Y a todo esto se suma un problema añadido que tiene muy angustiado al Gobierno y al PSOE: la posibilidad de que salgan más grabaciones, más revelaciones que afecten a otros dirigentes, porque este informe demoledor es el inicio de la investigación, no el final.

Distintos dirigentes consultados insisten en que la clave para intentar salvar la crisis es que en el informe no hay nada que implique directamente a Sánchez, y tampoco evidencias de una financiación ilegal del partido. Si aparecieran cualquiera de las dos, la crisis sería definitiva, coinciden distintas fuentes, tanto del PSOE como de sus aliados parlamentarios, en cuyas manos está también el destino del presidente y de la legislatura. El temor mayor es que aparezcan grabaciones con Koldo García de otros dirigentes del partido. “Lo que tenemos que saber es si esto es una cosa de tres golfos, que ya es muy grave porque dos eran secretarios de organización, pero podemos explicarlo como algo localizado, o hay más gente implicada”, explica un miembro del Gobierno. Muchos se aferran a la tesis de que eran solo estas tres manzanas podridas. “Lo que nos destroza anímicamente es pensar que tres desgraciados puedan debilitar un proyecto político en el que han confiado millones de personas”, remata otro.

Cada detalle que va apareciendo sobre Cerdán deja desolados a los que le trataron durante años. Y se van conociendo otros movimientos internos que ahora cobran más sentido. Cuando Ábalos fue cesado como secretario de Organización, en 2021, Cerdán hizo presión para que le dieran una embajada, pero Adriana Lastra, entonces vicesecretaria general y otra de las aliadas de primera hora de Sánchez, con la que el navarro acabó muy enfrentado, lo frenó. Cerdán también intentó que le dieran al exministro la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso, y se paró igualmente esa posibilidad. Cerdán y Lastra entraron en una guerra interna que Sánchez resolvió apostando por el navarro, al que entregó todo el poder. La política asturiana dimitió y salió de la cúpula en julio de 2022.

La situación es de tal gravedad que todos los consultados asumen que no bastará con lo que anunció el presidente el jueves: una remodelación de la ejecutiva del PSOE y una auditoría externa. Sánchez está sopesando varias opciones, según fuentes de su entorno, consciente de que esta vez no se trata de una crisis más. Ahora está en juego su supervivencia política porque fue él quien eligió a los dos secretarios de Organización corruptos. Todo está en el aire, incluida la resistencia del Gobierno, para la que no basta solo con lo que haga Sánchez, también tiene que contar con sus socios, visiblemente inquietos.

Nadie tiene claro de momento cómo se sale de esa sima tan profunda. Solo se afirma con rotundidad en el entorno del presidente lo que está descartado: adelantar las elecciones y someterse a una cuestión de confianza. Lo primero sería suicida con la crisis de credibilidad abierta en canal y lo segundo supondría entregar a los socios el poder de pedir lo que quieran a cambio de no hacer caer al Gobierno. O al menos así lo ven varios de los principales colaboradores del presidente consultados. A partir de ahí, todo está en discusión.

Sánchez le dijo el jueves a su núcleo duro, en una reunión de crisis en La Moncloa, y luego insistió ante la prensa, que no quiere hacer ahora un cambio de Gobierno. Eso supondría, según les dijo el presidente, vincular la corrupción de Cerdán con el Ejecutivo, cuando él era un cargo del partido, no un ministro. Pero nadie se anima a descartar que ahora o un poco más adelante haya una gran remodelación del Gabinete en un intento de salvar la legislatura. De momento el congreso extraordinario del PSOE tampoco parece estar encima de la mesa, pero todo es susceptible de discutirse.

Otra opción, muy difícil, es intentar rearmar la mayoría, hablar con todos los socios y plantearles la disyuntiva de que si no quieren que el PP y Vox se hagan con el poder por muchos años, deben negociar con el Gobierno los Presupuestos de 2026, cuyo borrador ya estaba preparando el Ministerio de Hacienda, para aprobarlos después del verano. Claro que para eso el presidente debería ofrecer contrapartidas muy fuertes y también dar explicaciones y soluciones a la crisis por la corrupción de dos personas de su núcleo duro.

Sánchez aún no ha llamado a sus socios, pero sí lo han hecho sus colaboradores directos. Y aunque en La Moncloa señalan que la respuesta ha sido más leal de lo que parece, y nadie está hablando de adelantar elecciones, distintos dirigentes consultados creen que si antes del jueves era muy complejo negociar Presupuestos porque varios grupos piden la luna sabiendo que eso supone salvar al Gobierno, ahora será aún más difícil.

Sánchez hablará este lunes ante la Ejecutiva del PSOE, precisamente la que ha prometido remodelar por completo. Ahí llegarán los primeros mensajes del cambio.

El presidente, aseguran en su entorno, quiere dar la cara. No está claro aún si en formato entrevista, rueda de prensa o comparecencia parlamentaria, que ya han solicitado dos de sus aliados parlamentarios, ERC y BNG. La semana próxima el presidente se quedará en España porque se ha pospuesto la cumbre sobre la paz en Oriente Próximo a la que iba a acudir el miércoles en Nueva York. La previsión de ese encuentro le había liberado de comparecer en el Congreso en la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles, pero ahora sí acudirá, con lo que ese será un momento clave de la semana en su cruce con Alberto Núñez Feijóo.

Al presidente le espera también un escenario internacional muy complejo. Está en plena negociación para la cumbre de la OTAN del 24 de junio, dando la batalla para intentar frenar la pasión belicista de varios aliados, especialmente EE UU, que quiere elevar al 5% del PIB en gasto en defensa —la friolera de 80.000 millones de euros al año— al menos al 3,5% en defensa y 1,5% en seguridad. Sánchez, que tiene también la presión de Sumar (IU es especialmente crítica) pelea para no subir mucho del 2% ya comprometido porque ha garantizado que no tocará el gasto social, una promesa que resultaría inviable en caso de plegarse a las presiones exteriores. Después tiene un Consejo Europeo y casi sin descanso una cumbre de la ONU en Sevilla, antes del Comité Federal del 5 de julio donde se deberían sancionar los cambios en el PSOE. Un calendario endiablado.

Los socios

¿Y los socios? Estupor. Conmoción. Desconcierto. Se podría rebuscar en el diccionario y aparecerían múltiples palabras de semántica parecida para describir el estado de ánimo entre los partidos que sostienen el Gobierno de Sánchez. No muy diferente a lo que se respira dentro del PSOE. Hablar con miembros de los grupos aliados del Gobierno es encontrarse con muchas preguntas y casi ninguna respuesta. Solo la convicción de que probablemente queda aún basura por aflorar y unas cuantas explicaciones que ofrecer por parte del PSOE. Y de que es imperioso hacer algo. Solo que –como le ocurre también al Ejecutivo– no se sabe bien qué.

Nadie –dejando aparte la postura cada vez más distanciada de Podemos, al que su secretaria general, Ione Belarra, definió recientemente como “oposición frontal” al Gobierno– tiene incentivos inmediatos para forzar la caída de Sánchez. El otro flanco más problemático, Junts, se limita por ahora a exigir una reunión con Sánchez para redoblar sus demandas. Nadie está dispuesto tampoco a apoyar una moción de censura del PP y más tras las acciones de este partido contra las lenguas cooficiales, que lo han distanciado aún más de los nacionalistas. Pero nadie quiere tampoco que lo acabe contaminando la toxicidad que empieza a emanar del PSOE.

La lectura del informe sobre los turbios manejos de Cerdán, Ábalos y García, con todo ese obsceno trajín de dinero sucio, ha dejado noqueados a los aliados del presidente. Ninguno imaginaba ni de lejos hasta donde podía llegar la podredumbre. Las informaciones aparecidas las últimas semanas con insinuaciones sobre Cerdán se ponían en sordina ante la proliferación de bulos o medias verdades que circulan en el casi inabarcable universo mediático de la capital.

Aunque empezaba a manifestarse incomodidad con la estrategia del PSOE de no responder a las acusaciones, algunos aliados se habían mojado esta semana en defensa de la presunción de inocencia del secretario de Organización socialista. Fue el caso del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que hasta pidió al Ejecutivo “poner pie en pared” y “pasar a la ofensiva”. O del responsable de Justicia del grupo parlamentario de Sumar y secretario general del PCE, Enrique Santiago. Incluso el secretario general de Junts, Jordi Turull, lo hizo la misma mañana del jueves, cuando estaba a punto de divulgarse el devastador informe de la Guardia Civil. En el caso de Junts y EH Bildu la estupefacción se acrecienta porque Cerdán era su interlocutor en las negociaciones con los socialistas. Y ambos habían estrechado una magnífica relación con él

En Sumar prevalece otra sensación: un enfado enorme con el PSOE. Por los comportamientos que se han desvelado y porque nadie los informó previamente ni les ha dado explicaciones que consideren satisfactorias, aseguran fuentes de la formación. Sumar se ha agarrado a la idea de que es necesario “resetear” la legislatura, pero tampoco tiene claro cómo. La gran bandera de la vicepresidenta Yolanda Díaz, recuperar la iniciativa en las políticas sociales, choca con el obstáculo de que la izquierda carece de mayoría en el Congreso. Algunos dirigentes han deslizado la idea de una posible cuestión de confianza. Cunde un gran temor a que puedan emerger cosas peores aún. Cuando se les plantea en privado la hipótesis de una futura salida de Sumar del Gobierno, la respuesta ya no es una rotunda negativa.

ERC y BNG, aun en el mismo estado de estrés postraumático que el resto, son los que se han mostrado más activos. Han exigido la comparecencia parlamentaria de Sánchez y una auditoría exhaustiva en el Ministerio de Transportes. Esta vez no se les ha sumado, como es habitual, EH Bildu, que mantiene una posición más cautelosa. Su líder, Arnaldo Otegi, tras deplorar genéricamente las prácticas corruptas, evitó críticas al PSOE y puntualizó que lo sucedido hay que enmarcarlo en el “contexto político e histórico del Estado español”. La dirección de los abertzales madurará una respuesta más concreta este lunes.

La cautela marca de la casa también impera en el PNV. En una primera reacción, su presidente, Aitor Esteban, se extrañó de que Sánchez hubiese tomado “un informe por una sentencia”, una manera de recordar que fue el fallo judicial sobre el caso Gürtel lo que llevó a los jeltzales a facilitar la caída de Rajoy. Una lectura más detallada del informe ha aumentado la preocupación. El lehendakari Imanol Pradales advirtió el viernes de que “la legislatura entra en otra fase”.

Además del estado de ánimo, hay otra coincidencia muy general entre los socios: dónde se sitúa el límite de lo admisible. Una hipotética prueba de que el presidente conocía los desmanes o de que parte del dinero iba a financiar al PSOE haría saltar todo por los aires.

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El primer incidente ha estallado con la llegada al hemiciclo de Cerdán, poco antes de las 10 de la mañana, cuando se estaba debatiendo el informe anual del Defensor del Pueblo, presentado ante la Cámara por el titular de la institución, Ángel Gabilondo. La bancada del PP ha estallado exigiendo su dimisión con gran estruendo. Armengol los ha reconvenido: “Esta es la casa de la palabra, no de las patadas”. Y tras la amenaza de suspender la sesión, los ánimos se han calmado momentáneamente. Pero, como muestra del grado de confrontación política, ni siquiera el Defensor del Pueblo se ha librado de las durísimas descalificaciones del PP y Vox.

La siguiente acometida ha llegado más tarde, cuando ha subido a la tribuna el diputado socialista Herminio Sancho para dar respuesta al informe de Gabilondo. De nuevo, algunos diputados populares han reaccionado con pateos, golpes en el pupitre y gritos de dimisión. Se ha visto al portavoz del PP, Miguel Tellado, discutiendo a voces desde su escaño con la bancada socialista, situada enfrente, con el pasillo por el medio. Armengol ha llamado al orden al diputado del PP, Jaime de Olano, quien ha respondido con un “ya está bien”. La presidenta ha advertido a diputados populares que estaban grabando con sus móviles desde el hemiciclo, en incumplimiento de las normas.

En el turno final del debate, la diputada popular María Eugenia Carballedo ha acusado desde la tribuna al Gobierno, a Cerdán y a su antecesor en la Secretaría de Organización del PSOE, el también exministro de Transportes José Luis Ábalos, de recibir “mordidas”. Carballedo ha llegado a soltar, mirando a la cara a Cerdán, que estaba en su escaño sentado: “Mientras miles de españoles malviven, Cerdán y Ábalos se enriquecían y vivían del cuento, o a lo peor aún se siguen enriqueciendo”. Cuando ha terminado, mientras se dirigía a su escaño, toda la bancada del PP ha vuelto a corear casi al unísono los gritos de dimisión.

Cerdán ha permanecido toda la mañana imperturbable en su escaño, aunque más pendiente del teléfono que de lo que estaba sucediendo en el hemiciclo. Hacia al mediodía, cuando el Tribunal Supremo ya había hecho público el informe que lo implica en graves delitos de corrupción, el número tres socialista lo ha recibido en el móvil y se le ha podido ver consultándolo durante largos minutos.

Bolaños ha expuesto sus reformas sin que surgieran nuevas protestas, incluso cuando se ha quejado de que minutos antes el hemiciclo “parecía un campo de fútbol”. Pero al final de ese debate, cuando el ministro ha subido de nuevo a la tribuna para replicar a la andanada de descalificaciones de la popular Cayetana Álvarez de Toledo y de la portavoz de Vox, Pepa Millán, se ha disparado de nuevo la tensión. Han arreciado otra vez las protestas y pateos desde la bancada popular exigiendo la dimisión de Cerdán. “¡Corrupto!“, ha gritado alguien al ministro. Cuando este ha dicho que hablaba ”desde la humildad", los escaños del PP han vuelto a alterarse: “¡Sí, hombre!“.

Armengol se ha afanado por cortar el griterío. “Es inasumible la falta de respeto a la Cámara”, ha amonestado. “La gente no nos ha votado para gritar ni para patear”. Pero sus reconvenciones solo han conseguido irritar más a los populares, sobre todo cuando les ha replicado: “No nos van a quitar el derecho a la palabra”. En el guirigay ha vuelto a significarse Tellado, que replicaba a voces desde su escaño a la presidenta, quien lo ha llamado al orden.

La sesión se ha cerrado con más tranquilidad, entre otras cosas porque el presidente del Gobierno no ha acudido a votar. Solo algunos gritos más tímidos de dimisión han puesto el final a una mañana cargada de nervios.

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La máquina insaciable de la actualidad y el afán del PP de proclamar “cada día un nuevo escándalo” van devorando acontecimientos a velocidad supersónica. La semana pasada, el Gobierno parecía tambalearse por el caso de Leire Díez y la narrativa consiguiente sobre “las cloacas del PSOE”. Fue ese episodio el que condujo al PP a convocar una manifestación en Madrid con el tremebundo lema de “Mafia o democracia”. Tres días después, Alberto Núñez Feijóo por fin tenía a Sánchez frente a frente en el Congreso. Ni mencionó a Leire Díez. Tampoco salió de su boca la palabra mafia, el gran hit de la semana anterior y que este miércoles dio síntomas de estar pasado de moda. Ahora el gran tema es el procesamiento del fiscal general. Y a él dedicó Feijóo sus energías.

El líder de la oposición empezó con un balance contable del silencio del presidente: “43 días sin responder a nada ni a nadie. Está escondido en el típico búnker de los autócratas”. Acusó al Gobierno de “llamar prevaricador al Tribunal Supremo”, una interpretación ciertamente amplia de las críticas veladas de algunos ministros al juez que ha procesado al fiscal. Tras apelar al clásico argumento de que “no puede perseguir el delito quien presuntamente lo ha cometido”, Feijóo exigió a Sánchez que destituya a Álvaro García Ortiz por “grave incumplimiento de sus funciones”. Esa es una de las posibilidades que contempla la ley para forzar el cese de un máximo responsable del ministerio público, siempre que tenga el aval del Consejo General del Poder Judicial y del Congreso.

De principio, Sánchez dejó sentado su inequívoco apoyo al fiscal. Lo hizo con palabras casi idénticas a las empleadas el lunes por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños: “No se equivoque, entre un fiscal que persigue a los delincuentes y los delincuentes [en referencia a la pareja de Isabel Díaz Ayuso], el Gobierno siempre estará con los fiscales”. Dicho esto, Sánchez se atuvo al capítulo primero de su manual para esquivar las estocadas de la oposición: la letanía de cifras que ilustran los logros del Ejecutivo, que en esta ocasión alcanzó hasta los kilómetros de fibra óptica instalados.

Feijóo amplió el foco en la réplica con otros asuntos recientes como el registro en el domicilio del exministro José Luis Ábalos. Leire Díez y la mafia volvieron a quedar en el cajón. Sánchez “altera la convivencia” y “quiere destruir la justicia”, atacó Feijóo. Ergo: “Es un verdadero peligro para la democracia”. El líder de la oposición aludió a las nuevas informaciones sobre supuestos manejos de Santos Cerdán y conminó a Sánchez a responder si “avala” al secretario de organización de su partido. El interpelado, por supuesto, no respondió. Y pasó al capítulo segundo del manual: airear las miserias ajenas. El presidente atribuyó a Feijóo la “psicología del espejo”, el acusar a los demás de lo que comete uno mismo. Punto de partida para sacar a relucir la clásica lista que abarca desde la vieja amistad del líder del PP con Marcial Dorado a las corrupciones varias de su partido.

Los populares se afanaron por arrancar al resto del Gobierno algún ataque frontal a los jueces, otra vez con el argumento de que los están acusando de prevaricar. Los ministros levantaron un muro. Ni Bolaños, ni la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría -que la víspera había señalado desde la sala del Consejo de Ministros que “algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”-, pronunciaron una sola crítica. Tampoco tuvo éxito el PP en su intento de provocar algún reproche al PSOE por parte de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La diputada Noelia Núñez pinchó a la dirigente de Sumar diciéndole que “chapotea en las alcantarillas de Ferraz”. Las maneras de su intervención se delataron tan guionizadas y ensayadas que Díaz le contestó con sorna: “Tiene que practicar usted un poquito más”.

Si por un momento se pudo pensar que el vocabulario del PP ya había desterrado la palabra mafia, al poco llegó Miguel Tellado para recuperarla. Luego volvió a resonar en boca de otros diputados, incluida la portavoz de Vox, Pepa Millán, que reivindica el copyright de haber sido los primeros en equiparar al Gobierno con la hermandad criminal siciliana. La que se recreó más en el paralelismo fue la popular Ana Vázquez, quien llamó a gritos “pelele de las cloacas” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras este -casi siempre imperturbable- le recordaba las andanzas de la policía patriótica en tiempos del Gobierno de Rajoy.

En la ofensiva contra el sanchismo se ha borrado la diferencia entre sospechas y hechos comprobados. Basta que se publique que la UCO está investigando si Ábalos pudo cobrar comisiones por amañar contratos, para que llegue Cuca Gamarra y exija explicaciones a la vicepresidenta María Jesús Montero sobre “los contratos que amañó el señor Ábalos a cambio de comisiones”. Así, directamente, sin presuntos ni hipotéticos. Otro de los estiletes populares, Elías Bendodo, exhibió una información del digital El Debate en la que un innominado empresario asegura haber sobornado a un alto cargo del departamento de Montero. “Están ustedes en el concurso de a ver quién la dice más gorda”, lamentó la vicepresidenta. Pero no contestó. También ella siguió el manual: “bulos”, “máquina del fango” y la retahíla de viejas vergüenzas del PP.

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El PSOE ya había llevado una propuesta muy semejante en la anterior legislatura que no llegó a fructificar. También el Gobierno envió al Congreso en marzo pasado una ley para regular las relaciones entre los lobbies y la Administración que de momento está paralizada en el periodo de presentación de enmiendas. Varios grupos reprocharon a los socialistas que presentasen la iniciativa circunscrita a la Cámara baja sin antes haber activado ese proyecto de ley.

La propuesta pretende obligar a que las entidades que traten de influir sobre los diputados se inscriban en un registro de lobbies. Cada ley aprobada tendría que incluir una “huella” en la que se daría cuenta de todas las aportaciones exteriores incorporadas. Por primera vez se establecería un régimen de sanciones para los parlamentarios que no cumplan con la obligación —ya vigente, pero sin capacidad coercitiva para imponerla— de divulgar cualquier contacto con representantes de grupos de interés o que oculten datos en sus declaraciones de patrimonio.

La iniciativa fue defendida por la socialista María Adrio, que acabó apelando a todo el hemiciclo: “Señorías, demos ejemplo, que podamos ir con la cabeza alta y representemos a la ciudadanía como exige una sociedad democrática”. Los habituales aliados del Gobierno se mostraron de acuerdo en que es necesaria la regulación porque, como expresó Pilar Vallugera, de ERC, en el proceso de elaboración de las leyes “a veces pasan cosas milagrosas, súbitos cambios de opinión que no te explicas”. Pero ninguno mostró excesivo entusiasmo con el texto propuesto. Solo Sumar, por boca de Francisco Sierra, se adhirió sin plantear objeciones.

Oskar Matute, de EH Bildu, lo tachó de “tibio” y discrepó de la amplia definición de grupo de interés que propone el texto, una objeción expresada también por Néstor Rego, del BNG, con estas palabras: “No se puede considerar igual a Repsol que a una plataforma vecinal”. El peneuvista Legarda advirtió de que será necesaria una “reflexión profunda para intentar lograr el mayor consenso posible”. Josep Maria Cervera, de Junts, anticipó que su grupo propondrá precisar “conceptos ambiguos” y corregir un exceso de trámites que “podrían ralentizar la actividad legislativa”.

PP y Vox ni entraron a abordar el texto. Lo liquidaron casi con idénticas palabras por considerarlo “un perfume” —según la popular Navarro— o un “maquillaje” —según Ignacio Gil Lázaro, de Vox— para tapar el “hedor insoportable” del Gobierno.

Los populares lograron infligir otra derrota al Gobierno, de escasas consecuencias, al tomar el pleno en consideración una propuesta de reforma de la ley de costas para retirar del dominio público núcleos de población tradicionales junto al mar. La apoyaron Junts y PNV.

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Pocas personas encarnan mejor que Enrique López los nexos entre el PP y una parte de la judicatura. López fue aupado en 2013 por los populares al Tribunal Constitucional, de donde tuvo que dimitir al año siguiente tras ser cazado conduciendo su moto sin casco y cuando cuadriplicaba la tasa de alcoholemia. Años después, llegó a ser consejero de Justicia con Isabel Díaz Ayuso y responsable de esa área en la dirección nacional del PP. Ahora ha vuelto a la Audiencia Nacional, donde ya había estado antes y donde, según diversos testimonios recabados por este diario, estableció tiempo atrás una estrecha relación con Hurtado.

En 2015, a López le correspondió por reparto ser uno de los tres magistrados que iba a juzgar el caso Gürtel. Las acusaciones lo recusaron por sus vínculos con el PP, y la Sala de lo Penal lo apartó en una decisión con 14 votos a favor y solo cuatro en contra. Uno de esos cuatro fue Hurtado, quien se encargó de redactar el voto particular discrepante. En él ya anticipaba su criterio de que el PP era un mero “actor secundario” en la trama. Y defendía que López hubiese escrito medio centenar de artículos remunerados para la fundación FAES de José María Aznar. Según él, era “aconsejable” colaborar con grupos políticos para facilitarles un “enfoque jurídico”, cuando “se tiene un pensamiento que guarda sintonía”.

Como la posible presencia de López en el tribunal de la Gürtel había originado una enorme polvareda, Hurtado se quejaba en su voto particular: “No debemos dejar de hacer mención a la campaña mediática orquestada por un determinado sector de la prensa en torno a la presente recusación (…) con determinado tipo de opiniones y valoraciones, no positivas, generadoras de determinados juicios paralelos”. Hace unas semanas, Hurtado se quitó de encima una queja similar del fiscal Álvaro García Ortiz sobre que se estaba alentado un “juicio paralelo” contra él. “Si se habla de juicio paralelo”, argumentaba ahora el magistrado, “nada hay que temer, porque, por ser paralelo, ninguna incidencia ha de tener en el proceso”. Hurtado remachaba que, en los casos de “trascendencia mediática”, el acusado “se suele olvidar de las opiniones de medios y ámbitos que le son favorables”.

Tras la recusación de López, y también, por el mismo motivo, de Concepción Espejel —actual magistrada del Constitucional a propuesta del PP—, fue el propio Hurtado quien entró a formar parte del tribunal de la Gürtel. Ahí volvió a demostrar cuánto le preocupaba en esa época la “trascendencia mediática” del asunto. Intentó que Mariano Rajoy no fuese llamado a declarar o como mucho que lo hiciese por videoconferencia. Alegó que el testimonio del que era presidente del Gobierno tendría “efectos mediáticos y metajurídicos” y le inquietaba “el uso que en ámbitos ajenos al judicial se pueda hacer de tal actuación”. Perdió esa batalla. Cuando llegó la declaración de Rajoy en la vista oral, en julio de 2017, Hurtado, presidente del tribunal, tomó la insólita decisión de colocarlo al lado de los magistrados y a su misma altura, no abajo y de frente, como los demás testigos. Sus interrupciones para declarar “improcedentes” preguntas de las acusaciones contribuyeron a su incipiente fama.

El tribunal estaba integrado por tres magistrados, el progresista José Ricardo de Prada y dos conservadores, el propio Hurtado y Julio de Diego. Hurtado iba a ser el ponente de la sentencia, pero se topó con que ni De Prada ni De Diego se dejaban convencer de que la dirección del PP nada tenía que ver con la trama. Tras semanas de fuerte tensión interna, Hurtado tuvo que renunciar a redactar el fallo. Este, luego ratificado por el Supremo, condenó al PP como beneficiario a título lucrativo. El magistrado que acaba de sostener en un auto, sin aportar ni un indicio, que el fiscal del Estado filtró documentos “a raíz de indicaciones recibidas de la Presidencia del Gobierno”, redactó entonces un voto particular en el que consideraba un “salto al vacío” vincular la trama con la dirección del PP. Es más, sostenía que se había organizado “a espaldas de la dirección nacional”.

En 2009, uno de sus autos en la Audiencia Nacional permitió exculpar a tres militares estadounidenses de la muerte del reportero José Couso tras disparos de un tanque contra un hotel de Bagdad. Hurtado llegó a amonestar a su compañero Santiago Pedraz, instructor el caso, por “desatender lo que favorece y centrarse en lo que perjudica al reo”. Eso lo escribió el mismo magistrado que ha decidido ahora ignorar todas las declaraciones de periodistas que atestiguan haber conocido antes el pretendido secreto cuya filtración se atribuye al fiscal. Entonces, y ante otros implicados, el juez defendía que para llevar adelante una acusación es necesario alcanzar “un convencimiento que supere el canon de la duda razonable”.

Ya con 70 años, Hurtado ha solicitado retrasar dos más su jubilación. Así podrá colocarse el broche final sentando por primera vez a un fiscal general del Estado en el banquillo, tras haber fracasado en el intento de exculpar al PP de una de las mayores tramas de corrupción de los últimos años.

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En su discurso de una hora que cerró el foro ultraliberal celebrado este fin de semana en Madrid, Milei se cuidó de no citar expresamente a Sánchez. La insinuación inicial fue la referencia más directa y a partir de entonces evitó reavivar el conflicto desatado en mayo de 2024, cuando llamó corrupta a la esposa del presidente en un mitin de Vox en Madrid y el Gobierno retiró a la embajadora en Buenos Aires. El presidente argentino se centró en vanagloriarse de su gestión, con algunos momentos de disquisiciones de teoría económica que levantaron ciertos bostezos entre el público.

Pero la gente quería caña y se excitó, por ejemplo, cuando Milei afirmó que con el “comunismo peronista” en Argentina “la gente era culpable ante el fisco mientras no se demostrase lo contrario”. Entonces se alzaron varias voces entre un público que, minutos antes, animado por los organizadores, había coreado un atronador “¡impuestos, no!”. Algunos respondieron a lo que decía Milei sobre su país: “¡Como en España!”. El presidente asintió: “Ustedes tienen el mismo problema”. Más gritos desde las gradas parecían incitar al orador a adentrarse en cuestiones locales. Él contemporizó: “Contra los socialistas de mierda, yo siempre voy a estar con ustedes”.

Lo más jaleado por la concurrencia fueron sentencias como que “el Estado es una organización criminal” y “los impuestos son un robo”. También los varios ataques contra la “basura mediática” y los “periodistas corruptos”. Y la consigna final, que sirvió de clausura al discurso, una incitación a esa audiencia compuesta mayoritariamente por treintañeros masculinos para que se impliquen en la política: “Salgan a pelearse a cara de perro con los políticos corruptos”.

Milei fue la gran estrella de este evento organizado por empresas que asesoran a inversores en el paraíso fiscal de Andorra y patrocinado por una plataforma de criptomonedas. Durante dos días desfilaron por el escenario el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera, el exdiputado de ese partido y exvicepresidente de Coca Cola Marcos de Quinto, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el experto en esoterismos varios Íker Jiménez o youtubers ultraliberales como el que se hace llamar Wall Street Wolverine. El presidente argentino y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han encontrado durante la última jornada del evento.

A Milei lo precedió otro influencer, Marc Vidal, con un discurso en el que presentó la posible implantación del euro digital como uno de los mayores ataques a la libertad de la historia de Occidente. Vidal llegó a decir que para hacerlo digerible “ellos van a organizar una crisis económica de mil pares de cojones”, sin que quedase muy claro quiénes podrían ser esos “ellos”. Tampoco aclaró mucho a quién se refería cuando despidió su intervención conminando a los presentes a dar “la madre de todas las batallas contra esos hijos de puta”.

A pesar de esas licencias verbales, el evento se presentaba como un foro de reflexión económica y Milei se lo tomó bastante al pie de la letra. Se dedicó sobre todo a contar en detalle su política económica y la herencia dejada por los gobiernos peronistas. Exhibió su apuesta por un ajuste a fondo y glosó logros como el superávit fiscal o el control de la hiperinflación, que, este mes, según anunció, no superará el 2%. Se jactó de haber despedido a 50.000 empleados públicos en cumplimiento estricto de sus promesas electorales: “Nunca le hemos mentido a la gente, siempre dijimos lo que íbamos a hacer: que íbamos a pasar la motosierra al Estado”.

También presumió de haber acabado con las “políticas de género que menoscababan a las mujeres, porque las trataban como un ser inferior”. Y enfatizó su compromiso con los “valores occidentales”, la “cultura judeocristiana y el Dios de Israel”. Lo que le sirvió para corroborar que sus referentes son Estados Unidos e Israel.

El entusiasmo con que Milei describió su desempeño al frente de la Casa Rosada llegó hasta considerarse a sí mismo como “el mejor Gobierno de la historia de Argentina”. Y a hacer una fantástica predicción de futuro: “En 40 años Argentina será sin duda la primera potencia mundial”.

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La noticia de la decisión de Hurtado pilló a García Ortiz en un acto en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se entregaba el premio del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, junto a la presidenta de esa institución y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El fiscal abandonó el edificio sin hacer declaraciones ante los numerosos periodistas que ya se agolpaban allí. Quien sí ha hablado ha sido el ministro Bolaños para expresar la “confianza plena” del Ejecutivo en García Ortiz. Este, según las fuentes consultadas, tampoco piensa abandonar el cargo y considera que hacerlo crearía un grave precedente para la institución. Antes prevé agotar todas las vías para intentar evitar el juicio.

Bolaños ha recordado que el auto del Supremo “no es firme” y todavía cabe recurso. Ha negado, además, “rotundamente” que la Presidencia del Gobierno diera instrucciones al fiscal para filtrar la confesión de delitos contra la Hacienda pública por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso, como afirma el juez Hurtado en su auto sin aportar ninguna evidencia al respecto. El ministro ha calificado a García Ortiz de “servidor ejemplar” y ha proclamado: “Entre los fiscales y los defraudadores confesos, [el Gobierno] está con los fiscales que persiguen el delito”,

Quien se ha lanzado en tromba a exigir el cese ha sido el PP, que ya lo venía pidiendo desde hace meses, en realidad, desde el mismo momento en que el fiscal tomó posesión. Solo habían pasado unos minutos de la divulgación del auto de Hurtado, cuando la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, una de las voces más beligerantes contra el máximo responsable del ministerio público, sentenciaba en su cuenta de X: “Debe dimitir hoy mismo”.

Poco después ha sido el propio Alberto Núñez Feijóo, quien, en la misma red social, ha aprovechado para sugerir un día más que debe ser también el presidente del Gobierno quien deje el cargo. “Es el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y quien le daba las indicaciones”, ha escrito el líder de la oposición.

El portavoz del PP, Borja Sémper, en su comparecencia de todos los lunes en la sede del partido, ha reiterado que el fiscal debe renunciar “por dignidad”. “El procesamiento no tiene precedentes en la historia democrática española, es extraordinariamente grave”, ha argumentado Sémper. “Es de tal gravedad que no puede ser que el encargado de perseguir los delitos penales esté sometido a una investigación. Es insostenible”. Tampoco el PP de Madrid ha faltado a la cita. Su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha apremiado a “una respuesta rápida y tajante” para que el proceso contra García Ortiz “no manche a la institución”.

La izquierda, en cambio, no solo ha defendido al fiscal, sino que ha reaccionado con duras descalificaciones al juez que ha llevado el caso y a las actuaciones de una parte del poder judicial. En un irónico mensaje en X, el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, ha insinuado que Hurtado representa la “oposición real” y ha relacionado su decisión con lo que considera un fracaso de la manifestación del pasado domingo convocada por el PP bajo el lema “Mafia o democracia”. “La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo”, ha escrito Puente.

Muy duro se ha mostrado el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien ha hablado directamente de una maniobra para derrocar al Gobierno de coalición. “Procesar al Fiscal General”, ha declarado en sus redes sociales, “informa de a qué nos estamos enfrentando, a qué está dispuesta la reacción para derribar al Gobierno y a qué estamos emplazados en la izquierda más allá de los discursos”. En un tono más comedido, la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha puesto el acento en que la actuación por la que se quiere procesar al fiscal pretendía desmentir un bulo difundido por la Comunidad de Madrid. “Que el Supremo impute al fiscal general del Estado por defender esa institución de los bulos y las mentiras del entorno de Ayuso es algo que nos parece inquietante”, ha señalado Hernández. “Da un mensaje de impunidad a quien vive de mentir y degradar nuestras instituciones”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha interpretado que lo sucedido prueba que en realidad “sigue mandando la derecha” y ha responsabilizado al PSOE por pactar la composición del CGPJ con el PP. Belarra ha agregado: “El fiscal se va a sentar en el banquillo por unas supuestas filtraciones cuando tenemos una presidenta en la Comunidad de Madrid corrupta, que vive en un piso pagado con dinero negro y que es consecuencia de las mordidas que se llevó su novio por contratos de mascarillas durante la pandemia”.

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Varios bulos de este calibre, alentados por la derecha en sus diferentes avatares —judicial, político y mediático— circularon aquel verano de 2022 para desacreditar a García Ortiz antes incluso de prometer el cargo. Durante casi tres años, el máximo representante del ministerio público no ha disfrutado de apenas un minuto de tregua hasta acabar encausado y procesado por el Supremo. El alto tribunal le había propinado antes otros dos revolcones para frenar sus intentos de otorgar un puesto a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. Ya fuese por esas decisiones anuladas o por nuevas fabulaciones sobre conjuras nunca probadas —con ETA o el independentismo catalán como argumentos recurrentes—, el bombardeo contra el jefe de los fiscales ha sido incesante. Otra pieza más del brutal combate político-mediático instalado en Madrid.

El pecado original de García Ortiz era su condición de número dos de Delgado, que aterrizó en la Fiscalía del Estado en febrero de 2020 tras haber sido ministra de Justicia y comparecer a unas elecciones en las listas del PSOE. La trayectoria del nuevo jefe del ministerio público, en cambio, presentaba un perfil exclusivamente profesional. Había sido el más votado entre sus compañeros de toda España en unas elecciones al Consejo Fiscal en 2018, pese a concurrir por la minoritaria Unión Progresista (UPF), de la que fue presidente y donde trabó amistad con Delgado antes de que esta lo llamara a Madrid. Nacido en Lumbrales (Salamanca) hace 57 años, su carrera, iniciada en 1998, transcurrió en su mayor parte en Galicia como fiscal jefe de medio ambiente, sin verse enredado en controversias políticas. Fue más bien la izquierda quien lo criticó cuando en el juicio por el desastre del Prestige declinó acusar a ningún representante del Gobierno del PP que lo había gestionado.

Hasta que en 2018 llevó la contraria a Alberto Núñez Feijóo. El entonces presidente gallego había atribuido a la acción del “terrorismo incendiario” una terrible oleada de fuegos forestales que puso en apuros a la Xunta. García Ortiz llevaba años rechazando las teorías sobre fantasmales organizaciones dedicadas a quemar el monte. Y lo reiteró tras concluir las investigaciones practicadas ese año. A la Xunta del PP le desagradó profundamente. Meses después, lo denunció ante sus superiores por apoyar una huelga de funcionarios de Justicia.

Escándalo por una mesa de expertos de 2019

Cuando el Gobierno eligió a García Ortiz para relevar a Delgado tras la dimisión de esta por razones de salud, volvió a chocar con el equipo de Feijóo, ahora al frente del PP en Madrid. La primera reacción de los populares fue denunciar con gran escándalo que el fiscal había participado en diciembre de 2019 en lo que era descrito como un “acto electoral” del PSOE gallego. Ese acto, celebrado siete meses antes de las elecciones autonómicas, había consistido en una mesa redonda de expertos independientes sobre incendios, dentro de unas jornadas organizadas por el PSdeG.

El fiscal había acudido como especialista en medio ambiente en representación de la UPF tras pedir permiso a la Fiscalía del Estado. Dirigentes del PP y medios afines lo convirtieron en un “mitin electoral socialista”. Hasta acabar nutriendo uno de los argumentos centrales de los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cuestionar la imparcialidad de García Ortiz e imponer, meses después, una declaración negando el aval a su nombramiento. Como ahora con el procesamiento del Supremo, era la primera vez que sucedía en la historia democrática. Hasta entonces, el CGPJ se había limitado a seguir la letra de la norma: simplemente certificar que el candidato cumplía los requisitos de ser un jurista de “reconocido prestigio” con 15 años de trayectoria profesional.

La campaña de aquel verano de 2022 se deslizó sobre un hervidero de bulos. La gran estrella de las mañanas de la Cope, Carlos Herrera, en una asombrosa tergiversación de la realidad, clamó ante su audiencia: “Este nuevo fiscal es exactamente igual de sectario que la señora Delgado. Fue el tío que, cuando se hundió el Prestige, quiso empurar a todo el PP (...). Esto suena a cabeza de caballo en la cama de Alberto Núñez Feijóo”. Abc dedicó casi toda su portada a revelar que García Ortiz se había reunido en secreto en un hotel de Madrid con un banquero andorrano que acusaba al Gobierno de Mariano Rajoy de chantajearlo para que le suministrase informaciones contra independentistas catalanes. Los dos implicados, que ni se conocían, lo desmintieron rotundamente. El diario se negó a publicar la rectificación de García Ortiz, que emprendió acciones judiciales. Dos sentencias, de un juzgado y de la Audiencia de Madrid, acreditaron que la información era “absolutamente falsa”.

Antes del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, García Ortiz sufrió dos reveses judiciales que involucraron también a Delgado. El Supremo anuló dos intentos de ascenso de su antecesora promovidos por él, uno a la Sala Militar y otro a la de Memoria Democrática del alto tribunal. En el primero de los casos lo acusó de haber incurrido en “desviación de poder” y de saltarse el “criterio del mérito”. A raíz de ese fallo, el PP se querelló contra él por prevaricación, pero esta vez el Supremo lo archivó. Los populares sí lograron que lo reprobase el Senado. Otro hito sin precedentes.

Uno de los más persistentes arietes contra García Ortiz ha sido la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), cuya cabeza visible es un fiscal del Supremo, Salvador Viada, y que, pese a su muy escasa representación, goza de gran eco en algunos medios de la capital. La APIF presentó una demanda contra su nombramiento que el Supremo desestimó el pasado 28 de enero, justo el día antes de que García Ortiz compareciese como imputado ante el juez del alto tribunal que instruye la causa de la filtración, Ángel Hurtado. La APIF se personó como acusación particular en este caso e intentó ampliar los delitos atribuidos al fiscal general. El propio Viada declaró ante Hurtado para denunciar como un hecho delictivo que durante el registro del despacho de García Ortiz lo vio “revisando” un teléfono móvil junto a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde.

Las fantásticas historias periodísticas sobre turbias maquinaciones del fiscal nunca cesaron. Y con el PP haciendo el coro. Su acatamiento a la ley de amnistía elevó la bronca unos cuantos grados. Lo han acusado de ordenar a la Fiscalía Anticorrupción que retrasase la querella por el caso Koldo hasta después de las elecciones generales (el jefe de esa rama del ministerio público, Alejandro Luzón, lo desmintió: “Es totalmente falso”); de imponer a un fiscal del Supremo un informe contrario a acusar de terrorismo a Carles Puigdemont (el interesado, Álvaro Redondo, de la conservadora AF, lo negó reiteradamente); de haber maniobrado para no implicar al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en un secuestro de ETA (nunca se produjo tal cosa)... Columnistas de prensa y dirigentes de la derecha le han adjudicado el mote de Alvarone.

La campaña de Miguel Ángel Rodríguez

Y la primavera de 2024, García Ortiz se topó con Miguel Ángel Rodríguez. Tras publicar eldiario.es el fraude fiscal del novio de Ayuso, el hombre para todo de la presidenta madrileña puso en marcha una de sus bien conocidas campañas de intoxicación. La noche del 13 de marzo, envió a varios periodistas un mensaje en el que aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, si este reconocía haber cometido dos delitos, pero que el pacto se había frustrado “por órdenes de arriba”. “Todo sucio”, concluía. Poco después, lo divulgaba urbi et orbi en la red social X. El Mundo se apresuró a publicar la supuesta oferta, incluyendo uno de los correos entre la Fiscalía y el abogado de González Amador. Detrás fueron Libertad Digital, Vozpópuli y El Debate, quienes asumieron la tesis de que todo se había parado “por órdenes de arriba”.

La realidad era justamente al revés: fue el novio de Ayuso quien admitió los delitos y solicitó el acuerdo. García Ortiz dio órdenes de que así se hiciese saber para defender la actuación de la Fiscalía. A partir de entonces, Ayuso y Rodríguez se lanzaron a por él. Tras la primera denuncia contra el fiscal por revelación de secretos, el jefe de gabinete de Ayuso dejó el 23 de abril en X un mensaje de aire amenazante: “Tengo la sensación de que el Fiscal General del Estado terminará en la cárcel”. El 7 de mayo siguiente, un ansioso Rodríguez se anticipaba a anunciar la imputación de García Ortiz: “Va p’alante”. Él y su jefa pudieron cantar victoria días después con ese mismo grito de guerra: “¡P’alante!”.

Un año más tarde, el procesamiento del fiscal también ha sido anticipado con trompetería derechista. Esta vez lo anunció el pasado 21 de mayo en El Toro TV Miguel Bernad, cabeza visible de Manos Limpias, que ha actuado como una de las acusaciones particulares contra el fiscal. Bernad es también uno de los firmantes del reciente manifiesto de españoles que se declaran “agradecidos con Francisco Franco”.

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Solo el 7% de los encuestados por el instituto público cita la corrupción como uno de los tres principales problemas del país. La cifra está más de cinco puntos por debajo del 12,3% de marzo de 2024, cuando estalló el caso Koldo. Desde entonces —y a la espera del impacto del episodio de Leire Díez— se ha colocado en niveles poco significativos. Incluso en momentos como la comparecencia judicial en calidad de imputada de la esposa del presidente, en julio del pasado año, no alcanzó más del 6,4%. Sin comparación con el astronómico 39,2% de junio de 2018, tras la sentencia del caso Gürtel y la moción de censura contra Mariano Rajoy. Entonces era el segundo problema más citado en las encuestas.

El paisaje dibujado por el CIS no dista del que ofrecen institutos privados. En una reciente encuesta de Ipsos Consulting para La Vanguardia, solo el 5% señala la corrupción como una de sus grandes inquietudes, tres puntos más que en noviembre. “Ha habido un repunte”, concede Paco Camas, director de investigación de la empresa de sondeos, “pero, aunque ocupe mucho espacio en la agenda mediática, no ha permeado lo suficiente a la ciudadanía. No es tanto que no preocupe como que no figura entre las prioridades de la gente, se ve como un problema de segundo orden”.

En la misma encuesta aparece como primer problema, por delante de la vivienda, el agrupado bajo la etiqueta “política/políticos/Gobiernos”. El CIS se ha ahorrado conclusiones similares diluyendo la misma cuestión al separarla entre diferentes epígrafes. Uno de ellos podría vincularse por su enunciado a la corrupción: “El mal comportamiento de los políticos”. En el último barómetro lo escogen algunos más, el 13,3%. Aun así, tres puntos y medio menos que hace un año.

¿Es la corrupción, que monopoliza el discurso del PP, un potente reclamo electoral? César Calderón, que ha trabajado como consultor para los dos grandes partidos, relata una vieja anécdota. En la Argentina de 1973, los peronistas coreaban sin rubor en sus mítines: “Vea, vea, vea/ qué manga de boludos/ votamos a una muerta/ a una puta y a un cornudo”. “Y Perón arrasó”, recuerda Calderón. El consultor recurre a otros ejemplos históricos —el estadounidense Richard Nixon en el mismo 1973, el alemán Gerhard Schröder en 2005 o nuestros Felipe González en 1993 y Rajoy en 2011—para concluir: “Excepto en casos en que afecta a la vida de la gente, la corrupción no es ni de lejos uno de los temas que inclinan el voto. Incluso en esos casos lo máximo que consigue es inhibir al electorado más blando de un partido para que se quede en casa. Pero casi nunca a saltar el muro ideológico y votar al partido rival. Sobre todo, en momentos de polarización como el que vivimos”.

En eso mismo incide Jordi Muñoz, profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona y exdirector del CEO, el conocido como CIS catalán: “Los contextos de polarización son poco propicios para medir la incidencia electoral de la corrupción. Los votantes de izquierda no dan credibilidad a las acusaciones que vienen de la derecha o de medios afines, y viceversa. En general la corrupción tiene pocos efectos electorales, salvo en contextos de crisis económicas”.

“Cada día, un escándalo”, repite el PP en un discurso que no cesa de subir en decibelios, con términos más propios del hampa como “capo” u “organización criminal”. Pero justo ese exceso de ruido, esa batería de acusaciones en la que se mezclan lo probado, lo hipotético y a veces hasta lo falso, puede contribuir a restar eficacia al mensaje. “Salen muchos casos, se denuncia todo en un clima de crispación permanente, se exagera… Con todo ese ruido, las denuncias pierden credibilidad”, señala Belén Barreiro, directora del instituto de encuestas 40dB.

Barreiro introduce un término, “saturación”, que también surge en boca de su colega Camas o del consultor político Eduardo Bayón. “La saturación del ruido hace que la gente empiece a desconectar de forma notable”, observa este último. “Hay un descenso claro del interés por la actualidad política en clave nacional. Lo vemos en la televisión, que ya no alcanza aquellas audiencias con programas políticos de tres o cuatro horas, como en el ciclo muy politizado que vivimos a partir de 2008”. Y remacha: “Si se hace un escándalo de cada caso, o a veces de bulos, y a la velocidad que va la información… El ciudadano de a pie bastante tiene con sus problemas”.

La algarabía del último año tampoco se percibe en las estimaciones de voto. Todas —menos el exótico cálculo del CIS— arrojan una clara mayoría de la derecha, pero con las posiciones estancadas. Es más, el último barómetro de 40dB. para EL PAÍS y la SER apunta a que el PP ha retrocedido casi tres puntos en un año —del 35,5% al 32,8%— y el PSOE está prácticamente igual —del 30% al 29,8%—. Y eso, resalta Barreiro, que casi dos de cada tres encuestados citan la “honradez” como la primera cualidad que valoran en los líderes. En la competencia entre estos, Santiago Abascal supera a Alberto Núñez Feijóo. Y Vox resulta el más favorecido: gana 2,6 puntos en un año y roza el 14%.

El PP ha asumido por completo eso que los especialistas llaman un marco, el de la corrupción, que hasta no hace tanto le resultaba muy desfavorable por su ristra de escándalos pasados, algunos todavía sin juzgar. “Instalar el marco de la corrupción a quien puede beneficiar es a Vox”, reflexiona Muñoz. “El PP aún arrastra un estigma que está en la memoria de mucha gente”.

El rendimiento más tangible para los populares puede ser cohesionar a los suyos y desmoralizar a la izquierda. Barreiro y Camas creen que ese discurso les ayuda a reforzar la imagen del país como un caos y de Sánchez como un político dispuesto a todo para conservar el poder. “Tampoco tienen mucho más para desgastar al Gobierno”, manifiesta el investigador de Ipsos. “Otros temas más tradicionales como la economía o la agenda internacional no les dan margen”. Calderón, dando por sentado que el PP “tiene todas las papeletas” para ganar las próximas elecciones, sostiene: “Su mejor baza no está en airear la corrupción, sino en ser capaz de articular propuestas creíbles para atraer al votante más moderado del PSOE, como la vivienda, la sanidad, el empleo o los impuestos. Especialmente la vivienda, que me temo que va a ser el gran tema de los próximos años”.

Muñoz subraya que la corrupción puede empezar a hacer mella cuando en el partido afectado o en medios de su órbita surgen voces críticas. Algo de eso se ha empezado a ver estos días en el PSOE con el caso de Leire Díez. Y en un escenario electoral apretado, “un pequeño cambio cuantitativo puede tener gran efecto cualitativo”. La factura que hoy no se percibe aún podría cobrarse más adelante.

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El intento de Sánchez de recobrar, al menos por un día, el control de la agenda resultó vano. El Gobierno pretendía poner una pausa en la rutina escandalosa de los últimos días y poner el acento en su propuesta de triplicar las inversiones públicas en política de vivienda, a la cabeza de las preocupaciones ciudadanas. Para el encuentro se eligió Barcelona, un modo de visualizar la normalización institucional de Cataluña. Pero el choque lo tapó todo. Y la institucionalidad se rompió por otro lado, con Isabel Díaz Ayuso en papel estelar.

El PP ya había apuntado sus intenciones previamente. Amenazó con plantar la conferencia e impuso una agenda inabarcable, con 14 puntos, algunos de ellos sin la menor relación con la política autonómica, como las leyes de reforma del Poder Judicial. Llegado el momento, la reunión de presidentes derivó en una copia de lo que sucede cada semana en el Congreso. Uno tras otro, los populares exigieron la convocatoria inmediata de elecciones. Ni el valenciano Carlos Mazón se reprimió. Los asuntos de pura gestión quedaron sepultados por la bronca. Solo cinco comunidades —Euskadi, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias— aceptaron “inequívocamente”, en palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, negociar a partir del lunes las transferencias económicas prometidas.

Y, si de bronca se trata, nadie puede competir con Ayuso. La presidenta madrileña coleccionó desplantes y acaparó focos. Primero negó el saludo a la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, a la que acusó de llamarla asesina por responsabilizarla de las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia. Ella, que esta misma semana comparaba la situación bajo el Gobierno de Sánchez “con los peores años del País Vasco”. Luego se ausentó para no oír a los presidentes vasco y catalán hablar en sus lenguas. Un gesto que indignó especialmente al lehendakari, Imanol Pradales.

Mientras Ayuso volvía a colgarse la medalla de la más insobornable combatiente antisanchista, dos compañeros suyos —el gallego Alfonso Rueda y la balear Marga Prohens— también empleaban las lenguas de sus territorios. Feijóo, en cambio, no quiso quedarse atrás de Ayuso. Y acabó el día, en un acto en Oviedo, mimetizando el discurso de la lideresa madrileña. Arremetió también contra el uso en Barcelona de las lenguas cooficiales y acusó a Sánchez de promover la “división y el enfrentamiento”.

El PP lleva casi dos años luchando contra la frustración que le dejaron las últimas elecciones. Como en 1993, la legislatura en que el término crispación se popularizó en la política española, los populares se encontraron con un inesperado revés electoral cuando todos los pronósticos los situaban al borde del poder. El partido, como admiten algunos dirigentes, se consoló con la idea de que la situación del Gobierno era tan precaria que a poco que se le presionase acabaría cayendo. Y siempre parecía haber llegado el momento oportuno: con la amnistía —que concitó hasta cinco manifestaciones en Madrid—, con las amenazas de Carles Puigdemont, con la imputación de la esposa del presidente, con las supuestas corruptelas de José Luis Ábalos o con las dudosas revelaciones del comisionista Aldama. El último, el folletinesco episodio de Leire Díez y la nueva campaña con el lema de “mafia”.

Hasta ahora, nada de eso ha logrado tumbar al Gobierno. El propio José María Aznar avisaba días atrás: “Faltan dos años para las elecciones”. Dos años en los que, si nada cambia radicalmente, el PP seguirá cultivando el marxismo, versión Groucho: “¡Más madera, que es la guerra!”.

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La FAES no se refiere a esas prácticas de los Gobiernos del PP documentadas a lo largo de los últimos años, sino al actual Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tras haber conocido las actuaciones contra adversarios políticos de los populares por parte de lo que se dio en llamar policía patriótica —sobre las que todavía investiga el Congreso de los Diputados— la fundación de Aznar arremete ahora contra el Gabinete de coalición entre PSOE y Sumar: “La democracia no tolera Estados dentro del Estado, tumores mafiosos que suplanten la representación política, la vida le va en ello”. “En una democracia el poder se ejerce al servicio del interés nacional, no en beneficio de la famiglia”, insiste.

Todas estas observaciones forman parte de una declaración hecha pública por FAES para secundar la manifestación convocada por el PP para el próximo domingo en Madrid. La fundación reproduce el lema elegido por la dirección popular, Mafia o democracia. Y a lo largo del manifiesto introduce numerosos términos de la jerga de la organización criminal italiana: padrinos, capos, consiglieris, famiglia, pizzo, omertà o vendetta.

FAES dictamina que es “cosa juzgada” que Sánchez “entiende el poder como botín y no como servicio”. Lo acusa de tener una “concepción patrimonial del poder” y arremete contra “los indultos arbitrarios, la mutilación del Código Penal, la amnistía inconstitucional, el blanqueamiento del terrorismo etarra, la polarización inducida, el cínico melodrama epistolar del ‘hombre enamorado’ y el emparedamiento de la mitad de España como solo programa de Gobierno”.

También el propio Fernández Díaz, procesado por organizar la Operación Kitchen para destruir las pruebas de financiación ilegal del PP en poder del extesorero del partido Luis Bárcenas, escribió el pasado sábado un artículo en La Razón, diario del que es colaborador, titulado El lodazal del sanchismo. El exministro deplora las noticias sobre el caso de Leire Díez y el supuesto intento de “neutralizar” las “investigaciones judiciales que acechan al núcleo duro del sanchismo”.

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Desde este miércoles, el grotesco álbum dispone de una nueva página. La han escrito la socialista Leire Díez, esa súbita celebridad surgida de las alcantarillas que proclama que ella no es “ni fontanera ni cobarde,” y el empresario confesadamente corrupto Víctor de Aldama que le llama “sinvergüenza” y apela al líder de la oposición: “A ver si de una vez el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer y saca a este Gobierno”. Un surrealista estallido final del confuso globo del caso Leire, inflado de forma asombrosa en poco más de una semana.

Las televisiones disfrutan del banquete, mientras políticos y tertulianos se dan golpes de pecho: bochorno, esperpento, circo… Como si ninguno de ellos hubiese contribuido al espectáculo. Como si entre todos ―unos más y otros menos, pero todos con su particular aportación― no hubiesen alimentado el infame teatrillo.

