“En aquellos tiempos”, escribe Sánchez, “hay varias personas que van fortaleciendo sus vínculos conmigo. Ábalos, Santos Cerdán… Vamos creando una complicidad muy especial (...) Ábalos me defendía pese a que hasta entonces apenas habíamos tratado (...) Es muy probable que muchos pensaran que dónde iban estos locos (...) Su esfuerzo me conmovía...“. Hay incluso una alusión a Koldo García, cuando habla de la recogida de avales para presentarse: ”Los fuimos almacenando en la oficina de Marqués de Riscal, no sin cierto temor a algún incidente. El día de la entrega era el 4 de mayo. Las dos noches anteriores, Koldo, un miembro de la candidatura, se quedó a dormir en la oficina para custodiarlos. Como anécdota, valga contar que una vecina del edificio le ofreció su baño para que se duchara porque él no quería dejarlos sin vigilar ni un solo momento”. Fue Cerdán quien trajo a Madrid a García. “Tenían miedo a que les robaran los avales”, recuerda una persona de su equipo, “pero no dinero para contratar seguridad. Entonces Santos dijo que conocía a alguien en Navarra que seguro que se prestaba”. Y se prestó.

Tras la victoria en las primarias de 2017, como recuerdan los dirigentes y exdirigentes socialistas consultados para este reportaje, Sánchez no se fiaba de nadie porque “la guerra interna”, como la definen varios de ellos, había sido muy dura. El propio Ábalos explicó en este diario que habían tenido que darle un empujón para que se presentara porque le habían afectado mucho las traiciones de “barones y baroncitos”. Con las suspicacias en alto, el secretario general del PSOE decidió depositar su confianza en los hombres que le habían “conmovido” al apostar por él cuando prácticamente nadie lo hacía. En el caso de Cerdán, hasta el último minuto, cuando ya varios medios, entre otros, este diario, habían informado el pasado miércoles de que audios intervenidos a Koldo García -él mismo había grabado las conversaciones- por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implicaban a su secretario de Organización en el cobro de comisiones por adjudicaciones amañadas de obras. El comunicado emitido esa misma noche por el PSOE negando las acusaciones da cuenta no solo de la fe de Sánchez en el que era número tres del partido, sino del control de este sobre la formación. Los había engañado a todos, pese a que en el camino desde las primarias hasta hoy hubo varias señales de alarma que no fueron atendidas.

La Guardia Civil atribuye a Cerdán un papel clave en la trama corrupta, ya que es el que trae a Koldo García a Madrid y el que lo introduce en el Ministerio de Fomento y Transportes que dirigía Ábalos como “vía de influencia” en uno de los departamentos del Gobierno con mayor presupuesto. La relación entre Cerdán y García se remonta, según el informe de la UCO, al menos hasta 2013, y surge en el seno del partido en Navarra. Cerdán formó parte del Parlamento foral entre 2014 y 2017, año en que fue nombrado secretario de coordinación territorial del PSOE. García creó la agrupación socialista de Huarte y fue concejal de esa localidad entre 2011 y 2015. Este último año optó a otra concejalía del ayuntamiento de Doneztebe, pero renunció al cargo al no presentar la declaración de bienes. Y es en Navarra donde ambos inician, de acuerdo al informe, sus turbios negocios a través de la vinculación mercantil entre Servinabar y Acciona.

“La trayectoria profesional de Koldo iba ligada a la de Santos”, destaca la UCO. Es Cerdán quien, en 2017, promueve que García, antiguo guardia de seguridad, sea contratado como conductor de Ábalos cuando este era secretario de Organización del PSOE, y, posteriormente, como asesor del ya ministro de Fomento. Fuentes de Ferraz explican por qué aquel movimiento no extrañó entonces en el partido: “Decían que el Ministerio ya tenía chóferes y que querían mantener a Koldo. Y nada hacía sospechar de él, al contrario. En los años de ETA, cuando había sitios donde nos costaba completar las listas electorales porque la gente tenía miedo, él había montado una agrupación y había logrado ser concejal. Había trabajado de escolta e incluso le habían dado una medalla”. En 2018, el mismo estamento que ahora le investiga, la Guardia Civil, le había condecorado por su labor, siendo el popular Juan Ignacio Zoido ministro del Interior. También fue un Gobierno del PP el que lo indultó en 1996 tras haber sido condenado por un delito de lesiones, en el que reincidió años después.

“El hombre de mi vida”

Durante la etapa de Ábalos en Fomento y Transportes (2018-2021), Cerdán mantiene “ascendencia” sobre García, según la Guardia Civil. “Sin tener ningún cargo en el Ministerio ni en el Ejecutivo, seguía recibiendo novedades de Koldo sobre contrataciones públicas y le trasladaba ciertas indicaciones a éste para la consecución de las mismas”, detalla el informe. Pero el ministro y su asesor se convierten en uña y carne. “Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad…“, le dice García a Ábalos en una conversación en noviembre de 2023. ”Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más", añade.

 “En el Ministerio parecía que mandaba Koldo”, recuerda un antiguo cargo de Fomento. “Llamaba la atención su relación con el ministro, pero lo atribuíamos al carácter también peculiar del propio Ábalos”, añade. Otra grabación de 2019 incluida en la investigación de la UCO da cuenta de cómo es el antiguo vigilante de seguridad quien informa al ministro de sus avances: “Mira, lo de ADIF es el día 26, se aprueban 14 obras, ¿vale? 14 presupuestos para sacarlos ya a licitación este mismo mes. De esas 14 hay 5. Que me comenta Isabel [Pardo de Vera], estas cinco hay que dárselas o...Acciona, Sacyr, Ferrovial, son muy complicadas, son muy importantes de seguridad y no podemos quedar mal”. En ese mismo diálogo, Ábalos pide a García que hable el asunto con Santos, pese a que este no desempeña cargo alguno ni en el Gobierno ni el Ministerio, y su asesor le responde que ya lo ha hecho, pero que “el problema” es que Cerdán “está obsesionado con Sevilla, con el puente”. Se refiere al del Centenario,una obra de cerca de 103 millones de euros. En enero de 2020, otra conversación entre el entonces secretario de Organización del PSOE y García da cuenta de cómo el primero pretendía cesar a Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, porque ponía problemas a la adjudicación de dicho puente.

Durante las conversaciones sobre los pagos de las mordidas que, según la Guardia Civil “gestionaba” Cerdán, este pide a sus interlocutores que no hablen por teléfono de esos temas, por seguridad, y sugiere apuntarlo en un papel y después romperlo. “No he sido capaz de terminar de leer el informe de la UCO”, lamenta, entre lágrimas, una trabajadora de Ferraz. “Santos parecía un hombre bueno, honesto, leal. Me explota el cerebro”. Otro antiguo miembro de la ejecutiva socialista destaca su “carácter manipulador” para explicar por qué Sánchez mantuvo su confianza en él hasta el último minuto, pese a las múltiples y previas señales de alerta: “Cuando el presidente cesa a Ábalos como ministro [en julio de 2021] no lo hace por sospechas de corrupción, sino por la vida privada de José Luis, las prostitutas etc. Y la prueba de ello es que luego vuelve a meterle en las listas [electorales] y termina de diputado. Pero fueron Santos y su entorno los que, tras el cese, difundieron los temas de prostitución, y cuando detienen a Koldo [en febrero de 2024] y empiezan a investigar a Ábalos, en lugar de dimitir por haber metido a Koldo en el PSOE, se pone a la cabeza de la manifestación contra la corrupción y se presenta como el salvador del partido, el gran redentor. Y tiene hasta la sangre fría de ir a pedirle a José Luis que entregue el acta de diputado por el escándalo cuando él mismo estaba metido de lleno en el ajo. Es difícil imaginar ese nivel de frialdad. Ábalos, además, era su amigo”. El exministro se negó a renunciar al acta y pasó al Grupo Mixto. Sánchez renovó a Cerdán como secretario de Organización hace apenas siete meses.

490 páginas después, las que tiene el demoledor informe de la UCO que revela cómo la trama intentó conseguir nuevas comisiones una vez que Ábalos ya había cesado como ministro, los socialistas vuelven la vista atrás para tratar de entender lo ocurrido. “Ahora encajan muchas cosas”, relata una antigua miembro de la ejecutiva. “Cerdán era más listo que Ábalos y no hacía ostentación, pero su tren de vida tampoco era el del sueldo de un diputado. Vive en un ático reformado con muebles de diseño, su mujer no trabaja, se reunía constantemente con empresarios y nos decía que eran temas personales, conocidos de su pueblo...” . También les cuadra ahora la “incomprensible reacción” del partido a la polémica generada por la filtración de las conversaciones de la militante Leire Díez en las que se oye cómo ofrece tratos de favor de la Fiscalía a cambio de información negativa de mandos de la UCO.

“Han fallado todos los controles”, resumen varios de los dirigentes y exdirigentes socialistas consultados para este reportaje. “Hemos vuelto a la casilla de la corrupción en los Gobiernos de Felipe González”, añade una antigua dirigente, “y nos va a llevar mucho, mucho tiempo recuperarnos de esto. Es desolador”.

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La realidad, finalmente, se impuso en un juicio con todas las garantías, pero aún sobrevive la mentira en algunos foros de internet porque en ese ecosistema viciado, hay quien prefiere tener razón o que los que consideran los suyos la tengan, a la verdad. Ese sentimiento se ha disparado con la creciente polarización afectiva, la que mide el rechazo al que piensa diferente, y es lo que define el debate público en redes sociales, donde muchos lectores eligen medios y retuitean titulares como quien escoge trinchera y no para resguardarse, sino para atacar. El periodismo bufandero dispara contra el periodismo a secas mientras recluta en el ruido, la confusión y el desencanto a soldados con cuenta en X, la fábrica de mentiras de destrucción masiva que maneja el tuitero en jefe y hombre más rico del planeta, Elon Musk. “Periodistas del grupo PRISA [editor de este diario] en auxilio de García Ortiz”, tuitea ahora El Mundo, refiriéndose a los que declararon como testigos en la causa contra el fiscal general del Estado. La realidad es que, en la investigación de un presunto delito de revelación de secretos que difundieron numerosos medios de comunicación, el juez ha decidido que el testimonio de los periodistas no sirve y lo que esos profesionales aportaron eran pruebas que evidenciaban que disponían de esa información antes que el acusado. Su testimonio suponía ir retirando migas de pan del camino señalado, preconcebido. Como testigos, tenían obligación de decir verdad, y en caso de no creerles, el juez Ángel Hurtado debía deducirles testimonio, pero no lo ha hecho.

📰En @ElPais, escribe el magistrado jubilado Perfecto Andrés Ibáñez

➡️"García Ortiz: una causa criminal sin causa identificable"

➡️"La pobreza de elementos incriminatorios aportados por la investigación contra el fiscal general es patente"https://t.co/cWxeEmRkVH

— Juezas y Jueces para la Democracia (@JpDemocracia) June 10, 2025

La asociación Jueces y Juezas para la democracia utilizó su cuenta en X para difundir el análisis que el magistrado emérito del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez hizo del auto de Hurtado en este diario. Se titula Una causa criminal sin causa identificable y concluye que ”la pobreza de elementos incriminatorios aportados por la investigación contra el fiscal general es patente". EL PAÍS ha publicado y tuiteado también un artículo en el que siete juristas (abogados, jueces y penalistas) exponen distintas opiniones sobre el auto y sus consecuencias, así como un editorial que, tras detallar las anomalías del procedimiento, concluye que si el procesamiento del fiscal general se confirma, García Ortiz debe dimitir para proteger la institución. Detraer argumentos, datos y contexto en cualquier información es un ejercicio de cobardía y si algo hay en las redes, son cobardes sin nombre que se crecen en el anonimato. “Ahora vosotros sois los medios”, proclama Elon Musk, dirigiéndose a la comunidad tuitera. Los machos alfa de X pretenden que el mundo se rija por aquella frase humorística del “no tengo pruebas, pero tampoco dudas”, es decir, que sean la rabia y los prejuicios los que decidan. Pero el interés general solo son capaces de defenderlo los que no tienen una agenda particular; los que no tienen aliados o enemigos, sino la obligación, deontológica o jurídica, de decir verdad.

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Albares ha explicado que fueron “muy pocos” los diplomáticos que se opusieron al franquismo (apenas 45 de un total de 275 en 1936), pero ha subrayado que “fueron los mejores”, ya que “defendieron la libertad y la democracia” y “actuaron con lealtad” a la Constitución de 1931, por lo que ”pagaron un alto precio”. La dictadura, ha añadido, “quiso borrar sus nombres”, y por eso los ha recitado este lunes uno a uno en presencia de sus familiares, que se han emocionado particularmente en ese solemne momento, así como otros compañeros de profesión. “Honrándolos a ellos”, ha concluido el ministro, “honramos el sentido profundo de la profesión diplomática, que asume el compromiso de usar como único instrumento la razón y la palabra, nunca la confrontación y el enfrentamiento y jamás la guerra”. Ainoa Careaga, nacida ya en democracia y hoy diplomática, ha explicado que desde que era adolescente le transmitieron en casa la historia de su familia, “marcada por la pérdida, el exilo y la desesperanza, pero también por la dignidad, la coherencia y la defensa de unos ideales”. Su abuelo, Fernando Careaga Echevarría, era secretario de la Embajada en Helsinki durante la Guerra Civil y tras la victoria franquista marchó al exilio, primero a Francia y luego a Venezuela.

También se leyó un mensaje de Clara Girbau, embajadora de España en Guatemala e hija de Vicente Girbau, político y diplomático que fue detenido, juzgado y encarcelado por la dictadura franquista, que le expulsó de la carrera diplomática tras nueve meses de cárcel. Parte de sus cenizas, como fue su deseo, fueron enterradas en el cementerio civil de Madrid, cerca de Pablo Iglesias y de miembros de la Institución Libre de Enseñanza. Perdió su pasaporte español, pero, como recordaba su hijaje, “continuó su compromiso intelectual y político contra la dictadura desde el exterior, uniéndose a lo que llamaba la España peregrina”. En 1976, tras la muerte de Franco, Girbau regresó a España y fue readmitido en la carrera diplomática, jubilándose como embajador español en Malta.

Los nombres de lo 45 miembros del Servicio Exterior homenajeados este lunes son fruto de la investigación del historiador y diplomático Ángel Viñas, quien ha anunciado una nueva edición, ampliada y actualizada, de la obra Al servicio de la República: Diplomáticos y Guerra Civil, que dirigió en 2010, por impulso del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Durante su intervención en el acto, Viñas ha lamentado que “ciertos partidos políticos, medios de comunicación y la basura que circula por las redes sociales” continúen “empeñados en mantener abiertos los mitos que se utilizaron para intentar justificar el golpe de Estado, la Guerra Civil y el franquismo”. “El tiempo y los hombres pasan”, ha recordado el historiador, quien ha subrayado “el reto” de seguir desentrañando lo que ocurrió y enfrentarse con datos y rigor a quienes pretenden “distorsionar el pasado” con guerras culturales: “los hicieron los vencedores y lo hacen autores y políticos que no se molestan en buscar en los archivos o en las bien llamadas fosas del olvido”.

A esa misión colectiva de memoria se ha referido también la periodista Nativel Preciado en el homenaje a los periodistas que lucharon por la recuperación de las libertades en España. Preciado, premiada junto a otros 20 profesionales, muchos de ellos vinculados en el pasado o en el presente al Grupo Prisa (editor de EL PAÍS), como dos de los exdirectores del diario —Juan Luis Cebrián y Soledad Gallego-Díaz—, Iñaki Gabilondo, Raúl Cancio, Manuel Vicent, Maruja Torres, Rosa Montero y Andrés Rábago, El Roto; recordó una frase de Nicolás Sartorius, uno de los fundadores del sindicato CC OO: “El dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle”. “Hubo muchos héroes anónimos”, ha insistido Preciado. “José Antonio Martínez Soler [secuestrado en 1976 por un grupo ultra que lo torturó para que revelara sus fuentes] se jugó la vida y le partieron la cara. También Gorka Landaburu [un paquete bomba de ETA hizo que perdiera tres dedos de una mano y dos de la otra], tiene heridas de guerra. Periodistas, curas obreros, movimientos vecinales, estudiantiles, mujeres de presos... todos empujaron para que llegara la democracia".

Preciado, que junto a Vicent y Víctor Márquez Reviriego, habló en nombre de los 20 premiados, concluyó su discurso llamando a “no dejar que los de la motosierra cambien el cuento”, y tratar a la “maltrecha democracia actual” como un coche renqueante que aún puede dar mucho de sí con unos “pequeños arreglos”. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha insistido en la misma idea: “Sois la memoria viva de nuestra democracia. Contádselo a las nuevas generaciones, que sepan lo que costó conquistar las libertades y los peligros que ahora acechan”.

Un jurado de expertos seleccionado por la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario Madrid —entre cuyos miembros figuran el cantautor Joan Manuel Serrat, la fotógrafa Marisa Flórez, el cineasta Manuel Rodríguez Aragón, el periodista Miguel Ángel Aguilar, los historiadores Susana Sueiro y José Álvarez Junco, y los escritores Soledad Puértolas y Andrés Trapiello— seleccionó a los 20 periodistas homenajeados, pero todos insistieron en que “hay muchos más” que merecen ese reconocimiento. También en la placa colocada en el Ministerio de Asuntos Exteriores quedó un hueco para añadir a los diplomáticos cuyos nombres aún permanecen borrados de la historia y que usaron las armas que tenían, su coraje y determinación, para plantar cara a la dictadura y ayudar a definir el país democrático en el que querían vivir.

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Como el resto de las pasiones, el fútbol se alimenta de misterio. No solo deciden las piernas, sino también la coyuntura y el carácter, y es esa pócima la que convierte un 11 contra 11 en un catálogo de infinitas posibilidades. La labor de entrenadores y jugadores consiste en tratar de reducir al mínimo lo imprevisto y sorprender al rival. La de la afición, esperar ese momento en el que las pizarras saltan por los aires y el juego, de imprevisibilidad tozuda, cambia: tres puntos se transforman en uno, ninguno o a la inversa; el pez chico devora al grande; David vence a Goliat.

Conscientes de esa tendencia a la incertidumbre, proliferan en los clubes planes estratégicos para, además de mantener a los futbolistas en forma y evitar la rotura de fibras o sobrecarga, ese latigazo que obliga al jugador a pedir el cambio, controlar también su estado de ánimo, otro factor decisivo en la titularidad y en las sustituciones. Suele haber una relación inversamente proporcional entre la temperatura del campo y la de la grada, que sube cuanta más sangre fría se despliega sobre el césped porque es entonces, cuando el jugador ha logrado abstraerse del hecho de que miles de personas le observan deseando con todas sus fuerzas que falle o que acierte, cuando suelen llegar el gol y la magia. Es una misión tan difícil como intentar cabalgar el tigre, domar a una fiera salvaje, dominar el tiempo y el espacio. Y sin embargo, aún los hay que se atreven a intentarlo.

David Álvarez entrevistó hace unos meses a Eamon Devlin, antiguo abogado de un bufete que cotiza en la Bolsa de Londres que un día, harto de ver la decepción de su hija de 10 años después de jugar cada fin de semana, decidió dar un giro a su carrera, estudiar psicología y convertirse en consultor deportivo. “A su equipo no le iba muy bien: perdían 6-0, 10-0, 19-0… Y cuanto más perdían, más tiempo les hablaban los entrenadores, cada vez más enfadados. Después de un partido que acabó 24-0, lo cronometré: nueve minutos. Por eso mi empresa se llama Minute9. Camino a casa, me dijo: ‘Lo dejo. Puedo aguantar perder, que nos goleen, pero no soporto que los entrenadores me hagan sentir triste”. Y lo dejó. Pensé: ‘Esto es absurdo, debe haber otra manera de comunicarse con los jugadores”. Hoy, Devlin asesora a equipos de Champions sobre cómo abordar el único tramo del partido donde la pelota no está en juego: el descanso. “Es un momento”, explicó, “de muchísima presión a contrarreloj. Estas situaciones requieren protocolos y un lenguaje calmado; nunca alterado. La comunicación efectiva no incluye el enfado”. La táctica del consultor se resume en menos palos y más zanahorias, pero solo un trocito, para que los jugadores utilicen esos 15 minutos sobre todo, para lo que indica la pausa: descansar. El asesor fue convocado por el Real Madrid el pasado octubre para compartir e intercambiar experiencias. Carlo Ancelotti, recientemente destituido como técnico del club, representa bien su escuela, que le valió, en algunos círculos, el mote de Abuelotti por su alergia a la mano dura y su fe en el poder de la carota (zanahoria). El italiano encarna como pocos el misterio de este juego infinito, el mismo que —sin Kroos mediante— provocó su cese después de ser el entrenador merengue con más títulos.

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Pregunta. Dice: “La derecha debería hacer suyas muchas de las propuestas que predica Milei. Aunque solo sea porque, como Thatcher y Reagan, provoca la violencia de todos los seguidores del social-comunismo”. ¿A qué se refiere con violencia? ¿Le gustaría ver a un Milei en España?

Respuesta. Con lo de la violencia me refiero a violencia verbal, a que los excita. Y me encantaría ver un Milei en España, pero aquí a nadie le gusta presumir de motosierra. Con una gran dosis de histrionismo que aquí nos choca, ha conseguido atraer a la juventud.

P. Vincula el nacimiento de Vox a la renuncia del PP a la defensa de sus principios y valores. ¿Le ha hecho Vox en estos años alguna oferta para pasarse a sus filas?

R. No. Conozco bien a Santiago Abascal y es una persona estupenda. Discrepo en muchos temas con Vox, por ejemplo, yo soy partidaria del Estado autonómico, pero estoy de acuerdo en lo más importante: la unidad de España, la defensa de la propiedad, de la vida, del imperio de la ley... El nacimiento de Vox lo vinculo, sobre todo, al incumplimiento del programa electoral del PP. En 2011 teníamos una mayoría de 186 escaños y no cumplimos el programa. Montoro [Cristóbal, ministro de Hacienda] subió los impuestos, de lo que curiosamente está muy orgulloso; íbamos a cambiar el método de elección del Consejo General del Poder Judicial, Alberto Ruiz-Gallardón llegó a presentar el proyecto y lo tuvo que retirar, seguramente le obligaron. No derogamos la ley de memoria histórica... Zapatero, y en eso hay que copiar al adversario, nada más llegar, retiró a las tropas de Irak, derogó el Plan Hidrológico Nacional y suspendió la entrada en vigor de la Ley de Calidad de la Educación.

P. En este libro revela algún dato más, que no contaba en Yo no me callo, sobre el congreso del PP de Valencia de 2008. Afirma que Pedro J. Ramírez, entonces director de El Mundo, le pidió que presentase su candidatura frente a la de Mariano Rajoy y que Aznar y Francisco Álvarez Cascos, a los que llegó a consultar, se lo desaconsejaron. ¿Qué peso diría que tiene hoy su corriente, el liberalismo “radical”, como usted misma lo llama, en el PP?

R. La noche electoral, Viri [Elvira Fernández, esposa de Rajoy] me dijo: ‘Por favor, dile que lo deje’. Y no se lo dije. Sabía que presentarme era prácticamente imposible porque había que tener 600 avales de compromisarios electos, Madrid tenía 200 y a mí solo me apoyaba el País Vasco de María San Gil. Y además se casaba mi hijo. Si Mariano hubiera hecho lo que parecía que iba a hacer la noche electoral, es muy posible que yo me hubiera presentado. Consulté, efectivamente, con Cascos y Aznar y los dos me dijeron que lo mejor era que se presentara Mariano. ¿Y qué peso tiene hoy mi corriente en el PP? Diría que peso pluma, pero en dos temas fundamentales se ha tomado la decisión liberal: vivienda [en contra del criterio de control de precios] y energía nuclear [a favor].

P. En la página 119 del libro dice: “Esta confusión que lleva a muchos a creer que es el Estado el que crea puestos de trabajo es la misma que lleva a muchos a creer que es el Estado el que tiene la responsabilidad de educar a sus hijos o cuidar de la salud de las personas o de ocuparse de las personas mayores”. Pero en la página 194 asegura que ha sido la derecha “la que mejor ha asegurado el Estado del bienestar”. Parece una contradicción: ¿Usted cree o no en el Estado del bienestar?

R. Yo no creo en el Estado de bienestar para nada. Creo que los ciudadanos tienen que elegir por sí mismos la educación que quieren para sus hijos. Esto de que los hijos no son de los padres, que nos dijo Celaá [Isabel, exministra de Educación] me parece un disparate. Y el Estado no tiene por qué ocuparse de la sanidad de todos.

P. Pero si no hubiera sanidad pública, mucha gente no podría permitirse un ingreso hospitalario, un trasplante...

R. La Sanidad pública la pagan las comunidades autónomas. A mí no me parece mal que haya sanidad o educación públicas, una cosa más que se puede elegir.

P. Hay gente que no tiene capacidad de elegir, esa capacidad suele darla el dinero.

R. No. Tú puedes elegir entre los colegios concertados o públicos y lo mismo en la sanidad si eres funcionario. Se podría dar a toda la población esa capacidad de elegir y, de hecho, en Madrid, conseguimos que las listas de espera bajaran porque dábamos a elegir: si quieres menos de 30 días, te vas a esta clínica privada y la pagábamos nosotros, y si quieres quedarte en tu hospital público, hay esta cola y tendrás que esperar lo que sea.

P. ¿Que la administración destine recursos al sector privado no termina deteriorando al público?

R. Todo lo contrario. La competencia siempre es favorable. Cuando la administración pública funciona en monopolio es el desastre.

P. Los profesores de la pública no lo ven igual.

R. Yo lo que hago es dar a elegir. A los socialistas no les gusta que los demás elijan, les gusta la clientela cautiva. Y a esos profesores de la pública les gustará eso, pese a que están mejor pagados.

P. “Hoy existe en España un marcado caudillismo. Lenin, Stalin, Mao, Castro, Chávez, Maduro y Kim Jong-un han sido o son los sinónimos de sus regímenes. Igual que Sánchez, cuyos rasgos de despotismo narcisista son evidentes y cuya pasión por mandar es indiscutible”. ¿En qué ve similitudes entre Kim Jong-un y Sánchez o entre Corea del Norte y España?

