abierta a extenderlo en el tiempo, algo que deberá ser fruto de una nueva negociación. La medida acordada estará dirigida exclusivamente a ese porcentaje de perceptores del SMI afectados por la subida fisca. Aquellos que el año pasado no tributaban y este año les toca pagar. Hacienda mantiene que, a medida que el salario mínimo suba, los trabajadores empezarán a declarar el impuesto y contribuirán a los recursos de la Hacienda Pública. “Se trata de un mecanismo de compensación que es una deducción en el IRPF por la cantidad exacta equivalente a lo que ese trabajador concreto hubiera tenido que pagar con motivo de la renta”, ha incidido Montero. De esta forma, “será una medida personalizada para cada trabajador”. Esta se aplicará en el momento en el que se presente la declaración de la renta, para que cada trabajador “sepa cuál es el importe exacto que se tiene que dar para que la deducción anule el pago que el trabajador tiene con respecto a la renta”.

El SMI subió este año 50 euros hasta los 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, el equivalente a 16.576 euros brutos anuales. Aplicando las tarifas del impuesto de la renta, la nueva deducción estaría entre los 300 y los 340 euros, que sería equivalente a la cantidad que tendrían que pagar a Hacienda por la subida del SMI. Los afectados, en principio, soportarán retenciones a cuenta del IRPF en 2025 y el próximo ejercicio deberán presentar la declaración de la renta si quieren aplicarse la deducción y conseguir el reintegro de lo tributado de más.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, había acusado al departamento de Montero, a primera hora de esta mañana en una entrevista en Telecinco, de levantarse de la mesa en la que buscaban un acuerdo sobre la tributación del salario mínimo interprofesional: “En torno a las 10 de la noche de ayer, Hacienda se levantó de la mesa en la que estábamos negociando”, ha dicho Díaz, que ha asegurado que desde el comienzo de las conversaciones ha remitido a la ministra de Hacienda “más de cinco propuestas para intentar alcanzar un acuerdo”.

Hasta ahora, las sucesivas subidas del SMI habían ido asociadas a una adecuación en las exenciones del IRPF para que los perceptores siguieran liberados de tributar. El incremento acordado para 2025, del 4,4%, no fue acompañado por un arreglo en la tributación, pues Hacienda se negó a tocar el IRPF, llegando al choque directo con su socio de coalición. La crisis parecía haberse cerrado el martes, cuando Montero confirmó que negociaba con el socio minoritario del Ejecutivo cómo “compensar” a los perceptores del SMI a través de una medida específica solo para ese 20% de afectados. Sin embargo, la pugna se ha escenificado a medida que han pasado los días. Sumar pidió que la exención del IRPF para los perceptores del SMI se alargara más allá de 2025 y criticó que, al empezar a tributar por el IRPF, el SMI no alcanzaría el 60% del salario medio en España como pactado.

La diferencia no es baladí. Adecuar el impuesto para todos los perceptores del SMI como se ha hecho hasta ahora, ampliando la reducción por rendimientos del trabajo, un beneficio fiscal reconocido a las rentas bajas en general, tendría un coste mucho mayor para las arcas públicas, de entre 1.500 y 2.000 millones. La solución finalmente acordada, a falta de conocer las estimaciones oficiales, rondaría los 200 millones de euros.

“Ningún trabajador va a tener que abonar en el año 2025 ninguna cantidad respecto a la renta por el SMI. Esa es la diferencia que el acuerdo anterior aseguraba para la gran mayoría, el 80%. Y este nuevo acuerdo ayuda. Digamos que atiende a ese 20% de forma personalizada. No es una cantidad fija, dependerá de cada trabajador”, ha detallado la titular de Hacienda. Montero ha asegurado que “la vocación del Gobierno es que en el año 2026 siga subiendo el salario mínimo interprofesional, que no haya ningún trabajador que esté por debajo del 60% del salario neto”, tal y como recoge el acuerdo de investidura y ha recomendado el grupo de expertos, confiando en que se retiren las proposiciones de ley de la Mesa del Congreso de Sumar, Podemos y PP, que pedían exonerar a los perceptores del SMI de la tributación en el IRPF.

La oposición, por su parte, ha criticado el pacto. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha cuestionado este viernes que el acuerdo del Gobierno pretende “dar gato por liebre” a quienes cobran el salario mínimo, informa Elsa García de Blas. “Hay que reconocer que gobernar, no gobiernan. Pero tanto la vicepresidenta Montero, como la vicepresidenta Díaz, son fantásticas actrices. Han representado un sainete haciendo parecer que estaban enfadadas. Y hoy pretenden darnos gato por libre. Les quieren dar gato por liebre a quienes cobran el SMI, porque en 2026 van a tener que pagar el IRPF”, se ha quejado Gamarra desde Sevilla. “Para Yolanda Díaz vale más el sillón en La Moncloa que proteger a quienes cobran el SMI. Y para María Jesús Montero solo se trata de seguir recaudando a toda costa. Que no nos digan que esto es progresista. Esto es hacer que la fiesta del sanchismo la sigan pagando todos los españoles, y sobre todo aquellos que menos tienen”, ha remachado.

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El presidente ha aprovechado un acto sobre fondos europeos organizado por elDiario.es precisamente para recordar que estas decisiones del PP de apuntarse al “negacionismo” de Vox pueden tener consecuencias económicas graves, porque la percepción de esos fondos está condicionada al cumplimiento de una serie de reformas enmarcadas en el Pacto Verde europeo, que el PPE de Feijóo aprobó pero Vox combate. “No permitiré que el negacionismo ponga en riesgo los fondos europeos”, ha lanzado Sánchez como mensaje a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, pero también a otros barones que sigan su camino y al propio Feijóo.

La lógica que Sánchez ha explicado en el acto es sencilla: “Sin reformas no hay fondos”. Y las autonomías, como la valenciana, son las que gestionan un tercio de ese dinero, que ha sido muy importante para la economía valenciana, la murciana, la de baleares, la extremeña y otras muchas pendientes de estos pactos con Vox. Si el PP permite que Vox frene esas reformas, perjudicará a los ciudadanos porque pondrá en riesgo los fondos. Y eso es algo que La Moncloa impedirá, dice el presidente, que no aclara cómo, pero desde la sede del Gobierno ya avisan de que estarán vigilantes y listos para plantear recursos ante el Tribunal Constitucional. La política de transición ecológica, insiste Sánchez, no es solo una decisión del Gobierno de España, es una exigencia de Bruselas para tener los fondos.

“Sin avances en fiscalidad verde, sin políticas de conservación del litoral, sin impulso de energías renovables o la movilidad sostenible, no habrá fondos y España habrá dejado la oportunidad de modernizar el país”, explicó Sánchez. “La condicionalidad de esos fondos a esas reformas nos vincula a todos. No vamos a permitir que el negacionismo ponga en riesgo un solo euro de los fondos europeos. No vamos a permitir que ningún gobierno de la ultraderecha los ponga en riesgo. Eso es negar la oportunidad de futuro”, insistió tras recordar que en España, gracias a esas reformas y la apuesta por las renovables o la excepción ibérica, por ejemplo, el precio de la energía ahora mismo es la mitad que en Italia.

El presidente también ha lanzado un mensaje contra Donald Trump, de nuevo sin citarlo expresamente, por los aranceles, y ha recordado que Europa se defenderá. Pero sobre todo parecía interesado en este choque de modelos con el acuerdo del PP con Vox, que pone en cuestión políticas esenciales contra el cambio climático que además suponen grandes inversiones en las autonomías afectadas. Sánchez también asegura que su Gobierno defenderá a los agricultores y otros sectores que van a sufrir por los aranceles de Trump, una manera también de tratar de desgastar las posiciones de Vox, que ahora se acerca de nuevo al PP con sus pactos. “Llamamos a la administración estadounidense a que detenga este sinsentido. Si nos imponen aranceles deberemos responder con proporcionalidad, rapidez, y unidad. El Gobierno está del lado de los agricultores. Sabemos bien adonde conduce el repliegue y la autarquía”, remató.

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De hecho este miércoles, por primera vez, Sánchez ya habló abiertamente de los Presupuestos de 2026 como su próximo objetivo, dejando así caer que los de 2025 son prácticamente imposibles. “Si podemos, sacaremos los Presupuestos de 2025, y si no, nos pondremos a negociar los de 2026″, dijo el presidente. Sánchez tiene prácticamente decidido no presentar siquiera en el Congreso las Cuentas, algo que no tiene precedentes -sí las prórrogas- y eso alienta la crítica de la oposición y algunos de sus socios, que le exigieron que las lleve a las Cortes. Pero el presidente insiste en que prorrogar las Cuentas es algo muy normal, que en este momento sucede en 7 autonomías, seis de ellas gobernadas por el PP, y a nadie le escandaliza. El presidente además aprovecha en sentido contrario el último gran pacto de Presupuestos, el de la Comunidad Valenciana, entre PP y Vox. “Prefiero unas Cuentas prorrogadas que unas tuteladas por la ultraderecha. Rompo una lanza por estos Presupuestos [los que están en vigor, los de 2023 prorrogados dos veces] porque están permitiendo un crecimiento del 3%”, remató.

Feijóo llegó a decir que si no lo hace porque no puede, porque no tiene apoyos, debería convocar elecciones anticipadas. “Si tiene miedo a la democracia, aquí el que sobra es usted. Si no tiene mayoría, deje que formen una nueva los españoles”, le llegó a decir. Sánchez se burló: “llevan siete años [los que él ha estado en el poder, que se cumplen en junio] pidiendo elecciones anticipadas. Y en 2027 volverán a perder y volverán a pedir elecciones anticipadas”. Sánchez le contestó que no tiene “ningún miedo a la demoracia

ERC, aliado estratégico, ya le ha dicho abiertamente al Gobierno que no está interesada en negociar las Cuentas de 2025, que llegarían en el mejor de los casos a mitad de año, y prefiere intentar las de 2026 en tiempo y forma, esto es empezar a hablar ya este verano para tenerlas aprobadas a final de año, como marca la ley. Junts sí parecía más dispuesta a negociar los Presupuestos de 2025 después de haber desbloqueado la relación entre los dos partidos, pero sin ERC no sale nada y el Ejecutivo parece haber decidido que no vale la pena el desgaste con otros socios si uno está vetando. Otro problema muy complejo es Podemos, cada vez más alejado del Gobierno, que también había puesto muy alto el precio para entrar a negociar Presupuestos: una ley para bajar automáticamente un 40% todos los alquileres. La tensión entre Ione Belarra, líder de Podemos, y Sánchez, cruzó este miércoles un límite que no había alcanzado otras veces cuando el presidente, muy molesto porque le llamara “señor de la guerra”, contratacó: “con ustedes en el Gobierno, con usted como ministra, subimos el gasto en defensa 10.000 millones, un 10% cada año. Y no decían nada. ¿Acaso no decían nada porque entonces estaban en el Gobierno y ahora no? ¿Entonces yo no era el señor de la guerra y ahora sí?”, se enfadó.

Belarra luego se enzarzó también con la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a la que le exigió que traiga las Cuentas. También lo había hecho antes ERC. Incluso Sumar está en contra de no presentar los Presupuestos, una decisión que La Moncloa da prácticamente por definitiva. Aunque en el Gobierno insisten en que pese a todo el ruido, al final logran sacar adelante el 90% de las votaciones, el ambiente en el Congreso es cada vez más irrespirable y los tonos de Podemos y de Junts, cuya portavoz, Miriam Nogueras, se encaró nuevamente con mucha dureza con Sánchez, no parecen de un aliado sino casi de la oposición.

Distintas fuentes del Ejecutivo señalan que en realidad, pese a ese tono, en los pasillos hay mucha negociación y se está trabajando para sacar adelante muchas votaciones importantes en las próximas semanas, entre ellas la de recuperar la Agencia Estatal de Salud Pública, que decayó la semana pasada porque votaron en contra en el último momento el PP y Junts por motivos ajenos a esa iniciativa, que habían apoyado en comisión. El Gobierno sostiene que, salvo los Presupuestos y la duda de la reducción de la jornada laboral, que Junts sigue rechazando al menos públicamente, están en condiciones de sacar adelante prácticamente toda su agenda política, aunque cada votación suponga un desgaste enorme. Pero la realidad es que los Presupuestos tienen un peso enorme en la política, son la principal ley de cada año, marcan toda la estrategia política y económica, y es un problema serio no tenerlos durante dos años que podrían ser tres.

Precisamente por esa enorme relevancia política, Sánchez ha decidido no llevarlos al Congreso si no los tiene pactados, pese a que la Constitución dice claramente que el Gobierno tiene la obligación de presentarlos todos los años. El presidente apela a que si lo hacen las autonomías del PP y nadie lo critica, él también puede. “Para el PP todo lo que hace el Gobierno es inconstitucional, pero todo lo que ellos hacen es constitucional. Son constitucionalistas en función de sus intereses”, les lanzó. Sánchez cree que la imagen de esa derrota de los Presupuestos en el Congreso sería muy contraproducente para el Ejecutivo, y prefiere asumir el coste de la crítica por no presentarlos. En 2019, la caída de los Presupuestos en el Congreso provocó el adelanto electoral, y es lo que suele suceder en otros países. El presidente, según su entorno, está absolutamente decidido a agotar la legislatura, y no quiere dar excusas a la oposición para revivir el fantasma de las elecciones anticipadas. Por eso Sánchez ya se coloca en un nuevo hito: los Presupuestos de 2026. Pero si tampoco los consigue, la presión para que convoque elecciones será mucho más fuerte. Quedan unos meses para conocer la respuesta.

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“El neoimperialismo ruso y el giro copernicano en la política económica y militar de EE UU obligan a Europa a dar pasos al frente y ser valiente. Los europeos seguimos creyendo en diplomacia y prosperidad. Pero ni Rusia ni EE UU lo ven así. Debemos superar el bloqueo de la melancolía. Es así, ya no nos van a proteger nuestros cielos y nuestras fronteras, tendremos que hacerlo nosotros. Pero mientras este Gobierno siga en pie, este esfuerzo no se hará en detrimento del estado del bienestar. Vamos a apoyar a Ucrania sin tocar un céntimo de gasto social o medioambiental”, ha insistido Sánchez.

El presidente ha evitado cualquier concreción, como le ha reprochado después el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Ni plazos ni números, más allá del 2% de gasto en defensa que pactó Mariano Rajoy en 2014 en la OTAN, con el argumento de que aún está en discusión dentro de la UE qué compromisos se van a alcanzar, cuánto y en qué hay que gastar, y cómo se va a financiar. Su interés era sobre todo pedagógico, pensando especialmente en la izquierda, que tiene muchas dudas, no solo la política sino también la social, la de los ciudadanos progresistas que escuchaban o pueden seguir de alguna manera el debate. “Sé que los españoles quieren ayudar a Ucrania, pero también sé que no quieren contribuir a una carrera armamentística que conduzca a nuevos conflictos. No les haremos elegir porque no hay que elegir”, ha asegurado el presidente citando los datos del Eurobarómetro, que señalan que los españoles son los europeos menos preocupados por la seguridad y la defensa.

La idea que traslada es que todo este aumento de gasto se puede hacer con una visión tecnológica, generando empleos y desarrollo industrial, y sin tocar el resto del Presupuesto. El único anuncio de Sánchez es una agrupación de todas estas nuevas inversiones en un “gran plan nacional para el desarrollo de la tecnología y la de seguridad y defensa españolas”. “Daremos un nuevo salto tecnológico e industrial. El objetivo es que España se beneficie de este estímulo”, ha rematado el presidente, que ha insistido en la idea de que Europa debe reforzarse para no depender nunca más de “un cambio de humor en Washington” como acaba de suceder.

“El orden internacional está cambiando, nadie sabe qué va a pasar, pero ya no podemos seguir confiando en los demás. No podemos depender de los cambios de humor en Washington. Los europeos debemos ser más fuertes. Es hora de compartir más soberanía”, insiste, en un discurso de defensa sin matices del proyecto de la Unión Europea.

Sánchez compara la situación actual con la de la covid. Y cree que la solución, como entonces, es más Unión Europea, no menos. Igual que hubo compras conjuntas de vacunas, ahora debería haber también gasto conjunto en defensa, unir fuerzas en vez de reforzar los 27 ejércitos nacionales. Pero no basta. El presidente cree que la UE debe apostar aún con más fuerza por sus valores, por la lucha contra el cambio climático, por la apuesta de un mundo con reglas, de la diplomacia, de los organismos internacionales, de la ayuda al desarrollo, esto es lo contrario de lo que plantean Trump y Putin. Y reforzando además lazos con otras potencias, como China, que Sánchez visitará de nuevo en dos semanas, o la India, donde estuvo el año pasado. “Ahora que otras potencias se repliegan, Europa debe comprometerse aún más, incrementando políticas al desarrollo ahora que otros las recortan, luchando más contra la emergencia climática, reforzando la apuesta por políticas de género, por la defensa de la ONU”, ha insistido.

El presidente ha recordado que al inicio de la Unión Europea, en los cincuenta, cuando España estaba aún en plena dictadura franquista y muy lejos de soñar con pertenecer a este grupo, los padres fundadores, Jean Monnet y Robert Schuman, ya impulsaron la UE de la defensa, algo similar a lo que se plantea ahora. “Pero en 1954 la derecha francesa se negó a firmarlo. Y la idea fue aparcada. La Guerra Fría llevó a después a un mundo de dos bloques, y muchos países europeos buscaron el amparo de Estados Unidos. Después vino una nueva era en la que se pensó que no harían falta tanques para apaciguar a Moscú, solo McDonald’s. Por eso Europa ahora carece de política de seguridad y defensa común. Europa cuenta con ejércitos nacionales potentes y modernos como el español. Pero tienen baja interoperatividad. Ahora hay que recuperar esa idea de los padres fundadores”, justifica el presidente.

En cualquier caso, el cómo y el cuánto está muy abierto. Y Sánchez admite que no sabe cómo acabará el debate, en el que España e Italia están tratando de frenar las ansias armamentistas de sus socios del norte y este, pero no está nada claro qué se pactará finalmente. “Algunos hablan del 2% [del PIB en gasto en defensa], otros 3%, otros incluso 5%, como Polonia. De momento son especulaciones. Pero tenemos una certeza: en 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a llegar al 2% en 2024. Lo hizo en la cumbre de la OTAN en Gales, por cierto, sin consultar al Congreso de los Diputados. Nosotros vamos a cumplir ese 2%. Lo haremos por compromiso europeísta. Porque la UE ha estado cuando la hemos necesitado, como en la pandemia. En este mundo de grandes potencias, España no puede quedarse fuera del consenso. Pero también lo haremos por responsabilidad. Por las amenazas son reales. Y son compartidas”, ha rematado.

Sánchez insiste en tratar de dibujar todo lo que viene por delante no como una carrera armamentista, sino sobre todo tecnológica y, por tanto, más digerible para la opinión pública. “La naturaleza de los conflictos ha cambiado. Ahora se emplean drones no tripulados, capaces de ir de Crimea a Barcelona sin ser detectados. Ahora se sabotean cadenas de suministro, se usan las redes sociales para generar desafección, se lanzan virus informáticos, se usan ordenadores cuánticos capaces de bloquear servicios. En Estonia, hackers rusos lograron tumbar todos los servicios de cajeros. En Dinamarca bloquearon todos los trenes durante horas. En Alemania, en Polonia, en Países Bajos docenas de hospitales. El año pasado, Europa sufrió cerca de 10.000 ciberataques de peligrosidad crítica, alterando la vida de millones de ciudadanos. España recibió 177.000 ciberagresiones, mil de las cuales tuvieron como objetivo infraestructuras y servicios críticos. Esta amenaza no es tan visible, pero existe. No abre telediarios, pero está ahí. Por eso vamos a modernizar nuestros sistemas de protección del espacio aéreo, de nuestras fronteras, y vamos a desarrollar nuevas capacidades de protegernos de los ciberataques. Los europeos no vamos a atacar a ningún territorio, pero vamos a defendernos”, insiste el presidente.

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Sánchez hablará pensando no solo en los grupos de su mayoría que rechazan el aumento del gasto en defensa, incluido su socio de coalición, Sumar, sino también para buena parte del electorado progresista y de la ciudadanía española en general que tiene dudas sobre la oportunidad de esta apuesta militarista que está abriéndose paso ahora en la Unión Europea, con unos países nórdicos y del Este con discursos mucho más belicistas, porque sufren la amenaza directa de Rusia, frente a otros en el sur, como España e Italia, que rechazan el término “rearm” para el nombre del plan europeo de 800.000 millones.

Sánchez, según estas fuentes, jugará un equilibrio entre lo que le plantean socios como Sumar y lo que él mismo defiende desde su visión progresista, esto es que no va tanto de gastar más como de gastar mejor, que lo importante es coordinar esfuerzos entre todos los europeos, o el rechazo al discurso más armamentista, pero a la vez la necesidad de cumplir con los compromisos ya alcanzados, como el 2% del PIB en gasto en defensa, que firmó en 2014 en una cumbre de la OTAN Mariano Rajoy, y también otros que le están reclamando los aliados europeos, como el de acelerar ese compromiso antes de 2027. El presidente tiene previsto un discurso netamente europeísta también para justificar la necesidad de apoyar a los países más amenazados por Rusia, entre los que no está España o Italia, de la misma manera que los países del norte ayudaron a estas dos grandes naciones del sur cuando fueron las más afectadas por la pandemia en 2020, y pusieron dinero para que les llegara en modo de fondos europeos.