El Gobierno. Primer bochorno. Los socialistas no se han rebajado a ofrecer algún tipo de explicación sobre las intrigas de esta militante que ocupó relevantes puestos de libre designación en la Administración del Estado. La dirección del partido vive en un clamoroso silencio, y el presidente del Gobierno lleva tiempo huyendo de los micrófonos. Así deja el campo libre a la señalada para asegurar muy seriamente que lo suyo es un trabajo de investigación con vistas a un libro sobre “las cloacas del Estado”. Y, por el medio, Aldama, un personaje que durante años brujuleó alrededor del poder socialista. Algunos ministros se declaran víctimas de una “guerra sucia” sin ofrecer concreciones. Otros reproducen una información falsa —un supuesto comentario de un capitán de la Guardia Civil fantaseando con un atentado contra el presidente— y no se avienen a rectificar.

La oposición. Segundo bochorno. El PP clama indignado contra un Gobierno que propaga bulos cuando lleva meses haciendo de altavoz de infundios: los fabulosos millones del hermano de Pedro Sánchez, el ministro que se veía con prostitutas en Madrid el mismo día que se encontraba en Canarias, la orgía del parador de Teruel que nadie vio… Y repite sin ninguna prueba que “Sánchez lo sabía todo y lo tapó”, dejando en el aire el misterio de a qué se refiere con ese “todo”. Los populares han jaleado a Aldama y tomado como verdad indiscutible cada una de sus acusaciones contra el Gobierno. Sin haberse disculpado nunca por la guerra sucia —esta sí sobradamente comprobada— contra el independentismo catalán y contra Podemos, ahora llaman mafia y organización criminal al Gobierno. Feijóo, ese dirigente que no venía a insultar y que arrastra su propio álbum de imágenes berlanguianas, tacha al presidente de capo.

La Fiscalía. Tercer bochorno. En uno de los más extraños acuerdos judiciales que se recuerdan, la Fiscalía Anticorrupción permitió la salida de Aldama de prisión, adonde lo habían enviado por el fraude de hidrocarburos, ante su promesa de colaborar en otro asunto, el caso Koldo. Hasta hoy no ha aportado más que acusaciones sin probar o directamente patrañas. Donde goza de gran predicamento es en ciertas emisoras y platós. Se hace acompañar por el dueño de Desokupa y protagoniza shows como el de este miércoles.

Los medios. Cuarto bochorno del antes llamado cuarto poder. Cualquier comentario captado en un audio, aunque sea en boca de delincuentes o de comprobados bravucones, es tomado como verdad. Se mutilan conversaciones para extraer frases aisladas y privadas de contexto que alimentan titulares explosivos. Se publican acusaciones de graves delitos sin más fundamento que ignotas declaraciones de fuentes anónimas o de informes policiales que ni siquiera están redactados. Informadores que bebieron de las antiguas cloacas de Interior y publicaron falsedades sobre dirigentes políticos se erigen en los nuevos combatientes contra la cloaca y en héroes del periodismo de investigación.

Y los bochornos que quedan por venir.

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El primer Feijóo apareció a comienzos de los años noventa y era un joven atildado, con aspecto de empollón, el típico tecnócrata de la Administración en el que resultaba difícil adivinar grandes inclinaciones políticas. Ese fue el Feijóo que creció bajo la sombra protectora de José Manuel Romay Beccaría, figura señera del añejo conservadurismo gallego. El Feijóo que gestionó la sanidad pública autonómica y luego, ya en Madrid, el desaparecido Insalud y la empresa pública de Correos, cargo al que fue aupado por el ministro Francisco Álvarez-Cascos. Un gerente con fama de eficaz y flexible, que presumía de sus buenas relaciones con los sindicatos —él mismo había formado parte de uno de funcionarios en la Xunta— y que ni siquiera militaba en el PP.

En el origen del segundo Feijóo hay una analogía casi irónica con la actualidad. Entonces también se había desatado una guerra a muerte entre los populares. Y, como ahora con la pandemia en Madrid, alguien fue acusado de lucrarse con otro desastre, el del Prestige. En aquellos días de 2003 las autoridades se enfrentaban igualmente a una carencia desesperante de material, en ese caso para limpiar las playas. La SER desveló que la familia del conselleiro de Obras Públicas y uno de los referentes del PP gallego, Xosé Cuiña, había vendido a la empresa pública Tragsa una partida de trajes de agua y palas por valor de 40.000 euros. Cuiña corrió mucha peor suerte que ahora Isabel Díaz Ayuso: la dirección nacional del partido lo tenía ya en el punto de mira y fue sumariamente defenestrado. Para reemplazarlo se llevaron de vuelta a Feijóo.

De conselleiro pasó muy rápido a vicepresidente y, tras la derrota electoral de 2005 que jubiló a Fraga, fue el hombre apoyado por Génova para imponerse en la pugna sucesoria. De súbito, el tecnócrata templado se reveló como un político con el cuchillo entre los dientes. Por una parte, se esforzaba en no parecer el clásico dirigente popular. Recordaba que su militancia en el PP era muy reciente y que con 21 años, en 1982, había votado al PSOE de Felipe González. Sus primeros pasos, sin embargo, hicieron pensar en un giro a la derecha. Se alineó con los grupos opuestos a la enseñanza en gallego, tan minoritarios en Galicia como ruidosos en la prensa conservadora de Madrid, rompió el consenso lingüístico de la época de Fraga y, cuando llegó al poder, redujo la presencia del idioma propio en las aulas (aun así, Vox lo tilda de nacionalista por mantener una cuota obligatoria de gallego).

Los años de su oposición al Gobierno bipartito de PSOE y BNG transcurrieron en un crescendo estrepitoso. Arrojó contra el Ejecutivo autónomo las muertes en una oleada de incendios forestales y abanderó actuaciones como una protesta ante el Parlamento gallego de decenas de alcaldes que intentaron entrar por la fuerza en la Cámara. Cuando se convocaron las elecciones autonómicas de 2009, tenía todas las encuestas en contra. Hasta que llegó la campaña.

Bulos en campaña

Feijóo evitó implicarse personalmente en los ataques, pero sus segundos no dieron tregua con una tormenta de acusaciones que paralizó a sus rivales. Al entonces presidente, el socialista Emilio Pérez Touriño, un hombre de probada sobriedad personal, lo convirtieron en un “adicto al lujo” — “sultán”, lo llamaban— que dilapidaba el dinero de los gallegos en suntuosos despachos y coches oficiales. Contra el vicepresidente, el nacionalista Anxo Quintana, se utilizó una foto suya en el yate de un constructor, y eso que Feijóo —como se sabría años más tarde— escondía en el armario otras fotos en otro yate y en una compañía bastante menos recomendable, la de un capo de la ría de Arousa.

Los populares fueron pioneros en el uso de fake news. Entre otros bulos, hicieron circular el de que Quintana maltrataba a su esposa. En ese clima escandaloso, con la crisis económica ya asomando, Feijóo ganó por sorpresa. De paso le salvó el cuello a Mariano Rajoy, acorralado por una oposición interna en la que se alistaban algunos de los mismos que han ejercido de arietes contra Pablo Casado, solo que ahora en el mismo bando del presidente de la Xunta.

Los primeros años de gobierno fueron los de la explosión de la crisis, y el gestor se atuvo con disciplina a los preceptos de la austeridad. Aplicó recortes y políticas privatizadoras, aunque —él siempre lo hacía notar— menos drásticas que las de otros gobiernos de su partido como el de Madrid. Su gran obsesión —y su gran logro— fue presentar unas cuentas públicas saneadas. No aplicó rebajas de impuestos hasta que pasó lo peor de la crisis y lo hizo también sin las grandes alegrías del liberalismo madrileño. El balance económico de sus 13 años no impresiona. La tasa de paro y el crecimiento del PIB incluso han empeorado ligeramente respecto a la media nacional en este periodo.

En la Xunta se rodeó de técnicos y funcionarios de carrera con escaso perfil político. Creó un equipo de confianza muy reducido, hermético hasta llegar a veces al secretismo. En el partido se plegó a algunas componendas. Encajó una dolorosa derrota tras emplearse a fondo para evitar que el incombustible cacique de Ourense José Luis Baltar designase sucesor a su hijo Manuel. Escocido, jamás volvió a agitar ese árbol y desde entonces consintió que la dinastía de los Baltar siga gobernando la provincia —un imbatible granero de votos populares—, aun a costa de arrostrar más de una situación embarazosa. Como en la campaña de las últimas municipales, en la que Feijóo proclamó que “sería letal para Ourense” que ganase la alcaldía el atrabiliario candidato independiente Gonzalo Pérez Jácome. Semanas después, el PP de Baltar hacía alcalde a Jácome ante la pasividad del líder regional.

Al contrario que Ayuso

El ejercicio del poder moldeó al Feijóo institucional, pragmático, tolerante y laico, alérgico a las batallas ideológicas, hábil para conectar con el sentido común del ciudadano medio y para salir de cualquier charco sin excesivas salpicaduras. Su figura se fue elevando por encima del partido, como quedó patente en el diseño de sus campañas electorales, con las siglas del PP cada vez más escondidas tras el candidato. Así consiguió evitar que Ciudadanos primero y Vox después entrasen siquiera en su territorio, al tiempo que él penetraba en los sectores más centristas del electorado del PSOE. Las autonómicas de 2020 se celebraron en plena pandemia, a la que ha combatido con severas restricciones, el método opuesto al de Ayuso. Alcanzó el 48% de los votos, casi rozando los impresionantes techos de Fraga.

Feijóo había llegado con la pretensión de desterrar herencias del fraguismo, pero poco a poco fue recuperando esquemas del viejo patrón, como una vaga retórica galleguista, agradable a una parte de su electorado. También aportó combustible nuevo a la maquinaria de poder sobre la que Fraga había reinado durante 14 años, con los medios de comunicación como puntal básico. Hoy es difícil leer una crítica a Feijóo en un periódico gallego. En los medios públicos los casos de manipulación informativa se han contado por decenas, entre la indiferencia del presidente a las protestas de sus periodistas.

Siempre tuvo un ojo puesto en la política nacional. Era recurrente que la oposición lo acusase de estar más preocupado de cuidar su relación con los medios de Madrid que de rendir cuentas en Galicia. En pocas facetas como esa ha brillado tanto. Feijóo ha sido capaz de pasearse triunfal por las televisiones y radios conservadoras y al tiempo complacer a audiencias progresistas con guiños en cuestiones de derechos sociales o con gestos como su respaldo a la iniciativa para devolver el Pazo de Meirás al patrimonio público. Todo el mundo lo veía con ambiciones nacionales, por eso causó asombro que desistiese en el último momento de disputar la sucesión de Rajoy en 2018.

Aquel episodio marcó la apoteosis de su hermetismo. Un 18 de junio convocó a la prensa y a cargos del partido a un acto en Santiago que no aparentaba más que el anuncio solemne y esperado de que se lanzaba a la carrera. “Llegamos allí sin saber qué iba a decir”, confiesa un miembro de su círculo más próximo. Llevaba dos discursos escritos, uno con el sí y otro con el no, según ha revelado el periodista Fran Balado en su libro El Viaje de Feijóo. Para incredulidad general, leyó el segundo. Nunca ha acabado de aclarar la razón última que lo empujó a desistir y esa ambigüedad ha servido para alimentar leyendas negras sobre guerras de dosieres en el PP. La versión más extendida entre los populares gallegos es que esperaba que Rajoy se lo pidiese y no lo hizo, mientras veía cómo se preparaba la candidatura de Soraya Saénz de Santamaría. Y además no podía controlar los tiempos —una de sus obsesiones— en unas primarias convocadas apresuradamente. Entre los suyos se añade otro motivo de índole familiar: su pareja, la exdirectiva de Inditex Eva Cárdenas, lo acababa de hacer padre a los 56 años. Ese 18 de junio que dejó boquiabiertos a todos sus compañeros, mientras proclamaba entre lágrimas su amor a Galicia, Feijóo pareció más que nunca un Fraga redivivo.

La amistad con Dorado

De los enigmas sobre el líder gallego ninguno como el episodio que pudo hacer tambalear su carrera: su larga relación personal, revelada por EL PAÍS en 2013, con Marcial Dorado, contrabandista de tabaco conocido en toda Galicia y más tarde condenado por narcotráfico. En la época de esa extraña amistad, a mediados de los años noventa, aún no se había disipado por completo la familiaridad de los dirigentes del PP gallego con los clanes del negocio ilegal en Arousa. El propio Feijóo ha relatado que en 2003, cuando acudió a Fraga para confesarle que un juez había encontrado fotos suyas en un registro en casa de Dorado, el presidente se echó a reír: “¡Si me contasen a mí las fotos que tengo con contrabandistas…!”.

Lo más chocante de aquello fue descubrir que el joven y pulcro tecnócrata, que se había echado una novia de CC OO, mantuvo durante años una faceta oculta en la que compartió vacaciones y fiestas navideñas con un hombre rudo y sin estudios, alguien de un mundo completamente ajeno al suyo. Y que el amigo común que los había conectado era un chófer de la Xunta, testaferro de Dorado y habitual de pendencias ultraderechistas en el Ferrol de la Transición.

Ahora que se prepara para dejar su apacible balneario gallego e instalarse en el vociferante Madrid, con un partido en ruinas, una baronesa regional en permanente agitación y un competidor extremista que está fagocitando su electorado, la pregunta surge inevitable: ¿seguiremos viendo al mismo Feijóo? Los suyos insisten en que, pese a todo, es un político previsible y no cambiará mucho. “Feijóo es lo que ha sido siempre el PP, un liberal conservador con un programa de centro reformista adaptado a las circunstancias del momento”, comenta un destacado miembro de los populares gallegos. “Hará, como le gusta, un plan a dos años pensando en las elecciones. Y será coherente con él, sin los bandazos de Casado”. Sobre la mayor de las papeletas con que se encontrará, la decisión de pactar o no con Vox, ya dejó una pista días antes de que se desatara la carnicería en el PP. En un gesto muy característico de él, descargó toda la responsabilidad de la decisión en el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco.

Intentar responder a la pregunta de qué Feijóo veremos como líder de la oposición conduce finalmente al más tópico de los tópicos gallegos: depende.

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El Gobierno ha vivido muchas semanas malas en esta legislatura, pero la pasada podría competir por el dudoso título de la peor. La falta de explicaciones sobre las oscuras andanzas de la militante socialista Leire Díez para airear trapos sucios de la Guardia Civil ha puesto al PSOE completamente a la defensiva. En medio de tales tribulaciones, la difusión de lo que ya se anuncia como el criterio formado del TC sobre la ley de amnistía concede un respiro al Ejecutivo. De un lado avala el gran asunto con que la derecha intentó deslegitimar el inicio del actual mandato de Pedro Sánchez. Y al mismo tiempo crea un clima favorable a fin de mantener el diálogo con los dos grupos independentistas catalanes, indispensables para cumplir el objetivo de Sánchez de llegar a 2027. Feijóo apeló a ellos la pasada semana para que se sumen a una moción de censura. Ni los movimientos de días atrás para impedir la oficialización del catalán, el euskera y el gallego en la UE, ni ahora este rechazo del TC a un recurso precisamente del PP contribuyen a hacer posible el hoy por hoy imposible empeño del líder de la oposición.

El Gobierno, eso sí, evitó cualquier manifestación de euforia, sobre todo porque lo que se conoció este lunes es todavía un proyecto de sentencia. La única reacción fue la del ministro de Transformación Digital, Óscar López, que se limitó a subrayar que la ley es “plenamente constitucional”, que ha surtido efectos positivos al apaciguar el conflicto político en Cataluña y a expresar su “máximo respeto” al TC. “Espero, confío y deseo que sea positiva la sentencia”, remarcó. Por parte de Sumar, su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aun sin dar por definitiva la decisión, apuntó que respaldaría la actuación del Ejecutivo: “Estaríamos ante una buena noticia que confirmaría la política del Gobierno ante la judicialización del conflicto y desmontaría las mentiras de la derecha y el PP”.

El PP y los medios de la derecha venían desplegando desde hace tiempo una campaña de deslegitimación del TC, personalizada en su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Uno de los vicesecretarios populares, Esteban González Pons, llegó a calificar al Constitucional de “cáncer del Estado de derecho”, palabras que se vio obligado a retirar tras la polvareda levantada. Las primeras reacciones oficiales de los populares este lunes obviaron el choque con el tribunal. La secretaria general, Cuca Gamarra, no fue más allá de añadir el futuro fallo a las “muchas razones” para acudir a la manifestación del sábado en Madrid. En su habitual comparecencia semanal en la sede de Génova, el portavoz del partido, Borja Sémper, cargó las tintas en los acuerdos del PSOE con los independentistas, también sin entrar en valoraciones sobre el tribunal. La amnistía constituyó “una inmoralidad profunda”, “una indecencia”, un acto de “corrupción política”, palabras que revelaron donde pretende situar ahora el marco de debate el PP.

Fue Feijóo quien se lanzó un poco más allá, en un acto por la tarde en Cáceres. El líder del PP tampoco atacó directamente al TC, pero hizo caso omiso de su ponencia y se situó por encima de ella, ignorando la consideración del tribunal de garantías como intérprete supremo de la Constitución: “Hoy nos pretenden convencer de que comprar un gobierno con privilegios es legal. Yo digo que no. Ni es ético, ni es moral, ni es legal. Es inconstitucional porque así lo han dicho todos los expertos en este país. Los letrados del Senado, del Congreso, el Consejo General del Poder Judicial, los constitucionalistas más prestigiosos… han dicho que la amnistía es inmoral”.

La permanente presión de Vox sobre el PP se ha incrementado en las últimas semanas, con ataques cada vez más frecuentes en sede parlamentaria. Y Santiago Abascal no dejó pasar la ocasión para cargar también contra los populares y culparles de la decisión del TC por haber pactado su renovación con el Gobierno. “No se puede decir que el Gobierno es una mafia y a la vez llegar a acuerdos con esa mafia”, recriminó el líder de Vox en una entrevista en el El programa de Ana Rosa.

Tampoco los independentistas ofrecieron muestras de euforia, entre otras cosas porque la futura sentencia no afectará a sus dos líderes, Carles Puigdemont, de Junts, y Oriol Junqueras, de ERC. La ponencia elude pronunciarse sobre los delitos de malversación por los que ambos están condenados y sobre los que el Tribunal Supremo mantiene el criterio de que no son amnistiables. Las dos formaciones confiaban en esta decisión. Recuerdan que siempre han insistido en que la ley se redactó con cuidado de no rebasar límites constitucionales y teniendo en cuenta la jurisprudencia europea. Ahora se sienten avalados en sus argumentos, pero insisten en que la batalla no se ha acabado. “El problema no es la constitucionalidad de la ley, sino la rebelión del Tribunal Supremo a la hora de aplicarla”, afirmó el portavoz de Junts, Josep Rius. “Un paso más para restaurar la justicia”, apuntó Junqueras, sin dejar de subrayar que el camino está resultando “demasiado largo”.

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Y aún faltaba Miguel Tellado. Como era de esperar, el portavoz del grupo popular subió la apuesta y espetó a la vicepresidenta tercera, Sara Aegesen: “Usted forma parte de una organización criminal: el Gobierno de España”. La también ministra de Transición Ecológica lo encajó sin una protesta. La expresión la retomó después Mirian Guardiola, una diputada que ya venía haciéndose notar en estos concursos de estridencias: “No es que sean ustedes una banda, parecen más una mafia y una organización criminal”. Y a la equiparación delictiva del Gobierno se apuntó también Pepa Millán, la portavoz de Vox. Solo que la metralla popular es de tal magnitud y con tal cantidad de efectivos frente al escaso tiempo de que dispone la extrema derecha, que esta se las ve y se las desea para sacar un poco la patita. La intervención de Millán apenas sirvió para que el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, trazase la clásica identificación entre PP y Vox: “Dicen lo mismo, son una unidad de destino en lo universal”.

Los socialistas asistieron impávidos a la avalancha hasta que un veterano de las filas populares, Manuel Cobo, arremetió directamente contra el jefe y llamó a Pedro Sánchez “corrupto inductor del transfuguismo”. Entonces se despertaron los primeros murmullos de desaprobación en la bancada del PSOE. “Ha calumniado usted al presidente amparándose en la inviolabilidad parlamentaria”, le retrucó Bolaños.

La enésima escalada verbal del PP tenía como argumento los audios revelados por El Confidencial en los que una militante socialista y excontratada en empresas públicas, Leire Díez, ofrece tratos de favor a empresarios a cambio de que le suministren informaciones comprometedoras sobre uno de los jefes de la UCO de la Guardia Civil. El PP da por hecho que la que han bautizado como “fontanera socialista” actuaba en nombre del Gobierno.

Frente al martilleo de acusaciones, los socialistas optaron por escurrir el bulto. Suele suceder en las sesiones de control y la de este miércoles prolongó la costumbre. Los ministros ignoran los ataques, cambian de tema, recurren al archivo de corrupciones del PP y denuncian genéricamente, sin entrar en detalle, la difusión de bulos. “Ustedes fueron el partido más corrupto de Europa y ahora son el partido más difamador de Europa”, contraatacó Bolaños, que más tarde, a una pregunta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu sobre qué ha pasado con los planes de “regeneración democrática”, anunció un inminente proyecto de ley para reformar la protección del derecho al honor. Sobre el caso concreto que denunciaban los populares, la táctica del Gobierno fue simplemente el silencio. También cuando los populares formularon cuestiones concretas, como Borja Sémper, que pidió sin éxito a Bolaños un apoyo expreso al teniente coronel de la UCO Antonio Balas, señalado por Leire Díez en las conversaciones difundidas.

El despliegue acusador del PP subió la temperatura de una sesión de control descafeinada, con el banco azul medio desierto, sin Sánchez, de viaje en Bruselas para ver a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ni la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Los populares expresaron en los pasillos su indignación por estas ausencias. Y en el hemiciclo pusieron la diana en quien llevaban omitiendo desde hace mucho tiempo: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que dedicaron tres preguntas.

El objetivo quedó claro desde la primera, obra de la número dos popular, Cuca Gamarra. La idea era situar a Díaz y a Sumar como “cómplices de un Gobierno mafioso”. La vicepresidenta no entró a ese trapo. Pero sí a los emplazamientos de Gamarra para que hablase de la cohesión interna del Gabinete. “Mal que les pese, somos el Gobierno más estable de Europa”, proclamó entre las risas de los populares, acalladas cuando añadió: “La inestabilidad la ponen ustedes en las comunidades autónomas con sus pactos con la extrema derecha”. El portavoz económico del PP, Juan Bravo, recurrió a uno de los clásicos en el amplísimo abanico acusatorio de su partido: el Ejecutivo maquilla las cifras del paro. “Eso que me está diciendo es un delito”, replicó la vicepresidenta, quien manifestó que ella no ha cambiado “ni una coma” de las normas que regulan cómo calcular el desempleo. Para recalcarlo exhibió un cuadro del Instituto de Estadística de Andalucía con el mismo método contable del Ministerio de Trabajo.

El PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, se llevaron algunos rejonazos por su oposición a oficializar el catalán, el gallego y el euskera en la UE. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, preguntó por la cuestión al ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Y aunque dejó un dardo a este por su fracaso el pasado lunes en Bruselas —“¿y ustedes qué pintan en Europa?”— se dedicó a reprender a los diputados del PP que hablan en esas lenguas, empezando por Feijóo. Albares prometió “no cejar” en el intento, aunque puntualizó: “Esto no puede ser solo de un partido político”. Como si el Congreso estuviera para alcanzar consensos sobre alguna cosa.

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El discurso del PP, como en tantas otras cosas, es contundente: el Gobierno no tiene mayoría y eso aboca al Congreso a la parálisis. La prueba, alegan los populares, es que ha tenido que renunciar a los Presupuestos y a someter a la Cámara el anunciado aumento del gasto militar en casi 11.000 millones de euros. El Ejecutivo desmiente tal parálisis y para ello invoca las 19 leyes y 15 decretos aprobados en lo que va de legislatura. Pero entre sus propios aliados, singularmente los del ala izquierda, también surgen críticas por la falta de avances en determinadas demandas legislativas.

La comparación entre las cifras de este periodo de sesiones y la misma etapa del pasado año apunta a una reducción de la actividad legislativa. Entre enero y mayo de 2024, ya con la misma correlación de fuerzas que ahora, el Congreso tomó en consideración 11 proyectos de ley del Gobierno. Este año han sido cinco hasta ahora. Lo que han aumentado son los decretos: siete ahora ―uno, el ómnibus, fue rechazado― por tres entonces.

Los cinco proyectos tomados en consideración son los de Economía Social y regulación de los lobbies, dos reformas de la ley de Enjuiciamiento Criminal sobre el método de determinación de la edad de los menores migrantes y su responsabilidad penal, y la adhesión a cuatro enmiendas del Estatuto de la Corte Penal Internacional que determinan los delitos sobre los que es competente, esta última, tramitada en lectura única. La Cámara ha dado además el visto bueno a los textos ya elaborados de dos leyes: la del derecho de asociación, que permitirá ilegalizar grupos que exalten el franquismo, y la de navegación aérea. Ambas, al igual que la relativa a la Corte Penal Internacional, están solo a la espera del trámite del Senado.

Fuentes gubernamentales admiten las dificultades para lidiar con un Congreso tan complejo, sobre todo con un grupo de comportamiento a menudo imprevisible como Junts, que no entraba en la ecuación la anterior legislatura. También resaltan que las leyes “más estructurales” fueron abordadas en el pasado mandato, que se cerró con dos centenares de nuevas normas aprobadas. Lo que niegan con rotundidad es que la producción legislativa se haya detenido.

El Gobierno pretende dar un acelerón antes del verano, habilitando algún pleno más en julio, ya fuera del periodo de sesiones. A sus aliados, según fuentes parlamentarias, les ha anticipado su propósito de aprobar en estas semanas el texto final de la ley de movilidad sostenible, aún pendiente de debate en ponencia, y obtener el visto bueno del pleno para activar la redacción de las de economía social, la que propone reformas en la carrera judicial y la que crea la Agencia Estatal de Salud Pública. Para esta última será la segunda oportunidad, después de que, con un texto ya cerrado y aparentemente pactado, PP y Junts la tumbasen en pleno el pasado marzo.

Más allá de las críticas del PP, los aliados del Gobierno por el flanco izquierdo le achacan falta de decisión en determinados momentos. Y ahí afloran las tensiones que genera la dependencia del partido de Carles Puigdemont. “Nosotros lo dijimos desde el principio: aquí hay una mayoría de derechas”, analiza el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. “Y ante eso el Gobierno ha decidido poner pie en pared y no hacer lo que tiene que hacer: legislar y, sobre todo, negociar. Al revés, manda un mensaje bastante negativo: priorizo al socio más desleal que tengo, Junts, y a los demás los doy por descontados”. En ERC causó un gran malestar que hace dos semanas el PSOE amagase con seguir bloqueando en la Mesa la proposición de ley presentada por todos los grupos a su izquierda para regular los alquileres de temporada. Rufián hasta se permite un augurio: “Están haciendo un mal negocio. Y esto acabará suponiendo la salida de Sánchez de La Moncloa”.

También la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, lamentó en la última sesión de control con el presidente del Gobierno el “bloqueo de algunas leyes sociales”. “Algunas fuerzas de la mayoría de investidura, convenientemente alineadas con las fuerzas de retroceso, imponen su agenda”, concedió Aizpurua. Pero a la vez avisó: “Al Gobierno también le falta decisión”. Entre las leyes citadas por la portavoz abertzale figuraban algunas que llevan meses empantanadas en las ponencias que deben redactarlas. Una es la que pretende la regularización de inmigrantes, a partir de la iniciativa legislativa popular tomada ya en consideración hace más de un año. En este caso, el Gobierno acaba de presentar un texto para impulsar las negociaciones con los grupos. Otra de las citadas por Aizpurua es la reforma de la ley mordaza, atascada tras meses en la ponencia, donde ya murió la pasada legislatura por la falta de acuerdo entre los grupos. O la de industria, que desde febrero sigue en el periodo de presentación de enmiendas, prorrogado por la Mesa cada semana. Y la de reducción de la jornada laboral, por el momento en el congelador, a la espera de unas muy arduas negociaciones con Junts.

En ese limbo del plazo de presentación de enmiendas ―que se puede ir prorrogando indefinidamente― permanecen 31 proyectos del Ejecutivo. El más antiguo, la ley de Familias, que se encuentra así desde marzo de 2024 tras 50 prórrogas. La de universalización del sistema nacional de salud está en idéntica situación desde hace un año. Sucede lo mismo con las 25 propuestas legislativas enviadas por el Senado, con mayoría absoluta del PP, que invoca periódicamente ese caso para quejarse de que ni siquiera se hayan podido debatir y arremeter contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El Gobierno limita sus movimientos para evitar las derrotas parlamentarias, acogidas siempre con euforia en la bancada popular. Desde el comienzo de la legislatura, ha sufrido 110, según los cálculos de EL PAÍS, menos del 10% del total de votaciones. La inmensa mayoría han sido en iniciativas no legislativas, sin más valor práctico que la declaración política.

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El asunto se resolverá por una vía un tanto sinuosa: una disposición adicional a una ley sin relación directa con el asunto, la de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. El texto se incluirá en una enmienda transaccional acordada por PSOE y Sumar con la formación nacionalista gallega, que cuenta con un solo diputado.

En un comunicado, el BNG explica que “se incorpora una nueva deducción en la cuota líquida total del impuesto para los perceptores del SMI”. Y añade: “Con el establecimiento de esta deducción se evita que los contribuyentes perceptores del Salario Mínimo Interprofesional tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, reivindica el grupo gallego. Subraya, además, que el coste de estas deducciones “será asumido exclusivamente por el Estado”.

Según los términos del acuerdo divulgados por el BNG, los 2,4 millones de perceptores del salario mínimo interprofesional disfrutarán de una deducción fiscal de 340 euros anuales, la cantidad que deberían tributar por IRPF. Ese beneficio se les aplicará siempre que no dispongan de ninguna otra renta ajena a las del trabajo superior a 6.500 euros al año. La enmienda pactada extiende la deducción a un tramo de ingresos por encima del salario mínimo, aquellos con rentas del trabajo entre 16.576 y 18.276 euros anuales. En este caso también se le descontarán 340 euros, menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y la cuantía del salario mínimo.

El error del Ministerio de Hacienda fue el último capítulo de un asunto que durante varias semanas provocó una fuerte tensión dentro del Gobierno. Y más concretamente entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, de Sumar. La primera defendió que, tras la subida del SMI del 4,4% este año, esos salarios alcanzaban la cuantía para tributar en el IRPF y deberían hacerlo. Y lo aprobó en primera instancia, con el apoyo de la parte socialista del Gobierno.

Pero Sumar no dio el brazo a torcer y presentó una proposición de ley en el Congreso para revertir la medida. Los socialistas se quedaron solos, ya que incluso el PP se unió a las críticas y presentó su propia propuesta legislativa, al igual que Podemos. Ante la evidencia de que iba a sufrir un revolcón parlamentario, Hacienda dio su brazo a torcer y a finales de marzo acordó que los perceptores del salario mínimo tendrían unas retenciones de unos 30 euros mensuales por IRPF pero esas cantidades le serían devueltas a través de una deducción en la declaración de la renta del año próximo.

Solo dos semanas después, el Registro de Economistas Asesores Fiscales alertó de un fallo técnico en la norma. Su redacción amenazaba con dejar fuera de las deducciones el 50% del impuesto correspondiente a las comunidades autónomas. Hacienda prometió entonces subsanarlo y lo hará a través de esa enmienda pactada este martes con el BNG, que entrará en vigor una vez se apruebe el conjunto de la ley en la que va inserta.

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El grupo parlamentario socialista registró este jueves en el Congreso una proposición de ley que incluye una batería de medidas fiscales, entre ellas la subida al 21% del IVA de los pisos turísticos o las penalizaciones de la vivienda vacía o de los extranjeros que compren casas. La iniciativa también contempla bonificaciones fiscales a través del IRPF para los propietarios que rebajen los precios del alquiler sin necesidad de que el inmueble se encuentre en una zona tensionada (aquellas que permiten la limitación del precio de los arrendamientos). Las primeras reacciones de los aliados auguran un duro proceso negociador para sacar adelante la iniciativa.

Como viene siendo habitual en las últimas semanas, la reacción más crítica ha sido la de Podemos. Ya la misma tarde del jueves, la líder del partido, Ione Belarra, se apresuró a afirmar en la red social X: “La ley del PSOE, a falta de analizarla en más detalle, me parece una temeridad. Regalos fiscales a los rentistas en plena ―más que justificada― ola de indignación social contra los rentistas es una jugada arriesgada. Pero, claro, todos quieren acabar en la patronal inmobiliaria”.

En otro tono, Sumar también ha expresado este viernes sus dudas sobre algunas de las medidas incluidas en el paquete y advierte de que el PSOE tendrá que negociar con ellos en el Congreso. Fuentes parlamentarias de la formación adelantan su criterio favorable a la limitación de los pisos turísticos con la subida del IVA para empresas como Airbnb, a las cargas fiscales sobre la vivienda vacía o a endurecer también la fiscalidad de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) ―que pasarán de tributar el 15% al 25%―, propuestas, que afirman, eran suyas. Esta última medida también está contemplada en una proposición de ley propia que ERC registró esta misma semana. Sobre la subida del IVA al alquiler turístico se han manifestado a favor asimismo el presidente del PNV, Aitor Esteban, en declaraciones de este viernes a RNE, y fuentes parlamentarias de EH Bildu.

Pero Sumar ha lamentado también que el plan “consagre dar premios a los rentistas”, perdonándoles unos impuestos “que sí van a tener que pagar los inquilinos”, como ha expresado el diputado de Compromís y vicepresidente segundo de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso, Alberto Ibáñez. Más tarde, ha sido la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la que ha manifestado una “discrepancia profunda” con sus socios de Gobierno en este punto: “No estamos en absoluto de acuerdo en que los rentistas vean exento el 100% de tributación en el IRPF. La justicia empieza por arriba y no son los que tiene 10 u 8 viviendas a los que tengamos que hacerle ese regalo fiscal”.

En la misma línea se manifestaron fuentes parlamentarias de EH Bildu: “Se premia con dinero público a quien ha estado aplicando alquileres abusivos”. Los abertzales creen que la medida “no surtiría el efecto que se pretende”. La propuesta legislativa presentada por ERC tampoco va en esta línea e incluso propone crear un nuevo impuesto “a la acumulación de los bienes inmobiliarios de uso residencial” aplicable a partir de la tercera vivienda en propiedad.

El tratamiento a los dueños de viviendas suscita una de las más evidentes contradicciones dentro de la base parlamentaria que sostiene al Gobierno. La cuestión divide a su ala más a la derecha —Junts y PNV—y los grupos más a la izquierda. Aitor Esteban ha vuelto a reclamar este viernes “retoques” en la ley de vivienda ya aprobada esta legislatura para dar más “seguridad jurídica” a los propietarios. Según el presidente del PNV, esa norma ha retraído la oferta de alquiler porque los dueños de pisos creen que se han otorgado garantías a los inquilinos que “les va a impedir recuperarla en un tiempo razonable a pesar de que haya un impago”.

Sobre la política general de vivienda, también dentro del Gobierno conviven posiciones distintas. Sumar ha hecho de ella una de sus principales banderas de la legislatura y lleva meses apremiando al PSOE a mover ficha. Ambos se dicen de acuerdo en la necesidad de intervenir en el mercado —el presidente lo reiteró el pasado martes en el Congreso ante una pregunta de Junts—, pero Sumar exige que se haga de modo más contundente.

El PSOE ha decidido registrar una propuesta por su cuenta tras haber provocado un fuerte malestar entre sus aliados de izquierda por la actitud mantenida en la Mesa del Congreso el pasado martes. Los socialistas intentaron una vez más congelar, a través del socorrido método de ampliación del plazo de enmiendas, una proposición de ley para regular los alquileres de temporada. Esa iniciativa fue presentada por Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, a partir de un texto del Sindicato de Inquilinos, y su tramitación ya obtuvo el visto bueno del pleno. Tras meses de bloqueo, fueron los votos de PP y Sumar, contra el criterio de los socialistas, los que permitieron abrir el proceso para la elaboración del texto. El malestar es enorme en ERC, que considera que ese tipo de actitudes ponen en duda la “credibilidad” del primer partido del Gobierno para afrontar la “mayor emergencia social de nuestros tiempos”.

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Durante las casi dos horas que duró la comparecencia de Alegría, los senadores podrían haber estado indagando sobre la existencia del monstruo del Lago Ness o del abominable hombre de las nieves, que el resultado hubiese sido el mismo: cuestión de fe. O de física cuántica.

-¿Había más huéspedes esa noche en el parador? ― preguntó a la ministra la senadora popular Rocío Dívar, en busca de un rastro de las prostitutas.

-Sí, claro.

-¿Podrían ser invitados del señor Ábalos?

 -Yo no lo vi.

-Yo no soy capaz de distinguir a una mujer que ejerce la prostitución. ¿Usted sí?

-Yo tampoco.

Alegría facilitó el número de su habitación, detalló sus facturas, contó con detalle la cena de aquella noche, en la que no participó Ábalos, que se retiró antes que los demás. Aseguró que no oyó ni vio nada parecido a un microbús cargado con prostitutas traídas expresamente desde Alicante del que hablan los citados medios. Tampoco los supuestos destrozos en la suite del entonces ministro de Transportes. La ministra lo reiteró incansablemente. “Yo puedo cometer errores como todo el mundo, pero soy una mujer íntegra y honesta”, repitió. Dívar no se arredró. Ella lo tenía muy claro y lo certificó a la hora de exponer sus conclusiones: “Ábalos convirtió el parador en una discoteca, cuando no en un puticlub. Y toda la maquinaria del PSOE y del Gobierno se ha empeñado en ocultarlo”.

Ya en el primero de los interrogatorios, a cargo de la senadora de UPN María Caballero, la ministra argumentó:

-¿Usted cree que en una ciudad de 36.000 habitantes donde todo se sabe, si se hubiese producido eso, no se habría enterado todo el mundo? Se habría sabido al minuto.

Y redobló después:

-Con los controles que había en las carreteras por la pandemia, ¿la Guardia Civil no se iba a enterar de que venía desde Alicante un microbús lleno de pilinguis, como se ha dicho? ¿Y los policías que también durmieron en el parador no se enteraron de que se destrozó una habitación?

-A mí se me hace muy raro― admitió Caballero.

La senadora de UPN había empezado interesándose por la razón de que la ministra se ofendiese con una periodista de Ok Diario que, tras publicar la primera entrega del caso, le preguntó si había pernoctado ese día en el parador. “Porque me preguntó dónde y con quién había dormido hace cinco años”, contestó una irritada Alegría.

Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, también chocó con los desmentidos continuos, hasta que la compareciente le espetó: “Ustedes no quieren saber lo que pasó, quieren que pase lo que ustedes están diciendo”. Visto que la cosa no avanzaba, el extremeño Gordillo intentó cambiar de tema y preguntar a Alegría por los líos en el PSOE de su tierra a propósito del supuesto enchufe del hermano de Pedro Sánchez. El presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez, lo cortó de raíz.

En auxilio de la ministra acudió el socialista José Latorre, que introdujo la cuestión de la avalancha de ataques vejatorios y machistas que sufrió tras las primeras publicaciones. Se refirió, sin dar su nombre, a la diputada del PP en la Asamblea de Madrid Elisa Vigil, quien grabó un vídeo en Instagram denunciando que los socialistas habían fletado “un microbús cargado de pilinguis”, de lo que concluyó: “¡Sois unos guarros!”. La ministra relató luego que el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, dio por hecho un inexistente parte de la Guardia Civil sobre los supuestos destrozos en el parador. Y leyó un largo inventario de insultos en las redes: “Golfa sin escrúpulos”, “concubina de Ábalos”, “blanqueadora de proxenetas”, “Alegría y otras putas del montón”, “muñeca hinchable del PSOE”…

La popular Dívar empezó reconociendo: “Yo creo que usted no vio nada”. Lo que no le impidió persistir en el interrogatorio con este argumento: “Usted no está en condiciones de negar que se produjera. Yo tampoco”. Y como nadie estaba en condiciones de negar la orgía, la senadora infirió que su existencia quedaba demostrada. ¿Con qué pruebas? Los testimonios anónimos de supuestos empleados, a los que Dívar otorgó más valor que a la declaración ante el Senado del director del parador, este sí con nombre y apellidos, Joaquín Gutiérrez López. Incluso insinuó que se podrían haber destruido partes policiales. Alegría la emplazó a que convoque a esos trabajadores a la comisión. No hubo respuesta. Para los populares ya todo está ya muy claro: “El PSOE niega la evidencia”.

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Quién lo iba a decir viendo el texto de la pregunta de Feijóo al presidente: “¿Cree que usted y su Gobierno pueden hacer lo que quieran?”, lo que parecía prefigurar otra dosis de corrupción, caos y democracia moribunda. Vaticinio errado. Meses después, el líder de la oposición habló de economía. Por supuesto de su tema favorito, los impuestos, y de esa particular cuenta que hace el PP para asegurar que con este Gobierno se han aprobado “97 subidas”. Pero también de las personas sin hogar que duermen en el aeropuerto de Barajas, de los cuatro millones de españoles que “sufren carencias materiales severas” y de que el país continúa en los puestos de cabeza en los índices de pobreza infantil dentro de la UE.

Sánchez se agarró a dos habituales muletas defensivas. Una, vincular las desigualdades a la herencia de los recortes sociales en la etapa del PP. Y otra, los datos, como las fuertes cotizaciones de las empresas del Ibex o un reciente informe de la OCDE que sitúa a España como el segundo país desarrollado con mayor crecimiento de las rentas personales. Todo ello aderezado con el oportuno reproche al PP por no apoyar medidas sociales del Gobierno: “Ustedes, siempre en contra de España”.

“El PIB no se come”, repuso Feijóo. Y siguió arrojando cifras: sobre el precio de la fruta o sobre la falta de perspectivas de los jóvenes. Lo nunca visto en los dos últimos años. Hasta que dio un volantazo y reemprendió el camino de vuelta al territorio familiar. Como si todo lo anterior hubiese sido solo un modo de justificar el corolario que traía preparado: “Están vaciando las neveras de los españoles y llenando el bolsillo de los corruptos”. Ya de nuevo en el barro, Sánchez repelió el ataque acusando a Feijóo de “tapar la corrupción” de Isabel Díaz Ayuso. Y descerrajó: “Para lo que ha quedado, señor Feijóo. Salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí”. Luego le afeó que no condene las matanzas israelíes en Gaza y culminó: “Menuda talla política, menuda falta de humanidad”.

Concluido Feijóo, las sorpresas continuaron. La siguiente en preguntar era Míriam Nogueras, la portavoz de Junts. Y también ella se olvidó del guion de costumbre. Esta vez no habló del “president Puigdemont” ni del “expolio fiscal” a Cataluña, sino de vivienda. Acusó al Gobierno de “vender humo” con sus anuncios en época electoral de miles de pisos que “nunca se construyen” y tachó de “fracaso absoluto” su política en la materia. Sánchez le respondió aludiendo a las diferencias ideológicas entre ambos partidos para sentenciar: “Aquí el mercado no funciona, necesita la intervención pública”.

El siguiente turno fue el de Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, que presionó al presidente para que desbloquee leyes sociales y apostilló: “Limitarse a resistir con grandes números económicos no vale”. Ya ante la vicepresidenta María Jesús Montero, llegó Teresa Jordà, de ERC, para interesarse por los problemas de financiación de los ayuntamientos. Y a continuación, Cristina Valido, de Coalición Canaria, que planteó el mismo problema en el servicio de Correos. Y hasta la popular Ester Muñoz, siempre presta a derramar las acusaciones más bombásticas o hacer campaña por Israel en las redes, y que este miércoles tomó la palabra para exigir que el Gobierno cumpla de una vez el plan de apoyo a los enfermos de ELA.

La mayor sorpresa de la jornada, con todo, corrió a cargo de la diputada socialista valenciana Marta Trenzano y la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant. En el Congreso se ha abandonado desde hace tiempo aquella costumbre de preguntar a miembros del Gobierno desde su mismo grupo político. Más que preguntas eran masajes que producían bochorno en no pocos diputados. Lo de este miércoles tuvo además otra particularidad: aunque la supuesta pregunta iba formalmente dirigida a la ministra de Ciencia, en realidad su destinataria era la líder del PSOE valenciano, que, casualmente, son la misma persona. Porque Trezano no preguntaba por nada relacionado con la ciencia o las universidades. De lo que quería saber era de la gestión de la dana. O sea, disponer de cinco minutos entre diputada y ministra/secretaria general para ver quién le arreaba más duro a Carlos Mazón.

Por si alguien extrañaba la salsa rosa habitual, aún quedaba Miguel Tellado para medirse al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Tras decir que España tiene un “Gobierno de forajidos”, el portavoz del PP formuló una extraña pregunta:

—¿Sabe qué tienen en común Angola, Botsuana, Costa de Marfil, Trinidad y Tobago, Papúa Nueva Guinea, Afganistán y Somalia?

—Me da pena su pregunta— repuso el ministro tras mostrar su “respeto” a la contribución del PP a la democracia española.

Tellado se aclaró en la dúplica: ninguno de esos países tiene tratado de extradición con España. Y echó a volar la imaginación fabulando una huida del país a bordo del Falcon con Sánchez, su esposa, su hermano y los demás “corruptos”. “Deberían ser más cautos”, le recomendó Bolaños. “Ustedes han sido el partido más corrupto de Europa”.

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La iniciativa pasó el primer filtro, la toma en consideración por el pleno, tras ser presentada por Sumar y avalada por todo el resto del flanco más a la izquierda del Congreso: ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. PSOE, Junts y PNV se sumaron, aunque advirtieron de que, si el trámite para redactar la ley sigue adelante, presentarán enmiendas a fin de matizar su contenido. Antes, los socialistas escucharon reproches muy ácidos de sus aliados, encabezados por Sumar, su compañero de Gobierno, por mantener contratos de compra de armamento a Israel.

La iniciativa pretende reformar la ley que regula el comercio exterior de material militar. El objetivo es decretar un embargo automático en caso de que algún tribunal internacional reconocido por España admita a trámite una denuncia contra un Estado por crímenes de genocidio. Ese embargo se aplicaría a los contratos firmados anteriormente, como es el caso de las compras españolas de armamento israelí.

En una ardiente defensa de la iniciativa, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello comenzó reconociendo a Sánchez que la pasada semana tachase por primera vez de genocida al Gobierno de Netanyahu. Dicho esto, pasó a la ofensiva, con reproches nada condescendientes con su socio de Gobierno. “Si por la mañana se dice ‘basta de muertos’ y por la tarde se facilita el negocio que los ampara, lo que era denuncia se convierte en complicidad”, arremetió el miembro de los comunes catalanes.

 Pisarello puso gran empeño en prevenirse de las acusaciones de antisemitismo. Condenó sin medias tintas los atentados de Hamás, glosó a figuras históricas del judaísmo como Spinoza o Maimónides y rindió homenaje a los “centenares de miles de judíos” que se oponen al Gobierno de Netanyahu. De nada le sirvió para evitar que Vox y PP se acogiesen a la sempiterna acusación de antisemitismo. Hispán añadió más: dijo que a Pisarello “se le disparó su corazón estalinista”.

También Podemos cargó sin concesiones contra los socialistas, cuyas denuncias contra Israel fueron reducidas por la diputada Martina Velarde a mero “postureo” y “tomadura de pelo”. El resto de grupos promotores de la proposición compartió las críticas al partido mayoritario del Ejecutivo, aunque en términos más contenidos. En los discursos de todos ellos reverberó la palabra “genocidio”. “Gaza ha pasado de ser la mayor cárcel al mayor campo de exterminio”, clamó Néstor Rego, del BNG. Jordi Salvador, de ERC, defendió: “No es una iniciativa contra nadie, sino a favor de la vida, del derecho y de la dignidad humana”. La indiferencia mundial ante la masacre recorrió la mayoría de los discursos. “Caerá sobre nuestras conciencias”, advirtió Oskar Matute, de EH Bildu, quien señaló que propuestas como esta permitirán al menos “no pasar a la historia como ovejas, como rebaños mansos”.

Junts y PNV dieron su apoyo, aunque con discursos más matizados. Ambos anunciaron futuras enmiendas y evitaron hablar de genocidio. El catalán Isidre Gavin pidió que la tragedia palestina no se use para nutrir el “aquelarre partidista”. El vasco Mikel Legarda consideró excesivo imponer un embargo en cuanto los tribunales internacionales admitan a trámite una denuncia por crímenes contra la humanidad y abogó por esperar a que se tomen medidas cautelares. La socialista Caridad Rives señaló que la propuesta requerirá, en el trámite posterior, “un análisis más detallado”. Y también asumió la acusación de “genocidio”.

Alberto Asarta, general de división retirado, que participó en misiones internacionales en Líbano e Irak, entre otros países, fue el encargado de defender la posición de Vox. Y a la vez actuar de defensor de Netanyahu ante una Cámara en la que habían resonado, una tras otra, las condenas a sus crímenes. Lo único que está haciendo el Gobierno ultra de Jerusalén es “defenderse de un enemigo que quiere la desaparición del Estado de Israel”. “Y nosotros sabemos de qué lado queremos estar: nunca del lado de los terroristas”, apostilló.

Sin llegar a tanto, el popular Hispán tiró del comodín del antisemitismo y acusó a la izquierda de indiferencia ante la suerte de los rehenes israelíes en manos de Hamás. Sobre la “situación en Gaza” afirmó que “nadie con un mínimo de humanidad no puede no sentirse horrorizada”. Y evitó entrar en ningún otro detalle sobre qué consiste la tal “situación” y cuáles son sus responsables. Se limitó a dejar constancia de que la izquierda “no tiene el monopolio de los buenos sentimientos”.

La polémica sobre Eurovisión sobrevoló todo el debate. La izquierda arremetió contra el PP por llamar al voto a favor de la intérprete israelí, “mientras el Ejército sionista estaba matando a otras 34 personas”, en palabras de Velarde, de Podemos. Hispán le dio la vuelta. Apeló al triunfo de la canción de Israel entre los votantes en España para concluir: “La población española no quiere embargos”. El Congreso, en cambio, parece que sí los quiere, como reveló la votación: 176 contra 171 de PP, Vox y UPN.

Los populares volvieron a llevar este martes al Congreso una nueva solicitud de reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente. Hace siete meses ya consiguieron sacar adelante una propuesta similar gracias al apoyo de Junts. Y esta vez volvieron a la carga aprovechando los últimos incidentes en el tráfico ferroviario. Una oportunidad más para insistir con el discurso de un Gobierno que ha hundido al país en el “caos” y la “corrupción”. Esta vez Junts se abstuvo, al igual que Podemos, y la reprobación volvió a salir. Los votos a favor de algunos socios del Gobierno también permitieron aprobar varios puntos de una moción del PP contra los nombramientos de políticos en la SEPI.

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La cinta está dirigida por Carlos Saura Medrano con guion de Marcos de Quinto, Juan Carlos Girauta y Javier García Isac. De Quinto y Girauta fueron eurodiputados de Ciudadanos, y este último resultó elegido el año pasado miembro del Parlamento europeo en las listas de Vox. García Isac, vinculado a grupos ultras desde los años de la Transición, es director general del canal por internet EDATV y autor de un libro titulado precisamente Historia criminal del PSOE.

A los diputados socialistas les vamos a reservar las primeras filas para que no se pierdan ni un detalle de su verdadera y criminal historia. Si es necesario, contrataremos psicólogos para que les atiendan a la salida. Somos muy conscientes de que un choque, así, de repente, con… https://t.co/AWaaltO3By

— Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) May 18, 2025

Aunque el documental ya fue presentado el pasado día 8 en el colegio mayor CEU San Pablo de Madrid, fuentes próximas a la Mesa del Congreso señalaron que se desconocía su contenido cuando se accedió a que Vox dispusiera de una sala para exhibirlo la tarde de este lunes. Fueron los mensajes de De Quinto en redes sociales los que llamaron la atención sobre el guion de la película. El exvicepresidente de Coca-Cola, ahora impulsor de la asociación Pie en Pared junto, entre otros, al propio Girauta, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre o el exsecretario de Estado de Comunicación en los Gobiernos de Aznar Alfredo Timermans, lanzó un mensaje el domingo a través de X para anunciar la presentación en estos términos: “A los diputados socialistas les vamos a reservar las primeras filas para que no se pierdan ni un detalle de su verdadera y criminal historia. Si es necesario, contrataremos psicólogos para que les atiendan a la salida. Somos muy conscientes de que un choque, así, de repente, con la VERDAD, puede resultar traumático con personalidades débiles y poco formadas”.

Fueron estos mensajes los que pusieron sobre aviso a la Mesa, que no tenía previsto su reunión semanal hasta este martes, pero decidió convocar a sus miembros de forma telemática ante la inminente celebración del acto. La exhibición estaba prevista para las 18 horas e incluía un coloquio entre los tres guionistas y el director. Por acuerdo de la mayoría de PSOE y Sumar en el órgano de gobierno de la Cámara se decidió revocar el permiso, sin que los miembros del PP llegasen a formular su voto, según las mismas fuentes.

La decisión se produce un día antes de que el pleno del Congreso debata la toma en consideración de una propuesta avalada por todos los grupos salvo PP, Vox y UPN para poner coto a las actitudes agresivas de activistas ultras que circulan por el Congreso tras haber logrado la acreditación como periodistas. Estos supuestos informadores han provocado numerosos incidentes, el último la pasada semana, cuando uno de ellos, Bertrand Ndongo, del portal Periodista Digital, reventó una rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Barbero. En protesta por lo sucedido, la práctica totalidad de los periodistas protagonizaron un plante. Los informadores de los principales medios de comunicación reclaman desde hace meses medidas contra esos agitadores que entorpecen su trabajo, a menudo entre acosos y amenazas.

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Feijóo hizo como si no hubiese oído al líder de Vox y se dedicó a la refriega con el presidente. Al acabar el debate, ya en los pasillos, ante la pregunta de por qué no habían respondido a Abascal, en la dirección del PP se encogían de hombros y aducían: “¿Pero qué pacto hemos firmado nosotros con Sánchez?”.

Uno de los barones regionales del PP, el murciano Fernando López Miras, acudió el pasado martes al Congreso para defender ante el pleno una proposición de ley promovida por su Gobierno a fin de incrementar el trasvase Tajo-Segura. Su paisana y diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio lo recibió con una andanada en la que tildó a PSOE y PP por igual de “cobardes” y “traidores” al Plan Hidrológico Nacional. A López Miras, pese a reconocerle “afecto personal”, lo acusó de “engañar” a los agricultores. El diputado del PP que cerró el debate, Sergio Sayas, encajó los ataques sin una sola réplica. Todo fue atizar al PSOE. Al día siguiente, Vox cargó contra Feijóo por haberse ausentado en la votación de la propuesta, derrotada por un solo sufragio de diferencia después de que los ultras la respaldasen, a despecho de sus críticas.

Escenas así se repiten últimamente en el Congreso. Cada intervención de los representantes de Vox, tras el consabido recuento de iniquidades atribuidas al Gobierno, incluye algún grueso dardo contra el PP. Los populares no entran al trapo en la inmensa mayoría de las ocasiones. O, como mucho, replican con suavidad. El núcleo principal de los reproches de Vox al PP se dirige al consenso entre las dos grandes familias políticas europeas en Bruselas, conservadores y socialdemócratas. En especial al Pacto Verde y a la lucha contra el calentamiento global, cuestiones que se han debatido intensamente estos días en el Congreso a raíz del apagón.

Un miembro del PP, el presidente valenciano, Carlos Mazón, abrazó semanas atrás el discurso duro contra el Pacto Verde a cambio del apoyo de Vox a sus Presupuestos. El pasado martes, ante el pleno del Congreso, el diputado ultra Andrés Rodríguez Almeida ponía de ejemplo a la Comunidad Valenciana y emplazaba al PP: “Aclárense: o están con los españoles o están con la agenda globalista”. Intervenciones similares del grupo de Abascal se sucedieron ese día. Ricardo Chamorro cargó contra la “incompetencia del PP europeo y de Ursula von der Leyen”, a quienes responsabilizó de instaurar la “ruina ecofanática”. Juan José Aizcorbe abundó: “El PP ha comprado sin rechistar el dogma climático, aunque ahora alguno haga aspavientos de oposición, depende de dónde y delante de quién”.