R. Entre Corea del Norte y España yo no veo similitudes. Lo que veo es que Sánchez es narcisista, enfocado solo a mantener el poder a cualquier precio. Un mentiroso compulsivo al que solo le importa el relato, no la verdad, y por ese camino vamos. Sánchez ha cogido la ideología de todos los que le han apoyado, la de los independentistas, que es romper España, y la de los comunistas, que quieren quitar a Felipe VI y poner a un sucedáneo de Maduro, que muy bien podría ser Sánchez.

P. ¿Aznar no era era narcisista? ¿Conoce a algún candidato a la presidencia de un gobierno, incluida usted misma, que no haya querido mandar?

R. Yo no diría que Aznar era narcisista. Y todos los candidatos que conozco lo que querían era aplicar un programa.

P. En el libro es más amable con Franco que con Sánchez. Sostiene que el presidente del Gobierno persigue “una dictadura disfrazada de democracia” y del dictador asegura: “Quitando los primeros años, en los que el régimen de Franco usó saludos y formas falangistas, parecidos a los fascistas de Mussolini, el resto del tiempo fue, sencillamente, un régimen autoritario muy preocupado por el orden público, que permitió la aparición de la clase media con múltiples oportunidades de progresar” y que “muy pronto fue reconocido por el resto de países occidentales como el que había evitado que en España triunfara el comunismo”. ¿El encarcelamiento de miles de presos políticos y las torturas en la sede actual del Gobierno madrileño eran muestras de preocupación o represión? ¿Se puede hablar de oportunidades cuando el Régimen multó a los familiares de miles de fusilados, incautó sus bienes, los depuró de sus puestos de trabajo y forzó al exilio a miles de personas?.

R. Era una dictadura represiva, pero permitió que surgiera la clase media. Claro, a los que habían matado ¿cómo iban a tener oportunidades de progresar? Pero España creció de una manera exponencial.

P. ¿Considera, como cree que hicieron el resto de países occidentales, que el golpe de 1936 estaba justificado “para evitar que en España triunfara el comunismo”?

R. Para evitar que en España triunfara el comunismo no. El golpe del 36 estuvo causado por el asesinato de José Calvo Sotelo. Si el Gobierno de entonces hubiera reaccionado ante eso, no sé si Franco se hubiera unido a la conspiración que existía, pero aquello fue la gota que desbordó el vaso. Y lo que digo es que en la II República no se respetaban los derechos, los medios de comunicación no podían publicar cosas que no gustaran... No fue para nada un régimen de libertades.

P. ¿Y el que vino después sí? ¿La dictadura fue mejor?

R. No creo que fuera mejor en los primeros años, pero a la larga sí fue mejor.

P. Sostiene que la ley de memoria es “nefasta” y que “ha resucitado odios y rencores”. ¿Qué casos de enfrentamiento conoce a raíz de esta legislación, que lleva aplicándose desde 2007?

R. Están retirando algunas cosas que no se entiendo por qué y mantienen la estatua de Largo Caballero, el Lenin español.

P. ¿Cree que debería haber hoy estatuas o calles dedicadas a Franco?

R. No, pero no se pueden borrar 40 años de la historia de España, que tienen muchísimas cosas negativas, hechos vergonzosos, pero también hechos positivos. Lo que digo es que lo que pretende la ley es imponer un relato falso. A nosotros nos daban una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional y no imponían el relato, no nos hablaban de las checas ni de Paracuellos.

P. ¿Cree que el franquismo no impuso un relato en la dictadura?

R. Por supuesto que pretendían imponerlo. Desconozco si se impuso o no.

P. ¿Ha leído las leyes de memoria que considera nefastas y que llama a derogar?

R. La primera la leí en su día y el primer artículo me gustó muchísimo, luego ya no, pero de esto hace mucho tiempo. La nueva [la de 2022] no la he leído.

P. Relata que cuando le comunicó al Rey que dimitía, en 2012, él le respondió: “Eso es lo que yo tendría que hacer”. ¿Qué opina de los escándalos que rodean hoy al rey emérito?

R. Pienso que quien esté libre del pecado, que tiene la primera piedra.

P. Pero la ejemplaridad debería formar parte de una institución como la monarquía, ¿no?

R. Evidentemente. Por eso tenemos a un Rey que es ejemplar.

P. ¿Le decepcionó el comportamiento de su padre?

R. No. El rey Juan Carlos ha hecho por España mucho más que cualquier otra figura histórica porque teniendo todos los poderes, se los cedió al pueblo español. Una cosa es lo que hizo el Rey por España y otra cosa es que haya tenido sus fallos, como los tenemos todos.

P. ¿Acertó Felipe VI al retirarle a su padre la asignación presupuestaria?

R. El rey Felipe hizo en todo momento lo que creía que tenía que hacer.

P. Cargos del PP en sus gobiernos acumulan decenas de años de condena de cárcel por corrupción o tienen aún causas pendientes con la justicia. Cuentas en el extranjero, testaferros, contratos amañados, financiación ilegal, dopaje electoral … Dedica buena parte del libro a celebrar su gestión al frente de la Comunidad de Madrid, pero apenas alude a esos escándalos de corrupción, salvo para decir que sigue sin saber por qué González entró en la cárcel ¿Conoce otros gobiernos en España con esa acumulación de cargos procesados y esos años de condena?

R. Mire dónde estamos ahora: Leire, Ábalos, Koldo, Aldama...

P. En esos casos aún no hay condenas. En los que afectan a sus gobiernos hay varias, y causas aún pendientes.

R. Con Prada la sentencia reconoce que no se ha llevado un duro, pero lo que creen que hizo mal es que en la Ciudad de la Justicia dedicó mucho dinero a promocionarla [El proyecto fue presentado 72 veces y llevó aparejado viajes pagados a Nueva York o Singapur. El acto de colocación de la primera piedra costó más de un millón] y solo hizo un edificio. Si resulta que malversar si no te lo llevas al bolsillo es bueno si eres nacionalista y si eres consejero autonómico no... A Granados lo condenaron por hablar con un Guardia Civil [fue condenado por un delito agravado de aprovechamiento de revelación de secreto por funcionario público para destruir pruebas y esconder dinero y además le piden ocho años por la financiación ilegal y tiene otras causas pendientes]. López Viejo fue condenado [a 27 años de prisión] porque se llevaba comisiones y yo lo condeno, pero al lado de Ábalos, ¡vamos!

P. Al igual que Vox, critica con dureza la Agenda 2030, los objetivos de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Dice que es la agenda de los comunistas. ¿La ONU es comunista?

R. Total. Milei dio un discurso sensacional en la ONU explicando que cuando se crea es un organismo bienintencionado, pero que ha derivado en unas agendas disparatadas, como la 2030. Los artículos los apoyamos todos, pero el modo de llevarlos a cabo, el “sostenible”, el “inclusivo”... son palabras comunistas.

P. ¿Qué tiene de comunista la palabra “sostenible”?

R. Que no podemos tener energía abundante y barata. La agenda 2030 pretende empobrecernos y, de hecho, Europa se está empobreciendo por culpa de esa agenda.

P. Afirma que cultivó su ideología liberal, entre otras cosas, leyendo The Economist. La revista coronó a España como la mejor economía avanzada de 2024. ¿Se ha dado de baja en la suscripción?

R. Esa suscripción fue hace 40 años. The Economist ya no es lo que era. Mucho mejor el Daily Telegraph [periódico conservador que apoyó el Brexit y que ha asegurado, sin pruebas, que el apagón se debió a un supuesto experimento de las autoridades españolas para saber cuánta generación verde era capaz de digerir el sistema eléctrico nacional ante un futuro escenario sin nucleares].

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Hoy Feijóo y su partido se refieren al presidente del Gobierno como “el capo”; el líder de la oposición se burla del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso —lo llamó “karaoke”—; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ausenta temporalmente de una reunión donde se debía hablar de esos “problemas reales” en la Conferencia de Presidentes porque se niega a ponerse un pinganillo para escuchar la traducción del euskera hablado por el lehendakari vasco, y lo que los barones populares ponen sobre la mesa del “diálogo” es la exigencia de la dimisión del jefe del Ejecutivo y el adelanto electoral. Un veterano del partido explica por qué: “Santiago Abascal dijo que nos íbamos a sentar con la mafia y esa frase nos hacía mucho daño. No podíamos dejar de ir a la Conferencia porque tenemos que mantener la institucionalidad, el voto de centro; pero hay una parte de nuestros votantes, los más próximos a Vox, que nos quieren enfadados y eso hace que te dirijas a las vísceras, no al cerebro. Se trata de evitar a toda costa que sea Vox el que capitalice el enfado con el Gobierno en lugar de nosotros”.

Desde la cuenta oficial, institucional, en la red social X, del partido más votado de España y el primero en estimación de voto según las mayoría de encuestas, se difunden ahora mensajes que antes solo hubieran tenido cabida en los perfiles más gamberros de las Nuevas Generaciones, la militancia más joven: un vídeo que compara al Gobierno con los personajes de la película El Padrino; otro que hace una parodia desafortunada —y por la que tuvieron que pedir disculpas— sobre La isla de las corrupciones... Algunos dirigentes consultados para este reportaje admiten la hipérbole del lema con el que han convocado la manifestación contra el Gobierno este domingo, “mafia o democracia”, pero todos coinciden en que sería un error dejar escapar a la presa en un momento en el que el Gobierno es incapaz de colocar un tema en la agenda, llevar el debate público a otro asunto que no tenga que ver con los escándalos del caso Ábalos, las investigaciones judiciales en el entorno de Pedro Sánchez o los audios de Leire Díez —la militante socialista que se dio de baja en el PSOE después de que se conociese que había mantenido reuniones con empresarios y abogados ofreciendo tratos de favor incluso con la Fiscalía a cambio de trapos sucios sobre un mando de la UCO, la Unidad de la Guardia Civil que investiga casos de corrupción—.

“El PP”, explica el politólogo Pablo Simón, “no dispone de tantos recursos como pudiera parecer. Tiene la carta de la moción de censura, pero no puede usarla porque no le dan los números y terminaría reforzando a Sánchez. Tiene la de las comisiones de investigación en el Senado, pero ahí se arriesga, si los senadores no son los lápices más afilados del estuche, a que los comparecientes se les escapen vivos. ¿Qué le queda? La calle, agitar la calle y agitarla el primero, para no tener que colocarse detrás de la pancarta de Vox, sino que sea Vox el que se coloque detrás de la suya”.

La extrema derecha sigue condicionando al PP, “que ha sido”, añade el politólogo, “un partido hegemónico en su espacio durante mucho tiempo y por tanto, no está acostumbrado a competir en su espacio electoral porque la aparición de Vox y antes la de Ciudadanos, ya extinguido, es relativamente reciente”. Feijóo ha heredado los problemas de su predecesor, Pablo Casado, esto es, la dificultad de combinar la imagen de partido de Gobierno con la oposición dura que demanda el votante que ahora flirtea con Vox —“Nos para gente por la calle para pedirnos que nos parezcamos más a ellos”, lamenta un dirigente popular—; y buscar un equilibrio entre gestores y a alborotadores; entre el discurso madrileño y el territorial —“Lo que hace y dice Ayuso, que siempre ha ido por libre”, según la misma fuente, “no sirve en Castilla y León, en Galicia, en Andalucía…”—. “La filosofía”, añade otro veterano exdirigente del PP, “se resume en una de cal y otra de arena: captar voto de centro, incluso de socialistas desencantados, y frenar a Vox, que sigue muy fuerte en las encuestas —es el único partido, según el último barómetro de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, que mejoraría sus resultados de las generales de 2023—. Ahora hay más arena que cal y todos vamos un poco con la lengua fuera, tanto el Gobierno como nosotros, sin saber cuánto puede durar todo esto”.

La estrategia actual de Feijóo de al enemigo ni agua, se fundamenta en una convicción, la de que el Gobierno “agoniza” y que el presidente no será capaz, como promete, de agotar la legislatura. Pero los dirigentes del partido consultados por este periódico no tienen tan claro que el secretario general de los socialistas vaya a sucumbir pronto y acepte el adelanto electoral. Rajoy presenció dos funerales políticos del líder socialista, cuando dimitió como capataz del PSOE y cuando renunció a su acta de diputado por negarse a abstenerse en su investidura. Pero fue finalmente Sánchez el que lo desalojó de La Moncloa con una moción de censura en 2018 justo cuando el PP acababa de obtener el voto del PNV para sacar adelante los Presupuestos y la legislatura se prometía estable y enfilada. La hemeroteca está llena de carambolas que una y otra vez dan un vuelco a la trama política. “La gran pregunta”, afirma un veterano cargo popular, “es cuánto podremos aguantar a este ritmo, en este tono. Ahora mismo tanto el Gobierno como nosotros vamos con la lengua fuera”.

La socióloga y politóloga Cristina Monge señala que, pese a la munición que le esté suministrando el PSOE con el escándalo de Leire Díez, “el PP tiene dos problemas graves” que se han generado “ellos mismos”. “El primero”, desarrolla, “es que prácticamente desde el minuto uno de la legislatura pidieron la dimisión del presidente, cuestionando la legitimidad del Gobierno, y si tienes cuatro años por delante, la oposición y la beligerancia debe ir in crescendo para que tenga efecto. Y el segundo es Vox, que sigue tirando de ellos, y los aísla del resto, ya que anula cualquier opción de tender puentes con el PNV o con Junts”. La movilización en la calle, añade, “no tiene un impacto electoral inmediato, pero contribuye a generar un estado de ánimo de crisis permanente y necesidad de cambio. Pero la manifestación, en el fondo, es una demostración de impotencia, la muestra de su incapacidad de hacer oposición en el Parlamento”.

Un cargo del PP con poder territorial admite que la apuesta por la estrategia de máxima confrontación con el Ejecutivo ha sacrificado el discurso tradicional del partido, más enfocado a la gestión, y que “la tensión y el ruido de Madrid opaca cualquier medida que se ponga en marcha en los Gobiernos autonómicos”. Y, aunque de momento creen que el método funciona y que el PSOE está “en shock”, es probable, si Sánchez logra ir arrancando meses a la legislatura, que el discurso hiperbólico importado de la extrema derecha “vaya perdiendo efecto y los votantes decidan quedarse definitivamente con el original [Vox] y no con la copia”. Esta era una frase repetida en los cuadros populares en la etapa de Casado, defenestrado por los suyos hace tres años, y lo sigue siendo. El ruido y los decibelios han subido en el debate público, pero las piezas siguen siendo las mismas en el tablero político y la partida depende, como al inicio del curso, de quién pagará más caro las cesiones a sus respectivos socios y quién logrará imponer su relato: el PSOE con su denuncia de la cacería en todos los frentes contra un Gobierno que cumple en economía o el PP con el decreto de fin de ciclo con ellos como única alternativa.

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“Soy incapaz de entender qué está pasando en la política española. Estoy abochornado. El PSOE está en caída libre, atrapado por un sistema absolutamente corrompido. Y yo no voy a limitarme a ser un comentarista de la degradación que vive España. Voy a rescatarla de la indecencia continua. Estoy preparado para asumir la responsabilidad de devolver a este país la altura de su pueblo”, ha añadido Feijóo, quien no logró formar una mayoría suficiente para gobernar tras las elecciones de 2023.

El líder de los populares se presentó como el antídoto contra la indecencia política. “Nosotros no tenemos Leires. Legislan para protegerse entre ellos. Usan las instituciones para servirse. Se tapan unos a otros (...) y el congreso [del PP, el próximo julio] será una respuesta al abuso, al meter la mano en la caja, a la difamación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la persecución de jueces y fiscales, a la censura de medios de comunicación”.

La historia del PP, sin embargo, tiene abundantes ejemplos de todo eso que Feijóo atribuye al PSOE y con lo que promete acabar si llega al poder. La Audiencia Nacional celebrará el año que viene el juicio por el caso Kitchen, la operación urdida en 2013 en el seno del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional en época del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de robarle documentación que pudiera perjudicar al PP y en el que están procesados, con una petición de 15 años de cárcel, Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, en prisión desde el pasado jueves acusado de formar parte de una trama de blanqueo y robo de datos junto al pirata informático Alcasec. Además del exministro y su número dos, el juez también procesó por la operación “parapolicial” al ex director adjunto de la Policía Eugenio Pino; a cinco comisarios (José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera y Andrés Gómez Gordo); a los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano; y a Sergio Ríos, antiguo chófer de Bárcenas, a quien se captó como confidente. Y el pasado marzo, el juez Santiago Pedraz estrechó el cerco sobre la guerra sucia contra Podemos durante el mandato del PP.

Feijóo también ha aprovechado su intervención este miércoles en Melilla para hablar de inmigración, en un discurso muy próximo al de Vox, ligándola a la delincuencia. “Es urgente parar el efecto llamada, este flujo descontrolado (…) Quien venga a cumplir las leyes tendrá derechos y obligaciones, pero quien venga a delinquir y no respetar nuestros valores se irá por la misma puerta por la que entró”, ha dicho. El líder del PP también aseguró que el Gobierno echa a los inmigrantes “en brazos de las mafias” y que reparte “menores como si fueran paquetería en función de quién gobierna las comunidades autónomas: en las de los independentistas no hay, en las del PP se los trasladamos”. El criterio del reparto, pendiente de ser consensuado con las autonomías, tiene en cuenta el número total de menores extranjeros no acompañados y la población y concluye que lo ideal es que cada comunidad acoja a 32 de estos niños por cada 100.000 habitantes. Actualmente, Canarias, Ceuta, Melilla o Baleares hacen un gran esfuerzo en este sentido, mientras que otros territorios como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Cantabria, mantienen déficits del 300%. Cataluña, con una población de más de ocho millones de personas, cuenta con 5.100 plazas para acoger menores (locales y migrantes no acompañados) y dedica casi la mitad de todos sus recursos a los segundos. Además de Canarias, por la coyuntura en la que se encuentra, es la comunidad con más camas con mucha diferencia.

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Por bloques, pese a la mejoría del PSOE, la diferencia entre la estimación de voto que aglutinan PP y Vox frente a los socialistas, los votantes de Sumar y los de Podemos, que se escindió de la plataforma de Yolanda Díaz meses después de los comicios, es ahora de 7,7 puntos a favor de la derecha, 6,2 puntos más que en las generales de 2023, debido, sobre todo, al ascenso del partido de Santiago Abascal y a la pérdida de apoyos del espacio a la izquierda del PSOE: Sumar se deja casi siete puntos desde el 23-J, que no se corresponden con lo que obtendría por separado Podemos (3,8%). La intención de voto de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) se sitúa en su conjunto casi un punto por debajo de lo que obtuvieron en las urnas.

La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre los pasados 23 y 26 de mayo, cuando la difusión de audios de una militante del PSOE, Leire Díez, tratando de conseguir información comprometedora sobre un mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desató un terremoto político. En esos días, fueron imputados dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por los protocolos de triaje en las residencias que descartaron la hospitalización de mayores en la pandemia; la defensa del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, acusado de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, recriminó a la magistrada de Badajoz que lo mande a juicio sin esperar a que la Audiencia Provincial resuelva los recursos contra su procesamiento, y el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, investigado en la misma causa por los mismos delitos, propuso eliminar los aforamientos después haber dimitido como presidente de la Diputación de Badajoz para incorporarse de forma urgente a la Asamblea de Extremadura y conseguir así su propio aforamiento.

Además, la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, procesado este jueves por fraude fiscal y falsificación de documentos, acudió a declarar al Tribunal Supremo en la causa que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos, donde admitió que su abogado le había explicado que pactar suponía reconocer los delitos. En el periodo en el que se realizó el sondeo, el Gobierno también promovió una coalición internacional para sancionar a Israel por la masacre sobre Gaza. Puede consultar todos los datos de la encuesta aquí.

Transferencias de voto

El estudio de 40dB. muestra que Vox sigue teniendo al votante más fiel: el 83,8% de sus apoyos de 2023 repetirían hoy, seguido del PP (82,4%) y el PSOE (73,7%). Si las generales se celebrasen ahora, los populares cederían al partido de Abascal un 6% de sus votos, porcentaje similar al que la formación de extrema derecha pierde en favor de Se Acabó la Fiesta. Los socialistas son los que acumulan más indecisos (9,5%) y en el electorado de Sumar continúa el desconcierto: solo retienen al 48,3% de sus votantes de 2023; un 29,2% se decantaría hoy por Podemos y otro 7,6% por el PSOE.

Intención de voto por género y edad

Los socialistas se imponen al PP en intención de voto —dato sin la corrección demoscópica, conocida como cocina— tanto en el electorado masculino (21,1%) como en el femenino (25%), si bien, la primera opción en ambos casos es la de abstencionistas, indecisos y quienes hoy votarían en blanco o nulo. Como vienen señalando los últimos sondeos, las mujeres muestran mayor desencanto hacia la oferta política actual que los hombres.

Vox obtiene 5,5 puntos más en intención de voto en el electorado masculino (18,5%) que en el femenino (13%). En el espacio a la izquierda del PSOE, Sumar se impone sobre Podemos tanto entre las mujeres como en los hombres y ambas formaciones, que han registrado escándalos relacionados con actitudes machistas de antiguos dirigentes, Íñigo Errejón, por un lado, y Juan Carlos Monedero por el otro, obtienen mejores resultados entre el electorado masculino que en el femenino.

Por edades, Vox, con un 24,9% (casi cuatro puntos porcentuales más que en el sondeo anterior) sigue siendo el primer partido en intención de voto en la franja de los 18 a los 24 años, con 3,3 puntos de ventaja sobre el segundo, el PSOE (21,6%), y 5,2 puntos sobre el tercero, el PP (19,7%). También se impone en las horquillas de 25 a 34 años (26,2%) y 35 a 44 (21,1%). El partido de Abascal obtiene su peor dato en las franjas de los 55 a 64 y mayores de 65 (9% y 10,9%, respectivamente). Vox se impone a la suma de la plataforma de Díaz y Podemos en todas las edades, salvo en la horquilla de los 55 a 64, donde empatan.

Los populares son primera fuerza política en intención de voto entre los mayores de 65 (25,6%) y los socialistas, entre los votantes de 45 a 64 años. Los abstencionistas, indecisos y quienes hoy votarían en blanco o nulo se sitúan por encima del 20,5% en todas las franjas, siendo la que va de los 45 a los 54 la más desmotivada políticamente (27,9%).

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La fundadora de 40dB. y expresidenta del CIS, Belén Barreiro, explica que eso se debe a que el dato de intención de voto (sin la corrección demoscópica conocida como cocina) sitúa al partido de extrema derecha no tan lejos del PP (a 4,5 puntos) y a que Abascal, además de disponer de un respaldo mucho más entusiasta entre los votantes de su partido (83,1%) que Feijóo entre los suyos (70,1%), es mejor visto entre otros electorados que el líder de los populares.

Tanto los votantes del PSOE, como los de Sumar y Podemos, sitúan antes al presidente de Vox que al del PP. Y los del partido de Ione Belarra prefieren a Sánchez antes que a Yolanda Díaz, quien fue su candidata en las últimas generales, antes de la escisión de Sumar. Puede consultar todos los datos de la encuesta aquí.

El estudio también refleja el creciente desencanto hacia la clase política, ya que el porcentaje ganador ante la pregunta de quién de los actuales líderes cree que sería el mejor presidente para España es el 25,4% que responde “ninguno”, lo que supone 10,4 puntos más que en 2023, cuando 40dB. planteó a la ciudadanía esa misma cuestión.

La encuesta se realizó entre los pasados 23 y 26 de mayo, cuando se difundieron los audios de una militante socialista, Leire Díez, tratando de conseguir información comprometedora sobre un mando de la UCO, la unidad de la Guardia Civil que investiga casos de corrupción. Un día antes del inicio de las entrevistas, Sánchez se reunió con víctimas de la dana en Valencia y una jueza de Badajoz decidió sentar en el banquillo a su hermano, David Sánchez, acusado de prevaricación y tráfico de influencias pese a la oposición de la Fiscalía.

El sondeo también es posterior a la filtración de wasaps del presidente con el exministro José Luis Ábalos, investigado por presunta corrupción en el Tribunal Supremo. En las jornadas en las que se realizó el estudio, el jefe del Ejecutivo llamó a la comunidad internacional a no ser “indiferente” frente a la masacre de Gaza por parte de Israel. Por esos días, Feijóo, que prepara el congreso para actualizar el ideario de su partido, apostó por “disminuir la inmigración en España” y fue subiendo el tono de sus ataques al PSOE y al Gobierno por las polémicas conversaciones de Leire Díez. Abascal, por su parte, empleó los mismos términos que el PP para referirse al Ejecutivo —“mafia”, “banda criminal”—. Yolanda Díaz, la cuarta líder en el ranking de valoración (8,7%), reivindicó la reducción de la jornada laboral, pendiente de una dura negociación parlamentaria, y anunció la próxima aprobación del nuevo estatuto del becario.

Seis de cada 10 españoles creen que los líderes políticos del pasado eran mejores que los actuales y para el 60% “son un reflejo de la sociedad a la que representan”. Por electorados, el más nostálgico es el de la derecha. Así, el 72,7% de los votantes del PP opina que los referentes políticos de etapas anteriores superan a los de ahora, mientras que solo piensa así el 12,7% de los apoyos socialistas. Esa percepción de que antes había una clase política mejor es más fuerte entre los hombres que entre las mujeres y el sondeo indica una importante brecha de género en la generación Z (18 a 27 años), ya que mientras el 44,1% de los varones se muestran de acuerdo en que los líderes eran mejores antes, solo lo ve así el 18,4% de las mujeres de esa edad.

Las cualidades del líder

En cuanto a las cualidades que debe tener un buen líder político, la más señalada es la honradez (64%), a mucha distancia de la segunda, inteligencia (41,5%) y de la tercera, preparación (41,4%). Rasgos de carácter, como la empatía, ser buena persona o el carisma, aparecen antes que otros relacionados con la formación, como hablar idiomas, importante para el 9,5% de la población. Por electorados, la izquierda valora más la empatía y la derecha, la experiencia. Las generaciones Milenial (28-43 años); X (44-59) y baby boomer (mayores de 60) valoran especialmente la honradez y los más jóvenes priorizan la inteligencia. La preparación es más importante según avanza la franja de edad, y la empatía, la bondad y la determinación, según decrece. Preguntados por el contexto actual, lo más importante es que el líder político tenga capacidad de gestión de crisis y acontecimientos imprevistos, seguido de una visión estratégica a largo plazo y decir lo que la gente de la calle piensa.