No están previstos, salvo sorpresa, grandes anuncios en esta comparecencia. No es ese el objetivo de la cita y además no son posibles aún, explican diversas fuentes, porque la negociación está en marcha y la OTAN por ejemplo ni siquiera ha publicado cuánto gastó en defensa España en 2024 según sus criterios, de manera que aún no se puede saber cuánto tendrá que aumentar el gasto el Gobierno para acelerar ese objetivo del 2%. España e Italia, que tiene un enfoque similar pese a la gran distancia política entre ambos gobiernos, también están intentando que se contabilicen los llamados gastos en seguridad, esto es control de fronteras o ciberseguridad, cuestiones con mucho gasto y que no están dentro aún de los gastos en defensa. De todas esas discusiones técnicas y políticas surgirá el compromiso final, los tiempos, las cantidades y los instrumentos financieros y jurídicos para llevarlo a cabo con o sin voto en el Congreso, un asunto aún por dilucidar.

Por todo ello no están previstas grandes concreciones de Sánchez sobre lo que va a hacer pero sí un discurso de fondo muy didáctico sobre por qué hay que hacerlo, por qué es necesario un giro muy importante en el enfoque de toda la política europea de los últimos 80 años, centrada en un bajo gasto militar y defensivo porque el continente contaba con el paraguas de EEUU y de la OTAN, liderada por Washington. No solo ha cambiado EEUU explicará Sánchez, también lo ha hecho Rusia, que con la guerra en Ucrania ha demostrado que ya no es el vecino complejo pero pacífico que fue hasta 2014, cuando tomó Crimea, sino que tiene claros afanes expansionistas que no se sabe a las claras si incluyen países de la UE.

Sánchez trata de huir de los términos más duros, y se centrará también en que estas grandes inversiones no deben ser vistas como una cuestión armamentista exclusivamente, porque la forma de hacer la guerra ha cambiado y ahora se trata sobre todo de una batalla tecnológica, y, por tanto, lo que se invierta pueda servir también para uso civil y puede suponer un salto tecnológico para España y para Europa. El presidente tratará de explicar así que no se trata de una carrera armamentista para derivar en una guerra sino en una cuestión de protección, de disuasión, para demostrar tanto a Rusia como a EE UU que Europa es autónoma, puede defenderse sola y no es solo un gigante económico y comercial sino también político y de seguridad y defensa. “El problema no es tanto de rearme como de protección”, insisten en La Moncloa, donde recuerdan que Sánchez hizo bandera contra el nombre rearm, y de hecho la Comisión Europea ha dejado de usarlo.

Será en cualquier caso un debate muy largo, en el que Sánchez escuchará duras críticas a los dos lados del hemiciclo, del PP por la división sobre este asunto en la mayoría y de la izquierda por la apuesta militarista. El presidente tendrá que contestar a los dos lados, y también a Vox, muy cercano a Trump, y asume que será un debate por momentos duro, pero su principal objetivo es el de la pedagogía para empezar a convencer a la opinión pública de que este giro que está emprendiendo Europa es imprescindible.

El debate llega para Sánchez en un momento delicado dentro de su mayoría, que le va a impedir aprobar los Presupuestos de 2025, un golpe duro con el que no contaban hace unos meses, cuando pensaban que sí podrían sacarlos. Pero no es una cuestión opcional. Este asunto va a centrar la agenda política en los próximos meses, y aunque el presidente se esforzará por negociar con sus socios europeos unos compromisos que sean asumibles y no le fuercen a ninguna medida drástica y se puedan gestionar en el Consejo de Ministros sin necesidad de votaciones en el Congreso, nada está escrito aún y la situación podría complicarse. Por eso, y dado que esta cuestión será protagonista de la agenda quiera o no la izquierda española, Sánchez pretende aprovechar las largas horas del debate para intentar preparar a los ciudadanos y ofrecerse como un presidente preparado para un momento así frente a un líder de la oposición mucho más inexperto en cuestiones internacionales. Será una jornada con mucha historia, mucha pedagogía y algo de épica, pero las concreciones se dejarán para más adelante, cuando concluya la compleja negociación en la que está inmersa toda la UE y la propia OTAN, con una decisiva cumbre en La Haya en junio.

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La última vez que sucedió eso, en febrero de 2019, esa votación de rechazo, que técnicamente es una aprobación de las enmiendas a la totalidad presentadas, que se votan conjuntamente, Pedro Sánchez convocó inmediatamente elecciones anticipadas para abril de ese año, que luego se repetirían en noviembre, dando origen a la coalición progresista que aún está en el poder.

El Gobierno quiere evitar esa derrota simbólica y está decidido a no presentarlos. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha llegado a decir en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que hacerlo sin apoyos sería “una pérdida de tiempo”, un término que hasta ahora no había usado. Después de varias preguntas sobre el mismo asunto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, también presente en la comparecencia, ha querido entrar en el debate sobre esa obligación constitucional. Bolaños ha minimizado la situación apelando a que ese texto contempla también la prórroga de los Presupuestos, a pesar de que el Gobierno dijo a finales de 2024 que presentaría las Cuentas en cualquier caso, algo de lo que ahora se desdice. El artículo 134.3 plantea la solución cuando no se aprueban unos Presupuestos en tiempo en forma, pero no dice nada del derecho del Gobierno a no hacerlo. “Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”, señala el texto. “La Constitución también regula qué sucede cuando no se aprueban, se regula la prórroga. Lo que pasa en España es que en ausencia de presupuestos se prorrogan y esto queda regulado con total normalidad”, aseguró Bolaños.

“Seguimos trabajando para llevar unos Presupuestos, pero nos parece importante llevarlos de manera acordada. Si no, podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y a los ciudadanos. Somos conscientes de las dificultades parlamentarias. En cualquier caso, aun así, en lo que llevamos de legislatura hemos aprobado 28 leyes. Además, la prórroga es sobre unos Presupuestos aprobados por este Gobierno, no ajenos”, aseguró Alegría. “Si echan un vistazo al panorama autonómico, verán que Madrid estuvo años sin Presupuestos y en Castilla y León han hecho tres en seis años”, se excusó.

Alegría también criticó a Carlos Mazón, que reprocha al Gobierno que mientras él ha conseguido pactar los Presupuestos de la Comunidad Valenciana, Sánchez no tiene el “coraje” siquiera de presentar los suyos en el Congreso. “Escuchar [a Mazón] produce escalofríos tanto por la forma como por el contenido. Y también ver a su partido jaleándolo”, ha rematado Alegría.

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En un momento de amenaza real para Europa, no solo militar sino sobre todo económica, con Trump tratando de desplazar producción e inversión de la UE hacia EEUU, Sánchez está convencido de que buena parte de los españoles se van a aferrar como él al europeísmo, que siempre ha tenido en la península ibérica una potencia muy superior a la que las encuestas detectaban en otros de su entorno como Francia, Italia o Alemania, probablemente por la historia España y Portugal, que se incorporaron juntas en 1986 después de 40 años de ostracismo y aislamiento por sus dictaduras fascistas.

Sánchez tiene muy trabajado su discurso europeo, que ya empezó a desplegar el jueves en la rueda de prensa tras el Consejo Europeo, en la que se vio claramente su estrategia de centrarse en los grandes asuntos internacionales, donde cree tener un perfil y un mensaje mucho más potente que el de su gran rival, Alberto Núñez Feijóo, mientras minimizaba como poco relevantes las discusiones y divisiones políticas en España, que ese mismo día llevaron al Gobierno a varias derrotas. Varios ministros consultados admiten que el jueves fue un día duro, sobre todo porque se tumbó de forma imprevista la Agencia Estatal de Salud Pública al votar en contra PP y Junts que la habían aprobado en comisión. Junts le reconoció abiertamente al Gobierno que era una “venganza” porque el Ejecutivo había vetado la votación de dos enmiendas aprobadas en el Senado a la ley de desperdicios alimentarios, que planteaban mejoras fiscales para sectores que interesan especialmente a los nacionalistas.

Tal como lo ven varios miembros de la mayoría progresista consultados en distintos partidos, Junts está girando cada vez más hacia una posición clásica convergente, esto es representando a distintos sectores económicos importantes en Cataluña. Los independentistas cada vez están más interesados así en enmiendas que pueden no ser muy destacadas por los medios, pero son muy relevantes para sectores económicos importantes, algo tradicional cuando existía CiU. Y además están entrando en centros de poder económico decisivos de la mano del Gobierno, con representantes no solo en RTVE, donde también está ERC, que además ha entrado en la cúpula del Banco de España con un representante, sino en lugares clave como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, AENA o incluso el Consejo de Administración de RENFE, al que se acaban de incorporar, como les reprochó este miércoles en el Congreso Gabriel Rufián, portavoz de ERC, que criticaba la “hipocresía” de no querer hacer una comparecencia de prensa con una bandera de España detrás, pero sí querer estar en la compañía pública de ferrocarriles española.

Por eso, y aunque Junts siempre puede dar sorpresas como la del jueves, arrastrada además por un PP que también cambió de opinión en el último momento, la sensación que se transmite en las cúpulas tanto de los independentistas como del PSOE es que la relación está cada vez más engrasada y mucho más lo estará cuando el Tribunal Constitucional, según las previsiones, le dé la razón a Carles Puigdemont en su recurso de amparo frente a la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía. Lo que no habrá, y eso parece ya muy evidente y no tanto por Junts sino porque ERC ha dado un no rotundo, es Presupuestos de 2025. Pero varios ministros insisten: pese a todo, y con una mayoría muy al límite, el Gobierno logra aprobar el 90% de las votaciones. Y por eso nadie se plantea ningún escenario dramático. De hecho, en el Ejecutivo ven a la mayoría consolidándose con estas decisiones que se ven menos, como la entrada de los independentistas en círculos de poder económico claves, y una sensación generalizada de que habrá legislatura hasta 2027.

Aún así, y a pesar de que el Gobierno creen que los ciudadanos están ya muy acostumbrados a las discrepancias dentro de la mayoría y eso ya apenas tiene desgaste, Sánchez está muy interesado en este debate del miércoles para tratar de salir de la dinámica de la batalla política española y elevar el tiro hacia una cuestión a la que están mirando muchos españoles: el futuro de Europa, el cambio del orden internacional con el giro de Trump, y la amenaza rusa.

Mientras Feijóo intentará hurgar en la división en la mayoría y en la izquierda frente al aumento del gasto militar, Sánchez pretende centrarse en un discurso de calado histórico, en los riesgos y las oportunidades para Europa de un cambio radical del orden mundial de los últimos 80 años, tras el fin de la II Guerra Mundial. “El gran debate es si nos quedamos como estamos o damos un paso hacia adelante para que Europa sea una potencia central en el nuevo orden que se está empezando a dibujar. De eso depende que muchas conquistas que hemos logrado, desde el estado del bienestar a los derechos humanos, se mantengan fuertes o no”, señala un miembro del Gobierno, que está en plena elaboración del discurso del miércoles.

Sánchez además huirá del discurso militarista, aunque se ha comprometido con sus socios europeos a aumentar el gasto en defensa y tendrá que refrendarlo. Pero el presidente intenta centrar la cuestión en la idea de la seguridad, más que la defensa, y de hecho la Comisión Europea dejará de usar el término Rearm (rearme), nombre inicial del plan de Úrsula von der Leyen, por petición de Sánchez y la italiana Giorgia Meloni, que también tiene una opinión pública, como la española, reacia a este tipo de mensajes.

En el Congreso habrá choque de Sánchez con Podemos por esta cuestión y también Sumar, socio de coalición, mostrará sus discrepancias y su rechazo al aumento del gasto militar. Sin embargo, aunque públicamente pueda parecer lo contrario, en el Gobierno este asunto no genera ya grandes discusiones. La discrepancia está pactada. En el Ejecutivo se discute con mucha más crudeza de cuestiones económicas, como pasó con la reducción de la jornada laboral, que protagonizó el último gran choque en el Consejo de Ministros entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, que fue muy duro. También el asunto del IRPF para el salario mínimo ha provocado un desgarro en el Ejecutivo mucho más potente, que está lejos de encontrar una solución.

Sin embargo, el gasto en defensa ya no amenaza la estabilidad del Ejecutivo, insisten diversos ministros de los dos sectores, porque se ha encontrado una fórmula que internamente funciona: Sumar deja pasar todas las decisiones importantes en el Consejo de Ministros, pero muestra su disconformidad a través de observaciones presentadas por la vicepresidencia segunda. Ese equilibrio evita problemas, aunque en el Congreso las cosas serán diferentes y todos querrán mostrar sus perfiles diferentes en el asunto más delicado de todos los que pasan por el Congreso: el futuro de Europa.

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Sánchez es uno de los líderes europeos que más ha trabajado la relación con China, uno de los países que más veces ha visitado. La última fue muy reciente, en septiembre de 2024. El presidente español siempre busca al chino Xi en las cumbres, donde suelen tener bilaterales siempre en buenos términos. El último viaje inició con una tensión importante, ante la amenaza de China de una represalia a España vetando la entrada de carne porcina si la Unión Europea mantenía los aranceles a los coches eléctricos chinos.

Sánchez hizo una defensa encendida de los coches chinos en su viaje y animó a sus socios europeos a replantearse esos aranceles. Finalmente, España cambió el voto inicial que tenía en esta cuestión y pasó del sí a los aranceles a una abstención, una decisión que bastó para que China cambiara su actitud con Madrid y levantara la amenaza sobre el porcino español. Sánchez está insistiendo mucho en la idea de que, ante la actitud de EE UU de cerrarse cada vez más y multiplicar los aranceles, la Unión Europea debe buscar alternativas como está haciendo reforzando sus lazos con el Mercosur, con Chile, con México, con Canadá y con la India. China, y también Vietnam, otra parte del viaje, está también entre esos países con los que Sánchez quiere estrechar relaciones para buscar alternativas a EE UU, aunque siempre es una cuestión delicada por el enorme déficit comercial que tiene el gigante asiático con la Unión Europea.

En su último viaje, Sánchez ya pidió que China abra el mercado de este país a los europeos como ellos lo abren a los chinos, algo que no sucede en la actualidad. Pero el gesto de preparar un nuevo viaje muestra con claridad que Sánchez quiere estrechar los vínculos con un gigante con el que hay muchas tensiones comerciales y que además tiene un modelo completamente diferente al europeo en cuestiones básicas de democracia y derechos humanos, pero que a la vez apuesta por el multilateralismo, al contrario que Trump. El presidente de EE UU considera a Pekín su principal rival, casi enemigo, y, por tanto, este viaje de Sánchez supone también un alejamiento indirecto de la administración Trump.

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Sánchez ha tratado de despejar cualquier horizonte de inestabilidad del Gobierno. El presidente ha minimizado la votación dividida que ha protagonizado la coalición del Gobierno en Madrid, con Sumar en contra del plan ReARM Europe de 800.000 millones de euros que Sánchez critica pero solo en el nombre, porque el resto lo apoya. “Con mi socio de Gobierno, Sumar, esta es una discrepancia histórica que ha tenido la democracia española. La tuvo el PCE con el PSOE, después IU, después Podemos, y ahora Sumar. Son discrepancias tradicionales”, ha asegurado.

Pero a la vez, Sánchez ha defendido que esto no va a suponer un problema ni mucho menos poner en riesgo el Gobierno o los compromisos de aumento del gasto de defensa que él está adquiriendo en Europa. Y eso porque en la coalición hay un acuerdo para que las cuestiones de aumento del gasto de defensa que se aprueben en el Consejo de Ministros lo hacen con observaciones de la vicepresidenta segunda, la de Yolanda Díaz, que muestra así la discrepancia de Sumar, pero permite que sigan adelante sin poner en riesgo la estabilidad del Ejecutivo. “Tengo que agradecer a Sumar que se respetan los compromisos europeos que tiene España. Nosotros vamos a continuar con nuestra agenda social y nuestras políticas. Es una discrepancia que viene de hace 40 años, pero lo importante es respetar esos compromisos europeos”.

Sánchez ha sido muy crítico de nuevo con el nombre de reARM Europe, y dice que a él le gusta más el que le han puesto al instrumento financiero del fondo, el llamado SAFE, los 150.000 millones en préstamos, que “habla más de proteger, es un matiz importante”. “No me gusta el término rearmar, me parece una aproximación incompleta, la defensa solo se puede entender bajo el paraguas de la seguridad”, ha insistido el presidente, que aquí no tiene solo una discusión nominativa, sino de fondo y de números, porque España -como Italia, que en esto tiene posiciones muy parecidas- quiere que le cuenten también los gastos en ciberseguridad o en protección de fronteras como parte del paquete de aumento, de manera que tendría que subir menos el gasto en defensa. Sánchez, que tiene esa mayoría compleja con claro componente progresista y un votante socialista que desconfía de grandes aumentos de gasto en defensa, huye todo el tiempo del lenguaje militarista y trata de explicar que en realidad esos miles de millones no se van a invertir solo en armas, sino en tecnología que puede tener usos civiles y dar un salto en España y en toda Europa para poder competir con EE UU, con grandes ventajas tecnológicas sobre Europa. “Hay que hacer pedagogía. Hablamos fundamentalmente de tecnología de doble uso. Los drones podemos utilizar para un potencial conflicto pero también en la lucha contra incendios. Hay un componente tecnológico muy sustantivo”, insistió el presidente.

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Sánchez no rechaza así el fondo del plan, ni la idea de que haya que aumentar el gasto en defensa. Pero el presidente español lleva semanas intentando que se incluya también los gastos en seguridad, es decir no solo armamento sino inversión para cibeseguridad, control de fronteras o lucha contra el terrorismo. Sánchez sí discute el discurso político, y esto supone un cambio significativo en un momento en el que el presidente vio en la ronda de portavoces que hizo la semana pasada que muchos de sus aliados, y también en Sumar, existen muchas discrepancias con la idea del aumento del gasto en defensa.

El presidente del Gobierno se suma así a una corriente en contra de un enfoque exclusivamente militarista. En Italia ya se ha propuesto una alternativa, en vez ReARM Europe, Defend Europe, pero de momento Sánchez no ha concretado qué nombre le gustaría. En una segunda intervención inicial ante la prensa, esta vez en inglés, Sánchez ha insistido en ese mensaje que llevaba preparado de rechazo al nombre y dado alguna explicación más detallada. “No me gusta el término rearme. Creo que la UE es una alianza de soft power [poder blando]. En estos días tenemos también una obligación de hard power [poder duro], pero también tenemos que reforzar nuestra capacidad de soft power. Esta es la principal objeción que tengo con el término rearme”, ha explicado.

“Estamos de acuerdo con aumentar nuestro gasto en defensa, pero también tenemos que tener esta visión de la seguridad, porque como siempre les digo a mis colegas en la mesa en el Consejo Europeo, es importante tener en cuenta que los desafíos que enfrentamos en el sur de Europa no son los mismos que en el Este. Esto quiere decir que tenemos que reforzar nuestros controles fronterizos”, ha rematado Sánchez, que está presionando mucho para que se acepten estos gastos en el concepto más amplio de “seguridad y defensa” y de esta manera reducir el peso del aumento del gasto en defensa. De hecho España e Italia, que también presiona en este sentido, han logrado un cambio importante en el borrador de las conclusiones de esta cumbre. Donde antes ponía “defensa europea” ahora hay un apartado que dice “defensa y seguridad europeas” y también se colocan allí conceptos que interesan especialmente a Sánchez y en lo que ha insistido mucho como la “visión 360″, que implica más conceptos que la defensa en exclusiva.

Las concesiones podrían, sin embargo, acabar ahí. En Bruselas hay pocas ganas de ampliar el concepto de defensa en el sentido que piden países como España. La Comisión aboga por una definición precisa e inequívoca que permita avanzar rápidamente en su plan, temerosa de que algunos caigan en la tentación de hacer pasar por defensa otro tipo de gastos, sobre todo aprovechando la cláusula de escape del pacto de estabilidad propuesta para incentivar el gasto en seguridad de los países. Ante el escepticismo ciudadano en algunos países, Bruselas apuesta por que los gobiernos hagan un mayor esfuerzo y expliquen que la amenaza “existencial”, como se define en la capital belga la situación, es real para todos los europeos, estén más cerca o lejos de la frontera rusa. Fuentes de la Comisión Europea señalan que son conscientes de la sensibilidad que genera en algunos países este nombre de “rearm” y admiten que están intentando ampliar el foco y hablar también de seguridad, pero no dan garantías de que se vaya a cambiar el nombre del plan.

España e Italia son dos países muy endeudados —Italia bastante más— y con poco margen fiscal, en los que además según las encuestas las opiniones públicas rechazarían cualquier ajuste social para subir gastos en defensa. De hecho, Sánchez ha garantizado que no reducirá un solo céntimo de gasto social para aumentar el de defensa, algo trascendental no solo para sus socios a la izquierda sino también para su propio electorado socialista.

El presidente español ha aprovechado además el arranque de una cumbre en la que se va a hablar mucho de competitividad para reivindicar el Pacto Verde, un gran acuerdo europeo que precisamente ahora pone en cuestión el PP desde Valencia, después del pacto para los Presupuestos con Vox. “Es importante trasladar que la transición ecológica no es un freno a la competitividad, al contrario. Es fundamental cumplir con el Pacto Verde para ser más competitivos”, ha explicado el presidente.