Al día siguiente, en otro debate sobre la política energética, Ignacio Hoces tomaba el relevo con un discurso que trajo a la memoria la melodía de la “derechita cobarde”: “No se puede ser oposición con miedo, con tibieza. Vox está aquí para decir lo que ustedes callan, para recuperar lo que ustedes entregan”. La semana anterior, la extrema derecha había votado junto a todos los aliados de Sánchez contra la estrategia energética del PP. Un gesto muy infrecuente, porque Vox ha apoyado en el pleno esta legislatura el 90% de las iniciativas del partido de Feijóo.

Con el debate energético candente, los socialistas defendieron esta semana una proposición no de ley para que el Congreso ratificase la adhesión al Pacto Verde. Los populares intentaron enmendarla. Su diputada Milagros Marcos deslizó algunas críticas a las posiciones de Vox, que tildó de populistas, y cargó frontalmente contra el PSOE. El Gobierno, aseguró, ha adoptado las políticas europeas contra el cambio climático de una manera “precipitada, sectaria e ideologizada”. La transición energética, prosiguió, requiere “tiempo y dinero” para “no perder rentabilidad ni competitividad”. Después de que los socialistas rehusasen su enmienda, el PP votó en contra junto a Vox y frente al resto de la Cámara, incluida Unión del Pueblo Navarro (UPN), normalmente alineada en el bloque de la derecha. El punto primero de la iniciativa que el PP rechazó decía: “Seguir desplegando las políticas que deben desarrollar el Pacto Verde europeo, garantizando que España debe seguir impulsando la transición energética, reafirmándose en la descarbonización y la lucha contra el cambio climático”.

La extrema derecha llevó el pasado día 6 al pleno una proposición no de ley “en defensa de la libertad de expresión” que descalificaba a la Comisión Europea y su presidenta por las actuaciones contra la red social X. El primer punto de la propuesta contenía una trola: atribuía al Foro de São Paulo, que reúne a fuerzas de izquierda latinoamericanas, la prohibición temporal en Brasil de la red de Elon Musk, cuando en realidad fue acordada por un magistrado del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, con una trayectoria política anterior en las filas del centroderecha. En el debate, la popular Edurne Uriarte obvió por completo las consideraciones de Vox y se extendió en acusar al Gobierno de atacar la libertad de expresión. El PP se abstuvo en la votación, una postura que viene prodigando ante propuestas estridentes de la extrema derecha. Desde el comienzo de la legislatura, los populares han votado en el pleno a favor de casi el 40% de las iniciativas presentadas por Vox, se han abstenido en el 36% y han desestimado el 24%.

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El primer partido de la oposición se dio un festín a cuenta de la publicación de los antiguos mensajes privados entre Ábalos y Pedro Sánchez. Apelando a ellos, Alberto Núñez Feijóo redobló su gran estrategia opositora: reclamar por enésima vez la convocatoria de elecciones con el ya clásico estribillo del “váyase” dirigido al presidente. Nada que sorprendiese a nadie. Tampoco a Sánchez y al Gobierno, que traían preparado el contraataque. En este caso se trataba de cuestionar el liderazgo de Feijóo tras la convocatoria del congreso del PP para julio. Así, entre estacazo y estacazo de unos y otros ―y ningún debate sustancial― se agotó el rifirrafe de la semana.

Feijóo se encomendó a dos conversaciones privadas aparecidas en la prensa. Una, del 8 de septiembre de 2020, publicada por El Mundo, en la que Sánchez y su entonces ministro de Transportes hablan de las compañías aéreas que han solicitado ser rescatadas tras parar su actividad por el confinamiento. “Es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla”, dice el presidente. La otra conversación, interceptada por la UCO, se produjo cinco días antes y en ella el empresario Víctor de Aldama comenta a Koldo García, asesor de Ábalos, que el máximo responsable de Air Europa, Javier Hidalgo, se está “buscando la vida” con el Gobierno y “acaba de llamar a Begoña”. De todo eso Feijóo dedujo, con timbre de escándalo, que Sánchez se “implicó personalmente” en la operación por la que fue rescatada la compañía, al que igual que otras grandes aerolíneas europeas rescatadas por sus respectivos gobiernos. Y que lo hizo “tras una llamada a su esposa”, de la que no existe constancia más allá de esa conversación entre terceros. El líder del PP se adornó de toda la solemnidad:

-Dé la cara ante los españoles, diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que merece nuestra nación.

Sánchez hizo lo de siempre: ignorar los emplazamientos de Feijóo y contraatacar con otra cosa. Tras acusar al líder del PP de “regodearse con el delito”, en referencia a la divulgación de mensajes privados, pasó él mismo a regodearse con la convocatoria del congreso popular. Una prueba, según el presidente, de que Feijóo es un “líder averiado” y que solo se dedica a la “casquería”. “Pretende ganar por agotamiento y lo que va es a perder por aburrimiento”, percutió con su sonrisa más cáustica.

Feijóo siguió con los mensajes para reiterar la conclusión de que el presidente estaba “al tanto de todo” y que le “tiene miedo a Ábalos”. Como remate, las frases rituales: “Váyase, convoque elecciones. Nadie le echará de menos”. Sánchez no se apeó de su sonrisa y siguió cuestionando la talla de su rival: “Es usted la nada absoluta”.

Quien obvió los mensajes fue Santiago Abascal. El líder de Vox salió con un tema poco habitual en él: afear al Gobierno las compras de gas a Rusia. “Es de aurora boreal”, le replicó Sánchez tras recordar que quien se opone en la UE a castigar con más sanciones a Moscú es precisamente un estrecho aliado de Vox, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Aprovechando que Abascal pasaba por allí, Sánchez, en su vena sarcástica, volvió a regodearse en el futuro congreso popular: “Le felicito porque ha tenido una buena semana. El PP le ha comprado el pack completo: aborto, eutanasia…”

Si Sánchez pareció muy cómodo ante Abascal, tampoco es que se complicase mucho cuando le tocó a Gabriel Rufián. El portavoz de ERC lo instó a tomar medidas frente a la “ofensiva política, judicial, digital y mediática” contra él. “Un golpe de Estado blando”, llegó a decir entre murmullos de la bancada popular. El presidente no quiso meterse en líos. Más bien al contrario: expresó que la “amplísima mayoría” de los jueces españoles “hace su trabajo de forma imparcial”.

Los populares llevan tiempo cañoneando a discreción contra María Jesús Montero, no tanto por su condición de vicepresidenta primera como por su recién adquirido liderazgo del PSOE andaluz. Este miércoles la examinaron hasta cuatro diputados de Feijóo. Montero acabó en brazos del triunfalismo: “España va como un cañón”.

Para que no decayese el ambiente, llegó el turno de Tellado. Y con él, la prueba de que los oídos del Congreso están ya anestesiados. El portavoz del PP disparó con eso de que Sánchez es “el capo de una organización criminal”. Nadie se sobresaltó ni un poquito. Dicho esto ―y tras extenderse en los mensajes publicados— Tellado se quejó de que el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, le respondía con “chascarrillos”. Incluso se puso irónico: “¡Vamos, chascarrillos!”.

El broche final lo firmó el popular Jaime de los Santos, que ya lleva meses descollando con hits como calificar al PSOE de “confederación de puteros”. De los Santos insistió con la supuesta fiesta de Ábalos con mujeres en el parador de Teruel. La interpelada era la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien supuestamente durmió esa misma noche en el parador cuando era delegada del Gobierno en Aragón. De los Santos afiló su ingenio para calificar a Alegría de “feminista que debe de dormir con tapones”. Y, elevando el nivel de las preguntas, la inquirió así:

-¿Usa tapones solamente para no enterarse de las orgías con las mujeres prostituidas que traía el ínclito en un minibús o también para las reclamaciones de los españoles?

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El rostro de López Miras, que siguió el resultado de la votación desde la tribuna de invitados del Congreso tras defender la iniciativa en el atril, era un poema al final de la jornada. Habían perdido una votación que pudo quedar en empate porque solo se ausentó Núñez Feijóo. De hecho, el grupo popular apoyó la medida en bloque, incluidos los diputados de Castilla-La Mancha que tienen dificultades para justificarla en su territorio. Faltó el voto del líder, que por la mañana había acudido al foro Líderes en directo, organizado por el Consejo General de Economistas de España, pero que por la tarde no tenía agenda oficial. “La votación estaba perdida. La presencia de Feijóo no habría cambiado el resultado”, alegan fuentes de su gabinete. El Congreso echó abajo la iniciativa —que también cuenta con el respaldo de los ejecutivos populares de Andalucía y Comunidad Valenciana—, con 171 noes, 170 síes (PP, Vox y UPN) y cuatro abstenciones (Podemos).

Además del presidente del PP, tampoco votaron este martes Pedro Sánchez, las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, y el diputado del Grupo Mixto y exministro socialista José Luis Ábalos. En caso de que Feijóo hubiera votado, se habría producido un empate, que se resuelve repitiendo dos veces más la votación hasta que, al tercer intento, decae. Pero si de algo está plagada esta legislatura, y la anterior, es de votaciones impredecibles. Y de eso sabe bien el PP con el ejemplo máximo de su exdiputado Alberto Casero votando a favor de la reforma laboral del Gobierno por error, salvando in extremis una norma de tal trascendencia. Es más, en el debate del trasvase del Tajo-Segura, los populares murcianos apuntaban a que el PSOE de Murcia debía ponerse de su lado para no “traicionar” a los ciudadanos de la Región, por lo que cada escaño era fundamental. Además de que el Ejecutivo murciano revistió de boato la sesión con presencia del barón del PP y de numerosos cargos autonómicos, que incluso fueron recibidos en audiencia por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Vox usa contra el PP la ausencia de Feijóo

El episodio ha sido utilizado por Vox contra los populares, cuyos diputados y dirigentes han salido en tromba desde ayer por la tarde contra Feijóo por su ausencia durante la votación. “A Feijóo le importa tanto que el agua llegue a Murcia que no viene ni a la votación del trasvase Tajo-Segura que trae el Gobierno del PP en Murcia. El líder de los populares vuelve a dar la espalda a los agricultores y ganaderos murcianos”, aseveró el grupo de Vox en redes sociales. “El Partido Popular trae al Congreso una proposición de ley para aumentar el caudal del trasvase Tajo-Segura al objeto de garantizar agua para Murcia. Y para defenderla se trae nada menos que al Presidente de la Región”, escribió el diputado ultra Carlos Flores en X. “Vox señala a través de su portavoz todas y cada una de las carencias de la propuesta. Pero aún así votamos a favor. El PSOE y sus socios en contra. La propuesta es derrotada por un solo voto de diferencia, con el presidente popular, Núñez Feijóo, ausente del hemiciclo”, añadió el parlamentario.

A Feijóo le importa tanto que el agua llegue a Murcia que no viene ni a la votación del trasvase Tajo-Segura que trae el gobierno del PP en Murcia.

El líder de los populares vuelve a dar la espalda a los agricultores y ganaderos murcianos. pic.twitter.com/hCQlayyBn9

— Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) May 13, 2025

Votaciones de los martes

Según se desprende del recuento de los datos del Congreso, Feijóo ha faltado, en este período de sesiones, en más de una decena de fechas. En febrero: el 11, el 18, el 19 y el 25. En marzo: 11, el 18, el 20 y el 25. En abril, el 8. Y en mayo, el 6 y el 13. Todas esas jornadas fueron martes, día de la semana en la que en el Congreso se vota las tomas en consideración de iniciativas legislativas. Todos salvo el 19 de febrero (miércoles) y el 20 de marzo (jueves). En el equipo del líder del PP se quejan de que la Cámara baja no suele conceder el voto telemático al jefe de la oposición.

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“Ley antitezanos, segundo asalto”, la bautizó Txema Guijarro, de Sumar. La cuestionadísima gestión del profesor socialista al frente del instituto público es uno de los más queridos temas del PP, que hasta le ha abierto una comisión de investigación en el Senado, gracias a su mayoría absoluta allí. Le sirve de alimento para su mantra de la “ocupación sanchista de las instituciones”. El último movimiento ha sido exhumar una proposición de ley ya fracasada hace dos años en el Congreso que plantea una reforma del funcionamiento del instituto demoscópico público.

Tezanos era miembro de la ejecutiva del PSOE en el mismo momento de su elección, de ahí que la iniciativa del PP abogue en primer lugar por impedir que pueda ser designado para dirigir el CIS cualquiera que haya ocupado cargos políticos o en organizaciones sindicales y empresariales en los cinco años anteriores. Aunque el Gobierno seguiría proponiendo al candidato, este podría ser vetado por la mayoría absoluta del Congreso. Los populares sugieren además la prohibición de que el CIS haga encuestas durante las campañas electorales. Y tampoco estaría autorizado a emplear la cocina, es decir, que tendría que publicar los datos brutos sin interpretaciones.

El alegato contra Tezanos corrió a cargo del popular José Antonio Bermúdez de Castro. “Las encuestas del CIS ya no las cree nadie, ni siquiera Sánchez, que sabe que son ciencia ficción”, denunció el diputado, tras apelar a un estudio del experto demoscópico de EL PAÍS Kiko Llaneras, que concluyó que el organismo sobreestimó las posibilidades de la izquierda en 41 de 42 elecciones estudiadas. Bermúdez apeló a los socialistas: “El CIS no ha preguntado por la amnistía, por el cupo separatista, por el caso Ábalos, por el fiscal general del Estado… ¿A ustedes les parece que esto es normal?”.

El diagnóstico de Bermúdez de Castro sobre Tezanos no encontró más réplica que la del socialista Javier Rodríguez Palacios, quien esgrimió su único acierto reciente, aunque muy llamativo, eso sí: las elecciones generales de julio de 2023, cuando la mayoría de encuestas privadas, reseñó el diputado, ya habían coronado a Alberto Núñez Feijóo como “presidente demoscópico”. Los demás, con mayor o menor énfasis, concordaron en el sesgo progubernamental de Tezanos: Mikel Legarda (PNV), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Josep Pagès (Junts), Etna Estrems (ERC), Carlos Flores (Vox) e incluso Guijarro (Sumar). Y concordaron también en otra cosa: en negar al PP autoridad para proponer esta reforma dada su actuación cuando ha estado en el Gobierno.

Flores, de Vox, se reveló uno de los más incisivos en este aspecto. Recordó que la actual ley sobre el CIS fue impulsada por el PP hace 30 años y reconvino a su bancada: “¿Por qué no han empezado pidiendo perdón?”. Guijarro se extendió en detallar los antecedentes de nombramientos del PP al frente del CIS, como Pilar del Castillo, luego ministra de José María Aznar, o Ricardo Montoro, que dirigió el instituto en la época en que su hermano Cristóbal era ministro de Hacienda. “Esto no va de mejorar el CIS, va de desgastar al PSOE”, interpretó Estrems, de ERC.

Pagès, de Junts, comenzó con una apreciación similar sobre las intenciones de los populares: “Es más cuestión de hipocresía política que de voluntad democrática”. Luego dedicó durísimos ataques al Gobierno, cuya actuación al frente del CIS y el amago de dimisión de Sánchez el pasado año, en vísperas de la campaña de las elecciones autonómicas catalanas, llegó a comparar con la “guerra sucia contra el independentismo” en la época de Mariano Rajoy. Tras repartir estacazos a diestra y siniestra, Pagès admitió que el CIS necesita “un sistema de gobernanza distinta”. Como suele hacer Junts, dejó en el aire el sentido de su voto, que no se conoció hasta tres horas más tarde: se pronunció a favor de admitir la propuesta, junto a PP, Vox y UPN, lo que propició la derrota del Gobierno.

Otro bloque de críticas se centró en las propuestas de reforma en sí. El peneuvista Legarda adujo que la capacidad de veto que se otorgaría al Congreso en el nombramiento del presidente del CIS desembocaría en otro reparto de cromos entre los dos grandes partidos. “Como en el Poder Judicial”, remachó. Flores resaltó que al director del organismo se le impondrían requisitos que ni siquiera se exigen para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Sobre este punto, la coincidencia —más extraña— se produjo entre y el PSOE, cuyo diputado Rodríguez Palacios afirmó: “Haber estado en la política se convierte en una suerte de antecedentes penales”. Discusiones teóricas aparte, al final acabó imponiéndose la censura a la actuación de Tezanos: 178 votos contra 167. El futuro de la iniciativa depende ahora de si la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa abre el proceso para elaborar la ley.

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Los argumentos de Tebas contra la Superliga, que en España apoyan los dos principales clubes, Real Madrid y Barcelona, no encontraron demasiado eco entre los grupos presentes. Solo Sumar se manifestó en una línea muy similar al presidente de la LaLiga. “Sería el golpe de gracia para el fútbol humilde”, manifestó su diputado Nahuel González. El resto no se mojó. Vox, partido al que Tebas ha confesado votar, le dedicó encendidos elogios pero sin entrar en la cuestión principal planteada por el compareciente. El socialista Amador Marquès reclamó “prudencia” a la hora de enjuiciar el proyecto de torneo continental. Y la popular Mercedes Cantalapiedra dijo sin rodeos que prefería no pronunciarse.

Tebas desplegó toda su panoplia argumental para convencer a los grupos. Tras destacar que la Superliga ya ha conocido tres proyectos distintos en tres años —siempre, según él, bajo la inspiración de Florentino Pérez—, destacó que ninguno de ellos “se adecúa al modelo europeo del deporte” y que de instaurarse “haría variar todo el ecosistema del fútbol en España”. Citó un estudio de la consultora KMPG para la patronal de clubes que calcula las pérdidas para la Liga española en 1.160 millones de euros, un 30% de su negocio actual. “No hay ninguna Liga europea que apoye este modelo”, incidió.

Incluso fue más allá del fútbol y aprovechó para advertir contra el proyecto de Superliga europea de baloncesto presentado por la NBA y la FIBA. Destacó que con el actual sistema de Euroliga, el campeonato español, organizado por la ACB, factura por derechos de televisión lo mismo que hace 20 años. “Cuidado con el baloncesto, que ya viene tocado”, concluyó.

Algunos diputados, como Nahuel González o Pilar Calvo, de Junts, le preguntaron por la sobrecarga del calendario futbolístico y sus perjuicios sobre los futbolistas. Fue cuando Tebas clamó contra las nuevas competiciones y los planes para seguir ampliando el número de participantes en torneos como la Copa del Mundo. Pero subrayó que en Europa hay 60.000 jugadores profesionales y el calendario extenuante lo sufren apenas 250, los integrados en las plantillas de los grandes clubes.

El presidente de la LaLiga aprovechó su presencia en la sede parlamentaria para defender la importancia del fútbol en la economía española, en la que representa el 1,4% del PIB y del que dependen, según sus datos, 168.000 empleos. Llegó a declarar que se trata del “sector industrial que más dinero trae a este país”. Para sostener tal afirmación, apuntó que, a través de LaLiga, España recibe al año 1.200 millones de euros del extranjero. Otros sectores económicos, admitió, facturan más por sus exportaciones, pero también tienen gastos logísticos mucho mayores, mientras que en el caso de la LaLiga ascienden únicamente a 35 millones.

Ante la queja del representante de Sumar sobre la carestía de las entradas —“el fútbol no puede convertirse en un producto de lujo”, denunció González—, Tebas anticipó que esta temporada se cerrará con una nueva marca de asistencia a los estadios. Según reveló, se han cubierto el 85% de los aforos y la afluencia ha crecido en un millón. Y después de que Vox le suscitase la cuestión, el presidente de la patronal de los clubes no dudó en pedir rebajas fiscales para los futbolistas, tras asegurar: “Somos el país que peor trata fiscalmente a los jugadores”.

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No solo el PSOE y Sumar, también las formaciones nacionalistas vascas votaron en contra. Quienes sí se sumaron a la reclamación del PP ―sin ninguna fuerza legal― fueron socios habituales del Gobierno como ERC, Podemos, BNG y Coalición Canaria (CC). Ninguno hizo mucho ruido con el asunto. En el debate, el republicano Jordi Salvador dedicó más descalificaciones al grupo autor de la iniciativa que estaba apoyando que al Gobierno contra el que estaba dirigida. Junts, por boca de Josep Maria Cruset, lanzó una diatriba que bien podría haber suscrito cualquier diputado popular, apelando incluso a la Constitución. Pero, a la hora de votar, su grupo eligió esa forma de desentenderse que es la abstención.

Siempre conciliadora, Cristina Valido, de CC, emplazaba al Ejecutivo con otro argumento: “Traigan los Presupuestos y que cada uno se retrate”. Entre los que exigían las cuentas al Ejecutivo, había varios que seguramente contribuirían a tumbarlas: el PP, sin ninguna duda; ERC, con mucha probabilidad, a tenor de lo anticipado desde hace semanas por fuentes de alto rango de su dirección, y tal vez Podemos, dada la envergadura de sus condiciones (ruptura de relaciones diplomáticas con Israel e imposición por decreto de una rebaja del 40% en los alquileres). Lo cierto es que el Gobierno no tiene mucho interés en retratar a nadie con este asunto. Más bien teme que el retratado sea él, con una derrota en una cuestión capital que daría munición al permanente debate sobre la viabilidad de la legislatura.

Una de las múltiples acusaciones repetidas en el fragoroso eco cotidiano contra Pedro Sánchez es que gobierna supuestamente ignorando al Parlamento. Un reproche acrecentado tras sus palabras del pasado septiembre ante el comité federal del PSOE ―luego matizadas― en las que proclamó que la legislatura seguiría adelante “con o sin apoyo del poder legislativo”. Ante la enrevesada aritmética de la Cámara, el Gobierno hace todo lo posible por esquivar cuestiones susceptibles de depararle reveses. Pero gobernar sin el Parlamento resulta imposible. Y en última instancia, el Congreso dispone de números de sobra para derribar el Ejecutivo si se lo propusiera.

Aunque Sánchez recurre a menudo a la figura del decreto, más que ningún otro Gobierno anterior, cada uno de ellos ha de pasar por la Cámara baja transcurrido un mes. El Gabinete logra convalidarlos casi todos, salvo casos como el del último decreto ómnibus. Mal que bien, va encontrando una mayoría de grupos que los apoyan. El último, el de las medidas para compensar los efectos de los aranceles estadounidenses, que el pasado jueves volvió a reunir en su favor a la mayoría que invistió a Sánchez contra el ‘no a todo’ de PP y Vox.

El incremento del gasto militar en 10.471 millones de euros, como la renuncia presupuestaria, sí que ejemplifica esa voluntad de seguir adelante “con o sin el legislativo”. También evidencia los contrasentidos de la política española: quienes apoyan a Sánchez ―incluidos los ministros de Sumar― se oponen al gasto militar, y quienes apoyan el gasto militar se oponen a Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lo reiteró durante la oceánica comparecencia parlamentaria del presidente ―casi siete horas, de las que Sánchez consumió tres―, el pasado miércoles: “¿Quiere que le apoye esta Cámara cuando no le apoyan sus ministros?”.

Así que el socialista hará con la política de rearme lo mismo que con los Presupuestos: tirar para adelante sin arriesgarse a una derrota parlamentaria. Algunos de sus aliados por la izquierda, los más críticos en este punto, tampoco se lo reprocharon demasiado. Gabriel Rufián, de ERC ―que tiene sus propios debates internos sobre la cuestión― pasó un tanto de puntillas por el gasto militar y se centró en la suspendida compra de balas a Israel. Más contundente, Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, lo tachó de “error mayúsculo” y puso en duda que no afecte al gasto social como asegura el presidente. Pero en ningún momento comprometió su alianza con el Gobierno. La más dura ―feroz, incluso― fue Ione Belarra, de Podemos. Sánchez, sedoso con el resto de aliados, le replicó con aspereza.

“Malmenorismo” es un término empleado con frecuencia por Rufián y por Podemos cuando critican al Gobierno. La teoría del mal menor para explicar las circunstancias políticas que propician la mala salud de hierro del Gabinete Sánchez. Por mucha que sea su fragilidad parlamentaria y por mucho que pueda disgustar en determinados momentos a sus aliados, al final acaba prevaleciendo la argamasa del rechazo a lo que está enfrente.

Los padres de la Constitución, obsesionados por la estabilidad, impusieron que las mociones de censura han de ser siempre constructivas. Sánchez llegó al poder con la única que logró prosperar en 47 años. La imposibilidad de armar otra igual contra él le brinda un salvavidas por ahora infalible. Y hasta le permite dejar de lado al Parlamento en decisiones de gran trascendencia. Y sin que pase nada.

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Tras el gran apagón, el partido de Alberto Núñez Feijóo decidió reactivar y llevar al pleno del Congreso una propuesta que ya había registrado seis meses antes en la Cámara y permanecía hibernada. En ella se pedía, entre otras cosas, renunciar al calendario para el cierre de las plantas nucleares a partir de 2027 y hasta 2035, revisar la fiscalidad energética para que “no se generen o creen nuevas figuras impositivas” o elaborar un Plan Nacional de Renovables que “recupere el equilibrio entre las distintas tecnologías” y “resuelva las congestiones en la red”.

A raíz del 28 de abril, la defensa de la energía nuclear ha sido una de las líneas centrales del discurso del PP, que apunta la tesis de que la causa del apagón podría residir en la supuesta inseguridad de las renovables. Volvieron a evidenciarlo su diputado César Sánchez al defender la propuesta ante el pleno, el pasado martes, y el propio Feijóo durante la comparecencia extraordinaria de Pedro Sánchez en la Cámara al día siguiente para dar cuenta del apagón. Sobre esa cuestión, los populares habían conseguido el pasado 12 de febrero que el pleno del Congreso aprobase un texto que pedía reconsiderar el calendario de cierre de las centrales. Además del apoyo de Vox y UPN, entonces la iniciativa salió adelante gracias a la abstención de Junts y ERC.

El PP podía intentar repetirlo este jueves, al final del pleno semanal, cuando tocaba someter al refrendo de los diputados la nueva propuesta debatida dos días antes. Para sorpresa general, el grupo de Feijóo renunció a que la iniciativa se votase separadamente por puntos, desgajando la parte de la nuclear. Y es que esta vez todo apuntaba a que la defensa de la producción atómica sería derrotada.

ERC había justificado su abstención de febrero como un gesto en defensa de los trabajadores de las plantas catalanas. Pero en el debate del martes, su diputada Teresa Jordà ya lo dejó claro: “El tiempo de las nucleares se acaba”. Esta vez su voto sería negativo. Si Junts, con pronunciamientos ambiguos en público, se mantenía en la abstención, como así sucedió, la iniciativa saldría seguramente derrotada por un estrechísimo margen de un voto. El PP, eso sí, contaría con el respaldo de Vox, entusiasta de la nuclear.

Ante ese panorama, los populares optaron por someter a votación la propuesta completa, sin desgajar, lo que los privó del apoyo de la extrema derecha. El partido de Santiago Abascal había presentado una enmienda, rechazada por los populares, que, entre otras cosas, reclamaba el mantenimiento de las centrales de carbón. Ante la negativa a incorporar sus posiciones, optó por el no. Así que finalmente el plan energético del PP solo logró reunir 138 votos, frente a 204 en contra (PSOE, Vox, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria) y las 7 abstenciones de Junts.

Los populares lo compensaron con un triunfo: consiguieron que el Congreso reclame al Gobierno “cumplir el mandato constitucional de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2025”, aun a sabiendas de que sería derrotado. El PP ya había promovido otro texto igual en el Senado, donde dispone de mayoría absoluta. Ni este, ni el aprobado este jueves en la Cámara baja comportan ninguna obligación legal para el Ejecutivo.

Ese emplazamiento al Gobierno para llevar un proyecto de cuentas del Estado a la Cámara figuraba en una moción más amplia, que en este caso el PP sí decidió someterla a votación separada por puntos para facilitar el apoyo a lo que más le interesaba. La parte que pedía unos Presupuestos obtuvo 183 votos a favor, de PP, Vox, ERC, Podemos, BNG, CC y UPN; 158 en contra de PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV y el exsocialista José Luis Ábalos, y 7 abstenciones de Junts. Con los mismos respaldos, el segundo punto del texto reclama al Gobierno que remita de inmediato a las Cortes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Sin embargo, fue rechazado un tercer apartado que instaba a que las cuentas estuviesen presentadas antes del próximo mes “a fin de que incluyan los compromisos de gasto militar” asumidos por el Gobierno. En este punto, ERC, BNG y CC se pasaron al no.

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Sánchez sufrió a Alberto Núñez Feijóo acusándole de “llevar la nación a un colapso generalizado” y a Santiago Abascal desplegando su catálogo de improperios, que incluyó los calificativos de “macarra” y “perturbado”, así como una despedida a la altura: “Lárguese, señor de las calamidades”. A cambio, pudo poner sordina a los reproches de sus socios y entregarse a fondo a uno de sus deportes favoritos, el de acribillar por tiempo ilimitado al líder del PP, a quien auguró: “A base de anunciar apocalipsis que nunca llegan, usted no llegará a ser presidente del Gobierno”.

La comparecencia parlamentaria de Sánchez estaba prevista desde antes del apagón y centrada exclusivamente en el aumento en 10.471 millones de euros del gasto en defensa. El asunto amenazaba, incluso más gravemente que en otras ocasiones, la estabilidad del Gobierno, y el presidente pretendía solventar el trámite con un debate para ahorrarse así una votación en la que tendría las de perder. Hasta que llegó el apagón. Sánchez pidió entonces ampliar el motivo de su comparecencia y este miércoles se presentó en el Congreso con un discurso oceánico de 90 minutos, en el que solo dedicó el tercio final al presupuesto de defensa.

El presidente defendió sin la menor marcha atrás su política energética basada en el fomento de las renovables y acusó la derecha de ejercer de “lobista amateur” de los “ultrarricos” que dirigen las eléctricas. Derrochó tanto entusiasmo en ensalzar la respuesta de las instituciones y el comportamiento de los ciudadanos el 28-A que arrancó la sorna de Feijóo: “Enhorabuena por el gran apagón, oyéndole se diría que los españoles están deseando que se repita”.

El líder del PP también dejó para el final la política de defensa. Y se centró más en la forma -que no se someta a votación parlamentaria- que en el fondo. “¿Usted quién se ha creído que es? ¿todopoderoso?”, espetó al presidente. Las críticas de Feijóo se volcaron en denunciar que con Sánchez el país sufre “servicios de países tercermundistas” y en insinuar que oculta las causas del apagón: “O sí lo sabe o gana tiempo para fabricar una versión”. Su cerrada defensa de las nucleares se topó con un revolcón en la réplica del presidente, que desempolvó un apartado del programa de Feijóo a las elecciones gallegas de 2020, en el que se marcaba como objetivo conseguir que “el 100% de la energía consumida en Galicia sea de origen renovable”. En esa réplica, Sánchez se recreó durante casi 45 minutos sacudiendo sin pausa al jefe de la oposición. Le mentó desde las andanzas de Carlos Mazón a los pactos con Vox, le reprochó que pretenda “generar sensación de caos” y lo acusó de “no saber nada de cómo funciona el sistema” energético.

Al contrario que la política de defensa, el debate sobre la energía se perfiló como cohesionador para la izquierda. Los mismos que rechazan frontalmente el rearme se adhirieron a la apuesta por las renovables y el abandono progresivo de la nuclear. Así lo hicieron constar Verónica Barbero, de Sumar; Gabriel Rufián, de ERC, y Mertxe Aizpurua, de EH Bildu. Más a la derecha, Maribel Vaquero, flamante portavoz del PNV, dio su apoyo expreso al Gobierno, mientras Míriam Nogueras, de Junts, exhibía su veta más ácida y reconvenía a Sánchez: “No ha dado ni un solo dato nuevo”. Néstor Rego, del BNG, también echó en falta más “autocrítica”. Alberto Catalán, de UPN, deploró, como las derechas estatales, la “imagen tercermundista” que ofreció el país. Cristina Valido, de Coalición Canaria, prefirió aleccionar a todo el hemiciclo: “Dejen de pensar en las próximas elecciones para pensar en las próximas generaciones”.

Aun consciente de que ya no era el centro del debate, la izquierda no dejó de reafirmar su censura al presupuesto de defensa, más contundente en boca de EH Bildu y más matizada en ERC. La portavoz de Sumar advirtió de que si se produce otro episodio como el de la fallida compra de balas a Israel, su grupo se “volverá a plantar”. Barbero agregó que la política de rearme “erosiona las bases democráticas del proyecto europeo”.

La voz más estridente fue la de Podemos. Ione Belarra acusó al presidente de escribir “una de las páginas más negras de la historia de este país” y lo tachó de “cobarde” y “colaboracionista necesario del genocidio israelí”. Ahí se topó con el cuaderno rojo que le hacía a Sánchez de hemeroteca. El presidente extrajo una cita de Pablo Iglesias, favorable a gastar más en armamento “si es necesario para asegurar la independencia del país y derechos sociales y civiles”. Lo que le dio pie a rematar con ironía: “No por eso creo que se le pueda llamar a Iglesias señor de la guerra”.

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El Congreso ya se pronunció en febrero, en otra propuesta sin consecuencias prácticas, a favor de prolongar la vida útil de las centrales nucleares. La apoyaron tres grupos de la derecha —PP, Vox y UPN— y prosperó gracias a la abstención de las dos fuerzas independentistas catalanas.

ERC, que entonces matizó que había votado en defensa de los trabajadores de las plantas, ha sido contundente este martes: “El tiempo de las nucleares se acaba”, sentenció su diputada Teresa Jordà. Junts mantiene la ambigüedad. “Lo estamos estudiando internamente con mucho rigor”, fue todo lo que concretó Pilar Calvo.

El asunto permitió anticipar el debate que se suscitará este miércoles con la comparecencia del presidente del Gobierno. Además de defender la nuclear, el popular César Sánchez insistió en asegurar que el Ejecutivo oculta las causas del apagón: “Lo saben, pero hacerlo público significaría reconocer el fracaso de su política energética”. Toda la izquierda lo rebatió, con argumentos más económicos que ambientales. La socialista Cristina Narbona; Eloi Badia, de Sumar; Mikel Otero, de EH Bildu, o Noemí Santana, de Podemos, esgrimieron que las renovables no solo son más limpias, también más baratas. Desde el otro extremo político, el PP se topó también con las críticas de Vox por haber pactado en Europa el modelo energético con los socialdemócratas.

El inédito apagón del 28 de abril ha avivado todavía más la guerra cultural sobre el futuro de la energía nuclear en España. La planificación energética del Gobierno, avalada por Bruselas además de acordada con las propias eléctricas en 2019, incluye un calendario de clausura de las cinco centrales que hay en el país. Pero PP y Vox llevan años embarcados en la defensa de la energía nuclear y en el rechazo a esa hoja de ruta trazada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

A las presiones desde el ámbito político se le añaden las de los grupos pronucleares. Este martes, antes del debate en el Congreso, Foro Nuclear (el lobby que aúna a las diferentes empresas con intereses en el sector atómico) ha vuelto a defender que se reconsidere el calendario de cierre de las plantas, que arrancará en 2027 con la desconexión del primer reactor de Almaraz (en Cáceres) y que concluirá con el cierre de la planta de Trillo (en Guadalajara) en 2035. El presidente de este Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha sostenido que existe un “clamor” contra ese cierre.

Pero lo cierto es que, pese al ruido y la presión, nada ha cambiado: las grandes compañías eléctricas, propietarias de las plantas, siguen sin presentar una propuesta para tocar ese calendario y que las centrales operen más allá de lo acordado en 2019. Porque la pregunta continúa siendo la misma: ¿quién pagaría que las nucleares sigan funcionando más allá de ese calendario? El principal motivo para el cierre es que la energía nuclear no puede competir en precio con las renovables. No resultan rentables. Las principales eléctricas piden al Gobierno que les reduzcan lo que llaman las cargas impositivas para poder seguir operando (o que se les garanticen precios fuera del mercado). Entre las tasas que deberían rebajarse, según argumentan, está la que sirve para afrontar el coste milmillonario de gestionar los residuos radiactivos que generan y el futuro desmantelamiento de las centrales cuando cierren.

Y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, volvía dejar claro este domingo en una entrevista con EL PAÍS que la ampliación de la vida de las nucleares “no puede ser para que los consumidores paguemos más, ni por la gestión de los residuos ni por ninguna otra razón”. Es decir, que el Gobierno rechaza tocar los impuestos y tasas.

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El Senado, con mayoría absoluta del PP, había planteado el conflicto de competencias después de que la Mesa del Congreso aceptase el veto del Gobierno para impedir la votación de las enmiendas a la ley de desperdicios alimentarios aprobadas en la Cámara alta. El Ejecutivo tiene la potestad de bloquear iniciativas cuando impliquen ampliaciones de gasto sobre lo previsto en los Presupuestos. Pero en este caso, el propio letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, expresó sus reparos sobre la pertinencia del veto gubernamental.

El Senado decidió entonces plantear un conflicto de competencias con la otra Cámara. Y el modo elegido para comunicárselo ha provocado la airada respuesta de la Mesa del Congreso. El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, envió un escueto escrito a su colega de la Cámara baja, la socialista Francina Armengol, dando cuenta del acuerdo para interponer el conflicto de atribuciones. Para motivarlo se limita a adjuntar un informe de 14 folios con el logotipo del Grupo Popular y la firma de su portavoz, Alicia García.

El tono de ese texto de los populares es el que ha indignado a los representantes de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso. En la resolución aprobada este martes, el órgano de gobierno de la Cámara baja subraya que la comunicación del Senado con la firma del PP incluye expresiones como “la Mesa del Congreso manipuló y falseó”, acusa a esta última de actuar “siendo consciente de su ilegalidad” o la tacha de “órgano pseudolegislador”. “Este lenguaje, más propio de otro tipo de ámbitos, resulta poco adecuado en una comunicación entre órganos constitucionales del Estado”, señala el órgano de gobierno del Congreso.

La Mesa llama la atención sobre el hecho de que las consideraciones del Senado se expresen mediante un escrito de un grupo concreto, lo que considera “una demostración del deterioro en el nivel de las comunicaciones” y un acto que “atenta contra el pluralismo político”. La resolución del Congreso exige al Senado que sus comunicaciones respeten “las reglas de la cortesía parlamentaria” y eviten “la confusión entre los órganos constitucionales y los partidos que los componen”. Por lo demás, la Mesa rechaza el conflicto de competencias en un dictamen lleno de consideraciones jurídicas que concluye que el Senado intentó “desnaturalizar el equilibrio entre las dos Cámaras que componen las Cortes Generales”.

Los choques entre los dos brazos de las Cortes se suceden casi desde el comienzo de la legislatura. Este mismo lunes, Armengol, en un desayuno informativo, afirmó que el Senado intenta “contraponer” lo que hace el Congreso y lo acusó de mantener “un modo de funcionar muy de partido”. Este martes le contestó el portavoz del PP en la Cámara baja, Miguel Tellado, quien desde el comienzo de la legislatura se ha distinguido por sus descalificaciones continuas a Armengol. En esta ocasión la comparó con un “árbitro comprado que sirve a los intereses de una parte en detrimento del interés general”.

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En una de sus escasas y muy medidas apariciones ante los medios, Armengol participó este lunes en el nuevo ciclo Los Desayunos del Ateneo, inaugurado el pasado mes por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, donde contestó a las preguntas de periodistas y público. Una de las cuestiones que se suscitaron fueron los choques mantenidos en los últimos meses entre las dos Cámaras de las Cortes. La política mallorquina esquivó la pregunta directa de si considera que el Senado ha sido “desleal” con ella, pero sí entró a juzgar algunas de sus actuaciones. Y concluyó que la mayoría del PP ha implantado un “modo de funcionar muy de partido” con el propósito de hacer oposición al Gobierno.

La tercera autoridad del Estado abogó por una reforma constitucional para establecer con claridad la consideración del Senado como una Cámara auténticamente territorial donde estén representadas las comunidades autónomas. A preguntas de los periodistas, también se mostró partidaria de introducir en la Ley Fundamental la posibilidad de controlar las actuaciones de la Corona. Pero admitió que tales reformas son inviables en este momento por la falta de consenso político.

También cree necesaria una “reforma amplia” del Reglamento del Congreso para aumentar su transparencia y dar mayor participación a los ciudadanos facilitando en mayor medida instrumentos como la iniciativa legislativa popular. La presidenta se mostró muy satisfecha de la modificación reglamentaria aprobada al inicio de esta legislatura para permitir el empleo en los debates de las tres lenguas cooficiales junto al castellano. “Esto hace más por la unidad de España que otras muchas decisiones”, aseguró. “Hace que los catalanes se sientan más cerca. Y lo mismo los vascos, los gallegos, los valencianos o los baleares”.

Armengol se esforzó en defender el trabajo del Congreso, más allá “del ruido zafio y los enfrentamientos estériles” que, en ocasiones, subrayó, es lo único que trasciende a través de los medios. Con todo, lamentó que haya diputados que solo buscan en los debates colocar un pequeño fragmento muy llamativo para difundir luego en las redes sociales. Y confesó que a veces se ha encontrado con parlamentarios que, al ser amonestados en privado por sus salidas de tono, “se sienten orgullosos de lo que han hecho”.

«Los Desayunos del Ateneo»
Con Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados en conversación con los periodistas Esther Palomera, Javier Casqueiro y Paula de las Heras. #losdesayunosdelAteneo@PauladeLasHeras @estherpalomera @F_Armengol @javiercasqueiro pic.twitter.com/78TNQXkiNf

— Ateneo de Madrid (@ateneodemadrid) May 5, 2025

La también líder de los socialistas baleares subrayó que mientras la oposición critica la ausencia de Presupuestos del Estado en comunidades como la suya, gobernadas por el PP, tampoco se han presentado nuevas cuentas. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez se asienta sobre una mayoría “ajustada y heterogénea”, apuntó Armengol, “no hay alternativa y además esto responde a lo que votaron los ciudadanos”. “Este tipo de mayorías son la normalidad en Europa”, añadió, antes de remachar: “¿Alguien piensa que sería más estable un Gobierno del PP y Vox?”.

La presidenta de las Cortes consideró “razonable” que se estén planteando medidas contra la formación ultra Alternativa por Alemania en ese país. Sin entrar en mayores concreciones ni establecer paralelismos con España, sí se declaró favorable a actuar contra formaciones que “crean odio entre la ciudadanía” y se dedican al “engaño masivo y la desinformación”.

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Adolfo Suárez, aquel improbable arribista que pasó de gobernador civil de provincias a primera autoridad de la corte, acuñó una definición brutal: la “cloaca madrileña”. Un albañal donde chapotean conspiradores y correveidiles de toda índole, incrustados en la política, en los negocios, en las fuerzas de seguridad —Villarejo como perfecto arquetipo—, en la judicatura o en el periodismo. Suárez señalaba muy especialmente a esto último, a los medios de comunicación de entonces, como principales responsables del mefítico ambiente de la corte. “Las cosas entran por el oído, salen por la boca y no pasan por el cerebro, por la reflexión previa”, denunciaba en 1980 el entonces presidente. Los lamentos de Suárez evocan otros mucho más antiguos y célebres, los de Miguel de Unamuno a principios del siglo XX, también con la “cochina prensa madrileña” como objetivo: “Tienen testículos en vez de sesos en la mollera”.

El matonismo literario, esa prosa energúmena que camufla su bajeza argumental bajo el fulgor del retruécano y la metáfora, constituye una arraigada y ya secular tradición de la capital. Han sido y son medios de comunicación de todo tipo —radios, televisiones, periódicos y ahora también una miríada de artefactos digitales— quienes más han contribuido a alimentar esa atmósfera rayana con frecuencia en el guerracivilismo y acrecentada en los últimos años. Una maquinaria de destrucción personal ansiosa por apilar cadáveres simbólicos. En ningún otro lugar de España se lee y oye a diario tal variedad de insultos y enormidades como las que se escriben y vocean aquí. Y en ningún otro lugar unas simples elecciones autonómicas son convertidas en una suerte de conflagración civilizatoria, una batalla entre comunismo y libertad o entre fascismo y democracia, como ha sucedido en Madrid.

Ese periodismo pendenciero y faltón ha contaminado irremediablemente el debate público. De tal modo que los políticos ya saben que cuando llegan a Madrid se pueden permitir todas las atrocidades de las que se reprimían en sus territorios de origen. Lo peor es que también está empezando a contagiar a los ciudadanos. Hay personajes públicos, despedazados a diario en ciertos medios, que solo pueden salir a la calle de incógnito. Como hay periodistas conocidos por sus apariciones televisivas que están encontrándose con lo nunca visto: acosos e insultos de transeúntes que les recriminan sus análisis y opiniones. Pedro Sánchez, agasajado en Barcelona y vilipendiado en su ciudad natal, puede dar testimonio. De nuevo regresa la imagen de Suárez deplorando las prácticas de la “cloaca” en una terrible entrevista de 1980 con Abc, inédita hasta 2007 porque los asesores de La Moncloa decidieron vetarla ante el tamaño de las confesiones del presidente, que se abría en canal: “Soy un hombre completamente desprestigiado”.

De esta caldera siempre en combustión y a máxima temperatura ha surgido como producto más acabado la presidenta regional. No por casualidad, Isabel Díaz Ayuso es periodista de profesión y se fogueó en los combates sin reglas de las redes sociales. Siempre presta a ensalzar las virtudes madrileñas, Ayuso ha acuñado una definición: “Madrid es España dentro de España”. La presidenta suele presumir con toda razón del carácter acogedor de la ciudad, pero la interpretación de esa frase que se antoja más obvia apunta a una idea bien distinta y excluyente. Porque lo que da a entender, en consonancia con otras intervenciones suyas, es que Madrid representa la verdadera esencia de España. Madrid como reserva espiritual de la patria.

Es la misma creencia que parece haber abrazado un sector de la ciudadanía, esos que, cuando sienten la llamada a filas, se echan a la calle para “putodefender” España. Y entonces a uno le asalta sin remedio el temor a que la corte acabe un día deglutiendo a la ciudad.

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La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso el miércoles 7 ya estaba prevista antes del apagón con otro asunto en el orden del día: el aumento en más de 10.000 millones de euros del gasto en defensa. Sánchez no quiere someter la decisión al refrendo de la Cámara ante el riesgo cierto de perder la votación, y pretende salvar el trámite con un debate que, en todo caso, revelará las profundas discrepancias sobre el asunto entre el PSOE y sus aliados por la izquierda.

La comparecencia presidencial ha adquirido ahora otro cariz tras al apagón masivo. Ya el martes, ERC y BNG habían registrado la solicitud de explicaciones parlamentarias del presidente, y este miércoles se sumó el PP. Los primeros, dos sólidos aliados del Gobierno, lo hicieron sin reseñar críticas, mientras que los populares ratificaron que tampoco van a dejar este asunto fuera de su ofensiva total y sin tregua contra el Ejecutivo. “Los españoles queremos saber qué ocurrió, las causas que lo provocaron, sus consecuencias y que se asuman responsabilidades. Resulta muy preocupante la dejación de funciones del Gobierno y que aún no sepamos qué ha sucedido realmente”, insistió el PP para justificar su exigencia de aclaraciones parlamentarias.

Sánchez se anticipó a la oposición y el mismo martes solicitó al Congreso ampliar el asunto de su comparecencia incluyendo el apagón. Así quedó formalizado este miércoles, una vez que la Cámara cerró el orden del día del pleno. El líder socialista deberá atender a un doble frente, con dos cuestiones de enorme relevancia. Una coincidencia que, por un lado, le complica y, por otro, le puede proporcionar alguna ventaja: dejar en segundo plano el debate sobre la seguridad, el que más amenaza la estabilidad del conglomerado de fuerzas que le dan apoyo.

En el asunto del gasto en defensa, Sánchez vive en la paradoja de que quienes comparten que ese aumento es necesario —la derecha— no están dispuestos a respaldarlo y quienes le proporcionan respaldo se oponen frontalmente a tales medidas. Las fuertes discrepancias expresadas por grupos como IU o Podemos, unidas al episodio del fallido contrato para comprar balas a Israel que ha situado en la picota al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, serán algunas de las papeletas con las que tendrá que lidiar el presidente.

El gran apagón, un suceso sin precedentes y de gran impacto social, ha desplazado estos días a cualquier otra cosa y todo apunta a que concitará también la atención dentro de una semana. Otro asunto explosivo para Sánchez y más si antes no logra avanzarse en las indagaciones sobre la razón última de la caída de la red. Ahí el presidente cuenta a favor con que sus aliados parlamentarios, al menos de momento, también exigen explicaciones, pero sin exhibir la beligerancia de las fuerzas más a la izquierda a propósito del presupuesto militar.

El PP ya ha mostrado en los últimos días que no va a dejar pasar ni una al Gobierno en ningún terreno. Hasta el amago de acercamiento sobre la respuesta a los aranceles de Donald Trump parece frustrado. Sería una sorpresa que Alberto Núñez Feijóo abandonase esa línea dura el próximo miércoles al abordar el apagón. Claro que el líder del PP corre sus riesgos en ese terreno. Desacreditar al Gobierno por su respuesta a la caída del suministro eléctrico brinda a Sánchez la oportunidad de retrucar con la muy cuestionada gestión de la dana por parte del Ejecutivo popular valenciano y la porfía del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por aferrarse al cargo contra viento y marea, y con la anuencia de su partido. La etiqueta “Mazón” se ha vuelto un comodín defensivo para los socialistas en los debates más encendidos, cuando los populares descargan toda su artillería en temas como el caso Ábalos.

Más delicado para Sánchez es el debate sobre el futuro de la energía nuclear, que seguramente planteará Feijóo, al igual que viene haciendo estos días. Ahí el Gobierno está en minoría, como ya se vio en una reciente votación en la Cámara, que accedió a tramitar una proposición de ley del PP para prolongar la vida de las centrales nucleares. Este es otro de esos temas en los que Junts coincide más con la derecha estatal que con el Ejecutivo que contribuyó a encumbrar.

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hablaron por fin este martes, tras un episodio de teléfonos escacharrados el lunes, cuando, al parecer, los problemas en las comunicaciones frustraron la conversación. Aunque el PP calificó la charla de “cordial”, los antecedentes invitan a pensar que este contacto telefónico no evitará que el apagón, como todos los desastres varios que ha afrontado este Gobierno, escriba un capítulo más de la incesante tangana política.

Las críticas del PP y del propio Feijóo ya brotaron el mismo lunes para denunciar el “apagón informativo” del Gobierno. A primera hora del martes, el líder popular tenía cita en dos de los púlpitos comunicativos más estridentemente críticos con el Gobierno, el de Federico Jiménez Losantos en la radio y el de Ana Rosa Quintana en la televisión. Feijóo volvió a denunciar falta de información y habló de un Gobierno “desbordado” y de una política energética “ideológica” por arrinconar la energía nuclear.

Los populares no tuvieron problema en construir este discurso desde Valencia, donde se celebra el congreso del PP europeo y donde el partido de Feijóo encabeza un Gobierno autonómico vapuleado en los juzgados, en la calle y en los foros políticos por su pasividad ante el desastre de la dana. Allí mismo, un valenciano, el vicesecretario del partido Esteban González Pons, sentenciaba ante los líderes europeos que “España tiene un Estado, no un Gobierno”.

Al coro de los reproches no podía faltar la presidenta madrileña, quien el lunes se había apresurado a traspasar al Ejecutivo central la papeleta de gestionar la emergencia. Isabel Díaz Ayuso también completó este martes el peregrinaje ante Losantos y Quintana, a quienes obsequió con la proclama de que lo ocurrido es producto de “la ideología y el sectarismo” de la izquierda. Para meterle aún más mordiente, el siempre afanoso portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, se multiplicó igualmente en entrevistas en los medios, aparte de su hiperactividad en las redes, donde amaneció con el siguiente mensaje dedicado a Sánchez: “El señor feudal nos devolvió a la Edad Media”. Los socialistas se limitaron a replicar a todo esto con un comunicado en el que, por un lado, sostenían que la actitud de los populares incurre en “una indignidad pocas veces vista” y, por otro, calificaban esa actitud de “habitual”.

En la parte extrema del flanco derecho, Vox cultivó lo que suele en cada crisis: alimentar sospechas conspirativas. Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, aseguró, sin necesidad de ofrecer ningún tipo de prueba, que el Gobierno conoce perfectamente la causa de lo sucedido y lo está ocultando. Su líder, Santiago Abascal, había salido antes exigiendo la dimisión de Sánchez, ya convertida en una letanía ritual en cada intervención suya.

El Gobierno va a tener que dar amplias explicaciones en el Congreso y no solo porque se lo pida la derecha. Sus aliados parlamentarios tampoco se demoraron en exigirlo. A primera hora del martes, ERC y BNG registraron las solicitudes de comparecencia en el Congreso del presidente, de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y de los titulares de Transportes e Interior. Lo hicieron con textos asépticos y sin formular reproches a la actuación gubernamental. Algo más crítico fue Junts, que presentó más tarde otra petición de comparecencias, empezando por la de Sánchez, en un escrito en el que sí deja caer que el Gobierno tardó cinco horas en dar su primera información. Por ese mismo motivo de la demora en comparecer, Junts y ERC han censurado con dureza al Ejecutivo catalán del socialista Salvador Illa.

En contra de lo que venía siendo su moneda corriente, Podemos se ahorró esta vez los ataques al Gobierno y se limitó a subrayar que el episodio ha vuelto a poner de relieve la importancia de los servicios públicos. IU, tras sus choques con Sánchez por el gasto en defensa, se centró en atacar a la derecha que, en palabras de su líder, Antonio Maíllo, “ante cualquier dificultad, busca sembrar odio y dividir”.

Sánchez ya tenía previsto comparecer en el Congreso el próximo miércoles 7 con la complicada misión de defender el rearme ante una Cámara hostil. Ahora, el guion se le ha enrevesado un poco más.

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La escena se repite en media docena de pequeñas tiendas de electrónica en pleno centro de Madrid:

—¿Tienen radios de pilas?

—No, amigo, lo siento, se han acabado.

Solo en una de ellas, muy próxima a la Puerta del Sol, un hombre ha conseguido hacerse con la última. Más que un pequeño transistor, es una radio de buen tamaño, que necesita de las pilas de talla más grande. El jefe y su empleado deben de tener tan poca costumbre de vender este tipo de cosas que les cuesta localizar los accesorios y se organiza un trajín rebuscando en la trastienda, con los dos discutiendo en árabe.

Cerca de allí, en la plaza de Tirso de Molina, Carmen sale de otra tienda con las manos vacías: “He recorrido varios sitios y en todos se habían agotado. La gente anda con ellas por la calle. He visto incluso algunos corrillos de personas rodeando al que tiene la radio para oír las noticias”. Las colas también han sido muy visibles en los departamentos de electrónica de los grandes almacenes.

Poco después, el autor de estas líneas recibe un mensaje de un amigo: “Lo único que funciona en toda la casa es la radio vieja que le regalaste a mi hija”.

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-¿Conoce usted a esta señorita personalmente?

La señorita, como el propio Bernabé identificó inmediatamente con su nombre y apellidos, era Jésica R., la antigua novia del exministro José Luis Ábalos enchufada en empresas públicas. Puente fue rotundo:

-No, absolutamente de nada.

Bernabé perseveró. Insistió en preguntar si no habrá algún vídeo, alguna foto o algún mensaje de Puente con la mujer. Como el ministro reiteraba su negativa, el popular alegó que “hay quien dice que ustedes sí se conocían de la época”. Y para remacharlo, dejó caer la advertencia de que mentir ante una comisión de investigación es delito. Puente movía nerviosamente un bolígrafo, con claro gesto de estar conteniéndose. Entonces estalló:

-Tiene usted muy mal estilo. Ya me sacó una foto de mi hija en mi anterior comparecencia en esta comisión y veo que viene en la misma línea. Yo no estoy investigado por nada. Y, por tanto, tráteme como alguien que no está siendo objeto de la investigación. Me puede usted preguntar si conozco al Papa… ¿La conoce usted?

-Yo, no, pero hay gente que dice que usted mucho mejor que yo, sí…

-¿Qué gente?