Ante una lista de posibles comportamientos de los líderes políticos, y preguntados por cómo de inadmisibles son para ellos, el más señalado por los españoles (79,3%) es “mentir reiteradamente a la ciudadanía”, seguido por la implicación en casos de corrupción (78,9%); la mala gestión (78,7%); la ruptura de las promesas realizadas en campaña electoral (77,9%); la manipulación o ataque a instituciones independientes (77,5%); las alianzas con gobiernos que violan los derechos humanos (76,4%) e insultar repetidamente a los rivales (74,7%). Casi un 70% de la población cree que, además de los canales institucionales y los medios de comunicación, los líderes políticos deben comunicarse con la ciudadanía también a través de las redes sociales y el 84% espera oír de ellos mensajes sobre “políticas concretas” y soluciones a los problemas, lo que no siempre se cumple en los broncos debates parlamentarios.

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La visita tiene lugar el mismo día que el BOE publica el acuerdo para incoar la declaración de estos destacamentos penales como “lugares de memoria democrática”, la distinción que servirá para colocar paneles explicativos que permitirán a las futuras generaciones conocer que esas piedras colocadas de forma extraña en el monte fueron un día viviendas para los represaliados del franquismo. El calor aprieta, pero a sus 89 años, apoyándose en su bastón, Francisco Corella sube la ladera detrás de las autoridades. Conoce bien este paraje. “Mi padre estuvo preso aquí, y mi madre, mis dos hermanos y yo, vivíamos en una de estas chabolas”, relata, muy emocionado. Llegó con seis años, pasó tres en el destacamento y terminó siendo alcalde socialista del pueblo. La expedición incluye a Benita Navacerrada, de 94 años, que sigue buscando a su padre, confiando en que pronto sea uno de los identificados en las fosas comunes de Colmenar Viejo, y que este jueves ha querido participar en el homenaje a los que compartían ideas y penas con Facundo Navacerrada, ejecutado en mayo de 1939. A Remedios Jiménez también se le escapa alguna lágrima cuando una actriz, Balbina Miño-Gómez, del proyecto Liberta, interpreta en la montaña a una de las mujeres de los presos: “Tengo que contarle a Esteban, mi marido, que su cuñado ha muerto de avitaminosis. Me dicen que ya no está en este destacamento, pero sé que está en la enfermería porque se cayó mientras trabajaba”. Los presos, como recuerda el BOE, “trabajaban en las obras de mayor complejidad y peligrosidad, como la extracción de piedra o la perforación de los túneles, en situaciones penosas ante la falta de elementos de protección”. El ferrocarril directo entre Madrid y Burgos fue inaugurado el 4 de julio de 1968. La vía ya no se utiliza hoy.

“Todas las conversaciones con mi padre”, relata Remedios, “terminaban siempre en este lugar y me encantaría que hoy pudiera verme aquí. Una vez, con un cincel, marcó en la piedra sus iniciales. Mi abuelo estaba en el destacamento y las condiciones de vida eran terribles. Vivían en Granada, pero al trasladarlo aquí, mi abuela y mi padre se instalaron en la nada, en una de estas chabolas”. Era el precio a pagar por pasar algún minuto al día cerca del preso. Nicasio Jiménez hijo contaba el tiempo de condena en estaciones: cuántos inviernos y cuántos veranos, ambos igual de duros en este paraje escarpado. Nicasio Jiménez padre apenas vivió tres años más cuando por fin obtuvo la libertad. “Había salido muy débil y enfermo, tuvo una peritonitis y cuando le dieron el salvoconducto para ir al hospital ya no pudieron hacer nada por él”, explica su nieta.

Cerca de 6.000 presos trabajaron entre 1941 y 1955 en estos 11 destacamentos penales y se calcula que en total, en distintas obras repartidas por todo el territorio nacional, fueron cerca de 50.000. El Régimen había condenado a muchos de ellos a muerte, pero Franco necesitaba mano de obra para reconstruir el país devastado por la guerra —carreteras, puentes, túneles, vías de tren...— y conmutó las penas de hombres jóvenes y sanos castigados, en aquella justicia al revés, por el delito que solo los franquistas habían cometido: adhesión a la rebelión. Lo hizo a través del llamado Sistema de Redención de Penas por el Trabajo del Patronato de la Merced. El verbo empleado, “redimir”, subraya el secretario de Estado de Memoria Democrática, “tenía un componente religioso, porque el Régimen entendía que habían pecado, pero fue un método de venganza más contra quienes compartían ideas democráticas”.

De aquellos trabajos forzados se beneficiaron empresas públicas y privadas que hoy son grandes constructoras. La ley de memoria democrática (2022) establece que la Administración General del Estado elaborará “un inventario” de las obras realizadas por presos durante el franquismo, así como un “censo” de las organizaciones que se beneficiaron de esa mano de obra para “impulsar iniciativas” de reparación. Preguntado por el estado en que se encuentran ambas medidas, Martínez explicó que un equipo especializado trabaja en el inventario, “muy extenso”, y que contactarán con algunas de esas empresas. “En Alemania se dieron a conocer todas las organizaciones que se beneficiaron de los trabajos forzados en campos de concentración nazis. Siemens, por ejemplo, aportó a los procesos de reparación, y aquí también vamos a hablar con las empresas para que nos ayuden a reparar a las víctimas”.

En el interior del antiguo destacamento, el arqueólogo Fernando Colmenarejo explica las penosas condiciones en las que vivían los presos (hambre, miseria, plagas de chinches...), y un grupo de estudiantes, acompañados por la Joven Orquesta Sierra de Madrid, se dirige al público. Tienen entre 16 y 17 años y estudian en el Instituto La Cabrera, donde Riesco, acompañado por otros profesores, diseñó una asignatura optativa sobre memoria, convivencia y derechos humanos. El primer año se apuntaron 15 alumnos y este, que es el tercero, ya son 45. “Es una forma”, explica una de ellas, “de poner en valor el sistema democrático, nuestros derechos y libertades, y somos nosotros, los jóvenes, los que tenemos la capacidad de cambiar el futuro, dignificando el pasado y transmitiéndolo a las nuevas generaciones”. Valentín Sánchez, de 16 años, relata que el curso pasado, un antiguo preso del franquismo les relató las torturas que había sufrido en la Dirección General de Seguridad, actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Me impactó muchísimo. No me imaginaba que en ese sitio podía haber ocurrido algo así”. Al igual que con estos 11 destacamentos penales, el Gobierno incoó un expediente para declarar el edificio lugar de memoria democrática, lo que comporta colocar una placa en la Puerta del Sol para recordar lo que ocurrió durante la dictadura en ese inmueble. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, trató de impedirlo modificando la ley del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, pero el Tribunal Constitucional ha suspendido tales preceptos por considerarlos contrarios a la Ley fundamental. “¿Qué importancia tiene que se considere este lugar como un espacio de memoria?”, pregunta Valentín en el destacamento penal de Lozoyuela. Y se responde: “Conocer las situaciones de abuso y violaciones de derechos humanos nos convierten en personas conscientes. Y recordar a quienes sufrieron en silencio no solo nos ayuda a reflexionar, sino a no repetir lo que jamás debió ocurrir”.

Hoy se ha publicado en el BOE la incoación para declarar los destacamentos penales como Lugares de Memoria Democrática.@territorialgob, a través de @DGobiernoMadrid, ha organizado la visita ‘Destacamentos Penales: Memoria de Hierro y Sangre’ en Garganta de los Montes,… pic.twitter.com/XHqivsNzuA

— Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) May 29, 2025

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Moreno Bonilla realizó estas declaraciones a los periodistas en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde este lunes ha presentado Trade Andalucía, una agencia para inversores en la comunidad. Fue el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y no su homóloga autonómica, Isabel Díaz Ayuso, quien hizo de anfitrión del acto. El mandatario andaluz se presentó como “el primer comercial de Andalucía” y presumió de ser la segunda comunidad, por detrás de Madrid, “con menos carga fiscal”. Tanto Almeida como Moreno Bonilla exhibieron sus sendas mayorías absolutas como “garantía de estabilidad” frente al Gobierno central y reclamaron elecciones anticipadas. El andaluz presentó como uno de los grandes focos de inversión en la comunidad la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica mientras otros compañeros de partido, como el presidente valenciano, Carlos Mazón, hacen seguidismo de las posturas de Vox, que habla de “fanatismo climático” y “ecologismo radical”. Además de empresarios y representantes de las embajadas de Marruecos, Argentina, Chile, Qatar o Egipto, arroparon a Moreno Bonilla los exministros Fátima Báñez y José María Michavila, no así la cúpula del PP nacional.

Preguntado por la decisión del Gobierno central de promover una coalición internacional para presionar a Israel con sanciones que permitan romper el bloqueo de la ayuda humanitaria a Gaza y avanzar hacia una solución al conflicto, el presidente andaluz mostró su “respeto hacia la iniciativa”, aunque lamentó que Pedro Sánchez no hubiera intentado pactarla antes con el PP. “La situación que se está viviendo en Israel es inadmisible”, añadió. “No se pueden cerrar todos los cauces para que lleguen los alimentos a la población civil. La comunidad internacional tiene que presionar para que de una vez por todas se abran esos corredores humanitarios”.

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“Con Franco no estarías ni en España”

Putos ignorantes de mierda

Pues este negro que veis en la imagen, mientras los comunistas cubanos no le dejaban boxear, se lo prohibieron literalmente, se vino a la España franquista y aquí triunfó.

Con Franco yo sería Ministro https://t.co/cN82VO5AWM pic.twitter.com/vIVtwr5xyg

— Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) November 11, 2024

El pasado martes, la mayoría del Congreso dio el primer paso para impulsar una reforma de la ley con la que se regula el funcionamiento en la Cámara para poder retirar la acreditación a personas que profieran insultos o atenten “contra la dignidad” de otros. En marzo de 2024, Ndongo tuiteó, refiriéndose a la compañera Marta Monforte, actual corresponsal política de Infolibre: “Es un mito ser periodista por haber pasado por la facultad. Pájaras como tú, con las rodilleras y mamándosela a los políticos, sois un cáncer para este país”. Monforte pidió entonces amparo al departamento de Comunicación del Congreso. “Les enseñé el tuit y dijeron que me entendían, pero que ellos no podían retirarle la acreditación, que lo denunciara a la policía. O sea, que tenía que convivir en mi lugar de trabajo con esa persona que se refirió en esos términos hacia mí y que provocó que recibiera un aluvión de insultos y comentarios machistas sobre mi cuerpo en redes. La primera vez que hablamos con los partidos para tratar de resolver esto hubo bastante resistencia, porque nos decían que la derecha diría, como así ha sido finalmente, que era un intento de limitar a medios incómodos. Pero la tensión ha ido escalando, cada vez con más incidentes, y todos los periodistas estamos de acuerdo en que esto no es tolerable”.

Ndongo había escrito aquel tuit —que posteriormente borró, aunque desde entonces ha hecho otros similares— para apoyar a su “amigo” Vito Quiles, con quien Monforte había discutido en el patio del Congreso porque interrumpió una pregunta suya a un diputado. Vito Zoppellari Quiles (con más de 462.000 seguidores en Instagram, alrededor de 431.200 en X y cerca de 151.400 suscriptores en su canal de Telegram) fue en las listas de la marca política del agitador ultra Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, en las elecciones europeas del año pasado. Trabaja en EDATV. Fue uno de los activistas que jaleó las protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz en 2023 que terminaron en disturbios, con una treintena de policías heridos, y ha sido denunciado por injurias y calumnias.

Calle de Ferraz. Todos los días. pic.twitter.com/zU9t2e7A4r

— Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) November 6, 2023

“En un grupo de WhatsApp de amigos del colegio”, prosigue Rufián, “me preguntaron por qué echamos a periodistas del Congreso. Gente de buena fe puede ver en Vito Quiles a un chaval que pregunta lo que nadie pregunta a gente trajeada rodeada de escoltas. Pero no son periodistas. No van a preguntarle a Abascal por la multa del Tribunal de Cuentas o a Ayuso por el fraude fiscal de su novio. Y no tiene ningún interés informativo sacar a un político paseando con su hijo o comprando en un supermercado: eso es acoso. Tienen a miles de seguidores que simplemente están a la caza del político de izquierdas para hacerle una foto y luego inventarse lo que sea. El objetivo es restringir tu vida. Yo, cuando viajo, me muevo con gorra y mascarilla. Cuando mi mujer estaba embarazada, nos hicieron una foto a la una del mediodía en un bar de Pamplona, dijeron que era la una de la madrugada, que yo estaba con dos mujeres y que iba mucho al baño. Y eso tiene miles de retuits”.

De las redes, el acoso ha saltado a la calle, y de los nombres propios de estos pseudoperiodistas y pseudomedios, a un ejército que les sigue y les imita. “Betrand Ndongo hizo fotos cuando estaba dejando a mis hijos en el colegio”, relata la ministra de Sanidad, Mónica García. “A partir de ahí, a mí me han roto la luna del coche, me han puesto pegatinas con insultos, se han encarado con mis escoltas, buscando una reacción que sirva para que ellos parezcan los agredidos... Son mercenarios del acoso, les pagan para eso. Te violentan a ti y a tu familia y el mensaje que lanzan al que esté pensando en hacer política, sobre todo si es progresista es: ‘No te metas porque vas a sufrir todo esto”.

En la comisión de investigación del caso Koldo [asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, investigado por corrupción], impulsada por el PP en el Senado, la ministra portavoz, Pilar Alegría, enumeró esta semana algunos de los últimos insultos que había recibido: “Alegría y otras putas del montón”; “Golfa sin escrúpulos”; “Eres la muñeca hinchable del PSOE”; “Espero que acabes en el infierno, hija de la gran puta”; “Ya sabemos cómo llegaste a ser ministra, de rodillas...”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, denunció que Alvise Pérez llegó a publicar fotos de su hija menor de edad como si fuera su amante. La Agencia Española de Protección de Datos multó al ultra y le obligó a retirar la imagen de su canal de Telegram.

Acoso a periodistas: “Tengo miedo a diario”

No solo los políticos de izquierdas sufren ese acoso. También los periodistas de medios progresistas, que han tenido que explicar a sus hijos mucho antes de tiempo qué es el odio, por qué un desconocido les increpa en la calle, en el supermercado, en un restaurante... “Yo empecé a salir por televisión hace 15 años, que es la razón por la cual la gente me reconoce, pero los episodios desagradables son de los últimos cinco”, explica Ignacio Escolar, director de Eldiario.es. “Empezó, sobre todo, en la pandemia [en ese momento nace Estado de Alarma, la plataforma de Negre y la cantera de la que salen Ndongo y Quiles] y me afecta en mi vida cotidiana: a qué sitios voy y a cuáles no; cómo me siento en un restaurante, para que se me vea lo menos posible, o dónde vivo, porque para tomar esa decisión, miré antes el mapa de voto para evitar problemas. Son insultos, gente que te increpa, rozando la violencia y no descarto que un día lleguen a la agresión porque alguna vez he pensado que la situación podía haber terminado peor. Se paran con el coche, te llaman ‘sicario’, ‘rojo de mierda’... y esto me ha pasado paseando con mis hijos. Comparado con lo que sufren los periodistas en otros países es una broma, pero eso no lo convierte en admisible“.

La periodista Ana Pastor, fundadora de Newtral, tiene ocho causas abiertas por amenazas recibidas. “Hace años que no recuerdo la sensación de salir a la calle sin preocupación. Al principio era solo en redes, asumible, pero saltó a la calle: gente que te empuja, que te insulta a un dedo de la cara, que parece que te va a agredir. Algunos de esos momentos de riesgo los he vivido con mi familia y es durísimo ver a tu hijo quebrarse por una cosa así, que esto tenga que formar parte de su vida. Ni mis hijos, ni los de Pablo Iglesias, ni los de Abascal tienen culpa de nada. España no es México, donde los periodistas se juegan la vida, y cuando he tenido unos segundos de duda de si merecía la pena, me he repuesto hablando con gente que sufrió los años duros de ETA, pensando que lo mío, por supuesto, no es un sufrimiento comparable. Pero tengo miedo, miedo físico y a diario, y me niego a que tengamos que vivir de esta manera”. La periodista afirma que todo empezó cuando Vox, al inicio de sus mítines, ponía vídeos contra ella y su marido, Antonio García Ferreras. “También recibimos acoso verbal de la extrema izquierda, sobre todo en redes, aunque sin violencia. Hubo un salto cualitativo en la pandemia y desde entonces se ha multiplicado. La ultraderecha no es solo un partido político, son grupos como Desokupa, gente como Alvise, como Negre... y sus terminales mediáticas. Ese mundo lanza un mensaje y sus hordas lo compran. Y me cuesta mucho dinero, tiempo, esfuerzo y disgustos denunciarles para protegerme a mí, a mi familia y a mis trabajadores. Mucho más de lo que consigo a cambio”.

Un profesor universitario, colaborador en medios de comunicación, cuenta que el acoso recibido por sus apariciones públicas le ha llevado a terapia. “Alvise y Negre me señalaron públicamente con unas declaraciones mías sacadas de contexto y empezó la tormenta de mierda porque tienen una capacidad de penetración muy alta, en muchas capas. Me insultaban por la calle, subían fotos mías en cualquier parte... Llegó un momento en que me daba pánico salir a la calle por la ansiedad que tenía. Las amenazas de muerte las puse en conocimiento de la policía, cerré mis redes sociales y tuve que advertir a mi familia de la situación para que estuvieran atentos si veían algo raro. Destruyen tu normalidad diaria y elevan tanto el coste de participar en el debate público que te planteas la retirada. Un colega científico ha llegado a decirme: ‘¿Cómo voy a salir ahora a hacer divulgación sobre vacunas? ¿Estás loco?’. Porque asomas la cabeza y te dan con un martillo. Y no nos confundamos: cualquier persona puede discrepar contigo. Ahora tenemos que hacer mejor nuestro trabajo porque somos más visibles y estamos más expuestos a la crítica que en el pasado. Pero esto es otra cosa: un señalamiento directo con información manipulada para generar una corriente de opinión contra ti. Es decir, inducir un clima de matonismo”.

El periodista de este periódico Carlos E. Cué, que también ha sido objetivo de los vídeos de Bertrand Ndongo y ha sufrido insultos, “cada vez más frecuentes” —“rojo de mierda”; “palmero”...— cuando iba con sus hijos, lo llama “el mercado del odio”. “Trafican con eso: cuanto más odio trasladan en un vídeo, más audiencia y más rédito. Excitan a la gente para que luego reproduzcan eso que ve en los vídeos en la calle. El insulto se ha normalizado porque da dinero. Es una estrategia política, pero sobre todo, un circuito de gente que ha generado una estructura comercial alrededor del odio porque sabe que tiene mucho éxito en Internet. Y esa es la gran novedad, el mercado del odio que se está generando no solo en España, sino también en Argentina, EE UU...”.

El contexto internacional: De Milei a Trump

El ultra Javier Milei se reunió en su visita a España el pasado junio con Vito Quiles, a quien expresó su apoyo contra Sánchez. El mandatario argentino, que recibió una medalla del Gobierno de Ayuso y ya había participado antes en mítines de Vox, considera a los periodistas “delincuentes con micrófono”, cuenta con un ejército digital de influencers que corean y celebran todo lo que hace y se ha jactado públicamente de que, “gracias a las redes sociales”, a la prensa (la seria) “se le acabó el privilegio de la casta”. Cuando Donald Trump, que llegó a declarar que “la prensa es el gran enemigo del pueblo americano”, fue investido como presidente estadounidense el pasado enero, Quiles tuiteó: “Que se preparen los zurdos de todo el mundo”. Para Rufián, “no se entiende nada de lo que ha ocurrido en EE UU sin Fox News y en España también forma parte de una campaña que cuenta con mucho dinero y experiencia de otros países”. Entre los fichajes del nuevo inquilino de la Casa Blanca hay una docena de personas próximas al canal, incluido el actual secretario de Defensa, expresentador de Fox News. El año pasado, el grupo de Negre, EDATV, adquirió una parte de La Derecha Diario para, según la página web, “expandir su modelo de periodismo en América del Sur”.

Acabo de conocer al presidente de Argentina, Javier Milei.

Muchísimas gracias por recibirme y por tu defensa de la libertad. Estamos juntos en esta lucha. VLLC! pic.twitter.com/Pj8pFEg9q3

— Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) June 21, 2024

¿Hay un Vito Quiles en la ultraizquierda?

Por razones obvias, Vox se opuso al trámite para impulsar la reforma que permitirá retirar la acreditación a quien se comporte en el Congreso como lo hacen Quiles o Ndongo, quien define a su líder como “Dios”. Más complicada de explicar es la postura del PP, que votó lo mismo que el partido de extrema derecha. Miguel Tellado, portavoz parlamentario de los populares, aseguró, como había augurado la izquierda cuando empezaron los problemas, que la reforma es un intento de “acallar a los medios de comunicación que son incómodos para el Gobierno”. El politólogo Pablo Simón interpreta esa posición en una clave política y otra emocional: “Los espectadores de Estado de Alarma son los votantes por los que está peleando el PP. Una parte de su base electoral está viendo los canales alternativos desde los que se nutre Vox. No es una base tan grande, pero la irradiación que tiene sí lo es. La otra dimensión es el miedo a que empiecen a hacer con ellos lo mismo que hacen con los políticos de izquierdas”.

¿Hay un Quiles o un Ndongo en la ultraizquierda, acosando a políticos de derechas y a periodistas de la prensa conservadora? Preguntado por el asunto, un portavoz del equipo de Alberto Núñez Feijóo afirma: “El acoso a políticos parte de los escraches que sufrieron Soraya Sáenz de Santamaría, [exvicepresidenta del Gobierno] o Cristina Cifuentes [expresidenta de la Comunidad de Madrid]: activistas que se presentaban en los domicilios de nuestros dirigentes para hostigarles por no compartir sus decisiones. Por tanto, el origen de estas prácticas proviene de la izquierda radical. Y si hay un político acosado en este país es Carlos Mazón [presidente de la Generalitat Valenciana que, meses después de la dana que causó 228 muertos, sigue sin aclarar qué hizo esa tarde]”. La formación remite un documento de 13 folios que cita la agresión a Mariano Rajoy en Pontevedra en 2015; las protestas frente a la sede del PP tras los atentados del 11-M en 2004 [cuando el partido, entonces en el Gobierno, mintió sobre la autoría]; estudiantes reunidos frente a los domicilios de Rita Barberá y Francisco Camps por los escándalos de corrupción en la Comunidad Valenciana o una concentración de la plataforma de Afectados por la Hipoteca frente a la vivienda de Esteban González Pons.

Para Rufián, “no son comparables”. “Era la etapa de la crisis y los desahucios, y aquellos escraches, nos gusten más o menos, los realizaban en su inmensa mayoría ciudadanos; no es el acoso de alguien que obtuvo una acreditación en el Congreso con un canal de YouTube”. Ignacio Escolar opina: “Creo que esto no pasa solo en un lado. Hace unos años le pasaba a políticos de derechas y ahora se ha trasladado al periodismo. Hubo acoso en la casa de Iglesias [cofundador de Podemos] e Irene Montero [exministra de Igualdad] y en la de Sáenz de Santamaría, aunque el primero duró meses de manera impune y el segundo un día. Ahora sí que creo que la derecha está más polarizada que la izquierda”.

Andrea Levy, exvicesecretaria del PP, recuerda situaciones de acoso en los años de más conflictividad en Cataluña por el desafío independentista. “Una vez no me dejaban salir de un set de televisión en la calle, los mossos tuvieron que llevarme hasta una zona despejada. No tenía libertad total para pasear por la ciudad en la que nací, Barcelona. Había lugares que evitaba, sobre todo con mis padres, porque tenía sensación de inseguridad. También tuve un episodio con los CDR en una visita a un mercado navideño y un supermercado podía ser un lugar de riesgo. Mi padre llegó a mentir en un hospital catalán a una enfermera con lazo amarillo diciendo que su hija era arquitecta. Ahora la situación es completamente distinta”.

Preguntado por si cree que los políticos del PP sufrieron en Cataluña lo mismo que ahora padece la izquierda, Rufián opina: “Una parte del independentismo se equivocó al hacer un reparto de buenos y malos catalanes, pero creo que sería un error comparar una cosa con la otra porque hay que recordar que la gente estaba muy enfadada porque a las personas a las que habían votado las estaban metiendo en la cárcel. Y yo no recuerdo a ningún periodista de izquierdas fotografiando a un político de derechas diciendo: ‘Mira este facha paseando con sus hijos”.

Borja Sémper, portavoz del PP, afirma que desde que volvió a la política, en enero de 2023, le han insultado tres veces por la calle: “Dos fueron de la extrema derecha y en un caso, delante de mis hijos. El otro fue una señora que me llamó fascista también delante de ellos”. Obligado a llevar escolta durante años como amenazado por ETA, le resta importancia. También lo hace Francisco Marhuenda, director de La Razón, periódico conservador. Afirma que en el pasado ha recibido amenazas de muerte en su correo e insultos en la vía pública: “Gente más de ultra derecha llamándome ‘cobarde’ y gente de ultraizquierda llamándome ‘fascista”, pero son hechos aislados y no he tenido miedo. Yo no creo que sufra acoso”. Preguntado por la reforma del reglamento del Congreso para que conductas como las de Ndongo y Quiles no puedan repetirse en la Cámara, Marhuenda responde: “Es controvertido. El político tiene que asumir que le pregunten cosas que no le gusten y por el hecho de hacerlo no dejas de ser periodista”. Tras leerle el tuit que escribió Ndongo sobre la periodista Marta Monforte y al preguntarle si tendría a alguien así en su redacción, replica: “No le conozco personalmente, pero a quien diga eso de una colega no lo tendría ni aunque fuera el mejor periodista del mundo. Es inaceptable”.

Detonantes, consecuencias y remedios

Aunque necesaria, ninguno de los afectados consultados —una veintena— para este reportaje creen que la reforma impulsada en el Congreso vaya a acabar con el acoso y todos coinciden en el temor a que el fenómeno siga escalando hasta las agresiones físicas. Como ante cualquier problema, la solución empieza por dimensionarlo, entender el origen y calibrar con precisión su relevancia, es decir, las consecuencias: políticos cada vez más aislados, que evitan el contacto con la calle en su vida cotidiana para ahorrarse disgustos; desincentivos, quizá insalvables para algunos, a la hora de decidir dedicarse a la política; pérdida de voces en el debate público, incluidas las que afectan a la salud, las de la divulgación científica; cesión de terreno a la desinformación y a sus capitanes; descrédito de las instituciones; niños que salen a pasear con sus padres previamente advertidos de la posibilidad de que alguien que los odia se lo haga saber de la manera más desagradable...