Sánchez también ha defendido que Europa debe ser un interlocutor clave en las negociaciones de paz sobre Ucrania. “Europa tiene que estar en la mesa” de negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, ha reclamado.

El jefe de Gobierno español también ha resaltado la importancia de la invitación a la cumbre de los Veintisiete al secretario general de la ONU, António Guterres, en un momento en que “hay grandes potencias que están abandonando acuerdos multilaterales”, ha indicado en referencia a Estados Unidos y su marcha del Acuerdo de París o de la Organización Mundial de Salud (OMS).

Justo en una coyuntura así “es importante que Europa dé una señal inequívoca de la defensa del orden multilateral” y que “demuestre un mayor compromiso si cabe con debates multilaterales” en materia de cambio climático o ayuda al desarrollo, ha indicado, recordando que Sevilla albergará en los próximos meses una conferencia de financiación al desarrollo en la que reclamará que se hable de “cómo reformar el sistema de financiación internacional”. “El desafío de Europa es crecer hacia adentro y abrirse aún más hacia afuera, seguir tejiendo lazos con Mercosur, Chile, México, Canadá, India. Estamos en un momento en que necesitamos más Europa, más seguridad y más defensa”, ha concluido.

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Públicamente, la versión oficial es que lo van a seguir intentando, y ningún portavoz del Ejecutivo lo descarta. “Seguimos trabajando”, señalan al máximo nivel del Gobierno. Pero en privado algunos miembros del Ejecutivo relevantes ya asumen que se va a esperar a mayo, como máximo, para dejar algún margen de intentos de última hora, aunque la realidad es que los negociadores ven muy poco espacio para un acuerdo. Mayo es un mes simbólico porque fue en ese mes cuando Mariano Rajoy logró aprobar sus últimos Presupuestos, los de 2018, dos semanas antes de que el mismo partido que los negoció y los respaldó, el PNV, apoyara la moción de censura que presentó Pedro Sánchez y que sacó al entonces líder del PP de La Moncloa para instalar al del PSOE. La Moncloa siempre había evitado dar oficialmente una fecha máxima, pero en principio la idea era presentarlos antes del primer trimestre, que ya está concluyendo sin ningún avance en las negociaciones. Hace unos meses, el Gobierno insistía en que en cualquier caso presentaría las Cuentas, las tuviera o no cerradas, pero ahora la idea que trasladan todos los miembros del Ejecutivo es que si no hay pacto no se presentarán y se empezará a pensar en la de 2026.

En cualquier caso, el hecho de que no haya Presupuestos, que es un frente abierto importante para el Gobierno y que deja mucho espacio para la crítica de la oposición, que sostiene que el Ejecutivo no tiene una mayoría real, no impide que Sánchez y su equipo sigan adelante con todos sus otros planes, también los legislativos, y de hecho entre los negociadores se vive un momento especialmente tranquilo después de cerrar una parte del decreto ómnibus, la más relevante, que incluía la subida de las pensiones, después la transferencia de la inmigración y por último el decreto ley para el reparto de más de 4.000 menores acumulados en Canarias.

Todos estos hitos, y los que se están trabajando en estas horas para lograr más adelante, como el resto del decreto ómnibus, con medidas económicas muy importantes, o la conocida como ley mordaza y varias reformas que irán aprobándose jueves a jueves en el Congreso y otras que aún tienen que salir del Consejo de Ministros, muestran para el Gobierno que sí existe esa mayoría, aunque no logre sacar los Presupuestos, la ley más importante del año y la que suele determinar la continuidad de los Ejecutivos. Sánchez insiste en que está decidido a culminar la legislatura con o sin Presupuestos, y que no hay ningún escenario de adelanto electoral.

Pero la decisión, aparentemente firme, de no presentar las Cuentas si no hay acuerdo, abre espacio a la crítica de la oposición, que recordará que es una obligación constitucional de todos los gobiernos presentar los Presupuestos cada año, pero a la vez evita una votación muy delicada, la de las enmiendas a la totalidad, que suele marcar un momento durísimo de los gobiernos. De hecho, la última vez que Sánchez perdió una votación así, en 2019, porque el antecesor de Junts, PDeCAT, y ERC, votaron a favor de censurar las Cuentas, decidió adelantar las elecciones, que fueron en abril de ese año. Ahora Sánchez parecía dispuesto a seguir incluso con una votación negativa a los Presupuestos, pero todo indica que se evitará ese trago y el Ejecutivo optará por no presentarlas y en algún momento, posiblemente en mayo, anunciará definitivamente que se pone a trabajar en las de 2026 y ya no sigue intentándolo.

Sánchez tiene varios frentes abiertos, también dentro del Gobierno, porque Hacienda se dispone a vetar la iniciativa de Sumar para que el salario mínimo interprofesional no pague IRPF, una gran pelea dentro del Ejecutivo que no se ha resuelto y que va a aumentar la tensión interna en la coalición en la próxima semana —aunque algunas fuentes señalan que se intentará un acuerdo hasta última hora, no parece sencillo—, pero no parece muy inquieto porque cree que después de arreglar los problemas con Junts y pactar con ERC el escollo más importante, la quita de la deuda, y también avanzar en el traspaso de cercanías, la mayoría está suficientemente engrasada como para sacar las cuestiones más relevantes, más allá de los Presupuestos.

Y en el asunto que más ocupa en este momento al presidente, la guerra en Ucrania y el rearme europeo, del que se volverá a hablar este jueves en el Consejo Europeo ordinario en el que participará, con la presentación del libro blanco de la defensa que hará la Comisión Europea, también confía en tener margen suficiente para tomar decisiones y cumplir con los compromisos que está alcanzando con sus socios de aumento en el gasto de defensa sin tener que acudir al Congreso para una votación delicada que sin duda dividiría a la mayoría y le forzaría a depender del PP, del que no se fía. Sánchez se prepara así para seguir adelante sin Presupuestos, aunque en La Moncloa insisten en que el presidente nunca da ningún punto por perdido y no se rendirán hasta que el tiempo los haga completamente inviables, algo que calculan que llegaría en mayo.

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El Gobierno, según señalan varios ministros en los pasillos del Congreso, asume que los presidentes del PP darán una batalla legal, pero asegura que no se atreverá a no cumplir la ley y rechazar los menores que les correspondan según los criterios de reparto que contempla el real decreto que salió ayer del Consejo de Ministros. “Eso sería prevaricar y ellos lo saben. Hay muchas formas de hacerles cumplir, pero no hará falta, ellos no van a querer prevaricar. Saben que no pueden”, resume un ministro.

La batalla política va a seguir, pero una vez que el Gobierno tiene una mayoría para convalidar el decreto sin el PP, gracias al pacto con Junts, en La Moncloa están tranquilos y creen que el problema está en vías de solución después de ocho meses de negociaciones. Además, el Gobierno confía en que los barones sufran la presión del PP de Canarias, que está en el Ejecutivo de esta comunidad, que apoya el acuerdo.

Ahora queda ejecutar el decreto, que ya está en vigor, con o sin acuerdo con las autonomías. Las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para enviar los datos sobre los menores que acogen y sus plazas de acogida al Ministerio de Juventud para que este marque el número de camas idóneo que debería tener cada una y afine así las reubicaciones y la financiación que les corresponderán. El decreto ley, en cualquier caso, aún necesita un desarrollo reglamentario que puede llevar meses.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avanzado que habrá una nueva conferencia sectorial en abril para comunicar a los Ejecutivos territoriales la distribución definitiva. “Las leyes están para ser cumplidas. Espero colaboración”, ha apuntado Rego.

Génova descarta por ahora una acción coordinada de oposición a La Moncloa, tanto en lo que respecta a la entrega de esos números de “autodiagnóstico” como en la resistencia a aceptar a los niños y adolescentes. Pese a que se mantienen en su rechazo. En caso de negarse a entregar dicha documentación, el Ministerio de Juventud e Infancia se remitirá a los últimos datos facilitados. “Usaremos los de finales de 2023”, ha indicado Rego al respecto.

Fuentes del gabinete de Feijóo insisten en que las comunidades no “tienen más plazas” para acoger a más menores y en que no se da “suficiente dinero” para sufragar el esfuerzo de acogida. En cuanto a la financiación, Rego ha apuntado a la “condonación de la deuda” como una de las fórmulas para aumentar los fondos y ha cargado contra los “regalos fiscales” de territorios como Madrid mientras con la otra mano piden más dinero para una competencia, el acogimiento de menores, que es autonómica. Sobre la tribuna, Feijóo ha evitado el tema en el choque con Sánchez, a diferencia de Abascal.

El acuerdo para el reparto de menores no acompañados no satisface a ERC. Sin embargo, considera que es “el mejor peor acuerdo” posible. “La política al final muchas veces va de eso. Hay 4.400 niños hacinados en Canarias, había que encontrar una solución. No nos gusta esta. Sabemos lo que es Junts y el tufillo que tiene todo lo que hace. ¿Hay alternativa? No. Hay que darles una solución a esos niños”, ha justificado el portavoz parlamentario del partido, Gabriel Rufián.

Más tarde, ha explicado su modelo ideal: “Nos gustaría que cada cual acogiera en función de la población, los recursos y las capacidades que tiene y, sobre todo, que se dejara de tratar a los niños como si fueran paquetes. ¿Es hacerle el juego a Junts? Seguramente, pero un día más”, ha rematado Rufián, informa Paula Chouza.

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Todo estaba casi listo antes del verano pasado, después de un pacto entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Canarias, pero en el último momento Alberto Núñez Feijóo, presionado por Vox, que ha hecho de esto una de sus banderas, tumbó la reforma en el Congreso y desde entonces no ha habido manera de encontrar una salida política, pese a la enorme presión que tanto el Ejecutivo como Coalición Canaria y el propio PP de esta comunidad han hecho sobre el líder de la oposición.

Por eso, después de meses de intentarlo con el PP, Pedro Sánchez ordenó a su equipo negociador que lo intentara con Junts, para poder arreglar el problema incluso con la oposición del PP, mediante un decreto. Y también costó muchísimo. Finalmente, tres semanas después del pacto para la delegación de las competencias de migración a Cataluña, Junts aceptó recibir menores, aunque pocos pese a que habían dicho varias veces que no asumirían ninguno. La oposición del PP y de Vox es radical, y algunas comunidades amenazan con declararse en rebeldía y sobre todo iniciar una batalla jurídica.

Pero el Gobierno trasladó a través de diferentes ministros un mensaje rotundo: el decreto es una ley, que será convalidada en el Congreso en las próximas cuatro semanas, y por tanto las comunidades autónomas tendrán que cumplirla. El Ejecutivo no contempla la posibilidad de una rebeldía que impida el reparto de los más de 4.000 menores que Canarias no puede acoger por toda España. Todos los ministros consultados explican en privado y en público que es imposible no cumplir una ley así cuando se trata además de menores, y que hay muchos mecanismos para obligar a las comunidades autónomas a asumir el reparto que fija el decreto en función de los números oficiales que están obligadas a entregar las autonomías en las próximas semanas.

“Esto es una ley y es de obligado cumplimiento, habrá que cumplirla una vez esté aprobada”, aseguraba Sira Rego, la ministra de Infancia, en un mensaje repetido por varios miembros del Gobierno este martes. El Ejecutivo va a intentar consensuar esta política con las comunidades del PP, y de hecho todas las decisiones, los números y los criterios se discutirán en una conferencia sectorial con todos los consejeros, como es habitual, pero si no hay acuerdo, como parece más que probable, las autonomías del PP tendrá que acoger a los menores como todas las demás. Y los recursos que ya están anunciando algunas autonomías, en especial Madrid, con una respuesta muy dura, tanto a la justicia española como europea, no paralizan la aplicación de esta norma, insisten distintos ministros. Por tanto, no hay forma de que el PP se niegue jurídicamente a acoger a los menores, aunque pueda dar la batalla política.

El ministro de Política Territorial y principal negociador de este asunto con el PP, hasta ahora sin éxito, Ángel Víctor Torres, hizo un llamamiento directo a Alberto Núñez Feijóo: “No sé qué Feijóo encontraremos ahora. Porque el año pasado dijo que iba a acoger a los menores a pesar de las amenazas de Vox [ahí se rompieron los gobiernos autonómicos]. Si ahora no los quieren acoger es que esas amenazas de Vox han surtido efecto”, aseguró.

Mientras, en el PP las posiciones eran de rechazo tajante al acuerdo. Entre los populares causa especial indignación que, según proyecciones previas al ajuste definitivo de las cifras, Cataluña vaya a acoger menos de 30 menores y Madrid más de 700. El Ejecutivo argumenta que en la fórmula elegida es muy importante el criterio de cuántos menores se están acogiendo ya ahora mismo, y Cataluña, el País Vasco y Canarias son las tres autonomías que más tienen, por una política histórica de acogida en el caso de las dos primeras y por su posición geográfica en el caso de la tercera. Cataluña tiene más del doble de menores acogidos que Madrid, según los datos de Infancia que se manejaron en la negociación (4.651 en Cataluña frente a 1.992 en Madrid) y, por tanto, es lógico, más allá de la negociación con Junts, que en el reparto de los que necesita sacar Canarias vayan muchos más a la comunidad de Isabel Díaz Ayuso que a la de Salvador Illa.

“Atropello”

Esta explicación del Gobierno no es válida, según la mayoría de los barones del PP, que se pronunciaron este martes radicalmente en contra e incluso hablaron de “atropello”, una palabra que usó desde el valenciano Carlos Mazón, que acaba de pactar los Presupuestos con Vox y rechaza abiertamente recibir ni un solo menor, hasta el andaluz Juanma Moreno o el gallego Alfonso Rueda. Como es habitual, la más dura fue Ayuso, precisamente la que más menores tendría que acoger, por ser una de las que comparativamente menos tiene en relación con su población. “No se puede fomentar la inmigración irregular masiva. Este lamentable acuerdo se llevará a los tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos. Se usan a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada”, escribió.

Esta es una posición muy similar a la de Vox, que exige devolver a los menores a sus países. Pero la realidad es que eso no se puede hacer, primero porque no se hacen cargo, porque no se sabe dónde están los padres, y porque la legislación española obliga a acogerlos y cuidarlos como menores que son. El ministro Torres llegó a recordar que España ha acogido sin problemas a miles de menores ucranios, y debe hacer lo mismo con estos. “Que reflexionen los presidentes autonómicos del PP. Fuimos capaces de acoger a decenas de miles de menores ucranianos. Estos menores tienen las mismas edades, la única diferencia es el color de la piel. Los niños no son distintos los unos a los otros por su color de piel, son iguales”, insistió.

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Mientras en Italia este asunto está dinamitando la política, con grandes divisiones en los dos bloques, y una auténtica revuelta dentro del PD, el gran partido socialdemócrata, ahora en la oposición, en España la situación parece mucho más controlada. Hay tensiones, sí, el asunto es muy delicado, pero la ronda de consultas de este jueves en La Moncloa mostró, según coinciden distintas fuentes de los partidos presentes, que hay discrepancias fuertes y posiciones muy duras, como las de Podemos, pero la mayoría no está en riesgo, y de hecho las negociaciones para varias leyes ajenas a esta cuestión siguen en marcha, aunque los Presupuestos para 2025 se dan ya casi por imposibles.

Una frase de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, un partido independentista sin ninguna tradición de centralidad, resume bien la sensación que se respira en el Gobierno después de la ronda: “Somos un partido progresista, no estamos de acuerdo con ninguna guerra, pero tenemos claro que la guerra está aquí y que el mundo no es como nos gustaría, sino como es. Tenemos que ser responsables e ir más allá de la pancarta. Pero quizá no hay que gastar más, sino gastar un poquito mejor”. Esto es, rechazo formal al aumento, pero comprensión hacia el Gobierno.

¿Y cuál es la principal diferencia entre España e Italia en este momento, además de que en Roma gobierna la ultraderecha y en Madrid una coalición progresista? Que en Madrid no ha habido aún votaciones divisivas. Y si es por el Gobierno, no las habrá. Esta semana, el BNG sí forzará una votación sobre una moción consecuencia de interpelación en la que rechaza el plan de rearme de la Comisión Europea. Y provocará enmiendas, discusiones, tomas de posición. Pero no será una votación con consecuencias jurídicas reales, como la de las pensiones. Solo simbólica. Y eso siempre genera mucha menos tensión. El Gobierno ha decidido estratégicamente evitar todo lo posible una votación que, en realidad, según fuentes del Ejecutivo, nadie quiere, porque todos tendrían problemas para decidir.

En La Moncloa no están especialmente preocupados por la cuestión interna. Sánchez cree, según su entorno, que la mayoría no se va a romper por esto, y percibió en la ronda de consultas del jueves que nadie en esa mayoría quiere que caiga el Ejecutivo, así que confía en encontrar la manera de gestionar las discrepancias. El presidente está centrado más en la cuestión de fondo, esto es lograr la paz en Ucrania, buscar la manera de garantizarla, cambiar por completo la dinámica europea de dependencia del paraguas militar de EEUU, que Donald Trump está poniendo en cuestión, unir a la UE alrededor de su rearme, y aprovechar esta oportunidad para dar un gran salto tecnológico en España y en Europa, y reaccionar a la guerra comercial que plantea Washington. La cumbre de esta semana en Bruselas estará centrada en este último tema y la reunión por videoconferencia de este sábado de 25 jefes de Gobierno se volcó en la paz en Ucrania.

“Cuando la gente vea hacia qué dirigimos esta nueva inversión, habrá más consenso social del que ahora parece. El tema es tan gordo que estas discusiones de ahora quedarán muy pequeñas. El horizonte no es bélico, sino tecnológico”, insiste un miembro del Gobierno, que cree que esta es la gran oportunidad para Europa de dar ese salto y dejar de depender de los gigantes tecnológicos de EE UU, no solo de defensa. En el Ejecutivo son especialmente críticos con algunos sectores de izquierda anti OTAN que también rechazan este rearme europeo. “Es una contradicción no querer depender de la OTAN y de USA y a la vez rechazar que Europa mejore su capacidad de disuasión”, insisten.

El que más problemas internos tiene con esto es Sumar, con una IU muy crítica con el aumento del gasto. IU nació en 1986 al calor de la movilización en la izquierda por el no al referéndum de la OTAN. El no perdió, pero llegó al 43% y ahí se fraguó IU, que se fundó solo dos meses después de esa votación. Sin embargo, en el entorno de Yolanda Díaz están satisfechos porque creen que Sánchez, que el martes se vio más de dos horas con la vicepresidenta segunda en La Moncloa, ha matizado mucho su discurso y cada vez se parece más al de ella. Díaz, que es de Ferrol, una ciudad con unos de los principales astilleros del país de buques de guerra desde 1750, insiste en que hay que ir al debate de fondo, entender el cambio geopolítico que supone la llegada de Trump, y “reconducir el error que supuso externalizar la seguridad europea a EE UU y la ONU”. Ella insiste también en que esto no va de gastar más, sino de gastar mejor y de forma coordinada entre todos los europeos, algo que también plantea Sánchez. En el PSOE también sorprende la dureza del BNG en este asunto cuando entre los beneficiados estarían los astilleros gallegos.

Sánchez pretende seguir como hasta ahora, como hacía también cuando Podemos estaba en el Gobierno. El presidente ha aumentado todos los años el gasto militar un 10%, hasta los 10.000 millones de subida, sin una sola votación en la que haya tenido que buscar el apoyo del PP, un asunto siempre delicado porque el PSOE cree que los populares, cuando son decisivos, casi siempre optan por tumbar al Gobierno, como pasó con el decreto ómnibus que contenía la subida de las pensiones. ¿Cómo ha hecho Sánchez esa subida con un gobierno primero con Podemos y después con Sumar? Con decisiones del Consejo de Ministros, con ampliaciones de crédito o tirando del fondo de contingencias, en los que sistemáticamente Sumar, y antes Unidas Podemos, hacían observaciones para mostrar su disconformidad. Ese era el pacto para que prosperaran las decisiones sin que los socios minoritarios las apoyaran formalmente.

La idea es seguir con esta fórmula mientras se pueda, y en La Moncloa creen que se puede. Además, vista la realidad de Italia y otros países, en Bruselas tampoco van a presionar mucho para que haya votaciones si se pueden evitar, sostienen en el Ejecutivo.

En esos Consejos de Ministros se han llegado a aprobar de una tacada hasta 2.382 millones de euros para misiles patriot, el 25 de junio de 2024, con observaciones de la vicepresidencia segunda, dirigida por Yolanda Díaz. Ese mismo día se aprobó destinar 332 millones del fondo de contingencia a “gastos ocasionados por la participación de las fuerzas armadas en misiones de paz”. El pasado 25 de febrero, ya de este año, fue el último grande: 567 millones de ese fondo por el mismo motivo. Y el 4 de marzo, una transferencia de crédito a Defensa de 343 millones. Así se seguirá haciendo, salvo que Sánchez, que está en plena discusión política con sus socios europeos y con la OTAN, se vea obligado a asumir un compromiso tan grande que no baste con estas soluciones de Consejo de Ministros y haya que recurrir al Parlamento.