Como había predicho el propio Puente minutos antes en otro tenso careo con el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, aquello derivó en el “rosario de la aurora”. Un alboroto se levantó en las bancadas populares y socialistas mientras continuaba el forcejeo verbal entre el ministro y el senador. En un momento dado, Puente amenazó con abandonar la comisión si esta derivaba en una “conversación de porteros”. “¡Lo llamo al orden!”, intervino el presidente eventual de la Mesa, el popular José Manuel Balseiro, sin reparar en que tal aviso conlleva implícita precisamente la amenaza de expulsión de quien ya decía que quería marcharse. En vista de que la trifulca no se sofocaba, Balseiro solicitó tiempo muerto:

-Señor ministro, lo veo a usted fuera de tono, vamos a suspender cinco minutos.

La segunda comparecencia de Puente ante la comisión del caso Koldo -la anterior fue el 28 noviembre- había comenzado con un interrogatorio, duro pero respetuoso, de la senadora de UPN María Caballero y otro más subido de tono del miembro de Vox Gordillo. Este último y Puente ya acabaron a gritos cuando el interrogador tuvo un lapsus y, queriéndose referir a Ábalos, atribuyó al ministro una relación con una antigua Miss Asturias. Caballero y Gordillo exigían explicaciones a Puente por los manejos del antiguo titular de su departamento destapados por la justicia y la Guardia Civil. Cuando la parlamentaria navarra le preguntó si no le escandalizaba que Jésica R. confesase que cobraba sin trabajar, el ministro replicó: “Tanto como a usted y como a cualquier ciudadano español”. Pero insistió en que él no puede responder por las actuaciones de su antecesor “remoto”: “Yo llegué al Ministerio 28 meses después de que lo dejase Ábalos”, enfatizó. “Y hace seis años [cuando sucedieron los hechos], era alcalde de Valladolid”.

Tras el incidente que llevó a Balseiro a detener momentáneamente la sesión, los ánimos se calmaron un poco. Bernabé reanudó su interrogatorio, que se fue enredando en un bucle. El popular restregaba una y otra vez a Puente los “enchufes” de Jésica y otras “amantes”, “prostitutas” o “concubinas” del exministro imputado por el Supremo. Iba mostrando continuamente recortes de medios digitales, leyendo mensajes entre los implicados que figuran en el sumario judicial y salpimentando sus acusaciones con frases del tipo: “Para satisfacción de Ábalos sí que parece que trabajaba la señorita” o “cobraba por satisfacer los deseos sexuales del señor Ábalos”. Bernabé acusaba a Puente de no investigar esos hechos. Este le replicaba que en las indagaciones internas del Ministerio se han revisado 17.200 documentos y que los expedientes de contratación de esas mujeres se han enviado al Senado. “Yo no puedo ir más allá, el que puede ir es el juez”, se excusaba el titular de Transportes.

Bernabé se refirió una y otra vez a la auditoría inicial que ordenó Puente sobre los contratos de compra de mascarillas auspiciados por Koldo García y exigía al ministro nuevas “oscarizadas auditorías”. Lo que pretendía el popular era demostrar una cosa: “Usted dijo que venía a limpiar y lo que ha hecho es tapar”. El socialista saltó de inmediato: “Si creen que yo estoy encubriendo algo, ya están tardando en ir a los tribunales”.

Con cierta ironía, Puente había dejado caer que seguramente el PP le volverá a llamar a una comisión que ha cumplido un año de trabajos y en la que su compañero de gabinete Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y expresidente canario, ya ha comparecido tres veces. Bernabé cerró su intervención confirmándoselo plenamente:

-Hoy nos hemos tenido que centrar en el tema de las amantes. Tiempo habrá de que usted vuelva para hablar de otras cosas.

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Hace una semana, Alegría llegó al borde de las lágrimas en la rueda de prensa del Consejo de Ministros para denunciar una campaña contra ella repleta de bulos y de estereotipos degradantes sobre su sexo. Este martes, en la sesión de control al Gobierno del Senado, ya mucho más relajada, la portavoz pasó al ataque.

El PP eligió para seguir hurgando en el confuso episodio —desmentido rotundamente por la empresa pública de Paradores y el propio Ábalos— a la mismísima alcaldesa de Teruel, Emma Buj. La pregunta que esta planteaba era si Alegría, que en el momento de los hechos ejercía como delegada del Gobierno en Aragón, supo de la conducta atribuida a Ábalos. Buj quiso echar por delante su repulsa a los insultos y los comentarios machistas contra la ministra. Y de ahí pasó a la ofensiva sin demora. Primero aseguró que Paradores ha amenazado por carta a los empleados del establecimiento turolense para que no hablen con periodistas. El discurso fue subiendo de tono para caracterizar al PSOE con una tríada: “Sexo, corrupción y ley del silencio”. Y remató, entre las protestas socialistas, con el corolario: “Empiezan a parecerse a una organización mafiosa”.

Esta vez a Alegría no le tembló la voz. Lo redujo todo a una “campaña absolutamente tóxica” contra ella orquestada a base de “insidias y mentiras” y con la que el PP, según sostuvo, pretende erosionarla por su condición de líder de los socialistas aragoneses. Y se reservó la traca final, esa revelación de que ha recibido mensajes de miembros de diferentes partidos y de uno solo del PP, “el mismo que echaron por denunciar la corrupción en Madrid, Pablo Casado”, acotó. Los escaños populares callaron. Quien se pudo tomar una pequeña revancha fue su senador Alfonso Serrano, precisamente el número dos de Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid. Serrado aprovechó que su pregunta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, era la inmediatamente posterior para reprender a Alegría y acusar a los socialistas de “convivir con puteros y pagarles el sueldo”.

La narrativa sobre un Gobierno rodeado de escándalos volvió a ser, como de costumbre, el hilo conductor de la ofensiva del PP. Su portavoz en la Cámara, Alicia García, empleó contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el último informe de la UCO sobre el rescate de Air Europa, que los populares presentan como una prueba más de cargo contra el Gobierno. Montero le preguntó si tiene en su poder tal informe, ya que se trata, dijo, de información confidencial. Y afirmó que de los fragmentos conocidos por su publicación en los medios, “no hay nada que haya sido irregular”. “Acusan sin aportar una sola prueba”, insistió la vicepresidenta. Por si quedaba alguna duda, García prometió que no dejarán de porfiar: “No nos van a parar ni sus mentiras ni sus amenazas”.

También expresidente extremeño José Antonio Monago intentó poner en apuros al ministro de Agricultura, Luis Planas, por el “nepotismo” en las empresas públicas Tragsa y Tragsatec a cuenta de la contratación de una novia de Ábalos que confesó que ni acudía a trabajar. Planas replicó que a él no le corresponde “llevar las relaciones laborales” de sociedades que orgánicamente dependen de su departamento y acusó al PP de hacer del Senado “un circo para montar una realidad paralela”. Y recurrió al comodín que han encontrado los socialistas para rebotar las pedradas dialécticas hacia los populares: la protección que el partido sigue prestando al presidente valenciano, Carlos Mazón.

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Esa actitud beligerante de Vox pareció reflejarse en las votaciones del último pleno de la Cámara baja. Rompiendo con su costumbre, los 33 diputados ultras no se sumaron a una solicitud del PP para que compareciese el ministro de Agricultura a dar cuenta de “sus planes para defender el sistema agroalimentario español”. Y votaron en contra de una proposición de ley de los populares sobre las concesiones de transporte de viajeros por carretera. El PP, en cambio, optó por una posición que viene prodigando ante iniciativas de Vox cargadas de retórica extremista: no las apoya, pero tampoco las rechaza frontalmente y se refugia en la abstención. Esta vez ocurrió con una moción que solicitaba medidas para repatriar a españoles residentes en el extranjero, paso previo a expulsar a inmigrantes que residen aquí. Votó en contra todo el resto de la Cámara, incluida Unión del Pueblo Navarro (UPN), normalmente alineada en el bloque de la derecha.

Este asomo de castigo de Vox a quienes siguen siendo sus socios en decenas de municipios y con quienes acaba de pactar los Presupuestos de la Comunidad Valenciana, no se corresponde en absoluto con su trayectoria en lo que va de legislatura. Porque en el último año y medio, la extrema derecha ha sido un apoyo casi constante para el PP en el Congreso.

Desde su voto favorable a la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, en septiembre de 2023, Vox ha respaldado el 90% de las propuestas que el PP ha llevado al pleno de la Cámara. Un repaso a las 210 iniciativas de los populares sometidas a votación en este periodo —incluidas las mociones y proposiciones de ley que se desgranan por puntos precisamente para recabar los mayores apoyos posibles—, muestra que Vox ha dado el sí a 187. En otras 14 —cerca del 7%—, Abascal y sus compañeros se han abstenido y solo en siete —apenas el 3%— han apretado el botón del no.

Algunos de estos escasísimos noes de los ultras al PP han sido en cuestiones irreductibles de su ideario. El mes pasado, por ejemplo, Vox rechazó una proposición de ley del grupo de Alberto Núñez Feijóo que contemplaba una serie de medidas para garantizar el funcionamiento de las secciones de violencia contra la mujer en los juzgados. Y eso que utilizaba justamente esa expresión, “violencia contra la mujer”, y no el “violencia machista” que es anatema para los ultras. Otras disensiones de Vox con el PP han sido sobre asuntos de política migratoria, como los textos de adhesión a la estrategia general sobre la materia marcada por Bruselas. O en alguna medida para proteger a los menores en el entorno digital. En febrero, la extrema derecha se abstuvo en una moción de los populares para mostrar el apoyo a Ucrania, cuando ya Trump prodigaba los gestos de hostilidad hacia el Gobierno de Volodímir Zelenski.

Esa mano tendida casi constante de Vox hacia el PP no ha encontrado una exacta reciprocidad. Pero tampoco tanto como para que los populares hayan descuidado gestos en las votaciones que eviten incomodar a su único aliado en la Cámara junto al solitario diputado de UPN. De las 165 propuestas llevadas al pleno por la extrema derecha, los populares han apoyado 65, casi el 40%. Y cuando no han estado de acuerdo, han evitado a menudo la disensión total, como lo muestra el elevado número de abstenciones ―60, el 36%― frente a los 39 noes ―menos del 25%―.

Los populares han votado contra algunas de las medidas más extremas de Vox sobre inmigración, como mociones que denunciaban la “invasión” de extranjeros; sobre política fiscal, caso de una propuesta para establecer un tramo único del 15% del IRPF para las rentas de entre 22.000 y 70.000 euros, o sobre políticas de igualdad. También se opusieron a otra que propugnaba acabar con las subvenciones a partidos políticos y agentes sociales. En cambio, respaldaron iniciativas del partido de Abascal para suprimir las ayudas sociales a jóvenes inmigrantes en situación de internamiento o para dificultar la inscripción en el padrón municipal de extranjeros sin papeles y ocupantes ilegales de viviendas.

En esa política de distensión, consistente en no apoyar pero tampoco oponerse de modo frontal, el PP se ha abstenido ante una moción de Vox contra la regularización de los sin papeles ―pese a que el partido apoyó la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que impulsa esa medida―, ante otra que abogaba por que el nacimiento en España no conlleve la concesión automática de la nacionalidad o una más con medidas para combatir el “invierno demográfico”.

Las mayores coincidencias entre los dos principales partidos de la oposición se producen en cuestiones sobre el funcionamiento institucional que conllevan una crítica a las actuaciones del Gobierno. Los populares se sumaron a la propuesta de Vox para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y a otra que pretendía recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, es decir, que la mera admisión a trámite en el Tribunal Constitucional del recurso contra una ley conlleve su inmediata paralización. También ha habido una coincidencia casi total entre el PP y Vox en las votaciones sobre temas vinculados a la catástrofe de la dana en Valencia.

En lo que va de legislatura, se han registrado en el pleno del Congreso un total de 1.092 votaciones. El Gobierno en su conjunto o su principal partido, el PSOE, ha encajado 96 derrotas, el 8,79% del total.

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La comisión del caso Koldo vivió un chusco episodio el pasado jueves. Patricia Úriz, expareja el exasesor de Ábalos que ha dado nombre a las indagaciones sobre esa trama de corrupción en la que ella misma está imputada, apareció embozada con un pañuelo y unas grandes gafas de sol, y se negó a declarar. Algo muy similar se teme que pueda suceder este lunes, aderezado con mayor ruido y expectación mediática.

La llamada a testificar es Jésica R., la mujer que mantuvo una relación sentimental con el entonces ministro Ábalos y que, según ha reconocido ella misma, estuvo en nómina de las empresas públicas Ineco y Tragsatec sin ir a trabajar. Le llamaban la “sobrina de Ábalos”, según declaró el presidente de Tragsa, Jesús Casas, el pasado día 2 ante la comisión. Algunos medios de comunicación la han venido tachando de prostituta profesional. “Puta, putita, sugar baby… como quieran llamarlo”, escribía el pasado domingo una columnista de uno de los grandes diarios de la capital.

Jésica R. acudió al Supremo el pasado 27 de febrero a declarar en condición de testigo, también embutida en gafas y ropa oscuras para ocultar su rostro. Ante el juez, mientras admitía que había cobrado sin trabajar, se quebró en varias ocasiones hasta el punto de que el magistrado, en una decisión muy poco habitual, le permitió salir por una puerta trasera para no toparse de nuevo con la prensa.

La comisión parlamentaria, sin embargo, le ha denegado la solicitud de comparecer a puerta cerrada, previa consulta a los servicios jurídicos, apuntan fuentes del Senado, que señalan que la mujer no justificó debidamente su petición. La creencia general es que rehusará declarar. A lo único que la obliga la ley es a comparecer y explicar los motivos de su silencio. Pero su exposición pública será mucho mayor que en el Supremo. “El PP solo quiere montar el circo”, critica el portavoz socialista en la comisión, Alfonso Gil. “Sin entrar en culpables o inocentes, en el proceso judicial los comparecientes tienen unos derechos. Aquí, como ya sucedió con otros anteriores, no se están respetando”.

“No nos interesa la vida privada de Ábalos”, replica el portavoz popular, Alejo Miranda, “esto no va de prostitución”. El PP justifica la llamada a la mujer porque se trata de “una pieza clave”: “Ha recibido contraprestaciones de una trama de corrupción, un empleo público y el alquiler de un piso de 2.700 euros mensuales. A los contribuyentes que pagan sus impuestos les interesa saber que se ha usado el dinero público para pagar un servicio que no tiene nada que ver con el servicio público”.

A la espera de si los populares siguen adelante con el plan de llamar a otras tres mujeres presuntamente colocadas por Ábalos en empresas públicas, el asunto volverá al Senado tras la Semana Santa con la comparecencia del actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Será la segunda vez que Puente pase por la comisión. Su compañero Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y expresidente de Canarias, ya lleva tres. Desde que se constituyó el 1 de abril de 2024, la comisión suma 50 sesiones celebradas y 60 comparecientes. Su vigencia se ha prorrogado otros seis meses y a la vuelta de vacaciones se ampliará su plan de trabajo por quinta vez. Los socialistas están convencidos de que el PP la mantendrá hasta que termine la legislatura.

“Esta es una trama que crece y se reproduce”, argumenta Miranda. “Las investigaciones judiciales y los informes de la UCO ofrecen novedades constantemente. Y revelan contradicciones sobre cosas que se habían dicho anteriormente. No queremos suplantar a los tribunales, solo buscamos responsabilidades políticas”. La diputada de UPN María Caballero, una de las más activas de la comisión, coincide: “Verdaderamente hay más implicados y ramificaciones de lo que se pensaba al principio. Los mismos socialistas están sorprendidos, para ellos está siendo duro”.

Muy por el contrario, la izquierda asegura que lo que advierte es “frustración” en el PP, según el socialista Gil. La comisión no ha ofrecido hasta ahora grandes revelaciones y su cobertura mediática se ha ido tornando más discreta. Joan Queralt, representante de ERC y catedrático de Derecho Penal, cree que los populares no han conseguido ir más allá de lo que gira en torno a Ábalos y que siguen buscando algo que les permita sentar en la comisión al presidente Pedro Sánchez y ponerlo en apuros. Su ventaja, subraya, es que disponen de un acceso privilegiado al sumario judicial ya que está personado en la causa y encabeza todas las acusaciones particulares.

Gil incide en que la comisión y ciertos medios informativos se retroalimentan. “Cualquier cosa de cualquier pseudomedio, esté o no contrastada, les vale para seguir estirando”. El socialista deplora que se enviase con sello del Senado al Tribunal Supremo un escrito de un abogado que denunciaba el bulo de que varios ministros tenían cuentas en paraísos fiscales. “Cada informe de la UCO se toma como una sentencia judicial”, tercia Queralt. Lo mismo ocurre, dice, con las acusaciones del empresario Víctor de Aldama. Siempre socarrón, el senador catalán lo resume parafraseando un dicho latín: “Aldama dixit, causa finita”.

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Con todo, la convalidación salió delante de forma holgada, 179 votos favor, 170 en contra y una abstención, la del diputado de UPN Alberto Catalán, quien se desmarcó del bloque de la derecha y, pese a censurar los criterios previstos en el decreto, señaló que no quería “poner problemas”. Cuando la presidenta, Francina Armengol, dio cuenta del resultado, la ovación pasó a las bancadas de la izquierda. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado de defender el decreto ante la Cámara, se emocionó hasta las lágrimas. Torres, que se había despedido temporalmente del hemiciclo porque lo van a operar para extirparle un tumor, le dio un cariñoso toque en el muslo a su vecina de escaño, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, el otro departamento que ha gestionado el asunto. Y el socialista y la miembro de Sumar se fundieron en un abrazo. En la tribuna de invitados también hubo felicitaciones para el otro artífice del acuerdo, el presidente canario, Fernando Clavijo. Torres había avanzado que el Gobierno prevé iniciar el traslado antes del verano.

Los llamamientos al PP para que al menos no rechazase el nuevo sistema se sucedieron durante el debate. El primero de todos partió del ministro Torres, quien reclamó “altura de miras” y “sentido de Estado”. Torres recordó que los populares pactaron con Coalición Canaria (CC) en 2023 abordar una regulación semejante para conseguir el voto favorable de esa formación a la luego fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo. “No hemos hecho otra cosa que lo que ustedes hubiesen tenido que hacer de haber estado gobernando”, esgrimió el ministro, tras aludir a los 6.000 menores que permanecen hacinados en Canarias.

Al PP lo apelaba también la presencia entre los invitados de Clavijo, líder de CC que gobierna en alianza con el PP y llevaba un año persiguiendo tenazmente un acuerdo para aliviar el colapso de los servicios de acogida en el archipiélago. En el atril de los oradores se escucharon peticiones directas a los populares tan inusuales como las de Noemí Santana, diputada canaria de Podemos, o del socialista Luc André Diouf, quien convocó: “Únanse al consenso y al frente antirracista”. Sin citar directamente al PP, la única diputada de CC, Cristina Valido, razonó: “Es un asunto de Estado, no un problema ni una responsabilidad de Canarias”.

Esas invocaciones al consenso se mezclaron con críticas más o menos veladas a la actitud del PP en los últimos meses. Jon Iñarritu, de EH Bildu, se declaró “indignado” por el tiempo transcurrido sin dar solución al problema y arremetió contra los que “han jugado al desgaste del Gobierno poniéndolo por delante de los derechos humanos”. Maribel Vaquero, del PNV, deploró que haya comunidades autónomas que “no quieren asumir su parte de responsabilidad” cuando otras no dan abasto. El más ácido en sus ataques a los populares fue el diputado mallorquín de Sumar Vicenç Vidal, que directamente les llamó “racistas” ―la bancada del PP apenas estaba prestando atención y ni se inmutó― y alardeó: “Tenemos que venir los rojos, comunistas y separatistas a resolver un grave problema de esta sociedad por el interés superior de los menores”.

El PP se demoró en revelar el sentido de su voto. Las palabras en los pasillos de algunos de sus diputados podían dar a entender una posible abstención. A ellos les correspondía cerrar el debate y, según fue avanzando el discurso de Ana Alós, con críticas cada vez más subidas de tono, se empezó a intuir el rechazo, confirmado al final y celebrado con alborozo en la bancada.

Los populares han venido denunciando que, una vez más, el Gobierno privilegia a Cataluña por sus pactos con Junts. Alós lo repitió al asegurar que esa comunidad solo recibirá 20 menores mientras que a Madrid y Andalucía les corresponderán 800. El Ejecutivo contraargumenta que esto es así porque Cataluña ya tiene acogidos a muchos más chicos migrantes que esas dos comunidades con gobiernos del PP. Josep Maria Cervera, diputado de Junts ―que el año pasado contribuyó a tumbar el primer intento de establecer unos criterios de reparto― insistió en esa idea: “Somos pioneros, tenemos un número de plazas muy por encima”. Pero el PP descargó la artillería completa de críticas: el Gobierno “impone un mecanismo unilateral”, una “chapuza jurídica” que “invade competencias autonómicas”, que acrecentará el ya mítico “efecto llamada” y que, en definitiva, encarna la “constatación del fracaso absoluto de la política migratoria”.

Vox casi siempre es capítulo aparte y más en este tema. Para darle relevancia a su intervención, sacó a la portavoz del grupo, Pepa Millán, a recitar el catálogo de horrores que la extrema derecha atribuye a la inmigración: robos, violaciones, islamización, yihadismo… Millán se mostró escandalizada ante el hecho de que el Gobierno “haga pagar a los españoles la manutención” de los menores no acompañados. Y lo atribuyó a que “los españoles son la última prioridad” para el Ejecutivo. Como el ministro Torres había recordado que décadas atrás eran cientos de miles de españoles quienes buscaban una vida mejor en otros países, Millán le replicó que aquellos “no violentaban las leyes”.

El discurso de Vox soliviantó a la izquierda. A nadie en mayor grado que al diputado de ERC Jordi Salvador, quien dejó de lado el discurso que tenía escrito en catalán y se dedicó a glosar pasajes evangélicos sobre la acogida a los forasteros tras recordar que la extrema derecha se declara católica devota. “Si Jesucristo viniera hoy”, manifestó, “ustedes lo expulsarían por menor inmigrante”.

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La jornada parlamentaria había comenzado con la sesión de control al Gobierno en el exaltado clima de costumbre: aplausos, abucheos, diputados de la oposición hablando de corruptelas y prostitutas en el Gobierno, ministros denunciando insultos fuera de micrófono de diputados de la oposición… Cuando, tres horas después, llegó el primer debate monográfico y extenso sobre la guerra comercial, pareció confirmarse uno de los sucesos extraordinarios que ha desencadenado Trump: su nombre cae como un relajante en el hiperventilado clima político español.

El responsable económico del PP, Juan Bravo, uno de los portavoces más mesurados de su partido, compareció con delicadeza redoblada para mostrar esa “mano tendida”. Luego fue desgranando críticas menores, como que solo se hayan aprobado préstamos y no ayudas directas o que se haya excluido a Vox de las conversaciones. Remató con una advertencia: “Si empiezan a hacer juegos políticos, nos iremos de las negociaciones”.

Los populares basan su sospecha en el anuncio de Junts de que ha logrado la garantía del Gobierno de que el 25% de las compensaciones a empresas irá a compañías catalanas. Ese porcentaje se correspondería con el peso de las exportaciones de Cataluña a EE UU dentro del total de las españolas. Tal cosa no aparece especificada en el decreto con las primeras medidas publicado este miércoles en el BOE y que el Congreso deberá convalidar antes de un mes. Bravo, para fundamentar su denuncia de un nuevo contubernio del Gobierno con los independentistas, aludió a que el texto final del decreto incluye modificaciones que no constaban en el borrador que se le hizo llegar al PP.

Cuerpo, tras un primer regate a la cuestión y ante la insistencia del diputado popular, aclaró el alcance de esas modificaciones. La más sustancial ha sido añadir que el cálculo de las exportaciones de cada empresa se hará sobre la base del balance de 2024. Un atisbo de socarronería asomó en el tono del ministro cuando añadió que también se ha sustituido en una frase la palabra discrecionalidad por arbitrariedad. Y, ya rozando el sarcasmo, completó que se han reemplazado dos puntos por un punto en la exposición de motivos y se ha suprimido una preposición “de”. En su escaño, Bravo gesticulaba y asentía, como dando a entender que Cuerpo corroboraba sus denuncias.

Junts, en su estrategia de presentarse como el vencedor de todos los pulsos con el Gobierno, echó un cable al discurso de los populares. Su diputado Josep Maria Cruset se ufanó de haber frenado la “recentralización de recursos” que, según él, preparaba el Ejecutivo. Aunque matizó que tampoco ha obtenido un “privilegio”: “Cataluña se lleva lo que es de los catalanes, ni más, ni menos”. Gabriel Rufián, de ERC, que no deja pasar ni una a eso que llama la “derecha catalana”, descalificó como “una mentira” las supuestas concesiones que dice haber arrancado Junts.

Desde que sustituyó a Nadia Calviño, el ministro Cuerpo ha estado prácticamente fuera del radar del PP. Ante los buenos datos macroeconómicos del país, los populares preferían llevar su oposición por otros terrenos más truculentos. Lo de este miércoles fue casi una puesta de largo para Cuerpo, que se presentó con un discurso típico de un responsable de Economía: 45 minutos de consideraciones muy técnicas que no dieron pie ni a los aplausos de los suyos ni a las protestas de los de enfrente. Destacó que las medidas de Trump carecen de “racionalidad económica”, presumió de que el Gobierno reaccionó “a las 12 horas” y prometió perseverar en el diálogo con las fuerzas políticas y los sectores afectados, así como en propiciar una postura común en la UE: “Es el momento de Europa, de defender nuestro ADN común”.

José María Figaredo, de Vox, puso tal empeño en culpar a Pedro Sánchez de las represalias comerciales de EE UU que acabó elevándolo a la categoría de “líder de la oposición global a Trump”. Por lo demás, soportó un considerable chaparrón, inaugurado por Manuel Lago, de Sumar, quien se dirigió así a la bancada de los ultras: “¿Ninguno de ustedes se avergüenza de lo que está haciendo su partido? Extraños patriotas que cuando su país es agredido se ponen del lado del agresor”. Los destinatarios de la reconvención ni balbucearon un murmullo.

Lago también prometió que no se permitirán despidos de trabajadores en empresas beneficiarias de ayudas, asunto sobre el que incidieron otros portavoces de grupos de izquierda, como Néstor Rego, del BNG, quien aprovechó para alertar contra las consecuencias del acuerdo de libre comercio con Mercosur. Con distintas intensidades, las fuerzas políticas fueron mostrando su “mano tendida”, desde la disposición de Oskar Matute, de EH Bildu, a pactar un “programa de mínimos”, hasta la apelación de Alberto Catalán, de UPN, a buscar la “unidad, sin postureos ni frivolidades”, o a Cristina Valido, de CC, que reclamó atención especial a las islas por su condición periférica.

También abundaron las referencias a la necesidad de procurar una “respuesta coordinada” de la UE, en palabras de Idoia Sagastizabal, del PNV, quien preguntó —sin lograr respuesta— si Bruselas se plantea gravar a las grandes tecnológicas estadounidenses. Sobre eso mismo, Matute no preguntó, lo pidió expresamente. La voz más crítica volvió a ser la de Podemos, que, por boca de Noemí Santana, insistió en medidas tan drásticas como expropiar a los fondos de inversión norteamericanos con intereses inmobiliarios en España.

Cuerpo contestó a todos ellos, pero su mensaje final fue dirigido especialmente al PP por sus reticencias al acuerdo: “Tenemos que ser valientes. Nos toca”.

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El cruce de acusaciones no se interrumpe en el Congreso ni cuando los grupos están de acuerdo. Sobre el contenido de la propuesta presentada por el PP este martes nadie presentó objeciones de fondo. Lo que plantea la iniciativa tomada en consideración es introducir en el Reglamento un artículo que obligue al Gobierno a someterse una vez al año a un debate de política general, salvo que en ese mismo ejercicio se celebren elecciones generales.

El acuerdo se plasmó en la votación. Los reproches, en el debate. En su presentación de la propuesta, la popular Macarena Montesinos lució el argumentario habitual para sostener que con Sánchez está en el peligro la democracia. Montesinos no llegó a dar el paso de cuestionar expresamente la legitimidad del Gobierno, pero dejó la idea flotando en el aire cuando afirmó que la investidura del presidente “no fue un acto de normalidad democrática, fue la escenificación de un negocio, de una transacción corrupta”.

Por los socialistas, Pedro Casares comenzó atacando a Mariano Rajoy, un ejemplo, según él, de gobernante que “no rendía cuentas”. “Ni siquiera estuvo en el debate de la moción de censura contra él”, enfatizó el diputado, quien se ufanó de que los suyos encarnan el ejemplo contrario: “Si hay un grupo que defiende el debate, el diálogo y el acuerdo, ese es el socialista”.

Como nadie parecía en desacuerdo con la iniciativa en sí, las intervenciones dieron pie a algunas digresiones. Esther Gil de Reboleño, de Sumar, cargó contra el tono habitual de la discusión parlamentaria, “atrapado entre la lógica del titular fácil y del enfrentamiento constante”. Por Junts, Josep Maria Cervera dedicó parte de su discurso a que al debate se le llame “sobre el estado de Nación”. “Una nación artificial y artificiosa que no es la nuestra”, proclamó el independentista.

Más concretos se mostraron Vox y PNV, que anticiparon enmiendas para retocar la propuesta. Por la formación ultra, Carlos Flores criticó que se excluyan de la convocatoria del debate los años electorales. Por los nacionalistas vascos, Mikel Legarda abogó por revisar los tiempos de intervención de los oradores y por buscar fórmulas que propicien “más espontaneidad” de la discusión.

La primera jornada del pleno semanal también sirvió para reflejar el amplísimo acuerdo sobre el concierto económico vasco. El único grupo que se opone es Vox, rechazo plasmado en una enmienda a la totalidad que se debatirá este jueves y contará con el rechazo del resto de la Cámara.

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Pregunta. Se ha hablado mucho de su estilo, como si la gente echase de menos eso en la política.

Respuesta. Yo siempre me he fijado en mis antecesores en el partido. Han tenido un estilo y creo que eso nos marca. A veces me dan ganas de decir otras cosas, lo confieso, pero cuando estoy en la tribuna sé que no sería yo, porque soy la imagen y la representación del PNV en ese momento. Me han elegido mis electores y tengo que representarles dignamente. Además, para defender lo que crees no hace falta entrar en el insulto personal. Es más, puede dificultar los pactos a futuro, y la política son pactos.

P. La fragmentación política no le ha venido mal al PNV, le ha dado más protagonismo.

R. No todo el monte es orégano. A veces, la fragmentación impide llegar a acuerdos más profundos. Nosotros, en los momentos en los que había que poner un poquito de sentido común, ahí hemos estado. Aquí se habla mucho de sentido de Estado y, dejando claro que nosotros somos lo que somos y que para el PNV nuestro país es Euskadi, lo que nunca vamos a hacer es política para perjudicar la vida de los demás. Poner en riesgo el Estado, así porque sí, tampoco tiene mucho sentido. A veces, algunos acuerdos que podrían haberse logrado entre los grandes partidos hasta nos podrían haber venido bien si nosotros participamos de ellos. No es cierto ese mantra de que al PNV le conviene que haya mucha división en el hemiciclo. Nos adaptamos a las circunstancias, pero esta no es una situación magnífica y agradable.

P. Los elogios a su capacidad negociadora también parecen denotar que se echa en falta entre los grandes partidos.

R. En la política española se piensa que tus electores no van a entender que hagas un acuerdo con otro grupo político a no ser que sea muy próximo ideológicamente. Si no, parece que va a chirriar, porque sigue existiendo eso de las dos Españas que impiden traspasar determinadas líneas. Nosotros tenemos capacidad para pactar con la derecha y con la izquierda. Eso te da más posibilidad para avanzar en tu programa. En política se infantiliza un poquito a los ciudadanos. Yo los trato como maduros.

P. Y ahora como presidente del PNV, ¿va a llevar una línea continuista?

R. Si por continuista entendemos la defensa de los principios del partido y hacia dónde tenemos que avanzar, no habrá ninguna diferencia. Tenemos una forma de hacer de la que hemos aprendido todos, aunque cada uno con nuestra personalidad. Vamos a renovar unos estatutos que son de 1933 y voy a intentar que el partido sea más ágil. Tenemos muchas cosas que adaptar.

P. ¿En Euskadi cabe la posibilidad de acuerdos entre el PNV y la otra gran familia nacionalista?

R. Primero vamos a hablar. Tampoco vamos a pensar que los demás quieren pactar con nosotros en todo momento y en todo lugar. Ahora tenemos un mandato de las urnas, una responsabilidad institucional que nos obliga a gobernar bien.

P. El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, le ha reclamado más audacia para avanzar en el autogobierno.

R. ¿Alguien cree que yo voy a dejar pasar cualquier oportunidad? Cuando ahora se pide audacia, me vienen a la mente estos últimos años. Ellos han venido a nuestra política y han intentado fulminar políticamente al PNV. Han criticado las instituciones y hablaban del Gobierno vascongadillo… Ahora resulta que nos falta audacia. Pues gracias a la audacia y el liderazgo del PNV, con la colaboración de otros partidos, se ha conseguido consolidar unas instituciones y se ha ganado en autogobierno. ¿ Y qué ha conseguido Bildu? A mí me gusta ser audaz, pero hay que saber cuándo serlo. Vamos a seguir ahondando en nuestro acuerdo con el presidente del Gobierno español donde se recogía el reconocimiento nacional de Euskadi y una modificación del estatus político. No voy a renunciar a eso. Por ahora va bien para conseguir un acuerdo amplio en Euskadi y luego vendrán las dificultades de Madrid. Hay que saber cómo está el patio allí: las mayorías son muy complicadas, hay que tener en cuenta las decisiones de los tribunales, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y ha presentado proposiciones para que no se complete el Estatuto de Gernika… Yo espero que antes de fin de año la parte vasca esté resuelta con un acuerdo amplio.

P. ¿La consecución de un nuevo estatus político va a ser una prioridad?

R. Tengo muchas prioridades, pero no quiero obsesionarme con ninguna. No vayamos a centrarnos en la cáscara y olvidemos que la nuez está dentro. El compromiso de Andoni Ortuzar de avanzar en el autogobierno lo recojo de mil amores, porque también he estado ahí. Pero si pensamos que el autogobierno, el país, es solo marco, estaremos equivocándonos. Desde una visión nacionalista, somos un país dividido administrativa y políticamente, incluso social e ideológicamente. Tenemos que hacer más país, generar sinergias. Y tenemos un idioma que en la globalización actual debemos mantener vivo para reconocernos como pueblo. Un país no es un nombre, un territorio y unas instituciones, son unos principios, unos valores en los que todos nos sentimos reconocidos por encima de nuestras diferencias.

P. ¿Le preocupa la tendencia a la baja del PNV frente a la mejora de EH Bildu?

R. Yo he perdido aquí unas elecciones siendo el candidato contra Podemos [en las generales de 2016]. ¿Dónde está Pablo [Iglesias] ahora? ¿Y dónde está el PNV? También nos ha ganado el PSOE, o Bildu en su momento. Este es un partido largo.

P. Se ha criticado que hubo poca participación en el proceso de renovación del PNV.

R. Le aseguro que fue bastante superior a la que tuvo ERC. En nuestro caso votó mucha más gente. Es verdad que fue menor del 50%, pero fue más gente que en los procesos que hemos visto de otros partidos políticos.

P. ¿Tienen peligro de desconexión generacional?

R. Tenemos mucha cantera y gente joven en puestos importantes. No tengo ese miedo. Tenemos 130 años y aquí estamos, bastante saludables y con gente joven.

P. ¿Debe presentar Presupuestos Pedro Sánchez?

R. Debería, sinceramente. Es cierto que la predisposición absoluta a negociar que tenemos nosotros no es la misma de otros. Todos deberíamos ser responsables y darle unos Presupuestos al Gobierno. Tenemos que hacer ese esfuerzo. En plena incertidumbre por los aranceles de Estados Unidos, ponernos en un proceso electoral no sería bueno para el país. El sentido de Estado se mide también en esto. Un partido no puede estar pensando continuamente en las siguientes elecciones. Les pediría a los que apoyamos la investidura [de Sánchez] que tengamos en cuenta esas cosas. También se lo digo al PP y a Feijóo..

P. ¿Los puentes con el PP están rotos?

R. No, nunca lo han estado, otra cosa es que ha habido momentos de tensión. Si te dicen que no hay que cumplir el Estatuto de Gernika o cambiar la ley de Deporte para cargarse las selecciones de pelota vasca… Ya está bien, un poquito de respeto.

P. Con el equipo de Feijóo las cosas parecen complicadas.

R. Feijóo pensó que a él le bastaban los votos del PNV para ser presidente. Pero, claro, le hacían falta los de Vox. Nosotros ya lo dijimos en campaña electoral y se lo dijimos a ellos: “Mira, aunque me des la independencia…” (risas) Por principios no íbamos a hacer algo con Vox. Él no lo entendió y se lo tomó a mal. Nos hicieron ofertas muy interesantes y nos hubiese gustado aceptarlas, pero no podíamos. Este es un partido que tiene 130 años de historia y unos principios.

P. La derecha española se ha cerrado a cualquier demanda de revisión del modelo territorial. ¿Es posible cambiar eso?

R. Si el PP está en el Gobierno sin Vox y necesita la ayuda de catalanes o vascos, seguramente la actitud sería diferente. El ideal sería que los dos grandes partidos fuesen conscientes de que hay un problema nacional en Cataluña y en Euskadi y le tienen que dar una respuesta. Y hagan pedagogía entre la población española y participen en un acuerdo conjunto. ¿Lo veo posible? Pues no. Si el PP necesita a los nacionalistas y nosotros hacemos unos planteamientos que respondan a las necesidades de esta población, sabiendo en qué zapatos está la otra parte, quizás el PP podría moverse. Ahí me gustaría que el PSOE no jugara a la típica política española de ‘si yo no estoy, me lo cargo todo’. El PP sí que lo hace siempre, pero del PSOE espero un poquito más.

P. ¿Por qué esa resistencia a cambiar la ley de secretos oficiales que usted reclama desde hace años? ¿La lucha contra ETA, el 23-F…?

R. Creo que hay muchos miedos, porque ni siquiera saben lo que hay ahí. Estoy convencido de que muchos papeles fueron quemados. Esto en cualquier país con estándares democráticos estaría desclasificado ya. Yo no ando buscando algo concreto, exijo una ley estándar, democrática. Es impresentable lo que está sucediendo. Cuando pido una documentación... todo es secreto. Hay muchos miedos y me imagino que presiones de otros ámbitos.

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Aquel enérgico orador de las asambleas peneuvistas de los ochenta, en una Euskadi que engrasaba su nueva autonomía bajo un clima cargado de tensión y violencia, se llamaba Luis Aitor Esteban Bravo, cumplirá 63 años en junio y acaba de despedirse del Congreso reconocido como un gran parlamentario y una anomalía en tiempos de polarización. Nadie en los últimos años había concitado tantos elogios de rivales políticos y periodistas. También del PP, pese a los choques con sus actuales dirigentes y el alicaído aplauso que le dedicaron Alberto Núñez Feijóo y Cuca Gamarra mientras la mayoría del hemiciclo lo ovacionaba. Solo Vox quedó al margen, aunque ahí el rechazo es mutuo. Ya en un debate electoral en 2019, Esteban negó el saludo a Iván Espinosa de los Monteros, entonces portavoz de un partido que aboga por ilegalizar el suyo. Y en la última campaña proclamó: “Con el fascismo, nada de nada. Ni con quien se ayuda de él”.

Un veterano militante del PNV que ostentó destacadas responsabilidades atribuye a su histórico presidente Xabier Arzalluz una reflexión: “No se puede hacer política en Euskadi sin pasar por Madrid. Allí te das cuenta de la realidad que no se ve aquí desde el txoko”. Esteban lo ha cumplido muchísimo más que Arzalluz, dos años y medio diputado en Cortes. Él ha estado 21, 12 de ellos como portavoz, solo superado por los 18 de otro histórico, Iñaki Anasagasti. “Es en Madrid donde se ha hecho personaje”, corrobora Mikel Legarda, compañero de escaño. Y en una situación privilegiada: la fragmentación política ha hecho al PNV más decisivo que nunca para la gobernabilidad.

Con ese bagaje, tras un movimiento que tuvo mucho de imprevisto, Esteban asumirá la presidencia de un PNV que conserva intacto su poder en Euskadi y su influencia en Madrid, pero aquejado de algunas tribulaciones: una militancia a la baja, envejecida y un tanto apática frente a un adversario por la hegemonía nacionalista, EH Bildu, con el viento a favor de las nuevas generaciones. Llega tras un proceso un tanto extraño, por la retirada de quien en principio buscaba la reelección, su viejo amigo Andoni Ortuzar, amenazado por un voto de castigo y una división como no se había visto en mucho tiempo. El trance ha dejado heridas, como las dejó a finales de 2023 la decisión de Ortuzar de jubilar al lehendakari Iñigo Urkullu. Pero la discreción es marca de la casa y no se ha podido oír ni un reproche público.

El veinteañero de verbo impetuoso que despuntaba en las asambleas marcó desde el principio una impronta: “Hay dos cosas que lo definen: es muy buena persona y un auténtico animal político”, afirma Iturrate, compañero y amigo desde esa época. Iturrate, hoy director del palacio Euskalduna de Bilbao, recuerda como la víspera del Aberri Eguna (Día de la Patria vasca) de 1985, amigos y militantes de EGI se reunieron a comer en casa de un familiar. Era el sábado de Pascua y, tras el almuerzo, los jóvenes se fueron de fiesta. Esteban se borró: “Se encerró en una habitación a preparar el discurso que tenía que dar en el mitin del día siguiente junto a Arzalluz”.

“Aitor es un producto 100% PNV”, apostilla Iturrate. Se afilió al partido con 16 años, en plena Transición. Y se casó con otra militante bilbaína, Itxaso Atutxa, hija de Javier Atutxa, El Capitán, presidente del partido en Bizkaia. Itxaso, con quien tiene dos hijos, ha sido la mujer con más poder en una organización muy masculina tras desempeñar durante 11 años el mismo cargo que su padre. Lo abandonó en noviembre pasado dentro de la renovación impulsada por Ortuzar antes de que le alcanzase a él mismo.

El padre de Aitor también se afilió al PNV, aunque después de él. “Pero fue quien me transmitió lo que era Euskadi y la historia de nuestros referentes de guerra y exilio”, explica Esteban. También con quien aprendió euskera, que no se hablaba en casa, guiándose por una gramática. Su madre era soriana, de Cañamaque, un pueblo que hoy tiene 27 habitantes y donde Esteban conserva propiedades a las que acude asiduamente.

El padre le inculcó una de sus pasiones, el rugby, que jugó de joven y que ha usado a veces como metáfora en sus intervenciones parlamentarias. La otra brotó de él. Siempre cuenta que en los westerns su simpatía se inclinaba por los indios. Tanto le prendió que pasa temporadas en reservas de Estados Unidos, chapurrea lakota, una lengua sioux, colecciona libros y objetos de esas tribus e impartió antropología de los pueblos indígenas en la misma Universidad de Deusto donde se doctoró y también enseñó Derecho Constitucional.

Antes de ingresar en la universidad de los jesuitas, estudió en un colegio religioso, el Corazón de María, y luego en el instituto público Central de Bilbao. Ya en política, fue uno de los que se llamaron jobubis, jóvenes burukides (dirigentes peneuvistas) vizcaínos entre los que figuraba Urkullu, que escalaron puestos en el partido y lo consolidaron en posiciones más pragmáticas tras la aventura soberanista fallida del Plan Ibarretxe. Solo Esteban permanece ya en primera línea.

Sin llegar a la treintena, entró en la Diputación de Bizkaia, donde presidió las Juntas Generales, el equivalente a la asamblea. “Ya era profesor en Deusto y estaba muy preparado, así que convencí a nuestros socios del PSOE para que lo aceptasen en el consejo de gobierno con voz pero sin voto”, rememora José Alberto Pradera, presidente del organismo. Desembarcó en el Congreso en 2004 y uno de sus primeros afanes fue apuntarse a un servicio de clases de idiomas, donde coincidió con otra novata, la socialista catalana Meritxell Batet. “Se le notaba un apasionado de las lenguas”, cuenta la que luego sería presidenta de la Cámara, a quien mandaba mensajes en catalán. Su dominio lingüístico abarca inglés, francés, alemán y algo de árabe.

Tras asumir la portavocía en 2012, empezó a brillar como orador y como negociador. “Habla con mucho sentido común y ahora cada vez es más difícil escuchar discursos de ese tipo”, valora el portavoz socialista, Patxi López.”Lleva el ADN de la política vasca: no nos gustan el insulto ni la bronca”. “Tiene un gran sentido de la institucionalidad, algo que se está perdiendo de modo galopante”, remacha Batet. Gabriel Rufián confiesa que recibió de él muchos consejos y hasta alguna regañina. “Alguna vez no me ha gustado nada lo que ha dicho, pero siempre me gusta cómo lo dice”, añade el portavoz de ERC, quien se sonríe al apuntar que aún le quedan rescoldos de aquel furor juvenil: “Es un poco cascarrabias”. “Pero tiene mecha corta”, acota un compañero.

La portavocía del PNV conlleva además “hacer de lobista de Euskadi en Madrid”, subraya un diputado vasco de otro partido. “Él ha trabajado mucho donde no se ve, en despachos de ministerios y de empresas”. En despachos, en restaurantes, en hoteles, en llamadas a cualquier hora del día y de la noche… A menudo acompañado de Ortuzar. Y en citas no siempre discretas: una de las últimas veces, los pillaron en un restaurante gallego adonde los había llevado el ministro Félix Bolaños tras las quejas de los vascos por la funcional comida de La Moncloa. “Nunca te pide la luna, pero en lo que te pide es un martillo pilón”, ilustra el titular de Presidencia y Justicia. Legarda corrobora: “Es un negociador duro, pero sabe la línea que no hay que traspasar”.

La caída de Rajoy

Su momento más comprometido se produjo en 2018, cuando el PNV apoyó la moción de censura contra Mariano Rajoy, días después de pactar los Presupuestos. Para el PP fue casi una traición. “Un shock”, resume el entonces portavoz popular, Rafael Hernando, quien, pese a todo, lo disculpa: “Se vio superado, fue más cosa del partido que suya. Es un gran parlamentario y una excelente persona”. Aquello tampoco rompió la relación con Rajoy, a quien se había medido en recordados duelos dialécticos en la tribuna. Esteban siempre lo ha apreciado y aun hoy se intercambian mensajes en ocasiones.

El nuevo líder peneuvista suele torcer el gesto cuando alguien le sugiere que el suyo es un partido de derechas. “Lo que estamos es a favor de la empresa”, señala él, para a continuación esgrimir las políticas de servicios públicos desplegadas durante años por el Gobierno vasco. “Democracia cristiana.. que es un campo amplio”, define Legarda su ideología. Una democracia cristiana, en todo caso, que ha apoyado la ampliación del aborto, la regulación de la eutanasia o la ley trans. Algunos conocidos apuntan que su esposa ha contribuido a llevarle a posiciones progresistas en asuntos como el feminismo.

Una de las incógnitas sobre su mandato es la relación que mantendrá con la izquierda abertzale. Ortuzar había estrechado lazos personales con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien le acaba de dedicar una sentida despedida en un artículo en el diario Deia. Esteban ha mantenido más distancias y, ya en 2020, declaró con su habitual estilo campechano: “Bildu quiere poner el culo donde está el PNV”.

Los elogios de los partidos nacionales pueden hacer olvidar que Esteban nunca ha dejado de ser independentista. Cuando el periodista le comenta a un miembro del PNV que el discurso de su nuevo líder no le suena excesivamente nacionalista, el interlocutor reprende:

- ¡Como te oiga, te mata!

Seguramente todo se entiende mejor al recordar la suerte de declaración de principios que presidía la mesa de su despacho en el Congreso: una imagen de Nube Roja, el jefe sioux que guerreó sin desmayo y también firmó la paz.

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La despedida de Esteban ya había tenido un primer capítulo, el pasado 27 de febrero, cuando Pedro Sánchez le dedicó su reconocimiento tras la que era la última pregunta al presidente del portavoz del PNV en una sesión de control. Pero Esteban todavía guardaba una última intervención en la prevista comparecencia de Sánchez para analizar la situación internacional. Y, tras cinco horas de debate, aprovechó su contrarréplica final para decir adiós y bromear sobre estas largas semanas de despedida: “Ya sé que algunos de ustedes pensaban que no me iría nunca, pero me voy. He tardado, pero me voy”.

Esteban confesó que había tenido que recurrir al Diario de Sesiones para recordar cuál había sido su primera intervención en la Cámara, cuando llegó en 2004, con 42 años, en plena resaca de la matanza de Atocha y el inesperado triunfo electoral del PSOE. Su estreno en la tribuna de oradores se produjo en un debate sobre una de las muchas leyes de educación que se han ido quedando por el camino.

En estos 21 años, 12 de ellos como portavoz de su grupo, Esteban ha ganado en dos ocasiones el premio Emilio Castelar al mejor orador que conceden los periodistas parlamentarios y se convirtió en uno de los diputados más respetados por todas las opciones políticas y por los propios informadores. En su despedida, el parlamentario vizcaíno no se olvidó de nadie, aparte de políticos y periodistas: los letrados, los ujieres, los policías, los médicos, las taquígrafas, los empleados de los servicios de hostelería… “La mayoría de los que hay aquí son buena gente”, afirmó, para añadir entre risas: “También hay alguna mala… Como en todas partes”.

Su último mensaje político lo quiso dirigir a los jóvenes: “Esto es mucho más que el ruido que escuchan y que ven en la televisión. Les pido que no den la espalda a la política”. Luego añadió las palabras que, según precisó, han sido el “norte” de su actividad política: “Gora Euskadi askatuta [viva Euskadi libre]”.

“Le vamos a echar mucho de menos”, le contestó la presidenta, Francina Armengol. También Sánchez, en su intervención final, le reiteró el elogio a su talante negociador, a la vez que “rocoso e implacable”. Con una sonrisa, el presidente prometió que en esta legislatura habrá una nueva ley de secretos oficiales, una de las demandas que más empecinadamente ha venido reclamando Esteban a lo largo de los años. Ambos se fundieron en un abrazo.

Horas antes, en la primera parte del debate, había sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien rendía en la tribuna su homenaje al colega vasco. “Me ha inspirado muchísimo”, admitió Rufián, mientras ironizaba con la “rabia” que sintió en ocasiones al contemplar con envidia sus recursos dialécticos: “No me gustará todo lo que dices, pero siempre me gustará cómo lo dices”. El rostro de Esteban se contrajo en otra mueca de emoción contenida.

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Entre estos activistas acreditados como supuestos informadores se han distinguido especialmente Vito Quiles, candidato en las últimas elecciones europeas por la agrupación ultra de Alvise Pérez, y algunos colaboradores suyos. Además de intentar reventar conferencias de prensa, algunos de estos sedicentes periodistas han protagonizado enfrentamientos con otros informadores, contra los que han proferido insultos y amenazas, a menudo amplificados a través de las redes sociales. Hace tres semanas, unos 80 informadores de la inmensa mayoría de medios leyeron un manifiesto en la Puerta de los Leones del Congreso para repudiar estos “comportamientos inaceptables”.

La propuesta registrada este viernes pretende facilitar que la Mesa del Congreso, previo informe de un nuevo Consejo Consultivo de Comunicación integrado por representantes de las asociaciones de periodistas, pueda retirar temporalmente las acreditaciones a personas que incurran en esa clase de comportamientos. El texto establece tres categorías de infracciones ―leves, graves y muy graves― y tres de sanciones equivalentes, que van desde una suspensión de la credencial por diez días hasta seis años. Las infracciones pueden ir desde “interrumpir el orden” en las conferencias de prensa, acceder a espacios acotados de la Cámara o grabar imágenes en lugares no permitidos hasta las que tendrían un castigo más elevado, entre ellas “la falta de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el recinto parlamentario”, como “los insultos o atentar contra la dignidad” de otros. Las sanciones las impondría la Mesa, previo informe de un órgano de nueva creación, el Consejo Consultivo de Comunicación.

La Presidencia del Congreso había promovido en las últimas semanas un grupo de trabajo cuyas propuestas han servido de base para esta iniciativa. Las nuevas disposiciones se incorporarían al artículo 98 del Reglamento. “Durante la presente legislatura”, señala la exposición de motivos de la reforma, “las personas que se dedican al periodismo parlamentario están viendo perturbado gravemente el ejercicio de su derecho a la información por otras que, pese a estar acreditadas por la Cámara como profesionales de la comunicación, se dedican a intimidar, faltar al respeto y dificultar sistemáticamente la labor de los y las periodistas”. El texto subraya que “diferentes colectivos de periodistas” venían solicitando “medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables” sin “limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía”. PP y Vox, sin embargo, se han mostrado reacios a adoptar estas disposiciones apelando precisamente a la libertad de información y no han suscrito la iniciativa firmada por todo el resto de grupos parlamentarios.

La propuesta aprovecha para ampliar los casos en que un diputado puede solicitar el uso del voto telemático. Hasta ahora se restringía a los casos de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad, “situaciones excepcionales de potencial gravedad” o participación en cumbres internacionales. Esta última circunstancia es invocada a menudo por el presidente del Gobierno. Ahora se permitirá aducir la necesidad de cuidar a un familiar y se incluyen también los casos de fallecimiento de personas muy próximas al diputado.

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Sumar había intentado suavizar algunos puntos del texto del BNG, particularmente el que abogaba por la disolución de la Alianza Atlántica. En lugar de ello, la coalición de la vicepresidenta Yolanda Díaz propuso un texto alternativo que exhortaba a “impulsar un modelo de defensa y de seguridad europeo autónomo y compartido, desvinculado de la OTAN”. El diputado del BNG, Néstor Rego, rechazó las enmiendas porque eso le hubiese obligado a renunciar a su propósito de que la moción se votase por puntos. Ante eso, Sumar ha obviado los matices diferentes sobre estas cuestiones que habían mostrado en las últimas semanas los grupos que la integran y ha respaldado las partes más controvertidas del texto, junto a EH Bildu y Podemos. ERC se ha unido al rechazo a incrementar el presupuesto de defensa y se ha abstenido sobre la OTAN. Ninguno de esos puntos ha sido aprobado.

El BNG sí ha logrado que la Cámara condene las amenazas de Trump a otros países “particularmente Groenlandia y Panamá” y su plan de “convertir Gaza en un resort, tras proceder a la limpieza étnica”. El PP se ha abstenido ante ambas cuestiones, mientras Vox votaba en contra.

Los dos socios de Gobierno sí han coincidido al votar en contra de una proposición no de ley del PP que en uno de sus puntos pedía precisamente subir el gasto en defensa. En este caso, los populares no han querido que su propuesta se votase separadamente por puntos, como en la moción del BNG, lo que hubiese permitido que algunos de ellos contasen con el refrendo de los socialistas. Al presentarse como un texto completo, el PSOE lo ha rechazado.

El debate en el Congreso sobre la nueva política de defensa europea venía suscitado por estas dos iniciativas, ambas meras declaraciones sin ningún efecto más allá del pronunciamiento político, que ya fueron discutidas el pasado martes y se han sometido a votación este jueves, al final del pleno semanal. Sumar ha rechazado que las diferencias con el PSOE en materia de gasto militar se hayan agrandado tras este episodio parlamentario. En este sentido, fuentes del grupo minimizan esta discrepancia con su socio y subrayan que avisaron al PSOE de que iban a apoyar las propuestas de la formación gallega por tratarse de una iniciativa no vinculante, de posicionamiento meramente ideológico y que no afecta a la política del Gobierno. Las mismas fuentes aseguran que los socialistas entendieron su postura y no existe ningún problema. El diputado Enrique Santiago, secretario general del PCE y miembro de IU, ha manifestado que la postura de su formación es conocida desde hace 40 años, contraria a la OTAN y a las alianzas militares en general. “Nuestra postura es por la paz”, ha apostillado.