“Uno de los efectos de la polarización afectiva, el rechazo al que piensa diferente”, afirma el politólogo Pablo Simón, “es que ves a la comunidad de los que no piensan como tú mucho más homogénea de lo que es realmente: todos los demás son el enemigo y contra el enemigo todo vale. En esa dinámica, algunos supuestos periodistas han dejado de ser narradores para convertirse, de una forma obscenamente explícita, en actores políticos. Y es una pescadilla que se muerde la cola, porque esas posiciones mediáticas digitales más duras irradian sobre los actores que ocupan las instituciones y viceversa. En el mercado de la atención digital, cuyo modelo de negocio se basa en la agitación, no se puede hacer gran cosa, pero en la institucionalidad sí se podría actuar con un pacto de altura para bajar el diapasón”.

“En el Congreso”, afirma la ministra Mónica García, “yo tengo detrás a la barra brava del Partido Popular y todo lo que oigo son insultos: ‘corruptos‘, ‘puteros‘... En el momento en que se normaliza que Ayuso llame ‘hijo de puta’ al presidente, se está alentando el insulto en cualquier parte. Si en un partido de fútbol hay una patada y el árbitro no la castiga, el mensaje es que están permitidas las patadas. La solución a todo esto, como en cualquier forma de acoso, no está en las víctimas, sino en los acosadores”.

Levy coincide en que la discusión política es hoy especialmente pobre. “En los debates no se va a hablar, sino a aniquilar, a destruir en lo personal. Esa deshumanización del contrario es muy preocupante. Veo al Congreso peor que lo que viví en mis días en el Parlament de Cataluña. Hoy, en los plenos, tiene más rédito la bronca y los insultos que lo que se aprueba. Por parte de los Gobiernos, en un lado y en el otro, el pleno es un lugar para desacreditar a unos y a otros, y por parte de la oposición, el rédito lo sacan del enojo. Y esa falta de respeto absoluta tiene muy difícil solución porque de ahí no se baja nadie”.

Para Rufián, “esto solo parará cuando PP y Vox lleguen al Gobierno porque ese grupo de gente considera un accidente en la historia que gobierne la izquierda”. Aunque es un fenómeno muy madrileño —la mayoría de entrevistados para este reportaje afirma que el acoso lo sufre cuando está en Madrid, no fuera—, ya empieza a llegar a Cataluña. “Los trolls de Junts y Aliança Catalana”, añade el portavoz de ERC, “dicen lo mismo que los trolls de Estado de Alarma: hay que hablar más de inmigración, la izquierda te engaña etc. El Vito Quiles catalán todavía lo están intentando encontrar, pero lo encontrarán”.

El Gobierno ha planteado algunas medidas para mitigar el impacto de la desinformación y del acoso en redes como parte de lo que llama plan de regeneración democrática. Algunas, como la obligatoriedad de conocer el accionariado y los ingresos de publicidad institucional de los medios, obedecen a un reglamento europeo. Otras, como acabar con el anonimato en las redes sociales, garantizar la transparencia de los algoritmos y que los ejecutivos de las tecnológicas no rehúyan sus responsabilidades legales, han de aterrizarse aún para que no parezcan un intento de poner puertas al campo. Mientras, Carlos E. Cué, corresponsal político de EL PAÍS, propone aferrarse a lo elemental: “Defender la buena educación, no entrar nunca en su estilo, negarse a asumir sus métodos y recurrir a los rudimentos del oficio que permiten tener debates sosegados, es decir, los que se basan en argumentos, información y datos”.

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No es tu culpa, Melody. Tú lo hiciste muy bien, pero... pic.twitter.com/MfFPWtcVy1

— Partido Popular (@ppopular) May 18, 2025

“El consabido y habitual gafe de @sanchezcastejon y la estúpida politización de RTVE hunden a Melody en el Festival de #Eurovision2025 y la colocan antepenúltima", resume el diputado popular Rafael Hernando, quien ha dedicado buena parte de sus últimos tuits al festival.

Una vez definida la línea argumental, tuit a tuit se ha ido construyendo el relato. “Con Sánchez nos echarán de Eurovisión, de la UE y hasta de la ONU. Solo nos acogerán Maduro, Irán y Hamás”, augura el periodista Alejandro Vara. Su colega Carmelo Jordá resume así lo ocurrido: “El país que se defiende del terrorismo: segunda posición y ganadores del voto popular en toda Europa, incluida España. El país cuya asquerosa televisión y su repugnante Gobierno montan campañas antisemitas: ridículo en voto popular y terceros por la cola”. Periodista Digital también lo tiene clarísimo: “El gafe Pedro Sánchez hunde a Melody en Eurovisión intentando tapar que Santos Cerdán está en la corrupción”.

Varios medios enfocaron sus crónicas y artículos sobre el certamen con titulares muy parecidos: “Pedro Sánchez, cero points”; “Sánchez pierde Eurovisión”. O sea, poco originales y aún menos comprensivos: ¿a qué presidente no se le habría escapado algún gallo en su debut como cantante delante de tanta gente? Normal que Sánchez estuviera hecho un flan cuando salió al escenario de Basilea.

Además de “gafe”, abundan entre los comentarios tuiteros las palabras “politización” y “cortina de humo” para reforzar la disparatada tesis de que el presidente del Gobierno movió de modo sibilino los hilos que conectan La Moncloa con Basilea, donde se disputó el festival, para que Eurovisión cayera justo en plena masacre de civiles en Gaza y para que una oportuna polémica sobre la participación de Israel distrajese a sus rivales de las investigaciones judiciales en su entorno. De haber sido así, hay que decir que cayeron como moscas, porque el asunto estrella de conversación en las cuentas oficiales de la oposición y sus medios afines ha sido durante varios días, con lo carísimo que está el minuto de atención en redes, #Eurovisión.

Curiosamente, las acusaciones de “politización” venían a propósito del mensaje que RTVE sobreimpresionó antes de que comenzara la retransmisión de la gala —“Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina”— y no a cuenta de la campaña en las redes para dar puntos a Israel y fastidiar así a “los rojos”, “los zurdos”, “los giliprogres”. “Hay que echar a Sánchez votando a @vox_es, pero votar a Israel en Eurovisión también suma”, pedía en X, por ejemplo, el profesor universitario Rubén Herrero de Castro. Con la misma ilusión con la que un padre coloca el 10 de su hijo en la nevera, comentaristas neutros y puros, supuestamente despolitizadísimos, colgaban pantallazos de los 20 euros que habían invertido en apoyar a la candidata israelí —el máximo permitido, que suponía 20 votos por usuario— no porque les hubiera encantado su actuación o porque esperen con fervor su próxima canción, sino para darle una lección al presidente del Gobierno.

Nunca he votado en eurovisión pero esta noche vamos a votar a Israel pero no por la libertad ni por la democracia sino por jorobar a los progres, no hay dinero mejor invertido. pic.twitter.com/1WCYpYmiQu

— Álvaro Lario (@AlvaroLario) May 11, 2024

Algo parecido sucedió ya en el Benidorm Fest de 2022, con unos y otros tomando partido —literalmente— bien por Tanxugueiras, bien por Rigoberta Bandini o bien por Chanel, quien fue la que finalmente se impuso en la selección previa. De milagro no se organizó una comisión de investigación parlamentaria sobre las votaciones, pero varias formaciones registraron preguntas en el Congreso cuestionando el método de elección. Luego Chanel quedó tercera, el mejor resultado de España en el festival en 27 años, y los pelillos cayeron a la mar como toneladas de pellets. Probablemente, el senador popular Vicente Azpitarte, quien celebró en su cuenta de X la derrota de Tanxugueiras y Bandini —“España dijo sí a la lengua vehicular que nos une a todos. España dijo sí a la igualdad entre hombres y mujeres. Ni lenguas que nos separan ni feminismo rancio”—, aún piense que el tiempo le dio la razón. La letra de la canción ganadora, SloMo, tenía, por cierto, un 61,4% de palabras en español; un 28,7% en inglés y un 9,9% de onomatopeyas.

Antes de Eurovisión, los termómetros vivos de la politización ya hicieron lo mismo con una cabalgata de Reyes —la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo no lo perdonará “jamás”— o con un torneo de tenis, el abierto de Australia de 2022, cuando Novac Djokovic, que había sido retenido en Melbourne porque se negaba a vacunarse de covid, recibió a miles de kilómetros los decisivos apoyos de Albert Rivera, cofundador de Ciudadanos, o de Javier Negre, hoy dueño de La Derecha Diario. “Veo a mucho hipócrita”, tuiteó el primero, “aplaudiendo la deportación de un tenista cuando ellos mismos se manifiestan contra las deportaciones de nuestra ley de extranjería”. “Si Djokovic”, abundó el segundo, “hubiese entrado en Australia vía patera, lo habría tenido más sencillo y le habría caído alguna ayuda”.

Mi hija de 6 años: "Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad."
No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás. #cabalgatatve

— Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) January 5, 2016

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Los debates sobre la memoria histórica se celebran siempre en el mundo al revés. Diputados que lo son gracias a la democracia añoran los tiempos en los que los partidos y por tanto, votar, estaba prohibido: “Preside el peor Gobierno en 80 años”, declaró en 2020 Santiago Abascal, líder de Vox, dirigiéndose a Sánchez desde su escaño en el Congreso; “Gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior de la Guerra Civil no fue oscura, como nos vende este Gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional”, proclamó Manuel Mariscal, del mismo partido, el pasado noviembre en el Parlamento. No son deslices o hipérboles lanzadas en el fragor del debate porque no solo no se corrigen después, sino que se reiteran. Tampoco la ignorancia puede servir de atenuante, del mismo modo que desconocer la ley no exime de cumplirla.

En ese mundo al revés, Vox —a menudo asistido por el PP—, describe la legislación en materia de memoria —que emana de convenios y tratados internacionales de obligado cumplimiento, según la Constitución—, como “el deseo narcisista de reescribir la historia” y practicar una “lobotomía colectiva”. Ya dice el refrán que cree el ladrón que todos son de su condición. Quienes reescriben la historia son los que blanquean la dictadura, los cuarenta años de represión. Quienes desean la lobotomía colectiva son los que pretenden que España olvide que en una fosa en el barranco de Víznar, recientemente fueron rescatados los restos de un niño fusilado; tenía entre 11 y 14 años, según los forenses; quieren que se olvide que el país que envió un hombre al espacio sigue pisando hoy fosas comunes que albergan los restos de cientos de ejecutados; que se olvide que a Ernesto Sempere, un tribunal franquista lo condenó a 20 años y un día de cárcel por adhesión a la rebelión y que la prueba que aportó el fiscal al juicio fue un dibujo paródico que había hecho cuando tenía 15 (“utiliza la caricatura para denostar nuestro Glorioso Movimiento y exaltar la causa roja”) y que solo en la provincia de Granada, entre 1939 y 1959, un millar de juicios por la misma causa acabaron en ejecución.

Quienes sí pretenden reescribir la historia, como Toscano, afirman que los presos que participaron en la construcción del Valle “querían trabajar allí” y recibían “el mismo salario que los obreros libres”. Para levantar el monumento hicieron falta 20.000 obreros y 19 años. Convivían hombres libres y presos políticos. Las constructoras pagaban el mismo sueldo, pero en el caso de los prisioneros, el Régimen se quedaba una buena parte en concepto de manutención y alojamiento. Franco vendió el sistema de redención de penas por el trabajo como la “recuperación moral de los extraviados ideológicamente”, pero el plan obedecía a una doble necesidad: aliviar el hacinamiento en las cárceles y aumentar la mano de obra. En aquellos años, según recuerda el comisionado de los actos de España en libertad, la población reclusa ascendía a un millón de personas, la mayoría de ellos presos políticos —hoy en las cárceles españolas hay unos 58.000 reclusos—. Las condiciones de vida variaban según el año o barracón, pero hubo varias epidemias y al menos 20 obreros fallecieron de silicosis. Y aunque el Régimen y ahora también Vox terminaran vendiendo la convivencia en las criptas de muertos de ambos bandos como un gesto de reconciliación, la realidad es que ese no había sido el objetivo del monumento. En el primer decreto en el que habla de él, del 1 de abril de 1940, Franco explica que es para “los héroes y mártires de la Cruzada” y en su discurso de inauguración, en 1959, declaró: “No sacrificaron nuestros muertos sus preciosas vidas para que nosotros podamos descansar (...) La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta. Periódicamente la vemos levantar cabeza...”. Lo que ocurrió en el medio, en esos 19 años, es que las obras se demoraron tanto tiempo que muchas viudas de los caídos por Dios y por España enterrados —ellos sí— dignamente en cementerios rechazaron el traslado, y cuando el Régimen pidió por carta a los ayuntamientos muertos de la Cruzada para alimentar las criptas de Cuelgamuros, muchos le contestaron que lo que sí tenían eran fosas de “los rojos”. Así es como, sin que lo autorizaran sus familias, cientos de republicanos fueron trasladados al mausoleo franquista.

Además de falsedades, Toscano recurrió a argumentos peregrinos como que “la izquierda odia el Valle porque odia la belleza y odia a Dios”. Más papista que el Papa, criticó “a los tibios”, “a los obispos que callan” frente a la “profanación socialcomunista” del complejo. Contradiciendo su criterio de los últimos cinco años, el Gobierno ha accedido finalmente a que la comunidad benedictina permanezca en el Valle y el concurso internacional de ideas que ha convocado para diseñar un museo en su explanada y resignificar el monumento contará con un representante de la Iglesia. La proposición de Vox fue rechazada.

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Es un club selecto, reducido, pero con representantes en diferentes países. En Inglaterra, Ryan Giggs debutó a los 17 años con la camiseta de los red devils y se la tatuó hasta su retirada, 963 partidos después, con 40. Gary Neville y Paul Scholes, dos más de los Fergie boys, también jugaron toda su carrera en el Manchester United; Tony Adams, que había sido el más joven en colocarse el brazalete de capitán del Arsenal, vistió los mismos colores en tres décadas distintas. En Italia, cuando, en 2017, Francesco Totti colgó las botas con 41 años, diez tornillos en el tobillo y una placa de acero en la pierna, lo contemplaban cinco lustros con la camiseta de la ciudad eterna, la de la Roma. El gladiador jugó 786 partidos con el mismo escudo, al que escribió 307 cartas de amor en forma de goles; Un cuarto de siglo le dedicó también Paolo Maldini al Milan, bodas de plata: 902 días con el uniforme rossonero. En España, Manolo Sanchís, perteneciente, como Maldini, a otra saga futbolística, y miembro de la quinta del buitre, estrenó ficha con el Madrid a los 12 años y de blanco se retiró. En el Barça, un chaval llamado Carles Puyol hizo en 1995 las pruebas para ingresar en La Masia y pasó 19 años ligado al equipo: “Llegué como un niño y me voy con una familia”, dijo en su despedida. Con Messi, que igualó en 2017 el número de partidos de El tiburón (593) y llegó a los 778 vestido de blaugrana, no pudo ser, y abandonó el club en 2021. En A Coruña, con la retirada de Fran, O neno, se extinguió el Super Dépor. Lo quería Cruyff para el dream team y llegó a firmar un precontrato con el Madrid, pero al final, ganó el miedo a la morriña y el jugador, pura clase sobre el césped, se retiró en 2005 tras 18 años de entrega al equipo blanquiazul.

En Bilbao, que trabaja el fútbol como el picapedrero la cantera, buscando entre la masa, puliendo lo que mañana servirá para levantar un edificio, hay más nombres (Iribar, Txetxu Rojo, Julen Guerrero...) y de hecho, el Athletic entrega desde 2015 el premio One Club Man -desde 2019 hay una versión femenina-, a futbolistas que han desarrollado su trayectoria en un único equipo. También en la Real Sociedad, que abandonó en 1989 su política de no contratar a extranjeros, hay grandes representantes de la monogamia futbolera, como Arconada, que desarrolló toda su carrera profesional con los donostiarras.

Dice Jorge Valdano que “el fútbol representa todas las taras de la globalización” y que, al transformarse en “un negocio sin fronteras”, ha “convertido a los aficionados en clientes”. Como siempre, tiene razón. Por eso en el vertiginoso intercambio de bienes y mercancías que define a la economía global aumenta la ilusión -y por tanto el valor- de que algo o alguien sea enteramente nuestro. El terrible episodio de 2002, cuando un energúmeno culé lanzó una cabeza de cerdo a Figo en el regreso del jugador al Camp Nou, ahora con la camiseta del eterno rival, el Madrid, solo puede entenderse como un ataque de cuernos. El portugués que le había hecho feliz tantas veces paseaba por el mismo estadio con otra. Le habían roto el corazón.

Suele haber premio, en forma de emocionantes homenajes, para el selecto club de jugadores que cumplieron sus votos y renunciaron a cifras mareantes en paisajes oscuros, como el saudí. Pero salvando algunas notorias excepciones, como la de Pep Guardiola en el Barça, no hay tantas gratificaciones cuando las leyendas regresan al equipo de sus amores en otro formato, el de entrenadores. Ya lo dice la canción: “Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver”.

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“Nunca Europa y la democracia social ha estado tan en riesgo en los últimos ochenta años como en la actualidad”, reza el texto de la convocatoria. “La respuesta a esa amenaza es la Unión Europea: el proceso de mayor éxito social, económico y de paz que se conoce. Un proyecto que trasciende la mera suma de los Estados que lo componen, pero que hoy necesita un mayor compromiso ciudadano. La actitud y las medidas de Trump y la agresividad de Putin han acentuado esa amenaza, que se suma al avance de la ultraderecha. Es el momento de salir a la calle y defender con coraje a Europa y su modelo”, añaden.

El acto será conducido por la periodista de la Cadena SER Mara Torres y contará con las intervenciones de la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, Esther Lynch; la escritora y columnista de este diario Elvira Lindo; el periodista Andrea Rizzi, corresponsal de asuntos globales en EL PAÍS; el presentador de informativos Telecinco Carlos Franganillo, así como de Paula Giménez, de la asociación juvenil Equipo Europa. Miguel Ríos interpretará, con Rosa Torres Pardo al piano, el Himno de la Alegría, la novena sinfonía de Beethoven que la UE adoptó como canción oficial y que, con los arreglos del compositor Waldo de los Ríos, hizo triunfar al cantante español a nivel mundial.

Más de medio centenar de asociaciones y colectivos se han adherido al manifiesto, entre ellas, la Agrupación Europeísta del Ateneo de Madrid; la Asociación Pro Derechos Humanos; +Democracia; el Círculo de Bellas Artes; la Comisión Española de Ayuda al Refugiado; la Fundación Alternativas; Movimiento por la Paz y Equipo Europa, además de los sindicatos UGT y CC OO. Entre las personalidades adheridas figuran el escritor Javier Cercas; la periodista Nativel Preciado y los diputados Hugo Martínez Abarca (Más Madrid) e Isabel Andaluz (PSOE).

El “llamamiento por Europa” de los convocantes apela directamente a quienes “defienden a las personas y su diversidad frente a todo tipo de intolerancias y violencias, oponiéndose a toda tendencia racista, xenófoba, machista, lgtbifóbica o negacionista del cambio climático”. También a quienes creen que es necesario proteger el “modelo de democracia social”: el Estado de derecho y el de bienestar, trabajos y pensiones dignas; así como un “orden internacional basado en reglas y en el respeto a la justicia y los derechos humanos, apoyando al pueblo palestino frente al genocidio al que está siendo sometido”.

La reciente encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER sobre “los retos de la Unión Europea” mostró que los españoles conservan un alto grado de europeísmo ―en una escala de 0 a 10, siendo 10 “totalmente europeísta”, la población se sitúa, de media, en el 7,4―, pero al tiempo, el 55,8% de los españoles perciben que la UE actúa “poco o nada unida” y el 58,8% la ve poco o nada eficaz ante los desafíos globales.

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Los niños, de entre 4 y 14 años, pintan ambulancias, edificios en llamas, gente corriendo y muchos, muchos aviones. “Lo que más se repite”, explica Merino, “son las escenas de aviación. Si hoy fuéramos a un colegio y les pidiéramos a los críos que dibujaran la guerra, seguramente reproducirían imágenes que han visto en televisión o en las películas, pero aquellos niños, como mi madre, dibujaban lo que habían vivido, su propio miedo. Uno de los dibujos que más me impactó es el de una niña llamada Mercedes que pintó un bombardeo en el que las bombas de los aviones son lágrimas”.

El primer país donde se expusieron este tipo de dibujos no fue España, sino EEUU. “En 1937″, relata Merino, “con el objetivo de ofrecer ayuda económica y de evacuación a los niños desde las zonas de guerra a las colonias infantiles —principalmente en la costa mediterránea y Francia—, se constituyó en Nueva York la Asociación Americana para el Bienestar de los Niños Españoles. Tras recorrer esas colonias y recopilar más de mil dibujos, un coleccionista de arte y miembro de la comunidad cuáquera, Josep A. Weissberger, organizó diversas muestras en galerías norteamericanas, sobresaliendo la de mayo de 1938 en la quinta avenida de Nueva York". Investigando sobre el periplo de esos pequeños, Merino, que ha trabajado toda su vida en el sector de la construcción, descubrió que había muchos dibujos como aquellos dispersos en diversos archivos: la Universidad de Columbia y la de San Diego en EE UU; la Biblioteca Nacional de España, que atesora más de 1.700; el Archivo Histórico de Cataluña... Seleccionó 48 para contar la historia de su madre y otros 32.000 como ella: los 3.000 que fueron a parar a la URSS; los casi 17.500 que recalaron en Francia; los más de 5.000 evacuados a Bélgica, los cerca de 4.500 que terminaron en Inglaterra, los 455 enviados a México... Ese doble ejercicio de divulgación y homenaje le ha llevado a dar charlas en colegios, donde la potencia ilustrativa de los trazos de esos pequeños sirve para que los chavales conozcan, más allá de los hitos y las fechas, “la verdadera historia de su propio país, lo que padecieron a su edad, o cuando tenían pocos años menos, los abuelos de sus abuelos”.

Algunos de los dibujos expuestos, como el de Gregorio Vargas, de ocho años, están hechos sobre las cartas que enviaban a sus familias. “Querido papá: quiero que usted venga pronto a la URSS. Bombas dejen España”, escribe. Con el paso del tiempo, los niños empiezan a pintar de nuevo escenas de vida cotidiana: “Aquí se pueden hacer muchas cosas divertidas y graciosas”, escribe otro pequeño a sus padres el 26 de enero de 1939. “El trato que recibieron en la URSS”, explica Merino, “fue muy bueno. A diferencia de los niños evacuados a otros países, que eran acogidos por familias, en la Unión Soviética permanecían en grupos de 100 o 120 en una especie de colonias y vivían mucho mejor que los niños rusos. Aprendieron el nuevo idioma, pero no olvidaron el suyo porque también recibían clases en castellano y recuerdo que, de pequeño, mi madre me recitaba el famoso poema de Espronceda: ”Con 100 cañones por banda, viento en popa a toda vela...“. Pero estalló la segunda guerra Mundial y todo volvió a complicarse. ”Mi madre solía decir: ‘Escapé de la guerra en España huyendo de bombas alemanas y escapé de Rusia huyendo de bombas alemanas’. Una guerra le robó la infancia y la otra, la adolescencia".

La colonia española fue evacuada de nuevo, esta vez en tren, hacia los Urales. “El destino final era una ciudad llamada Ufa. Pero el tren, como ocurre en la película El Doctor Zhivago, es obligado a parar en una vía muerta. Cuando estaba en marcha, había calefacción, pero cuando se detenía no, y las temperaturas podían alcanzar los 25 grados bajo cero. Mi tío, que tenía entonces 14 años, hambriento, salió a buscar comida, se pegó un atracón de manzanas silvestres, sufrió un cólico y murió. A mi madre, que al salir de Rentería le había prometido a mis abuelos que cuidaría de su hermanito, aquello la destrozó“.

En 1945 terminó su segunda guerra, pero la repatriación a España seguía retrasándose. “Ni Stalin quería que salieran antes de convertirlos en aguerridos comunistas, ni Franco recibir a aguerridos comunistas”, afirma Merino. Finalmente, a través de la mediación de la OIT, los niños de Rusia volvieron a casa entre 1956 y 1957 junto a prisioneros de la División azul, la unidad de voluntarios españoles que apoyó a los nazis, devolviendo el favor de Hitler a Franco en la Guerra Civil. Habían pasado 19 años y aquellos niños ya no lo eran. Pablo Barrera, quien combatió en el bando republicano en la batalla del Ebro, y su esposa, Carmen Martínez, habían dejado a sus pequeños Carmen y Alejandro en el puerto de Santurce en 1937 rumbo a la Unión Soviética y casi dos décadas después recibieron a una mujer que ya era madre y que arrastraba el trauma de haber visto morir a su hermano. “En las cartas que se enviaron durante ese tiempo”, recuerda Merino, “tanto mi madre como mis abuelos se señalaban en las fotos de grupo, que eran las únicas que tenían, con una cruz para que pudieran reconocerlos”.

Interrogatorio en la DGS

La adaptación no fue fácil. “Salían de un sistema que era una dictadura y llegaron a otra dictadura antagónica. A mi madre no le reconocieron el título de ingeniera industrial [muchos de aquellos niños habían tenido acceso en la URSS a estudios universitarios] y en aquellos años, en España, venir de la Unión Soviética era como ser un demonio con cuernos y rabo. En los pueblos los señalaban y muchos de aquellos niños tuvieron problemas con sus propias familias al regresar, ya adultos, porque les daban miedo. De hecho, aproximadamente un 20% nunca llegó a adaptarse y marchó de nuevo a la URSS. A mi madre, al año de volver, le enviaron una carta con dos billetes de tren, solo de ida, para ella y para mí citándola en la Dirección General de Seguridad, hoy sede del Gobierno madrileño, para un interrogatorio. ”Le preguntaron si era comunista, si conocía a La Pasionaria, qué sabía del desarrollo tecnológico y armamentístico de la URSS... Finalmente, nos compraron el billete de vuelta. Otra anécdota curiosa es que cuando llevábamos apenas unos días en Rentería, el párroco se presentó en casa de mis abuelos para decir que le habían informado de que allí había un niño sin bautizar, yo. Mi madre le explicó que había sido bautizado por la iglesia ortodoxa, pero no le sirvió. Así que soy ateo, pero estoy bautizado dos veces”.