En público, casi todos los socios del Gobierno, salvo el PNV, que ofreció un apoyo rotundo, muestran sus discrepancias y algunos rechazan abiertamente el aumento del gasto en defensa. Pero en privado, según fuentes del Ejecutivo y de los propios grupos, casi todos los interlocutores de Sánchez este jueves, incluido el más crítico, Alberto Núñez Feijóo, que llegó a acusarle de caminar hacia una “autocracia” por querer evitar la votación en el Congreso, se mostraron comprensivos con la delicada situación que atraviesan los gobiernos europeos y entre ellos el español.

Por eso en La Moncloa, aunque están decididos a evitar esa votación crítica para no forzar las costuras de la mayoría, no están especialmente preocupados con el frente interno, que está mucho más caliente en otros países como Italia, donde varios partidos de la oposición y del Gobierno rechazan el rearme.

Ante el enorme desafío para Europa que supone Donald Trump y el giro radical del orden mundial desde 1945, todo se queda muy pequeño. Lo que sí sabe el Gobierno es que, aunque no esté en riesgo una ruptura real de la mayoría o la coalición, aún le queda muchísima pedagogía por hacer para explicar a los ciudadanos el mundo que viene por delante.

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Hasta esa cumbre de la OTAN, Sánchez y su equipo están embarcados en una formidable discusión política para ver qué compromisos se alcanzan, si es el 2% del PIB que se pactó en la OTAN en 2014 u otra cifra, cuándo se alcanza, porque ya avanzó que será antes de 2029, pero aún no dice cuándo, cómo se financia, en qué se gasta, si se hace de forma mancomunada y compartida para evitar que todos los países de la UE gasten de forma redundante. Y también cómo se contabiliza, porque España está intentando que le cuenten los gastos no solo en defensa, sino también en seguridad, por ejemplo frente a los ataques cibernéticos, o también para que incluya inversiones contra el cambio climático, y eso cambiaría mucho los números. “Lo importante no es gastar más, sino de gastar mejor”, insistió Sánchez. Preguntado sobre cuánto dinero implicará llegar a ese 2% del PIB, Sánchez aseguró que aún no se puede saber porque no se conoce la cifra definitiva de 2024, que evalúa la OTAN a mediados de año, y, por tanto, es necesario esperar para “saber el esfuerzo que va a implicar a los ciudadanos” el aumento del gasto en defensa.

Después de la ronda, en la que varios grupos de izquierda rechazaron el aumento del gasto en defensa, Sánchez dejó muy claro que no tiene intenciones de llevar al Congreso el aumento del gasto si no es necesario. De hecho, distintas fuentes de La Moncloa señalan que creen que no hará falta, porque bastará con decisiones de Consejo de Ministros tirando de fondo de contingencia, como se ha hecho hasta ahora el aumento de todos estos años, que el presidente cuantificó en 10.000 millones de euros desde que llegó al poder, en 2018. Pero si el escenario cambia y hay que llevar algo a votación, Sánchez confía en tener apoyos, y también el respaldo de Sumar en todas las decisiones de Gobierno. “Todas las cosas que tengan que pasar por el Parlamento pasarán por el Parlamento”, se limitó a decir, aunque dejando claro que todo lo que se pueda hacer desde el Consejo de Ministros sin votación, se hará así.

Sánchez recibió este jueves solo el respaldo muy expreso del PNV. Su nuevo líder in pectore, Aitor Esteban, dijo que su partido “no va a jugar a hacer política interna en un tema tan grave”, y explicó que entiende que el presidente aún no le explique decisiones concretas, sino solo ideas, porque todo está en discusión aún dentro de la UE. También Bildu, cuya portavoz, Mertxe Aizpurua, acudía por primera vez a La Moncloa, mostró una actitud suave y anunció que reflexionará sobre su posición pese a que tiene reticencias con el aumento del gasto militar. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, tampoco hizo ningún rechazo expreso, aunque se quejó de poca concreción. Cristina Valido, de Coalición Canaria, pidió preocuparse también por el Sahel, pero no mostró un rechazo rotundo. A partir de ahí ya hubo muchas más dudas, aunque con distintos tonos. Gabriel Rufián, de ERC, dijo que su grupo rechaza el aumento del gasto en defensa aunque también admitió: “La guerra está aquí, hay que ser responsables e ir más allá de la pancarta”. Ione Belarra, de Podemos, que acudió con una camiseta de “no a la guerra”, fue la más dura y dijo que es “un error catastrófico” el aumento del gasto en defensa. Néstor Rego, del BNG, también rechazó “la vía del rearme”.

El más duro fue sin duda Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Después de que este le reprochara a Sánchez que está intentando esquivar el Parlamento y dijera que eso supone caminar hacia una autocracia, el presidente se molestó y recordó la guerra de Irak y las decisiones de José María Aznar. “Otros gobiernos metieron a España en guerras ilegales sin pasar por el Parlamento. Fueron las reformas legales de Zapatero las que hicieron obligatorio pasar por el Parlamento” para enviar tropas, explicó. Es un escenario que aún no se contempla en La Moncloa, pero si llega, ahí seguramente contará con el respaldo del PP y habría que ver cómo se comportaría la mayoría.

Sánchez hizo una explicación detallada de la situación geopolítica, de la necesidad de ayudar a los socios más amenazados por Putin, como Finlandia, que tiene 1.300 kilómetros de frontera con el país de Vladímir Putin, y evitó las polémicas con los demás grupos, incluso con el PP. Si Feijóo había ofrecido una visión muy negativa de su reunión con Sánchez —hay discrepancia incluso en la duración, el PP dice que fueron 30 minutos y La Moncloa, 45—, del que llegó a decir que “no tiene un plan” y no respeta al líder de la oposición, el presidente dijo que discrepaba y que había sido todo muy cordial y productivo.

Sánchez no quería este jueves batallas ideológicas ni disputas internas, sino transmitir confianza a la ciudadanía y asegurar que no está en riesgo el apoyo a los planes que tengan que venir a partir de ahora. Pero también estaba especialmente interesado en despejar una incógnita que se mueve mucho estos días en el mundo progresista, y que es muy relevante para todos sus socios de izquierda: que en ningún caso este aumento del gasto militar va a suponer recortes sociales.

“Hay gente que considere que [para este aumento] se sacarán recursos de otras partidas. Les digo que no. España está creciendo, aportamos el 50% crecimiento UE. En estos siete años hemos aumentado 10.000 millones el Presupuesto en defensa y en 120.000 millones el vinculado a las políticas sociales. Hemos subido más de 20.000 millones en transición ecológica. El compromiso del Gobierno es indiscutible. No vamos a recortar ni un céntimo de euro en política social para hacer frente a este compromiso que tenemos con Europa en seguridad y defensa”, insistió el presidente. En cualquier caso, Sánchez insiste en que le contabilicen el gasto en seguridad y no solo en defensa porque España se enfrenta a desafíos diferentes. “Para los países nórdicos y del Este, la disuasión pasa sobre todo por gasto en defensa. Pero nuestra amenaza no es una Rusia que lleve sus tropas por los Pirineos, sino más híbrida, con ciberataques, por eso tenemos que hablar de seguridad. Nuestras amenazas tienen que ver con ataques híbridos, lucha contra el terrorismo, protección civil, impacto de la emergencia climática”, explicó.

Sánchez aprovechó además para defender que ese aumento del gasto en seguridad y defensa también puede ser una oportunidad para Europa y para España, porque puede suponer un empujón al desarrollo industrial y tecnológico, ya que las investigaciones militares también pueden ser de doble uso y suponer avances civiles. Siempre pendiente de Elon Musk, al que suele atacar muy directamente, al contrario que Donald Trump, al que nunca cita para evitar un conflicto diplomático, Sánchez recordó que el dueño de Tesla, que también lo es de Starlink, tiene ahora en sus manos el futuro militar de Ucrania si decide apagar sus satélites y dejar ciego a su ejército. Y ese es un modelo que Europa tiene que combatir, explicó. “En Europa no hemos sido competitivos tecnológicamente y tenemos que serlo. ¿Queremos que todo dependa de la decisión de una persona? Yo prefiero que la decisión sea de toda Europa. A eso nos enfrentamos”. En cualquier caso, además, Sánchez insiste en que él no apoyará los discursos más belicistas de algunos líderes europeos. “No vamos a entrar en carrera armamentista, no voy a hacer discurso belicista, pero si debemos avanzar en capacidades de disuasión”, remató.

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Pese a que en Bruselas hay cierto consenso entre los socialdemócratas y el PPE, que dominan la mayor parte de los gobiernos, en España la primera cita de la ronda, la que mantendrán Sánchez y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, llega precedida de un ambiente tóxico entre los dos grandes partidos, con una sesión de control en el Congreso especialmente desabrida, y con un intento evidente por parte de ambos de mostrar distancia. Ni Feijóo parece dispuesto a apoyar al Ejecutivo, al que reprocha que le dé muy poco tiempo —30 minutos, 10 más que al resto de grupos— y que no le haya enviado un documento detallado de lo que se va a tratar, solo un breve guion a través de un mensaje, ni Sánchez quiere depender de los votos del PP, por eso intentará sacar adelante el aumento del gasto en seguridad y defensa sin necesidad de llevar ninguna votación al Congreso, tirando del fondo de contingencias. “Ya sabemos que el PP, si puede tumbar una votación del Gobierno, lo hará por muy importante que sea. Ahora, si su voto no es decisivo, entonces sí puede sumarse, porque ya no le importa. Lo vimos con las pensiones, y puede volver a pasar con cualquier tema, incluido Ucrania”, resume un miembro del Gobierno.

En este ambiente de desconfianza, parece poco probable que haya acuerdo entre los dos grandes partidos, aunque en realidad las posiciones no deberían estar alejadas porque ambos defienden las líneas estratégicas de sus familias políticas europeas, que están básicamente de acuerdo en la necesidad de un rearme europeo aunque luego discrepen en los instrumentos, las dimensiones o los tiempos. Sánchez mostró desde Helsinki este miércoles, el día antes de la ronda, su compromiso con el cumplimiento del hito del 2% del PIB en defensa, aunque quiere esperar a explicar en España los detalles, probablemente en la comparecencia del día 26, después del Consejo Europeo de la semana que viene.

La Moncloa insiste en que la reunión con Feijóo y los demás líderes no está pensada para transmitirles decisiones ni pedir apoyo en el Congreso, sino para trasladar la información disponible y los escenarios posibles, aún demasiado abiertos, según la visión del Gobierno, como para concretar ninguna decisión. El envío de tropas, que sí exigiría una votación en el Congreso, no está aún encima de la mesa, insisten en La Moncloa, porque ni siquiera está claro si Rusia aceptará la tregua, que no paz, que han pactado EE UU y Ucrania. “Nadie está planteando desplegar tropas”, insistió el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, una figura muy relevante en el diseño de la estrategia de la política exterior de Sánchez.

El PP directamente tacha la reunión de “paripé” y, de forma simbólica, Feijóo no comparecerá en La Moncloa después de verse con Sánchez, como es habitual, sino que acudirá al Congreso a fijar su posición tras la cita. El líder de la oposición evitará hablar desde la sala de prensa de La Moncloa y, sin embargo, escogerá la Cámara baja para incidir con ese gesto en el mensaje de que Pedro Sánchez acude a la cita no como “presidente del Gobierno” sino como “secretario general del PSOE”. Porque después de cargar contra el Ejecutivo por la “falta de información” sobre Ucrania, Génova busca ahora meter el dedo en el ojo de la coalición por las reticencias de Sumar a elevar el gasto en defensa. “Nos ha sorprendido esta reunión en Moncloa porque Pedro Sánchez ni siquiera puede hablar en nombre de su Gobierno, solo puede hablar en nombre del Partido Socialista, nos convoca en Moncloa en lugar de convocarnos en este Congreso porque nos va a dar su opinión como secretario general del PSOE”, ironizó la vicesecretaria de Educación y Sanidad, Ester Muñoz, este miércoles.

Feijóo encarará la cita —tachada de “reunión informal” por Muñoz ante la falta de “información” y de un “plan”—, con un tono duro y sin los brazos abiertos, pese a que el Partido Popular, en consonancia con sus socios europeos del EPP, están a favor del aumento de la inversión en defensa hasta el 3% del PIB. “El Partido Popular es un partido de estado y por eso acudimos a esta reunión. Es difícil apoyarle, no sabemos a dónde va, no tiene ningún plan”, sostuvo Muñoz, que no aclaró si Sánchez contará con su voto a favor en caso de necesitarlo para elevar el gasto. La formación de Feijóo no frena su ofensiva doméstica ni siquiera en un momento crucial para la Unión Europea y trata de aprovechar la coyuntura internacional para exponer la falta de “estabilidad” del Gobierno y par “retratar” a los socios. En esa estrategia, además del gesto del líder del PP de comparecer en el Congreso este jueves, los populares llevarán la semana próxima a la Cámara baja una proposición no de ley para que los grupos se reafirmen en el “compromiso de España con la integridad territorial y soberanía de Ucrania”, para que se pronuncien sobre si hay que “cumplir con los compromisos adquiridos por España” con la OTAN respecto a la inversión de en defensa y para solicitar que las decisiones sobre dicho gasto hayan de debatirse y aprobarse por mayoría en el Congreso. Un debate que supone una mera declaración de intenciones y cuya votación no es vinculante

En cualquier caso, con la excepción de Podemos, que está en posiciones muy duras —Ione Belarra llegó a decir en la sesión de control en el Congreso que el Ejecutivo “lame las botas de Trump”— los demás grupos de izquierda sí muestran sus recelos ante el aumento del gasto en defensa pero no están en una guerra frontal con el PSOE. Con Sumar la situación se ha aplacado significativamente tras la reunión entre Sánchez y Yolanda Díaz, y en este grupo confían en que el Gobierno no necesitará ninguna votación que sí podría generar tensiones importantes entre los partidos que componen el grupo de Sumar. En los demás tampoco parece haber beligerancia, aunque muchos están en contra de aumentar el gasto. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, que verá a Sánchez justo después de Feijóo, se movió este miércoles para agrupar una cierta posición común entre los grupos de izquierda —Bildu, BNG— con la excepción de Podemos, que está en otro tono, para trasladar a Sánchez la idea de que “no hay que gastar más, sino gastar mejor”, aunque nadie niega, tampoco Sumar, que la situación geopolítica ha cambiado y la decisión de EE UU de quitar o al menos limitar el paraguas militar sobre Europa obliga a reaccionar. Otros partidos que también verán a Sánchez, como el PNV, que acudirá con su nuevo líder in péctore, Aitor Esteban, tienen posiciones más moderadas y sí parecen dispuestos a dar un respaldo muy claro al Gobierno. En cualquier caso, la ronda no parece definitiva, y aún vendrán decisiones y concreciones en la Unión Europea que podrían recomendar un nuevo contacto con los grupos cuando haya planes más definidos que llevar a cabo.

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La pregunta de la prensa finlandesa fue muy directa porque en Europa se ha instalado la idea de que el sur, sobre todo España e Italia, gastan muy poco en defensa. Sánchez reivindicó que no es así, aunque también dejó claro que explicará en España, y no en Finlandia, cómo y cuándo va a cumplir con ese compromiso del 2%. “España ha aumentado el gasto en defensa en los últimos siete años. Estamos preparados para cumplir con el compromiso del 2% del PIB. Además de ese 2%, tenemos otros compromisos en capacidades, y los estamos cumpliendo ampliamente desde la cumbre de la OTAN en Gales en 2014. Estamos preparados para cumplir con el 2%, lo vamos a hacer. Pero explicaré a mis ciudadanos en España y no aquí cómo y cuándo vamos a llegar a este objetivo”, aseguró el presidente.

Sánchez intenta que el debate no se centre solo en el 2%, el punto más delicado políticamente para él en España. “Es importante enfrentarnos a un debate troncal. Estamos haciendo un debate nacional y europeo. Hay muchas preguntas importantes, no solo la del 2% sino también donde están los retos y qué capacidades tenemos. Estamos hablando con Finlandia también de ciberseguridad. Tuvimos la semana pasada un ciberataque que llegaba de Rusia. Tenemos un planteamiento de seguridad de 360 grados, también con las amenazas que vienen del Sahel, en el sur. Agradezco de corazón a Finlandia que entienda esta idea. Sentimos esa solidaridad de Finlandia y nos comprometemos de nuestro lado”, insistió el presidente.

En un contexto geopolítico nuevo, marcado por el giro de la Administración Trump, precisamente la definición del modelo de seguridad que necesita España se vuelve una cuestión prioritaria para Sumar en este debate. Los partidos de la coalición que coordina Yolanda Díaz en el Gobierno —con distintas sensibilidades y de tradición política diversa— son reacios a incrementar el gasto militar, pero hay matices cuando se habla de unas partidas de defensa que pudieran incluir financiación para ciberseguridad, como citaba Sánchez. Tanto el presidente como su vicepresidenta segunda, se reunieron el martes durante dos horas para tratar de acercar posturas, y aunque las dos partes salieron satisfechas del encuentro, más allá del compromiso del mandatario de no tocar el presupuesto social, la cita se saldó sin acuerdos. En conversación informal con los periodistas este miércoles en el Congreso, Díaz ha vuelto a poner en el centro la necesidad de hacer un balance de la situación en el país para construir ese modelo y ha defendido que el debate sobre defensa llegue a las Cortes de forma serena (en referencia a la comparecencia prevista del presidente), aunque no ha abogado por que las modificaciones del gasto deban ser votadas en el Parlamento.

Frontera con Rusia

Orpo agradeció mucho el viaje a Sánchez, que muestra, explicó, la solidaridad de España con un país que tiene una enorme frontera con Rusia, pero de forma amable, siempre respetuosa, también dejó claro que Finlandia no solo apuesta por ese 2% sino más allá, algo que sería difícil para España e Italia, países ya muy al límite de su deuda y que rechazan de plano, como ha insistido Sánchez, que el aumento del gasto en defensa pueda suponer recortes sociales. Orpo sí explicó que su país ha hecho recortes porque necesitaba ese dinero para aumentar el gasto en seguridad, que para ellos es troncal al ser fronterizos con Rusia.

“Que el presidente Sánchez haya viajado a Finlandia en este momento es una muestra de seguridad europea. Estamos unidos. Sabemos que Rusia es una amenaza permanente para toda Europa. Por eso debemos reforzar nuestra defensa. Debemos trabajar, como hacen en España, aumentando el gasto militar”, arrancó el finlandés. Y cuando le preguntaron sobre el 2% de gasto en España, insistió: “sobre el 2% querría decir que todos los estados de la UE y la OTAN entienden que el entorno ha cambiado y que debemos gastar más por la amenaza de Rusia y porque Trump irá rebajando el apoyo de EE UU a la defensa de Europa. Por estos dos motivos debemos gastar más. Casi todos los países europeos están dispuestos a gastar un 2% o más. En Finlandia hemos tenido que recortar el gasto público. No ha sido sencillo, pero necesitamos utilizar estos fondos para la seguridad. Por eso necesitamos un instrumento para toda Europa. Estamos abiertos a todo tipo de solución. Estamos preparados para dar apoyo a todos los países. En el pasado Europa ha sido frugal, pero ahora hablamos de seguridad que para nosotros es fundamental. Debemos dar prioridad a las áreas más afectadas. Y entendemos que hay otras amenazas en otras zonas de Europa como España”, remató Orpo.

Finlandia fue siempre uno de los países frugales, los más reticentes a los fondos europeos durante la pandemia de covid y a otras medidas de gasto público, pero ahora el primer ministro, de centroderecha, admite que ha cambiado de posición ante la amenaza rusa. Sánchez estuvo de acuerdo en que estos nuevos fondos europeos para el rearme que se están fraguando deberían ir sobre todo para los países más amenazados, aunque pidió que también sirvan para una visión de 360 grados y por tanto para las amenazas en el sur y para la ciberseguridad.

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Sánchez sufre una presión cada vez más fuerte por parte de varios países europeos, especialmente los más amenazados por Rusia y los que más gastan en defensa, para que España participe en el rearme que se pactó la semana pasada en Bruselas con más gasto militar, con un porcentaje mayor sobre el PIB, incluso superior al 2% que Madrid prometió en 2014, con un Gobierno del PP, que alcanzaría en 2029. En los debates europeos, Sánchez muestra el claro compromiso político de España con la defensa de Ucrania ―no en vano ha ido cuatro veces a Kiev a apoyar a Volodímir Zelenski― pero también pide cautela y trata de explicar que el margen para aumentar el gasto en defensa de países como España o Italia es limitado, porque en ningún caso es aceptable que eso se haga a cambio de recortes sociales, algo que él rechaza de plano.

El presidente, explican en su entorno, es consciente de que el debate europeo camina hacia una presión clara para un rearme, y por tanto España deberá ofrecer compromisos. Por eso el jueves en Bruselas dijo que adelantaría el compromiso del 2% en 2029, aunque no dijo cuánto. En La Moncloa insisten en que todo está aún muy abierto porque los gobiernos están en plena discusión europea sobre cómo se hace ese rearme, si es con fondos europeos, si es con transferencias o con créditos, si es para reforzar las capacidades de forma conjunta, y no país por país.