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La pregunta de Feijóo a Sánchez registrada previamente tenía uno de esos enunciados que dan para cualquier cosa: “¿Va a ofrecer la información que le demandan los españoles?”. Hubo que esperar a que el líder de la oposición tomase el micrófono, minutos después de las nueve, para descubrir a qué se refería con la tal información:

—Este fin de semana hemos sido informados, primero por un diario francés, después por la mayoría de diarios españoles, de que su ministro de Transformación Digital y su presidente de Telefónica se reunieron en París con una empresa para influir en su favor en el accionariado de un grupo de comunicación español. En nombre de muchos ciudadanos, la pregunta es muy simple: ¿estaba usted al tanto?

Las palabras de Feijóo resultarían enigmáticas fuera de los cenáculos de la capital y del mundo político-periodístico. Sánchez lo ignoró olímpicamente. Y se dedicó a presumir de que ha sido el presidente que más ha comparecido en el Congreso ―34 veces― y que ha aumentado el presupuesto de defensa en 10.000 millones de euros. En la réplica, Feijóo por fin concretó: estaba hablando de las informaciones sobre una disputa entre el Gobierno y el principal accionista y presidente del grupo editor de este periódico, Joseph Oughourlian.

Según publicaron el semanario francés Le Point y El Confidencial, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, se entrevistaron días atrás en París con directivos del grupo Vivendi, propietario de un 12% de acciones de Prisa, para pedirles que rompiesen con Oughourlian, dueño de un 30%. Esas informaciones aseguran que López y Murtra presionaron a Vivendi, el conglomerado del magnate francés Vincent Bolloré, con retirarle un contrato de Telefónica de 80 millones de euros con una de sus compañías, Havas, que gestiona la publicidad de la multinacional española. Oughourlian está a punto de cerrar un acuerdo para refinanciar los 750 millones de la deuda de Prisa con la gestora de inversiones Pimco que, según El Confidencial, lo supedita a que el financiero francés siga al frente del grupo.

Tras estas informaciones, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, anunció el sábado que su grupo pediría la comparecencia parlamentaria de López y acusó al Gobierno de “amenazar” a los accionistas de Prisa para que “se plieguen a los intereses” del Ejecutivo. Y Feijóo convirtió el tema en el asunto central de la sesión de control de esta semana.

Hace ahora justo un año, el líder del PP no esbozó ni un amago de crítica cuando Miguel Ángel Rodríguez, el todopoderoso jefe de gabinete de su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso, lanzó bulos y divulgó datos personales de redactores de EL PAÍS, al tiempo que amenazaba con “triturar” a elDiario.es hasta provocar su cierre por publicar informaciones sobre el fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña. Este miércoles, el líder del PP emergió en el Congreso como el gran defensor de la libertad de prensa frente a un Gobierno que “quiere controlar la información pública”.

En una tribuna publicada el lunes en EL PAÍS, Oughourlian, tras aludir a la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco, advertía contra la “tentación de tratar de adueñarse de un medio de comunicación independiente desde el poder, bien directamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento”. “Hoy es más necesario que nunca”, escribió el presidente de Prisa, “que mantengamos firmes nuestros valores y nuestra cerrada defensa del periodismo de calidad, pese a las presiones de todo tipo que contaminan el ejercicio de una labor honesta y profesional, basada en la libertad editorial y en la independencia”.

Feijóo atacó por ahí a Sánchez: “El presidente de EL PAÍS tuvo que recordarle que usted no puede comportarse como un dictador”. “Y no se puede decir que el periódico no le conozca bien”, agregó con un deje de ironía quien lleva más de dos años sin conceder entrevistas a este diario ni permitírselo a sus colaboradores. Tras dejar de lado cualquier otro asunto, Feijóo aún recriminó a Sánchez que “dedique más tiempo a la guerra de Prisa que a la guerra de Ucrania”. El presidente siguió sin responder.

Consumido el turno del líder de la oposición, la sesión retornó a temas más habituales. Un Santiago Abascal crecido por las cesiones a Vox del president valenciano, Carlos Mazón, desarrolló ante el presidente lo más granado de su discurso contra la inmigración. A propósito del acuerdo sobre la acogida de menores inmigrantes, el líder ultra auguró con su habitual fanfarria apocalíptica: “Son 4.400, pero pronto serán 400.000″. Sánchez le replicó que la “verdadera amenaza” no es la inmigración, sino “la internacional ultraderechista que trabaja para socavar Europa desde dentro”.

El pacto valenciano estuvo muy presente en los discursos de varios ministros para retrucar a las acometidas opositoras. El de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, echó mano del lenguaje financiero y lo interpretó como “una fusión por absorción” de Vox sobre el PP. Tras una larga temporada fuera de su diana, los populares han encontrado un estilete contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la fogosa y desenvuelta Ester Muñoz. Como hace una semana, el enfrentamiento entre ambas acabó en alboroto. Los populares suelen sembrar los debates de las acusaciones más gruesas. Además de la ya mentada “confederación de puteros”, este miércoles pudo escucharse a Cayetana Álvarez de Toledo atribuir a Bolaños un “modo aprendido de los delincuentes” o a la propia Muñoz llamar “cobarde” a Díaz. Pero en cuanto esta última mentó los ancianos fallecidos durante la pandemia en las residencias madrileñas, la bancada del PP se soliviantó, estalló en protestas y provocó una interrupción. La vicepresidenta acabó hablando también de Valencia y arrojando una premonición a Feijóo: “O deja caer a Mazón o el que va a caer va a ser usted”.

Fuera del gran duelo entre las derechas y el Gobierno, la sesión deparó un momento estelar a propósito de otro combate con menos foco: el que enfrenta a los independentistas catalanes. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, preguntaba a Sánchez por el rosario de incidentes que afligen a diario a los usuarios de Rodalies en Cataluña, cuando dirigió la diana contra Junts. Señalando con la mano extendida a la portavoz de este grupo, Míriam Nogueras, le espetó: “Imaginen la impunidad mediática y digital que tiene esta gente para machacarnos a nosotros por el traspaso de Rodalies mientras colocan a sus amigos en el consejo de administración de Renfe”. Como remate, Rufián se burló del chusco episodio protagonizado la víspera por Nogueras, quien llevó a los periodistas de peregrinaje por varias salas del Congreso durante casi media hora en busca de un sitio donde pudiese hablar sin una bandera de España delante.

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Esas discrepancias quedarán plasmadas en el Diario de Sesiones el próximo jueves al final del pleno, cuando se voten las dos iniciativas debatidas este martes. Sumar se posicionará claramente en contra del plan de rearme lanzado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al igual que la mayoría de las formaciones de izquierda. El PSOE votará muy probablemente junto a sus aliados por la derecha —Junts y PNV— y también coincidirá con PP y Vox. Pero el debate dejó la sensación de que, por muy grandes que sean las diferencias, la base parlamentaria que sustenta al Gobierno no parece que vaya a resquebrajarse por este motivo. Ni siquiera Podemos, que en los últimos días ha llegado a calificar a Pedro Sánchez de “señor de la guerra”, entró esta vez a la estocada directa contra el Ejecutivo.

El debate venía suscitado por dos iniciativas, ambas meras declaraciones sin ningún efecto más allá del pronunciamiento político: una proposición no de ley del PP centrada en el apoyo a Ucrania y al refuerzo armamentístico de la OTAN, y otra del BNG, contundente en su rechazo tanto al plan de Von der Leyen como a “cualquier aumento” del gasto militar y en abogar por la disolución de la Alianza Atlántica. Sumar, como había anunciado, presentó enmiendas, aunque apenas con matices al texto defendido por el diputado gallego Néstor Rego. La mayor modificación propuesta es sustituir la referencia a la salida de la Alianza por una más genérica adhesión a un modelo de seguridad europeo “autónomo” y “desvinculado de la OTAN”. El texto final no se conocerá hasta el jueves.

El debate lo abrió el popular Borja Sémper, en defensa de su proposición no de ley, con el propósito claro de subrayar las discrepancias entre los habituales apoyos parlamentarios de Sánchez, a quien recriminó que pretenda aprobar las nuevas partidas para armamento “a espaldas de este Congreso”. Sémper proclamó que respaldar al Gobierno ucranio “no es una opción, es un deber moral”. Y eso le dio pie a atacar a Vox —un día después de haber defendido personalmente el pacto con ese partido del presidente valenciano, Carlos Mazón— por su apoyo a Donald Trump pese al acercamiento de este a Rusia.

Sobre Ucrania, nadie discrepó abiertamente del PP, aunque Vox, por medio del general retirado Alberto Asarta, insistió en alinearse con las iniciativas de Trump. Junts, PNV y UPN también se adhirieron a las ideas generales expuestas por los populares, incluido su compromiso atlantista, aunque por los independentistas catalanes, en plena fase de distensión con el PSOE, su diputado Isidre Gavin introdujo una relevante salvedad: se opuso al punto donde los populares encarecían al Gobierno a llevar al Congreso todas sus iniciativas sobre la materia. “Eso es imposible”, sentenció Gavin.

La socialista Obdulia Taboadela, sin rebatir el fondo de las posiciones del PP, entró al choque. Se remontó a la guerra de Irak para reprochar que José María Aznar implicase a España en la contienda obviando al Parlamento. Y conminó a los actuales dirigentes del partido a elegir “entre la democracia y la ultraderecha”.

Lo que no se produjo fue ningún encontronazo con las fuerzas a la izquierda del PSOE, pese a que las diferencias con estas eran más evidentes. Francesc-Marc Álvaro, de ERC; Jon Iñarritu, de EH Bildu, y Javier Sánchez Serna, de Podemos, habían cargado todas sus críticas en las posiciones atlantistas del PP, sin aludir al PSOE. Quien sí se dirigió a los “compañeros y compañeras socialistas” fue Agustín Santos, de Sumar, para pedirles que no caigan en la tentación de pactar con el PP y “lavarle la cara” a los pactos de este partido con Vox.

Entre la izquierda soberanista descolló el ímpetu de Rego en defensa de la moción del BNG. Llegó a tildar de “patética” a la UE por querer “aparentar cierto grado de autonomía” respecto a Estados Unidos. Pero rehuyó los ataques al Gobierno. La socialista Esther Peña tampoco entró a discutir con él y de nuevo se volvió contra el PP para asegurar que Alberto Núñez Feijóo “es el único líder del mundo que no se acaba de enterar de que el gran peligro para Europa son los ultras”. Lo más sorprendente lo dejó el diputado de Vox José María Sánchez, que por momentos sonó casi como un pacifista — “la guerra es una aventura sin retorno”, dijo— y acabó exhortando a los populares: “No se dejen seducir por esa señora con el pelo lleno de laca [Von der Leyen]”.

El acercamiento entre el PSOE y Junts, plasmado este mismo martes en el acuerdo para el reparto de menores inmigrantes, dejó otra muestra en el pleno. Los socialistas votaron a favor de tomar en consideración una proposición de ley de Junts que pretende facilitar el desalojo de los ocupantes ilegales de viviendas. El PSOE se alineó así con toda la derecha, frente al rechazo del resto de la izquierda. Está por ver cuál es el futuro de la iniciativa, porque para abrir el proceso de elaboración de la ley se necesita que así lo permita la mayoría de la Mesa del Congreso, integrada por PSOE y Sumar.

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Ninguna de las dos iniciativas, una proposición no de ley del PP y una moción del BNG, tendrá ningún efecto práctico, porque equivalen a una mera declaración del Congreso. Pero, en el caso de Sumar, han obligado a mantener contactos entre todas las formaciones que lo integran para evitar disonancias en las votaciones.

La iniciativa del BNG es la más clara y recoge con contundencia las tradicionales posiciones de la izquierda antiatlantista. Los seis puntos de la moción que defenderá ante el pleno el diputado Néstor Rego rechazan expresamente el plan de rearme de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dotado con 800.000 millones de euros, así como “cualquier incremento del gasto militar” y reclama la salida de España de la OTAN. Fuentes de Sumar anticiparon que presentarán alguna enmienda para matizar el texto, si es posible pactándolo con Rego, pero que votarán a favor de su contenido sustancial, incluido el rechazo al incremento de los presupuestos de defensa.

Los distintos grupos de Sumar no coinciden totalmente en su diagnóstico sobre la nueva situación geopolítica, desde el rechazo inequívoco a la OTAN y al rearme por parte de IU hasta las posiciones más matizadas del grupo de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pero sus principales dirigentes han mantenido conversaciones en los últimos días y su grupo parlamentario se reunió este lunes para cerrar una posición unitaria.

El diputado de los comunes catalanes Gerardo Pisarello anticipó, a la entrada de un acto en el Congreso y antes de la reunión del grupo, que más allá de las enmiendas que se presenten “en el fondo” comparten la declaración promovida por el BNG. Pisarello abogó por una Europa que construya “un modelo de seguridad propio, autónomo y desvinculado de la OTAN”. Pero rechazó el “belicismo que se está imponiendo” y subrayó que los países de la UE ya dedican más recursos a armamento que Rusia y China.

Antes de la moción del BNG, se debatirá la propuesta del PP, cuyo contenido revela la clara intención de provocar diferencias entre la base parlamentaria del Gobierno. Los populares, además de expresar su apoyo a Ucrania, hablan de “defender el vínculo trasatlántico” con Estados Unidos y abogan por “cumplir con los compromisos adquiridos por España con la Alianza Atlántica relativos a la inversión en defensa a la mayor brevedad posible”. Los socialistas aún no se han pronunciado sobre esta iniciativa, mientras Sumar adelantó su voto negativo.

El PSOE tampoco ha anunciado su postura, hasta que se reúna el grupo parlamentario la mañana de este martes, sobre otra propuesta susceptible de colocar al Gobierno en una situación incómoda. En este caso se trata de una proposición de ley de Junts para facilitar el desalojo exprés de los que ocupen viviendas ilegalmente. La iniciativa coincide con muchas de las posiciones expresadas por las derechas de ámbito nacional: amplía las potestades de los jueces para ordenar un desalojo en 48 horas y refuerza la intervención de los servicios sociales para acreditar si son reales las situaciones de vulnerabilidad que puedan alegar los ocupantes.

Como ya ha ocurrido con la política fiscal y otros aspectos de la de vivienda, el texto es susceptible de unir a los aliados del PSOE por la derecha —Junts y PNV— con PP y Vox, lo que garantizaría su toma en consideración frente al criterio de la izquierda. Aun en ese caso, la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa les permitiría bloquear indefinidamente la elaboración de la ley.

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El mes pasado, el Gobierno ya envió un proyecto de ley al Congreso para regular ese tipo de actividades en la Administración y poner fin al vacío legal que existe en España sobre este asunto. Y ahora va a dar el paso la propia Cámara, donde es continuo el flujo de visitantes que acuden a entrevistarse con los diputados a fin de influir en la legislación o en otro tipo de decisiones que afectan a las entidades que representan.

La primera medida será crear un registro donde obligatoriamente se tengan que inscribir todas las entidades o personas interesadas en desarrollar este tipo de actividades. Esa inscripción será requisito indispensable para poder acceder al Congreso a entrevistarse con los diputados. El registro lo crearía directamente la Mesa, donde están representados PSOE, PP y Sumar, por lo que, según fuentes parlamentarias, sería una de las medidas previstas en el plan que se podría poner en práctica con mayor celeridad. En España ya existen registros autonómicos similares en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, además de uno municipal en el Ayuntamiento madrileño. Partiendo de los datos de estas comunidades, el Gobierno calculó que para el caso de la Administración central deberían apuntarse como grupos de presión unas 28.000 entidades o personas individuales.

Más complicada puede resultar la aplicación de otras propuestas que requerirían de una reforma del Reglamento y, por tanto, de un acuerdo entre grupos políticos. Entre ellas figura una que resulta indispensable para un completo control de las relaciones con los grupos de presión: las sanciones a aquellos diputados que no hagan públicas sus agendas de trabajo. El código de conducta de los parlamentarios ya estipula como una obligación divulgar las actividades y contactos con ese tipo de entidades. Pero solo uno de cada siete diputados lo cumple, como ha subrayado por cuarto año consecutivo la Oficina de Conflicto de Intereses del Congreso, y no se dispone de ningún mecanismo legal para forzarlos a respetar el código. Para imponer sanciones por esos incumplimientos se necesita reformar el Reglamento, que tiene rango de ley y un trámite de elaboración similar.

Lo mismo ocurre con otro de los objetivos enunciados en el plan, también imprescindible para que la ciudadanía pueda conocer en detalle la actuación de los grupos de interés: la elaboración de la llamada “huella legislativa”, la trayectoria que ha seguido la elaboración de una ley haciendo constar los contactos mantenidos por cada grupo con los sectores sociales afectados por ella. “Esto evita la percepción de unas posibles prácticas opacas, refuerza la confianza ciudadana y permite que cualquier partido político evidencie que defiende procesos transparentes de cara al público”, afirma uno de los documentos que este martes estudiará la Mesa.

El plan ha sido elaborado a partir de cientos de aportaciones presentadas en los últimos meses por entidades sociales y los propios grupos políticos. La Cámara se compromete a mejorar su transparencia con la divulgación de cuestiones que hasta ahora no se publicaban de oficio como las enmiendas transaccionales —las pactadas entre varias formaciones— o los votos individuales en cada comisión. El Congreso creará una sede electrónica para que los ciudadanos puedan canalizar peticiones a través de ella y mejorará su página web a fin de hacerla más accesible al público. Para esto último, la secretaría general, que dirige el cuerpo de letrados de la Cámara, elaborará una guía con el objetivo de explicar el procedimiento legislativo “en un lenguaje claro”.

El Congreso trata de aplicar de este modo las recomendaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto, una organización internacional creada por 77 países, que celebrará su cumbre mundial el próximo octubre en Vitoria.

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Y a pesar de todo, la comparecencia de Bolaños deparó algunas coincidencias insospechadas. Por ejemplo, Mikel Legarda, del PNV, y Javier Ortega Smith, de Vox, concordaron en repudiar los acuerdos entre PSOE y PP para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Más aún: Pagès y Pilar Vallugera, de ERC, en sendas intervenciones muy duras con el ministro, se declararon expresamente de acuerdo con algunas otras apreciaciones del propio Ortega Smith. En el caso del diputado de Junts se manfestó coincidente con el de Vox al atribuir un sesgo político a la Fiscalía, aunque con una inclinación opuesta a la que le había achacado este último.

Se constató una coincidencia más y de mayor trascendencia, porque parece anunciar dificultades para una de las reformas impulsadas por los socialistas: la que pretende restringir la acusación popular, a la vista de las actuaciones impulsadas por grupos ultraderechistas como Manos Limpias, Abogados Cristianos o Hazte Oír. No solo los dos grupos de la derecha reiteraron su oposición a un cambio legislativo que ambos atribuyen a un intento de frenar investigaciones como la de la esposa del presidente del Gobierno. También el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, mostró enormes reticencias, aunque por motivos diferentes.

“No se puede legislar a golpe de titular o de campanadas de Fin de Año”, reprochó el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, vinculando la iniciativa de los socialistas con la querella contra la humorista Lalachús por mostrar una imagen que parodiaba una estampa religiosa en el programa de Nochevieja de TVE. “La investigación sobre los casos de corrupción del PP no podría haberse llevado a cabo sin la acusación popular”, alertó Santiago, quien defendió que ese tipo de acciones han contribuido a alcanzar “las más altas cotas de la justicia española”.

Pagès, sin especificar la postura definitiva de su grupo sobre la cuestión, puso en evidencia la contradicción de los socialistas, que, a la vez que abogan por impedir que los partidos ejerzan la acusación popular, se han personado en la causa abierta por la dana de Valencia. “Mientras esté contemplado en la ley, ejercemos nuestro derecho”, justificó Bolaños, quien apeló a las doctrinas del Tribunal Supremo y del Constitucional que aconsejan prohibir esas actuaciones de los partidos ante la justicia. El ministro reiteró que su propósito es frenar lo que definió como una “feria de ultras” que utilizan ese mecanismo para “perseguir y hostigar a personas progresistas: humoristas, periodistas, funcionarios, familiares…”.

Bolaños tuvo que afrontar una pregunta directa, primero formulada por los periodistas a la entrada de la comisión y luego por el portavoz de Junts: ¿debería dimitir el fiscal general del Estado si se abre juicio contra él? En ambos casos el ministro evitó anticipar nada, aunque defendió a Álvaro García Ortiz como un “servidor público honesto, íntegro y ejemplar”, que “se dedica a perseguir el delito” y que “dijo la verdad” cuando desmintió el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, sobre los tratos entre el novio de esta y la Fiscalía para eludir la cárcel por sus reconocidos delitos a Hacienda. Sobre ese aspecto, Enrique Santiago atizó al Tribunal Supremo por abrir un procedimiento contra el fiscal general que “ha traspasado todo lo aceptable”, con el objetivo de “intimidar y llenar de porquería a la institución” y “ocultar los trapicheos” de la pareja de la presidenta madrileña.

Ante la insistencia del PP, y sobre todo de Vox, en el discurso —“grotesco”, en palabras del ministro— de que el Gobierno está acabando con la democracia, Bolaños inquirió a la diputada Moro: “¿Usted cree de verdad que estamos en un Estado autocrático?”. “De momento, no”, admitió ella, aunque a continuación puntualizó que algunas leyes del Gobierno llevan ese camino. Bolaños remató con una ironía: “¡Qué tiempos aquellos cuando éramos jóvenes y discutíamos de la amnistía!”. Transcurridos los meses, la derecha pasa ahora de puntillas por el asunto que tanto escándalo suscitó.

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El Congreso acordó este jueves crear una comisión para investigar la gestión de la dana tras un debate que acabó en medio de la algarabía. Los populares desplegaron la coreografía habitual para escenificar el cierre de filas ante un asunto espinoso: aplausos constantes interrumpiendo a su compañera mientras esta desgranaba los argumentos contrarios a la comisión indagatoria y ovación de gala final, con prácticamente toda la bancada puesta en pie. Los diputados de Sumar replicaron con gritos de “¡Mazón, dimisión!”, mientras golpeaban sus pupitres, protesta a la que se unieron algunos socialistas y de ERC.

Justo en ese momento, en medio del jaleo, entró al hemiciclo Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, que llegaba para votar tras haber comparecido ante la prensa a fin de comentar su encuentro con Pedro Sánchez en La Moncloa. Feijóo va a ser ahora uno de los objetivos de los socialistas en la comisión, cuyos trabajos no se iniciarán probablemente hasta después de Semana Santa. La líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, anunció ante los medios, concluido el debate, que su grupo reclamará el testimonio de Feijóo en la comisión para que explique cómo Mazón lo mantuvo informado “en tiempo real” sobre la evolución del desastre. Morant subrayó que, aunque el líder del PP dijo eso a los pocos días de la trágica dana, no aparece entre los destinatarios de las llamadas del presidente de la Generalitat que este mismo ha divulgado.

La iniciativa de la comisión partió de Sumar, los dos grupos independentistas catalanes y Podemos, a la que se unieron todas las demás fuerzas que habitualmente apoyan al Gobierno: PSOE, EH Bildu, PNV, CC y BNG. En contra se situaron PP y Vox, que, además de cargar contra la actuación del Gobierno, alegaron que ya están en marcha otras comisiones en las Cortes valencianas y en el Senado, cámaras con mayoría de la derecha. UPN, que suele votar con el bloque conservador, se abstuvo esta vez.

“Hablo con la rabia y la vergüenza que me acompañan desde el 29 de octubre [día de las riadas]”, proclamó al presentar la propuesta Àgueda Micó, diputada de Compromís, integrada en Sumar. Micó vapuleó minuciosamente a Mazón, no solo por su ausencia en las horas centrales del desastre, sino por no haber pedido aún disculpas a las víctimas y por aprovechar los trabajos de la reconstrucción para adjudicar contratos a “empresas de amiguetes”. La dirigente de la formación nacionalista valenciana se dirigió a la bancada popular, con mención expresa a Feijóo: “Mazón carga con 228 muertes, pero ustedes son cómplices de esa actuación criminal”.

Micó también tuvo sus críticas para al PSOE por rehuir una moción de censura en las Cortes Valencianas. Según ella, esa iniciativa serviría, entre otras cosas, para poner en evidencia que es la “derechita cobarde” de Vox la que sostiene a Mazón. Micó echó en cara a los socialistas que propongan como única vía que el presidente autonómico “convoque elecciones contra él mismo”. Morant, que, al no ser diputada autonómica, no podría encabezar esa moción, insistió en reclamar nuevos comicios ante al “clamor atronador” de las calles valencianas. Y defendió que, dado el respaldo de Vox a Mazón, presentar una iniciativa condenada al fracaso solo contribuiría a “generar más frustración”.

Teresa Jordà, de ERC; Isidre Gavin, de Junts, y Javier Sánchez Serna, de Podemos, también clamaron por la marcha del presidente autonómico y apelaron a los autos “demoledores”, en definición de la republicana, de la juez de Catarroja que investiga la catástrofe. Mikel Otero, nuevo diputado de EH Bildu que se estrenaba en la tribuna, abundó en las cuestiones ambientales y conminó a la derecha a “tomarse en serio la emergencia climática”.

La posición de Vox la expuso el siempre enérgico y profuso en adjetivos Ignacio Gil-Lázaro, el diputado más veterano de la Cámara, que comenzó calificando la reacción de la Generalitat ante la emergencia de “tardía, errónea, ineficaz e insuficiente” para de inmediato centrarse en Sánchez. A este lo acusó de “inacción criminal” recurriendo como argumento de autoridad a unas recientes palabras del presidente de Mercadona, Juan Roig, quien denunció que los valencianos se habían sentido “desamparados”. Conclusión: “Mazón tiene que irse inmediatamente, pero al día siguiente de que se vaya Sánchez”.

La semana parlamentaria concluyó con buenas noticias para el Gobierno, necesitado de revitalizar su agenda legislativa tras el parón navideño y el tira y afloja sobre la cuestión de confianza de Junts. El Ejecutivo logró despejar el camino para la tramitación de la ley de Economía Social, promovida por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz —en este caso con la abstención del PP—, y una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, obra del departamento de Justicia de Félix Bolaños, para, entre otras cosas, ceder a los jueces la potestad de determinar la edad de los inmigrantes que se declaran menores. El PP ganó otra pequeña batalla al conseguir que se aprobase, gracias a la abstención de Junts, una moción contra el “infierno fiscal” propiciado por el Gobierno.

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En una sesión de control de nuevo sin Pedro Sánchez —sexta ausencia del presidente en el último medio año, esta vez por un viaje a Finlandia—, la oposición disponía de un jugoso argumento para incomodar al Gobierno: las diferencias del PSOE y sus socios por la izquierda sobre el aumento del gasto militar. Por ahí pareció que iba a ir el PP con la primera intervención de su secretaria general, Cuca Gamarra, ante la vicepresidenta María Jesús Montero, que otra vez tuvo que multiplicarse para responder hasta a media docena de preguntas. Pero la alusión de Gamarra a la “gresca diaria” dentro del Gobierno no fue a más. El objetivo del PP se centró en enlodar a los socialistas con dos cuestiones presentadas con tintes de la mayor truculencia: el independentismo y la prostitución.

Los populares encargaron estratégicamente a mujeres esta última tarea. La diputada Mirian Guardiola descorrió el telón aludiendo al pasado de Montero como consejera andaluza para denunciar que llegó desde un Gobierno que “se gastaba el dinero de los parados en cocaína y prostitución” a otro que “paga las prostitutas a los ministros con el dinero de todos”. Ya lanzada, Guardiola se permitió aventurar que el “próximo en caer”, tras Ábalos, será el secretario de organización socialista, Santos Cerdán. Con cierta perplejidad, Montero le preguntó si es que dispone de “información confidencial” de los juzgados para sostener tales afirmaciones. Ante los sucesivos arreones de sus varios contrincantes, la vicepresidenta recurrió al socorrido histórico de escándalos del PP y concluyó: “Como no tienen ninguna propuesta, se dedican a difamar”.

El asunto de la prostitución fue aflorando aquí y allá, más bien de pasada, como en la pregunta de la portavoz de Vox, Pepa Millán, al ministro Félix Bolaños. Hasta que volvió con toda intensidad cuando la popular Patricia Rodríguez responsabilizó al titular de Transportes, Óscar Puente, de las actuaciones de su antecesor Ábalos. Rodríguez pretendió darle un toque de humor y, muy sonriente, planteó al ministro un test con varias opciones sobre cuáles serían los requisitos para contratar a una persona en una empresa pública. El punto c rezaba así: “Ser mujer y tener las medidas físicas al gusto de un buen consumidor de prostitutas socialista”. Puente se revolvió: “No generalicen. ¿Qué dirían ustedes si yo les acusara a todos de ser amigos de un narcotraficante porque lo fue su líder?”. La bancada del PP, muy ruidosa durante toda la mañana —la presidenta, Francina Armengol, llegó a amenazar con enviarles un vídeo para que se vean a sí mismos—, calló.

Minutos antes se había vivido el gran alboroto de la mañana. La popular Ester Muñoz registró una pregunta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre el acoso sexual en las empresas. Al momento se vio que lo que en verdad pretendía Muñoz era desempolvar el caso de Íñigo Errejón para sostener que Díaz encubrió la conducta sexual del exportavoz de Sumar. La vicepresidenta contraatacó acusando a Alberto Núñez Feijóo de “justificar la violencia machista” por haber enmarcado la condena por ese delito al exlíder de Vox en Valencia en un “divorcio duro”. Los populares no le dejaron ni acabar la frase. Se organizó una enorme algarabía, y el diputado de Sumar Txema Guijarro hizo una peineta por debajo del escaño. La bancada del PP lo vio y se desató un intercambio de gritos. Varios diputados populares denunciaron que Guijarro les voceó “me cago en tu puta madre”. Este y sus compañeros lo desmintieron enérgicamente y aseguraron que su frase había sido en realidad “¡que te calles!”, en tono imperativo.

La otra cuestión candente fue el acuerdo con Junts sobre la gestión autonómica de la inmigración. Ahí los populares agitaron la acusación de que a partir de ahora los catalanes nacidos en otros lugares de España “serán considerados extranjeros”. “Eso no tiene ningún tipo de fundamento”, replicó una airada Montero. El portavoz popular, Miguel Tellado, buscó noquear al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Le leyó unas palabras textuales suyas en el Congreso hace medio año en las que aseguraba que jamás se traspasaría a Cataluña el control de las fronteras y de los flujos de inmigración. Marlaska se defendió con el argumento de que la futura participación de los Mossos d’Esquadra en estas misiones no supone que la Administración central renuncie a ellas. Tellado remató con una de sus estrepitosas sentencias: “Los independentistas han conseguido más con ustedes que con la declaración unilateral de independencia”.

En los minutos finales parecía que por fin la turbulenta situación mundial iba a tener su hueco. Pero la pregunta de Cayetana Álvarez de Toledo al ministro de Exteriores escondía una lectura interna: “¿Cómo se puede defender la soberanía de Ucrania mientras se socava la de España?”. José Manuel Albares le respondió que el Gobierno “defiende la libertad y la democracia en España y en todos los lugares del mundo”.

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La peculiar iniciativa del PP debatida este martes en el pleno de la Cámara consistía en una especie de rechazo preventivo: una proposición no de ley —PNL, es decir, una mera declaración— para oponerse a una proposición de ley —la pactada entre PSOE y Junts— que apenas unas horas antes había sido admitida a trámite por la Mesa y para cuyo debate ni siquiera hay fecha fijada. El golpe que el PP pretendía asestar al Gobierno requería al menos del concurso de los cuatro diputados de Podemos, que ya han anunciado que se opondrán a la cesión de las competencias a Cataluña. Pero su diputado Javier Sánchez Serna matizó muy pronto esa posición. Aclaró que no están a favor “ni de la centralización ni de la descentralización de competencias”. Lo que deplora Podemos es lo que definió como una “carrera para ver quién es más racista” entre las derechas española y catalana y a la que, sostuvo, “se ha sumado el PSOE” por su acuerdo con Junts. Hechas estas precisiones, Sánchez Serna anunció que no darían satisfacción al PP y rechazarán la PNL cuando se vote este miércoles.

En Sumar también han surgido voces muy críticas contra el acuerdo, no tanto por su contenido como por el preámbulo de la propuesta, que, según dirigentes de IU o de Compromís, compra ideas del “marco de la derecha” sobre inmigración. Pero esos grupos ya habían dejado claro que no se oponen a delegar las competencias en las comunidades autónomas “siempre que se respeten los derechos humanos”, como reiteró Enrique Santiago, portavoz de Sumar en el debate.

El PP le confirió relevancia al debate poniendo en liza a su portavoz, Miguel Tellado. Más comedido de lo habitual, Tellado basó su discurso en asegurar que el Estado perderá el control de las fronteras —lo que no consta en el acuerdo— y en denunciar que se está facilitando “un impulso al sueño independentista con la colaboración del PSOE” con una medida que tachó de inconstitucional. En las réplicas le dieron por todas partes. Los firmantes del pacto —primero Josep Maria Cervera, de Junts, y luego el socialista José Zaragoza— le recordaron que José María Aznar utilizó en 1997 la misma fórmula de delegación de competencias del Estado para que Cataluña asumiese el control del tráfico en su territorio. Y desde el flanco derecho, Rocío de Meer, de Vox, dedicó todo su discurso, tan incendiario como suele, para atacar al PP, al que consideró cómplice de que barrios españoles se hayan convertido en eso que ella acostumbra a definir como “estercoleros multiculturales”.

Los populares ya habían intentado previamente que la proposición de ley de PSOE y Junts ni siquiera se pueda debatir en el Congreso. Para eso protagonizaron una tensa discusión en la reunión semanal de la Mesa, el órgano institucional que regula el funcionamiento de la Cámara. Socialistas y Sumar hicieron valer su mayoría en este órgano para admitir a trámite la propuesta con el voto en contra del PP, algo muy inusual en esa fase de los procesos parlamentarios. La iniciativa aún no tiene siquiera fecha para llegar al pleno y podría demorarse un par de meses.

Frente al argumento de la inconstitucionalidad invocado por el PP, la mayoría de la Mesa esgrime hasta 40 precedentes de delegaciones de competencias parecidas en otras legislatura. Los miembros del PSOE y de Sumar razonaron además que el órgano de gobierno de la Cámara no puede actuar como un filtro previo sobre la constitucionalidad de las propuestas “por mucho que la derecha y el PP quiera usarla así”, según fuentes al tanto de la discusión. La Mesa “no puede ni debe convertirse en un Tribunal Constitucional bis”, comentaron las mismas fuentes.

Uno de los antecedentes manejados por la Mesa se remonta a la admisión durante la primera legislatura de Aznar —cuando el PP necesitaba el apoyo de CiU— de la ley que cedió las competencias de tráfico a Cataluña, resultado de un acuerdo entre el Ministerio del Interior, que entonces dirigía Jaime Mayor Oreja, y la Generalitat. Fue admitida a trámite y aprobada a pesar de que esas competencias figuran entre las exclusivas del Estado en el artículo 149 de la Constitución. En la siguiente legislatura, con mayoría absoluta de Aznar, la Mesa consintió el debate de otra proposición de ley que delegaba en la Generalitat las competencias para autorizar la convocatoria de referéndums, una materia que, según la Constitución, solo puede proponer el presidente del Gobierno y aprobar el Congreso. La iniciativa fue finalmente rechazada.

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Nunca un presidente había frecuentado tanto el Senado como Sánchez en la pasada legislatura. En aquella Cámara había buscado su único hueco posible en las Cortes Alberto Núñez Feijóo, como senador por designación del Parlamento gallego, tras haberse aupado a líder del PP sin disponer de escaño en el Congreso. Entonces Sánchez buscaba con ahínco el cuerpo a cuerpo con su nuevo contrincante principal. No solo cumplía la costumbre de acudir cada mes a una sesión de control, sino que se prestó a varias comparecencias largas que aprovechó para castigar dialécticamente a quien le iba a disputar el puesto en las siguientes elecciones.

En esta legislatura no ha vuelo a haber rastro de Sánchez en el Senado desde el 12 de marzo de 2024. Aquella tarde, el jefe del Ejecutivo se enfrentó a otra ofensiva del PP con los casos de presunta corrupción como argumento troncal. A las preguntas que ya venían siendo habituales sobre las actividades privadas de su esposa, los populares sumaron el caso Koldo, que acababa de estallar.

El Senado se ha convertido desde las elecciones de julio de 2023 en un refugio para el PP, que hace y deshace a su antojo gracias a la mayoría absoluta. Sánchez, que antes tenía a un socialista, Ander Gil, al frente de la Cámara, sabe que ahora juega allí en terreno contrario. Y enfrente ya no está Feijóo, sino la portavoz popular, Alicia García, que trata de suplir su escasa relevancia política con discursos muy agresivos. Ante ese panorama, el presidente ha dado la espalda a la Cámara. En La Moncloa apelan a problemas de agenda y recuerdan que su jefe no tiene obligación legal de comparecer. Esas sesiones de control al Ejecutivo en el Senado fueron instauradas durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, en un intento de dar un poco de protagonismo a un Senado cuya utilidad siempre ha estado en entredicho.

Para el PP se trata de otra “muestra de la anomalía democrática a la que nos ha conducido Sánchez”, a quien atribuye la pretensión de disponer de “máximos poderes con mínimos controles”. El partido de Feijóo acaba de poner sobre la mesa una propuesta de reforma del Reglamento que, entre otras cosas, busca doblegar la resistencia del líder socialista. Los populares pretenden introducir un artículo para obligar al presidente a responder preguntas una vez al mes “salvo que motivos justificados, notificados a la Cámara, se lo impidan”. En su reforma, el PP también persigue acabar con el privilegio de los miembros del Gobierno de disponer de tiempo ilimitado para las réplicas en las comparecencias largas sobre temas monográficos. Los populares la podrían sacar adelante con su mayoría absoluta, aunque normalmente los asuntos que afectan al diseño de las reglas del juego político se han aprobado con amplios consensos, al menos entre los dos grandes partidos.

Tampoco en el Congreso existe obligación legal para el presidente de someterse a la sesión de control, más allá de la genérica doctrina constitucional que establece, en el artículo 111: “El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras”. Pero la costumbre se ha instaurado desde hace años, y los jefes del Ejecutivo y de la oposición se baten normalmente tres miércoles al mes (hay pleno la segunda, la tercera y la cuarta semana). Aquí Sánchez no se ha escabullido, aunque últimamente sus presencias están siendo más esporádicas, en este caso siempre justificadas por viajes internacionales.

En los seis meses transcurridos desde septiembre, contando la ausencia confirmada de este miércoles, el presidente habrá faltado a casi la mitad de las sesiones de control (7 de un total de 16). En los meses iniciales de la legislatura, Sánchez solo había evitado el cara a cara parlamentario en una ocasión, desde la primera sesión celebrada el 13 de diciembre de 2023. En estos 15 últimos meses, el presidente puede esgrimir en su favor otras seis comparecencias largas sobre temas monográficos, a la que en unos días se le sumará otra más sobre el nuevo panorama internacional y la guerra de Ucrania.

Fuentes de La Moncloa subrayan que “desde el comienzo de la democracia los presidentes se han sometido a control en el Congreso, que es la Cámara que les otorga o retira su confianza”. Esas fuentes recuerdan que José María Aznar nunca se sometió a preguntas en la Cámara alta y tampoco Mariano Rajoy lo hizo periódicamente. Sánchez, en cambio, “es el presidente que más ha comparecido y respondido preguntas”. En esta legislatura contabiliza 69 respuestas a preguntas orales y en la anterior 109, además de 27 comparecencias, según los datos de La Moncloa. El Ejecutivo resalta que cualquier reforma del reglamento “debe respetar la Constitución, que dice que el Gobierno responde solidariamente de su gestión política”, es decir, que cualquier ministro puede dar explicaciones en su nombre. En La Moncloa instan al PP a que “deje de degradar las instituciones promoviendo reformas de dudosa constitucionalidad”.

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Vox, que al igual que el PP considera que la norma de socialistas y neoconvergentes es inconstitucional, anunció el jueves que había registrado en el Congreso un escrito para que la Mesa ni siquiera la admitiese a trámite, al ser las migratorias —según en el partido de Santiago Abascal— competencias indelegables. Pero, según las fuentes consultadas, la norma sí será admitida y pasará el primer filtro del Congreso. Los antecedentes de admisiones a trámite de normas similares “son tan claros” que “probablemente no será necesario ni un informe jurídico”, señalan dichas fuentes, que toman como base la explícita posibilidad de transferir o delegar competencias a las comunidades mediante ley orgánica recogida en el artículo 150.2 de la Constitución.

La mayoría de la Mesa maneja abundantes casos para sostener la decisión de dar curso a la norma. Esto no implica su aprobación, que dependerá de la posición final los grupos, sino solo que será estudiada y debatida en el pleno. El argumento fundamental es que “nunca” se ha rechazado tramitar “ninguna proposición de ley por vulnerar supuestamente el reparto de competencias establecido en la Constitución”, indican las fuentes. Por contra, añaden, “hay numerosos precedentes” en sentido contrario.

Uno de los ejemplos se remonta a la admisión, durante la primera legislatura de José María Aznar —entre 1996 y 2000, con mayoría simple del PP, que se apoyaba en CiU—, de una ley que transfería, no solo delegaba, competencias de tráfico y circulación de vehículos a motor a Cataluña, resultado de un acuerdo entre el Ministerio del Interior, que entonces lideraba Jaime Mayor Oreja, y la Generalitat. No solo fue admitida a trámite, sino aprobada. Y ello a pesar de que estas competencias figuran entre las exclusivas del Estado en el artículo 149 de la Constitución.

En la siguiente legislatura, con mayoría absoluta de Aznar, la Mesa admitió una proposición de ley de transferencia a la Generalitat de las competencias para autorizar la convocatoria de referéndums, una materia que la Constitución reserva al Rey, a propuesta del presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso, recalcan las fuentes de la Cámara baja. “Este precedente es de suma importancia porque una Mesa con mayoría absoluta del PP admitió a trámite una proposición de ley del Parlament que entregaba a Cataluña la competencia para autorizar referéndums. Difícilmente se puede encontrar una materia que afecte más de lleno a la soberanía del Estado”, señalan. La norma fue finalmente rechazada. Pero llegó a tramitarse.

También durante la mayoría absoluta de Aznar, la Mesa admitió una ley para transferir a Cataluña los servicios meteorológicos, otra competencia exclusiva del Estado. De nuevo, no se trataba de una “delegación”, como ahora con la inmigración, sino de una “transferencia”. Otra vez, la iniciativa fue rechazada más adelante.

Organización de un referéndum

Otra iniciativa admitida durante la mayoría absoluta de Aznar fue la de transferencia de competencias estatales sobre aeropuertos y tráfico aéreo a Galicia, posteriormente tumbada en votación. Aquella norma impulsada por el BNG afectaba a un asunto, las fronteras aeroportuarias, relacionado con la “soberanía del Estado”, y no por ello se rechazó su admisión, subrayan las fuentes de la Cámara baja, que ponen énfasis en los antecedentes durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

En 2014, la Mesa admitió dos proposiciones de ley para delegar a la Generalitat la autorización, convocatoria y celebración de un “referéndum sobre el futuro político de Cataluña”, una del Parlament y otro de grupos nacionalistas y de izquierdas. “En los albores del procés, cuando se hablaba ya abiertamente de celebrar una consulta sobre la independencia de Cataluña, la Mesa admitía a trámite iniciativas de ley que delegaban en la Generalitat la posibilidad de celebrar referéndums”, recalcan estas fuentes, que cifran en “más de cuarenta” en total las proposiciones de ley, entre las presentadas por distintos grupos o parlamentos, que “tenían por objeto transferir o delegar competencias del Estado” y que fueron admitidas a trámite.

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PP y Vox son los únicos grupos que propugnan abiertamente dedicar más recursos al arsenal militar. La extrema derecha ha quedado excluida por el presidente de la ronda con los partidos convocada para el próximo jueves. Y los populares no muestran gran entusiasmo por cerrar filas con Sánchez.

Aumentar el presupuesto armamentístico tampoco es una cuestión que despierte gran apoyo ciudadano. Según una encuesta europea del instituto británico YouGov, solo uno de cada tres españoles considera que el gasto actual es escaso, por debajo de los británicos (46%) y los franceses (39%), aunque muy por encima de los italianos (11%). Los españoles, sin embargo, son los más favorables (53%) a enviar una fuerza de paz a Ucrania.

Alberto Núñez Feijóo comenzó este viernes por exigir a Sánchez un “informe detallado previo y por escrito que aporte un mínimo de luz”. Luego se quejó de que le dispense “el mismo tratamiento que a Bildu”, al convocar al líder de la oposición a la vez que al resto de grupos. Y remató quejándose de que Sánchez lo llama “por necesidad, no por convicción”.

Sin aclarar si piensa dar su respaldo al Gobierno, Feijóo dejó un par de advertencias en un acto en Palma de Mallorca. Rebajó de antemano las expectativas de su encuentro con el presidente: “En lo que de mí dependa, la seguridad nacional no se abordará en un trámite de 20 minutos”. Y sostuvo que Sánchez “no tiene los apoyos necesarios para hacer frente al desafío” que afronta Europa tras el giro radical de la política estadounidense.

En el Gobierno apuntan que disponen de margen más que suficiente para aprobar nuevos gastos militares sin necesidad de pedir autorización al Congreso, aun con un Presupuesto prorrogado. La ley permite modificar partidas mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Pero el asunto provocará sin duda votaciones en el Congreso, aunque sea a través de iniciativas simbólicas. Y en el Consejo de Ministros se sientan cinco miembros de Sumar, una coalición que aún no ha fijado su postura, pero en la que conviven sectores hostiles a lo que consideran que supondría embarcarse en una “carrera armamentística”.

La posición dura dentro de Sumar la expuso este viernes el portavoz adjunto del grupo parlamentario, secretario general del PCE y miembro de IU, Enrique Santiago. “Dedicar 800.000 millones de euros [la cantidad apuntada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen] es financiar a quien nos está amenazando, porque ese gasto solo se puede afrontar recurriendo a la industria militar de Estados Unidos”. Santiago señaló que tal esfuerzo presupuestario comprometería los recursos destinados a servicios públicos esenciales. Y advirtió de que Europa “no va a ganar militarmente una guerra que Estados Unidos no ha ganado en tres años”.

Santiago sostuvo que los distintos sectores de la coalición Sumar lograrán pactar una posición conjunta. Fuentes del grupo se mostraron confiados en que Sánchez no tensará en exceso la cuerda proponiendo fuertes incrementos. Movimiento Sumar, la plataforma impulsada alrededor de la vicepresidenta Yolanda Díaz, se posicionó con más matices. Declaró que Europa “debe empezar a construir una defensa propia y autónoma, con capacidades defensivas y de disuasión”, por lo que “celebró” que el Consejo Europeo “haya abierto esa discusión fundamental”. Pero al tiempo abogó por que “en lugar de apostar por multiplicar los gastos nacionales”, se aborde con una “nueva financiación europea” y sin “recaer sobre las espaldas de la clase trabajadora”.

Entre las otras fuerzas de izquierda, ERC también se mantiene a la expectativa hasta escuchar al presidente. Los demás dejaron muy clara su oposición. “Se cercenará el gasto social y perderán políticas sociales”, criticó el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute. “Solo beneficiará a las grandes potencias y a la industria armamentística”. Podemos incluso dio por concluida la “legislatura progresista” y denunció: “El Gobierno está cavando su propia tumba, nadie le votó para eso”. Por el BNG, su eurodiputada Ana Miranda remachó: “La Comisión Europea pretende desviar el dinero de la cohesión social, económica y territorial a gasto militar”.

Entre los aliados del Ejecutivo por el flanco más a la derecha, el PNV parece el más susceptible de apostar por un mayor presupuesto de defensa. Sin anticipar su postura, fuentes del grupo recordaron que siempre han estado a favor de Ucrania y que su portavoz en el Congreso y futuro líder, Aitor Esteban, ya proclamó la pasada semana ante Sánchez que esta “es la hora de Europa”. Junts tampoco se ha manifestado, mientras que Coalición Canaria avisa de que no dará un apoyo incondicional. Su diputada Cristina Valido subraya que el archipiélago, por su posición, entiende muy bien la necesidad de una UE fuerte ante posibles tentaciones expansionistas de sus vecinos, pero reclama a Sánchez saber “cómo, cuándo y cuánto”. “No se nos puede pedir un cheque en blanco sin saber qué impacto presupuestario supone, durante cuánto tiempo y cómo puede afectar a la ciudadanía y sus necesidades más urgentes”. CC, al igual que UPN, reclama cuanto antes la comparecencia de Sánchez en el Congreso.

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“No puede ser que para algunos una multa les arruine el mes y para otros sea calderilla”, afirmó este viernes el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, para justificar la iniciativa. “Todos hemos visto a influencers haciéndose fotos a 180 kilómetros por hora. Los ricos no pueden comprar el derecho a violar la ley”. Santiago recalcó que esta cuestión ha sido demandada por colectivos profesionales como la Unión de Guardias Civiles.

El texto presentado por Sumar propone aplicar recargos en función de la renta en los casos ya previstos en la ley actual, que permite incrementar un 30% la cuantía de una multa atendiendo a la gravedad del hecho, el peligro potencial creado y los antecedentes del conductor. Pero ese aumento se aplicaría siempre “de acuerdo con la capacidad económica del infractor” con los siguientes criterios: en un 150% para los que declaren ingresos brutos anuales de entre 70.000 y 85.000 euros; en un 300% para los de entre 85.000 y 100.000 euros, y en un 500% para los que superen los 100.000.

De igual modo se prevén descuentos para los casos de sanciones graves y muy graves a conductores de baja renta. Los que acreditan ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo tendrían una reducción del 30% y los que se sitúan entre 1,5 y 2,5 veces la misma renta verían rebajada la sanción en un 15%. La Agencia Tributaria y la Seguridad Social suministrarían a las autoridades de Tráfico los datos necesarios para poder aplicar estos criterios. En todo caso, la propuesta contempla un plazo de seis meses para que el Gobierno elabore un informe sobre la viabilidad del nuevo sistema sancionador.

“Es pura lógica democrática”, sentenció Santiago, quien añadió con sorna: “Excepto el PP de Aznar y MAR [Miguel Ángel Rodríguez], que ya decían lo bueno que es conducir después de haber bebido, esperamos que el resto de formaciones apoye la iniciativa”.

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“Votaremos no, está decidido”, ha asegurado en declaraciones a este diario Alberto Ibáñez, uno de los dos diputados de Compromís, junto a su compañera Àgueda Micó. “No vamos a avalar tesis racistas como las que plantea Junts, afecta a posiciones nucleares de Compromís”, ha agregado Ibáñez, que fue viceconsejero de la materia en el anterior Gobierno valenciano de coalición con el PSOE.

Lo que separa a Compromís, al igual que a IU, del pacto de los socialistas con el independentismo de Junts difiere sustancialmente de las duras críticas formuladas por la derecha y algunos barones socialistas. Ninguno de los dos grupos -y menos el valenciano, de convicciones nacionalistas- se opone a que se deleguen esas competencias a la comunidad autónoma. Tampoco difieren radicalmente del contenido estricto de la proposición de ley. Su rechazo proviene de las opiniones expresadas por Junts sobre la inmigración y su competición electoral con un partido xenófobo como Aliança Catalana, algunas de ellas reflejadas en la exposición de motivos de la propuesta registrada en el Congreso. Unos mensajes, ha enfatizado Ibáñez, que “abonan el marco de la extrema derecha” y, por tanto, su grupo no está dispuesto a avalar.

“No hay más que ver el vídeo de Junts con el que explica el acuerdo y que presenta la inmigración como un problema”, ha subrayado el diputado valenciano. “La política no es solo lo que se publica en el BOE, sino también lo que se infiere de eso”. Con todo, Ibañez reprocha que el texto contenga “pequeñas dosis de racismo” al incidir en cuestiones como la seguridad o el control social, sin menciones a los derechos humanos o a la acogida. También deplora que incluya una ampliación del 40% de la dotación de los Mossos d’Esquadra, lo que, en su opinión, refuerza las tesis que vinculan inmigración a inseguridad.

Oficialmente, Sumar no se ha opuesto al acuerdo. Los comunes catalanes han expresado su apoyo, aunque también con críticas al discurso de Junts. Pero otros sectores de la coalición han evidenciado su incomodidad. Más Madrid ya lo hizo el martes por boca de su portavoz en la Asamblea regional, Manuela Bergerot. Y el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha añadido más combustible a las corrientes críticas, con argumentos muy similares a los expuestos por Compromís, y la advertencia de que los partidos de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont han de introducir modificaciones en la propuesta si quieren contar con el apoyo de sus diputados.

Maíllo, según informa la agencia Efe, ha expresado “dudas” de carácter técnico, jurídico e ideológico. Más allá del contenido de la propuesta, lo que más ha molestado al líder de IU ha sido la “delirante” interpretación del texto “en clave clasista, derechista y reaccionaria” por parte de Junts, a la que ha tachado de “derecha pija catalanista”. “Ni ellos van a asumir el control de fronteras ni va a ser requisito aprender catalán. Eso no está en la proposición de ley”, ha manifestado. IU apoyaría la cesión de las competencias sobre la materia siempre que fuese para todas las comunidades autónomas y no para Cataluña en exclusiva.

La controversia sobre las competencias de inmigración se mezcla para Sumar con otro asunto clave de su agenda política: la reducción de la jornada laboral, el proyecto estrella de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Para sacar la medida adelante, resulta imprescindible el apoyo de Junts. Y si Sumar bloquease el traspaso de la política inmigratoria, muy probablemente se estaría cerrando la puerta a conseguir los votos de los siete diputados de Puigdemont. Por ahora, la posición de Junts es muy crítica con la medida, en una línea similar a la del PP, como ha vuelto a dejar patente este jueves su diputado Josep Maria Cervera ante la propia Díaz, durante una comparecencia de la vicepresidenta ante la Comisión de Trabajo del Congreso.

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—¡Qué melón!

El presidente de la comisión, otro veterano, en este caso socialista, José Zaragoza, lo reconvino:

—¿Pero qué ha dicho usted? ¡Repítalo!

Con relampagueante habilidad de colegial, Hernando señaló al compañero que tenía al lado:

—Le he llamado melón a este diputado.

Y se quedó tan ancho.

La controversia se había originado después de que Bolaños afease a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo que primero acusase al Gobierno de atacar a los jueces y a continuación pasase ella misma a atacar a los miembros del Tribunal Constitucional. “El Constitucional no es poder judicial”, replicó desde el escaño la también popular María Jesús Moro. “¡Si eso lo has estudiado en primero de carrera!”, se oyó gritar desde la misma bancada. En medio del pequeño tumulto, repetía el ministro: “O sea, que para el PP los miembros del Tribunal Constitucional no son jueces ni magistrados”. Bolaños persistió en su reproche a los populares por los ataques preventivos que vienen lanzando contra el tribunal de garantías, ahora con mayoría progresista, ante su próxima revisión de la ley de amnistía. El ministro remató conminándoles muy enérgico: “¡Dejen de intimidar al Tribunal Constitucional!”.

La segunda comparecencia en dos días de Bolaños en comisión parlamentaria —el jueves como ministro de Justicia, el viernes como titular de la Presidencia— brindó la ocasión de reproducir el mano a mano que mantiene con la incisiva Álvarez de Toledo en las sesiones de control. El ministro acostumbra a provocarla con sarcasmos y esta vez, después de haber reconocido su “capacidad parlamentaria”, la bautizó de “diputada vintage” por haber dedicado una parte de su intervención a hablar de la amnistía, cuestión ya muy difuminada en el discurso habitual del PP.

La incursión en el tema de Álvarez de Toledo acabó provocando un gran momento de regocijo en las filas populares cuando, también en respuesta a ella, el diputado de Junts Josep Pagès aseguró: “Le ha imputado usted la ley de amnistía al señor Bolaños, cuando la redacción final nos la tiene que imputar a nosotros”. Risas y exclamaciones en la bancada popular. Y Álvarez de Toledo que vio confirmada su afirmación de que la medida de gracia “fue redactada por un prófugo de la justicia”.