Carmen Barrera falleció en 2021, a los 94 años. No llegó a ver cómo en 2022 estallaba una nueva guerra en Europa, la de Ucrania, y el proceso inverso al que ella había vivido: niños ucranios viajando como refugiados desde Kiev a España. “Le habría dolido muchísimo”, afirma su hijo, “lo que está haciendo Rusia porque le tenía muchísimo cariño a Ucrania. Su primer destino en la antigua URSS había sido precisamente Odesa”. La historia se repite, en otros escenarios, con otros pequeños que hoy, casi nueve décadas después, dibujan el mismo miedo en sus países de acogida sin saber cuándo o si podrán volver a casa.

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El corresponsal de asuntos globales de EL PAÍS, Andrea Rizzi, ha provocado los primeros aplausos con un discurso sobre los retos que afronta la Unión Europea y las herramientas con las que cuenta para hacerles frente: los propios ciudadanos, 450 millones de europeos unidos en un proyecto común de derechos y libertades, Estado de derecho y del bienestar hoy amenazado “por tanques, bulos y aranceles”. “Subestimar las amenazas sería un error gravísimo”, declaró el periodista. “Los europeos sufrimos una guerra convencional en el flanco oriental. Y no nos confundamos: someter a Ucrania no es el único objetivo de Putin. Sufrimos una guerra comercial desde Occidente. Y sufrimos una guerra cognitiva, librada desde fuera y desde dentro. Agentes malintencionados se aprovechan de nuevas tecnologías para subvertir nuestras democracias con la desinformación. Quieren dividirnos y paralizarnos. Debilitarnos. Hacernos perder confianza en nuestros valores”, añadió. Identificados los frentes abiertos, Rizzi llamó a la ciudadanía a no abandonarse “en la resignación, el nihilismo, el derrotismo”. “No nos dejemos arrastrar, tampoco, por la desilusión y por los errores de la cooperación europea. Lo fue la austeridad impuesta hace tres lustros. Lo es la inacción ante la masacre de civiles palestinos por parte de Israel en respuesta a un acto terrorista. Pero por muchos que hayan sido los errores cometidos, la salvación no está en abandonar el proyecto europeo, sino en reforzarlo. Seamos arquitectos humanistas frente a los ingenieros de la división, el odio y la mentira”, concluyó.

La escritora Elvira Lindo, columnista de este diario, ahondó en cuáles son los mejores métodos para hacer frente a las amenazas internas y externas que tratan de oprimir a la democracia social europea. “El nihilista maneja con maestría emociones que enardecen los sentimientos de odio. Vamos a desempolvar todo lo que nos conmueve y que nos hace mejores personas”, reclamó desde el escenario. “Frente a la fealdad del cinismo, la belleza de la justicia; frente a los que ponen en duda la sinceridad de nuestros valores, la defensa no acomplejada de aquello en lo que creemos; frente a quienes pretenden arrebatarnos derechos adquiridos, nuestra decisión unánime de no ceder. Frente a quienes señalan culpables para justificar su afán autoritario y su codicia, nuestra defensa de los excluidos y frente a quienes se dejan engatusar, mostraremos, con amabilidad y sin descanso, la verdad”.

El periodista de El Confidencial Juan Fernández Miranda recordó durante su intervención que Europa no es un ente abstracto, sino el promotor del 72% de los proyectos legislativos que ha aprobado el Congreso de los Diputados y que condicionan el día a día de los españoles y explicó la importancia de “mantener Europa como referencia moral de la humanidad”. “Hoy la democracia no se defiende sola. Las amenazas son grandes y cada uno de nosotros debe comprometerse explicándoselo a los que no lo entienden”, añadió.

Paula Giménez, de la asociación juvenil Equipo Europa, proclamó el fin “de la ingenuidad” y llamó a la ciudadanía a no dar por sentado los derechos de los que disfruta y a que demócratas “de todas las generaciones, conservadores y progresistas, de izquierdas o de derechas”, se unan en defensa de un proyecto acosado por tintes autoritarios al Este y al Oeste.

El acto, conducido por la periodista de la Cadena SER Mara Torres, ha contado con la intervención de la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, Esther Lynch, que subió al escenario arropada por los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo. “Los sindicatos”, proclamó, “rechazan las políticas de extrema derecha de miedo, odio y exclusión. No tienen cabida en el futuro que estamos construyendo. Estamos aquí para exigir una Europa mejor, más audaz”.

Carlos Franganillo, director y presentador de Informativos Telecinco, insistió desde la tribuna en que “la suerte de Europa depende de sus ciudadanos”. De una ciudadanía, añadió, “crítica e informada, capaz de exigir y consciente de los peligros”. “La guerra de Ucrania”, afirmó el excorresponsal de TVE en Rusia, “es un recordatorio violento de que el mal siempre acecha. Nada está conquistado para siempre. Y necesitamos reaccionar”.

María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada entre 2019 y 2024 y profesora de Derechos Humanos y Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, se dirigió hacia los agoreros que oscurecen el futuro del proyecto europeo: “No siempre estamos a la altura de los propios principios, pero aún no hemos chocado contra el iceberg. Europa merece la pena y es un deber moral y político mejorarla y cuidarla”.

Miguel Ríos cerró el acto interpretando el Himno de la Alegría, la canción oficial de la UE, acompañado al piano por Rosa Torres Pardo. Toda la plaza cantó las estrofas que, como recordó Mara Torres, construyeron, sobre la novena sinfonía de Beethoven, “un himno de la hermandad”. El cantante subrayó, desde el escenario, su orgullo de ser europeo, una conquista democrática - “Soy español desde que nací, europeo no”- y recitó un poema que Luis García Montero, columnista de este diario, compuso a propósito de la guerra de Irak. “No a la guerra, a ninguna guerra”, gritó desde la tribuna.

Los concentrados portaban pancartas “contra el genocidio en Palestina” y otras que rezaban: “UE: Unidos o sometidos”. Francisco Cánovas, de 75 años, acompañaba a su sobrina, Sofía, asesora de Naciones Unidas en Ucrania para asuntos de derechos humanos y de género. “Es un momento crucial. Llevo dos años allí, volví hace una semana y la situación está peor que nunca. Por eso estoy aquí”. Gemma Núñez, responsable de estrategia de Jóvenes Europeos Federalistas de Madrid, compartía su preocupación por cómo jóvenes de su edad compran el discurso antieuropeísta de la extrema derecha: “Es muy importante concienciar sobre los valores que defiende la Unión Europea y entender que los derechos que disfrutamos no están garantizados”. Fermín, de 22 años, tampoco quiso perderse la concentración: “Estoy aquí porque ahora más que nunca hace falta salir a las calles para defender Europa. Nos encontramos en un clima internacional sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y debemos unirnos para preservar nuestros valores y estilo de vida. Creo que mucha gente que se define como euroescéptica, en realidad es eurocrítica, que es una manera muy fuerte de ser europeísta. Tenemos que seguir construyendo Europa a través de la crítica constructiva”. La reciente encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER sobre “los retos de la Unión Europea” mostró que los españoles conservan un alto grado de europeísmo ―en una escala de 0 a 10, siendo 10 “totalmente europeísta”, la población se sitúa, de media, en el 7,4―, pero al tiempo, el 55,8% de los españoles perciben que la UE actúa “poco o nada unida” y el 58,8% la ve poco o nada eficaz ante los desafíos globales.

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Para el ministerio fiscal, al igual que para la acusación particular, las justificaciones ofrecidas por Cascos durante el juicio sobre esos gastos facturados a la formación, y revelados por este periódico en diciembre de 2019, como un videojuego, un colchón, zapatos, pedidos de comida a domicilio, y el autoalquiler de una sede en Madrid, entre otros, eran “inaceptables” y “ridículas”. Pero tanto la Audiencia Provincial como el TSJ de Asturias dan por buena la versión del que fue presidente del Principado alegando que cuando le ofrecieron liderar el partido, se comprometieron a que no perdiera “capacidad económica respecto a su estatus previo”. Según Cascos, ese grupo de fundadores se comprometió a “mantener su nivel de vida” y permitir que conciliara con sus hijos, que residían en Madrid, pero tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el propio partido, rechazaron que ese acuerdo incluyera el tipo de gastos que Cascos terminó pasando a la formación pese a su ya abultada nómina. El informe de la auditoría Centium recoge que en siete meses de 2012, recibió un sueldo de 153.383 euros y otros 24.705 en dietas; en 2013, un salario anual de 139.545 euros más 30.541 en dietas y en 2014, de 164.346 euros además de otros 26.700 en dietas. En esos años, según declaró el auditor, el presidente suponía “entre el 50% y el 60%” de los gastos totales de Foro Asturias.

El TSJ, siguiendo el principio in dubio pro reo, también hace suya la interpretación de la Audiencia Provincial por la cual, al carecer de firma en las cuentas del partido o tarjetas de crédito asociadas a ellas y cobrar dichos gastos tras presentar una serie de tickets, no había habido una “ruptura dolosa del fundamento de la confianza”. Durante el juicio, Cascos admitió que el partido carecía de tesorero, porque según él, no hacía falta, ya que todo se basaba en relaciones “de confianza”. Uno de los testigos explicó que usaban “para todo” la expresión “LQDC”, siglas de “Lo Que Diga Cascos”. El abogado de la formación afirmó que el exministro de Fomento “tenía control absoluto, político y económico” aunque no tuviera firma o tarjeta porque nadie le cuestionaba y porque diseñó un “fenomenal desbarajuste que al único que beneficiaba era a él”. Esta situación pudo darse, añadió, debido a “una legión de incondicionales que pensaron que era el Mesías y que, con confianza ciega, bisoñez e ingenuidad se limitaban a hacer lo que él decía”. Pese a la insistencia del abogado de Foro, Luis Llanes, no hubo forma de que Cascos aclarase quiénes le habían asegurado que podía facturar al partido el tipo de gastos que les pasó: “No era algo que se pone encima mesa; se habla entre personas amigas, no se va con papel y lápiz a levantar un acta”, se limitó a decir.

También da por válida el TSJ la interpretación de la Audiencia Provincial del autoalquiler de una oficina en el paseo de la Castellana de Madrid vinculada a María Porto, entonces esposa de Cascos, y que pagaba el partido: “La sede existió y se utilizó”, afirma la sentencia. La actual presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, explicó durante el juicio que descubrió ese alquiler al pedir un informe de las cuentas del partido tras el descalabro electoral de 2019. Al indagar sobre ese gasto, Enrique Álvarez Sostres, uno de los impulsores de Foro, le explicó que no existía tal sede en Madrid, aunque Cascos lo había intentado. Se refería a una reunión en casa del exvicepresidente del Gobierno en la que este le había manifestado su deseo de que la formación alquilase esa oficina de la que él disponía en la capital ya que estaba pasando por “problemas económicos”. Sostres escribió un correo electrónico para explicarle que “podía afectar al orden moral y legal”, ya que mezclaba “problemas personales con los bienes públicos”, pero para entonces, Foro llevaba ya seis meses pagando el alquiler de esa oficina. Tanto el fiscal como el abogado del partido describen esa citación de Cascos a Sostres como un intento de “blanquear” a posteriori ese autoalquiler. En total, la familia Cascos ingresó por ese concepto 173.855 euros entre 2012 y 2014. La tesis, asumida por la Audiencia Provincial y el TSJ, es que la oficina en Madrid se alquiló “con vistas a las elecciones europeas”, pero el alquiler había empezado a pagarse en 2012, dichos comicios se celebraron en 2014 y el candidato del partido no conocía dicha sede.

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Los partidos de extrema derecha han avanzado en Europa particularmente a lomos de un discurso xenófobo que criminaliza al inmigrante, pese a que, en un continente envejecido, la presencia del colectivo es clave para el desarrollo económico. Un informe del Banco de España advirtió en 2024 de que el país necesitará 24 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y jubilados en 2053, dentro de tres décadas, cuando el INE espera que haya 14,8 millones de pensionistas. En otra encuesta monográfica sobre inmigración realizada por 40dB. y publicada el pasado octubre, el 57% de la población declaró que hay “demasiados” inmigrantes en España y el 75% los asoció a conceptos negativos. Puede consultar todos los datos de la encuesta aquí.

Además de los ya citados, completan el ranking de retos europeos a los que habría que dar “prioridad”, según la población española, los conflictos comerciales con otros países (citados por el 27,5%), la crisis climática (26,7%), la defensa y la seguridad exterior (24,5%), el futuro de la agricultura (19,3%), la dependencia de países externos para la tecnología y los recursos estratégicos (15,8%) y el crecimiento de la extrema derecha y los populismos (12,2%). La inmigración preocupa 36,8 puntos porcentuales más a los votantes de Vox que a los del PSOE y la crisis climática 19,1 puntos más a los votantes socialistas que a los de Santiago Abascal.

En pleno debate por el plan de rearme europeo y el aumento del gasto en seguridad y defensa, los conflictos bélicos de Rusia-Ucrania e Israel-Gaza preocupan de una manera algo más transversal a los electorados de Podemos, Sumar, PSOE y PP, todos ellos por encima del 33% en grado de inquietud, frente a los votantes de Vox (22,2%) y los de SALF (16,2%), la marca del agitador ultra Alvise Pérez. En cuanto a la defensa y la seguridad exterior, el más inquieto es el votante del PP (36,2%), seguido del electorado del partido de Abascal (28,5%) y el del PSOE (26,4%). Este reto no es tan prioritario para los electorados de Sumar (19,8%) y Podemos (8,7%), que se oponen al aumento de gasto militar. Pese al apoyo manifiesto de Vox a Donald Trump, que ha anunciado una guerra de aranceles, “los conflictos comerciales con otros países” son prioritarios para casi el 24% de sus votantes, apenas un punto menos que para los de Podemos.

La encuesta también pone en evidencia un desajuste de prioridades entre lo que los españoles esperan de Europa y los temas que acaparan actualmente el debate en el seno de la Unión. Así, preguntados por en qué creen que debería invertir ahora la UE, los grupos mayoritarios señalan la vivienda, la tecnología y la industria, las políticas sociales, el control de fronteras y las energías renovables por delante de las políticas de defensa y seguridad. Por electorados, los votantes de izquierda dan prioridad a la vivienda, las políticas sociales y las energías renovables, mientras que la derecha prioriza el control de las fronteras y la seguridad. El presidente del Gobierno anunció el pasado 22 de abril que España destinará 10.471 millones de euros más a defensa y que cumplirá este año con el compromiso para que esa partida suponga el 2% del PIB. Un 35,45% de ese dinero será para mejorar las condiciones del personal de las fuerzas armadas, un 31,16% para nuevas tecnologías frente a ciberataques, un 18,75% para armamento y un 16,73% para apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales. Sánchez explicará este plan el próximo miércoles en el Congreso, donde también dará explicaciones sobre el apagón del pasado lunes. El Gobierno no someterá a votación en las Cortes el aumento del gasto en defensa.

El 55,8% de los españoles perciben que la UE actúa “poco o nada unida” y el 58,8% la ve poco o nada eficaz ante los desafíos globales. Los electorados de Sumar y el PSOE son los que mejor valoran la actuación de la Unión Europea y los de Podemos y SALF, los más críticos. Sin embargo, la ciudadanía confía más en la capacitación de la UE que en la de los Estados miembros para afrontar esos retos. Para el 67,6%, pertenecer a la UE “ha beneficiado a España” y para el 18,7%, no. Estas respuestas varían considerablemente según la intención de voto. Mientras los votantes del PSOE y de Sumar creen en un 84,7% que formar parte de la UE ha sido bueno para el país, en el electorado del PP ese porcentaje baja al 76,6%, en el de Podemos, al 62,6%, en el de Vox al 47,4% y en el de SALF, al 37%. Además, casi un 31% de los españoles querría que la Unión Europea aumentase sus competencias,un 20,7% desea que se convierta en un Estado federal, con más capacidad de actuación que sus miembros y un 11,9%, que se disolviera.

El dilema arancelario

El pasado 3 de abril, Donald Trump declaró una guerra comercial al mundo con un arancel universal del 10% y castigos mayores a sus principales socios. El presidente de EEUU anunció los impuestos a la importación más altos en un siglo con un recargo del 20% a los productos de la UE. Una semana después, tras la presión de los mercados y las críticas en su propio partido, decretó una tregua parcial de 90 días sobre la guerra comercial. Preguntados por cómo debería responder la UE si, transcurrido ese periodo, EEUU retoma los aranceles, el 79,2% está muy o bastante de acuerdo en que debería “incentivar la producción interna para reducir su dependencia económica”; el 74,9% está a favor de aproximarse a otros países para buscar aliados comerciales alternativos y un porcentaje inferior, pero superior a la mitad de la población, el 66,1%, cree que habría que “imponer a su vez aranceles a los productos estadounidenses”. Por electorados, los más reacios a estas dos últimas medidas son los votantes de Vox y de SALF, aunque en ambos casos apoyarían ambas estrategias en porcentajes por encima del 55%.

Respecto a con qué región económica creen que debería la UE mantener una relación comercial privilegiada, los españoles señalan en primer lugar Oceanía (64,8%), seguida de América Latina (64,2%), China (61,4%), otros países asiáticos (60,9%) y África (51%). Solo los votantes de Vox se oponen a privilegiar las relaciones comerciales con este último continente. El documento de la Estrategia de Acción Exterior del Gobierno de aquí a 2028 plantea que la Unión Europea se dote de un escudo de “defensa y disuasión” económica ante la guerra comercial con un mayor presupuesto y capacidad sancionadora frente a las “tácticas coercitivas” de EE UU.

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El PP, por su parte, sube 1,3 puntos en estimación de voto respecto al último barómetro, hasta colocarse en el 33,9%, esto es, ocho décimas menos que lo obtenido en las urnas. Los populares, que llegaron a acumular cuatro meses consecutivos de caída, llevan dos seguidos mejorando sus datos. El PSOE se mantiene prácticamente igual que en el anterior sondeo, con un 29,3% de estimación de voto, lo que supone una pérdida de 2,4 puntos desde las generales. Sumar frena la caída, pero su 5,4% de estimación, unido al 3,1% de Podemos, que se escindió de la coalición meses después de los comicios de 2023, se queda muy lejos (cuatro puntos menos) que su resultado de 2023, cuando concurrieron juntos.

Por bloques, el PP y Vox aventajan al PSOE, Sumar y Podemos en 9,5 puntos; 11,6 si se suman los apoyos de SALF. La intención de voto del resto de formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) se sitúa en su conjunto en un 6,1%, casi un punto menos de lo que lograron en las urnas. Puede consultar todos los datos de la encuesta en ELPAÍS.com.

El sondeo (2.000 entrevistas online) se realizó antes del gran apagón, entre los pasados 24 y 27 de abril. En esos días, Sánchez desautorizó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y decidió rescindir el contrato de compra de balas a una empresa israelí, que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, defendió que había que mantener. También se supo que España ha adjudicado 46 contratos por más de 1.000 millones a la industria militar israelí desde el inicio de la guerra de Gaza; el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, acogió nuevas sesiones de la comisión del caso Koldo, escándalo de corrupción que afecta al antiguo secretario de organización y exministro de Transporte socialista José Luis Ábalos, y se celebró el funeral por el papa Francisco, al que no acudió el presidente del Gobierno. En esos días, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, esquivó en la Asamblea las preguntas sobre el ático que comparte con su novio, Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal y corrupción en los negocios, y la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra continuó su instrucción de la causa penal por la gestión de la dana de Valencia.

Transferencia de votos

El 82,6% de los apoyos del PP en las elecciones de 2023 volvería a escoger hoy su papeleta. La formación reduce casi a la mitad respecto al barómetro anterior sus cesiones a Vox (del 10,5% al 5,9%). El partido de Santiago Abascal mantiene un buen dato de fidelidad de voto (83,1%), pero aumenta las fugas al PP (del 2,9% del sondeo previo a 5,8% hoy) y reduce las de Se Acabó La Fiesta (de 11,3% a 5,4%). La fidelidad del electorado socialista es 6,4 puntos porcentuales inferior (76,2%) a la de los populares, a los que cedería hoy el 6,1% de sus apoyos. Entre el electorado que votó en 2023 al PSOE, hoy un 12,4% son abstencionistas e indecisos. Sumar apenas retiene al 48,7% de sus votantes de las últimas elecciones, al ceder casi un 28% de sus apoyos a Podemos (que entonces formaba parte de la coalición) y un 7,1% al PSOE. Es la marca política con un mayor porcentaje de indecisos: 7,2%.

Intención de voto por género y edad

El PP se impone al PSOE en intención de voto —dato sin la corrección demoscópica, conocida como cocina— en el electorado masculino (21,5%) y los socialistas, en el femenino (25,6%). Pero como vienen mostrando los últimos sondeos, las mujeres muestran mayor desencanto hacia la política: la suma de indecisas, votos blancos, nulos y abstencionistas alcanza el 26,4%, frente al 21,6% de los hombres.

Vox obtiene 5,2 puntos más en intención de voto en el electorado masculino (16%) que en el femenino (10,8%). En el espacio a la izquierda del PSOE, Sumar se impone sobre Podemos tanto entre las mujeres como en los hombres y ambas formaciones, que han registrado escándalos relacionados con actitudes machistas de antiguos dirigentes, Íñigo Errejón por un lado y Juan Carlos Monedero por el otro, obtienen mejores resultados entre el electorado masculino.

Por edades, Vox, con un 21,2%, sigue siendo el primer partido en intención de voto en la franja de los 18 a los 24 años, con dos puntos de ventaja sobre el segundo, el PSOE (19%), y 5,3 puntos sobre el tercero, el PP (15,9%), si bien el porcentaje ganador entre los más jóvenes es la desafección política: la suma de indecisos, abstencionistas y quienes votarían en blanco o nulo alcanza el 30,3%. El partido de Abascal obtiene su peor dato de intención de voto en las franjas de los 45-54 y 55-64. Los populares obtienen su mejor dato entre los mayores de 65: 27,7%. Los socialistas, en la franja de los 25 a 34 (26,3%). Vox se impone a la suma de la plataforma de Díaz y Podemos en todas las franjas de edad.

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Aunque presumiblemente los autores de esos crímenes han fallecido, con la consecuente extinción de la responsabilidad criminal, la ley de memoria democrática de 2022 incluye en su artículo 3 como víctimas a “los españoles deportados en los campos de concentración nazis”; y el capítulo II de la norma regula “el derecho a la justicia, que habrá de ser garantizado a través de investigaciones públicas que esclarezcan las violaciones de derechos humanos producidas durante la guerra y la dictadura”, para lo cual se constituyó figura del fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que ocupa la exministra de Justicia y exfiscal general Dolores Delgado. La base de estas indagaciones está en diez libros custodiados por el Registro Civil Central con información sobre los 4.435 españoles fallecidos en los campos nazis facilitada al Estado por el Ministerio francés de Excombatientes y Víctimas de guerra.

Más de 9.000 republicanos españoles fueron internados en campos nazis con la aquiescencia de Franco. Al llegar les quitaban el apellido, la ropa, el pelo de todo el cuerpo. A partir de ese momento, en Mauthausen eran un número y una macabra cuenta atrás hasta la muerte. De las 190.000 personas que pasaron por este campo y sus anexos, al menos 90.000 murieron. Alrededor de 7.500 —no todos fueron inscritos— de sus presos eran españoles y de ellos, casi 4.500 no lograron salir de él con vida. Hasta la liberación por el ejército de EE UU en mayo de 1945, convivieron con miles de judíos en una dramática lucha por la supervivencia, es decir, contra el frío, el hambre, los golpes, los experimentos médicos, las durísimas jornadas de más de 12 horas de trabajo en la cantera.

Entre 1945 y 1946 se celebró el juicio por el mayor crimen de la historia, la muerte de un millón de judíos a manos de los Eisatzgruppen, los grupos de acciones especiales de las SS. Entrevistado por EL PAÍS en 2014, Benjamin Ferençz, el último fiscal de los juicios de Nürembeg que permanecía vivo —falleció en 2023 a los 103 años—, explicaba cómo, tras la liberación de la ocupación nazi, recogió pruebas de las atrocidades cometidas, visitando las sucursales del infierno, los campos de exterminio: “Pilas de piel humana, pilas de cadáveres, esqueletos andantes, muertos de hambre... Algunos con fuerza suficiente para lanzarnos una sonrisa de gratitud”. De los 22 acusados, 13 fueron condenados a muerte y cuatro finalmente ejecutados. Preguntado por la investigación frustrada por el Tribunal Supremo de los crímenes del franquismo por parte del juez Baltasar Garzón, Ferencz respondió: “En las sociedades civilizadas, no hay limitaciones para juzgar crímenes contra la humanidad”.

La de la Fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática será la segunda gran investigación en España sobre estos crímenes. En los juicios de Nuremberg, así como en los de Dachau, fue clave el papel de un español, el fotógrafo Francesc Boix, que con otros prisioneros españoles y la austriaca Anna Pointner logró evitar la destrucción de negativos que sirvieron para acreditar ente el mundo el horror nazi.

Convenios y tratados

La unidad de la Fiscalía especializada en Derechos Humanos y Memoria Democrática se apoya, además de en la ley de memoria democrática, en diversos convenios y tratados internacionales ratificados por España y de obligado cumplimiento, según el artículo 10.2 de la Constitución española. Dichos tratados y convenios internacionales establecen, como han recordado relatores de Naciones Unidas en numerosas ocasiones, una serie de obligaciones para el Estado, entre otras, como destacó recientemente la fiscal Delgado, “la de garantizar el derecho a conocer la verdad, a la búsqueda de los desaparecidos y a investigar los crímenes y graves violaciones de derechos humanos: torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, represión de las ideas...”. “En el ámbito penal”, recordó Delgado, “solo hubo un juicio, precisamente contra el juez que pretendía investigar crímenes franquismo [en alusión a Baltasar Garzón], y la sentencia por la que fue absuelto era una advertencia de que no se podía investigar”. Pero la unidad especializada de la fiscalía, que cuenta con 45 fiscales delegados en todo el territorio nacional, considera ahora que con el “cambio de paradigma” de la ley de memoria democrática y la interpretación adecuada de lo que internacionalmente se conoce como “justicia restaurativa”, es posible llevar a cabo investigaciones penales aun cuando no haya victimarios vivos o el Supremo haya considerado que determinados crímenes han prescrito o los perpetradores han sido amnistiados por la ley de 1977.