Sánchez se mueve en un delicado equilibrio entre los compromisos europeos y en el seno de la OTAN que está decidido a cumplir, y la realidad política española, en la que el presidente gobierna con una mayoría en la que hay varios grupos que tienen muchos recelos ante cualquier cosa que suene a aumento del gasto en defensa. El presidente cree posible este equilibrio y este martes lo buscó en una reunión con Yolanda Díaz, en la que, en dos horas largas de conversación, garantizó a su socio de Sumar que ningún movimiento sobre seguridad y defensa ―La Moncloa insiste en unir los dos conceptos para lograr que se cuenten en ese 2% gastos en partidas no exclusivamente militares como la ciberseguridad― supondrá tocar el gasto social, una línea roja clara para la vicepresidenta segunda. Díaz exhibió ante Sánchez sus propuestas para que cualquier avance se concentre en fondos mancomunados europeos y en defensa común, y no en aumentar el Presupuesto de cada país, algo que en Sumar ven como un error porque no resuelve el problema de tener más capacidad frente a la amenaza rusa. La reunión fue bien, según coincidieron las dos partes, y la coalición no corre peligro. Díaz pone así sus condiciones, que Sánchez acepta porque no están lejos de lo que él mismo plantea, pero no se plantea romper.

Pero el delicado equilibrio de la política española no depende solo de Sumar, sino de otros socios de la mayoría ―Podemos ya avanza que está en contra de cualquier movimiento de rearme, aunque sea europeo― y también del PP, que ha optado por buscar el choque dentro del Gobierno y forzar al máximo la tensión entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que considera un desprecio inaceptable que solo le den media hora para hablar con el presidente, algo parecido a los demás grupos, y que La Moncloa le enviara un mensaje con el orden del día pero sin una propuesta detallada.

El PP quiere transmitir la idea de que Sánchez los necesita para sacar adelante sus compromisos, porque el Gobierno está dividido, y por eso pide que la cita sea con el presidente pero también con Díaz. Sin embargo, la coalición organizó este encuentro entre sus líderes entre otras cosas para desmentir esa idea del Gobierno roto, y el tono entre los socios se ha suavizado mucho aunque algunas discrepancias siguen ahí. Y además el entorno de Sánchez insiste en que quieren el apoyo del PP, porque es lo lógico en un asunto tan delicado en el que además están de acuerdo en Europa sus familias políticas, socialdemócratas y populares, pero no lo necesitan imperiosamente porque no hay en el horizonte ninguna votación en el Congreso que haga imprescindible su respaldo si falla Podemos, por ejemplo.

Por eso, de este martes queda una sensación clara en la política española: la rebaja de expectativas de la ronda del jueves, en la que no parece haber encima de la mesa decisiones de alcance sino intercambios de visiones de lo que puede venir en el futuro. Sánchez viaja así a Finlandia con el patio local revuelto, y muchas palabras gruesas, sobre todo del PP, pero con la convicción de que tiene un cierto margen para alcanzar compromisos y mostrar que España está en el corazón de las decisiones sin que eso suponga que se rompa su Gobierno o que se vea abocado a una votación muy complicada en el Congreso.

El Gobierno intensa así bajar la tensión de los últimos días. Pero en cualquier caso, todo en la actual situación es “de momento”, porque nadie tiene aún claro cómo puede derivar la cuestión en las próximas semanas y sobre todo si habrá que enviar soldados a Ucrania, un asunto aún “prematuro”, según el propio Sánchez, pero que sí supondría una votación y un momento muy delicado de la legislatura si una parte relevante de la mayoría decidiera oponerse.

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Sánchez anunció el jueves en Bruselas que esa promesa de llegar al 2% en 2029 se adelantará, y eso abrió con varios de los socios de la mayoría una polémica que está en el origen de la reunión entre los dos líderes en La Moncloa. Pero el presidente no dijo cuánto adelantaría ese compromiso ni cómo, y Alegría ha tratado de rebajar mucho las expectativas también de la ronda de reuniones que tendrá Sánchez el jueves con todos los grupos excepto Vox, en la que no parece que vaya a llevar una propuesta muy concreta ni mucho menos la posibilidad de una votación en el Congreso, muy delicada, que en La Moncloa de momento no ven necesaria.

Además, Alegría ha garantizado que “el aumento de inversión en seguridad en absoluto va a mermar el gasto social, que seguirá siendo una política prioritaria del Gobierno”, una frase pensada para satisfacer a Sumar. Y ese compromiso, según La Moncloa, se lo ha transmitido así Sánchez a Díaz en la reunión.

El sector socialista del Gobierno está insistiendo mucho en la palabra “seguridad” más allá de “defensa” para incluir en ese 2% al que se han comprometido gastos como la ciberseguridad y sobre todo para huir de la dicotomía “pensiones o drones”, “tanques u hospitales” que creen que en este caso no es real porque no se está hablando de reducir el presupuesto social para gastarlo en defensa, sino de algo mucho más complejo y que incluye sobre todo fondos europeos y endeudamiento mancomunado.

Aun así, las diferencias entre el PSOE y Sumar siguen ahí, en un asunto que les ha dividido desde que se formó la coalición en 2020. En un comunicado, el socio minoritario, sin rechazarlo de plano, sí dice que “el aumento del gasto en defensa de los Estados miembros de forma individual no garantiza la superación de los problemas de coordinación y falta de interoperabilidad de las Fuerzas Armadas de los distintos países de la UE. No garantiza una mayor autonomía estratégica, ni mayores cuotas de seguridad compartida”. Las voces en contra de ese aumento de gasto dentro de los partidos de la plataforma de Yolanda Díaz se han sucedido a lo largo de la mañana en la sala de prensa del Congreso.

Dos horas, del mediodía hasta las dos de la tarde, ha durado la reunión para abordar al máximo nivel uno de los asuntos que más han tensionado históricamente la coalición. Y más allá del compromiso de que el aumento del gasto en defensa no afecte al gasto social, no ha habido acuerdos. Así , de hecho en el final del texto de Sumar se dice que ambos “han acordado seguir desarrollando una propuesta conjunta en las próximas semanas”. Pero tanto en La Moncloa como en vicepresidencia insisten en que están satisfechos, tratan de dar la mayor normalidad a este tipo de citas y concluyen que las posiciones no están tan lejos como para no poder encontrar un punto de acuerdo.

Según el comunicado enviado por Sumar, Díaz ha vuelto a reiterar la necesidad de avanzar en la autonomía estratégica de Europa, ha expuesto que hay que hacer un balance y diagnóstico “transparente” de las necesidades y un proyecto claro que se haga cargo “del cambio de paradigma geopolítico global tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y con la guerra en Ucrania aún en curso”. Este es el punto al que también se aferra el PSOE, esto es que las circunstancias han cambiado y hay que ver cómo se les hace frente con nuevas medidas.

La nota enviada a medios hace hincapié en la necesidad de avanzar hacia una “soberanía europea para ir superando la dependencia en esta materia de la OTAN y de EEUU, y de su complejo militar e industrial”. Díaz y Sánchez se han emplazado a seguir desarrollando una propuesta conjunta para un proyecto de paz para Ucrania que coloque “los derechos del pueblo ucraniano y su soberanía en el centro de este proceso”. Sumar aboga por un modelo de defensa y de seguridad europeo autónomo, defensivo y disuasorio, que apueste por el multilateralismo y la defensa de la paz y la seguridad en el marco de Naciones Unidas.

“Garantizar la seguridad europea pasa hoy por poner la cohesión social y la lucha contra el cambio climático en el centro de nuestras políticas. No habrá seguridad europea si no afrontamos la lucha contra la precariedad y la pobreza endémica que existe en el continente”, dice antes de reivindicar el impulso de una “agenda social reforzada en Europa”, en un lenguaje muy alejado del tono belicista impulsado en las últimas semanas desde la UE. “La seguridad europea se juega hoy en el terreno de la defensa, pero también en el terreno tecnológico, el de la ciberseguridad, la cohesión social y ante la amenaza del cambio climático”, añade.

El tema es muy sensible para la izquierda, especialmente entre las formaciones de Sumar, que se han opuesto históricamente a las inversiones en defensa o incluso en el caso de IU, tienen su origen en la oposición a la presencia de España en la OTAN. Este martes, a la misma hora que arrancaba la reunión, han sido varios los portavoces del grupo que han reiterado su rechazo a un incremento del gasto militar. De hecho, a última hora del lunes, los partidos de la coalición izquierdista y verde (Más Madrid, Compromís, IU, Movimiento Sumar...) mantuvieron un encuentro de casi dos horas para consensuar una postura conjunta y aunque oficialmente no trasladaron las conclusiones, algunas fuentes presentes en la reunión deslizaron que se había pactado rechazar un incremento de los presupuestos militares. Desde la dirección del grupo parlamentario, sin embargo, diferencian entre gasto militar y gasto en defensa, que podría incluir inversiones relacionadas con la ciberseguridad.

Antes de conocerse el contenido de las conversaciones entre Sánchez y Díaz, Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de los Comunes, había sido uno de los más duros. “No en nuestro nombre”, sentenció en sala de prensa el parlamentario después de mostrarse contrario a la “escalada belicista” impulsada desde la UE. “No queremos una Europa que se prepare para enviar a nuestros hijos a ninguna guerra. Queremos un proyecto de seguridad compartido, pero que convierta a Europa en un agente de paz”, ha afirmado.

Del mismo modo, la portavoz adjunta de Sumar y diputada de Compromís, Àgueda Micó, rechazó cualquier incremento, incluso si este se hace a cuenta de los presupuestos europeos. “No estamos de acuerdo en incrementar el gasto en defensa. No es una cuestión solo que tenga que ver con afectar a otras partidas de gasto social. Tiene que ver con una situación en la que ya los países europeos tienen 288.000 millones de euros invertidos en defensa”, una cantidad que ya superaría a la de Rusia. También el parlamentario de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, censuró cualquier aumento en esta materia y fue un paso más allá al pedir el “desmantelamiento” de las bases e infraestructuras militares que tiene EE UU en España.

Sánchez dice a Feijóo que hablarán de “mejorar la seguridad y la defensa”

Sánchez ha enviado un mensaje a Feijóo para apuntar que el jueves hablarán de cómo “mejorar la seguridad y la defensa”. El PP había reclamado a La Moncloa que le concretara qué puntos quiere tratar Sánchez con Feijóo en la ronda que ha convocado el presidente con todos los grupos, salvo Vox, a cuyos representantes el presidente del Gobierno también ha dirigido mensajes este martes.

En el mensaje, el equipo del jefe del Gobierno le detalla al líder de la oposición el orden del día, pero sin concreciones. En el texto no se habla expresamente del aumento del gasto en defensa que se está discutiendo. En el escrito, el Gabinete de Sánchez explica al de Feijóo que se hablará de “situación y necesidades securitarias de Europa, la UE y España. Medidas para la mejora de los sistemas de seguridad y la industria de defensa europea, incluyendo los potenciales mecanismos de financiación planteados por la Comisión Europea y su articulación con los mecanismos domésticos. Garantías de seguridad para Ucrania y condiciones para un potencial acuerdo de paz con Rusia. Posibles impactos de la nueva política estadounidense en el espacio de defensa europeo y en la agenda estratégica de la OTAN”.

El PP ha pedido a Sánchez que la reunión se celebre en el Congreso y con presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz y ha dado acuse de recibo del WhatsApp, dirigido a la jefa del Gabinete de Feijóo, al que fuentes populares critican que no se haya adjuntado ningún informe del Ejecutivo para abordar el encuentro. “El Gobierno se limita a enunciar los temas que pretenden abordar (los cuales ya imaginábamos), pero ni han trasladado información complementaria ni han avanzado los planes de Pedro Sánchez”, ha criticado el PP, que considera que “esta manera de proceder, impropia tras 15 meses sin contacto de ningún tipo, no será la que tenga el Gobierno de España cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente”. “Cuando se trata de gasto en defensa, de entrega de armamento, del posible despliegue de soldados españoles, o de abordar un nuevo orden mundial, la interacción entre Gobierno y oposición debe partir de un respeto que no se desprende del proceder de Moncloa”, abundan las mismas fuentes.

El PP utiliza ahora las diferencias entre PSOE y Sumar sobre el aumento del gasto en defensa para escocer a la coalición de ambas formaciones. “Probablemente no hay ninguna materia ya en la que este Gobierno sea capaz de tener una posición única, ni para los temas nacionales ni para los temas exteriores. Es un Gobierno enfrentado con el Gobierno y las consecuencias las pagamos el conjunto de los españoles y la credibilidad internacional de España”, ha subrayado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en un vídeo enviado a los medios en la tarde de este martes después del encuentro de dos horas entre el presidente y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en el que han evitado el choque y el presidente se ha comprometido a no tocar el gasto social.

En el comunicado, Sémper pide a Sánchez que la entrevista del jueves con Alberto Núñez Feijóo se celebre en el Congreso o en la sede del PSOE de la calle de Ferraz y no en el palacio de La Moncloa —como está previsto—, porque,  juicio de los populares,  Sánchez acude a la cita en calidad de “secretario general del Partido Socialista”, pero no como jefe del Ejecutivo por las diferencias con su socio minoritario. “O, en todo caso, Sánchez debería convocar a los grupos acompañado de Yolanda Díaz para que el Partido Popular sepa cuál es la posición completa del Gobierno”, añade el portavoz nacional del PP. “No estamos hablando de un trampantojo más, de una teatralización más”, sostiene Sémper en el vídeo, en el que no se hace referencia al mensaje enviado por Sánchez a Feijóo para informarle del contenido de la reunión, informa Virginia Martínez.

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Sánchez y Díaz hablarán de cómo hacer ese aumento, y sobre todo de cómo buscar que en vez de gastar más se gaste mejor, de forma más coordinada entre los gobiernos europeos, y en cualquier caso que las nuevas inversiones se financien con dinero europeo, y no del Presupuesto español, una línea roja entre los partidos de Sumar. Pero sobre todo, Sánchez y Díaz no tienen en el horizonte una votación complicada sobre este asunto, como espera Feijóo, porque no cuentan con llevar esta cuestión ni a los Presupuestos, que ya casi se dan por imposibles para 2025, ni a una ley que haya que llevar al Congreso.

Lo más probable es que ese adelanto del compromiso de 2029 que plantea Sánchez se haga como se han hecho los últimos aumentos del gasto en defensa: recurriendo al fondo de contingencias, que da un gran margen para gastar más dinero con autorización del Consejo de Ministros y sin necesidad de acudir al Congreso. El Gobierno sí necesitaría una votación parlamentaria difícil para enviar tropas a Ucrania, pero ese es un escenario que La Moncloa aún ve muy lejano.

En este contexto, poco después de verse con Díaz, Sánchez viajará a Finlandia, un país con una enorme frontera con Rusia, precisamente para hablar de seguridad y defensa y trasladar el apoyo de España a naciones como esta, o como los países bálticos o Polonia, que son especialmente sensibles a la amenaza rusa. Sánchez evita el tono militarista de otros presidentes europeos, y rechaza la ansiedad que percibe La Moncloa en el francés Emmanuel Macron por hablar del envío de tropas de paz cuando aún Ucrania está en plena guerra, pero eso no quiere decir que políticamente no esté comprometido con la defensa del país invadido por Rusia. Sánchez fue el único de los presidentes de los grandes países que estuvo en Kiev hace dos semanas, donde no había casi representantes del sur pero sí todos los del este y norte.

El presidente español se mueve así en un complejo equilibrio entre la realidad política española y sus socios de izquierda, que le presionan para no lanzarse a una carrera armamentística, y su compromiso político con los países más afectados, como Finlandia. Esta posición quedará más clara en la comparecencia conjunta el miércoles con su homólogo, Petteri Orpo. Después el presidente también viajará a Luxemburgo, donde se encontrará con el primer ministro, Luc Frieden, y también se verá con Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, que tiene un papel relevante en este contexto de la financiación de los nuevos proyectos de defensa y seguridad europeos. En La Moncloa en cualquier caso confían en que los socios, no solo Sumar sino los demás aliados de la mayoría, con la excepción de Podemos, siempre en posiciones más duras, muestren sus diferencias pero finalmente apoyen al Gobierno con la condición de que este apueste, como está haciendo el presidente, no por un aumento sin más del gasto en armamento en España sino por un proyecto mucho más europeo y que también incluya a la seguridad, esto es, cuestiones como la inversión en ciberseguridad que en España está siendo muy relevante.

Sánchez y Díaz buscarán así una imagen de fortaleza ante las críticas de la oposición. “No se arregla nada por subir el presupuesto militar”, dijo la vicepresidenta segunda en Bruselas, calentando así el ambiente político de la reunión, aunque en La Moncloa insisten en que las posturas de fondo no están tan alejadas. La vicepresidenta tildó de “error” el que Europa no haya contado nunca con una política de defensa y exterior propias y el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, habló de “sustituir progresivamente el paraguas de la OTAN por el de una defensa europea autónoma”, con un modelo “disuasorio y estrictamente defensivo”, que apueste por la “no proliferación y el desarme nuclear”. Desde la legislatura pasada, estos encuentros entre los dos líderes solo se dan cuando las discrepancias afectan a temas de máxima relevancia en la coalición y suelen servir para desbloquear leyes como el proyecto de Presupuestos u otras normas polémicas en las que los socios han chocado de manera frontal.

En Sumar no ocultan en privado que su grupo tiene que hacer estos días equilibrios para mantener una cierta coherencia entre los portavoces de los partidos que la conforman. Dentro de la coalición que se presentó a las elecciones de 2023, hay organizaciones de tradición política muy distinta y que rechazan con mayor o menor beligerancia el aumento del gasto militar en un momento como el actual. Desde los verdes de Equo al Partido Comunista de España, integrado en Izquierda Unida, formación que nació en 1986 al calor de las movilizaciones por el no en la consulta que buscaba ratificar la entrada del país en la OTAN. “No son tiempos de rearme”, rechazó tajante el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, por la mañana. A última hora de la tarde, las formaciones que integran el grupo parlamentario, incluido Compromís, se reunieron para tratar de llevar una posición común al encuentro. Algunas fuentes presentes en la mesa de partidos aseguran que se pactó el rechazo a un incremento del gasto militar (armamentístico) en los Presupuestos, que haya más transparencia sobre qué se considera inversión en defensa, trabajar por el alto el fuego en Ucrania y avanzar hacia esa autonomía estratégica europea.

Díaz acude a la cita con Sánchez con el ánimo principal de “escuchar mucho” la propuesta de los socialistas, que todavía no tienen muy clara. Para el partido que lidera la vicepresidenta en el Gobierno resulta fundamental que no se vea afectada ninguna partida social del Presupuesto, algo que los socialistas están garantizando públicamente y que el propio Sánchez apuntó en su comparecencia en Bruselas. De hecho, el portavoz de la formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, defendió este lunes en rueda de prensa que si Europa tenía que hacer alguna inversión militar, esta debía sufragarse con un fondo nuevo, que no saliera de las Cuentas nacionales y se mostró igualmente contrario a flexibilizar las reglas de gasto para conceder créditos en materia de defensa. “Tenemos 27 ejércitos mal coordinados. Hay que construir primero capacidades de interoperatividad y coordinación”, subrayó el ministro. “Esa debe ser la prioridad, no la multiplicación de los presupuestos nacionales de defensa”, que entre todos suman más que el gasto militar ruso, sostuvo.

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Los conservadores les sacaban más de 20 puntos en las encuestas; las elecciones de este año, aún sin fecha, parecían resueltas en un giro a la derecha en línea con EE UU. Pero la ofensiva de Donald Trump contra Canadá, el resurgir de un sentimiento patriótico y el discurso firme de Trudeau han provocado un giro radical. Ahora los liberales están por delante en algunos sondeos, y los conservadores intentan desesperadamente alejarse de Trump, con el que hasta hace unos meses compartían muchas cosas. El caso canadiense, mirado desde las cúpulas del PSOE y el PP, demuestra que Trump puede reventar las políticas nacionales y no solo reforzando a la ultraderecha, como ansía Vox, sino también dando alas a quien se oponga a sus políticas de manera más firme.

Esta certeza, sumada a los contactos con líderes europeos del PPE, ha provocado un giro en la estrategia de Alberto Núñez Feijóo. Ahora vuelve a hablar de política internacional, un asunto que tenía abandonado, y se aleja de Trump, al que critica ―aun sin citarlo― por su política de aranceles contra Europa. Eso le aleja de Vox, pero Feijóo sigue siempre tan pendiente de la política nacional, donde se mueve más cómodo, que no puede evitar improvisaciones en defensa del partido de Santiago Abascal como la de este jueves, cuando criticó a Pedro Sánchez por hacer un “apartheid” y dejarles fuera de la ronda que hará en La Moncloa la próxima semana con todos los grupos.

En el Ejecutivo hay una convicción absoluta, contrastada con muchos meses de análisis: si la política española gira hacia la agenda internacional, como está pasando en todos los países europeos, eso beneficiará a Sánchez. “Feijóo lo sabe todo del caso Koldo, pero de política internacional no sabe nada. Sánchez va a recoger ahora todo lo que ha sembrado en los últimos años, lleva desde 2018 marcando un perfil internacional muy alto y trenzando relaciones que ahora son fundamentales. El PP ha perdido años en este asunto. Y ahora lo va a notar”, señala un miembro del Gobierno.