La diputada popular construyó todo su discurso trazando una equiparación entre Pedro Sánchez y Donald Trump a base de un rosario de paralelismos: Trump indultó a los asaltantes del Capitolio y Sánchez a los autores del “golpe de Estado” en Cataluña; Trump dijo que los inmigrantes se comen las mascotas y Sánchez que nunca pactaría con los independentistas; Trump se proclamó falso vencedor de las elecciones de 2020 y, según ella, Sánchez hizo lo mismo en 2023… Como guinda, una comparación aún más inesperada: “Ustedes han hecho en Cataluña lo mismo que Trump en Ucrania: premiar al agresor”. Y de ahí, a la aseveración de que el presidente socialista de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha “continuado el procés envuelto en celofán”.

Bolaños retrucó entre risas: “¿Que Illa es independentista? ¿Pero sale usted a la calle?”. Y con una cierta solemnidad concluyó: “Quedará para los anales del Parlamento su ridículo espantoso de hoy”.

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Desde hace tres años, numerosos periodistas que cubren la información política y parlamentaria han tenido que recurrir al amparo de las asociaciones profesionales representativas como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), por los acosos y amenazas de los activistas ultras que se hacen pasar por informadores.

Tras nuevos incidentes protagonizados en los últimos días por estos agitadores, la APP convocó a los periodistas que cubren la información del Congreso a concentrarse en la escalinata de la Puerta de los Leones de la Cámara. Allí varios periodistas fueron leyendo por turnos un manifiesto que denuncia las “descalificaciones, insultos y señalamientos” por parte de personas que comparten lugar de trabajo “y no respetan las elementales normas de convivencia”. “Incluso nos amenazan con dar a conocer nuestros domicilios”, señala el escrito. “Con su comportamiento dificultan el trabajo de los profesionales de la información y perturban el clima de respeto que debe presidir la necesaria relación con los políticos”. Tales actitudes, insiste la APP, “repercute directa y negativamente en el derecho constitucional a la información que tiene la ciudadanía”.

El manifiesto insta a las Mesas del Congreso y el Senado a adoptar las “medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo”, aunque, matiza, sin que eso suponga “limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía”.

Los principales grupos del Congreso han mostrado su voluntad de atender la reivindicación de los profesionales. “Estamos revisando el Reglamento para no dar cabida al matonismo”, declaró el pasado martes el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López.

Apenas minutos después de la concentración, ya proliferaron amenazas desde diversas cuentas en las redes sociales. Alvise Pérez, recurriendo como suele a los bulos, escribió: “Todos los periodistas del Congreso se han concentrado hoy exigiendo la expulsión del ‘colaborador’ de Alvise Vito Quiles [el manifiesto no dice tal cosa]. Frente a este disparate de los jefes de opinión de EL PAÍS, Abc, El Mundo, El Debate y demás calaña parásita, vamos a convocar nosotros otra en defensa de la LIBERTAD DE INFORMACIÓN”.

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La ley del suelo ya había provocado en mayo un embarazoso episodio para el Gobierno, que se vio obligado a retirar la propuesta de modificación antes de su debate en el Congreso ante la evidencia de que sería derrotada. A pesar de que se trataba de un proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, Sumar anunció que votaría en contra por considerar que allanaba el terreno a la “especulación urbanística”, una postura compartida por toda la izquierda soberanista. Y el PP, aunque sus propios alcaldes venían reclamando la reforma, puso por delante el interés de desgastar al Gobierno y anticipó también su rechazo.

Esta vez el PSOE se protegió ante el temor a un nuevo revés. El texto sometido a pleno había sido registrado por los socialistas y el PNV en mayo, poco después del anterior intento fallido y prácticamente calcaba el elaborado en su día por el Gobierno. Pero el PSOE dejó que el Grupo Vasco lo presentase en solitario ante el pleno. El resultado volvió a ser el mismo patinazo.

La reforma perseguía evitar que un planeamiento urbanístico sea anulado en su totalidad cuando los tribunales certifiquen algún defecto subsanable en su tramitación. Según los impulsores de la iniciativa, eso ha provocado que un centenar de municipios tengan paralizados sus planes de ordenación. En una de las disposiciones más criticadas por la izquierda, la modificación legal también pretende limitar la acción popular para impugnar actuaciones urbanísticas.

Ante la evidencia de que Sumar, ERC y EH Bildu mantendrían su rechazo, la diputada del PNV Maribel Vaquero se dirigió al PP, que ya antes del pleno, por boca de su portavoz, Miguel Tellado, había insinuado un posible rechazo. El pretexto de Tellado era que el PP ya ha presentado su propia ley para ser debatida en el Senado. Vaquero le recordó que, aunque ese texto del PP es más amplio —incluye medidas contra lo que llama “inquiocupación” y para derogar las disposiciones de la ley de vivienda que permiten a las comunidades autónomas limitar en determinadas zonas los precios del alquiler—, en lo demás contiene “párrafos idénticos” a la propuesta del Grupo Vasco. Y subrayó que simplemente se estaba debatiendo la tramitación del proyecto, al que luego los grupos podrían presentar sus enmiendas.

La diputada nacionalista emplazó a los populares a abandonar el “oportunismo político” y la “demagogia”. Por ahí percutió también la socialista Rafaela Romero: “No dejen tirada a la FEMP [Federación Española de Municipios y Provincias] que ustedes presiden y que lleva mucho tiempo reclamando esta modificación legal”. Pero los populares se mantuvieron firmes. Esgrimieron que el texto “se queda corto” y aprovecharon para pregonar que la coalición de gobierno vive en “colisión permanente”. “No culpen del fracaso al PP sino a todos sus socios”, manifestó el diputado Miguel Ángel Sastre.

También Junts votó en contra, en su caso por entender que el texto suscrito por los nacionalistas vascos invadía competencias exclusivas de Cataluña. PSOE y PNV se quedaron solos con los únicos diputados de Coalición Canaria (CC) y UPN. Para completar el extraño cuadro, Vox no se sumó esta vez al frente del no y optó por abstenerse.

Más solo todavía se quedó el PSOE ante la proposición de ley de Sumar para facilitar conceder la nacionalidad a los nacidos durante el periodo de administración española del Sáhara Occidental. Los socialistas fueron los únicos que votaron en contra de su toma en consideración. Ni siquiera lo hizo Vox, que también se abstuvo. El resto, del PP a la izquierda soberanista pasando por Junts, PNV, CC y UPN, respaldó una iniciativa que, de culminar en una ley, otorgaría el pasaporte español a entre 180.000 y 200.000 nacidos en el territorio ahora ocupado por Marruecos.

La propuesta fue presentada con un derroche de pasión por la única diputada de origen saharaui —y también una de las más jóvenes, con 31 años— Tesh Sidi, de Sumar. Ataviada con una diadema tradicional de su tierra natal y un colorista vestido palestino, Sidi subió a la tribuna de oradores provista de su viejo pasaporte marroquí, del actual español y de una gran fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social de su padre, trabajador en las minas que explotaba el antiguo régimen colonial. Relató su larga espera para obtener la nacionalidad desde que hace 20 años llegó a España como una niña de acogida y su pánico a perder el permiso de residencia. Intuyendo que el PSOE no iba a apoyar, Sidi recordó que los socialistas ya bloquearon otra propuesta similar en la anterior legislatura y les dirigió una incómoda pregunta: “¿Qué les hemos hecho los saharauis para que constantemente intenten borrarnos de su memoria?”. “Si ya no tuviese claro mi voto favorable, la intervención de Tesh habría bastado para convencerme”, dijo minutos después una conmovida Cristina Valido, de CC.

Por la tribuna fueron desfilando Néstor Rego (BNG), Martina Velarde (Podemos), Maribel Vaquero (PNV), Jon Iñarritu (EH Bildu), Josep Pagès (Junts), Jordi Salvador (ERC) y Carmelo Barrio (PP), con un argumento casi unánime: España tiene una “deuda histórica” con los saharauis. El socialista Sergio Gutiérrez, en un tono bajo que delataba su incómoda situación, apeló a diferencias jurídicas sobre el método para conceder la nacionalidad de forma automática. Y también apuntó que se dejaría a merced de una “organización privada” —en alusión al Frente Polisario— el censo de los que podrían solicitar el pasaporte. José María Sánchez, de Vox, se dedicó a defender el modo en que el régimen franquista permitió en sus estertores que Marruecos se apropiase del territorio. Pero ni la extrema derecha votó en contra.

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Alberto Rodríguez, diputado por Tenerife, fue condenado en octubre de 2021 bajo la acusación de agredir a un policía durante una manifestación celebrada siete años antes. La sentencia le imponía una pena de un mes y 15 días de prisión, sustituida por una multa de 540 euros (seis euros al día durante 90 días) y “con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo [presentarse a un cargo electo] durante el tiempo de la condena”.

El fallo del tribunal que encabezaba el hasta hace poco presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, resultó muy controvertido. Primero por el estrecho margen con que se adoptó: tres magistrados a favor y dos en contra, cuyos votos particulares llamaban la atención sobre que el policía no detuvo al supuesto agresor, continuó trabajando normalmente tras la patada que aseguraba haber recibido y tampoco acreditó parte de lesiones. Y en segundo lugar porque se entabló una discusión jurídica sobre si la pena obligaba a dejar el escaño a Rodríguez —en aquel momento, también secretario de organización de Podemos— lo que derivó en un pulso de varios días entre el Supremo y el Congreso.

El debate se planteaba porque la inhabilitación para ser diputado iba aparejada a la pena de prisión y esta se había sustituido por la multa. De ahí que, en un primer informe, los letrados de la Cámara dictaminasen que Rodríguez podría mantener su acta de parlamentario. Mientras PP y Vox exigían airadamente la expulsión del diputado, el Supremo envió un escrito al Congreso instándole a informarle sobre el cumplimiento de la sentencia, sin entrar en más detalles. La presidencia de la Cámara pidió entonces al alto tribunal que le explicase con claridad si Rodríguez debía ser expulsado. Marchena se limitó a reiterar lo dicho en comunicaciones anteriores, en un escrito en el que advertía de que la ley “no incluye entre las funciones del Tribunal Supremo la de asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia firme”.

El servicio de letrados del Congreso acabó por modificar su criterio, aceptó que Rodríguez debía abandonar su escaño y así lo ordenó el 22 de octubre de ese año la entonces presidenta, la socialista Meritxell Batet. Esa decisión provocó un fuerte enfrentamiento entre las dos formaciones del Gobierno. Dirigentes de Unidas Podemos llegaron a amenazar a Batet con una querella por prevaricación, aunque nunca se llegó a presentar. La coalición izquierdista se negó a cubrir la vacante y el Gobierno se quedó con un diputado menos hasta las elecciones de julio de 2023.

Rodríguez dio la batalla por su cuenta. Primero ante el propio Congreso, luego ante el Supremo y finalmente, en febrero de 2022, ante el Constitucional. El tribunal de garantías no accedió a su solicitud inicial de suspender cautelarmente la retirada del escaño, pero, casi dos años después, en enero de 2024, falló a su favor. Sin anular la totalidad de la sentencia del Supremo, el Constitucional, por siete votos a cuatro, dejaba sin efecto la parte que aludía a la inhabilitación. Según el tribunal, al retirar al exparlamentario el acta se había “vulnerado su derecho fundamental a ejercer funciones representativas”.

Un año más tarde, Rodríguez se ha dirigido al Congreso para reclamar el lucro cesante por el tiempo en que fue indebidamente apartado de su escaño. Calcula 21 meses, a razón de 6.144,64 euros cada uno, lo que arroja un monto total de más de 134.000.

A la vista del informe de los letrados, la Mesa ha decidido este martes elevar la solicitud al Gobierno. Los servicios jurídicos reconocen la legitimidad de Rodríguez para pedir la indemnización, pero alegan que la Mesa no es el órgano competente que debe resolver el asunto, sino el Consejo de Ministros. El informe subraya que ese es el método establecido cuando las reclamaciones afectan a decisiones de otro poder del Estado como el judicial. Y añade que el Supremo también estableció esa vía en los casos en que las responsabilidades se exigen al Defensor del Pueblo, un órgano que depende de las Cortes Generales.

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La iniciativa cofirmada ahora por el PNV y el PSOE tiene el objetivo principal de reformar el artículo 55 de la Ley del Suelo para dar respuesta a la demanda transversal de las entidades locales para que los planes generales de ordenación urbana no decaigan por errores de forma que puedan ser subsanados. “Los municipios pueden tardar varias legislaturas en realizar un plan general de ordenación urbanística, y que un defecto de forma subsanable eche al traste el trabajo, el dinero y el futuro urbanístico de un municipio no es aceptable”, fue el argumento que destacó la diputada del PNV, Maribel Vaquero. La política vasca subrayó que esas anulaciones pueden conllevar el retraso en “la construcción de dotaciones tan importantes como centros de salud o equipamientos municipales, además de viviendas”.

Esa meta es la que llevan tiempo demandando tanto la Federación Española de Municipios y Provincias como asociaciones de promotores inmobiliarios. En la exposición de motivos de la ley se argumenta que con las normas actuales se puede decretar la “nulidad de pleno derecho” de una actuación “por cualquier tipo de vicio procedimental por insignificante que este sea”.

El texto que se debatirá y votará esta vez será defendido por el PNV conjuntamente con los socialistas. Lo que fracasó en mayo era un proyecto de ley solo del Gobierno, elaborado por el Ministerio de Vivienda, que comanda la socialista Isabel Rodríguez, y aprobado en Consejo de Ministros. Pese a eso, Sumar había anunciado que, por primera vez, votaría en contra de un proyecto del Ejecutivo al que pertenece. El socio minoritario del Gabinete de Pedro Sánchez alegaba profundas discrepancias con su contenido, compartidas por formaciones como ERC, EH Bildu o Podemos, así como por grupos ecologistas. La rebaja de los requisitos exigidos para sacar adelante un planeamiento abriría la puerta a nuevos “pelotazos urbanísticos”, denunciaba Sumar.

Otro de los aspectos que alimentan las críticas a la reforma son las restricciones que se imponen para impugnar determinadas actuaciones urbanísticas ejerciendo la acción popular. Los promotores de la ley alegan que su propósito es impedir que personas que actúan únicamente por intereses espurios logren paralizar en los tribunales operaciones importantes. Sumar, otras formaciones de izquierda y ecologistas replican que de ese modo se podría obstaculizar la acción de colectivos sociales que, por ejemplo, lograron frenar el complejo hotelero de El Algarrobico en la costa de Almería.

Fuentes de Sumar señalaron que oficialmente aún no se ha decidido la postura ante el pleno de este martes, pero dejaron claro que el texto es prácticamente el mismo que rechazaron hace nueve meses. “Si el PSOE lo quiere sacar, tendrá que ser con el PP”, manifestó un miembro de la dirección de Sumar. En mayo, además de la izquierda, también se opuso Junts, que había presentado incluso una enmienda a la totalidad. En el caso del partido de Carles Puigdemont la discrepancia principal era su apreciación de que la propuesta invadía competencias de la comunidad autónoma de Cataluña.

La aprobación ahora, por tanto, vuelve a estar en manos del PP. El partido de Feijóo ha presentado una propuesta propia en el Senado, donde dispone de mayoría absoluta, que aún no se ha sometido a consideración. Su texto comparte la línea principal e incluso calca algunos artículos de la iniciativa que sí se debatirá en el Congreso, aunque agrega otras disposiciones que atacan la política del Gobierno y su ley de Vivienda. Entre ellas, propone suprimir la potestad de las autonomías para declarar zonas tensionadas con el fin de limitar los precios de los alquileres o reducir los plazos de suspensión de los desahucios a familias vulnerables. Cuando presentó su propuesta en el Senado, a finales de enero, el PP explicó que su propósito era “anticiparse” al Gobierno, algo que no sucederá.

En el PNV, ante estos nuevos contratiempos, se limitan a destacar que su propuesta concita posiciones fundamentales de los partidos mayoritarios en un momento en el que la crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas del país y apuntan que si al final el PP, por problemas partidistas, no se agrega a la votación afirmativa y esta cae derrotada, “quedarán retratados cuáles son sus verdaderos intereses”.

La reforma de la Ley del Suelo se debatirá en un pleno que lleva por ahora en su orden del día, a falta de lo que decida este lunes Junts, otro asunto susceptible de toda clase de lecturas políticas sobre la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo. La misma tarde de este martes está previsto que se debata la proposición no de ley de Junts que insta al presidente a someterse ante la Cámara a una cuestión de confianza. Esta iniciativa —sin ninguna fuerza legal, pero gran valor simbólico— no se votará hasta el miércoles, si al final no se retira. La posible divergencia parlamentaria sobre la política urbanística entre los socios del Gobierno se produce cuando aún no se ha cerrado el pulso entre las vicepresidentas primera, la socialista María Jesús Montero, y segunda, Yolanda Díaz, de Sumar, sobre la tributación del salario mínimo.

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Entre los socios habituales del Gobierno, varios se guardan también el sentido de su voto. Solo EH Bildu confirma su no rotundo, mientras fuentes de la dirección del PNV lo anticipan también no oficialmente, a pesar de su tradicional relación de amistad con el partido de Carles Puigdemont. ERC, Podemos, BNG y Coalición Canaria tienen pendientes reuniones en las próximas horas para tomar una decisión, aunque al menos en el caso de los tres primeros las fuentes consultadas lo que sí descartan es un voto afirmativo.

Los republicanos catalanes, siempre bajo la presión de las acusaciones de Junts de respaldar al Gobierno “a cambio de nada” ―un ataque que enfurece especialmente a su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián―, dudan entre el rechazo o la abstención. Algunas fuentes hablan incluso de la posibilidad de no participar en la votación, una salida que les permitiría evitar la imagen de excesivo apego al Gobierno y a la vez evidenciar que la propuesta de Junts es un mero brindis al sol. En todo caso, Rufián subrayó en declaraciones a EL PAÍS: “Una Proposición no de Ley es la menor de nuestras preocupaciones en un pleno”.

En las últimas semanas, en el Congreso casi todo el mundo daba por hecho que si los de Puigdemont continuaban adelante con sus planes sobre esa cuestión de confianza podrían contar con la adhesión de PP y Vox, partidos en los que primaría su estrategia de erosión continua del Gobierno por encima de sus enormes diferencias con la formación independentista. Pero el partido de Santiago Abascal, en un momento de especial confrontación con el PP de Feijóo, ha empezado a emitir señales que ponen en duda su voluntad de sumarse a esa operación conjunta de la derecha parlamentaria, española y nacionalista catalana. Fuentes de la dirección del grupo parlamentario de Vox subrayaron en ese sentido que la propuesta de Junts es “papel mojado” porque carece de valor jurídico y porque está reclamando al presidente algo que ya se sabe que este no va a hacer en ningún caso. Las mismas fuentes enmarcaron el debate como parte del “chantaje permanente” de Puigdemont a Sánchez.

Sin el voto favorable de Vox, la iniciativa estaría condenada al fracaso aunque contase con el respaldo del PP. Los populares llevan semanas repitiendo que tampoco van a adelantar su postura, pero al mismo tiempo repiten que Sánchez no cuenta con su confianza. Fuentes de la dirección popular apuntan que el asunto aún no se ha discutido en ese ámbito y precisan: “El PP no se puede oponer a que se debata la cuestión y luego ya corresponderá al presidente decidir si la acepta o no. Nosotros creemos y estamos seguros de que decidirá que no”. De hecho, el PP ha venido defendiendo desde hace semanas en la Mesa del Congreso que se diese trámite a la iniciativa, frente a los sucesivos aplazamientos acordados por PSOE y Sumar. Ambas formaciones se escudaban en las dudas legales sobre una iniciativa interpretada a menudo como una cuestión de confianza encubierta.

El PNV, por su parte, muestra su “respeto” por la propuesta de Junts, formación con la que mantiene una relación especial, pero desde su dirección confirman que no ven motivos para reclamar a Sánchez una cuestión de confianza mientras “siga cumpliendo los compromisos adquiridos” con el partido vasco. La formación nacionalista, aun reclamando que sus demandas se atiendan “mejor y más rápido”, se declara “relativamente satisfecha” de la colaboración con el actual Gobierno y no piensa retirarle su respaldo. En el PNV no descartan todavía que la propuesta de Junts se retire antes del pleno del martes.

En el caso de EH Bildu, ahora mismo uno de los socios más fiables de Sánchez, fuentes oficiales confirman su voto negativo y el rechazo a participar en cualquier operación en la que también se podrían ver involucrados con PP y Vox. En las últimas semanas, la formación abertzale ha endurecido el tono contra Junts después de que el partido de Puigdemont abanderase decisiones como la de renunciar al impuesto especial a las grandes energéticas.

En el entorno del presidente en La Moncloa y en la cúpula del PSOE restan trascendencia a la propuesta de Junts y la dan ya “por descontada”. Insisten en las nulas consecuencias prácticas que tendría una hipotética aprobación y argumentan que en cualquier caso les vendrá bien el debate porque sostienen que servirá para retratar a la derecha parlamentaria: “Si PP, Vox y Junts votan juntos ya quedará muy en evidencia dónde están y cuáles son los aliados de la derecha de este país. Y si se dividen, se demostrará que no pueden ir a ningún lado juntos y menos aún a construir una alternativa a Pedro Sánchez”. Fuentes gubernamentales restan cualquier importancia a esa cuestión y aseguran que ni siquiera ha habido conversaciones en los últimos días con sus aliados parlamentarios para conocer sus posiciones: “Estamos en otras cosas”.

Frente a las especulaciones sobre una posible retirada de la propuesta a última hora, en el PP señalan que el PSOE no se puede permitir no darle la concesión de ese debate a Junts, cuando necesitan de los votos de sus siete diputados para próximas iniciativas como los Presupuestos del Estado para 2025 o el proyecto de ley para restringir la participación de las acusaciones populares en procedimientos judiciales. En el grupo socialista dicen no entender muy bien por qué Junts se empeña ahora en llevar ese asunto hasta el final, cuando, argumentan, a los de Puigdemont les podría resultar más rentable retirar la PNL ahora y dejar esa amenaza en suspenso para otros momentos de la legislatura en los que les pudieras resultar más eficaz para exigir determinadas contrapartidas al Gobierno.

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― ¿Usted sigue pensando en serio que los impuestos son un robo?

Y Figaredo, con el gesto efectivamente muy serio, asintió con la cabeza desde su escaño y musitó: “Sí”.

Montero tuvo este miércoles que compensar con creces su ausencia en la sesión de control de la pasada semana, cuando alegó una enfermedad —la oposición lo puso en duda— para no comparecer en medio de la refriega con la siguiente en el escalafón de vicepresidentas y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la aplicación del IRPF al salario mínimo. La titular de Hacienda fue sometida a una intensa sesión de seis preguntas. Díaz, sentada a su lado, solo a una. En las imágenes que ofrecieron desde el banco azul y en sus palabras no dejaron traslucir ni un ápice de la discordia que las ha dividido en la última semana.

Lo que sí evidenció de forma muy clara el combate dialéctico es que todas las derechas, más allá de su denominación de origen —españolísima o catalanísima— acentúan el discurso contra los impuestos. Aunque nadie llegó tan lejos como Figaredo, la expresión “infierno fiscal” se oyó en boca de los populares Cuca Gamarra y Juan Bravo. Junts optó por el socorrido “expolio fiscal” a Cataluña, que repitieron su portavoz, Míriam Nogueras, y su lugarteniente económico, Josep Maria Cruset. “Los catalanes les estamos pagando la fiesta a todos ustedes”, clamó Nogueras, quien sostuvo ante Pedro Sánchez que Hacienda castiga a Cataluña con “más inspecciones y notificaciones” que en ningún otro sitio, penalizando a “la gente que practica la cultura del esfuerzo”, mientras “otros jetas cobran sin trabajar”. La mujer de confianza de Carles Puigdemont dejó sin aclarar quiénes serían los tales jetas (“penques”, en la expresión catalana que empleó).

La ofensiva sobre Montero acabó opacando el duelo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, donde había comenzado ya la discusión sobre los impuestos. El líder del PP, que la semana pasada, en plena bronca en el Gobierno por la tributación del salario mínimo, dejó el asunto en un segundo plano, fue esta vez directo al grano. Acusó al presidente de “saquear a los trabajadores españoles” e ironizó que, con el pago del IRPF por el salario mínimo, “los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista”. El asunto derivó en un duelo de cifras. Feijóo detallaba gastos supuestamente superfluos del “Gobierno más caro de la democracia” y Sánchez comparaba las cuantías actuales del salario mínimo, las pensiones o los cotizantes a la Seguridad Social con los de la etapa del PP.

En el inevitable capítulo de ocurrencias, Feijóo no faltó a su cita habitual con la hipérbole y sostuvo que “en España es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente”. Sánchez tampoco se ausentó de su recurrente empeño por asociar al PP con los elementos más ultras exhibiendo un rebuscado símil: “Es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los argentinos: un colosal engaño”. Con todo, la mayor patadita de Sánchez en la espinilla del líder de la oposición llegó cuando ya no tenía a este delante. Aprovechando que Oskar Matute, de EH Bildu, le exigió más decisión en su política de vivienda, Sánchez, tras admitir la gravedad del problema, saltó al ataque al PP: “Hay partidos que solo están pendientes de dos viviendas: un ático en Chamberí [donde reside Isabel Díaz Ayuso con su novio] y un chalé en Moaña con acceso privativo a la playa [propiedad de la pareja de Feijóo]”.

Luego llegó el maratón de Montero, quien se afanó en defender la tributación del nuevo salario mínimo porque, explicó, no se trata de recaudar más, sino de no perder 2.000 millones de ingresos del Estado. Insistió además en que esas rentas tendrán, con todo, menos carga tributaria que bajo los gobiernos del PP. La vicepresidenta desmintió con reiteración que el Ejecutivo haya subido impuestos a las “clases medias y trabajadoras” frente a lo que asegura el PP. Junts siguió martilleando con esa misma crítica a través de Cruset, quien enumeró una larga lista de las cargas fiscales por determinados servicios, en la que abarcó desde las peluquerías hasta los entierros. Montero lo acalló con una observación: si se hubiesen subido los impuestos a las “clases medias y trabajadoras” tendría que haber sido con el apoyo de Junts, de quien depende la mayoría del Gobierno en el Congreso.

La jornada anticipó una escena que promete repetirse en los próximos meses. Porque la ofensiva del PP sobre Montero no solo tenía como objetivo a la ministra de Hacienda, sino a la futura lideresa del PSOE andaluz. Y en ello se empleó a fondo un coterráneo, Elías Bendodo, derramando ironías sobre los conflictos internos que supuestamente esperan a Montero. La vicepresidenta levantó las protestas en la bancada del PP tras acusar a Bendodo de mantener con ella y con Yolanda Díaz una actitud “machista”.

Por lo demás, el Gobierno levantó una muralla ante los intentos de la oposición de hurgar en sus diferencias internas. Lo intentó con ahínco el portavoz del PP, Miguel Tellado. En tono condescendiente, preguntó a Díaz si le “merece la pena seguir en el Ejecutivo”. La vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar le replicó con una retahíla de datos comparando el balance de su política laboral con el de los gobiernos del PP. Y despejó el proyectil: “Siempre merece la pena mejorar la vida de la gente”.

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Una semana después de que la juez decana de Madrid y un fiscal del Supremo participasen en un acto organizado por el PP en el Congreso para criticar al Gobierno, la senadora popular Pardo reconvino a García Ortiz por entrar a la comisión del Senado donde se iba a celebrar su comparecencia acompañado de miembros del PSOE. El resto de los integrantes de su bancada jaleó la protesta con ese sucedáneo de aplauso que se practica en las comisiones de las Cortes: golpeando los pupitres. Entre ellos, la portavoz del grupo popular, Alicia García, y su sombra en las sesiones de la Cámara alta, el veterano Javier Arenas, ninguno de los cuales pertenece a la comisión, pero que acudieron a arropar a la oradora.

En un discurso leído de principio a fin, Pardo no dio tregua al fiscal. Incluso le negó la bienvenida para afearle que haya estado meses demorando la comparecencia solicitada por el PP. La senadora popular obvió por completo la intervención inicial de García Ortiz, que durante 45 minutos había repasado las actuaciones de la Fiscalía —ese era el motivo que figuraba en el orden del día— en cuestiones de lo más diverso, de la violencia de género a los delitos de odio, la corrupción o el acoso a menores en las redes sociales.

Pardo no se detuvo ni en uno solo de esos asuntos. Entró directamente a exigir la dimisión del máximo responsable del Ministerio Público por su imputación en el Tribunal Supremo, acusado de revelar datos del fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña “con el único objetivo de destruir a una adversaria política”, apostilló la senadora. Entre continuas descalificaciones —“indecencia”, “servilismo”, “no tiene la mínima dignidad”…— o la atribución a él de decisiones de otras instancias —como el archivo de la causa por el asesinato de Miguel Ángel Blanco—, la representante del PP lo acusó desde “imponer la censura a los medios de comunicación” hasta “dinamitar el Estado de derecho”. Cuando le llegó el turno, el socialista José María Oleaga exclamó: “Ha superado todos los límites de lo que yo había visto”.

García Ortiz comenzó su réplica con una precisión: el fiscal general del Estado siempre ha obedecido a una “legítima designación del Gobierno” y, por tanto, enfatizó, su nombramiento no puede ser considerado como un “asalto a las instituciones”. Lamentó por “innecesarios” algunos ataques —en una intervención posterior ya hablaría de “insultos”— aunque condescendió con el “derecho” de los senadores a lanzarlos. Y advirtió de que su posición no le permitía bajar al barro y meterse en el cuerpo a cuerpo: “Yo no me puedo defender, salir al campo político y contestar. Si aterrizase en la arena política, perdería la neutralidad”. Por eso mismo, “criticar al fiscal general del Estado es muy fácil, lo puede hacer hasta un niño de cuatro años”, aseveró.

García Ortiz aún tenía una segunda precisión inicial: tampoco le está permitido hacer comentarios sobre diligencias judiciales en marcha. Hecha esa salvedad, no eludió el debate sobre su insólita situación tras haber sido imputado por el Supremo. Y se mostró muy rotundo al insistir en que no piensa dimitir porque eso equivaldría a una “concesión a los delincuentes”. Para explicar esa afirmación, se refirió a grupos como los narcotraficantes que “como vean un ápice de debilidad en la Fiscalía, van a aprovecharlo”.

“Para mí sería más cómodo marcharme, desde el punto de vista profesional, familiar y personal”, aseguró, antes de añadir otro argumento para justificar su permanencia en el cargo: “defender mis valores y las instituciones”. En ese momento dejó caer el único reproche a compañeros de profesión: confesó su “perplejidad” por las manifestaciones públicas de algunos fiscales que, según él, contribuyen a reforzar los ataques que sufre.

El fiscal se extendió luego en explicar una de sus actuaciones más cuestionadas, el borrado de los datos de sus dispositivos electrónicos. Apeló a las leyes nacionales y europeas de protección de datos que recomiendan su destrucción periódica. No solo reivindicó el “derecho” a defender su “intimidad”, sino que recalcó que en sus teléfonos y su correo electrónico hay mucha otra información sensible que concierne a terceras personas.

García Ortiz evitó cualquier crítica al juez del Supremo que instruye la causa contra él, Ángel Hurtado, pero deslizó algunos comentarios generales. Relató que se ha visto obligado a cambiar de teléfono y cancelar su cuenta privada de correo electrónico por, según dijo, el acoso sufrido tras divulgarse en las diligencias judiciales los números y las direcciones. También denunció ser víctima de lo que en derecho se llama la “inversión de la carga de la prueba”. “La inocencia se presume. Por ser fiscal general del Estado no lo soy más, pero tampoco menos. Ningún ciudadano está obligado a demostrar su inocencia”, concluyó.

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La comisión sobre los atentados yihadistas de agosto de 2017 en Cataluña nació como una extravagancia impuesta por Junts para mantener viva la teoría conspiratoria que adjudica al CNI la promoción de los ataques, en una supuesta maniobra para frenar el procés independentista. Las comparecencias que se suceden desde hace semanas ya habían ofrecido algún momento memorable, como el de ver a un comisario de policía jubilado —el incontenible Villarejo— abonando la tal teoría y, en frente, poniéndola en duda, a un diputado de la izquierda abertzale.

Algo parecido se repitió este jueves. La llama de la conspiración la avivó uno de los condenados por los atentados, Mohamed Houli. Y quien tardó apenas medio minuto en demostrar que todo era chismorreo fue el mismo diputado de esos que algunos llaman bilduetarras: Jon Iñarritu. La jugada la culminó poco después Francesc-Marc Álvaro, de ERC, quien arrancó a Houli la confesión de que su testimonio era apenas una conjetura. Lo que no consiguió el republicano fue que el preso revelase quién lo había convencido para decir ahora algo que llevaba ocho años callándose.

No se acabó ahí lo insólito. PSOE, Sumar y Vox actuaron casi como un bloque para negar cualquier credibilidad al testigo. Al margen se mantuvo el irreductible mundo de Junts, con su diputada Pilar Calvo, conciliadora ante Houli y dispuesta a dar oídos a lo que el compareciente decía que alguien le había contado, sin ofrecer más detalle ni nada lejanamente parecido a un indicio. El PP se marchó antes de empezar en protesta por el “despropósito”.

Nadie, excepto Junts, se toma en serio la teoría de la conspiración. Y menos aún —repetían en voz baja diputados de varios de grupos— tras esta última astracanada. Allá en su retiro de Waterloo, en cambio, Carles Puigdemont, seguramente atento al streaming, captó lo que nadie había captado aquí y se lanzó a tuitear: “Más claro no lo puede decir”.

Todo resultó tan estrafalario que el preso fue trasladado desde Córdoba cuando nadie se hubiese opuesto a que declarase por videoconferencia. Según el presidente de la comisión, Txema Guijarro, de Sumar, fue el juez de vigilancia penitenciaria quien decidió que compareciese personalmente.

Terminada la ceremonia, la popular Cayetana Álvarez de Toledo salió a denunciar lo ocurrido como otro episodio del “colapso moral” del sanchismo. “Han traído a un terrorista a acusar al Estado de terrorista”, sentenció desde la experiencia de quien hace 20 años especulaba en los periódicos con la supuesta implicación de la policía y el CNI en la matanza del 11-M.

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La Mesa del Congreso, a propuesta de la presidenta, la socialista Francina Armengol, nombró en noviembre de 2023 a Galindo como secretario general, tras la dimisión de su antecesor, Carlos Gutiérrez. La elección resultó muy contestada por la oposición y por algún miembro del cuerpo de letrados, que cuestionaban la anterior vinculación de Galindo al Gobierno como subsecretario del Ministerio de Política Territorial. La controversia fue a más cuando la asesoría jurídica de la Cámara validó la tramitación de la proposición de ley de amnistía a los dirigentes del procés independentista catalán. El PP, al mismo tiempo que atacaba los cambios en el Congreso, promovía una renovación total al frente del cuerpo de los letrados del Senado, donde tiene mayoría absoluta.

El más beligerante con diferencia frente a Galindo fue el veterano miembro del cuerpo jurídico de la Cámara baja Fernández-Fontecha, quien llevó su batalla hasta el Supremo con un recurso contencioso-administrativo. Fontecha argumentó que el puesto de secretario general debería haberse cubierto tras la apertura de un procedimiento de libre concurrencia entre todos los integrantes del cuerpo de letrados y denunciaba la “vulneración del derecho fundamental de acceder en condiciones de igualdad a funciones públicas, proclamado en el artículo 23.2 de la Constitución Española”.

En un fallo emitido el pasado 23 de enero, la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal desestima por completo los argumentos del recurrente. Dictamina que la Mesa, según el Reglamento de la Cámara, “puede realizar libremente ese nombramiento [de secretario general] con la salvedad de que debe recaer en uno de los letrados que conforman el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales”. El fallo, suscrito por cinco magistrados y del que es ponente Antonio Fonseca-Herrero, explica que el procedimiento de libre concurrencia al que apelaba Fontecha solo está previsto para el caso “de la provisión de un puesto de trabajo del Cuerpo de Letrados” y no para el nombramiento de su máximo responsable.

El recurrente alegaba además falta de idoneidad del candidato y de motivación en el acuerdo tomado por la Mesa. El fallo replica que Galindo cumple el requisito exigido de acreditar cinco años de experiencia en el cuerpo de letrados. Y subraya que “nadie se había postulado para un cargo que se sabía vacante desde la aceptación de la renuncia del anterior Secretario General”. Fontecha deberá hacerse cargo de las costas del proceso “hasta una cifra máxima de 1.000 euros”.

Fontecha adquirió notoriedad pública a finales de 2023 por diversos pronunciamientos públicos contra la ley de amnistía. El letrado llegó a denunciar que se estaba modificando “de facto” la Constitución mediante lo que calificaba de “pactos privados” entre PSOE y Junts. Con la nueva legislatura y el nombramiento de Galindo, se reorganizaron los destinos de los juristas en el Congreso. Fontecha dejó su puesto como letrado segundo de la Comisión Constitucional, adonde se destinó al secretario general saliente, Carlos Gutiérrez, y se le adscribió a la de Hacienda, en la que ya ejercía como asesor jurídico desde 2012.

A partir de ese momento, el letrado se multiplicó en declaraciones públicas para denunciar que había sido víctima de una “purga ideológica” por su oposición a la ley de amnistía. Sus denuncias tuvieron un gran eco en medios afines a la derecha, incluida la cadena pública Telemadrid. Presentado por algunos como “el letrado que más sabe”, Fontecha concedía entrevistas para insistir en declararse un represaliado y sostener afirmaciones como que los dirigentes independentistas cometieron “delitos de terrorismo”. Y eso a pesar de que el secretario general lo había repuesto finalmente en la Comisión Constitucional, ahora como letrado tercero.

Además de recurrir al Supremo el nombramiento de Galindo, Fontecha planteó otra batalla legal contra su relevo en la Comisión Constitucional. Esgrimía “desviación de poder”, como difundió profusamente en los medios. En este caso el alto tribunal, en un fallo del pasado 30 de octubre, ni siquiera entró a juzgar el fondo del asunto al dictaminar que ya se había producido una “satisfacción extraprocesal” por haber sido repuesto en la comisión que reclamaba.

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― ¿Quién va a pedir disculpas a los españoles por los borrados del fiscal general? ¿Y por su número dos en el Gobierno y en el partido investigado por corrupción en el Tribunal Supremo? ¿Por su hermano investigado por corrupción en un juzgado de Badajoz? ¿Por su mujer investigada por corrupción en los juzgados de plaza de Castilla? ¿Y por ser usted un títere del separatismo?

La sensación de día de la marmota se acrecentó cuando el presidente tomó el micrófono para responder y salió con lo que tanto repite sesión tras sesión y tanto rehúye Feijóo: la economía.

― En 2024 el 50% del crecimiento económico de la eurozona se explica por el crecimiento de España, el 30% de los empleos que se crearon en la eurozona se crearon en España…

Tuvo que llegar la segunda réplica para que Feijóo, sin abandonar de todo el eterno tiovivo del hermano, la esposa, el fiscal, el número dos y Puigdemont, entrase en el asunto que había afligido al Ejecutivo en la víspera y que se suponía brindaba a la oposición una gran oportunidad de hacer sangre. “Quedarse con la mitad de la subida del IRPF ni es progresista ni es justicia social”, sentenció el líder de la oposición, quien tachó de “paripé” la disputa en el Consejo de Ministros. Al lado de Sánchez estaba sentada Yolanda Díaz, defensora de esa misma tesis frente al criterio de Hacienda. Y allí lanzó Feijóo su siguiente dardo: “Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado”. Como remate no podía faltar la guinda de la cotidiana vuelta de tuerca al “váyase, señor Sánchez”, esta vez con la fórmula “si tuviese dignidad, ya lo habría dejado”.

Díaz no intervino en la sesión porque, como sucede a menudo desde hace tiempo, la oposición no le había dirigido ninguna pregunta. Para Montero sí figuraban cuatro en el orden del día, pero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda no acudió, oficialmente enferma de gripe. Sánchez replicó a Feijóo con un regate irónico: “Ahora entiendo por qué cuando ustedes gobernaban congelaron el salario mínimo: para que no tuviera retención en el IRPF”. Y lo contrapuso, como era de esperar, a la fuerte subida experimentada durante los ya casi siete años de su Gobierno. Lo que evitó cuidadosamente fue entrar en el choque interno en su Gabinete. Incluso sembró la impresión de que el asunto no está completamente zanjado cuando afirmó: “El debate lo tenemos porque lo subimos el 61%”.

Con Feijóo, que sigue evitando el asunto Trump como a un enfermo contagioso, no hubo la menor referencia a la nueva situación internacional. Pero, tras él, el tema ocupó tiempo. Lo plantearon, desde lugares opuestos, Santiago Abascal, por Vox, y Gabriel Rufián, por ERC. Abascal lo hizo para culpar a Sánchez de “destruir” las relaciones internacionales de España y aliarse con “narcoterroristas” y “teocracias islamistas”. El líder ultra llegó a justificar los posibles aranceles de Trump a productos españoles: “Ojalá no lleguen, pero si llegan será por su culpa”. Y coronó: “A Meloni [Giorgia, primera ministra italiana] no se los pone porque le cae bien”.

Abascal había incluido entre los supuestos amigos del Gobierno al régimen venezolano y a Vladímir Putin. No se lo podría haber puesto mejor a Sánchez. El presidente le espetó que Trump ha retirado los permisos especiales de residencia a 300.000 venezolanos huidos a territorio norteamericano, mientras el Gobierno español acoge a 125.000. Y sobre Putin recordó que su mejor aliado en la UE es el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, acompañante de Abascal en la cumbre ultra del pasado fin de semana en Madrid.

Rufián quería saber cómo piensa Sánchez afrontar la “ola reaccionaria”. El portavoz de ERC se detuvo en comentar que “se ha puesto de moda ser facha” y en las redes sociales “se vierte todo el odio” despreciando como “woke” desde las políticas de igualdad a la lucha contra el cambio climático. Y reclamó al presidente que promueva en la Unión Europea la creación de una nueva red social “con participación pública”. Sánchez se limitó a repetir sus críticas a la “tecnocasta” y a señalar que el discurso ultra se combate “aplicando políticas progresistas”.

Lo que empieza a convertirse en un clásico de las sesiones de control son los duelos entre la popular Cayetana Álvarez de Toledo y el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, por delante incluso de los que paralelamente mantiene este último con el portavoz del PP, Miguel Tellado. Entregada en cuerpo y alma al desguace del fiscal general del Estado, a quien tachó de “fiscal con antifaz”, Álvarez de Toledo sostuvo que merece ser llamado “delincuente confeso” más que el novio de Isabel Díaz Ayuso, encausado por defraudar al fisco y falsificar facturas. La diputada vaticinó que Álvaro García Ortiz tiene “los días contados” y acusó al Gobierno de situar a España en la “antesala de la tiranía”. Luego se dirigió con tono muy solemne a los jueces para ensalzarlos como “dique democrático y escudo del pueblo frente al poder”. Sin solución de continuidad, en la frase siguiente sembró sospechas sobre los magistrados del Tribunal Constitucional advirtiéndoles de que no pueden ser “cómplices” del Gobierno ni “salvoconductos de la impunidad de nadie”.

La réplica de Bolaños llegó en forma de preguntas: “¿Está usted anunciando lo que va a decidir el Tribunal Supremo? ¿Está usted presionando a los magistrados del Tribunal Constitucional?” Y la primera sesión de control de 2025 volvió a sonar como un rebobinado de cualquiera de 2024.

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Aguirre fue directa desde la primera frase: “Cuando vi el orden del día del pleno, pensé que era una broma”. La diputada —hermana de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre— se entregó a continuación a un discurso que osciló entre la perplejidad, la indignación y el sarcasmo, acompañado de grandes aplausos y risas en los escaños de la extrema derecha: “¿Señorías, es el primer pleno de este periodo de sesiones y uno de los temas prioritarios que vamos a tratar es la menopausia? ¿Pero ustedes nos toman el pelo? ¿Pero de verdad ustedes creen que la menopausia es un problema tan importante para los españoles que hay que tratarlo aquí en este pleno?”.

Animada por el caluroso acompañamiento de su grupo, Aguirre porfió en sus preguntas sentenciosas: “¿No será que a ustedes no les aprueban ninguna ley y tienen que traer a debate una cosa que no importa nada a los españoles?”. Luego fue encadenando reproches a los socialistas: “Dan ganas de llorar”, “no tienen vergüenza”, “no tienen respeto a este Congreso”, “lo hacen para distraer de los casos de corrupción”… Y para rematar, una frase con ecos bíblicos: “La menopausia es una etapa natural de la vida de cualquier mujer que viene pasando desde Eva”. La iniciativa socialista, tras las incorporaciones pactadas con otros grupos, recibió este miércoles el respaldo de toda la Cámara con el único voto en contra de Vox.

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Alberto Núñez Feijóo no lo citó expresamente, pero nadie tuvo dudas de que se estaba refiriendo a Abascal cuando, días atrás, el líder del PP presumió de que él no practica la “oposición de tumbona y de dedito levantado”. Los chascarrillos sobre la supuesta alergia al trabajo del jefe de Vox son una constante desde hace tiempo. En el partido lo tachan de leyenda urbana y aseguran que si se deja ver poco en el hemiciclo, es porque está en su despacho recibiendo a gente o tratando otras cuestiones. Y destacan que siempre acude con puntualidad en el momento de las votaciones. Sobre esto último las cifras lo respaldan: de las 55 jornadas de votación que ha habido en el Congreso esta legislatura, el líder de la extrema derecha solo ha faltado a dos, frente a las 30 ausencias de Feijóo y las 32 de Pedro Sánchez.

También es verdad que, desde mediados de diciembre, Abascal no ha asomado por la Cámara. En los tres últimos plenos se ha acogido al voto telemático, ya que oficialmente dispone de permiso de paternidad tras el nacimiento de su quinto hijo en julio. Eso le ha permitido ausentarse de ocho de las 25 jornadas de votación celebradas desde el verano y cumplir el trámite a distancia.

Encaramado a la ola de la cumbre ultra del pasado fin de semana en Madrid, Abascal reaparecerá este miércoles en la primera sesión de control al Gobierno del año. El habitual tono retumbante de su pregunta permite anticipar una demostración de fervor trumpista como las que ya ha prodigado estos días: “¿Hasta cuándo va a seguir dinamitando las relaciones con los socios internacionales naturales de España para ponerse al lado de dictadores o terroristas?”. Los ecos que llegan desde Washington marcarán la cita en el Congreso y, desde el lado contrario, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, preguntará al presidente cómo piensa afrontar la “ola reaccionaria”.

Abascal no ha vuelto a hablar en el pleno desde el pasado 27 de noviembre, cuando dio la réplica a la comparecencia de Sánchez sobre las consecuencias de la dana en Valencia. En el cupo que se establece en función de la representatividad de cada grupo, al líder de Vox le corresponde una pregunta al presidente cada tres sesiones de control. De tal modo que desde el comienzo de la legislatura solo le ha podido formular seis. La formación se queja de que, con 33 diputados, dispone de las mismas oportunidades que otros con mucha menor representatividad como ERC o Junts (siete cada una). Este martes presentará un escrito a la Mesa de la Cámara para pedir que se amplíe su cuota a fin de que sea “verdaderamente proporcional a su apoyo electoral y su representación parlamentaria”. Vox también argumenta que en cada pleno los dos partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, renuncian a las nueve preguntas de que dispondrían, por lo que propone distribuirlas entre la oposición.

En su afán por desmontar esa idea de que sus diputados vivan tumbados a la bartola, como insinuaba Feijóo, el grupo de la extrema derecha ha elaborado una estadística para defender lo contrario. Sus casi 5.000 iniciativas presentadas suponen 150 por cada uno de sus parlamentarios, un promedio superior a las 118 del grupo popular. Cuál es el gran motivo de su línea opositora lo pone en evidencia otra estadística, elaborada por la web independiente Qué hacen los diputados: 651 de esas iniciativas, más del 12%, tienen por objeto la inmigración.

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Por los pasillos del Congreso y de los ministerios circulan a diario esos personajes discretos —muchos expolíticos— que representan a los lobbies, término traducido a menudo como grupo de presión. Actúan en nombre tanto de grandes sectores económicos como de colectivos sociales. Entre los miembros de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que agrupa a los lobistas, figuran desde un gigante farmacéutico como AstraZeneca hasta la ONCE o la Asociación de Lucha contra el Cáncer. “De Netflix a Amnistía Internacional”, resume un diputado el abanico de quienes llaman a su puerta. O trabajadores de empresas en crisis, añade otro.

El Parlamento europeo dispone desde 2011 de una regulación que obliga a publicar todos los contactos de los diputados con esos grupos. En España persiste un agujero legal. Hubo dos intentos en la anterior legislatura que no llegaron a culminar. Ahora el Gobierno vuelve a la carga con un proyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Transformación Digital, que ha entrado esta semana en el Congreso. El texto adopta la denominación “grupo de interés”. Y ahí incluye a “las personas físicas y jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica” que “lleven a cabo actividades de influencia” sobre altos cargos y personal de confianza de los Ministerios.

La ley obligaría a inscribirse en un registro público para desarrollar tales actividades. El Ministerio que dirige Óscar López calcula que las entidades y personas inscritas podrían llegar hasta 28.000, extrapolando los datos de dos comunidades que ya disponen de registros: Cataluña (5.928) y Comunidad Valenciana (1.474). El proyecto deja fuera a sindicatos, patronal y colegios profesionales.

La otra gran novedad sería la implantación de la llamada “huella normativa”, que obligaría a que los ministerios hiciesen constar en sus proyectos los contactos mantenidos con los grupos de interés y las aportaciones que hayan incorporado. Se prevén sanciones en caso de incumplimientos que pueden llegar hasta la prohibición temporal de las actividades.

“La diferencia entre que haya regulación o no es que las cosas se hagan a la luz o en los reservados de los hoteles”, sentencia un socio de una de las grandes consultoras madrileñas. “Este trabajo se tiende a criminalizar si permanece en la zona oscura”, conviene el presidente de APRI, Carlos Parry, quien saluda la iniciativa como una oportunidad de “fortalecer nuestra democracia” y “ayudar a la lucha contra la corrupción”. Frente a la idea de que los lobbies actúan como instrumento para imponer intereses privados sobre los públicos, Parry los defiende como una manera de transmitir demandas sociales y de mejorar las leyes: “Los que tienen que tomar las decisiones no saben de todo. Y nosotros les llevamos informes, les exponemos argumentos, les podemos sugerir que corrigiendo una frase se van a evitar determinados problemas…”. Cargos del Gobierno coinciden en que prefieren esa relación formal frente a los que usan “la vieja costumbre española de tirar de agenda de contactos” o envían mensajes a través de “personajes secundarios”.

Las presiones de las grandes compañías pueden llegar por otros cauces y de forma nada discreta. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, escribió un artículo amenazando con frenar inversiones si se mantenía el impuesto a las energéticas. Semanas después, el Congreso lo anuló con los votos de PP, Vox, Junts, PNV y UPN. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, de Sumar, mantuvo un durísimo pulso con compañías aéreas que ha desembocado en la multa de 150 millones a Ryanair, Vueling, Volotea y EasyJet por cobrar el equipaje de cabina. El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, reaccionó llamándole “loco comunista”. Al frente de un departamento cuyas decisiones pueden afectar a muchos sectores económicos, Bustinduy defiende la necesidad de hacer transparente la relación con los lobbies: “El poder se mueve mejor en la informalidad, en la opacidad. La presión política sobre la toma de decisiones es inversamente proporcional a la transparencia”.

Parlamento abierto

Del proyecto del Gobierno queda fuera el Congreso. Allí el grupo socialista presentó en 2021 una propuesta de reforma del Reglamento que no avanzó. Existe un código de conducta de los diputados que, entre otras cosas, les obliga a hacer pública su agenda. Casi nadie lo cumple, por falta de medios, alegan algunos. En los próximos días, el Congreso debe presentar un plan llamado de Parlamento Abierto por el que viene clamando la plataforma Ampliando Democracia, constituida por 18 entidades sociales. En un primer borrador la Mesa de la Cámara ya planteaba implantar también la huella legislativa, que comprometería a todos los grupos.

Las entidades reunidas en Ampliando Democracia han presentado numerosas aportaciones para añadir a un documento que, en palabras de Javier Pérez, de la ONG Political Watch, resulta “muy descafeinado”. Reclaman medidas firmes para evitar que los diputados incumplan obligaciones como la de divulgar sus contactos.

El proyecto va mucho más allá: lograr que el Congreso “se abra a la vigilancia ciudadana”. La Cámara se ha comprometido a otras medidas, como abrir una sede electrónica o divulgar los votos de cada diputado en las comisiones (ahora solo se publican los de los plenos). Political Watch —que ha creado una web propia, Qué hacen los diputados— plantea iniciativas ensayadas en otros países como las convenciones ciudadanas, que reúnen periódicamente a grupos de personas anónimas para hacer aportaciones a algún debate candente. También urge a dotar de medios a la Comisión de Peticiones para dar cauce real a demandas ciudadanas, como ocurre en el Parlamento europeo. Pérez espera que esta vez no prevalezca la “desconfianza sobre el valor y la eficacia de la apertura a la ciudadanía”.

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El magistrado que instruye el caso contra el fiscal del Estado hizo público este lunes un auto en el que rechaza varias quejas de Álvaro García Ortiz. Este le recriminaba que de las diligencias hayan trascendido detalles para alimentar un “juicio paralelo” en los medios. Hurtado relativiza: “Si se habla de juicio paralelo, nada hay que temer, porque, por ser paralelo, ninguna incidencia ha de tener en el proceso”. El juez argumenta que en casos de “trascendencia mediática” como este, el que se queja de informaciones contrarias “se suele olvidar de las opiniones de otros medios y ámbitos que le son favorables”.

Vayamos a noviembre de 2015, al voto particular que Hurtado, entonces en la Audiencia Nacional, emitió para oponerse a que su compañero y amigo Enrique López —años después, consejero de Justicia de Isabel Díaz Ayuso— fuese apartado del tribunal del caso Gürtel, al igual que Concepción Espejel, ambos por sus lazos con el PP. Entonces, Hurtado lamentaba la cobertura mediática del asunto, sin discriminar entre opiniones favorables y desfavorables, y echando mano de la misma expresión de “juicios paralelos”: “No debemos dejar de hacer mención a la campaña mediática orquestada por un determinado sector de la prensa en torno a la presente recusación (…) con determinado tipo de opiniones y valoraciones, no positivas, generadoras de determinados juicios paralelos, informados, no siempre, con el rigor jurídico que hubiera sido de desear”. Y aunque a continuación precisaba que su intención no era afirmar que la controversia pública hubiese influido en la decisión de apartar a los jueces, subrayaba: “Lo que no se puede negar es que (…) ha sido imposible que pasara desapercibida”.

En abril de 2017, Hurtado volvió a recurrir a la repercusión mediática de una actuación para oponerse a que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarase como testigo en el juicio de la Gürtel y reclamar que, en todo caso, lo hiciese a través de videoconferencia. En otro voto particular, el juez convenía que la presencia del líder del PP en la vista oral podía tener “efectos mediáticos y metajurídicos”, por lo que alertaba contra “el uso que en ámbitos ajenos al judicial se pueda hacer de tal actuación”. De ahí que abogase por tomarle declaración en otro lugar “sin tener que hacerle pasar por la exposición pública que es verle llegar y estar en la Audiencia Nacional”.

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Aquella doctrina de 2009 sirvió como uno de los argumentos para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con Hurtado como ponente, archivase la causa abierta contra tres militares estadounidenses por la muerte en Irak del cámara de televisión José Couso. Hurtado, el juez implacable de las últimas semanas, el que ha dejado de lado los testimonios de periodistas que declararon haber obtenido antes de que llegara al fiscal la información —pretendidamente secreta— sobre el reconocimiento de delitos por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso; el magistrado de la Sala Segunda del alto tribunal que no ha creído oportuno mencionar en sus autos que el Ministerio Público trataba de frenar un bulo del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez; ese mismo Hurtado reconvenía en 2009 a su entonces compañero de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por “desatender lo que favorece y centrarse en lo que perjudica al reo” con el fin de procesar a los militares estadounidenses.