Desde su creación, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha informado a favor de la admisión de querellas presentadas por víctimas, particularmente en casos por torturas en el tardofranquismo, recurriendo los autos de inadmisión y archivo. Siguiendo el criterio marcado por la unidad, el pasado abril la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación por torturas en ese mismo periodo. Además, la unidad está incoando diligencias de investigación penal cuando se comunica el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta correspondientes a fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura.

El primer caso de este tipo fue en el barranco de Víznar (Granada), donde los forenses rescataron, entre otros esqueletos, el de un niño fusilado de entre 11 y 14 años de edad. Además, ha impulsado los procedimientos de jurisdicción voluntaria, recabando pruebas testificales, documentales y periciales para presentarlas ante los juzgados. El primer caso de este tipo fue por la muerte de un trabajador de Ferrol por disparos de la policía franquista durante una manifestación pacífica que reivindicaba derechos laborales. Y más recientemente, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha logrado la primera declaración sobre la injusticia de una condena impuesta por el franquismo, una cadena perpetua por motivos políticos a una víctima de la represión en Santander. También ha recurrido en defensa del derecho a la libertad científica de un historiador que investigó la muerte de Miguel Hernández y fue condenado por intromisión en el derecho al honor. Otras acciones que ha llevado a cabo tienen que ver con la eliminación de símbolos y calles a nombre de autoridades franquistas.

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Alberto Pugilato, con una parroquia tuitera de casi 61.000 fieles, también deja ver su morriña por la dictadura: “Franco quiso impulsar la activación masiva de reactores nucleares para que los españoles nunca se quedaran sin luz. Gracias, democracia”. Así, poco a poco, tuit a tuit, entre los trending topics o cuestiones más comentadas en X (#apocalipsis; #apagón; #cortedeluz...) se coló, una vez más, el que el poeta Rafael Alberti bautizó como el Funeralísimo.

No recordaban los nostálgicos que, a principios de los años cuarenta, el dictador fue estafado por un austriaco de nombre pintón, Albert Edward Wladimir Fülek Edler von Wittinghausen, quien le convenció de que tenía la fórmula para convertir agua, extractos de plantas y otros ingredientes secretos en un combustible superior a la gasolina, la fikelina, como la llamaba cariñosamente el represor. En su biografía, Paul Preston relata que el Funeralísimo se apresuró a anunciar que España sería autosuficiente en energía y un país rico exportador de petróleo. Ignacio Martínez de Pisón, quien buceó durante años en el periplo de timos del austriaco (una viuda, un comerciante, el padre que había tenido a su hijo internado en campo de concentración nazi...), escribió El estafador que engañó a Franco, donde explica que la primera ley de protección de la industria nacional durante la dictadura fue precisamente para favorecer el desarrollo de la fikelina, incluyendo la expropiación de unos terrenos a las afueras de Madrid para instalar una fábrica. Franco llegó a convencerse de que su propio coche funcionaba con esa gasolina mágica —el chófer, previamente untado, estaba en el ajo— y se llegaron a construir tanques subterráneos para almacenar la nueva pócima. Filek ya había intentado colársela, sin éxito, a las autoridades de la República, que lo enviaron a prisión acusado de espionaje. Esos antecedentes penales y las loas a “la Cruzada”, le permitieron ganarse el favor del dictador. Descubierto el engaño, fue encarcelado discretamente y en 1946, deportado a Alemania.

Entre los asuntos más comentados en X también se coló #agenda2030, el nombre por el que se conocen los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (fin de la pobreza extrema y de las desigualdades, hambre cero, energía no contaminante...) y la fecha fijada para conseguirlos. La mayoría de los tuits relacionados con esa etiqueta eran para criticarla. “Urgente. Abascal avisó hace cinco años de las consecuencias de demoler centrales nucleares: ‘España debe apostar por la soberanía energética y alejarse de la Agenda 2030. La nueva religión climática la acabarán pagando las personas más desfavorecidas y los más humildes”, tuiteó Unai Cano (55.400 seguidores). Vox retuiteó en bucle este lunes mensajes suyos de hace meses criticando lo que llama ecologismo radical y reivindicando la energía nuclear, como forma de arrimar el apagón a su sardina.

Mientras, la España que estuvo horas sin poder tuitear, llamar o wasapear, dejaba, una vez más, pruebas de la distancia sideral que separa el mundo real de la burbuja de ira que acapara las redes sociales. A pie de calzada, en la glorieta de Quevedo, en Madrid, y con el chaleco reflectante del coche, Lucía, psicóloga de 33 años, ayudaba a parar los vehículos para que la gente pudiera cruzar en las calles sin semáforos con otra chica que también había tenido la misma idea. Celia, en las colas kilométricas de espera del autobús que la Policía organizaba en Cuatro Caminos, afirmaba: “Comprensión y paciencia. Es lo que toca”. Otros compartían su radio con desconocidos. En Cibeles, un empleado de la EMT explicaba uno por uno a los trabajadores que se habían quedado tirados cómo volver a casa: escuchaba el destino y empezaba a recitar números, los de los autobuses que hacían ese recorrido.

La España que madruga, de la que tantas veces ha querido apropiarse la extrema derecha, no suele tener tiempo de opinar en Twitter y este lunes de apocalipsis tampoco. El día dejó bellas estampas analógicas de cómo muchas personas, liberadas del deber por sus empresas, se encomendaron a otra tarea: ayudar en lo que podían.

Esto con Franco no pasaba.

— Ipe Utrera-Molina 🇪🇸 (@ipeutrera) April 28, 2025

Una Pandemia, El Volcan, Guerras, una Dana, un Apagón...
Creo que ha llegado el momento de devolver a Franco al Valle de los Caídos... pic.twitter.com/JjozVO814Q

— Gonzalo Pozo (Pogui) 🇪🇦💚 (@GPogui) April 28, 2025

Franco quiso impulsar la construcción masiva de reactores nucleares para que los españoles nunca se quedaran sin luz.

Gracias, democracia.

— Alberto Pugilato (@Albertopugilat) April 28, 2025

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La información de La Moncloa

El apagón comenzó a las 12.33 de este lunes. La primera comparecencia del presidente del Gobierno en La Moncloa se anunció para las 17.15 y se produjo a las 18.00, cinco horas y media después del inicio del corte de luz masivo. Al igual que la segunda, poco antes de las 11 de la noche del lunes, que también se demoró, fue sin preguntas. Ramón Salaverría, catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra que lidera el proyecto sobre desinformación Iberifier, explica: “Las primeras horas en una crisis son muy importantes y hasta la comparecencia del presidente eran las autoridades locales las que llevaban el liderazgo institucional. Creo que esa primera alocución se demoró demasiado y además fue impuntual, lo que aumenta el desconcierto y la tensión. Que fueran sin preguntas tiene la ventaja para el emisor de controlar el mensaje que se quiere dar, pero transmite falta de transparencia y favorece que haya gente que piense: ‘Hay cosas que no me están contando’. El presidente no quería comparecer sin haber definido cómo iban a resolver el problema, pero en esas horas hacía falta una voz institucional. Y de esa primera y segunda fase de contar qué ha pasado y cómo se va a solucionar se pasó al día siguiente a la tercera: la de quién es el responsable que debe responder por esto”.

José Julio Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional, licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo y responsable del proyecto de la Universidad de Santiago de Compostela La manipulación informativa como problema de seguridad y de calidad democrática, critica la estrategia del Gobierno por el apagón. “Si la comunicación no llega, no sirve. En un apagón como el de este lunes, los mecanismos de comunicación del siglo XXI son ineficaces. Las alternativas son complejas, pero hay que tenerlas pensadas: comunicación satelital, por ejemplo. En los escenarios de riesgos múltiples a los que nos enfrentamos hay que tener previsto de lo más radical a lo menos radical. Un apagón era algo probable, pero cuando llegó pareció que no había previsto nada más allá de la resiliencia para recuperar el sistema. La información que se facilitó era poco razonable y en la última comparecencia de Sánchez [esta ya con preguntas] se centró en escurrir el bulto y señalar a los operadores privados [anunció que exigirá responsabilidades]. En una emergencia, cuanto más información y formación tenga la ciudadanía, mejor será la respuesta y menor el riesgo porque tomará decisiones adecuadas. La estrategia de seguridad nacional está desactualizada, no contemplaba el apagón total. Y la actualización de la estrategia de seguridad energética también lleva años pendiente”. El documento de la Estrategia de Acción Exterior elaborado por el Gobierno para los años 2025-2028 habla de la necesidad de mejorar “la interconexión eléctrica con Francia desde 2.800 MW hasta los 5.000 MW en 2030 y hasta los 8.000 MW posteriormente, y con Portugal hasta los 4.200 MW para 2025″.

El primer ministro de Portugal, país que también se vio afectado por el apagón masivo, compareció a las 16.20 de la tarde, una hora y cuarenta minutos antes que Sánchez. Previamente lo habían hecho ministros de su Gobierno. Para entonces, la Comisión Europea ya había tenido que salir a desmentir un bulo: el de un ataque coordinado sobre la red del continente. Fuentes del Gobierno español explican que la primera comparecencia de Sánchez se paró dos veces antes de las 18.00 por la petición de varias comunidades autónomas de declarar el estado 3 de alarma.

Ambos expertos también señalan las distintas voces dentro del Gobierno. “Sánchez”, afirma Salaverría, “con un perfil institucional y el ministro de Transportes más individual”. Óscar Puente fue informando en su cuenta en redes sociales de la evolución del apagón y cómo afectaba al transporte ferroviario, pero en alguna ocasión, con un tono que para el catedrático Fernández resulta “totalmente inapropiado”. A las 21.52 comunicó que había 11 trenes pendientes de ser rescatados. Cuando una tuitera le replicó que “después de 12 horas deberían ser cero”, el ministro respondió: “De verdad, qué cansinos sois algunos”. Su primer tuit sobre el apagón fue a las 17.07 del lunes y desde entonces no dejó de tuitear e informar. A las 14.00 del lunes, la Secretaría de Estado de Comunicación había enviado un mensaje a periodistas en el que explicaba que el presidente se había desplazado al centro de control de Red Eléctrica y que el Gobierno trasladaría “toda la información disponible” a medida que contara con “datos rigurosos y contrastados”. El primer mensaje de La Moncloa en sus redes sociales el lunes es de las 15.04, dos horas y media después del apagón masivo, para informar de que Sánchez presidía la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, que había empezado a las 15.00. A partir de ese momento, compartieron en la misma cuenta los tuits informativos de organismos oficiales como Aena o Adif, así como de distintos Ministerios.

La información de los organismos oficiales

Si bien el presidente del Gobierno no se dirigió a la nación hasta las seis de la tarde del día del apagón, durante la mañana y las primeras horas de este lunes, los organismos oficiales afectados informaron a través de sus redes sociales a los medios de comunicación que podían trabajar gracias a generadores propios y difundir, sobre todo en el caso de la radio hasta que se fue recuperando el suministro, esos datos a la población. A las 13.40, la DGT pidió desde su cuenta oficial a los ciudadanos que evitaran desplazarse en coche porque no funcionaban los semáforos ni los paneles de señalización y durante todo el día informó de la evolución en las carreteras a través del mismo medio. El primer tuit de Aena, que gestiona 46 aeropuertos, es también de las 13.40, para comunicar que se estaban produciendo “algunas incidencias” debido al corte de energía y que estaban activos los grupos electrógenos de contingencia. El mensaje recomendaba a los viajeros “consultar” a las aerolíneas, pero el apagón dificultaba esas consultas y el caos circulatorio, acercarse al aeropuerto. Durante el resto del día, Aena difundió desde su cuenta la información facilitada por otros organismos, como los gestores del Metro o de Cercanías. Metro de Madrid informó a las 13.01 de que el servicio estaba interrumpido y a lo largo del día publicó tres tuits. EMT, el operador de autobuses urbanos en la capital, otros ocho, incluyendo varios mensajes del alcalde y del servicio de Emergencias. El perfil corporativo de los transportes metropolitanos de Barcelona difundió 20 tuits a lo largo del día.

La información de Red Eléctrica

El operador del sistema informó por primera vez del apagón en su cuenta de X a las 12.56: “Activados planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero ocurrido en el sistema peninsular. Se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo”. Tanto Salaverría como Fernández coinciden en que la información facilitada por el operador “ha sido insuficiente”. No fue su presidenta, la exministra socialista Beatriz Corredor, sino el director del servicio de Operaciones, Eduardo Prieto, quien compareció para dar explicaciones (dos veces el lunes y otra más este martes). A las 14.30, Red Eléctrica dio una primera estimación de cuándo podría volver el servicio: “entre seis y diez horas”. Era el dato que repetían agentes de policía nacional repartidos por todo Madrid cuando turistas y trabajadores que intentaban volver a casa les preguntaban por la calle cuándo regresaría la normalidad. Tras la última comparecencia, surgió una contradicción: el operador descartaba el ciberataque, pero el presidente del Gobierno no. Sánchez, que en su última alocución advirtió de que “esto no puede volver a pasar” y que se investigará a fondo lo ocurrido, no supo explicar qué había motivado el apagón, aunque sí subrayó qué no lo había provocado: “No hubo un problema de exceso de renovables y la recuperación del suministro se ha logrado gracias a ciclos combinados de gas, centrales hidroeléctricas y las interconexiones con Francia y Marruecos”, dijo. Y aunque aseguró que se tomarán “medidas” en el sistema para evitar que el cero eléctrico vuelva a ocurrir, cuando los periodistas le preguntaron, en dos ocasiones, a qué tipo de cambios se refería no supo concretarlos.

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“David habría temblado hoy de emoción”, escribió Rosaura al ver el vídeo. Era muy creyente. Recuerdo que me llamaba enfadadísimo al salir del curso prematrimonial. Fueron a uno de esos intensivos, que dura un fin de semana. El cura era bastante cafre, en las antípodas de Francisco. Los alumnos -incluida otra amiga mía y su novio- aguantaban estoicos los sermones porque lo único que les interesaba era el salvoconducto final para la boda con fotos bonitas en una iglesia. Todos menos él. David se pasó el fin de semana discutiendo con el sacerdote porque aquello le importaba. Cuánto lo respetaba, también, por eso. A mí, la religión había dejado de interesarme el día que murió mi abuela Fina. Yo tenía 10 años y me pareció una canallada imperdonable. Pero admiraba la convicción de mi amigo, ese hombre único, inclasificable: el reportero de guerra que lloraba viendo Las chicas Gilmore; el tipo que, después de entrevistar a sicarios, talibanes y víctimas de toda clase de desastres, seguía creyendo en Dios, explorando la naturaleza humana. Si me preguntaran en qué creo yo, tendría que confesar: “En David Beriain Amatriain”.

Fueron las historias de los misioneros de su entorno, que escuchaba desde pequeño, las que forjaron al reportero: ahí despertó su interés por los demás, todos los demás. “El periodismo”, explicaría ya adulto, “es la religión del otro”. Por eso, cuando murió, lo lloraron, como a Francisco, en los cinco continentes. En su funeral sonó un narcocorrido, el que le compusieron después de haber entrevistado a los capos del cártel de Sinaloa: “aquel niño tan inquieto que todo quería saber; quiso conocer el mundo al derecho y al revés…”, dice la letra. También le despidieron con Solo le pido a Dios, la canción que David cantaba en las comidas familiares y la que el argentino León Gieco interpretó para el Papa en El Vaticano en 2023. Antes de que lo mataran en Burkina Faso, hablaba de buscar destinos más tranquilos para sus documentales. Pero sé que ninguna de las dos guerras que estalló después de su asesinato, la de Ucrania y la de Gaza, le habrían sido indiferentes. Nadie habría conseguido evitar que quisiera ir, ver y contar. Seguir cumpliendo su misión: informar del dolor ajeno.

Su primer destino, recién cumplida la mayoría de edad, fue precisamente a Argentina, la patria de Francisco, donde destapó los abusos que se cometían sobre los internos en un manicomio. Ya entonces levantaba alfombras gigantes por encima de su propio peso. Como Dios escribe en renglones torcidos, se llevó a David, uno de los suyos, uno de los buenos, mucho antes de tiempo, con 43, pero hoy, cuatro años después de su asesinato y seis días tras la muerte del Papa que tiene su casco, me gusta imaginarlos a los dos con la abuela Juanita, comiendo sus célebres lentejas en el rincón del cielo reservado para los que hicieron mucho más que lo suficiente frente a ese monstruo grande que pisa fuerte. Ojalá.

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Carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

De la causa contra Begoña Gómez al ‘caso Ábalos’

Sánchez atribuyó sus dudas a la apertura de unas diligencias judiciales contra su esposa, Begoña Gómez: “Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también”. La denuncia la había presentado Manos Limpias, pseudosindicato presidido por Miguel Bernad, que acaba de firmar un manifiesto profranquista, e incluía noticias falsas, como una de The Objective que aseguraba que la esposa del presidente había recibido una subvención pública. Pese a que se trataba de una hostelera de Cantabria llamada Begoña Gómez, dicho medio sigue ilustrando la noticia con una imagen de Sánchez y su mujer. Un año y medio centenar de testigos interrogados después, el juez instructor, Juan Carlos Peinado, no ha recabado pruebas sobre los cuatro delitos por los que investiga a Gómez (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional); ha imputado a cinco personas (testigos que negaron las acusaciones contra ella); ha acudido dos veces a La Moncloa para tomar declaración a Sánchez y al ministro Félix Bolaños, y ha sido corregido por la Audiencia Provincial por sobrepasarse en algunas de sus diligencias.

También fue Manos Limpias la que poco después de la carta del presidente denunció a su hermano, contratado por la Diputación de Badajoz en 2017 —cuando Sánchez no era jefe del Ejecutivo— como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. David Sánchez renunció el pasado 5 de febrero al puesto y está citado a declarar como imputado este viernes.

Además, en octubre del año pasado, seis meses después de la carta, el Supremo imputó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para investigar si está detrás de la filtración a la prensa de un correo electrónico enviado al ministerio público por la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía que había cometido varios delitos fiscales y ofrecía un pacto. Periodistas de distintos medios distintos declararon que tuvieron ese correo antes que el propio fiscal, pero el juez no lo ha tenido en cuenta.

Tras las causas contra el entorno del presidente, el PSOE registró el pasado enero en el Congreso una proposición de ley que pretende limitar la acusación popular para que no puedan ejercerla partidos políticos y asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos; así como prohibir la admisión de denuncias “sin un mínimo fundamento de credibilidad”. La propuesta incluía una “disposición transitoria” para que las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial fueran “de aplicación a los procesos en curso”. Al tratarse de una ley orgánica, precisa del apoyo de una mayoría absoluta en el Congreso y el PP ya ha dicho que se opone. El Gobierno también ha presentado un anteproyecto de ley para realizar cambios en el actual sistema de oposiciones de forma que se facilite el acceso a la carrera judicial y fiscal a estudiantes de todos los niveles socioeconómicos.

Paralelamente, en el año transcurrido desde la carta del presidente, ha estallado un escándalo que sí acumula indicios contra alguien muy próximo a Sánchez, José Luis Ábalos, que fue su número dos en el PSOE como secretario de organización (2017-2021), ministro de Fomento y de Transportes entre 2018 y 2021 y portavoz parlamentario de la moción de censura que derribó en 2018 al Gobierno de Mariano Rajoy precisamente por una condena por corrupción, la del caso Gürtel. Tanto el juez que instruye la causa, como la Fiscalía Anticorrupción consideran que hay indicios claros contra él.

El plan de regeneración

Cuando Sánchez comunicó que había decidido seguir al frente del Gobierno, se comprometió a trabajar “por la regeneración democrática” frente a la “agenda regresiva de la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas”. En julio del año pasado, presentó en el Congreso el llamado Plan de Acción por la Democracia. La mayoría de medidas tenían que ver con los medios de comunicación y con el reglamento europeo aprobado en mayo para combatir la desinformación, como la obligación de que los medios publiquen al detalle su accionariado, así como el importe anual de fondos públicos que reciben en forma de publicidad institucional, que debería otorgarse de acuerdo a “criterios transparentes,proporcionados y puestos a disposición del público de antemano”. El PP europeo había votado a favor en la Eurocámara, pero en el Congreso de los Diputados, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, lo presentó como un “plan de censura y persecución”. “No se veía algo así desde Franco”, llegó a decir.

El plan incluía, entre sus 31 medidas, un viejo compromiso, reformar la ley vigente (franquista) de secretos oficiales; aprobar una ley de lobbies o grupos de interés (otro clásico en los debates parlamentarios que nunca termina de cuajar); la modificación de los reglamentos de las Cortes Generales para sancionar a diputados y senadores que no sean honestos en sus declaraciones de bienes y actividades y para que sea obligatorio celebrar el debate del Estado de la nación una vez al año; la creación de nuevas figuras de lucha contra la corrupción y protección del informante; la obligatoriedad de al menos un debate electoral en campaña y la publicación de los microdatos de las encuestas; la reforma de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística; y la modificación de la ley orgánica de protección civil del derecho al honor,así como la que regula el derecho de rectificación, para adecuar ambas normativas al impacto y los nuevos ritmos de las redes sociales agilizando los plazos para rectificar contenidos falsos y garantizar indemnizaciones “adecuadas”. Pero el plan avanza a trompicones. El Consejo de Ministros aprobó el pasado octubre la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y de dos nuevas fiscalías contra la corrupción y en diciembre, la modificación de la ley del derecho de rectificación, de modo que obligue no solo a los medios de comunicación sino también a usuarios “de especial relevancia” (los que tengan más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 en el conjunto de todas ellas). Además, el Gobierno aprobó el pasado 15 de abril el anteproyecto para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que obligará a los medios de comunicación públicos a celebrar debates electorales y exige que las encuestas y sondeos difundidos durante las campañas publiquen también los ficheros de microdatos. El Congreso aprobó el pasado marzo el Plan de Parlamento Abierto, por el que se creará un registro para controlar las gestiones de los lobbies ante los diputados. En cuanto al reglamento europeo sobre medios, tiene que estar en marcha completo en los 27 Estados miembros el próximo agosto.

La politóloga Cristina Monge lamenta: “No se ha celebrado ninguna gran conversación pública con los expertos que llevan años trabajando en temas de desinformación, calidad institucional, participación ciudadana... y las reformas se han quedado prácticamente en compromisos adquiridos previamente, como el del reglamento europeo”. Y el politólogo Lluís Orriols coincide: “En la carta de Sánchez había reflexiones muy interesantes sobre el elevado coste que tiene ejercer la política y el problema de desorientación ciudadana para distinguir entre la información veraz y la que no lo es, pero transcurrido un año se ha quedado simplemente en eso: una reflexión”. “El plan de regeneración”, añade, “era una forma de reimpulsar una legislatura que se veía muerta sin presupuestos, un guiño para acercarse a la izquierda y a los nacionalistas catalanes, pero esa mayoría parlamentaria sigue haciendo aguas”.

Partido a partido

Los cinco días de reflexión del presidente, cuando meditó si dimitía o no, evidenciaron el hiperliderazgo de Sánchez en el PSOE. De hecho, dirigentes socialistas admitían su temor a una sucesión descontrolada en plena campaña de las catalanas, con las europeas por delante y en una situación internacional cada vez más delicada. Para Orriols, ese déficit de “reclutamiento” en el PSOE, obedece a la “biografía política de Sánchez”: “Llegó a la secretaría general del partido por segunda vez con una oposición frontal de los dirigentes y eso provocó su desconfianza en la organización tradicional. Pero probablemente, el PSOE poco a poco vaya generando liderazgos en distintos sitios, brotes verdes que se vayan abriendo a la vida después de la guerra que vivió el partido en 2017. La estrategia con Illa o Montero me parece la adecuada″. Monge añade: “Los hiperliderazgos nunca se preocupan de gestionar su sucesión y eso es lo primero que debe hacer un líder. Las propias concentraciones y movilizaciones del PSOE esos días no tenían apenas contenido más allá de la loa al secretario general”.

La debilidad parlamentaria del PSOE (120 diputados) dificulta la labor legislativa del Ejecutivo, que ha de agradar a Junts -que apoyó la investidura de Sánchez a cambio de la ley de amnistía-, a la izquierda disgregada -Podemos abandonó Sumar cinco meses después de las generales y trata desde entonces de marcar perfil propio frente al partido integrado en el Gobierno de coalición- y con la oposición firme del bloque del PP y Vox, lo que ha provocado que parezca haber renunciado a presentar un proyecto de Presupuestos. Mientras, el PP continúa cediendo ante Vox en los territorios, suscribiendo la agenda ultra en materia de inmigración o ecologismo, como ha hecho el presidente valenciano, Carlos Mazón, para sacar adelante las cuentas regionales. “Lo más interesante en la política española este año y el próximo”, apunta Orriols, “va a ser qué hace el PP. ¿Va a sucumbir como otros muchos partidos conservadores a la derecha radical populista o se va a mantener firme en sus posiciones de partido de gobierno tradicional?“. ”Este Gobierno", añade, “no tiene una mayoría parlamentaria suficiente, carece de presupuestos, se dedica a sobrevivir. Pero sobrevive porque la alternativa es la unión del PP y de Vox, esa sigue siendo su principal baza”.