El PP intenta debilitar la posición de Sánchez con la idea de que la mayoría de la investidura no va a apoyar ese aumento del gasto en defensa. Los populares confían en que el presidente tendrá que pedir la ayuda de Feijóo, pero la realidad es que los planes del Gobierno no incluyen nada que necesite una votación agónica en el Congreso. Sánchez presumió el jueves de que su Ejecutivo ha aumentado un 10% cada año el gasto en defensa, y lo ha hecho sin necesidad de que el PP le apoyara. Distintas fuentes del Gabinete coinciden en que hay margen, incluso sin Presupuestos, a través de ampliaciones de crédito o tirando del fondo de contingencias, como hasta ahora, para seguir aumentando el gasto en defensa sin necesidad de pedir ayuda al PP.

Además, España va a luchar para que los principales aumentos vengan a través de fondos mancomunados de la UE, y Sánchez insiste en ampliar el concepto no solo a defensa, sino también a seguridad, para poder incluir todos los gastos que se están desplegando en ciberseguridad y otras cuestiones. El presidente del Gobierno garantizará a todos sus interlocutores de la mayoría, también los más críticos de la izquierda, que este aumento de gasto no supondrá en ningún caso recortes sociales. “Si Trump quiere que Europa sea como EE UU, con un Estado del bienestar débil y mucho gasto en defensa, no lo va a conseguir. No vamos por ahí, ni nosotros ni nadie. Ni Italia ni Francia ni Alemania van a aceptar recortes en pensiones, sanidad o educación para comprarles tanques”, resume un miembro del Gobierno. El propio Sánchez fue muy claro el jueves en Bruselas: “Nuestro modelo de bienestar es imbatible y tenemos que defenderlo”.

Si Feijóo cree que el jueves, cuando vaya a La Moncloa, Sánchez le va a pedir su voto, todo indica que no será así. El presidente ha organizado una ronda con todos los grupos al mismo nivel ―algo que ha molestado mucho al PP, que pretendía un trato preferente― para compartir con ellos la información y para explicarles qué pasos piensa dar, pero las cosas aún están en fase muy inicial, no están acordados ni siquiera los instrumentos ni en qué se va a gastar el dinero y cómo se va a financiar. Sánchez está concentrado ahora en lograr que el dinero europeo llegue en modo de transferencia, y no solo de préstamos, un debate muy similar al que tuvo la UE en plena pandemia, cuando se estaban negociando los fondos europeos que finalmente para España supusieron 72.000 millones de euros en transferencias directas, esto es dinero que no hay que devolver.

En el Gobierno hay una discusión entre el PSOE y Sumar sobre el aumento del gasto en defensa, un asunto que siempre ha sido muy sensible. El Consejo de Ministros más delicado que ha vivido la coalición fue en julio de 2022 y giró precisamente en torno a la OTAN, la entrada de Suecia y Finlandia y el aumento del presupuesto de defensa. Nunca como entonces estuvo el Gobierno al borde de la ruptura. Pero ahora, tanto en el PSOE como en Sumar trasladan que hay diferencias, pero no insalvables. Sumar reclama que en vez de aumentar gasto se oriente mejor, con acuerdos dentro de la UE para no gastar todos en lo mismo y sobre todo para no engordar la industria militar de EE UU. Los socialistas no tienen una visión tan diferente, y de hecho Sánchez está trasladando un mensaje mucho más cauteloso que el de otros líderes europeos e insiste en que España ya está gastando mucho y por ejemplo en equipamiento ya está por encima del 20% del gasto que reclama la OTAN. Sánchez también apuesta por invertir en industria de defensa europea —España tiene un sector potente— y no americana.

El presidente además le recordará a Feijóo, que ahora reclama incluso ir al 3%, que con el PP en La Moncloa, el gasto se quedó por debajo del 1%, y ha sido él quien lo ha subido mucho. De hecho, si no fuera porque el PIB español está creciendo de manera intensa en los últimos años, el objetivo del 2% ya estaría mucho más cerca.

El PSOE confía también en un discurso pragmático de otros socios como ERC, y por supuesto del PNV y Junts, pero se da por descontado el rechazo de Podemos. Sin embargo, en La Moncloa insisten en que no van a necesitar ninguna votación en el corto plazo. Solo haría falta llevar al Congreso un eventual envío de tropas a Ucrania para garantizar un proceso de paz, y ahí habría que ver qué posiciones adopta cada grupo, pero en cualquier caso ese es un escenario lejano. El propio Sánchez criticó este jueves al francés Emmanuel Macron por apuntar esa idea del envío de tropas como algo inminente, cuando la paz aún está muy lejos. “En la izquierda también están cambiando las posiciones. Esto no es la guerra de Irak, EE UU invadiendo un país. Esto es un país invadido por otro imperio, Rusia, que se defiende y tenemos que ayudarlo. Esto es como la república española en 1936 pidiendo ayuda a las democracias europeas y a EE UU. ¿Va a apoyar la izquierda española que hay que dejarles solos?”, resume un ministro. “Europa que ha despertado y que ha entendido que no podemos confiar más en EE UU. Ahora tenemos que ver cómo lo hacemos, pero el escenario de comprar tanques y recortar servicios sociales no existe. Nadie está en eso en Europa, las opiniones públicas lo rechazarían de plano”, sentencia otro. La política española se funde cada vez más con la política internacional, y cada partido se recoloca ante el nuevo escenario. Esta semana dará muchas claves de esos movimientos, y solo Vox se queda con Trump. Pronto se sabrá si eso fue un acierto o un error.

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El PP reivindica que Sánchez necesitará su apoyo para tomar decisiones de fondo como el aumento del gasto en defensa, que Feijóo también apoya. Después de varias semanas en las que, tras la toma de posesión de Donald Trump, el líder del PP esquivaba el asunto y se concentraba más bien en la corrupción y temas nacionales, Feijóo sí ha decidido entrar en esta cuestión para mostrar su apoyo a Ucrania y criticar indirectamente a Trump, alejándose así de Vox, que está defendiendo de forma rotunda al presidente de EE UU. Sánchez ha explicado que no citará a Vox precisamente por este motivo, porque ya está muy clara su posición, que no es la mayoritaria dentro de la Unión Europea.

En una comparecencia posterior también en Bruselas, el líder del PP se ha mostrado durísimo con Sánchez, del que ha dicho que “no se puede apelar a la unidad de Europa cuando se está destrozando la unidad de España”, pero además le ha reprochado que no cite a Vox en la ronda: “Me sorprende este apartheid”, ha asegurado. Uno poco antes, en cambio, el líder popular había lanzado un ataque indirecto a la formación ultraderechista por guardar silencio ante los anuncios de subidas arancelarias de Trump y el posible daño que eso podría hacer al campo español.

Durante su intervención, el líder popular ha venido a decir una y otra vez que el presidente no tiene el respaldo de su Gobierno, y ha incidido en la diferente visión de Sumar y el PSOE sobre el aumento del gasto en Defensa. Esta ha sido su argumentación cuando se le ha preguntado por qué posición mantendrá en esa reunión en La Moncloa o si ofrecerá su respaldo para un aumento del gasto en Defensa.

Días después de esa ronda de reuniones, Sánchez también comparecerá en el Congreso a finales de marzo. El presidente ha explicado, sin citar a Trump pero refiriéndose claramente a él, que “el orden internacional está erosionando” y “hay países dentro y fuera de Europa que buscan una Europa dividida”, en referencia también al húngaro Viktor Orbán, pero en contraposición ha confiado en que la cumbre extraordinaria de la UE lance un “mensaje de unidad, de fortaleza, de que vamos a ir hacia adelante para fortalecer una Europa más unida”.

“He estado en París, Bruselas, Londres, y hemos lanzado un mensaje de apoyo total a Ucrania. Mientras se habla de qué vamos a hacer en un alto el fuego, la realidad es que la guerra continúa. España ha prometido 1.000 millones de euros anuales para ayuda militar a Ucrania para lograr una paz justa y duradera. Ayer escuché al presidente de Francia, hoy responde Rusia. Quiero decir que estamos aún en etapas prematuras para saber cuál es la participación de Europa en ese contexto de paz. No sabemos en qué contexto se va a producir alto el fuego. Me parece prematuro especular sobre estas cuestiones. Es importante que Europa no se subestime a sí misma. Somos el mayor bloque comercial del mundo, tenemos ciudadanos libres, podemos dar una respuesta unida y clara”, ha rematado el presidente.

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Sin los cuatro diputados del partido de Ione Belarra, la proposición de ley no tiene votos ni siquiera para ser tomada en consideración, esto es, para empezar a tramitarse. La oposición frontal del PP y Vox hace que la coalición necesite a todos los socios de la mayoría. Por eso, el Ejecutivo, que aún no ha empezado la negociación con Podemos, se plantea la posibilidad de tomárselo con calma y no precipitar la fecha de esta toma en consideración en un pleno hasta que no esté garantizado que Podemos votaría a favor.

El grupo de Belarra ha hecho en otras ocasiones amenazas similares y luego, en el último momento, con alguna concesión que suelen negociar directamente con Félix Bolaños, su principal interlocutor, ha cedido y ha evitado romper la mayoría. Pero esta vez Podemos insiste en que se trata de una cuestión ideológica, de fondo, y en el Gobierno también ven que sus posiciones son especialmente combativas y nadie tiene claro en este momento si la ley podrá salir adelante. En el Ejecutivo temen que igual que en otras ocasiones, como pasó en diciembre con el paquete fiscal, la tensión entre Junts y ERC llevó al límite a la mayoría de la investidura y estuvo a punto de tumbar la reforma —se desbloqueó en el último minuto con una videoconferencia con Carles Puigdemont y María Jesús Montero negociando directamente— ahora sea la disputa por el espacio político entre Podemos y Sumar lo que pueda complicar esta ley que es decisiva para la legislatura porque supone el paso definitivo para desbloquear la relación entre el PSOE y Junts, de la misma manera que la semana pasada el acuerdo para la quita de la deuda de la Generalitat ajustó la relación entre el PSOE y ERC.

El Gobierno controla los tiempos a través de la Mesa del Congreso, y, por tanto, no hay ninguna urgencia, la toma en consideración podría retrasarse sin problemas. No hay una fecha límite, porque se trata de una norma con una tramitación larga y con una aplicación también compleja, en la que debe haber mucho desarrollo técnico para ver de qué manera los Mossos d’Esquadra empiezan a tomar competencias sobre inmigración, procesos de expulsión, permisos de residencia y control del centro de internamiento de extranjeros de Barcelona que hasta ahora hacían la policía o la Guardia Civil. Pero Junts obviamente sí tiene mucho interés en que se cumpla este compromiso, y presionará para que se tramite. De hecho, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ya ha intentado ponerse en contacto con la líder de Podemos, Belarra, para ver si hay espacio para la negociación, aunque ella de momento no ha contestado.

El martes, cuando se registró la iniciativa, Podemos fue muy duro al rechazarla porque, según Belarra, “Junts quiere las competencias de inmigración para hacer políticas aún más racistas y contrarias a los derechos humanos”, pero abrió una puerta: si se aprueba la iniciativa legislativa popular (ILP) que promueve una regularización extraordinaria de inmigrantes, ellos podrían apoyar la proposición de ley. Esta sería una salida factible, según fuentes del Gobierno, porque el Ejecutivo respalda la idea de la regularización y de hecho está abriendo la puerta a hacerla de facto a través del reglamento de la Ley de Extranjería. En realidad se trata de decenas de miles de personas que tienen trabajo en España, que ocupan puestos necesarios, que viven con normalidad, pero que aún tienen una situación irregular. En el Congreso había bastante consenso y hasta el PP, impulsado por Cáritas, organización de la Iglesia que ayuda a estos inmigrantes, aceptó tramitar la ILP, no así Vox. Por eso ahí podría haber espacio para la negociación.

Pero Podemos ha endurecido aún más su posición este miércoles y ya no habla solo de la ILP, sino que señala que el problema es la propia reforma en sí, sobre todo por la exposición de motivos, que en su opinión “compra el marco de la derecha” y que la iniciativa solo sirve para “descentralizar el racismo”. Por eso la preocupación se ha extendido en el Gobierno y en Junts ante la posibilidad de que Podemos haga una bandera de esto para chocar con Sumar y eso complique la negociación y termine dificultando la aprobación de una norma que es estratégica para el Ejecutivo en su relación con Junts.

En Sumar, a pesar de que desde el primer momento Yolanda Díaz respaldó la iniciativa, también empiezan a surgir algunas dudas no tanto por lo que pone en el texto, que además no gestionará de momento Junts sino un Gobierno catalán que dirige el socialista Salvador Illa y que cuenta con el apoyo de los Comunes, sino por la utilización que está haciendo Junts de este acuerdo político. Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, aseguró, en línea con lo que había dicho el día anterior Yolanda Díaz, que el acuerdo es “un avance importante” para Cataluña, pero se mostró muy molesta porque, en su opinión, Carles Puigdemont, se está “excediendo” con su “interpretación interesada”. En Sumar, y también en el PSOE aunque evitan el choque con los independentistas para no perjudicar el acuerdo, ha sentado muy mal que Junts aproveche el momento para plantear la posibilidad de que se exija a los inmigrantes que hablen catalán para tener permiso de residencia, algo que no está en ningún momento en el texto presentado en el Congreso.

En Sumar preocupa que en la batalla dialéctica pueda ganar peso el discurso más duro antiinmigración de Junts, algo que también molesta a ERC, cuyos votos son también imprescindibles. “Junts hace mucho que compite con Aliança Catalana y nos da vergüenza ver cómo instrumentalizan los cuerpos y las vidas de las personas migrantes de una forma tan irresponsable”, aseguró Vidal para marcar distancias con los independentistas. La secretaria de Comunicación de Sumar, Elisabeth Duval, también dijo en La Sexta que el problema no es la delegación de competencias, sino algunos puntos de la exposición de motivos, por el riesgo de que “se compren un marco nativista como el de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols”.

Todas estas reacciones demuestran que el asunto es muy sensible, que es muy complicado poner de acuerdo a una mayoría de la investidura que piensa muy diferente en cuestiones básicas como la fiscalidad o esta de la inmigración, y que el Gobierno no ha terminado la tarea con el pacto con Junts y aún tiene mucha negociación por delante en el Congreso. Pero a la vez, también parece claro, una vez más, que nadie quiere cargarse la legislatura. La solución llegará en las próximas semanas.

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Junts ha negociado la inmigración porque se la prometieron hace más de un año a cambio de la aprobación de un decreto ómnibus en el que estaban en juego 10.000 millones de fondos europeos. “Es una carpeta que no tiene nada que ver con los Presupuestos. No se desbloquea nada. Lo desvinculamos al 200%”, son tajantes en el círculo de confianza de Carles Puigdemont, donde tienen dos prioridades: la oficialidad del catalán en las instituciones de la UE y la aplicación de la ley de amnistía. Ninguna depende del Gobierno. El Constitucional confía en dictar antes del verano la primera sentencia sobre el perdón por los delitos relacionados con el procés y la previsión que hacen en la cúpula de Junts es que Puigdemont y otros altos cargos políticos se pueden beneficiar de la medida de gracia en verano.

ERC ha discutido a su vez sobre la quita de parte de la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la gestión de Rodalies, dos compromisos que el PSOE adquirió hace un año y medio a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Así que ninguno de los dos avances supone ninguna garantía para los Presupuestos. Por eso el Gobierno no quiere vincular ahora el pacto conseguido con Junts, y tampoco se muestra especialmente optimista. De hecho, en el Ejecutivo cada vez se percibe con más claridad que los Presupuestos son una meta casi inalcanzable, dadas las tensiones entre todos los socios que tendrían que sumar sus votos para aprobarlos, aunque con Sánchez nunca conviene hacer afirmaciones definitivas. Distintos ministros vienen deslizando las últimas semanas que la prórroga presupuestaria —la sexta en los últimos 10 años— no es un drama, ya que las cuentas vigentes son expansivas y llevan el sello del Gobierno progresista. El razonamiento que hacen es que no hacen falta unos nuevos Presupuestos y que ni siquiera son necesarios para llegar a 2027 y completar la legislatura. Fuentes del máximo nivel del Ejecutivo se escudan además en que las comunidades del PP que dependen de Vox tampoco han sacado sus cuentas adelante y que, por tanto, la presión de la derecha por la falta de unas cuentas actualizadas no es creíble.

Mientras Junts y ERC insisten, pues, en que estas negociaciones no despejan la carrera por los Presupuestos, que con ellos está entera por hacer, otros grupos, como Podemos, también ponen el listón muy alto para aprobar esas cuentas. La formación de Ione Belarra exige medidas que se antojan muy difíciles para el Gobierno, como la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel y bajar por ley el 40% el precio de los alquileres. En esta tesitura, en el Ejecutivo se va extendiendo la idea de que tal vez no sea posible ya sacar los Presupuestos de 2025 y habría que empezar a pensar en los de 2026. Algo para lo que tampoco queda tanto tiempo si se quiere hacer en tiempo y forma, porque tendrían que estar listos para presentarse en septiembre y aprobarse antes de fin de año.

Pero lo que sí tienen claro en La Moncloa es que las últimas negociaciones resueltas con ERC y con Junts, ejecutadas casi a la vez, son muy relevantes porque tranquilizan la legislatura aunque no garanticen los Presupuestos. Los mensajes que van transmitiendo tanto desde ERC la semana pasada como desde Junts este martes indican que la relación entre los socios cambia con estos acuerdos, que nadie está pensando en tumbar la legislatura, y que otras leyes que el Gobierno tiene en cartera sí son posibles, aunque antes habrá que hacer mucha negociación. “Los acuerdos llaman a acuerdos”, resume un ministro. Lo importante para el Ejecutivo, desde el punto de vista político, según explican diversas fuentes consultadas, es que la mayoría de la investidura se vuelve a engrasar y se puede pensar con claridad en una legislatura larga aunque con mucha menos tarea legislativa que la anterior, cuando se aprobaron 200 leyes, pero que no esté completamente vacía. Para eso el Gobierno ha tenido que ceder de nuevo y entregar a Junts algunos hitos que hace unos meses negaba, entre ellos una participación de la Generalitat en el control de fronteras para la devolución de inmigrantes o la posibilidad de que las expulsiones partan de una solicitud del Gobierno autonómico y no del Estado, como era hasta ahora.

Pero ya al margen de lo que el pacto entre PSOE y Junts signifique para reforzar la mayoría, de momento las cuentas no salen para aprobar la proposición de ley registrada a primera hora de este martes porque Podemos se opone a la delegación de la gestión de las competencias migratorias a Cataluña. Su secretaria general, Ione Belarra, ha advertido que los cuatro diputados de su partido votarán en contra de la ley que pretende delegar la gestión de las competencias migratorias a la Generalitat. “Este acuerdo no contará con los votos de Podemos” ha remarcado Belarra, que considera “imposible de garantizar” el respeto a los derechos de los inmigrantes. “Una vez que delegas las competencias en una institución que el día de mañana puede estar en manos de un partido antiinmigración como es Junts y una ultraderecha conservadora como es Aliança Catalana, eso no tienes forma de controlarlo y de asegurarte que se cumplen con los derechos humanos”, ha afirmado en una entrevista en la cadena de televisión Canal Red.

El Gobierno alega que mantendrá la titularidad estatal de la competencia migratoria, y que, por lo tanto, podría “detraer”, según fuentes del Ejecutivo, la transferencia de su gestión en el supuesto de que gobernasen formaciones que vinculan la delincuencia con la inmigración, como ha hecho Junts. Los socialistas anteponen como garantía extra que el actual president catalán es Salvador Illa, del PSC, un aval con el que ganar tiempo. Unos argumentos que no convencen a Podemos, el socio del Gobierno más impredecible con permiso de Junts. El pacto en inmigración ha evidenciado sobre todo sus tensiones con Sumar en una cámara en las que al Gobierno no le sobra un solo voto. “Estamos viendo una mimetización entre el PSOE y Sumar, comparten Gobierno, cada vez tienen más puntos de sintonía y cada vez están más convencidas de que esa política del PSOE es la que hay que hacer... Ahora mismo, Pedro Sánchez está ya en una posición comodísima porque tiene un Gobierno en el que sólo manda él y se hace lo que dice el PSOE”, arremetió Belarra contra el socio minoritario del Ejecutivo. Sus palabras enturbiaron la satisfacción en el Ejecutivo y se entendieron como un aviso a navegantes de la complejidad de lograr el apoyo de todos los socios de la investidura a la prueba del algodón de todo Gobierno: los Presupuestos.

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En consecuencia, los Mossos no estarán solos en el control de fronteras para la devolución de inmigrantes, como pedía Junts, pero tampoco el Estado, a través de la policía y la Guardia Civil, liderará esta tarea, como planteaba Interior, muy reticente a ceder ninguna parte del control de fronteras a la Generalitat. El acuerdo va así más allá de las líneas rojas que había marcado Fernando Grande-Marslaska, ministro del Interior, y el propio Pedro Sánchez, que hace un año, preguntado por este asunto, ya entonces polémico, señaló en una entrevista en EL PAÍS: “Las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado”.