En una cosa sí resulta coherente la arrolladora instrucción actual con la vieja doctrina del juez. También entonces desdeñó los testimonios de los periodistas que estaban en el hotel de Bagdad donde el disparo de un tanque estadounidense abatió a Couso. Hurtado, junto a otros dos jueces, concedió mayor verosimilitud a lo declarado por los soldados norteamericanos. Y hasta adornó el auto con un elogio a la democracia de aquel país, “más tradicional y arraigada que la nuestra”.

A sus 70 años, Ángel Luis Hurtado Adrián ha adquirido una notoriedad que no había logrado a lo largo de una carrera más bien anodina, en la que apenas descolló episódicamente, tras su llegada en 2007 a la Audiencia Nacional procedente de la Audiencia Provincial de Madrid, por su combatividad en el proceso del caso Gürtel. Entonces el combate tuvo una dirección opuesta a la de ahora: salvaguardar al implicado, el PP. Su ruidosa instrucción contra García Ortiz ha hecho que los medios de la derecha lo pongan en un pedestal; mientras en sectores judiciales progresistas cunde la estupefacción. Nadie imaginaba que para investigar un delito considerado menor en el Código Penal —revelación de secretos— fuese necesario recurrir a una medida tan extrema como registrar durante 10 horas el despacho e incautarse de los dispositivos electrónicos de una de las principales autoridades del Estado. “Una de las intervenciones judiciales de mayor trascendencia negativa de las que se tiene noticia”, ha escrito el magistrado emérito del Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, para quien el caso se ha construido a partir de “afirmaciones meramente conjeturales”.

En una de las salas de juicios de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) hay una mesa que ha quedado bautizada como “la mesa de Rajoy”. Allí colocó Hurtado, presidente del tribunal que enjuiciaba el caso Gürtel en 2017, al entonces jefe del Gobierno. Rajoy acudía a declarar como testigo y el juez le otorgó una posición preeminente nunca vista. En lugar de estar de frente al tribunal y un peldaño más abajo, como todos los testigos, lo situó al lado y a su misma altura.

Hurtado había hecho todo lo posible por evitar que Rajoy tuviese que dar explicaciones de la corrupción del PP. Primero se opuso a recabar su testimonio, luego pidió que declarase por videoconferencia y finalmente intentó que fuese en La Moncloa. En un voto particular, defendió que la comparecencia de Rajoy ante el tribunal quebraba “el principio de igualdad” por tratársele “igual que el resto de personas que no ostentan un cargo de tanta relevancia”. El juez pretendía evitar al presidente la “exposición pública” de “verle llegar y estar en la Audiencia Nacional”.

Quien más perseveró en reclamar el testimonio de Rajoy fue el abogado José Mariano Benítez de Lugo, que ejercía la acusación popular en nombre de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. “Hurtado me la tenía guardada”, afirma el letrado, partes de cuyo interrogatorio a Rajoy han circulado estos días por las redes recogiendo las numerosas interrupciones del presidente del tribunal, que declaraba “impertinentes” algunas de sus preguntas. “En España la justicia se acomoda a lo que piensan los jueces”, sentencia Benítez de Lugo a sus 84 años.

Hurtado ganó la plaza de juez en 1983, en una promoción de la que salieron grandes pilares del conservadurismo judicial como Concepción Espejel, ahora en el Constitucional, o José Luis Requero, en el Supremo. Pasó sus primeros años en Canarias, luego recaló en Vitoria y en 1988 dio el salto a Madrid. Varios de los que lo han tratado lo definen como una persona gris, reservada, “un hombre de orden”, de convicciones conservadoras, “correcto en las formas, pero inflexible”, según un compañero. Sus autos y sentencias están escritos en lo que esta misma fuente define como una “prosa tortuosa”, encadenando párrafos interminables, de difícil comprensión para un lego.

En la Audiencia Nacional estrechó lazos con el magistrado Enrique López, durante años uno de los principales enlaces entre el PP y el mundo judicial, exmiembro del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), exconsejero de Justicia con Ayuso y exsecretario de esa área en la dirección nacional del partido. En 2015 López fue apartado del tribunal que juzgaría el caso Gürtel por sus vínculos con el PP. Hurtado le dedicó un extenso voto particular para discrepar de la decisión. Uno de los elementos para aceptar la recusación de López era que había elaborado medio centenar de ponencias para la fundación FAES, que presidía José María Aznar. Hurtado sostuvo que resulta “aconsejable” que un juez colabore con asociaciones políticas para facilitarles un “enfoque jurídico”; sobre todo “si se tiene un pensamiento que guarda sintonía”.

Fue al propio Hurtado a quien correspondió presidir el tribunal, junto a otros dos jueces: José Ricardo de Prada y Julio de Diego, uno progresista, otro conservador. El proceso, hasta que se dictó sentencia en mayo de 2018, se prolongó año y medio, un periodo en que la tensión fue creciendo en la Audiencia Nacional y dentro del tribunal. Hurtado iba a ser el ponente del fallo, pero sus discrepancias con los otros dos jueces se hicieron tan fuertes que tuvo que ceder la iniciativa. Sus opiniones quedaron reflejadas en el voto particular que emitió para desmarcarse de la sentencia, luego ratificada por el Supremo, que condenaba al PP por beneficiarse de la trama a título lucrativo.

El Hurtado de estos días ha incluido en sus autos inferencias como la de dar por hecho, sin elemento material que lo acredite, que la Fiscalía General del Estado envió a La Moncloa el documento del novio de Ayuso. En cambio, en el caso Gürtel consideraba un “salto al vacío” vincular a la trama corrupta con la dirección del partido. Los trapicheos del grupo de Francisco Correa en ayuntamientos de la región de Madrid se habrían urdido “a espaldas del PP nacional”, sostuvo Hurtado, quien negó que se tratase de una “estructura de corrupción institucional” como dictaminaron sus compañeros.

El mismo año de la sentencia fracasó en su primer intento de acceder al Supremo. Lo acabaría logrando en 2020, propuesto por un CGPJ de mayoría conservadora que ya llevaba un año con el mandato caducado. En el examen para acceder al puesto dejó constancia de su rechazo a la actuación de la justicia alemana de denegar la entrega a España del “presidente de la Generalidad” (sic). Ingresó en la Sala Segunda, presidida por Manuel Marchena, el perejil de todas las salsas en los casos más mediáticos del Supremo. Una de las últimas actuaciones bajo la presidencia de Marchena, que acaba de dejar ese puesto después de 10 años, fue abrir la investigación contra el fiscal general del Estado. Acabó en manos de Hurtado, su primera instrucción en el alto tribunal.

En 2013, todavía en la Audiencia Nacional, suscribió un auto exculpatorio de un militante de Nuevas Generaciones del PP que en un tuit había llamado “tipeja” a la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11-M, Pilar Manjón, y dudado de que su hijo viajase en los trenes de la masacre. Hurtado abrazó la tesis de que tales insultos están protegidos por la libertad de expresión, en un fallo del que fue ponente el progresista De Prada, vilipendiado por el PP tras la sentencia de la Gürtel. Cuando surgió un caso parecido, pero con protagonista de otra índole, Hurtado volvió a dar muestras de flexibilidad. En 2020 escribió un artículo en la revista Práctica Penal, Cuaderno Jurídico para criticar que el Constitucional enmendase la plana al Supremo y anulase la condena a un año de prisión al cantante César Strawberry por una serie de tuits con sarcasmos muy gruesos sobre víctimas de ETA como José Antonio Ortega Lara y Eduardo Madina. Ahora Hurtado glosaba la tesis del Supremo —redactada por Marchena— de que la libertad de expresión no puede amparar “expresiones que encierran un injustificable desprecio para las víctimas del terrorismo”.

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Si rebuscamos en nuestras reservas de fe, abrazaremos la convicción de que el novio de la presidenta madrileña es, como ella misma ha descrito, víctima de una vil operación de Estado. Una maniobra para destruir a un rival político que empezó el día que Hacienda, con su habitual suspicacia estalinista, sospechó que algo no encajaba en la declaración de un señor que, tras sextuplicar sus ingresos del año anterior, pretendía rebajar su contribución a la mitad. Una venganza que continuó con el despliegue de esa “inspección salvaje” para destruir a un “brillante empresario”, cuyo pecado es convivir con una combatiente antisanchista y tratar de escapar al infierno fiscal de este país para ahorrarse 350.000 euros desgravando gastos por 1,7 millones con unas cuantas facturillas un poco inventadas. Nada que no haya hecho cualquier sacrificado españolito.

La culminación de todo este abominable complot ha sido la actuación de la Fiscalía. Aunque aquí encontramos también un motivo de orgullo: vivimos en un país donde para proteger los secretos a voces de un comisionista y defraudador de Hacienda registramos hasta el último rincón del despacho y hurgamos en las comunicaciones privadas de una de las más altas autoridades del Estado. Y de ese modo perseguimos judicialmente una filtración filtrando las conversaciones personales del pretendido filtrador con colaboradores suyos ajenos a la investigación. Todo gracias a la pertinaz constancia indagatoria de un juez del Tribunal Supremo que ya presentaba la inigualable hoja de servicios de haber captado que el PP nunca se aprovechó de la trama Gürtel. Algunas mentes destrozadas por el wokismo quieren interpretar esto como una vendetta de togas más política que jurídica, en lugar de un acto de justicia para proteger a un ciudadano indefenso de un “daño reputacional”, según nos ilustra su señoría Ángel Hurtado.

Llegados a este punto, nuestra fe ha pasado las pruebas suficientes para convenir que en España no hay un solo juez que dicte resoluciones basadas en motivos ajenos a lo puramente técnico o jurídico. Interpretar como activismo político ciertos procedimientos contra independentistas o personas de izquierda solo puede obedecer al empeño en asesinar a Montesquieu. Nuestra justicia es, sin excepciones, ejemplar. Y el Supremo, su mirífica cúspide.

No podemos mancillar la justicia aireando sospechas infundadas. Sosteniendo que acechaba algún propósito malévolo detrás de las numerosas actuaciones judiciales sobre Podemos, todas fallidas tras años de instrucción. Cuando un juez porfiaba en escarbar sobre la financiación del partido pese a la comprobada falsedad de los informes o daba carta de naturaleza a chismorreos como que Irene Montero pagaba con dinero del Gobierno la niñera de sus hijos, solo cumplía con su deber.

Piensen en el ya exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y las críticas que recibió por aquella excelsa jugada jurídica: en plena negociación de la amnistía en el Parlamento, sacó del congelador unas diligencias cuatro años paralizadas e imputó terrorismo a Carles Puigdemont porque en una manifestación que él apoyaba se murió de un infarto un ciudadano francés. Una filigrana luego coronada por la Sala Segunda del Supremo al corroborar que el “terrorismo no es, ni puede ser, un fenómeno estático”.

En esa misma Sala del alto tribunal debemos lamentar el cese del presidente, Manuel Marchena, a quien algunas de las más reputadas firmas de la capital han descrito como un incorruptible titán de la ciencia jurídica. En su haber se cuentan auténticas piezas de orfebrería, como dictaminar que los líderes independentistas se enriquecieron con el referéndum ilegal porque no lo pagaron de su bolsillo. De ese modo consiguió enmendar la plana al Congreso, donde pulula gente que se cree que por haber sido elegida por los ciudadanos puede elaborar leyes para que las apliquen quienes han tenido que sortear un examen opositor al alcance de muy pocos. A Marchena debemos también aquella sentencia que condenó y provocó la retirada de su escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez por agredir a un policía, sin que constase parte alguno de lesiones ni más prueba que el testimonio dubitativo del propio agente.

El diccionario define la fe: “Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública”. Es por eso por lo que creemos a Marchena, como debemos creer a Hurtado cuando concluye que ha “apuntalado” que el fiscal general filtró un documento sobre el novio de Ayuso y da por seguro que su oficina lo mandó a La Moncloa. Cierto que no acredita pruebas en qué basarlo. ¿Pero a quién vamos a creer, a Miguel Ángel Rodríguez y a un juez del Supremo o a nuestros propios ojos?

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El tenor de la moción con la que el PP reanudó apresuradamente la actividad de la Cámara alta, todavía fuera del periodo oficial de sesiones, arrancaba así: “El Gobierno de España está sumido en un abismo de ineficiencia e incompetencia”. Los populares querían emplear la Cámara que dominan para disipar cualquier duda sobre lo que hicieron la pasada semana en la Cámara que no dominan y que podía colocarles en una situación comprometida ante algunos colectivos ciudadanos.

Con esa intención, el texto de los populares exigía al Gobierno aprobar de inmediato y “exclusivamente” las tres medidas antes reseñadas. La moción esquivaba el resto de cuestiones contenidas en el fallido decreto ómnibus: desde las subidas del salario mínimo y el ingreso mínimo vital a la actualización de los fondos del Estado para comunidades autónomas y ayuntamientos, cuya parálisis, como recordó el portavoz socialista, Juan Espadas, afectaba mayoritariamente a administraciones gobernadas por los populares. El PP se olvidó incluso de que el decreto ómnibus también contemplaba ayudas a los damnificados por el volcán de La Palma. Y tuvo que presentar una enmienda a su propio texto para no dejarlas fuera.

El pleno sirvió para que la portavoz popular, Alicia García, demostrase que su ímpetu verbal no se queda atrás del ya célebre nivel alcanzado en el Congreso por su compañero Miguel Tellado. Su intervención fue un constante repiqueteo de las palabras “estafa”, “trampa”, “chantaje” y “rehenes”, este último término para definir cómo trata el Gobierno a los ciudadanos. Por no hablar de Pedro Sánchez, un “autócrata de estilo venezolano”, cuyo objetivo es “hacer todo el daño posible a los pensionistas”. Sobre el contenido del decreto ómnibus, García solo acertó a presentar dos objeciones: el consabido rechazo a que se devuelva al PNV el palacete de París incautado en la Segunda Guerra Mundial por la Gestapo y lo que entiende su grupo como medidas a favor de la okupación, defendidas por la izquierda como una moratoria a los desahucios de familias muy vulnerables que no pueden pagar el alquiler.

El PP concitó el apoyo de Vox y UPN, junto a un aluvión de reproches del Gobierno y sus aliados. “Vienen a tapar sus vergüenzas”, coincidieron Carla Antonelli, de Más Madrid, y Enric Morera, de Compromís. Uxue Barkos, de Geroa Bai, lo describió como “cortina de humo”, y Estefanía Beltrán de Heredia, del PNV, como “escaparate para salvar su relato”. “Cuando pongamos en un buscador la palabra chiringuito, nos va a salir el Senado”, ironizó Carme da Silva, del BNG.

Junts, que a esa misma hora cerraba el acuerdo para reconducir sus relaciones con el Gobierno, se abstuvo en la votación después de repartir estacazos a ambos flancos del hemiciclo. Su portavoz, Eduard Pujol, comenzó arreando duro a los socialistas, a quienes acusó de confeccionar “decretos fake, pura apariencia”. “No se puede vivir eternamente haciendo malabares”, aleccionó. Pero a la vez quiso alejar la idea de que su grupo tenga intención de arrimarse al PP. Y acabó dirigiéndose en tono severo a la bancada popular: “Nosotros, ni de derechas ni puñetas, estamos en el centro del centro. El PP y Junts se parecen como un huevo a una castaña”.

El PP ganó sin problemas la votación: 146 a 91, con 6 abstenciones, en medio de tan escaso fervor que ni sus diputados aplaudieron. Por los pasillos del Senado apenas se veían periodistas. Toda la atención estaba en La Moncloa.

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El Gobierno sostiene que lo hará, pero tampoco da muestras de tomárselo con prisa, mientras pone el acento en responsabilizar al PP —sobre Junts pasa de puntillas— de practicar una “oposición destructiva” a costa del “dolor” de los ciudadanos. El Ejecutivo no concreta ni el cómo ni el cuándo, al tiempo que lidia con presiones contradictorias. Si PP y Junts urgen a votar por separado pensiones y transporte, los aliados de Sánchez por la izquierda exigen que no se trocee el llamado escudo social aislando medidas como la suspensión de los desahucios a familias vulnerables que podrían ser rechazadas por la derecha en el Congreso.

El presidente del Gobierno viajó este jueves a Valencia para supervisar los trabajos de reconstrucción tras la dana y allí los periodistas le preguntaron cómo hará para recuperar las medidas bloqueadas. Sánchez se limitó a transmitir la pregunta a la oposición: “Son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor social y tienen que ser ellos los que decidan qué hacer”. Algo más específica se mostró la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien apuntó que el Gabinete debe estudiar ahora “cuáles son las medidas que suscitan más consenso y cuáles no”, aunque a la vez defendió la fórmula de mezclar asuntos diversos en el mismo decreto. “Estamos buscando soluciones para que se suban las pensiones, se baje el transporte público y se garantice el resto de medidas del escudo social”, aseguró en TVE por la noche el ministro de la Presidencia y Justicia,Félix Bolaños, que insistió en que en diciembre, cuando se hizo el decreto, se pactó con todos los grupos de la mayoría, incluido Junts, para que no hubiera problemas en su convalidación, pero luego los independentistas han decidido tumbarlo “por cuestiones políticas, por su pérdida de confianza”. Bolaños no explicó si van a trocear el decreto o qué solución encontrarán, pero de sus palabras se deduce que la primera opción sigue siendo buscar a Junts para ver si cambia su voto.

El Ejecutivo tiene en su mano aprobar en el próximo Consejo de Ministros decretos para recuperar la revalorización de las pensiones y las bonificaciones al transporte, que entrarían en vigor inmediatamente y dispondrían de un mes de plazo para su probable convalidación en el Congreso. Pero en el Gobierno hay opiniones diferentes sobre los tiempos y la manera de responder tras el golpe sufrido por la pinza entre PP y Junts. Algunos propugnan actuar ya mientras otros prefieren esperar para que cale en la opinión pública la idea de que al PP no le importan las consecuencias sobre los ciudadanos con tal de desgastar al Ejecutivo. La respuesta llegará con toda probabilidad el martes, cuando se celebre el Consejo de Ministros, y está descartado ya hacer antes uno extraordinario.

La resolución del embrollo resulta más compleja de lo que pueda parecer. El decreto rechazado constaba de más de un centenar de artículos y de un larguísimo abanico de medidas: ayudas a los afectados por la dana y el volcán de La Palma, deducciones fiscales para el ahorro energético en viviendas y vehículos, fondos para comunidades autónomas y ayuntamientos, las actualizaciones del salario mínimo y del ingreso mínimo vital, normas para el nuevo impuesto a la banca o para evitar opas de capital extranjero sobre empresas estratégicas, dinero para los menores migrantes en Ceuta… Aislarlas todas ellas se antoja imposible. Y además están las peticiones de los aliados por la izquierda.

Al apremio para que se actúe ya sobre pensiones y transportes se sumaron algunos grupos pequeños, desde socios del Gobierno como el BNG hasta formaciones de la oposición como UPN, que se ha desmarcado del resto de la derecha y se abstuvo en la votación del decreto ómnibus. Podemos, cada vez más distante del Ejecutivo, añadió una tercera medida que considera prioritaria: la suspensión de los desahucios a familias vulnerables. EH Bildu fue más lejos y advirtió contra la tentación de dejar fuera “todo el resto de medidas sociales que ya estaban en vigor”. Los abertzales cargan con una dureza inusitada contra Junts, al incluirlos en el mismo paquete que PP y Vox para culparlos a todos de “causar daño a la ciudadanía”.

Pero las derechas nacional e independentista catalana sostienen que la culpa de lo sucedido no es de su rechazo parlamentario, sino de la actitud de Sánchez. Los argumentos de Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont sonaron este jueves muy similares. “Lamentablemente, el Gobierno está usando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros son sagrados”, aseguró el líder del PP. “Los jubilados y los usuarios les importan un rábano”, denunció el de Junts en un mensaje en las redes sociales. “¿Si eran temas tan urgentes y tan importantes, a qué esperan para hacer algo más, aparte de gritar y hacer ingeniería electoral?”.

Más allá de criticar la inclusión de temas muy variados en un prolijo decreto, los dos muestra cierta vaguedad al expresar qué otras partes del decreto provocaron su rechazo. Feijóo insiste en el palacete de París que será devuelto al PNV, contra el que volvió a cargar duramente este jueves en lo que constituye ya una guerra abierta entre ambas formaciones. También blandió de pasada un argumento apenas usado hasta ahora, la desaparición de algunas bajadas temporales del IVA en vigor el pasado año. Y volvió a coincidir con Junts, en este punto con su secretario general, Jordi Turull, al aludir genéricamente a que en el decreto se favorece a los okupas. Se trata de la prórroga a la moratoria de los desahucios de familias vulnerables, una medida que hasta ahora ninguna de las dos formaciones había combatido especialmente.

El PP incluso ha anunciado que suspende cualquier relación con el Gobierno en tanto no recupere las dos medidas que sus propios diputados tumbaron. Los populares así lo hicieron saber después de que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se reuniese con parlamentarios suyos para explicarles su propuesta de reforma de la incapacidad permanente. El PP no dialogará hasta que el “Ejecutivo solucione de manera inmediata la grave situación que generó ayer [por el miércoles]”.

El partido de Feijóo ha presentado proposiciones de ley para recuperar la subida de las pensiones y las ayudas al transporte que, en el mejor de los casos, tardarían semanas en entrar en vigor. Varias comunidades gobernadas por el PP decidieron mantener su parte de bonificación al transporte mientras no se soluciona la correspondiente al Gobierno central. Se trata de Madrid, Galicia, Castilla y León, Aragón, Baleares y Murcia.

Con información de Virginia Martínez y María Fabra.

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Cada derrota parlamentaria del Gobierno suele ser acogida con entusiásticas ovaciones en la bancada de la derecha. Esta vez, sin embargo, la reacción fue apenas un espeso silencio cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunció el resultado del decreto ómnibus: 177 votos en contra (PP, Vox y Junts), 171 a favor y una abstención (UPN) Los populares, con el concurso indispensable de Junts, habían hecho morder el polvo al Ejecutivo, pero las consecuencias para la gente corriente de esa bofetada política desaconsejaban acogerla con cualquier tipo de celebración.

El PP votó contra el amplísimo decreto, de más de un centenar de artículos y con numerosas medidas sociales, agarrándose simplemente a uno de los asuntos incluidos en esa especie de cajón de sastre: la cesión al PNV de un palacete en el centro de París, actual sede del Instituto Cervantes tras haberlo sido del Gobierno vasco durante la República. En el caso de Junts, el grupo ni siquiera esgrimió un motivo concreto. Su portavoz, Míriam Nogueras, aludió a la pérdida de confianza en el Ejecutivo ya pregonada por Carles Puigdemont y descargó un ataque incendiario, el más duro con diferencia de su grupo desde que hace 14 meses apoyó la investidura de Sánchez. Su panoplia de descalificaciones a los socialistas incluyó términos como “manipuladores”, “trileros”, “piratas” o “chantajistas”. El Gobierno había intentado hasta el último momento que Puigdemont desistiese de su represalia, pero, según fuentes del Ejecutivo, el expresident ni contestó a sus llamadas.

PP y Junts se declararon dispuestos a reparar las consecuencias sobre los ciudadanos de su castigo político al Gobierno. Los populares ya registraron una proposición de ley para revalorizar las pensiones cuya aprobación, en el mejor de los casos, llevaría semanas. Nogueras, mientras, emplazó al Ejecutivo a presentar decretos separados con la subida de las percepciones de los jubilados y las ayudas a los usuarios del transporte.

Pero el roto es de proporciones mucho mayores. Los grupos parlamentarios han criticado a menudo la tendencia del Gobierno a incluir las cuestiones más variopintas en sus decretos y este no era una excepción. Entre los asuntos que quedan paralizados figuran las moratorias de los desahucios y cortes de suministros básicos a familias vulnerables, deducciones fiscales por mejoras energéticas en viviendas y vehículos, la actualización de las entregas de fondos del Estado a comunidades autónomas y ayuntamientos o los 4,5 millones que se iban a destinar a Ceuta ―gobernada por el PP― para la acogida de menores inmigrantes.

El primer pleno parlamentario del año desnudó en toda su crudeza la precariedad del Gobierno, que vio cómo decaían dos de los tres decretos que llevaba. La otra derrota se daba por descontada: el intento de prolongar durante 2025 el impuesto a las grandes energéticas, pactado por PSOE y Sumar con los grupos más a la izquierda, a sabiendas de que lo tumbaría lo que varios portavoces volvieron a definir como una “conjunción de las derechas”, en este caso con el añadido del PNV. El debate ilustró el choque ideológico entre los aliados del Ejecutivo, singularmente entre las dos fuerzas soberanistas vascas, EH Bildu y PNV. Y propició otra ruidosa acometida contra el PSOE de la líder de Podemos, Ione Belarra, cuya escalada verbal llegó hasta acusarlos de “traicionar a la ciudadanía” e incluso fomentar la “violencia social”.

La única victoria que cosechó el Gobierno tuvo también un cierto tinte amargo. El Congreso sí convalidó el decreto que recoge el acuerdo alcanzado el pasado verano entre patronal y sindicatos para retocar el sistema de pensiones, entre otras cosas, a fin de facilitar que voluntariamente se pueda continuar la actividad tras haber rebasado la edad de jubilación. El Ejecutivo salvó este envite gracias al apoyo del PP, porque tanto Junts como la izquierda soberanista ―ERC, EH Bildu y BNG― y Podemos votaron en contra.

El debate se había abierto con apelaciones diversas a dejar de lado las maniobras políticas y pensar en las medidas que benefician a los ciudadanos. Arrancó con ello el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en su defensa del decreto ómnibus, dirigiéndose a los 350 diputados: “¿A ustedes les han votado para dejar a 12 millones de pensionistas sin la subida de su pensión?”.

Los llamamientos no partieron solo del Gobierno. Cristina Valido, de Coalición Canaria, apeló al hemiciclo: “Señorías, me pregunto si algún día convalidaremos un decreto sin generar la angustia a millones de españoles. Me pregunto si algún día dejaremos de utilizar como campo de batalla las demandas más urgentes y necesarias de las familias que peor lo pasan”. “La ciudadanía no debe pagar por los cálculos partidistas de unos y otros”, aleccionó Mertxe Aizpura, de EH Bildu. “Están haciendo daño a la ciudadanía, no al Gobierno”.

Pero los diputados de Junts estaban a otra cosa. Empezando por teatralizar su pulso al Gobierno para estirar la intriga y captar la atención hasta el último minuto. De tal modo que sus siete diputados ni se presentaron al comienzo de la sesión ni intervinieron en el debate sobre el decreto ómnibus. No ocuparon sus escaños hasta hora y media después, cuando Nogueras sí usó su intervención en el debate sobre el impuesto a las energéticas para descargar la salva de cañonazos contra el PSOE. Acabó anunciando su voto negativo a los tres decretos como castigo a la “negligencia y falta de seriedad” de los socialistas.

También el PP sucumbió a la teatralización ocultando durante buena parte de la mañana el sentido de su voto. En la intervención inicial, su portavoz económico, Juan Bravo, se limitó a decir que no apoyarían el decreto ómnibus ―con la abstención hubiese bastado para dejarlo pasar―, a cargar contra el acuerdo sobre el palacete con el PNV y a exigir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y convoque elecciones.

Para completar las abundantes amenidades de la sesión, no faltó el duelo de esgrima entre los independentistas catalanes. Nogueras también había arremetido contra ERC tras presentar a Junts como “el único partido que prioriza el país y no admite chantajes”. Gabriel Rufián se revolvió de inmediato. “Hoy se materializa de forma casi definitiva la mayoría entre PP, Vox y Junts que acabará cargándose este Gobierno”, sentenció el portavoz de ERC. Rufián calificó al partido de Puigdemont de “terriblemente reaccionario” y evocó la corrupción de la desaparecida Convergència al acusar a sus diputados de pactar en Madrid “a cambio del 3%”. También Aina Vidal, viceportavoz de Sumar y representante de los comunes, disparó contra Junts por presumir de que defiende más que nadie a Cataluña cuando sus decisiones perjudican “el bienestar de los catalanes”.

Para reparar el destrozo, el Gobierno tiene la opción de aprobar nuevos decretos, aunque no ha dado señales de que se vaya a apresurar. De momento, su prioridad es denunciar que el PP deja en la estacada a los ciudadanos “en compañía de otros”, como apuntó Bolaños sin querer citar expresamente al partido de Puigemont. El relato, siempre el relato.

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La decisión de mantener tal impuesto, que en el ejercicio pasado proporcionó ingresos por 1.200 millones de euros, queda fuera del alcance del Ejecutivo. De hecho, el último Consejo de Ministros de 2024 acordó prolongarlo mediante un decreto previamente pactado con ERC, EH Bildu y BNG. Pero entonces ya se sabía que la aprobación era meramente simbólica, porque Junts y PNV lo rechazarían cuando llegase el momento de convalidarlo en el Congreso. Ese momento ha llegado. Y pese a que la correlación de fuerzas en el Parlamento resulta inesquivable, Podemos responsabiliza al Gobierno “porque tenía que haberse esforzado más” para convencer al soberanismo conservador.

“La confianza de Podemos con este Gobierno se ha roto”, dictaminó este martes su diputado Javier Sánchez Serna. “El Gobierno no quería cumplir con Podemos, quería cumplir con el PNV y con Repsol”. De tal modo que el partido fundado por Pablo Iglesias ni siquiera se sentará a negociar los Presupuestos. Fuentes de la formación argumentaron que unas nuevas cuentas tendrían un sesgo más derechista que las actuales prorrogadas, ya que necesitarían el apoyo de Junts y PNV para salir adelante.

Ninguna de las otras formaciones a la izquierda del PSOE sigue a Podemos. “La realidad y el arco parlamentario son los que son, no los que a nosotros nos gustaría”, constató el portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute. El diputado abertzale prefirió dirigir sus dardos al PNV, al que acusó de nuevo de actuar al servicio de Repsol, compañía dirigida por un antiguo presidente de ese partido, Josu Jon Imaz: “Las Haciendas vascas van a perder 100 millones al año para que se los ahorre Repsol y agradar así a su CEO”. Matute instó a PNV y Junts a poner fin al “acercamiento a las derechas españolas que vienen protagonizando en los últimos meses”. En una línea parecida, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, aludió al conjunto de “las derechas” para reprocharles que propicien un “regalo” a las grandes energéticas, “mientras hay personas que no pueden encender la calefacción”.

Al pleno extraordinario de este miércoles, el primero del año, se someterán otros dos decretos. El que recoge la pequeña reforma de las pensiones pactada en el verano por sindicatos y patronal tiene garantizada la aprobación, aunque también suscite diferencias entre los aliados de Sánchez. EH Bildu y BNG confirmaron su voto en contra por discrepar de las medidas que permitirán prolongar voluntariamente la vida laboral tras la jubilación. Será el anunciado apoyo del PP el que facilitará que la medida prospere.

La incógnita sigue centrada en un tercer y amplísimo decreto ómnibus repleto de medidas sociales en su centenar de artículos. Aquí toda la izquierda y el PNV brindarán su respaldo. Es Junts quien mantiene la incertidumbre, tras haberse reunido de nuevo este lunes en Bruselas con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, sin que hayan trascendido detalles de lo tratado. El PP, por su parte, sugiere que le dará la espalda, pese a que de su aprobación dependen cuestiones como la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al uso del transporte público, las entregas a cuenta del Estado a comunidades autónomas y ayuntamientos o un paquete de 4,5 millones para que el gobierno popular de Ceuta afronte los gastos de acogida de menores inmigrantes.

Fuentes de la dirección socialista reconocieron que hasta el último momento no se sabrá el sentido de la votación, pero recalcaron que el PP y Junts tendrían muy difícil explicar su rechazo a un paquete que comprende medidas como el alza de las pensiones a 11 millones de jubilados. En la cúpula socialista confían en que ambos grupos se abstengan al menos.

El PP esgrime para justificar su posible falta de apoyo que el decreto incluye la cesión al PNV de la actual sede del Instituto Cervantes en París, un palacete adquirido a principios del siglo XX por militantes de ese partido para ceder su uso al Gobierno vasco. El inmueble fue incautado por los nazis durante la ocupación de la capital francesa y entregado al franquismo. Los populares argumentan que los tribunales de la época validaron la propiedad del Estado. Al comentar el acuerdo entre el Gobierno y el PNV, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, cargó con una dureza extrema y sin precedentes contra el grupo vasco, al que tachó de “miserable”, “asqueroso”, “rastrero”, “aprovechategui” o “lamentable”. Un ataque de un calibre semejante solo podía obedecer a un intento de provocar la ruptura total e irreversible con los peneuvistas.

Junts, por su parte, se mantiene en la ambigüedad. La única declaración oficial la emitió su vicepresidenta y portavoz en el Parlament, Mònica Sales, quien recordó que Puigdemont ha dado por rotas las “negociaciones sectoriales” con el Gobierno, pero a la vez mantiene que su formación analizará todas las propuestas “en las que hay un beneficio para Cataluña”, informa Marc Rovira.

El pleno de este miércoles aprobará además, en este caso con un acuerdo total de los grupos, la concesión del suplicatorio al exministro y ex número dos del PSOE José Luis Ábalos para permitir que el Tribunal Supremo lo investigue por el caso Koldo. Tellado lo anticipó como un “momento histórico” y recordó que no se había producido nada igual con un exministro desde que en 1995 se concedió el suplicatorio de José Barrionuevo, titular de Interior con Felipe González, por su implicación en el caso GAL. En su espiral de acusaciones, Tellado llegó a afirmar que el Gobierno “se comporta como una mafia”.

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De los tres decretos a examen parlamentario, en uno de ellos está asegurada la derrota del Gobierno. Ahí no hay dudas sobre qué hará Junts y también el PNV: votarán junto a la derecha nacional contra el intento de prolongar un año más el impuesto especial a las grandes energéticas. Se trata de un revés descontado y hasta casi pactado por el Ejecutivo, que se vio obligado a aprobar el decreto en el último Consejo de Ministros del año por exigencias de la izquierda soberanista, ERC, EH Bildu y BNG. Estas tres formaciones también dan por hecha la derrota, pero pretenden de ese modo “retratar” a Junts y PNV, los grupos que presionaron para retirar el impuesto vigente hasta final del pasado año.

Otro de los decretos saldrá adelante de forma holgada, aunque en circunstancias un tanto peculiares. Se trata del que incorpora la reforma de las pensiones pactada entre sindicatos y patronal. En este caso son los partidos más a la izquierda quienes rechazan algunas medidas, sobre todo los incentivos contemplados para mantener la actividad más allá de la edad de jubilación. Junts no se ha pronunciado, pero aquí su voto no es necesario. El inusual colchón de seguridad del Gobierno lo proporciona esta vez el PP. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ya anunció que votará favorablemente al tratarse de un acuerdo entre los agentes sociales. En la época de Pablo Casado, los populares se opusieron a la reforma laboral a pesar de que también la habían pactado las centrales sindicales mayoritarias y los empresarios.

La incógnita está en el tercer decreto que se someterá al refrendo parlamentario y que abrirá el debate este miércoles. En él están en juego cuestiones de gran relevancia, como la actualización de las pensiones conforme al IPC del último año (2,8%). Se trata de uno de esos llamados decretos ómnibus, muy prodigados por este Gobierno y a menudo controvertidos porque juntan materias extraordinariamente heterogéneas. Los grupos los interpretan a menudo como una artimaña para obligarles a apoyar cuestiones de las que discrepan diluyéndolas en un cajón de sastre con otras medidas a las que resulta muy difícil oponerse, como en este caso la revalorización de las pensiones.

El decreto que se vota ahora en el Congreso es prolijo: 101 artículos, cinco disposiciones adicionales, una transitoria, otra derogatoria, 15 finales y dos anexos. Y ahí cabe de todo. Se prorrogan medidas adoptadas a raíz de la guerra de Ucrania como las bonificaciones a los usuarios del transporte público o la suspensión de los desahucios y los cortes de suministros básicos a familias vulnerables. También se prolongan ayudas para damnificados por el volcán de La Palma o las deducciones fiscales para fomentar mejoras energéticas en viviendas y vehículos. Se perfilan normas en favor de ayuntamientos y empresas afectadas por la dana. O se incluye una transferencia de 4,5 millones de euros a Ceuta para los gastos de acogida de menores inmigrantes, entre otros muchos acuerdos.

“¿Cómo se va a oponer nadie a todo esto?”, responden en el Gobierno cuando se les pregunta si tienen los apoyos confirmados. Lo cierto es que Junts no se manifiesta por ahora. Y aunque el PP evita adelantar el sentido de su voto, fuentes de la dirección popular justifican la posibilidad de no respaldarlo, pese a las medidas sociales que contiene, lo que sugiere que se inclinan por dejarlo caer. Los populares argumentan que el Gobierno “intenta camuflar decisiones inexplicables, como regalarle un palacete al PNV, con otras de cierta racionalidad”. Y añaden que si el Ejecutivo quisiera su apoyo, tramitaría “de otra forma” esas medidas, separándolas de la “transacción inmobiliaria” para los peneuvistas.

Se refiere el PP a la recuperación por parte del PNV de un inmueble de 1.309 metros cuadrados en París, un palacete en pleno centro, en el número 11 de la avenida Marceau, cerca de los Campos Elíseos y de la torre Eiffel, que hoy funciona como una de las dos sedes del Instituto Cervantes en la capital francesa y que al partido vasco le fue incautado por el franquismo. El Gobierno aprobó en un decreto el pasado 24 de diciembre el traspaso de este inmueble al PNV, atendiendo una vieja reivindicación de la formación nacionalista. En el acuerdo se estipula que partir del 1 de enero de 2025, el Instituto Cervantes deberá abonar una “renta de mercado” al grupo vasco para seguir ocupando el inmueble hasta 2030.

Los populares, que desde hace tiempo mantienen frecuentes choques con el PNV, socio de anteriores gobiernos suyos, rechazan ese pacto. Los peneuvistas argumentan que el edificio fue comprado por militantes suyos que cedieron su uso al Gobierno vasco durante la República. Tras la ocupación nazi, fue entregado a los franquistas y una sentencia judicial de la época permitió a la dictadura retenerlo.

El PP subraya también que Feijóo ya advirtió a Sánchez de que no le buscara cuando sus socios le fallasen y aconseja al PSOE que se dedique a hablar con Junts para salvar el decreto. Pero los independentistas han suspendido cualquier negociación sectorial con el Gobierno en tanto no se celebre una reunión de ambas partes en Suiza para abordar la exigencia de Puigdemont de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, rechazada de plano por el presidente. Lo que no quiere decir, ha matizado el líder de Junts, que sus siete diputados vayan a votar no de forma sistemática. La estrategia de los populares es, precisamente, intentar que el Ejecutivo sufra nuevas derrotas parlamentarias con el fin de desgastarlo y asentar la idea de que no tiene mayoría para gobernar.

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Carles Puigdemont no suele caracterizarse por permanecer entre dos aguas. Más bien gusta de presentar sus planteamientos políticos bajo un halo de osadía. Todo o nada. Sin grises ni matices. Pero el expresident ha estrenado sus 62 años —los cumplió hace tres semanas— mostrando fidelidad al mandamiento pragmático que recomienda un pájaro en la mano antes que ciento volando. La anunciada detonación de las relaciones con el Gobierno si no facilita la tramitación de la cuestión de confianza se queda, de momento, en un disparo de fogueo: la suspensión de las negociaciones sectoriales con el PSOE, incluidas las de los Presupuestos de 2025, según anunció el viernes en Bruselas. “Vale la pena que se entienda la gravedad y la seriedad de la situación”, manifestó Puigdemont. Una advertencia que tiene poco de nuevo. Desde que, hace cinco semanas, denunció que “las cosas no van bien” con el PSOE y desafió a Sánchez a ponerse en manos del Congreso, ha aprovechado cada intervención pública para amenazar con romper definitivamente. El 9 de diciembre ya apareció para subrayar que se había alcanzado “un punto de inflexión” que obligaba a no “perder más el tiempo”. Mediado enero, los plazos se han vuelto a estirar.

El Congreso de los Diputados empieza a parecerse a esos partidos de baloncesto en los que todo se resuelve en el último minuto. El pasado jueves, una hora antes de la reunión de la Mesa que debía analizar si tramitaba la iniciativa de Junts sobre la cuestión de confianza, PSOE y Sumar aún no se habían decidido. Los independentistas “estaban durísimos”, cuentan interlocutores próximos al Gobierno, y amenazaban con la ruptura total. Y Sánchez, por su parte, había resuelto que esta vez se plantaba sin remisión. Así que prosperó la vía salomónica: se decidió no decidir nada, igual que en diciembre. Para dar tiempo a la negociación, la Mesa del Congreso no volverá a reunirse en las dos próximas semanas. El asunto tendría que estar solventado antes de finales de febrero, cuando Junts dispone del turno de cada grupo parlamentario para llevar iniciativas al pleno.

¿Cómo salir de este punto muerto? Algunas fuentes del Gobierno apuntan, sin más concreción, a la búsqueda de fórmulas parlamentarias alternativas para satisfacer a Junts. Luego están los incumplimientos que denuncian los independentistas y que niegan en el PSOE. “No hemos incumplido nada, solo que algunas cosas necesitan tiempo”, insisten dirigentes socialistas. “En los acuerdos de Bruselas, por ejemplo, ya se decía que la amnistía estaría plenamente en vigor entre 2025 y 2026″.

Miembros del PSOE y de Sumar en contacto directo con Junts coinciden en que a menudo les cuesta discernir cuáles son sus exigencias específicas. Algunas escapan al ámbito directo de decisión del Gobierno, como los obstáculos judiciales a la amnistía o el uso del catalán en las instituciones europeas. Sobre lo que sí es competente el Ejecutivo, el traspaso a Cataluña de las competencias de inmigración, algunas de las demandas de los de Puigdemont se consideran inaceptables, como la cesión a los Mossos del control de aduanas. El asunto despierta además recelos entre los socios del Gobierno, especialmente en Sumar, por las posiciones sobre la materia que mantiene Junts, sometido a la nueva competencia de la xenófoba Aliança Catalana.

Más clara parece la reclamación de lo que el secretario primero de la Mesa del Congreso y miembro de los comunes catalanes, Gerardo Pisarello, definía el jueves como el “despliegue político de la amnistía”. Hablando en plata: tratar a Puigdemont como si ya estuviese amnistiado, antes de que el Tribunal Constitucional decida sobre el rechazo del Supremo a aplicarle la medida de gracia. Y más concretamente: que Sánchez y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúnan con él. El jefe del Ejecutivo ya se ha mostrado dispuesto. Aunque no en este momento y bajo esta presión, afirman fuentes gubernamentales. Al menos debería haber avances en algunos temas, como esa negociación presupuestaria que parece alejarse cada vez más, pero sobre la que no todos tiran la toalla en el Gobierno.

Los socialistas catalanes también han detectado que una de las cuestiones que molesta a Junts —y Puigdemont lo esbozó el viernes en Bruselas— es el relato de que Cataluña se ha “pacificado”. Dirigentes que han hablado estos días con la cúpula de la formación independentista revelan que su reciente acercamiento al PP se esgrime ya como elemento de presión. Pero una moción de censura con los populares y Vox está completamente descartada. Lo dijo Puigdemont y con más claridad aún su secretario general, Jordi Turull, al referirse así a los que serían sus hipotéticos socios: “Por la mañana piden ayuda y por la tarde te quieren preso”.

La dirección de Junts sostiene que, sin poder presentar en público logros tangibles de los acuerdos con el PSOE, se quema en el fuego de la falta de credibilidad. “Reconocer que una apuesta que has hecho no ha salido bien tiene un coste”, admite Puigdemont. Junts trata de mitigar la pérdida de fuerza negociadora que supone la inviabilidad de una alternativa al Gobierno recordando que sus siete escaños son claves para sustentar la mayoría. El expresident aprieta las tuercas, pero con cuidado de no pasarse de rosca. “La amenaza o chantaje no es nuestro estilo”, asegura. La avería tratará de repararse de nuevo en Suiza, con la presencia del verificador internacional. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, espera la llamada de Junts para fijar la cita. No debería pasar de la próxima semana.

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Aunque Junts no se ha pronunciado, fuentes parlamentarias aseguran que la formación ha valorado como apropiado este nuevo aplazamiento. El secretario de la Mesa y representante de Sumar, Gerardo Pisarello, informó de que ahora se buscará la manera de “adaptar” la propuesta de Junts a lo que requiere el Reglamento de la Cámara baja sobre una prerrogativa, la de someterse a una cuestión de confianza, que solo corresponde plantear al propio jefe del Ejecutivo.

La reunión de la Mesa se ha prolongado durante más de una hora, ante el debate planteado por el PP, favorable a admitir a trámite la iniciativa indepedentista. Los populares pretendían forzar que se votase este mismo jueves, a sabiendas que Puigdemont ha convocado el viernes en Bruselas a la cúpula de su partido y, en caso de rechazo a sus pretensiones en el Congreso, probablemente daría por rotas sus relaciones con el Gobierno. Pero los votos de los cinco miembros de PSOE y Sumar, frente a los cuatro populares, lo han impedido.

Pisarello, secretario de la Mesa, ha apelado a razones “jurídicas y políticas” para justificar el aplazamiento. Por un lado, el dirigente de los comunes catalanes y de Sumar ha señalado que persisten las dudas entre la mayoría del órgano del gobierno de la Cámara sobre el encaje reglamentario de la iniciativa, una idea sobre la que insistieron fuentes socialistas. En el apartado político, Pisarello ha hablado de la necesidad de seguir negociando para apuntalar la “mayoría de investidura”. Y en ese punto ha urgido a emprender “un despliegue político de la amnistía” en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la negativa del Supremo a aplicarla a Puigdemont y Junqueras. Eso implicaría “reconocer como personas amnistiadas e interlocutores” a los máximos dirigentes de Junts y ERC. Sánchez ya se ha mostrado dispuesto a reunirse con ambos, aunque el Gobierno no ha concretado más.

Los letrados del Congreso asumieron en un informe interno el pasado diciembre que existía base jurídica tanto para tramitar como para vetar la iniciativa de Junts, siempre con la salvedad de que su hipotética aprobación no sería vinculante para el presidente. Una de las posibilidades que se han manejado es que Junts reformule iniciativa para dejar claro que se trata de una mera declaración política que no compromete legalmente al Ejecutivo. El partido de Puigdemont exigió que el Congreso votase esa propuesta porque entiende que su relación con el Gobierno de Sánchez no pasa por un buen momento y porque cree que no se han cumplido algunos de los compromisos adquiridos hace un año en el acuerdo de investidura. Junts alude a la transferencia íntegra de las competencias en materia de inmigración, la posibilidad de usar el catalán en las instituciones europeas o la aplicación general de la polémica ley de amnistía, que ya no depende de las actuaciones del Ejecutivo y de cuyos beneficiarios el Supremo excluyó a Puigdemont.

Los partidos con grupo parlamentario tienen una serie de cupos para registrar este tipo de propuestas en el Congreso a fin de ser debatidas en pleno. El de Junts, en este nuevo periodo de sesiones, correspondería a finales de febrero, lo que significa que aún tendrían tiempo para insitir con su proposición, que la Mesa la volviese a estudiar y que pudiera debatirse y hasta aprobarse en un pleno en esas fechas. Que la cuestión de confianza fuese reclamada por el pleno de la Cámara, pese a no obligar en nada al jefe del Ejecutivo, supondría un varapalo político en un momento ya bastante convulso de la legislatura y cuando en teoría se está perfilando la negociación para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2025, los primeros de este mandato.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había dicho esta misma mañana en una entrevista en Canal Sur que la Mesa del Congreso no podía tramitar la proposición de Junts tal y como se había presentado. “Es bastante de sentido común que una cuestión de confianza es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno y que, por tanto, la Mesa del Parlamento no puede tramitar esa proposición no de ley que, además, no tiene ningún otro tipo de efecto más allá de parecer”, ha añadido.

Por su parte, el Partido Popular ha querido es aprovechar esta situación para subrayar la dependencia del Gobierno de Sánchez del partido de Puigdemont, al tiempo que ha admitido sus dificultades de interlocución con el partido independentista para plantear una eventual moción de censura conjunta, el instrumento previsto en el Reglamento del Congreso para que la oposición promueva la retirada de la confianza y la caída del Ejecutivo. La vicesecretaria popular Ester Muñoz ha descartado este jueves que el PP vaya a abrir contactos con el líder de Junts, porque tiene su residencia fuera de España tras huir de la justicia española en 2017. “Es complicado, el señor Puigdemont está en Waterloo y nosotros en España”, ha aseverado Muñoz preguntada sobre posibles contactos con ese partido, informa Elsa García de Blas

La Mesa del Congreso ha aprovechado su reunión de este jueves para incluir en el orden del día del pleno extraordinario de la semana que viene, el miércoles 22, la aprobación del dictamen adoptado por unanimidad por la comisión del Estatuto del Diputado sobre la concesión del suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para retirar la inmunidad parlamentaria al diputado ahora del Grupo Mixto José Luis Ábalos, exministro y ex secretario de Organización del PSOE. De ese modo el Supremo tendrá ya vía libre para investigar a Ábalos por su implicación en el llamado caso Koldo.

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Pedro Sánchez ha dado una instrucción muy clara a su equipo, según diversas fuentes: ese trágala es inaceptable y no se puede asumir, así que el no es definitivo. Pero la negociación pasa por buscar alguna otra salida para que Puigdemont, que ha amenazado con romper todo si no se admite a trámite su iniciativa, acepte alguna otra vía para evitar ese choque definitivo con el Ejecutivo que no implicaría directamente la caída del Gobierno, porque nada indica que Junts se vaya a sumar a una moción de censura con el PP y Vox, pero sí añadiría muchas dificultades y abriría la puerta a muchas más derrotas parlamentarias y a un cierto bloqueo legislativo o a tener que buscar en cada ocasión al PP, como sucederá el próximo jueves en la reforma de pensiones, que los populares apoyarán porque viene de un acuerdo entre patronal y sindicatos.

El Gobierno empieza a asumir la idea de que vienen tiempos parlamentarios aún más complicados y sobre todo que los Presupuestos, que ya estaban difíciles, se alejan cada vez más. Sánchez ya ha dejado claro muchas veces que no convocará elecciones aunque le tumben las cuentas, que ha prometido presentar, y puede seguir con las de 2023 de nuevo prorrogadas, pero parece evidente que la situación política se le complicaría mucho y las consecuencias son imprevisibles.

Junts insiste en exigir que se admita a trámite la iniciativa, y señala en privado que después podría incluso retirarla y que no llegue a votarse si culminan con éxito las negociaciones que tiene en marcha con el Gobierno, entre ellas la más relevante, la del traspaso de la competencia plena de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Pero Sánchez ya ha transmitido un no rotundo a esta idea porque considera que la iniciativa es completamente extemporánea y supone simplemente una exhibición de poder sin sentido de Puigdemont, un trágala. Por eso se buscan otras soluciones, aunque nada indica que un acuerdo esté cercano.

Encima de la mesa está en todo momento la posibilidad de una reunión entre Puigdemont y Sánchez en Bruselas, algo a lo que el presidente siempre se ha mostrado abierto, como gesto de reconocimiento político, pero que tendría que llegar en un momento de acercamiento, con un posible pacto de Presupuestos en ciernes, y no como solución a una crisis como esta. Sánchez ya dijo en diciembre que él estaba dispuesto a reunirse con Puigdemont y con Oriol Junqueras, líder de ERC, con el que ha hablado por teléfono pero no se ha citado nunca. Precisamente en este contexto de máxima tensión, Puigdemont y Junqueras se verán este jueves en Bruselas, en un momento en el que se puede estar definiendo el curso de la legislatura.

Mientras, el riesgo de que esta decisión en la Mesa del Congreso tenga consecuencias catastróficas para la mayoría también tiene inquieto a Sumar, socio minoritario de la coalición. El grupo de Yolanda Díaz no desvelará hasta este jueves el sentido del voto de sus dos representantes en la Mesa, aunque no tienen intenciones de romper con el PSOE en este asunto. La cuestión ha suscitado cierto debate interno e incluso alguno de sus miembros, como Àgueda Micó, la portavoz de Compromís, se pronunció públicamente por aceptar que la iniciativa de Junts se someta al pleno. La dirección del grupo parlamentario se reunió este miércoles para abordar la cuestión y aplazó cualquier decisión a la espera de perseverar en las negociaciones a tres bandas con el PSOE y los independentistas, señalaron fuentes de la formación.

Sumar está de acuerdo en que la atípica propuesta de Junts “supone una moción de censura de facto y colocaría al Congreso ante un precedente peligroso”, según las fuentes consultadas. Pero el socio minoritario del Gobierno también ha deslizado algunas críticas a la actuación del PSOE. El dirigente de los comunes catalanes y secretario de la Mesa, Gerardo Pisarello, afirmó en declaraciones a la SER que sus socios no le informaron de sus planes de vetar la admisión a trámite de la iniciativa de los independentistas y lamentó: “Se debería haber negociado como tocaba para que esto no pasara”. Pisarello pidió también un “gesto de reconocimiento” del Gobierno con Puigdemont.

El PP volverá a defender que se dé vía libre a la propuesta para llevarla a pleno, como ya hizo en diciembre. Entonces la Mesa acordó aplazar la decisión tras un informe de los servicios jurídicos de la Cámara que concluía que existe base legal tanto para darle trámite a la iniciativa como para vetarla. Los letrados del Congreso sugerían otra posible salida: que Junts la reformulase para dejar sentado en el texto que un acuerdo plenario solicitando al presidente que se someta a una cuestión de confianza constituiría una mera declaración política sin carácter vinculante para el jefe del Ejecutivo. Sin embargo, políticamente la instrucción de Sánchez parece clara en el sentido de que la moción no puede ser admitida a trámite. Vox, que no tiene representación en la Mesa, también se ha mostrado favorable a tramitar la iniciativa, al tiempo que ratificaba, por boca de su portavoz, Pepa Millán, que repudia cualquier clase de relación política con quienes “quieren romper España”.

Si finalmente se confirma el desencuentro entre el Gobierno y Junts, en el Ejecutivo confían en que no tenga mayor trascendencia sobre el primer pleno del año, convocado para el próximo miércoles 22. Ahí el Ejecutivo cuenta con una derrota asegurada, precisamente por el voto contrario de Junts y también del PNV: la del decreto que mantiene el impuesto especial a las grandes energéticas. Ese revés está descontado desde hace semanas. El Consejo de Ministros aprobó el decreto a final de año a sabiendas de que sería rechazado en el Congreso, simplemente para atender las exigencias de sus aliados más a la izquierda, ERC, EH Bildu y BNG. Los dos otros dos decretos que irán al pleno no deberían tener dificultades. Uno es el que prorroga diversas ayudas, como la gratuidad del transporte público para los jóvenes, que normalmente ha cosechado un amplio apoyo. Y el otro es la reforma de las pensiones pactada por sindicatos y patronal, que cuenta con la oposición del espectro más a la izquierda del hemiciclo, pero al que el PP ha anunciado su voto favorable. En este primer pleno, por tanto, Junts no es decisivo, pero sí puede serlo en muchos otros, y por eso se negociaba este miércoles y se seguirá haciendo para evitar una ruptura definitiva que no parece beneficiar a nadie más que a la oposición de PP y Vox, quienes consolidarían así su discurso de que el Gobierno no tiene mayoría.

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Meses más tarde, en pleno confinamiento por la covid y con el Gobierno buscando apoyos para prolongar el estado de alarma, Lastra volvió a reunirse con EH Bildu, esta vez sin foto. A cambio de su apoyo, se comprometió a derogar “de manera íntegra” la reforma laboral del PP. La escandalera fue tal que los socialistas rectificaron a las pocas horas. Hoy, al Gobierno no le importa arrostrar las críticas de la derecha y pactar con la formación independentista vasca la derogación de otra emblemática norma de los años de Mariano Rajoy, la llamada ley mordaza. Y dejar que sean Aizpurua y su compañero Jon Iñarritu quienes den cuenta del acuerdo.