El último sondeo del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER muestra que, mientras el PP y el PSOE empeorarían sus resultados del 23-J (medio punto menos los populares y 2,2 puntos menos los socialistas), Vox subiría cerca de dos, hasta el 14,1%, y la marca del agitador ultra Alvise Pérez debutaría en las urnas con casi un 3% de las papeletas. Dicha encuesta se realizó antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump,al que la extrema derecha española apoya públicamente, concretase su plan de aranceles. Y las expectativas de Sumar, que permitió reeditar el Gobierno de coalición al cosechar más de tres millones (el 12%) de los votos en las últimas generales, no son buenas: la coalición obtendría, según dicho sondeo, apenas un 5% de las papeletas y Podemos, disgregado desde finales de 2023, un 3,3%. El plan de rearme anunciado por Sánchez ha levantado ampollas en el espacio a la izquierda del PSOE y al complejo contexto internacional del que alertaba Sánchez en su carta a la ciudadanía hace un año se une ahora la guerra comercial emprendida por Trump y el giro de EEUU sobre Rusia y la guerra de Ucrania. La economía sigue yendo bien: el FMI acaba de mejorar las previsiones de déficit y deuda de España y la Seguridad Social ha superado por primera vez en su serie diaria los 21,6 millones de afiliados, pero el Gobierno no parece capitalizar esa buena marcha de la economía: desde noviembre de 2023, según los barómetros de EL PAÍS, su estimación de voto está por debajo del resultado cosechado en las urnas. Para Monge, la coyuntura internacional favorece a Sánchez: “Se ha convertido en el gran referente de la socialdemocracia. Ese protagonismo le beneficia. El marco que él proyecta frente a la derecha y la extrema derecha se ha visto reafirmado con la llegada de Trump, mientras Vox, que le apoya, sigue llegando a acuerdos con el PP. Paralelamente se le ha abierto otro frente con el rearme, pero la discrepancia con Sumar es del 18,5% dedicado a armamento y parece hasta pactada. Otra cosa es la compra de balas a Israel en plena ofensiva sobre Gaza, que puede hacer más daño a la coalición. Pero ahora mismo hay un empate técnico entre el PP y el PSOE y lo que ocurra en las siguientes elecciones dependerá de qué pase con sus socios a izquierda y derecha, que ahora serían tres para tres: PSOE, Sumar y Podemos por un lado, y PP, Vox y Se Acabó la Fiesta por otro. Lo único que permanece igual desde el 23-J y desde la carta de Sánchez es que Vox aísla al PP, y que tendrían complicado pactar con otro partido”.

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La Ley de Concordia fue aprobada en las Cortes Valencianas en julio del año pasado con los votos del PP y de Vox, después de que el partido de extrema derecha decidiera romper los gobiernos regionales de coalición, incluido el que ambos partidos compartían en la Generalitat. La norma derogaba la anterior ley de memoria, vigente desde 2017, y evita hablar del golpe de Estado que desencadenó el 18 de julio de 1936 la Guerra Civil española, que según el texto, fue fruto de “las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”; considera la antigua normativa como un foco de enfrentamiento —pese a que no consta ninguno desde que entró en vigor— para “alimentar” una visión “sesgada de la historia” y la “división partidista de la sociedad”, así como una “intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles”. Además de remontarse a 1931, también incluye a las víctimas de ETA, que ya cuentan con su propia legislación, como se ve obligado a aclarar el propio texto. El informe elaborado por tres relatores de Naciones Unidas tras analizar esta y otras iniciativas similares en las comunidades donde gobernaban PP y Vox concluyó que la ley de Concordia valenciana “desvirtúa” el objetivo de las leyes de memoria de “atender las necesidades y derechos de miles de víctimas del franquismo y la Guerra Civil”, esto es, las que no habían sido reparadas. Por esto, instó al Gobierno de España a adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos”.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática recurrió entonces al precepto de la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional y que permite a distintas administraciones negociar un texto legal antes de recurrirlo ante el tribunal de garantías. Pero expirado el plazo para alcanzar un acuerdo, la Generalitat se niega a modificar un ápice de la ley de Concordia, por lo que el Gobierno presentará el recurso en el Constitucional. De hecho, el Tribunal ya ha dejado en suspenso la derogación de la ley de memoria de Aragón, pactada también entre el PP y Vox. Recientemente, también suspendió las modificaciones legales introducidas por el PP de Isabel Díaz Ayuso en la ley del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid para tratar de impedir la colocación de una placa en la Real Casa de Correos que recuerde que el edificio acogió en la dictadura la Dirección General de Seguridad, donde se practicaron torturas por motivos políticos.

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Sánchez se entrevistó con el Papa en dos ocasiones: la primera, en octubre de 2020 y la segunda, en octubre del año pasado. Ambas tuvieron lugar en el Vaticano, ya que Bergoglio nunca visitó durante su papado España, algo que sí hicieron sus predecesores, como Juan Pablo II (en cinco ocasiones) o Benedicto XVI (en tres). No obstante, hace apenas siete meses, Francisco aseguró que estaba pensando en viajar a Canarias por la crisis migratoria para mostrar su “cercanía a los gobernantes y al pueblo”. Su primer viaje fuera de Roma, al inicio de su pontificado, fue precisamente a Lampedusa, la pequeña isla del sur de Sicilia célebre por el desembarco continuo de inmigrantes en sus costas. Sin embargo, pese a que los Reyes invitaron al Papa a España desde el inicio de su reinado, en 2014, esa visita no llegó a producirse. En su libro Soñemos juntos, escribió: “Hay que ir a la periferia si se quiere ver el mundo tal cual es”. El concepto de “periferia”, tanto geográfica como figurada, forma parte de su legado.

La inmigración fue uno de los temas que Sánchez y el Papa abordaron en su primer encuentro, en 2020, mientras la UE trabajaba en el Pacto de Inmigración y Asilo. Y es uno de los asuntos, por el enfoque fundamentalmente humanitario, donde mostraron mayor sincronía frente a los postulados de la extrema derecha. En su visita a Lampedusa, Francisco ya denunció: “Estamos anestesiados ante el dolor de los demás”. Tampoco suscribió nunca esa teoría ultra que rechaza la inmigración como un método de defenderse de un supuesto “reemplazo” cultural, incluyendo al catolicismo. En sucesivas alocuciones, el Papa criticó a los católicos que rechazan acoger inmigrantes y la “crueldad” de quienes pretenden levantar muros. Vox se dio por aludido, y su líder, Santiago Abascal, replicó: “Cuando habla el ciudadano Bergoglio y da sus opiniones políticas, las respeto, pero no tengo por qué compartirlas y de hecho no las comparto”. También Iván Espinosa de los Monteros, entonces todavía en el partido, declaró: “Me parece muy bien que el Papa acoja en el Vaticano a cuantos inmigrantes ilegales que llegan sin papeles quiera; nosotros pensamos que las naciones tienen la soberanía de decidir cuántos inmigrantes quiere recibir (...) y el derecho a decidir cuáles inmigrantes vienen porque no es lo mismo uno hispanoamericano, que tiene una tradición, cultura, idioma, facilidad de integración... que otros”.

El otro asunto en el que el Gobierno de coalición y el Papa se alinearon frente a la extrema derecha fue el ecologismo. Francisco, como recuerda la politóloga Cristina Monge, experta en Transición Ecológica, “es el único Papa que ha escrito una encíclica, Laudato si’, sobre la necesidad de cuidar la casa común, el Planeta Tierra”. Vox suele referirse a la Agenda de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, impulsada por la Asamblea de la ONU y apoyada por el Gobierno español, como “fanatismo climático”.

Las críticas al Papa no solo han venido de la extrema derecha. En 2021, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pareció reprender al pontífice cuando se mostró “sorprendida” por la carta que este había enviado, con motivo de las celebraciones de los 200 años de independencia de México, al presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rogelio Cabrera López, invitando a “sanar las heridas” del pasado. Unos días antes, Ayuso había realizado un alegato en favor “de la historia real y de uno de los momentos más importantes de la Historia”, y contra “la corriente peligrosa del comunismo a través del indigenismo”. Desde el inicio de su pontificado, en los sectores más conservadores de la política y de la propia Iglesia hubo corrientes que identificaron a Bergoglio como un Papa de izquierdas. En España, el obispo de Orihuela llegó a apartar de sus funciones a un cura por tachar a Francisco de “hereje” por bendecir “a parejas irregulares, es decir, homosexuales, no casados o divorciados”. Y el arzobispo de Toledo reprendió a otros dos curas por “rezar mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes”. Otro grupo de sacerdotes de la archidiócesis lideró una recogida de firmas para que Francisco anulase la declaración Fiducia Supplicans, en la que aprobaba bendecir a las parejas homosexuales, aunque sin equipararlas al matrimonio.

La resignificación de Cuelgamuros

En su segunda reunión con el Papa, en octubre del año pasado, Sánchez llevó al Vaticano otros dos asuntos, para intentar desatascarlos: el pago de indemnizaciones a las víctimas de pederastia y la “resignificación” del Valle de Cuelgamuros, que para el Gobierno pasaba por el desalojo de la comunidad benedictina. En el primer caso, la Iglesia insiste en llevar a cabo su propio plan de reparaciones, y en el segundo, el Ejecutivo terminó cediendo al permitir que un miembro de la Iglesia participe en el jurado para elegir el mejor proyecto en un concurso internacional de ideas y sobre todo, al acceder a que los benedictinos permanezcan en el mausoleo, algo que habían descartado hasta ese momento al considerar su presencia allí “incompatible” con la resignificación. El pacto, alcanzado tras una nueva visita de Bolaños al Vaticano, permite que esa remodelación afecte a parte de la basílica, donde se encuentran las criptas en las que yacen más de 33.800 víctimas de la Guerra Civil. En 2019, el Vaticano no se opuso al traslado de los restos de Franco del mausoleo al cementerio de Mingorrubio, pese a las esperanzas depositadas en el Papa por los herederos del dictador y el entonces prior, Santiago Cantera, que hablaban de “profanación”. Fuentes del Gobierno celebran el relevo de Cantera y la salida de otros dos monjes profranquistas tras el acuerdo para el último paso de la remodelación del mausoleo.

También había puesto en su punta de mira el Papa al Opus Dei, organización fundada en España por Escrivá de Balaguer hace casi cien años y que hoy tiene una causa abierta en Argentina, país de origen de Francisco, por trata de personas y explotación laboral. El libro Opus, Ingeniería financiera, manipulación de personas, y el auge de la extrema derecha en la Iglesia católica (2024), al que el británico Gareth Gore dedicó cinco años de investigación, terminaba precisamente así: “Si Francisco fallece antes de que se produzca una reforma real —y si su sucesor se muestra incapaz de continuar con su iniciativa—, el Opus Dei saldrá vigorizado y desafiante de su experiencia cercana a la muerte”.

Inmatriculaciones, impuestos y los acuerdos con la Santa Sede

En 2022, después de un trabajo de años y decenas de reuniones en una comisión específica sobre el asunto, el Gobierno logró que la Iglesia admitiera que al menos un millar de los 35.000 bienes (20.000 de ellos lugares de culto) que inmatriculó de forma extraordinaria a partir de 1998 aprovechando una reforma de José María Aznar no son suyos.

Con el papa Francisco, Sánchez aparcó viejas promesas vinculadas a la relación con la Iglesia. “No somos anticlericales, pero sí laicos. Derogaremos los acuerdos de la Santa Sede”, prometía en 2014. La revisión de dichos acuerdos aparecía y desaparecía de los programas electorales socialistas. En el de 2016 figuraba el compromiso de “denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede” y “actualizar en la Constitución el principio de laicidad según la interpretación del Tribunal Constitucional y suprimir la referencia a la Iglesia Católica”. Y la resolución política del último congreso del PSOE, de diciembre del año pasado, rezaba así: “Nuestra voluntad es culminar un sistema educativo laico con la religión fuera del horario escolar cuando se revise y derogue el acuerdo sobre asuntos educativos y culturales suscrito entre el Estado español y la Santa Sede”. Algo similar sucedió con la bula fiscal de la Iglesia. El Gobierno acordó en 2023 con la Conferencia Episcopal el fin de las exenciones que afectaban al gravamen sobre construcciones, instalaciones y obras y al impuesto por contribuciones especiales, pero la Iglesia sigue sin pagar el IBI por los inmuebles que le generan beneficios y otros impuestos.

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Hoy somos uno más en la familia… Robin ha decidido nacer este 14 de enero y llenarnos de felicidad. Anna está muy bien, y Olivia y Chloe están deseando conocer a su hermano. El trabajo de los profesionales de la sanidad pública ha sido extraordinario: millones de gracias. pic.twitter.com/7L7BTGQMmd

— Alberto Garzón🔻 (@agarzon) January 14, 2023

Los sondeos muestran una desconexión creciente entre los ciudadanos y la clase política, pero también hay quien ve política en todo, incluyendo a los bebés que aún no han podido opinar de nada porque no han tenido tiempo de aprender a hablar. “Esta panda iupodemitas quería sillones en política para casarse por todo lo alto, comprarse casotes, procrear más que una infanta y subirlo a Twitter en plan influencer. Son la peste bubónica de la política”, tuitea, con imagen de la manita del pequeño Robin incluida, @pivimarina. @caninoexcelsior se vio en la necesidad de compartir que Robin Hood, tocayo del tercer hijo de Garzón, era “un monárquico leal a Ricardo Corazón de León que además se dedicaba a asaltar al recaudador de impuestos del Estado para devolver el dinero a los contribuyentes”; @eduardojblasco pregunta: “¿Tres hijos ya? ¿Y la huella de carbono que dejan y el cambio climático, qué?”

Tres hijos ya? Y la huella de carbono que dejan y el cambio climático qué? No sé si darte la enhorabuena o preguntarte si eres de Vox…

— Eduardo Blasco (@eduardojblasco) January 14, 2023

El nacimiento de Robin ha mostrado el consenso entre tuiteros convencidos de que resulta incompatible tener hijos con defender el derecho al aborto. “Enhorabuena a Alberto Garzón, cuyo hijo decidió nacer gracias a que su esposa no decidió matarlo antes”, sostiene @FrayJosepho en un tuit celebrado por más de 1.200 personas, entre ellas Juan Carlos Duarte, portavoz del PP en la Diputación de Huelva. “Otro abortero procreando”, se indigna @elsadelcastill3. Y @raul_corvera tercia: “Mientras te invita a que abortes a tu hijo, él acaba de tener su tercero”.

Enhorabuena a Alberto Garzón, cuyo hijo "decidió nacer" gracias a que su esposa no decidió matarlo antes. https://t.co/RSWzEDQBPP

— Fray Josepho (@FrayJosepho) January 15, 2023

Si se aplica esa disparatada interpretación del concepto “coherencia”, un casado nunca podría estar de acuerdo en que exista el divorcio y un heterosexual, en que un homosexual pueda casarse. Pero no solo en Twitter se han armado un lío. La Junta de Castilla y León (PP y Vox) cree, por ejemplo, que el derecho al aborto y las medidas de fomento de la natalidad, esto es, guarderías públicas, ayudas a las familias..., van siempre en el mismo paquete. También se confunde cuando presenta como “información” una práctica coercitiva: obligar a escuchar un latido a una mujer que ya ha tomado libremente una decisión que solo a ella corresponde.

Garzón recibió también mensajes de enhorabuena, incluyendo los de rivales políticos como el popular Borja Sémper, pero algunas felicitaciones venían con una pulla bajo el brazo. “Enhorabuena, ministro. Nos alegra la noticia y que hayáis elegido en libertad un hospital público de gestión privada en la Comunidad de Madrid. Como habrás visto, como todos, de una calidad excelente”, escribió Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño. Tras él, otra horda tuitera afeó a Garzón que recurriera a “la Sanidad privada”. El hospital donde nació el bebé es un centro médico gratuito cuya gestión ha sido privatizada. Y suponer que los médicos madrileños que han ejercido su derecho a la huelga en demanda de mayores recursos para atender a sus pacientes están también desinformados o manipulados por la oposición supone otro intento de confundir, es decir, manipulación.

Enhorabuena Ministro. Nos alegra la noticia y que hayáis elegido en libertad un hospital público de gestión privada en la @ComunidadMadrid Como habrás visto, como todos, de una calidad excelente. Infórmate de ayudas a familias numerosas en Madrid. 😉 https://t.co/DYfkYV0p7k pic.twitter.com/5zctM1yMCw

— Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) January 17, 2023

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'We're interested in considering options for punishment outside of prison'

Justice Secretary @ShabanaMahmood responds to one of her ministers suggesting criminals could be banned from pubs, sports grounds and social events as an alternative to jail pic.twitter.com/JOngYhdvpr

— ITVPolitics (@ITVNewsPolitics) March 5, 2025

El Consejo de Europa promovió en 1985 un convenio “sobre la violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y especialmente de partidos de fútbol”, después de varias tragedias, como la de mayo de ese año, cuando 39 aficionados murieron en una avalancha humana antes de la final de la Copa de Europa. Una de las medidas de ese convenio, ratificado por España, fue “prohibir a los espectadores introducir bebidas alcohólicas en los estadios y restringir y, preferentemente, prohibir la venta”. El apellido de la ley vigente en España, “contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte”, da cuenta del listado de conductas delictivas que pueden tener lugar en una competición. El último anuario de la comisión estatal encargada de proponer sanciones enumera, con los datos facilitados por la Policía Nacional, hasta 90 detenidos y 500 expulsados en la temporada 2022-2023, la mayoría en partidos de primera y segunda división. En cuanto a la presencia de seguidores considerados “radicales y violentos”, el número asciende a 75.059 en la liga de fútbol profesional. La Comisión también propuso esa temporada 1.094 sanciones: 582 leves, 509 graves y tres muy graves. De ellas, 1.032 para espectadores y 62 para los clubes de la primera y la segunda categoría. La mayor parte tienen que ver con “participación en altercados” y el “consumo, introducción de bebidas alcohólicas o venta de envases rígidos”.

El alcohol en los estadios se prohibió en 1990 y la ley de 2007 insistió en el veto. El debate sobre su consumo en las gradas es antiguo y quizá pagaron justos por pecadores, pero es fácil encontrar ejemplos en el mundo de cómo las autoridades toman precauciones para evitar que la pasión por un equipo se convierta en violencia al que es de otro. En la liga argentina, desde 2013 no hay afición visitante en los partidos, salvo en contadas excepciones. Se prohibió después de varias muertes por trágicos incidentes en los que las víctimas fueron hinchas.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. Aunque dentro de los estadios se venda cerveza sin plomo, en los palcos VIP corren los cubatas y en todo caso, si pasean una noche de partido por los alrededores del Bernabéu verán el dominó de latas que abraza el campo cuando los espectadores ya han ocupado su asiento. Parece una performance artística.

Los aficionados se quejan de que las sanciones que propone la Comisión estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte a menudo son para los que se levantan de la grada con el culo frío, y no tanto para las Muy Importantes Personas que acompañan las almendritas con un roncito o lo que surja en los palcos VIP. La ley que prohibió el alcohol en los estadios se aprobó siendo ministro del Interior José Luis Corcuera, quien, unos años después, en 1999, se presentó en el Bernabéu con una bota de vino para ver un Madrid-Athletic. Los servicios de seguridad le interceptaron en la puerta y le recordaron la norma. Él respondió, según la noticia que publicó este diario, que habiendo sido miembro del Gobierno no suponía peligro alguno. Durante la discusión -del exministro del Interior con los encargados de la seguridad en el estadio-, la bota desapareció, por lo que le permitieron la entrada. Pero Corcuera terminó bebiendo tan pichi de ella desde la tribuna de preferencia. Cuando fueron a pedirle que la entregara, el exministro respondió que la bota de vino no contenía vino, sino coca cola, según las mismas fuentes. Luego escribió una carta al presidente de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, José Ramón Onega, a su vez director general de Política Interior, admitiendo que el vino era vino y reiterando que “no hubo violencia alguna”. La misiva fue considerada “atenuante”, pero la comisión propuso para Corcuera y sus acompañantes una multa de 250.000 pesetas, el equivalente a 2.570 euros de hoy. Años más tarde, en 2011, un juzgado de Sevilla condenó al exministro a pagar otra multa, esta ya en euros (300) por alterar el orden público y ser “irrespetuoso” con la Policía Local al intentar acceder, sin identificarse, a la Feria de Abril de Sevilla por un lugar reservado para coches oficiales y de servicio público. La sentencia señala que Corcuera dijo aquello de “Usted no sabe con quién está hablando”. O sea, un poquito de reincidencia por parte del exministro rebelde.

Un buen partido de fútbol es una exhibición de talento, y por tanto, algo parecido al arte. Hay goles de museo que producen la misma gratificación que contemplar un buen cuadro: admirar las cualidades que nos hubiera gustado tener y disfrutar de la belleza. Pero al tiempo, la pasión por un escudo o unos colores conecta con una parte salvaje, animal. Algo debe haber cuando el país que inventó este deporte se plantea sustituir penas de cárcel por la prohibición de acudir a grandes eventos deportivos y/o pubs, es decir, se atreverían a dejar al delincuente en la calle, pero no en un estadio. Lo pienso mientras recuerdo cómo blasfemo, injurio y veo salir (por la boca) la poca violencia que hay en mí solo o cada vez que le hacen una falta a Santi Cazorla.

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“Se supone que los museos son espacios seguros, de libertad de expresión, pero ni siquiera eso está asegurado”, explica Tsiara. “Vivimos un periodo crítico, de guerras culturales y auge de la extrema derecha y el neofascismo, y no solo en Europa. Los valores democráticos están siendo atacados por múltiples frentes y lo peor que podemos hacer es darlos por hecho. Hay que defenderlos cada día”. Sus palabras recuerdan al discurso de Pedro Sánchez al inaugurar, el pasado enero en la casa del Guernica, el calendario de actos por el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. “La libertad nunca se conquista de forma permanente. Se puede perder, como ocurrió hace casi un siglo cuando 14 de las 24 democracias que existían en el mundo se convirtieron en dictaduras. Puede volver a ocurrir”, dijo entonces el presidente. EL PAÍS reunió a la curadora de arte griega con la historiadora portuguesa Maria Inácia Rezola, comisionada para la celebración de los 50 años de la Revolución de los Claveles y su homóloga española, Carmina Gustrán, responsable de los actos conmemorativos por el inicio de la Transición. Hay muchas similitudes, pero también diferencias entre los tres procesos. La charla tuvo lugar en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.

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Por qué conmemorar

Huntington también advertía de que a cada ola democrática le sucedía otra antidemocrática posterior. ¿Pueden servir esas celebraciones del medio siglo desde el fin de la represión como una vacuna contra la involución? “Conocer y mirar críticamente el pasado”, responde la historiadora portuguesa, “es la vía para que no se repitan los mismos errores. La calidad de la democracia depende de eso y en el contexto actual es más importante que nunca”. Tsiara coincide: “Hay teatros en Grecia que están siendo atacados. Los episodios de censura son cada vez más frecuentes. Es un momento muy delicado y el arte y la cultura pueden contribuir a generar esa conciencia democrática”.

Cuando se anunció el plan 50 años de España en libertad, el Gobierno habló de “un centenar de actos” repartidos a lo largo de 2025, cuando se cumple (el 20 de noviembre) medio siglo de la muerte de Franco, pero van a ser más del doble, según la comisionada. El programa, que incluye exposiciones, coloquios sobre la economía, la situación de la mujer, el exilio o el aislamiento político durante la dictadura, una escape room itinerante, homenajes, concursos en colegios e institutos, series documentales... sigue abierto y cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros.

“La iniciativa”, explica Gustrán, “partió de los ministerios de Presidencia y Política Territorial y Memoria Democrática, con un interés especial por parte del presidente del Gobierno”. Al principio le pidieron que coordinara algunas actividades y finalmente, tras entrevistarse con Sánchez en octubre de 2024, que fuera la comisionada de todos los actos. La historiadora de la Universidad de Zaragoza define el encargo como “las tres C: Conocer lo que pasó, Celebrar que vivimos mejor que hace 50 años y Conversar sobre qué tipo de democracia queremos para el futuro”. La idea inicial era “y sigue siendo”, subraya, “involucrar a toda la sociedad, y desde el primer acto se invitó a participar a todos los partidos políticos. Lamentablemente, muchos se desmarcaron. Es triste”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a decir que el plan del Gobierno traería “violencia a las calles”. El PP suele referirse en tono burlón al programa como “El año Franco”.

En Portugal, explica la comisionada lusa, la conmemoración de los 50 años de la Revolución de los Claveles, cuando un grupo de jóvenes capitanes derrocó, de forma pacífica, el 25 de abril de 1974, una dictadura de cuatro décadas, “fue una decisión del Consejo de Ministros tomada en el verano de 2021″, es decir, tres años antes del aniversario. “La idea era empezar con los actos el 24 de marzo de 2022, justo cuando Portugal pasó a tener más días de democracia que de dictadura, y seguir hasta diciembre de 2026, aniversario de las primeras elecciones municipales”. En su país, explica, ese plan conmemorativo no ha sido tan cuestionado. “El presidente Jorge Sampaio decía que en Portugal solo había dos cosas consensuadas: el 25 de Abril y el Sporting [equipo de fútbol] y sigue siendo verdad. La manera en que España y Portugal hicieron su paso a la democracia fue distinta. En Portugal, el 25 de abril de 1974 fue muy diferente al 24, hubo una ruptura radical con el pasado y se aplicaron medidas de justicia política, purgas, los llamados saneamientos [para apartar del servicio público a quienes habían participado de la represión]. Hoy los portugueses están reconciliados con su pasado. En una encuesta, señalaron el 25 de abril como el hecho más importante de la historia del país, a mucha distancia del segundo: la entrada en la Unión Europea”. El país vecino ya ha acogido más de 420 actividades desde 2022 relacionadas con el aniversario, entre las planteadas directamente por el comisionado y las que esta entidad apoyó tras recibir propuestas de ayuntamientos, entidades locales, centros escolares... El presupuesto ha rondado, de media, un millón de euros cada año.

Con todo, si bien la extrema derecha portuguesa, representada por el partido Chega (1,1 millones de votos, 50 diputados) no ataca frontalmente la revolución, sí le resta importancia. Su líder, André Ventura, declaró en una de las sesiones conmemorativas: “Hicimos hace 50 años una revolución que nos dio libertad, pero en el camino nos quitó dignidad”. En España, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha llegado a asegurar en el Parlamento que este es “el peor Gobierno de los últimos 80 años”, es decir, peor que la dictadura.

En Grecia, explica Syrago Tsiara, los actos conmemorativos del aniversario del fin de la dictadura “no fueron algo oficial, sino, sobre todo, actividades impulsadas a lo largo del año por instituciones culturales”, aunque el primer ministro, Kyriacos Mitsotakis, proclamó en una sesión solemne en el Parlamento que “la democracia griega es más fuerte que nunca” y se emitió una moneda conmemorativa de dos euros. La exposición Democracia contó con un presupuesto de 350.000 euros. “Nuestro país”, añade la comisaria de la muestra, “no tiene una ley oficial de memoria. El proceso de democratización fue muy exitoso y rápido: juzgamos a los dictadores, celebramos un referéndum, unas elecciones, se legalizó al Partido Comunista... pero ahora vuelve a haber un discurso muy agresivo”.