Al final, desde el punto de vista simbólico, aunque no tenga mucho efecto práctico, es importante saber qué cuerpo recibirá a los extranjeros al llegar al aeropuerto de Barcelona, por ejemplo. La redacción de la proposición de ley apunta a que podría haber un mosso en esa primera garita, para controlar si la persona puede o no entrar en Cataluña, aunque siempre en coordinación con la policía y la guardia civil. Pero fuentes del Gobierno señalan que eso no está cerrado y de momento seguirá siendo un policía el primero al que vea un extranjero al llegar. Otra posibilidad es que estuvieran los dos cuerpos juntos en la llegada. “Que los mossos y policía colaboren y se coordinen es una muestra de que el Estado funciona. Los mossos actuarán en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, insistió la ministra de Inclusión, Elma Sáiz, cuando le preguntaron expresamente por esto. Marlaska no compareció tras el Consejo de Ministros para explicar este acuerdo, con mucha resistencia en Interior, pero Sáiz aseguró que este pacto cuenta con el apoyo “de todos los ministerios”.

Sobre expulsiones, asunto también muy sensible, la proposición de ley es clara: “Respecto al resto de los procedimientos sancionadores en materia de extranjería que pueda recaer una sanción de expulsión, se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de incoación, instrucción y propuesta de resolución de dichos procedimientos sancionadores por actuaciones realizadas por personas físicas residentes en el ámbito de la comunidad autónoma de Catalunya”. Esto es, la Generalitat dirigirá las expulsiones que no requieran expediente, las más infrecuentes. Las demás, que son la enorme mayoría, se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la administración autonómica (algo que hasta ahora hacía el Estado) previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña, presidida por la Generalitat. La cuestión más sensible, la expulsión, queda así muy delimitada y la Generalitat solo dirigirá la devolución en frontera de personas que no tienen permiso para entrar en España, algo muy inusual en Cataluña, no así en Canarias.

El Gobierno sostiene que este acuerdo es plenamente constitucional, porque aunque el artículo 149 señala que la inmigración y el control de fronteras son competencias exclusivas del Estado, el 150.2 permite delegarlas, que no transferirlas. Esto implica que se podrían recuperar en caso de conflicto, aunque en España nunca ha pasado y toda competencia delegada ha quedado definitivamente en manos de las autonomías. La ministra de Inclusión, Elma Sáiz, aseguró que el Gobierno “no cede el control de fronteras” aunque luego, al comentar la redacción del artículo 9 en el que sí se habla de delegación del control de fronteras para devolución de inmigrantes, sí admitió: “la Generalitat podrá expulsar a personas que tengan prohibida la entrada en nuestro país, que no necesitan expediente. Cuando sea necesario un expediente [los casos más frecuentes] la Generalitat podrá proponer”. Junts lo explicó de otra manera. A partir de ahora, dijo Miriam Nogueras, la portavoz parlamentaria, “todas las expulsiones de ciudadanos extranjeros en Cataluña serán a petición de la Generalitat”. Mientras, Carles Puigdemont comparó esta decisión con la histórica delegación de competencias en prisiones a la Generalitat en 1983.

Sáiz además reivindicó que el Gobierno no asume el discurso de Junts, muy duro con la inmigración, y sostiene que por eso “la exposición de motivos recoge los principios y valores que defiende el gobierno de España. Una política que pone en el centro los derechos humanos porque así lo consideramos. Somos un país con memoria y fuimos un país emigrante”, remató. Mientras, Junts reivindica que ha logrado prácticamente casi todo lo que reclamaba.

Con este acuerdo, el Gobierno no se garantiza los Presupuestos, que siguen estando muy complicados porque hay varios grupos que no parecen muy dispuestos a aprobar los de este año o ponen condiciones muy difíciles para el Gobierno ―ERC, Podemos― pero el Ejecutivo sí confía en tener al menos una etapa de cierta estabilidad. El Gobierno acaba de cerrar con ERC un acuerdo sobre la quita de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que se extiende a todas las demás autonomías, y ahora firma este con Junts sobre inmigración una semana después, logrando así una cierta calma para negociar otras leyes y pensar en una investidura larga hasta 2027 con o sin Presupuestos.

Sin embargo, el acuerdo también será polémico y es muy probable que ahora se abra una batalla legal en la que el PP recurra al Tribunal Constitucional. El Gobierno insiste en que el acuerdo respeta en todo momento la Constitución, que a través del artículo 150.2 da mucho margen para delegar, que no transferir, varias competencias que en principio eran estatales como esta. El acuerdo será polémico también en sectores progresistas, porque Junts tiene un discurso muy duro sobre inmigración en el que en ocasiones compite con un rival que le ha surgido en la derecha del independentismo, Aliança Catalana. El Gobierno argumenta que quien va a gestionar estas competencias ahora es un Ejecutivo catalán socialista, el de Salvador Illa, sin presencia de independentistas, pero la inquietud de algunos sectores pasa por lo que pueda venir en el futuro si Junts vuelve a la Generalitat y sobre todo por alentar este discurso tan extremo.

Según el comunicado conjunto de socialistas e independentistas, Cataluña se configurará como “ventanilla única” en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; y también expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del registro del NIE. La Generalitat gestionará además las devoluciones de extranjeros (cuando tengan prohibición de entrada).

Ambas fuerzas han pactado el incremento del número de mossos d’Esquadra en Cataluña en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes. La comunidad ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos (incluida la resolución y ejecución). De este modo, instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devolución). Las expulsiones que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña.

Otro punto que recoge el acuerdo entre el PSOE y Junts es que Cataluña gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros. En contrataciones en origen, Cataluña será la administración que determinará (junto a sus empresas y sindicatos) los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras. En materia lingüística, “se aplicarán las previsiones de la legislación vigentes al ejercicio de las competencias delegadas”. El pacto especifica que serán los Mossos quienes ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.

Y se concreta que el Estado transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega. “En definitiva, con esta Ley Orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración Cataluña podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español”, cierra el acuerdo.

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La respuesta va en línea con los mensajes de la Comisión Europea y de otros líderes del continente, que se están preparando una guerra comercial con EE UU que en cualquier caso la UE pretende evitar. Sánchez también ha planteado esa idea, que en cualquier caso harían algo como reacción a Trump, pero la UE no quiere ni mucho menos desatar esta guerra y no será quien la empiece, de hecho su apuesta política es exactamente la contraria, aunque no puede quedarse de brazos cruzados si Estados Unidos, histórico aliado hasta la llegada del magnate a la Casa Blanca, inicia una ofensiva contra uno de los gigantes comerciales del planeta y uno de sus principales clientes y compradores en el mundo. “La Unión Europea no se creó contra nadie”, ha explicado Sánchez. “Al contrario, la UE se creó a favor del multilateralismo y del entendimiento entre países de la paz y del desarrollo económico y la justicia social. Hoy la UE es el mayor bloque comercial del mundo, mayor que Estados Unidos y que China. Lo decimos pocas veces, se sabe poco, pero es así. Somos la segunda mayor economía del mundo y es la región con mayor desarrollo social y medioambiental del planeta. Por eso, creo que es importante recordar que la Unión Europea es una potencia global que ante cualquier tipo de amenaza de involución o de cierre de las economías, vamos a responder de otra manera completamente distinta, que es con el avance y con la apertura hacia el mundo”, ha insistido el presidente, que está apostando por el europeísmo como gran mensaje político frente a Vox, que se ha aliado con Trump y defiende sus políticas.

Todo el discurso era una respuesta a Trump, sin citarlo. El presidente de EEUU, ha llegado a decir que la UE “fue creada para joder a EEUU”, algo que escapa al más mínimo análisis histórico. Sánchez ha contestado directamente. “Hay quienes dicen que la UE fue creada para molestar a otros. Y no es verdad. De hecho, buena parte de la riqueza que hoy tiene ese gran país que admiramos como es EEUU es gracias también a Europa”, ha asegurado el presidente español.

Sánchez insistió en que Europa estará unida en caso de posible conflicto con EE UU, al contrario de lo que cree Trump. “Nuestra unidad y nuestra solidaridad serán nuestras mejores herramientas y nuestro argumento para abordar un conflicto del que, si se produce, estoy convencido, saldremos de nuevo adelante. Porque a lo largo de estos difíciles siete años la Unión Europea es mucho más ágil y mucho más poderosa de lo que algunos se creen. Es más poderosa de lo que los propios europeos pensamos. Lo demostramos durante la pandemia de la COVID19, durante el chantaje energético y la crisis inflacionaria que la invasión de Putin ha provocado en Ucrania, y lo vamos a demostrar cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo”, ha rematado el presidente, en un tono que avanza que la guerra comercial es inminente.

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En este contexto, cinco presidentes progresistas —uno europeo (Pedro Sánchez) y cuatro latinoamericanos, Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (Chile) y Yamandú Orsi (Uruguay)— se reunieron este miércoles por videoconferencia para coordinar sus estrategias “para defender la democracia y luchar contra la desinformación”, según explicaron en una nota conjunta.

La reunión daba seguimiento al encuentro de alto nivel que mantuvieron en septiembre en Nueva York, en el contexto de la asamblea general de la ONU, cuando Trump aún no había sido elegido presidente. El texto no lo cita, pero parece evidente que la sombra del presidente de EE UU y su mano derecha, el magnate Elon Musk, estaba muy presente en la reunión. “Durante la cita de trabajo, los mandatarios reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, y delinearon acciones conjuntas para hacer frente a la desigualdad, la desinformación y el uso malintencionado de las redes sociales y otras tecnologías digitales que alimentan el extremismo y la polarización de nuestras sociedades, para construir un futuro más seguro y próspero para todas y todos”, señala la nota.

“Los líderes coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación multilateral para enfrentar estos desafíos y fortalecer las democracias. Este encuentro refleja el firme compromiso de los líderes de Chile, Brasil, España, Colombia y Uruguay con la protección de la democracia, la prevención de los extremismos y la promoción de sociedades más inclusivas, justas y resilientes”, remata.

Las redes sociales y su toxicidad para el debate público estuvieron en el centro de las conversaciones. Brasil es el país que ha ido más lejos, y un juez llegó a cerrar X durante un tiempo, hasta que Musk, enfrentado duramente a la justicia brasileña, a la que calificó de corrupta, cedió y aceptó identificar a algunas cuentas que habían sido muy importantes para el intento de golpe de Estado en Brasilia con la toma de la sede del Gobierno nada más ganar Lula, similar al asalto al Capitolio de Washington tras la victoria de Joe Biden en 2020. Brasil está estudiando además las últimas decisiones de Meta de reducir el control y la verificación en sus redes para ver qué consecuencias legales tiene esa medida.

Sánchez aún no ha llegado tan lejos en sus actos de Gobierno, pero sí en sus discursos, que está centrando últimamente en la necesidad de recuperar el debate democrático sano en las redes sociales y en su lucha contra la “tecnocasta” de millonarios que las poseen. El presidente español llevó a esta reunión los planteamientos que expuso en la Cumbre de Davos, esto es:_la necesidad de acabar con el anonimato en las redes, de hacer públicos los algoritmos y de hacer responsables de lo que allí se publique a los dueños de las redes, de la misma manera que sucede con los medios de comunicación.

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De nuevo se produce un momento similar al del decreto ómnibus, que contenía la subida de las pensiones: el Gobierno intentó presionar al PP ante el escenario de que Junts podría rechazar el texto. Finalmente tanto los independentistas como el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo votaron en contra y la iniciativa cayó, aunque después de una negociación con los independentistas el Gobierno pudo recuperarla y entonces sí, cuando su voto ya no era decisivo y ya no podía provocar una derrota del Ejecutivo, el PP también votó a favor.

El Gobierno ha puesto en marcha este martes la maquinaria para presionar al PP públicamente para ver si la opinión pública de las autonomías gobernadas por este partido entiende que la propuesta del Ejecutivo es positiva y así hace que los populares cambien la idea que traslada en todo momento Feijóo, esto es que todo el PP votará en bloque este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que su posición no es decisiva porque el Gobierno tiene mayoría, pero también en el Congreso cuando llegue la ley que amparará la quita, y ahí sí pueden ser muy relevantes los 137 escaños del PP.

Tanto la portavoz, Pilar Alegría, candidata además del PSOE en Aragón, como el ministro de Transformación Digital, Óscar López, candidato de los socialistas en Madrid, han tratado de presionar al PP con la idea de que no tiene sentido rechazar algo que supone quitar deuda y, por tanto, ahorrar los intereses y poder dedicarlos a servicios públicos, en un momento en el que las autonomías reclaman mejor financiación y sostienen que tienen dificultades. “El PP tiene que aclarar si está por condonar o por condenar, si quiere condonar o quiere condenar a todos los ciudadanos de sus autonomías al no aceptar una iniciativa que puede mejorar su situación económica”, aseguró Alegría. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, ha dicho que este sistema perjudicaría a Madrid, porque recibiría 8.000 millones de condonación mientras Cataluña tendría 17.000 o Andalucía 18.000, porque están más endeudadas. “A mí me encantaría que me perjudicaran quitándome la hipoteca”, ha ironizado López. “Si perjudicar a Madrid es condonar 8.000 millones de deuda, por favor que me perjudiquen todos los días. Madrid ha recibido 109.000 millones del Estado desde 2018, 30.000 más que con Rajoy. Y ahora se le ofrecen 8.000 millones más”, ha rematado López.

Alegría además ha recuperado unas palabras de la consejera de Hacienda de Andalucía, Carolina España, que en noviembre de 2023 dijo que a su comunidad deberían condonarle 17.000 millones, y estaba de acuerdo, pero este lunes, cuando vio que la oferta es incluso superior, de 18.000 millones, dijo “rechazamos la oferta trampa de Montero porque es un traje a medida para Cataluña”. Alegría cree que el PP está optando por una posición política para defender los intereses de la estrategia de oposición de Feijóo, pero confía en que poco a poco la presión social haga cambiar a los barones del PP. El problema para el Gobierno es que efectivamente los presidentes autonómicos tendrían muchas dificultades para no solicitar el dinero cuando todo esté aprobado, pero políticamente para el PP no es tan complicado votar ahora en contra en el Congreso con la excusa de que esta es una medida negociada con Cataluña. El Gobierno desplegará toda la presión posible con el PP, pero sobre todo intentará trabajar con Junts para que no rechace una ley que beneficia claramente a Cataluña aunque haya sido negociada con ERC y no con el grupo de Puigdemont.

Más tarde, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y candidata en Andalucía, fue muy clara al mostrar su confianza en que Junts también acabará votando a favor. “No tendría ningún sentido que ningún partido político dijera que no. Esto es lo que puedo decir. Entre conseguir todo lo que uno quiere e ir avanzando hacia el objetivo que uno quiere, hay mucho trecho que recorrer. Esta propuesta, estoy convencida, va en línea también con lo que probablemente Cataluña y Junts tenían en el horizonte, porque es muy importante la autonomía financiera de las comunidades autónomas”, señaló.

Junts se mostró muy crítico con el acuerdo con ERC, que anunció el presidente del grupo republicano, Oriol Junqueras. “El café para todos no es la opción de Junts”, ha manifestado este martes Mònica Sales, portavoz de JxCat en el Parlament. Sales ha reivindicado que la formación que preside Carles Puigdemont ya hizo su propia propuesta sobre la deuda catalana con el FLA: “La condonación total”, ha dicho, y la ha cifrado en un impacto de 73.000 millones de euros. Sales ha evitado adelantar qué sentido dará Junts a su voto en el Congreso de los Diputados cuando llegue la hora de validar la norma con la quita parcial a la que se ha comprometido el Gobierno, pero ha avanzado que el partido recibe con muchos recelos el asunto: “La experiencia nos demuestra que puede ser un nuevo timo, que nos quieran dar gato por liebre”. En el Ejecutivo no ha sorprendido la reacción de Junts, a la que le dan la importancia justa pese a la importancia de sus votos y la achacan al pulso que los neoconvergentes mantienen con ERC, que el lunes anunció los 17.000 millones condonados a Cataluña.

Tampoco esta es una cuestión pacífica dentro de Sumar, el socio minoritario del Gobierno. En un difícil intento por conciliar las posturas dentro del grupo parlamentario, la portavoz Verónica Barbero ha valorado el acuerdo como “positivo pero insuficiente”. En una coalición que combina partidos del ámbito estatal y autonómico, que defienden intereses distintos, se trata, con todo, de una discrepancia entendida dentro del espacio político.

“Hay dos cuestiones que nos preocupan”, ha avanzado. “No puede ser es que las comunidades utilicen una quita de deuda para seguir poniendo dinero en manos de los ricos, tiene que ir destinado a favorecer el Estado del bienestar. Y después, es una medida buena pero insuficiente [por la cuantía]. Hay determinadas comunidades que tiene una deuda tan abultada que esta quita no les va a permitir acudir a los mercados”, ha afirmado sobre casos como el de la Comunidad Valenciana, donde la condonación supone tan solo el 18,8% (el más bajo, aunque no cuantitativamente: son 11.000 millones) de los más de 59.000 millones totales. Barbero ha abogado por la reforma del sistema de financiación autonómica, para que este deje de ser “especialmente pernicioso” con autonomías como la Valenciana o la Región de Murcia.

La portavoz de Compromís, Àgueda Micó, ya anunció este martes que ellos no apoyarían ese pacto en el Congreso porque no tiene en cuenta “las necesidades de los valencianos” y critica los criterios aplicados (población ajustada) siendo la suya la comunidad más infrafinanciada históricamente. En un tono muy duro —esta cuestión es un tema central de la agenda política de la formación— Micó ha recordado que la negociación beneficia particularmente a Andalucía, donde la vicepresidenta María Jesús Montero “es la candidata del PSOE”. Compromís advierte de que se opondrá y reclama una “actitud valiente” tanto a populares como socialistas valencianos, a los que ha pedido volver a hacer un frente común para negociar. “Los dos han renunciado al acuerdo que teníamos en las Cortes Valencianas desde 2017″, ha señalado. Fuentes del Gobierno afirman que la deuda condonada por habitante a la Comunidad Valenciana es el límite máximo posible.

Por su parte, el diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso, Jorge Pueyo, considera que la propuesta de Hacienda para que el Estado condone hasta 2.124 millones de euros de la deuda autonómica de Aragón es insuficiente pero un “punto de partida”. Pueyo ha exigido al presidente de su comunidad, el popular Jorge Azcón, que vaya “más allá” y no actúe como una “marioneta” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “El voto de Aragón en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no lo puede seguir decidiendo Ayuso, Azcón debe negociar, defender los intereses de Aragón e ir mucho más allá”, ha sentenciado, sumándose en este caso a la estrategia de presión al Partido Popular. Los Comunes, sin embargo, dan su respaldo y han valorado este martes “positivamente” el acuerdo a través del secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello. “Siempre defendimos de manera clara la necesidad de una financiación singular para Catalunya y creemos que este acuerdo permite avanzar en esta dirección. Estamos convencidos de que la ministra de Hacienda conseguirá que esta solución, que es buena para Catalunya, sea buena también para el resto de comunidades infrafinanciadas”, quiso mediar. Fuentes parlamentarias de IU se muestran igualmente satisfechas con el resultado. “La quita de la deuda autonómica es una buena noticia, y mejor lo será si es condicionada a responsabilidad fiscal en el acuerdo de financiación autonómica y debe extenderse a la local”, ha señalado en esta línea en redes su coordinador federal, Antonio Maíllo.

También desde el Gobierno, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García ha calificado de “buena noticia” el acuerdo, aunque ha reconocido que aún hay que “valorar los distintos escenarios de las diferentes comunidades”. García ha defendido que el Gobierno central ha dado en los últimos años 250.000 millones más de los que destinaba el PP a las comunidades. “Es paradigmático que se quejaran de no tener a su disposición más presupuesto y que ahora se quejen de la quita de la deudaa. Espero que reaccionen y busquen lo mejor para sus ciudadanos”, ha emplazado.

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Oriol Junqueras, líder de ERC, anunció el cierre final del acuerdo para la quita de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que al final pasará de 15.000 a 17.000 millones de euros, más de lo esperado. Casi al mismo tiempo, Jordi Turull, número dos de Junts, anunciaba también que su grupo retirará la proposición no de ley que se iba a votar este miércoles y que reclamaba a Sánchez que presentara una moción de confianza. Los dos grandes obstáculos con ERC y con Junts quedaban así resueltos, aunque con el partido de Carles Puigdemont aún falta cerrar la cuestión más relevante, esto es la transferencia de las competencias de inmigración. Junts usó el habitual lenguaje duro, dijo que no se fía de Sánchez pero sí del mediador internacional, y por eso retira la iniciativa porque él se lo ha pedido, pero lo cierto es que finalmente evitó la votación y esto indica que la negociación sobre inmigración está muy avanzada. Tanto ERC como Junts insistieron en que estos movimientos no indican que vayan a aprobar los Presupuestos. Las Cuentas siguen siendo muy difíciles, y a medida que pasan las semanas cada vez más improbables, pero Sánchez ha ordenado intentarlo y sobre todo está ofreciendo el mensaje, ya muy claro después del acuerdo para el decreto ómnibus hace un mes, de que la mayoría, con sus dificultades, está ahí y el sueño de la oposición de un cambio de bando de Junts no parece de momento realista.

La estrategia de La Moncloa se completa además con un intento por parte de Montero para intentar presionar al PP, muy crítico con la condonación de la deuda a Cataluña, con un caramelo muy difícil de rechazar: 83.000 millones de perdón para todas las autonomías, en las que las gobernadas por el PP, que son la gran mayoría, saldrían muy beneficiadas. Este miércoles esta previsto un decisivo Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Gobierno intentará romper el bloque de los gobiernos autonómicos populares, que según Alberto Núñez Feijóo, van a votar en todos en contra de la condonación.