En octubre de 2023, el propio Pedro Sánchez, en plenas negociaciones para su investidura, se reunió por primera vez con Aizpurua. Las manos ya se estrecharon entre sonrisas. En el nutrido inventario de “cambios de opinión” del líder socialista, las relaciones con los abertzales ocupan un lugar de honor. En 2015, en una entrevista en Navarra TV mil veces recordada por sus detractores, llegó a afirmar: “Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo repito cinco veces o veinte”.

Si un analista político despertase hoy tras un sueño de una década, se asombraría al comprobar que los continuadores de la desaparecida Convergència cultivan la dialéctica rupturista, mientras los herederos de la antigua Batasuna participan plenamente de los usos de la política institucional. Un repaso a las votaciones en el Congreso muestra que Sánchez no ha tenido aliados más fieles que los dos grupos soberanistas vascos. Y últimamente la formación que comanda Arnaldo Otegi, con seis valiosos diputados, por delante incluso del PNV.

Con el tiempo se ha ido creando “un clima de respeto y confianza”, señala la portavoz de los abertzales, desde que en 2020 estos se limitaran a abstenerse en la anterior investidura de Sánchez. Tras las generales del 23-J, Otegi apenas tardó unas horas en anunciar el apoyo al líder socialista. En la actual legislatura sus diputados solo han dejado de votar con el Gobierno en contadas ocasiones y nunca en asuntos de gran relevancia. Una actitud que reconocen en privado tanto en el PSOE como en Sumar. “Tienen una estrategia muy clara para su plena normalización y de ella no se separan”, comenta uno de sus interlocutores en el socio minoritario del Ejecutivo. “Vienen sobre todo con una agenda social y no tienen prisa”. La competencia con el PNV, más visible en el Congreso tras las últimas elecciones vascas en las que Bildu rozó el sorpasso, obliga al Gobierno a uno de esos complicados juegos de compensaciones con sus aliados. “Pero no es como la pelea entre Junts y ERC. Los vascos son más maduros”, concluye la misma fuente. Lo que no quita los ataques del PNV a la nueva posición de sus rivales en el campo nacionalista. “Van a votar hasta ‘viva la Guardia Civil’ si hace falta”, ironizaba el portavoz peneuvista, Aitor Esteban, en una entrevista con EL PAÍS en septiembre.

“Nosotros no entramos en ese juego tan en boga de utilizar determinados posicionamientos políticos como arma de presión y de cara a los medios”, declara Aizpurua. “No jugamos a sorprender a nadie. Tenemos un criterio sobre lo que se debe hacer en cada caso y así votamos. Somos claros”. Con todo, su balance no pasa de “agridulce”. Echa en falta “más valentía en el Gobierno”, como en lo sucedido recientemente con el paquete fiscal. Su formación, junto a ERC y BNG, se sintió ignorada después de que el Ejecutivo pactase con Junts y PNV suprimir el impuesto a las energéticas. La exigencia de estas tres formaciones de la izquierda soberanista ha obligado al Gobierno a promulgar un decreto recuperándolo, aunque todo indica que no pasará el filtro del Congreso.

Aizpurua se muestra comprensiva con las dificultades del Ejecutivo: “Tiene que hacer equilibrismo. Si nadie [entre los socios] consigue todo lo que quiere, todos nos quedamos con un poco de frustración. Pero no hay otra”. Cree que el Gobierno debería intentar una estrategia distinta: en lugar de buscar acuerdos con cada partido por separado, negociar pactos globales con los flancos a la derecha y a la izquierda de toda su base parlamentaria.

Una de las cuestiones más llamativas de la política de EH Bildu en el Congreso ha sido su voluntad de poner el acento en cuestiones sociales y económicas por encima de las identitarias. Eso ha conferido gran protagonismo a su portavoz en estos temas, Oskar Matute. Las críticas frecuentes de la oposición contra los acuerdos entre el Gobierno y los abertzales suelen centrarse en los acercamientos de presos etarras al País Vasco. Aizpurua rebate: “Nosotros lo único que pedimos es que se cumpla la legalidad vigente. Y cumplir la ley es acabar con la dispersión y que los presos estén cerca de sus familias”.

En octubre pasado, el Gobierno se vio envuelto en una gran polvareda por la ley que, en adaptación de una directiva europea, permite contabilizar los años pasados en cárceles del extranjero como parte de las penas cumplidas. De ese modo, condenados por terrorismo pueden ver reducido su tiempo de estancia en prisión. La derecha reaccionó escandalizada, aunque el asunto quedó mitigado porque tanto PP como Vox habían votado a favor de la norma, según ellos, al no haber reparado en sus consecuencias.

Por mucho que la oposición recupere periódicamente el recuerdo de ETA, en la parte socialista del Gobierno consideran que el desgaste por los acuerdos con los abertzales ya está descontado. Lo subraya un ministro: “Bildu está haciendo lo que nos pasamos años pidiéndoles: política”.

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Pregunta. El Congreso aprobó el paquete fiscal sin el impuesto a las energéticas, que el Gobierno ha incluido en un decreto sin tener asegurados los votos. ¿Qué margen hay?

Respuesta. Nosotros pusimos la enmienda de las energéticas en la mesa y vamos a pelear hasta el final para que salga. Hay una buena sintonía para que el impuesto siga.

P. Junts y el PNV se oponen.

R. La legislatura no será fácil, pero nos dedicamos a esto, a pelear y a no rendirnos. Estamos confiadas.

P. ¿No queda descafeinado sin ese impuesto?

R. No, es un paquete progresista, donde paga más quien más tiene, conseguimos el impuesto a las grandes multinacionales, incrementos en rentas de capital... Es el paquete que queríamos y aún quedan los Presupuestos. Esto nos abre la puerta.

P. El problema es que no hay una mayoría de izquierdas. El PNV y sobre todo Junts tiran al PSOE hacia la derecha.

R. Las victorias políticas no son fáciles nunca. En ocasiones se externalizan más las divergencias y en otras menos. Lo sufriremos y las pelearemos toda la legislatura.

P. El PNV ha dicho que el PSOE y Sumar deberían renunciar a todo su programa y acotar sus aspiraciones.

R. Nuestras aspiraciones estaban en el programa con el que nos presentamos el 23-J y en un acuerdo de gobierno. Con eso vamos a ir adelante.

P. Pero lo tiene que validar el Parlamento.

R. Lo que tendrá que validar son las legislaciones concretas, que llegarán una a una y en las que sudaremos la camiseta, que para eso nos han votado.

P. Junts y Podemos están poniendo muchos obstáculos para los Presupuestos. Si fracasan, ¿el Gobierno queda tocado?

R. Va a haber Presupuestos. Tenemos 7.500 millones de un paquete fiscal que nos ponen más fácil que los haya.

P. ¿Podemos va de farol?

R. Las estrategias de otros prefiero no valorarlas.

P. Cuando les acusan de estar entregados al PSOE, ¿qué les replicaría?

R. No voy a replicar nada a ninguna organización. Tenemos grandes diferencias con el socio de gobierno. La vivienda es el ejemplo más evidente. Y lo que hacemos es trabajar como sabemos, confrontando con argumentos.

P. El Gobierno ha pedido al PP apoyo para la reforma de la ley del suelo. ¿Les preocupa que traigan el mismo proyecto que ustedes ya rechazaron?

R. No estamos de acuerdo con esa reforma y no lo vamos a estar. Si no estamos de acuerdo con algo porque entendemos que va otra vez a producir una burbuja inmobiliaria, lo vamos a decir y a intentar convencer al socio.

P. ¿No les inquieta que el PSOE mire más a su derecha?

R. Estamos en un Gobierno de coalición progresista que negocia y adopta de común acuerdo cada medida. Seguiremos trabajando para que el socio se arrime más a nuestros postulados.

P. ¿Ha dado su socio las suficientes explicaciones sobre los casos judiciales que le afectan?

R. En materia de corrupción, tolerancia cero. Esto es lo primero. A partir de ahí, en cuanto a los procedimientos judiciales abiertos, ha habido de todo. Esperamos a un fallo que determine cuál es la responsabilidad de cada quien.

P. ¿Están de acuerdo cuando el PSOE dice que hay un acoso judicial al Ejecutivo?

R. En el ámbito de la judicatura arrastramos las consecuencias de una ley del silencio que provocó que haya hoy poderes fácticos situados en algunas instituciones. Que vayan en contra o no de un determinado Gobierno no es la cuestión, sino garantizar un acceso a la justicia mucho más democrático, con becas, con oposiciones que sean de otra manera. Hacer que la gran mayoría acceda a los puestos judiciales más altos. Con ley del silencio me refiero a que personas que venían de la dictadura y de una ideología contraria a los derechos más básicos fueron las que antes alcanzaron determinados ámbitos en los poderes del Estado y ahí lo que favoreció esa ley del silencio es que haya determinadas posiciones de extrema derecha en algunas instituciones.

P. ¿Existe el lawfare?

R. En todo el mundo se dice que existe, no voy a ser yo la que niegue la obviedad. Otra cosa es que sea generalizado.

P. Tras el acuerdo con los sindicatos, ¿cuál es el principal obstáculo para la reducción de la jornada laboral?

R. Una cosa son los obstáculos y otra, las excusas. Sabemos que hay sensibilidades diversas en el Congreso, pero estamos aquí para alcanzar un acuerdo. España es la economía que más crece de Europa y hay margen de sobra. Es una medida que por justa es necesaria. Que tiene el apoyo de la mayoría social y transformará para bien la vida de la gente trabajadora.

P. ¿Se han recuperado en el grupo ya tras el caso Errejón?

R. Nunca dejamos de trabajar con normalidad y ahora con la nueva reordenación, colocamos las piezas donde tienen que encajar.

P. ¿Ha tenido algún contacto con él?

R. No

P. ¿El caso les puede hacer daño electoralmente?

R. Nos ha hecho daño a algunas en lo personal, porque ha sido sorpresivo y estamos aún como tristes, pero ha provocado que todas nos reforcemos en la unidad y tengamos más claro que nunca la necesidad de una fuerza como Sumar para sacar adelante las políticas de izquierdas y feministas.

P. ¿Y a qué achacan que sus apoyos hayan caído entre generales y europeas cerca de un 70%?

R. Las últimas encuestas dan datos dispares. No estamos en un ámbito electoral cercano, y en lo que nos centramos es en gobernar.

P. IU consideró insatisfactoria esa reorganización del grupo en el Congreso.

R. Después de unas semanas, hemos llegado a una serie de acuerdos. Han encajado todas las piezas.

P. ¿Descartan cambiar el nombre del grupo como piden?

R. Nunca he esquivado ningún debate, pero esa cuestión no está en mi mesa.

P. En tres meses celebran la asamblea de Movimiento Sumar. ¿Hay ya un relevo para Díaz al frente del partido?

R. Yolanda Díaz es el referente en Sumar. A partir de ahí, hablar en otros términos me parece que no procede. Ahora mismo existe una coordinación de cuatro personas y en marzo elegiremos otra.

P. ¿Y como candidata a la Presidencia del Gobierno?

R. Es que Yolanda Díaz es Sumar. Para mí esto es algo muy evidente.

P. ¿Movimiento Sumar o Sumar la coalición?

R. Yolanda es la imagen de Sumar, es el referente de Sumar.

P. ¿Y debería seguir siéndolo?

R. Si me pregunta a mí, sí, por supuesto, claro que sí.

P. ¿La ruptura con Podemos es irreversible o sería deseable que se reconstruyese el espacio?

R. Podemos adoptó una decisión unilateral hace un año. La coalición Sumar es el espacio de la unidad de la izquierda y vamos a seguir trabajando para que las medidas que se adopten sigan siendo de izquierdas.

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“A un Gobierno no se le mide solo por el número de leyes aprobadas”, sostuvo Pedro Sánchez la pasada semana al hacer su balance de fin de año. Era una manera de reconocer una obviedad: que la producción legislativa del Ejecutivo se ha ralentizado desde que las últimas elecciones le complicaron aún más la búsqueda de mayorías. La prueba es que ha habido plenos del Congreso que no han completado los tres días de duración habituales al no disponer de temas para los jueves, la jornada que se dedica a las iniciativas legislativas.

Algunos de los aliados parlamentarios de Sánchez, como ERC y PNV, ya le venían advirtiendo de que fuese selectivo con los proyectos que manda al Congreso. Aunque desde dentro del Gobierno, Sumar reclame una posición más activa en ciertos temas, sintetizada en la frase que repite la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: “Gobernar no es resistir”.

En los 13 meses desde la formación del actual Gobierno, han llegado al BOE 25 nuevos textos legislativos: una reforma constitucional para sustituir el término “disminuidos” por “personas discapacitadas”, 14 leyes y 10 decretos. Lejos de la media de más de 50 por ejercicio de la pasada legislatura, en la que el Ejecutivo de coalición progresista sacó adelante 215. “Es normal que la producción se reduzca respecto a los primeros años del Gobierno, porque entonces se estaba poniendo en marcha el proyecto de cambio”, justifican fuentes gubernamentales “En algunos sectores ya se han hecho las grandes reformas, pero en otros como en Justicia se llevaba mucho tiempo sin reformas estructurales y ahora hemos abordado leyes muy importantes”.

En el último pleno de 2024, quedó lista una de ellas, la de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que el ministro Félix Bolaños presenta como la “mayor modernización en años” de esa Administración. En ese mismo pleno la noticia más comentada fue el entendimiento de PNV y Junts con el PP para derogar el impuesto a las energéticas, lo que acabó opacando el resto del paquete fiscal de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que incluye una reforma del impuesto de sociedades o un impuesto a la banca, entre otras medidas.

“Para un Gobierno que va a empezar su séptimo año, el balance legislativo es bueno”, defienden en el Ejecutivo. Y esgrimen datos comparativos para subrayar que superan a todas las comunidades autónomas, con mayoría de presidentes del PP. Solo un Parlamento regional, el de Navarra, donde también gobiernan en coalición los socialistas, se acerca a las cifras del Congreso, con 23 textos aprobados. Andalucía, con mayoría absoluta del PP, suma 17, mientras que Madrid, en igual situación, se ha quedado en 8 y Galicia, que celebró elecciones este año, en 3, las mismas que Extremadura y Cantabria, donde los populares están en minoría.

De los proyectos ya vigentes, además de los reseñados, sobresalen la amnistía, por supuesto, reformas como la de la ley del Poder Judicial -pactada por PSOE y PP-, la de la protección por desempleo o la del funcionamiento de RTVE, así como la ley de paridad entre hombres y mujeres. En el cómputo se incluyen los tres decretos para paliar los daños de la gota fría y los dos que prorrogan las medidas extraordinarias adoptadas por las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Hay otros textos legislativos en trámite cuya suerte no está muy clara por las diferencias entre los grupos que podrían respaldar al Gobierno. Es el caso del que regula el mercado de derechos de emisiones contaminantes, que estaba en proceso de redacción y se ha suspendido después de que PP y Junts colasen una enmienda para suprimir el impuesto a la producción eléctrica. La reforma de la ley mordaza, que ya encalló la pasada legislatura, se adivina como uno de los difíciles encajes con los aliados en el nuevo periodo de sesiones tras la Navidad. Y hay otras iniciativas que llevan meses en el congelador, como la ley de familia o dos normas para garantizar la universalidad y la equidad del sistema sanitario. Entre estas últimas figuran 15 iniciativas aprobadas por el PP en el Senado, con medidas contra la okupación o para reducir impuestos, que la Mesa del Congreso mantiene bloqueadas pese a las protestas de los populares.

En lo que va de legislatura, el Congreso ha celebrado 899 votaciones, en las que se incluyen leyes completas, enmiendas parciales, mociones o proposiciones no de ley. Estas dos últimas se someten a menudo al refrendo del pleno separadas en varios puntos. El Gobierno ha sido derrotado en no más de 74 ocasiones, el 8,23% del total. La mayoría, en iniciativas sin transcendencia jurídica, aunque con valor simbólico: el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, pronunciamientos sobre el Sáhara Occidental o las reprobaciones de los ministros del Interior y de Transportes.

En el capítulo legislativo, los mayores reveses los ha sufrido con dos proyectos retirados antes de llegar a la votación ante la evidencia de su derrota: el techo de gasto, que demoró el proceso para los Presupuestos de 2025, y la ley del Suelo, contestada por Sumar. Los socialistas también se toparon con la oposición de casi toda la Cámara a su propuesta para perseguir el proxenetismo. Contra la opinión del PSOE, la Cámara dio luz verde a propuestas del PP para estrechar el control parlamentario sobre el envío de tropas al extranjero o la que pretende rebajar la protección del lobo. Pero ambas permanecen en ese limbo en el que la Mesa confina multitud de iniciativas: prolongando indefinidamente el periodo de presentación de enmiendas.

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Han pasado los meses, atrás ha quedado la ley de amnistía, la cuestión territorial ya no está en el centro del debate y la tarea de gobernar impone otras cuestiones como las económicas. Y se abre paso la evidencia. En el Congreso apenas se habla ya de “bloque de investidura” y diputados del espectro progresista corroboran con resignación: “Hay que asumirlo, no hay una mayoría de izquierdas”. Cuando alguno como Podemos todavía parece resistirse, llega el portavoz del PNV, Aitor Esteban, y los reprende: “A ver si se van haciendo a la idea de que no tienen mayoría para ciertas cosas”. Esteban ya lo había advertido en la última comparecencia de Sánchez: “Si algún grupo quiere imponer su agenda, el PNV se va a plantar”.

En el Congreso se habla de la teoría de la manta como metáfora de las dificultades del Gobierno para conciliar las posiciones de sus aliados. La imagen original es futbolística y proviene de un entrenador brasileño de los años 70, Tim, quien ejemplificaba así la dificultad de equilibrar el juego entre ataque y defensa: “El fútbol es como una manta corta: si te tapas la cabeza, descubres los pies; y si te tapas los pies, descubres la cabeza”. En el hemiciclo detalló con sorna el “espectáculo de la manta” un diputado popular, Pedro Puy, la mañana que, tras días de agónicas negociaciones, se aprobaba el paquete fiscal antes de enviarlo al Senado: “Se tapa Junts, se destapa Sumar; se tapa Sumar, se destapa Esquerra; se tapa Esquerra, se destapa Podemos. Y el PNV, por supuesto, siempre está tapado”.

El Congreso vive en una permanente ciclotimia. El optimismo y el pesimismo van por semanas. Cuando el mes pasado se cerró el acuerdo para el paquete fiscal, los diputados de Junts aparentaban encantados de la relación con el Gobierno, y las apuestas apuntaban a la aprobación de los próximos Presupuestos. Ahora, los de Puigdemont han vuelto a enfurruñarse y exigen una cuestión de confianza. Podemos también amenaza, aunque no acaba de consumarlo. Y sus señorías se han ido de vacaciones con los Presupuestos cotizando a la baja.

Lo que no quiere decir que el panorama no pueda despejarse en enero. Porque en este juego de perspectivas entre el vaso medio lleno o medio vacío, el Gobierno esgrime la aprobación de proyectos muy relevantes. Surfeando en el agitado oleaje entre derecha e izquierda, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho malabarismos y ha podido refrendar una reforma fiscal que incluye un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades, subidas del IRPF para las rentas de capital y de la fiscalidad del tabaco o un nuevo impuesto a la banca. Otro ministro, Félix Bolaños, ha logrado aprobar una ley que cambiará sustancialmente la estructura y el funcionamiento de la Administración de Justicia. En un año y con ese endemoniado reparto de fuerzas en el Congreso, los socialistas destacan que han sacado 25 textos legislativos, “dos por mes”.

Tan cierto como que en este tiempo se han exacerbado las diferencias entre sus aliados. El episodio del impuesto a las energéticas resulta paradigmático: se ha convertido en un campo de batalla entre todos ellos. Y revela que, como apunta un diputado de Sumar, a menudo “se busca más exhibir el posicionamiento político que lograr un acuerdo”. El Gobierno ha dedicado muchas horas —y más que dedicará— a un esfuerzo inútil. Junts y PNV se sumaron al PP en el último pleno para derogar un impuesto que ya expiraba el día 31. Solo querían escenificar su rechazo a las demandas de la izquierda. Por exigencia de ERC, EH Bildu y BNG, el Consejo de Ministros aprobará el lunes un decreto que vuelve a crear el impuesto, con la certeza de que decaerá cuando se lleve en enero a convalidar en el Congreso. Pero la izquierda quiere que Junts y PNV “se retraten”.

Este pulso a varias bandas ha deparado choques de una dureza desconocida. Ione Belarra, de Podemos, recomendó a Esteban que ceda su puesto en las listas del PNV al CEO de Repsol y expresidente de ese partido, Josu Jon Imaz. Furioso, el portavoz del grupo vasco arremetió contra las “amenazas” de Belarra al Gobierno y sugirió que tal vez esté buscando “que se convoquen elecciones para ver si ganan en su duelo particular con Sumar”. Mientras, el soberanismo de izquierdas acusaba al soberanismo conservador de “reforzar las estrategias e intereses de la derecha española”. La preocupación por la actitud de Podemos no es exclusiva del PNV. Sus reiteradas amenazas de romper la baraja en algunos temas y su interés en presentarse como los genuinos defensores de los intereses populares incomoda a los otros grupos de izquierda.

Y luego está Junts, claro, y esa imprevisibilidad que desconcierta a todos, empezando por el Gobierno. Ya no se trata solo de su estrategia de tensión permanente. Es que sus posiciones acaban arrastrando a otros. A ERC la presiona martilleando con la acusación de que apoya a Sánchez “a cambio de nada”. En asuntos económicos ha atraído al PNV a posiciones a las que antes no se aventuraba. Se ha visto con el impuesto a las energéticas. El grupo vasco no le puso pegas en la anterior legislatura y tampoco tomó la iniciativa en esta para anularlo. Lo hizo Junts y por ese resquicio se coló.

En temas económicos, el partido de Carles Puigdemont se abre a entendimientos puntuales con el PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, le lanza guiños amistosos. En el último pleno parlamentario, además del acuerdo sobre las energéticas, Junts apoyó una decena de enmiendas de los populares a la ley de desperdicios alimentarios.

En algunas de estas confluencias sobre medidas económicas puede entrar el PNV. Pero sus dirigentes aseguran con rotundidad que no harán nada que comprometa la estabilidad del Gobierno. Los peneuvistas han alimentado un largo memorial de agravios con el PP de Feijóo: desde desplantes de sus portavoces hasta posicionamientos políticos como rechazar el traspaso de más competencias a Euskadi y del tráfico a Navarra.

La mayoría que invistió a Sánchez sufre el desgaste, 13 meses después. Pero ese pegamento al que aludía entonces Rufián no se ha disuelto: la alternativa sigue siendo un Gobierno de PP y Vox. Lo que ocurre es que, como apunta temeroso uno de los diputados de la izquierda lamentando tantas negociaciones y votaciones al borde del precipicio: “Un día puede haber un accidente y mandarlo todo al traste”.

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Representantes de los grupos que sostienen al Gobierno abandonaban este martes la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso entre bromas sobre lo que había sucedido dentro. “¡Que se besen!, ¡que se besen! ¡El PP defendiendo a Junts!”, se reía un socialista. A primera hora de la mañana, la Mesa había decidido aplazar la decisión sobre si tramitaba la proposición no de ley (PNL) del partido de Carles Puigdemont que algunos interpretan como una cuestión de confianza encubierta. Luego, cuando la reunión se amplió a los portavoces de los grupos, el de Junts, Josep Maria Cruset, guardó silencio a propósito del retraso en permitir su iniciativa. Fue entonces el popular Miguel Tellado quien tomó la palabra para pedir explicaciones por no haber tramitado la PNL, según relataron varios de los asistentes. Los miembros del PP en la Mesa (en la que no está Junts) ya se habían manifestado antes a favor de dar luz verde a la propuesta independentista frente al criterio de la mayoría, PSOE y Sumar.

El Gobierno ha tratado de convencer a Junts de que al menos reformule su iniciativa, uno de los elementos de presión que anunció la pasada semana Puigdemont en Bruselas. Las PNL carecen de cualquier valor jurídico y no son vinculantes para el Ejecutivo, pero de prosperar tal declaración del Congreso instando a Sánchez a poner a prueba la confianza de la Cámara (una prerrogativa exclusiva del presidente) se interpretaría por la oposición como la evidencia de que la coalición progresista se ha quedado sin mayoría. PP y Vox ya han dado a entender que la apoyarían, aunque parta de un grupo político al que han dedicado descalificaciones de toda índole.

Con este panorama, la Mesa, amparándose en que los letrados de la Cámara no se han pronunciado de forma concluyente sobre si debe tramitarse una iniciativa como esa (una especie de censura encubierta de la que no hay precedentes) decidió tomarse un tiempo para estudiar la cuestión. Mientras tanto, proseguirán las arduas negociaciones con Junts con la esperanza de acabar enfriando el asunto.

En estas aguas turbulentas, el PP ha visto una oportunidad de pesca. Los gestos de Tellado hacia la formación de Puigdemont no se limitaron al entorno discreto de la Junta de Portavoces. Más tarde, en la sala de prensa del Congreso, insistió: “Ya les decíamos que Sánchez no es de fiar y si Junts se ha dado cuenta ahora, bienvenido sea”. El portavoz popular también reconoció conversaciones con los independentistas para introducir rebajas fiscales en el paquete de reformas aprobado inicialmente hace un mes y que este jueves debe recibir el visto bueno definitivo tras su paso por el Senado el martes. Los populares respaldaron en esa Cámara dos enmiendas de Junts, una de ellas que recorta hasta el 4% el IVA de los yogures, con el voto en contra del PSOE.

Los socialistas trataron de tomarse con humor estos movimientos. “Me sorprende esta declaración de amor a quienes antes eran delincuentes y golpistas”, ironizó su portavoz, Patxi López. La de Vox, Pepa Millán, también cargó contra el PP por “legitimar a los independentistas”. Pero a la vez, su secretario general, Ignacio Garriga, se declaró dispuesto a participar de una moción de censura junto al PP y los de Puigdemont siempre que no suponga “concesiones” a estos.

Belarra también amenaza

Cuando la escaramuza con Junts parecía temporalmente sofocada, apareció Podemos. Siguiendo la estrategia que mantiene desde hace meses para presionar al Gobierno “hacia la izquierda”, lanzó un nuevo órdago. El partido de Ione Belarra amenazó con tumbar este jueves la ley estrella de Bolaños, que vuelve al Congreso tras su rechazo por la mayoría del PP en el Senado. La norma ha incorporado enmiendas que no tienen nada que ver con la materia que regula, como la eliminación de las golden visa —los permisos de residencia a extranjeros vinculados a inversiones inmobiliarias— o una propuesta del PNV que modifica la ley de enjuiciamiento criminal para que los delitos de usurpación y allanamiento de morada se tramiten en juicios rápidos. Podemos denuncia que este cambio permite los “desahucios exprés” ―los detenidos por ambos delitos serían juzgados en un plazo máximo de 15 días― y exige al PSOE que se comprometa a revertir la medida como condición para levantar el veto impuesto por el Senado. En su día, esa enmienda del PNV salió adelante con el rechazo del PSOE y Sumar, pero el apoyo por error de ERC y EH Bildu.

“Si el Gobierno quiere levantar el veto, tiene que acordar con Podemos una hoja legislativa para ello”, reclamó el diputado Javier Sánchez Serna, que dijo desconfiar de una mera promesa de los socialistas. Fuentes del PNV, sin embargo, denunciaron que los de Belarra “vuelven a tratar de confundir a la ciudadanía” y argumentan que su enmienda “va sobre okupación, no sobre desahucios”. “No va de echar a la gente de su casa: va de sacar cuanto antes de tu casa a quien te la okupa”, subrayaron. La tensión entre ambos socios del Gobierno se trasladó al hemiciclo, con intercambio de ásperos reproches entre Belarra y la peneuvista Maribel Vaquero.

Belarra negocia ahora con Bolaños una solución, que podría ser modificando lo introducido por el PNV mediante otra proposición de ley o dentro de un real decreto que promulgue el Gobierno sobre otros asuntos. Pero en este último caso, se arriesga a perder el apoyo del grupo vasco, que ha advertido que no volverá a respaldar decretos de contenido heterogéneo. Si no hay acuerdo y Podemos cumple su amenaza de dejar caer la norma, el Congreso debe intentar una segunda votación dos meses después, tal y como establece el reglamento.

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El gravamen a las grandes energéticas, vigente los dos últimos años, se ha convertido en un pulso entre los flancos a derecha e izquierda de la mayoría que hace un año invistió a Sánchez. A estas alturas, ya todo el mundo da por supuesto que desaparecerá, pero la disputa continúa, más como escenificación política que por sus efectos prácticos. Y de momento ha otorgado una victoria parlamentaria al PP, como no tardaron en pregonar sus dirigentes. La enmienda de los populares que unió a la derecha estatal y al soberanismo conservador supone que el impuesto queda automáticamente derogado en cuanto la ley que contiene el paquete fiscal se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esa derogación impide que el Gobierno apruebe un decreto de prórroga del impuesto, como había pactado el miércoles con la izquierda soberanista. La fórmula legal tendrá que ser otra, como si el gravamen se volviese a crear de nuevo, aunque también se vehiculará a través de un decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el lunes. Ese decreto tendrá que ser convalidado por el Congreso antes de un mes. Y ahí su derrota parece segura. Pero unos y otros quieren evidenciar claramente sus posiciones en una cuestión de gran carga ideológica: los impuestos a las grandes empresas. Pese a que el gravamen parece condenado, los grupos de la izquierda soberanista mostraron su satisfacción por el compromiso arrancado al Gobierno a la vez que censuraban a PNV y Junts, al considerar “grave que se presten a apuntalar y reforzar las estrategias e intereses de la derecha española”. Los nacionalistas vascos sitúan como argumento principal que ese impuesto “rompe el concierto económico” de Euskadi, mientras los catalanes, como repitió este jueves su portavoz, Míriam Nogueras, alegan que “pondría peligro inversiones en Cataluña”.

La votación sobre el paquete fiscal también dejó otros retazos menores que ilustran el acercamiento en esta cuestión entre PP y Junts. Los populares apoyaron dos enmiendas del partido de Carles Puigdemont para rebajar al 4% el IVA de los yogures y la fiscalidad de los monitores deportivos. Y los independentistas dieron su voto favorable a otra del PP que exime del pago de impuestos a las empresas afectadas por la dana en Valencia que reciban donativos. Las tres medidas, subrayó Montero, son muy menores y tendrán escaso impacto en la capacidad recaudadora del Estado.

La mayoría de investidura sí funcionó para que el Gobierno sortease otra amenaza que se cernía sobre el último pleno del año. El Congreso debía revertir el veto que el Senado, con mayoría absoluta del PP, había impuesto al proyecto de ley del Servicio Público de Justicia. En juego estaba la “mayor transformación de la Administración de Justicia en décadas”, en palabras del ministro Félix Bolaños, con medidas como la sustitución de los juzgados de Primera Instancia con un solo titular por tribunales colegiados. Y otras sin relación directa con su contenido, aunque introducidas en medio del proyecto, como la supresión de las golden visa, los visados para extranjeros que realizasen grandes inversiones inmobiliarias.

Podemos había amenazado con impedir su aprobación definitiva por otro asunto que se le adhirió: una enmienda del PNV para facilitar el desalojo de okupas en un plazo de 15 días. La formación de Ione Belarra alegaba que suponía una puerta abierta a los desahucios exprés, lo que niega categóricamente el PNV, en medio de un inusitado intercambio de descalificaciones entre ambos grupos durante los últimos días. Muy enfadado, el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, cargaba en los pasillos contra Belarra antes de conocerse el desenlace de la votación: “Ella está en una esquina del hemiciclo. A ver si empieza a darse cuenta de que no tiene mayoría”. La líder de Podemos había calificado al PNV, entre otras cosas, de “cachorros de Repsol” por su negativa a prolongar el impuesto a las grandes energéticas, y recordó con insistencia que el actual consejero delegado de esa compañía, Josu Jon Imaz, fue antes presidente del partido nacionalista.

Sin que Podemos desvelase su postura hasta el último momento y tras arduas negociaciones, el Gobierno consiguió convencerlo para evitar lo que sería un dolorosa derrota. Y la ley salió lista para su publicación en el BOE con 177 votos a favor y 171 en contra de PP, Vox y UPN. “Hoy hemos puesto las bases para la justicia del siglo XXI”, manifestó un aliviado Bolaños tras conocerse el resultado.

El ministro evitó explicar qué había ofrecido a Podemos para revertir su oposición. Fue Belarra quien compareció después para exponerlo. Señaló que ha acordado con el PSOE prorrogar la moratoria de los desahucios para personas vulnerables durante un año y las ayudas al transporte por seis meses. Según Belarra, el Gobierno aprobará además un real decreto la próxima semana para mantener el “escudo social” implantado ya en la pasada legislatura. El decreto se redactará de tal forma que pueda suspender la aplicación de la enmienda del PNV, según aseguró la dirigente izquierdista. Pero, en este caso, también deberá pasar por la convalidación del Congreso. Y puede correr la misma suerte que el de las energéticas si el rechazo vuelve a unir a los nacionalistas vascos y a Junts con la derecha estatal.

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El decreto entrará en vigor el 1 de enero y deberá ser convalidado en el plazo máximo de un mes, por lo que la postura del partido de Carles Puigdemont y de los peneuvistas volverá a ser decisiva, pues sin sus votos la iniciativa no tiene los números para salir adelante. De ella dependerá también la decisión de los morados, que quieren mantener un diálogo bilateral con el PSOE mientras que estos dos partidos no levanten su veto al impuesto, cuya prórroga y modificación ya abrió una brecha entre las formaciones que integran el bloque de investidura.

El impuesto extraordinario a las energéticas se aprobó a finales de 2022 para gravar los denominados beneficios caídos del cielo, es decir las ganancias extras que registró el sector por la espectacular subida de los precios de la energía a raíz del conflicto en Ucrania. El gravamen entró en vigor con una duración limitada de dos años, hasta 2024. Pero el Gobierno apostó por mantenerlo y modificarlo, entre otras cosas con un cambio en su naturaleza —no entró en vigor como un tributo, sino como una prestación patrimonial de carácter no tributario, que es una especie de compensación— y la introducción de deducciones por inversiones en renovables. El objetivo: convencer a sus socios más escépticos, en particular el PNV —grandes compañías como Iberdrola o Repsol tienen vinculación con el País Vasco—, y después Junts.

Ahí empezó un nuevo capítulo del culebrón para conseguir los votos necesarios en el Congreso. El gravamen iba a negociarse en el bloque de medidas tributarias aprobadas en noviembre, pero el PSOE pactó con Junts sacrificarlo a cambio de mantener el impuesto a la banca, aprobado en el paquete fiscal que se votará en el pleno de mañana, y subir la fiscalidad del diésel, a la que el Gobierno pretende dar luz verde vía decreto. Podemos amenazó entonces con tumbar todo el paquete fiscal y consiguió arrancar al PSOE el compromiso de prorrogar el tributo vigente a las energéticas antes de que terminara el año, un movimiento al que la izquierda soberanista da su apoyo, pero que se antoja cada vez más complicado ante los difíciles equilibrios parlamentarios.

Fuentes de las formaciones de izquierda que han negociado con el Gobierno se mostraron, sin embargo, optimistas sobre la posibilidad de que esta vez la medida salga adelante. Con ese fin han pactado incluir un sistema de bonificaciones fiscales para las inversiones en energías renovables. “De esta manera, se da cumplimiento al acuerdo alcanzado el pasado 18 de noviembre entre ERC, EH Bildu y BNG con el Gobierno para garantizar que las energéticas sigan pagando lo que les corresponde. La fórmula pactada —decreto y posterior tramitación— es la única posible para asegurar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025, así como su conversión en impuesto en pocas semanas y su concertación con las Haciendas forales vasca y navarra”, anuncian en una nota publicada este miércoles.

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La incursión de Feijóo en la vida familiar de Sánchez despertó un murmullo, de entre perplejidad y desaprobación, en las filas socialistas. En la bancada del PP, ni un solo aplauso, solo silencio. El presidente retrucó: “Con las imágenes que tiene usted… Tápese un poco”. Pero ya no siguió por ahí. Evitó el y tú más de otras veces y, como viene haciendo últimamente, volvió a exhibir los buenos datos económicos y a reprochar al líder de la oposición que no hable de estas cosas. No fue la economía lo único que incluyó entre los logros de su Gobierno. Frente al discurso de la oposición sobre el supuesto deterioro de la democracia, sostuvo que con él también se ha avanzado en “calidad institucional”.

Han pasado ya 10 meses desde el primer estallido del caso Koldo, a finales de febrero, cuando Feijóo, sin necesidad de mostrar alguna evidencia, le espetó al presidente en otra sesión de control: “Usted lo sabía y lo tapó”. Han sido 10 meses con abundantes novedades judiciales, aunque el PP ya tenía veredicto desde el primer día: Sánchez y todo su Gobierno son corruptos. Y de tanto hacer girar la misma noria en el Congreso, la munición empieza a dar síntomas de agotamiento. O al menos así se desprendió de la última sesión de control del año.

Más allá de los chascarrillos que se renuevan cada semana, los ataques de Feijóo persistieron en el guion conocido. “Dicen que es usted el número uno de la trama”, golpeó a Sánchez, introduciendo una reserva que sí resultó llamativa: hasta ahora no era que lo dijese nadie, esa condición de cabecilla de la red corrupta sonaba como una verdad irrefutable en boca de los oradores del PP.

La dificultad de ofrecer algún giro novedoso en el argumentario se hizo muy palpable en el turno de Miguel Tellado, quien se limitó a un inventario de casos y acusaciones a partir de otro de sus ya conocidos chistes: “Minuto e imputado”. El portavoz del PP se pasó el resto de la sesión exhibiendo un cartel con el “calendario judicial de Pedro Sánchez”. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, le contestó con otra sucesión de carteles: titulares que durante meses atribuyeron falsamente a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, un patrimonio de 1,4 millones de euros.

Los populares denotaron cierto esfuerzo por poner en liza otros temas: los impuestos, la gestión de la catástrofe valenciana y -cómo no- Venezuela y ETA, esta última ausente desde hace meses. Pero al final casi todos acababan salpimentando sus discursos con el aderezo de la corrupción. El PP trató de buscar las cosquillas al Gobierno por sus denuncias de que sufre “acoso judicial”. Por ahí empezó Feijóo:

-¿De verdad cree que van a por usted, que el poder judicial no completó la Transición?

-No fui yo el que dije que el Tribunal Constitucional era el cáncer del Estado de derecho en este país- replicó Sánchez reproduciendo palabras del popular Esteban González Pons.

Tellado también percutió ante Bolaños: “¿Es todo una conspiración de media docena de jueces y decenas de testigos?” El ministro rehuyó la colisión con los que imparten justicia y eligió una línea de contraataque que acabó enardeciendo a su bancada. “Lo que sí afirmo categóricamente es que hay una persecución de organizaciones ultraderechistas contra personas progresistas y sus familias”, sentenció. Esos grupos “pervierten la figura de la acusación popular” y ante ellos los dirigentes del PP actúan como “simples palmeros”, remató entre el júbilo de los suyos.

Como siempre, fueron los demás grupos de la Cámara los que sacaron a la sesión del monotema judicial. Aitor Esteban, del PNV, intentó que Sánchez le explicase sus planes de futuro ante la inmigración, tras expresar su apoyo a que se regularice a todos los sin papeles, aunque no a través de la iniciativa popular que se tramita en el Congreso. El presidente se escabulló con un recuento de lo ya hecho y sacando el comodín de la dependencia del PP respecto a Vox.

Sánchez tuvo otra ocasión de comprobar cómo se le multiplican las exigencias de sus apoyos parlamentarios. Cristina Valido, de Coalición Canaria, le advirtió de que no se consideran socios suyos y que para seguir respaldándolo deberá activar en enero “una comisión de seguimiento punto por punto” de los acuerdos que suscribieron para la investidura.

Y al final de tanto rifirrafe, un hueco para las cosas de comer. PP, ERC y Junts recriminaron con acritud al ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, los recortes de capturas a la flota española pactados con Bruselas. Entre sus interpelantes había dos exconsejeras autonómicas del sector, la gallega Rosa Quintana (PP) y la catalana Teresa Jordà (ERC). Planas admitió abiertamente que la política pesquera europea incurre en un “inmenso error” y prometió seguir presionando para cambiarla. La intervención de Isidre Gavin, de Junts, corroboró que el partido de Carles Puigdemont ha adoptado el discurso de la más férrea oposición. Y Planas le respondió prescindiendo de los melindres habituales con el grupo independentista:

-¿Qué fecha han acordado con la Unión Europea para liquidar el sector pesquero de Cataluña y del Mediterráneo occidental?

-Señor Gavin, el tono y el contenido de su pregunta es digno del PP.

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La decisión de la Mesa se produce tras conocer el informe de los letrados del Congreso, que dejaba en manos del órgano de gobierno de la Cámara la decisión de admitir la iniciativa del partido de Carles Puigdemont. Los servicios jurídicos expusieron argumentos tanto a favor como en contra de dar vía libre a la propuesta de Junts, e instaron a la Mesa a fijar un criterio al respecto. Ante ese debate jurídico, la mayoría de la Mesa ha resuelto aplazar la decisión para estudiar el asunto más a fondo, según fuentes parlamentarias. Estas mismas fuentes subrayaron que, aun en el caso de que la PNL se admitiese a trámite, no se sometería al debate y votación del pleno hasta finales de febrero, que es cuando Junts dispone de su cupo para presentar ese tipo de iniciativas. La decisión se ha tomado con los votos de la mayoría de izquierdas, mientras el PP se ha mostrado favorable a dar luz verde a la propuesta de Junts. El partido de Puigdemont no ha hecho por ahora comentarios sobre el aplazamiento. Tras la Mesa, se ha reunido la Junta de Portavoces y el representante de Junts, Josep Maria Cruset, ni ha intervenido. Ha sido el del PP, Miguel Tellado, el que ha preguntado por la decisión sobre la propuesta independentista, según varios de los asistentes.

Incluso si la PNL llega a pleno y se aprueba, no tendría ningún efecto jurídico, ya que este tipo de propuestas constituyen simplemente una declaración de intenciones del Congreso, sin carácter vinculante. Pero al mismo tiempo, en caso de salir adelante porque PP y Vox uniesen sus votos a los de Junts, supondría un duro revés político para el Gobierno y se interpretaría como una especie de cuestión de confianza encubierta. De ahí las dos opciones que plantea el informe de los letrados. Por un lado, señalan que se podría admitir a trámite tras solicitar a Junts que la reformule para especificar claramente que, aun en caso de ser refrendada por el pleno, eso no comportaría ninguna obligación legal para Sánchez de someterse a una cuestión de confianza. Al mismo tiempo, la asesoría jurídica del Congreso advierte de que también podría rechazarse la iniciativa con el argumento de que tendría “un impacto en la confianza creada con la investidura” entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Fuentes próximas al Gobierno admitieron a última hora del lunes que se estaban manteniendo discretas conversaciones con Junts para pedirle que reformule su propuesta. Pero hasta ahora el partido de Carles Puigdemont no ha dado su brazo a torcer. La PNL forma parte de la ofensiva lanzada la pasada semana por los independentistas para apretar al Ejecutivo con sus demandas bajo la amenaza de no apoyarlo en votaciones cruciales, como la de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

Tanto el PP como Vox han dado a entender este martes que sumarían sus votos a los de Junts en la votación de esa PNL para propinar una derrota de gran calado político al Gobierno, que con toda seguridad acrecentaría el discurso de ambas formaciones exigiendo a Sánchez elecciones anticipadas. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha defendido que no se deberían poner impedimentos a la iniciativa de los independentistas. Según Sémper, las formaciones del Gobierno quieren impedir el debate en el Congreso “solo porque molesta a Sánchez”. “Es verdaderamente sorprendente la utilización torticera también en esto de la instituciones, como es la Mesa del Congreso”, ha afirmado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, informa Europa Press. “Yo creo que es un debate necesario”, ha añadido antes de sentenciar: “Este Gobierno es incapaz de gobernar”.

Para Vox, el episodio es un simple “paripé” entre el Gobierno y el grupo de Puigdemont. “Estamos acostumbrados a ver estos enfrentamientos simulados”, ha señalado la portavoz parlamentaria del partido, Pepa Millán, minutos después de conocerse la decisión de la Mesa. “Es otro paripé enmarcado en esa acción chantajista de los separatistas con un Gobierno que se deja chantajear”. Millán no ha querido adelantar cuál será su posición si la iniciativa llega a pleno, aunque se ha mostrado muy crítica con los partidos que en su opinión “legitiman” a los independentistas, entre los que ha incluido al PP. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, sí ha asegurado que su partido votaría con Junts contra Sánchez, pero con la condición de “no dar ni una concesión” a los separatistas, según declaraciones recogidas por Europa Press.

Fuentes de Podemos no entienden la decisión de la Mesa. El propio portavoz, Javier Sánchez Serna, ha afirmado que no ve ningún problema en que se califique la proposición no de ley. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, se ha mostrado contraria a apoyar la iniciativa.

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El Pleno del Congreso buscará este martes, por segunda vez, que eche a andar en la Cámara baja la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular los alquileres temporales, una modalidad que escapa al control de precios de la ley de vivienda aprobada en 2023, y por donde se cuelan buena parte de las subidas aplicadas en los últimos tiempos. El pasado septiembre, en otra jornada de infarto en el Congreso, Junts tumbó por sorpresa a última hora la admisión a trámite de un texto cuyo articulado partía de los sindicatos de inquilinos y han hecho suyas las formaciones más a la izquierda del hemiciclo (Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y Podemos). El grupo independentista argumentó que no proporcionaba seguridad jurídica, no protegía a los propietarios e invadía las competencias de Cataluña, la comunidad donde fundamentalmente se aplica la ley de vivienda.

La proposición de ley, que en su día presentó la formación de Yolanda Díaz y que volvió a registrar Esquerra en octubre, introduce varias modificaciones para atraer al partido de Puigdemont y evitar así el fiasco de la primera votación. En primer lugar, la duración del contrato de temporada pasa de seis a nueve meses, un cambio que tiene en cuenta el calendario docente y resulta fundamental para el colectivo de profesores, según explican fuentes parlamentarias. Además, el nuevo texto elimina la propuesta que permitía a los inquilinos subarrendar el piso o traspasar el contrato a otro, una cláusula que da seguridad al arrendador y una cuestión clave para Junts, añaden. Por último, se incorpora una disposición adicional que especifica que esta modificación no invadirá competencias autonómicas, la cuestión principal que esgrime el partido independentista. “En los casos de las Comunidades Autónomas que hayan desarrollado legislación propia en esta materia en virtud del artículo 148.1.3 de la Constitución española, será de aplicación la normativa autonómica, respetando así la división competencial”, reza el texto.

Aunque nada es predecible ya en el Congreso, los partidos aspiran a aprobar, esta vez sí, el trámite. El volantazo de Junts en septiembre enfadó mucho a los movimientos sociales y son varias ya las protestas por el elevado precio de la vivienda organizadas en las calles de distintas ciudades de España. Algunas de esas manifestaciones se organizaron en Barcelona frente a la sede del partido de Puigdemont. “Esperamos que no vuelvan a cometer el mismo error”, señaló el lunes la diputada y coordinadora de los Comunes, Candela López, en rueda de prensa. “Junts debe decidir si está del lado de los inquilinos o de los grandes propietarios”, añadió.

Después de que la norma decayese en pleno, Sumar forzó una segunda votación para limitar los alquileres de temporada en comisión a través de una enmienda a la ley del Servicio Público de Justicia, un asunto totalmente diferente pero en el que también se incluyó la eliminación de las llamadas golden visa, los permisos de residencia especiales concedidos a los ciudadanos extranjeros que realizasen grandes inversiones inmobiliarias. En esa ocasión, el PSOE votó en contra, pero una cosa es la admisión a trámite de la norma (lo que permite cambios en su paso por las Cortes) y otra aprobar una enmienda que habría supuesto la aplicación de la medida en los términos planteados inicialmente.

De hecho, aunque el pleno dé luz verde a tramitar la propuesta, el debate para la elaboración de la ley se adivina muy arduo por las diferencias entre los grupos. El PNV también apoyó en septiembre su toma en consideración, pero advirtió que propondría sustanciales modificaciones sobre un texto inicial al que dirigió fuertes reproches.

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Aunque la posición inicial de los partidos que apoyan al Gobierno y disponen de mayoría en la Mesa era la de no admitir a trámite la propuesta, el informe de los letrados, al que ha tenido acceso EL PAÍS, abre la puerta a que tal debate se celebre. La postura contraria a tramitar la iniciativa de Junts alegaba que, pese a tratarse de una PNL sin más valor ni eficacia jurídica que una simple declaración del Congreso, en el fondo actuaría políticamente como una cuestión de confianza encubierta. Y este último instrumento solo lo puede activar el propio jefe del Ejecutivo pidiendo él mismo al Parlamento que le ratifique o le retire su confianza.

El informe de los letrados recuerda la numerosa jurisprudencia del propio Congreso y del Tribunal Constitucional que han ratificado el nulo valor jurídico de las PNL y de ahí concluye que la iniciativa de Junts no puede entenderse como un sustitutivo de la cuestión de confianza. “Simplemente estaría forzando el debate político y provocando un pronunciamiento de la Cámara que no sería vinculante para el presidente del Gobierno”, señala la asesoría jurídica del Congreso. Pero, al mismo tiempo, el informe recuerda que a lo largo de los años la Mesa ha rechazado tramitar otras PNL, como las que pretendían someter al Rey al control de la Cámara o las que planteaban una reprobación de los presidentes o del Gobierno en su conjunto. En este último caso, arguyendo que existe un instrumento específico para reprobar al Ejecutivo y a su cabeza visible que es la moción de censura, a diferencia de los ministros, que sí pueden recibir el reproche parlamentario a falta de otro tipo de iniciativa.

En vista de estas dos perspectivas, los letrados señalan que tanto la admisión como el rechazo de la iniciativa de Junts tendrían base legal. En caso de que se le diese luz verde, el informe recomienda que la Mesa pida al grupo proponente que la reformule a fin de incluir en su texto que, en caso de ser aprobada, no comportaría ninguna obligación legal para Sánchez de presentar la cuestión de confianza. El rechazo, por contra, se asentaría en la idea de que la PNL, aun sin valor político, “tendrá un impacto en la relación de confianza creada con la investidura” entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y, por tanto, quebraría la “lealtad institucional”.

Junts había presionado en los últimos días para que el Congreso debatiese su iniciativa, como parte de las exigencias a fin de que el Gobierno pueda contar con su apoyo en cuestiones clave como los próximos Presupuestos del Estado. Si al final la Mesa acepta la exigencia de Junts, el Gobierno parece abocado a otra embarazosa derrota parlamentaria. A la luz de las posiciones expresadas en los últimos días, es muy probable que al partido de Puigdemont sumasen sus votos PP y Vox, lo que acrecentaría el discurso de estas dos últimas formaciones exigiendo la disolución de las Cortes. La Mesa celebra este martes su reunión semanal ordinaria y los representantes de las dos formaciones del Gobierno, PSOE y Sumar, no han anticipado cuál será su posición. Fuentes próximas al Ejecutivo manifestaron que estaban manteniendo contactos con Junts para ver si accede a reformular su texto.

El pasado día 9, Puigdemont avisó al Gobierno de que había llegado la hora de enmendar el apoyo que presta Junts per Catalunya a Sánchez. “Las cosas no van bien”, señaló el líder de la formación independentista en una comparecencia en Bruselas, donde anunció que Junts había registrado la PNL en el Congreso para exigir a Sánchez la cuestión de confianza. El Gobierno se apresuró a responder que no lo haría.

Junts denunció en ese momento que no percibe avances en los asuntos que se abordan en las reuniones periódicas que mantiene con los emisarios del Gobierno en Suiza. “En Suiza las cosas van razonablemente bien, hay empatía, pero cuando llega la hora de concretar con un ministro parece que alguien no le ha pasado la información”, criticó Puigdemont, que remarcó que en esta situación es impensable un posible apoyo de Junts a los Presupuestos.

Dos días después, Sánchez se comprometió en el pleno del Congreso a cumplir con los pactos alcanzados con los partidos. “El Gobierno va a cumplir con sus acuerdos y va a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para alcanzarlos”, respondió Sánchez a la portavoz del grupo de Junts, Miriam Nogueras, quien antes lo había conminado: “Mueva el culo y pague lo que debe a Cataluña”. La propia Nogueras viajó a Suiza el pasado viernes para reunirse con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un nuevo encuentro del calendario de citas fijado en el acuerdo de investidura y que Junts consideró escasamente fructífero.

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La convalidación del decreto con otros 3.765 millones en ayudas para paliar la catástrofe de Valencia permitió asistir este jueves a un inusual debate de guante blanco en el que el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, llegó a agradecer el tono constructivo de las críticas del responsable de Economía del PP, Juan Bravo. El único que se salió del carril volvió a ser, como en el primer paquete de ayudas, Vox, cuyo diputado José María Figaredo declaró al Gobierno culpable de los muertos por las riadas.

Mucho más bronca resultó la discusión sobre las enmiendas a la totalidad de la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, presentadas por PP y Vox. El muy áspero debate revivió viejos fantasmas y salieron a relucir desde el franquismo hasta los regímenes comunistas de la órbita soviética. El diputado ultra Javier Ortega Smith hasta tachó de “drogadictos” a los representantes de la izquierda. El rechazo a las propuestas de la derecha de ámbito estatal reprodujo milimétricamente el bloque que invistió a Sánchez, incluidos Junts y CC. La reforma sigue su curso y ahora resta transformar ese rechazo común a la norma todavía vigente en un consenso sobre un nuevo texto. Para ello, el Gobierno tendrá que lidiar con las reticencias de los dos grupos menos dispuestos a cerrar filas, Junts y Podemos. Ambos consideran demasiado tímida la propuesta pactada en un principio por los dos partidos del Ejecutivo, ERC, EH Bildu, PNV y BNG.

Si la oposición a la ley mordaza afianza lo que algunos llaman la “mayoría plurinacional” en torno a Sánchez, uno de los asuntos que más claramente siembra la discordia entre sus grupos es la posición sobre Venezuela. En ese caso, como en las cuestiones económicas, afloran las diferencias entre derecha e izquierda. Ya ocurrió en septiembre, cuando la Cámara, contra el criterio del Gobierno y gracias a que el PNV se sumó a los grupos de la derecha de ámbito estatal, aprobó una declaración reconociendo como presidente legítimo al líder opositor Edmundo González Urrutia. El PP rescató esta semana la cuestión de Venezuela y, aunque con mucho menos ruido que entonces, consiguió de nuevo infligir una derrota parlamentaria al Gobierno.

La propuesta perseguía básicamente instar a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para que dicte una orden de arresto contra Maduro. La defendió el pasado martes la que viene ejerciendo de portavoz del PP en este asunto, Cayetana Álvarez de Toledo, que basó su discurso en un remedo del Yo acuso de Émile Zola. Y entre los acusados figuraba, claro está, el Gobierno, tachado de “cómplice” del “tirano”. Tal imputación fue rebatida por la socialista Cristina Narbona, quien recordó que el Ejecutivo ha promovido varias declaraciones internacionales condenando el régimen chavista.

El texto, sometido este jueves al veredicto del pleno, no contenía una censura directa al Gobierno. La parte sustancial de la proposición no de ley, que se votó dividida en cuatro puntos, era la petición de arresto de Maduro y salió adelante con el apoyo de PP, Vox y UPN, sumado a las abstenciones de Junts, PNV y CC. Estos tres últimos evitaron votarla expresamente argumentando que el TPI no permite que organismos externos condicionen sus actuaciones. Sí dieron su respaldo, en cambio, a otro de los puntos, igualmente rechazado por la izquierda, que exige a la Embajada española en Caracas que en el plazo de un mes envíe al Congreso un informe sobre sus gestiones para liberar a los ciudadanos españoles encarcelados por el régimen.

El martes, al comienzo del pleno, los partidos del Gobierno sufrieron otra derrota, también a causa de las posiciones de Junts y PNV. Ambos votaron contra la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que pretendía regular el derecho a dejar instrucciones previas sobre los cuidados y el tratamiento médico que se desea en el final de la vida. Los dos grupos argumentaron, entre otras razones, que invadía competencias autonómicas.

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