Pero al margen de ese voto, la medida saldrá adelante ―el Gobierno tiene en ese órgano los mismos votos que todas las autonomías juntas, de manera que le basta una sola para sacar adelante lo que quiera, y el PSOE tiene cuatro― y luego llegará al Congreso, donde también debería salir con la mayoría de la investidura, y ahí llegará un momento muy difícil para los presidentes del PP. ¿Van a renunciar a esa quita de sus deudas que les podría liberar una enorme cantidad de dinero en forma de intereses y les mejoraría su capacidad de endeudarse? ¿Asumirán que su opinión pública les critique por renunciar a ese dinero por motivos políticos mientras insisten en que tienen problemas de financiación? De momento el PP sigue en bloque, y Feijóo insistió mucho en esa idea (”los presidentes del PP van a votar que no a la desigualdad”, dijo) pero el Gobierno confía en que las cosas cambien cuando la oferta de dinero fresco llegue directamente a las mesas de los presidentes autonómicos, dentro de unos meses.

Los datos que ofreció Montero son muy claros para forzar esa presión política: Andalucía podría condonar hasta 18.791 millones, Cataluña 17.104, la Comunidad Valenciana 11.210. “Mucho dinero como para no pensárselo. Espero que los presidentes defiendan los intereses de los territorios antes que las consignas de la calle Génova [sede del PP]”, dijo Montero. Pero Isabel Díaz Ayuso, que no tiene deuda con el FLA sino con privados, aunque también tiene la oferta de que la asuma el Estado, fue rotunda en su rechazo: “Se quiere imponer a punta de pistola al resto de los españoles este trágala inasumible, en lugar de que quienes han provocado la deuda en Cataluña empiecen por tomar medidas”.

Era un día difícil para la socialdemocracia europea, que pierde el poder en el país más importante de la UE, Alemania, con el SPD en el peor resultado de su larga historia de referente de los progresistas del continente. Mientras Olaf Scholz caía, Sánchez, el único líder de un país grande de la UE que queda de esta corriente, que estaba de viaje en Kiev para dar su apoyo a Volodomir Zelenski, vuelve a dar una prueba de resistencia política que siempre tiene dos constantes: el líder del PSOE negocia y cede, casi siempre bastante más de lo que dijo que haría, pero gracias a eso avanza, desbloquea lo que parece imposible, y sigue adelante para poder desarrollar su proyecto político. Feijóo atacó duramente a Sánchez por los acuerdos con Junts y ERC, pero en el PP también han entendido este mensaje político y ya desde el giro de Junts con el decreto ómnibus tienen cada vez más claro que la legislatura será larga. “Continúa la función, este teatrillo entre Junts y el Gobierno les está costando mucho a los españoles”, aseguró el líder del PP. La gran inquietud de los populares es que Sánchez logre pactar los Presupuestos, aunque también creen que tendría que ceder tanto para hacerlo que podría mantener su estrategia de desgaste. El Gobierno ya no parece tan ansioso con las Cuentas, ha asumido que es muy probable que no salgan. Pero después de esta semana importante quedará bastante claro que, las consiga o no, la legislatura va a seguir adelante con la misma mayoría difícil pero no imposible que le dio la investidura de Sánchez.

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Pero la semana no estará solo dominada por un acercamiento entre el PSOE y Junts. También habrá varios guiños con ERC. La semana pasada ya se avanzó en la transferencias de las cercanías, un acuerdo fundamental entre el PSOE y los republicanos para la investidura de Sánchez, y esta se intentará cerrar el otro gran elemento de ese pacto, esto es la condonación de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que el Gobierno quiere extender también a otras autonomías gobernadas por el PP, aunque los populares se resisten. También el viernes se podría avanzar en una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat en cuestiones de la financiación autonómica pactada con ERC para la investidura de Salvador Illa.

Todos estos elementos que coinciden en el tiempo, y otros que podrían surgir en estos días, indican que el Gobierno está trabajando de forma discreta para recomponer la mayoría y prepararse para una legislatura larga, con o sin Presupuestos. El Ejecutivo quiere cerrar todas las carpetas pendientes con los distintos grupos para intentar la negociación presupuestaria, aunque distintas fuentes señalan que será muy difícil llegar a un acuerdo con todos los grupos implicados y que en cualquier momento la tensión entre varios de ellos —ERC con Junts, Podemos con Sumar, EH Bildu con el PNV— podría romper cualquier intento de acuerdo.

Los avances más claros de esta semana son en cualquier caso con Junts después de la reunión mensual que mantuvieron los dos partidos en Suiza el viernes. Los pasos se suceden, aunque la decisión final para desbloquear la relación la tomará Junts este lunes en una Ejecutiva. El mediador internacional en las reuniones entre PSOE y Junts ha pedido al partido liderado por Puigdemont que se plantee retirar la proposición no de ley en la que pide al presidente del Gobierno que presente una cuestión de confianza, por las consecuencias que podrían comportar. El Congreso vota esta miércoles la proposición no de ley de Junts que recoge que Sánchez considere someterse a ese debate. “Una ruptura del espacio significaría un retroceso difícil de superar que frenaría estos avances, que mi función de verificador me impide revelar”, sostiene Galindo en un comunicado difundido este sábado desde Colombia en catalán y castellano, el primero que emite desde que fue comisionado para esa función.

En el texto, Galindo reconoce que “no se han materializado” algunos puntos del acuerdo político entre ambas formaciones, pero asegura que se han producido, “esfuerzos mutuos para avances significativos”. El secretario general de Junts, Jordi Turull, envió un mensaje a los miembros de la dirección, al que tuvo acceso Europa Press, en el que adjunta el comunicado del mediador y explica que les ha pedido que retiren la cuestión de confianza “para evitar una ruptura como desenlace de esta y dar tiempo para materializar temas muy avanzados”.

Turull avanzó así que este lunes la ejecutiva de Junts se centraría en “decidir qué hacemos sobre esta petición del mediador internacional” y añade que el asunto es suficientemente trascendente para hacer “un debate riguroso” y tomar una decisión. Por ello, pide a los miembros de la dirección evitar pronunciamientos individuales en redes y medios. “Mañana decidiremos entre todos”, añade. La dirección de Junts y el PSOE celebraron este viernes una reunión en Suiza para desbloquear la situación.

Desde Palencia, donde participaba en el Congreso del PSOE de Castilla y León, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero —que estuvo el viernes en la reunión en Suiza con Puigdemont—, mostró un claro optimismo después del comunicado del mediador. “Han conocido un comunicado del embajador Galindo que contribuye en las tareas de negociación. Deseo que Junts atienda esta petición. Desde el PSOE queremos evitar rupturas. Cuando la confianza se deteriora hay que recuperarla con esfuerzo”, aseguró este domingo.

El expresidente socialista admite que Junts perdió la confianza en el PSOE por el retraso en el cumplimiento de algunos acuerdos —aunque no lo menciona, las transferencias de inmigración es el más evidente, porque se pactaron hace más de un año—, pero confía en haberla recuperado. “Me consta que Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, está impulsando el cumplimiento de todos los acuerdos. Agradezco a Junts su predisposición. Hay acuerdos que se han dilatado en el tiempo, pero todos los avances de la historia son fruto del diálogo y el acuerdo. Hemos estado en una situación de deterioro de la confianza, pero tratamos de evitar la ruptura. Esto nos permite que el Gobierno pueda llevar adelante un proyecto político que da muy buenos resultados para España”, remató, después de pedir paciencia para esperar la decisión de Junts este lunes. “Valoramos y respetamos el papel del mediador internacional. Analizaremos su petición en la Ejecutiva”, señalan fuentes de Junts.

Sánchez siempre ha rechazado la idea de someterse a una cuestión de confianza, aunque sí aceptó, después de una intensa negociación para aprobar el decreto ómnibus, tramitar la proposición no de ley de Junts, pero con una nueva redacción en la que quedara muy claro que no tiene ningún efecto jurídico porque la decisión es del presidente, que no la piensa convocar.

En cualquier caso, para el PSOE el mejor escenario siempre fue la retirada de la iniciativa después de un acuerdo sobre inmigración que llevan trabajando meses. El hombre clave de esta negociación, el expresidente Zapatero, que siempre participa en los momentos decisivos por su buena relación con el expresident catalán, apunta claramente a una consolidación de la legislatura y este sábado dijo en el congreso del PSOE andaluz en Sevilla: “La legislatura va a durar hasta 2027. Estad tranquilos”.

Todo empezó a desbloquearse con el acuerdo para el decreto ómnibus —que en primera instancia Junts tumbó sumando sus votos a los del PP y Vox—, pero después renegoció y, a cambio de que se partiera el texto y se aceptara la tramitación de su proposición no de ley, abrió la puerta a votarlo a favor, algo que sucedió la semana pasada. El objetivo final del Gobierno es cerrar las carpetas pendientes con los independentistas, sobre todo la de la transferencia de las políticas de inmigración, que llevan negociando más de un año, para abrir si es posible la más difícil, la de los Presupuestos de 2025.

En último extremo, si resuelve todas las demás situaciones, al Gobierno de coalición le quedará Podemos, cuyos cuatro votos son imprescindibles y que ha planteado posiciones de partida muy complejas de aceptar para el Ejecutivo. Por eso en el Gobierno se trabaja con la hipótesis más probable de que no habrá Presupuestos, pero Sánchez ha dado la orden de intentarlo hasta el final y todos estos movimientos de esta semana van en esa dirección. Haya o no Cuentas, en La Moncloa tienen muy claro que la legislatura va para largo.

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En el texto, Galindo reconoce que “no se han materializado algunos puntos del acuerdo político entre ambas formaciones pero ha asegurado que se han producido, “esfuerzos mutuos para avances significativos”. Junts decidirá el lunes si retiran la proposición de ley. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha enviado un mensaje a los miembros de la dirección, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que adjunta el comunicado del mediador y explica que les ha pedido que retiren la cuestión de confianza “para evitar una ruptura como desenlace de esta y dar tiempo para materializar temas muy avanzados”.

“Mañana centraremos mucho la reunión de la ejecutiva ya convocada a decidir qué hacemos sobre esta petición del mediador internacional”, afirma el secretario general, que añade que el asunto es suficientemente trascendente para hacer “un debate riguroso” y tomar una decisión. Por ello, pide a los miembros de la dirección evitar pronunciamientos individuales en redes y medios. “Mañana decidiremos entre todos”, añade. La dirección de Junts y el PSOE celebraron este viernes una reunión en Suiza para desbloquear la situación.

Desde Palencia, donde participaba en el Congreso del PSOE de Castilla y León, Zapatero ha mostrado un claro optimismo después del comunicado del mediador. “Han conocido un comunicado del embajador Galindo que contribuye en las tareas de negociación. Deseo que Junts atienda esta petición. Desde el PSOE queremos evitar rupturas. Cuando la confianza se deteriora hay que recuperarla con esfuerzo”, ha asegurado. El ex presidente admite que Junts perdió la confianza en el PSOE por el retraso en el cumplimiento de algunos acuerdos -aunque no lo menciona, las transferencias de inmigración es el más evidente, porque se pactaron hace más de un año- pero confía en haberla recuperado. “Me consta que Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, está impulsando el cumplimiento de todos los acuerdos. Agradezco a Junts su predisposición. Hay acuerdos que se han dilatado en el tiempo, pero todos los avances de la historia son fruto del diálogo y el acuerdo. Hemos estado en una situación de deterioro de la confianza, pero tratamos de evitar la ruptura. Esto nos permite que el Gobierno pueda llevar adelante un proyecto político que da muy buenos resultados para España”, ha rematado, después de pedir paciencia para esperar la decisión de Junts este lunes. “Valoramos y respetamos el papel del mediador internacional. Analizaremos su petición en la Ejecutiva”, señalan fuentes de Junts.

Sánchez siempre ha rechazado la idea de someterse a una cuestión de confianza, aunque sí aceptó, después de una intensa negociación para aprobar el decreto ómnibus, tramitar la proposición no de ley de Junts pero con una nueva redacción en la que quedara muy claro que no tiene ningún efecto jurídico porque la decisión es del presidente. En cualquier caso, para el PSOE el mejor escenario siempre fue la retirada de la iniciativa después de un acuerdo sobre inmigración que llevan trabajando meses. El hombre clave de esta negociación, el ex presidente Jose Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo en la reunión en Suiza con Puigdemont y siempre participa en los momentos decisivos por su buena relación con el ex president, afirmó este sábado en el congreso del PSOE andaluz en Sevilla al ministro de la Presidencia Félix Bolaños: “La legislatura va a durar hasta 2027. Estad traqnuilos”. Zapatero tiene previsto también hablar en Palencia este domingo, con otro mensaje positivo sobre la relación entre los dos partidos.

Todo empezó a desbloquearse con el acuerdo para el decreto ómnibus, que en primera instancia Junts tumbó, sumando sus votos a los del PP y Vox, pero después renegoció y a cambio de que se partiera el texto y se aceptara la tramitación de su proposición no de ley abrió la puerta a votarlo a favor, algo que sucedió la semana pasada. El objetivo final del Gobierno es recomponer la mayoría con Junts y cerrar las carpetas pendientes con los independentistas, sobre todo la de la transferencia de las políticas de inmigración, que llevan negociando más de un año, para abrir si es posible la más difícil, la de los Presupuestos de 2025. Junts no es el único escollo para el Gobierno, tiene que pactar también con todos los demás socios, incluida ERC, que no ha logrado un acuerdo con el PSC para las Cuentas en Cataluña. Y en último extremo, si resuelve todas las demás situaciones, al Gobierno de coalición le quedará Podemos, cuyos cuatro votos son imprescindibles y que ha planteado posiciones de partida muy complejas de aceptar para el Ejecutivo. Por eso en el Gobierno se trabaja con la hipótesis más probable de que no habrá Presupuestos, pero Sánchez ha dado la orden de intentarlo hasta el final y este movimiento entre el PSOE y Junts tras la cita en Suiza indica que se abren nuevas posibilidades.

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Sánchez, desde una visión contraria a Vox, también centra todos sus esfuerzos en este asunto, y redobla su protagonismo —el lunes estuvo en París en la cumbre convocada por Emmanuel Macron, el miércoles recibió en La Moncloa al egipcio Al Sisi, que rechaza la política de Trump sobre Gaza, este lunes irá a Kiev a mostrar su apoyo a Volodimir Zelenski— con la idea de que esta es la gran batalla política del presente y del futuro. La que define no solo si gobierna la izquierda o la derecha, la alternancia habitual, sino la propia supervivencia del mundo que se creó después de la II Guerra Mundial y de las democracias más importantes del planeta.

El líder del PSOE intenta usar esta cuestión para arrinconar a Vox y también apretar de paso al PP por sus pactos con Abascal con una idea fuerte que repite cada vez más. ¿Y si la verdadera patria fuera Europa? ¿Y si lo más patriótico que se puede hacer ahora es ser más europeísta que nunca y apostar por la unidad europea frente a Trump? “El mayor refugio de la democracia en el mundo es Europa”, clamó Sánchez, que lanzó toda la presión sobre el PP: “No se puede ser europeísta por la mañana y pactar con la ultraderecha por la tarde. La historia juzgó de manera muy dura a los colaboracionistas [con Hitler] en el siglo XX. Y será igual de dura con los actuales colaboracionistas de la ultraderecha en el siglo XXI”. El PP se dio rápidamente por aludido y se indignó: “Estamos deseando ver cómo Sánchez culpa al PP de la invasión rusa de Ucrania. Deslizar que Feijóo habría estado del lado de Hitler es estrambótico”, señalaron desde este partido.

Esta semana, Alberto Núñez Feijóo, que está claramente más cómodo en la agenda nacional, no ha podido resistir la presión de Trump, que invade todo el espacio, y después de participar este martes en una reunión extraordinaria del Partido Popular Europeo en la que comprobó la gran preocupación de sus colegas de otros países con la deriva de Trump, que ya llama “dictador” a Zelenski y compra el discurso de Vladimir Putin que le culpa de empezar la guerra, finalmente se mojó y dijo que “un agresor no puede ganar una guerra”, en referencia al líder ruso. “A Feijóo no le va a quedar más remedio que venir a nuestra posición, aunque le pese, tendrá que apoyar al Gobierno porque la cosa se va a poner muy fea, no puede coquetear con posiciones de Vox en este momento”, resume un miembro del Gobierno. Mientras, el PP dice que es el Ejecutivo quien va a tener que pedir su ayuda, porque muchos de sus aliados no le apoyarán, y se quejan de que Sánchez no está llamando a Feijóo.

En La Moncloa creen que Trump está reorientando toda la política, también la española, hacia el marco exitoso que Sánchez fijó en las elecciones de 2023, esto es el de la batalla contra la ultraderecha. Y por tanto ya no valen los análisis que se hacían hasta ahora para las elecciones de 2027, y que en su gran mayoría auguraban la victoria de la derecha. Nadie puede pronosticar ya nada, señalan, porque el mundo está cambiando a tal velocidad que es imposible saber qué efecto tendrá eso sobre la política española.

Pero es que además en el Gobierno, frente al gran pesimismo que se puede leer en los análisis de los grandes medios europeos y latinoamericanos, están detectando un movimiento de fondo en sentido contrario. Trump esta yendo tan lejos y tan rápido en dirección opuesta a la que se ha movido EEUU desde 1941, cuando entró en la II Guerra Mundial para ayudar a salvar a Europa de Hitler, que se está fraguando poco a poco una gran coalición alternativa de unidad para preservar el orden mundial conocido. Ahí no solo están los países europeos, más unidos en la práctica de lo que pueda parecer, al menos tal como lo perciben los miembros del Gobierno que están en las reuniones clave y reciben información directa de Sánchez. El jefe del Ejecutivo es el que está en contacto con muchos dirigentes mundiales y el lunes en París no vio esa presunta sensación de desunión en la UE sino más bien la contraria, incluida Giorgia Meloni, siempre más cercana a Trump pero muy presionada en Italia para que defienda los intereses de su gran industria exportadora, muy amenazada por los aranceles del magnate americano.

“El mundo no ha cambiado. Seguimos siendo una enorme mayoría los que apostamos por el multilateralismo y un mundo basado en reglas”, resumió esta semana José Manuel Albares, ministro de Exteriores y hombre de gran confianza de Sánchez, que está ganando mucho protagonismo político en este momento. Albares estuvo en el G20 en Sudáfrica esta semana con muchos colegas —Trump despreció el cónclave y mandó a la segunda de la embajada en el país africano— y, según señalan en su entorno, percibió claramente movimientos de unidad, de reacción ante los golpes de Trump.

Los más agredidos, como Canadá o México, están buscando aliados en toda América y en Europa. Y los están encontrando rápidamente. Y otras potencias, como China o India, están aprovechando el momento para reforzar lazos y aumentar su apuesta por el multilateralismo frente a un Trump que se cierra cada vez más. “Ahora solo vemos la potencia militar de EEUU, las decisiones arrolladoras de Trump, y los titubeos europeos, pero este es un camino largo y este giro supondrá una enorme pérdida de influencia de EEUU en el mundo, que ahora también tiene otros ejes, donde el sur también importa y mucho”, resume un miembro del Gobierno. “Todo el mundo está reorganizándose para tener menos dependencia de EEUU. No estamos conspirando contra Trump, pero la gente está buscando alternativas. Esto va a reducir la centralidad de EEUU en el comercio global. Es un camino imparable. Lo sabe Canadá, México, el Reino Unido, toda la UE. No es casualidad que se firme ahora Mercosur o el acuerdo UE-México. Eso es imparable y van a perder mucho peso internacional, también para después de Trump”, señala otro ministro.

La corriente de fondo es clara, y afecta a todo, también a la política española. Pero Sánchez y su equipo han dado una orden muy estricta a todos los ministros: que nadie hable de Trump directamente. Nadie lo nombra jamás. Ni siquiera el presidente, que habla de “algunos gobernantes” cuando menciona cosas que ha hecho el líder de EEUU. La orden es tajante, y la están cumpliendo los 22 ministros, porque Sánchez quiere evitar dar una excusa a Trump para una represalia directa sobre España, que arruinaría el discurso del líder del PSOE, que insiste en que los aranceles no distinguen entre quien le cae mal o bien al líder republicano, sino que son para todos los europeos y perjudican también a los votantes de Vox, lo que genera una clara contradicción entre el patriotismo del que presume este partido y su alianza con Trump.

Por ahí vendrá el debate de las próximas semanas, en las que habrá novedades en política nacional —sigue la negociación con Junts y hubo reunión el viernes en Suiza, y se esperan avances; esta semana tendrá un gran protagonismo ERC porque hay Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se aprobará la quita de la deuda de la Generalitat que se negoció con los republicanos hace más de un año para la investidura de Sánchez—, pero difícilmente nada podrá competir con la hiperactividad de Trump y su firme decisión de destrozar el orden mundial surgido tras la derrota nazi en 1945 y el estrecho vínculo de EEUU con las democracias europeas. Nadie puede negar que todo este movimiento está cambiando los ejes de la política española. Lo que aún no se sabe es con qué consecuencias.

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