Qué hacer con los vestigios de la dictadura

Tsiara realizó su tesis doctoral sobre el papel de los monumentos en la conformación de la identidad nacional. Qué hacer con los vestigios del pasado es otra de las patas de las políticas de memoria. “Pueden convertirse en una especie de parque Disney para que peregrinen los nostálgicos”, afirma, “o resignificarse. Yo soy partidaria de contextualizar, no de eliminar, y convertir esos lugares en espacios de pensamiento crítico para hablar del pasado desde términos democráticos”. La historiadora portuguesa visitó el Valle de Cuelgamuros cuando Franco todavía estaba enterrado allí. “Fue muy impactante. La sensación al entrar era muy mala, de opresión. Pensé: ‘¿Qué hacer con esto?‘. La cuestión de los espacios de memoria es muy compleja. En Portugal hay muchos casos y creo que se han solucionado bien. La antigua prisión política de Aljube es hoy un museo de historia del siglo XX donde se pueden conocer las distintas formas de tortura con un importante archivo de historia oral. El año pasado se inauguró en la antigua prisión política de Peniche el Museo Nacional Resistencia y Libertad. Ahora tenemos un problema con el centro de interpretación de Santa Comba Dão, conocido como Museo Salazar [Antonio de Oliveira, el dictador portugués que rigió Portugal entre 1932 y 1968] porque hay quien dice, y quizá con razón, que puede convertirse en un lugar de romería para nostálgicos. Es una responsabilidad muy grande. La historia no se borra, pero hay que abordarla con lucidez para que no haya equívocos”.

En España, el simple hecho de colocar una placa recordando a las víctimas de las torturas perpetradas durante la dictadura franquista en la antigua Dirección General de Seguridad, ubicada en lo que ahora es el Palacio de Correos de Madrid, sede de la presidencia del Ejecutivo madrileño, ha llegado al Tribunal Constitucional. Para evitar que fuera declarado lugar de memoria, como quería el Gobierno central, el PP de Isabel Díaz Ayuso llevó a cabo una reforma legal para impedir lo que, a su juicio, resultaba “incompatible con la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia”. El tribunal de garantías acaba dejar tales preceptos en suspenso al admitir a trámite el recurso impulsado desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El Gobierno central también se dispone a lanzar un concurso internacional de ideas para resignificar el Valle de Cuelgamuros, pero la larga negociación con la Iglesia, que finalmente logró que la comunidad benedictina permanezca en el lugar, demoró los planes, y el Ejecutivo calcula que las obras podrían empezar a final de 2026. Cualquier retraso o anticipo electoral podría dar al traste con el proyecto, como ya ocurrió cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero presentó, ya en funciones, en noviembre de 2011, el informe del comité de expertos que proponía el traslado de los restos de Franco fuera del mausoleo, lo que finalmente se llevó a cabo en octubre de 2019.

Educación y jóvenes

Los programas de esas conmemoraciones cuentan con actividades especialmente dirigidas hacia los más jóvenes. Algunas encuestas, como la del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER del pasado septiembre muestran porcentajes alarmantes entre la Generación Z (18 a 26 años), especialmente en los varones, como el 26% que señaló que “en algunas circunstancias” prefería el autoritarismo a la democracia. En España, el revisionismo histórico y la apología de la dictadura franquista se cuelan en la población que ya nació en libertad por una grieta de desconocimiento sobre la propia historia. El diputado de Vox Manuel Mariscal se jactó en el Congreso de que “gracias a las redes sociales” muchos jóvenes estaban “descubriendo” que “la etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación para lograr la unidad nacional”. Hoy es fácil encontrar en Tik Tok a chavales cantando el Cara al sol o a youtubers presentando en sus canales la Guerra Civil como una cruzada inevitable.

Gustrán explica que una de las líneas de trabajo del año conmemorativo es “jóvenes y democracia”. “Nos estamos reuniendo con creadores de contenido digital para establecer colaboraciones y traducir lo que queremos contar a su lenguaje”. La idea de crear una escape room itinerante, un juego didáctico en el que para pasar a otra sala hay que aprender algo sobre la dictadura, generó multitud de memes y mofas en redes. La comisionada explica que estará lista para otoño. Además, se han elaborado materiales pedagógicos para que los profesores puedan debatir en clase con sus alumnos sobre qué suponía vivir en dictadura y para favorecer un diálogo intergeneracional. “Me gustó mucho una pintada que vi en la Complutense: ‘Memoria histórica es hablar con tu abuela’. Más allá de la historia de los grandes nombres, me parece muy importante ir a la vida cotidiana, explicar que en dictadura no podáis darte un beso con tu pareja por la calle, por ejemplo”.

En esa línea trabajó también la comisionada portuguesa. “Hemos convocado concursos y actividades para que los jóvenes hablen con sus abuelos o vecinos mayores”, explica Maria Inácia Rezola. “Lanzamos unas postales con todo lo que estaba prohibido durante la dictadura y dos hashtag [etiquetas] en redes sociales: #nopodías... votar, besar, discrepar, ir a la Universidad... y #tienespoder, para enumerar todo lo que te permite hacer un sistema democrático”. En el país vecino cuentan con una enorme ventaja. “El 25 de abril está en todos los libros de historia y se enseña en las escuelas desde muy pronto; hay muchos cuentos infantiles sobre ello y hasta los pequeñitos cantan Grândola, Vila Morena [la canción, prohibida durante la dictadura, que se convirtió en símbolo de la Revolución de los Claveles]”.

En Grecia, explica Syrago Tsiara, “se celebra cada año en las escuelas la resurrección estudiantil de la Politécnica contra la dictadura de los coroneles en 1973, y en la exposición Democracia recibimos a muchos profesores que trajeron a sus alumnos para hablar de lo que pasó”. En España, la ley de memoria democrática de 2022 establece que “el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura”. Pero, “aunque forma parte del currículo escolar”, lamenta Gustrán, “llega un poco tarde y depende de cada profesor. Tuvimos un encuentro con la comunidad educativa y hay iniciativas muy interesantes, como la del Instituto Navarro de Memoria, pero el enfoque debe ser interdisciplinar”.

Antes de volver a Lisboa y Atenas, Tsiara y Rezola participan con Gustrán en un encuentro con estudiantes de Ciencias Políticas. “¿Por qué ahora parece que está de moda entre la gente joven ir contra la democracia, algo que antes nos avergonzaba?”, pregunta Luis. Su profesora en la Universidad de Salamanca, Elena Martínez Barahona, muestra un libro de texto que entregaron a su hija en sexto de primaria, cuando vivían en Portugal. A lo lago de varias páginas, habla de los “mecanismos de represión” de la dictadura, como la censura o las prisiones para presos políticos, y plantea como ejercicio “indicar los países que, en la actualidad, no respetan los derechos humanos”. En España, lamenta, “es muy difícil encontrar libros de texto así, con un contenido tan explícito”.

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Imposible deshacer en un solo tuit una hemeroteca llena de bulos sobre la falta de seguridad de las inyecciones. Ya hay un ejército más papista que el Papa, y uno de sus generales es Del Bigtree, quien fue director de comunicación del propio Kennedy en la campaña presidencial y productor de un documental antivacunas. Otros tuiteros recordaron al sobrino de JFK que en el prólogo de un libro publicado en 2021 escribe que las grandes farmacéuticas —contra las que pleiteaba como abogado— y la Administración habían “engañado” a los padres haciéndoles creer que ese virus, uno de los más contagiosos, podía ser mortal y que las vacunas eran seguras y efectivas. También recetó vitamina A y aceite de bacalao para los que lo contrajeran y llegó a asegurar que pasar la enfermedad protegía contra el cáncer.

I came to­ Gaines County, Texas, today to comfort the Hildebrand family after the loss of their 8-year-old daughter Daisy. I got to know the family of 6-year-old Kayley Fehr after she passed away in February. I also developed bonds with and deep affection for other members of…

— Secretary Kennedy (@SecKennedy) April 6, 2025

El post de Kennedy después de morir Daisy recuerda que otro pequeño, Kayler Fehr, de seis años, falleció en febrero por la misma enfermedad y que el “brote de sarampión” suma 642 casos confirmados en 22 Estados, 499 de ellos en Texas. Su mensaje en X tras las trágicas y evitables muertes de ambos niños tiene 252 palabras y repite hasta en seis ocasiones “yo”: “Yo vine hoy al condado de Gaines, Texas, para consolar a la familia Hildebrand”; “yo conocí a la familia de Kayler”; “yo desarrollé un profundo afecto por otros miembros de la comunidad en este difícil momento”... Nada parecido a un “yo estaba equivocado, pido a los padres que me disculpen y que olviden todo lo que he dicho”.

La desinformación y las teorías conspiranoicas encuentran a menudo un gran aliado en la soberbia. Frente a los consensos, incluso cuando son científicos, el arrogante obtiene en los bulos, por ridículos que sean, la posibilidad de creerse más listo que nadie o que casi todos —la eficacia de la vacuna del sarampión asciende al 97%—. Mientras el humilde siempre está dispuesto a escuchar, especialmente a los que saben de aquello de lo que él desconoce —enfermedades, por ejemplo—, el soberbio cerrará los ojos ante la evidencia y se agarrará a la oportunidad de sentirse superior, rebelde, antisistema.

Ese juego de gratificaciones al ego explica buena parte de los liderazgos que hoy traen al mundo de cabeza. En la de Trump, la guerra comercial resulta una excelente idea; la OMS es una “estafa corrupta” que había que abandonar inmediatamente y la covid, algo que podía tratarse con lejía o luz solar. Por ahí andaba también Robert Kennedy Jr., entonces abogado raso, pidiendo formalmente a la Administración que no autorizase las vacunas contra el coronavirus que salvaron miles de vidas y permitieron al mundo recuperar la normalidad.

En su fanatismo ególatra han inventado un concepto tan absurdo como “la ideología de la salud” por la cual quienes vigilan por el bienestar de la población son, en realidad, agentes políticos al servicio de intereses oscuros. Trump llegó a asegurar que el Gobierno de Joe Biden había destinado ocho millones de dólares para crear “ratones trans”. En realidad, se trataba de estudios para investigar sobre distintas enfermedades y su tratamiento para transexuales y para el resto de la población. La enfermedad más peligrosa, a veces, es la soberbia. En lugar de rodearse de los mejores, Trump ha elegido un Gabinete a su imagen y semejanza, colocando a pirómanos a apagar los incendios, hombres como Robert F. Kennedy Jr., que, tras sembrar dudas durante años sobre las vacunas, ahora cuelga en su cuenta de X fotos con los padres de los niños que han muerto por hacerle caso.

In Seminole, Texas, with Jake and Tina Fehr whose 2-year-old daughter, Helena was just discharged after three weeks in the ICU, Peter and Eva Fehr whose daughter, Kayley, 6, passed in February, and Pete and Eva Hildebrand whose daughter, Daisy, 8, we buried this afternoon. I also… pic.twitter.com/BjErlRkCJX

— Secretary Kennedy (@SecKennedy) April 7, 2025

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El listado de “enemigos íntimos” de Iglesias es variopinto e incluye desde José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso a Josep Borrell, Felipe VI, Manuela Carmena o Yolanda Díaz e Íñigo Errejón. “Ambos”, dice sobre estos dos últimos, “eran una construcción mediática hecha para destruirnos”. La publicación del libro y su presentación coinciden con el lanzamiento de Irene Montero para liderar una candidatura de izquierdas en las generales, poco después de que en su asamblea, Movimiento Sumar aprobase una resolución que apuesta por volver a establecer alianzas en el espacio a la izquierda del PSOE. De momento, esa “confluencia” no parece probable. Iglesias da por “muerto” a Sumar y la ministra de Sanidad, Mónica García, de Más Madrid, escisión de Podemos en sus orígenes, ha manifestado que está “harta” de que Iglesias y Montero les den “lecciones”. Preguntado este martes por esas declaraciones, el exvicepresidente del Gobierno ha dicho: “Lamento que la ministra esté enfadada, pero le diría que respete que las organizaciones de la izquierda hagan política”. A su juicio, tanto Díaz como García representan una izquierda “muy cómoda para el PSOE”. “En el libro”, añadió, “trato de explicar cómo ciertas figuras de la izquierda se dejaron mimar por ciertos medios de comunicación para contribuir a la destrucción de Podemos. Se demostró que es una estrategia fallida. Podemos está de vuelta y ha propuesto una candidata [en alusión a Montero]”. Según el último barómetro del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, Podemos obtendría, si las generales se celebrasen hoy, un 3,3% de los votos, poco más que la marca del agitador ultra Alvise Pérez (2,7%) y Sumar se llevaría el 5,1%, muy lejos del 12,4% obtenido en las urnas cuando la formación liderada por Ione Belarra formaba parte de la coalición.

El partido impulsado por Iglesias en 2014 llegó a tener en 2015 un apoyo de más del 20% de los electores y casi 5,2 millones de votos. Podemos fue víctima de la campaña de la llamada policía patriótica, que vertió acusaciones falsas contra el partido para tratar de debilitarlo, pero también, como explicaron numerosos exdirigentes, incluidos algunos cofundadores que abandonaron la formación, cometió errores que erosionaron la ilusión del 15-M, la gasolina que permitió crecer a alternativas en torno a un bipartidismo imperfecto que parecía eterno hasta entonces. El análisis del libro de Iglesias, sin embargo, es que ese desgaste obedece a una progresiva “derechización” del país provocada, a su juicio, por “responsables de izquierdas supuestamente progresistas”.

La presentación del libro se convirtió, así, en un acto de promoción del Canal Red que dirige Iglesias y donde según él, se proporciona “educación mediática”. En su lista de “supuestamente progresistas” de los que había que desconfiar, el cofundador de Podemos incluyó a Luis García Montero, columnista de este diario, por mencionar en una de sus columnas una manifestación celebrada en Roma para reivindicar el orgullo de ser europeo. “No tengo menos responsabilidades políticas que antes. Hay pocas cosas más políticas que trabajar en los medios de comunicación, que moldean el estado de opinión de la gente”, dijo Iglesias, refiriéndose a su nuevo rol en Canal y Diario Red. ”La derecha tuvo claro desde el principio que tenían que controlar los medios, las teles. Sabe que el poder es una lucha permanente por ocupar todos los espacios. El papel de Canal Red es cargarles de armamento ideológico para luego poder intervenir en las discusiones en el bar, en su centro de trabajo… porque esto es una batalla continua”, añadió.

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La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre los pasados 28 y 31 de marzo. En esos días, el presidente de EE UU, Donald Trump, ultimó los términos de su guerra comercial y Marine Le Pen, líder ultraderechista francesa, fue condenada a cuatro años de cárcel y pena de inhabilitación por malversación de fondos públicos, pero la proximidad de Santiago Abascal a ambos políticos no parece pasar factura todavía a Vox. Trump detalló los aranceles el pasado miércoles, después de que se cerrara el sondeo, pero en un estudio específico sobre las primeras medidas del nuevo Gobierno estadounidense elaborado por 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER y publicado el pasado 3 de marzo, los votantes de Vox mostraron un rechazo a la aplicación de aranceles por parte de EE UU mucho menor que el de la población general. La diferencia dentro del electorado de Abascal entre los que valoraban muy positiva o muy negativamente la medida se saldó con un -11,2% frente al -52,4% de los votantes socialistas. El electorado de SALF, por su parte, apoya mayoritariamente esos aranceles. De momento, el PP se ha distanciado de esas posiciones de la extrema derecha respecto a Trump, si bien tiene pendiente la negociación de varios presupuestos autonómicos con la formación de Abascal. Tampoco la petición de la Fiscalía para que el Supremo investigue a Alvise Pérez por financiación ilegal, al considerar que el eurodiputado aceptó 100.000 euros en negro de un empresario para su campaña electoral, ha restado apoyos a su partido. Todo lo contrario: Se Acabó La Fiesta mejora en casi un punto su estimación de voto respecto al sondeo anterior.

Durante el periodo en el que se realizó la encuesta, también fue noticia el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo para que perceptores del Salario Mínimo Interprofesional no tengan que tributar por IRPF este año; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un endurecimiento de los requisitos para crear universidades privadas; el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolvió al futbolista Dani Alves de un delito de agresión sexual y la primera reacción de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero —“Qué vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes y valientes que deciden denunciar a los poderosos”, dijo—, provocó un comunicado conjunto de queja por parte de representantes de la carrera judicial y fiscal. Además, Movimiento Sumar celebró su asamblea, llamando a la unidad del espacio a la izquierda del PSOE (Podemos abandonó el grupo parlamentario unos meses después de los comicios), y con críticas al plan de rearme europeo, que divide a los socios del Gobierno de coalición.

Transferencia de votos

El PP es el partido con el votante más fiel: el 81% de sus apoyos en las elecciones de 2023 volvería a escoger hoy su papeleta. La formación cede un 10,5% a Vox, el segundo partido con mayor fidelidad de voto (79,2%), pese a las fugas al PP (2,9%) y, sobre todo, a Se Acabó la Fiesta (11,3%). La fidelidad del electorado socialista es casi cinco puntos porcentuales inferior (74,6%), aunque ha eliminado prácticamente las cesiones a Sumar y ahora pierde en favor del PP (5,3%) y hacia la indecisión (7,5%).

En el espacio a la izquierda del PSOE, la coalición que aglutinó en julio de 2023 Yolanda Díaz apenas retiene al 46% de sus votantes de las últimas generales y cedería, si los comicios se celebrasen hoy, casi un 30% de sus papeletas a Podemos y un 6,5% al PSOE. Es la marca política que cuenta con más indecisos (9,2%).

Intención de voto por género y edad

El PSOE se impone al PP en intención de voto —dato sin la corrección demoscópica, conocida como cocina— en el electorado masculino y el femenino. El electorado femenino muestra un mayor desencanto hacia la política: la suma de indecisas, votos blancos, nulos y abstencionistas es de casi un 26%, frente al 18,3% de los hombres.

Vox mejora sus datos en el electorado femenino, aunque obtiene cuatro puntos porcentuales más en el masculino. En el espacio a la izquierda del PSOE, Sumar y Podemos prácticamente empatan entre los hombres y el dato entre las mujeres es ligeramente mejor en la marca identificada con Yolanda Díaz. Ambas formaciones han registrado escándalos relacionados con actitudes machistas de antiguos dirigentes: Íñigo Errejón por un lado y Juan Carlos Monedero por el otro.

Por edades, Vox, con un 24%, sigue siendo el primer partido en intención de voto en la franja de los 18 a los 24 años, con siete puntos de ventaja sobre el segundo, el PSOE (16,7%) y 12 puntos y medio sobre el tercero, el PP (11,5%), si bien el porcentaje ganador entre los más jóvenes es la desafección política: la suma de indecisos, abstencionistas y quienes votarían en blanco o nulo alcanza el 35,1%. La preferencia por el partido de Abascal decrece según avanza la edad: entre los mayores de 65, su intención de voto es 14 puntos porcentuales más baja que entre los menores de 25. La formación de extrema derecha se impone a la suma de la plataforma de Díaz y Podemos en todas las franjas de edad. El PP obtiene su mejor dato (24,8%) entre los mayores de 65 y el PSOE, en la horquilla de los 55 a 64 (25,9%).

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Frente a la amenaza de EE UU, “más Europa”

España aboga por una “transformación estructural” de las instituciones y las políticas de la Unión Europea que incluya un incremento de sus “capacidades de disuasión y defensa” ante “la degradación de la seguridad en Europa y en su entorno estratégico”, que se une “al cambio de prioridades estadounidense”. Según el documento, el país se posiciona contra el “repliegue comercial” que constata que se está convirtiendo en una “tendencia a nivel mundial” con la diversificación de las cadenas de suministro, la profundización de las actuales alianzas y creando nuevas “relaciones de confianza”. En la semana en la que el presidente de EE UU, Donald Trump, ha acabado lanzando una andanada de aranceles, España pide que la UE refuerce sus “mecanismos de defensa y disuasión económica” frente a “tácticas coercitivas” de terceros a través del refuerzo de “sus instrumentos de defensa comercial”. Y para ello, cree que la UE debe “dotarse de más capacidad técnica en sanciones” y “control de exportaciones”, así como de un marco más coordinado y estructurado entre los Estados miembros en materia de control de inversiones.

El texto que fija la posición para la acción exterior española expone también una transformación profunda de la UE en varias direcciones. Una de ellas pasa por el elevar el listón en el ámbito de la defensa, pasando “progresivamente” de la actual Política Común de Seguridad y Defensa a “una verdadera defensa común” en un sentido muy amplio, que vaya desde “los dominios de la defensa tradicional” a otros como las amenazas híbridas o las amenazas terroristas, en línea con lo respaldado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas. Ese refuerzo, prosigue el documento también debe “reflejarse en la planificación y desarrollo” de capacidades de “mando y control”, por ejemplo, para “reforzar la Capacidad de Despliegue Rápido de la UE”, así como en el desarrollo de una “base tecnológica e industrial” de ese sector.

Dados los desafíos que afronta, España considera que la UE debe dar también un salto en el tamaño de sus Presupuestos, que tradicionalmente han sido de un monto equivalente al 1% de la Renta Nacional Bruta (RNB) europea y que en cada negociación los países del Norte pugnan por reducir. El Gobierno de Sánchez ambiciona todo lo contrario: “España defiende empezar por doblar los recursos europeos en el próximo Marco Financiero Plurianual”, sostiene, mediante nuevos recursos propios y la emisión de deuda conjunta, que ya ha ensayado recientemente, por ejemplo, con los fondos Next Generation EU (750.000 millones) o con el sistema para financiar sistemas de protección de empleo como los ERTE (100.000 millones). “Solo con ambición presupuestaria será posible afrontar los nuevos retos estratégicos, en especial en materia de competitividad, incluida la triple transición verde, digital y social y la seguridad y defensa, sin sacrificar las políticas que han dado sentido a la Unión, como la agrícola y pesquera o de cohesión”, afirma el texto.

España, que apuesta por ir dejando atrás la necesidad de adoptar decisiones en la UE por “unanimidad”, ve clave aumentar la competitividad económica del bloque, en línea con las conclusiones del Informe Draghi, y profundizar en el mercado único sin renunciar a la “certidumbre regulatoria” que ofrece Bruselas. El documento aboga, asimismo, por liderar la “descarbonización” de la economía y reivindica la “soberanía digital” de los Veintisiete, en la que hasta ahora ha estado rezagada, en especial respecto a Estados Unidos.

Multilateralismo: limitar el uso del veto

El Gobierno se compromete a “mantener el apoyo integral a Ucrania en la defensa de su soberanía”, así como “acompañar los procesos de adhesión de los Balcanes Occidentales y del resto de países candidatos” a entrar en la UE. Con la invasión rusa, el Ejecutivo considera que han quedado constatadas “las debilidades del multilateralismo” y la “parálisis del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. “Ante la inacción”, añade el documento, España propone reforzar lo que funciona y reformar lo que no. Así, plantea la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que sea “más eficaz, transparente y representativo” ampliando el número de miembros no permanentes y limitando el uso del veto.

Para España también resulta primordial “asegurar la centralidad de la Organización Mundial de la Salud”, debilitada tras la decisión de Trump de abandonar el organismo, del que EE UU era el primer contribuyente. “Seguiremos impulsando sus trabajos tras nuestra incorporación a su Comité Ejecutivo y, en particular, las negociaciones de un tratado internacional sobre pandemias. Asimismo, trabajaremos para avanzar hacia una cobertura sanitaria universal a partir de la experiencia de nuestro sistema nacional de salud y se adoptará una Estrategia de Salud Global, orientada a reforzar el papel de España y de nuestra cooperación en este ámbito”, afirma el documento estratégico.

El texto ratifica asimismo el compromiso de España con la justicia internacional y en concreto, con el Tribunal Penal Internacional, después de que Hungría anunciase esta semana su salida del organismo para recibir al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza.

Cooperación al desarrollo

Frente a la guerra declarada por Trump desde EEUU contra las entidades de ayuda y cooperación al desarrollo, España también apuesta como “política de Estado” por la cooperación al desarrollo como una herramienta para la paz y la seguridad. Pero el documento plantea la necesidad de promover “una nueva narrativa” sobre la materia, que transite “de la lógica de la ayuda a la de la alianza”, objetivo de la cuarta Conferencia para la Financiación del Desarrollo que tendrá lugar en Sevilla este verano. Además de “reforzar los compromisos presupuestarios” [para alcanzar el 0,7% de la RNB en 2030], el Gobierno quiere reformar el sistema de cooperación para que esta sea descentralizado (incluyendo a comunidades autónomas y Ayuntamientos, universidades, ONG y al sector privado), y que la nueva regulación de subvenciones sirva para agilizar los procesos.

“Resiliencia democrática”

El documento expone como un riesgo para la convivencia y los propios procesos democráticos, “los sesgos algorítmicos, la erosión de la privacidad y el incremento de estrategias híbridas de desinformación, manipulación e interferencia de información extranjera (FIMI) o los ciberataques”, junto a la amenaza de la inteligencia artificial, que en las manos equivocadas puede contribuir a “distorsionar la realidad y fomentar la polarización mediante la creación de contenidos falsos”. “Hay actores”, explica el texto, “que pretenden aprovechar la diversidad, la apertura y el pluralismo de las democracias como una suerte de `talón de Aquiles’ geopolítico. Mediante estrategias híbridas que incluyen la manipulación mediática, la promoción de narrativas de decadencia europea, desinformación climática o migratoria, buscan erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y alimentar el extremismo para legitimar sus modelos autoritarios y reconfigurar el orden internacional en su beneficio”. Para combatir esto, España apuesta por “una mayor transparencia, neutralidad y rendición de cuentas por parte de plataformas tecnológicas”. “El anonimato no puede ser sinónimo de impunidad para la comisión de delitos, ni servir de herramienta para la suplantación de identidad y prácticas ilícitas y fraudulentas. Es necesario también profundizar en la transparencia algorítmica. Las plataformas y sus directivos deben responsabilizarse del impacto negativo de sus servicios y sus conductas. Junto a los actores públicos, las plataformas digitales deben colaborar para atajar las operaciones de influencia extranjeras y la desinformación, priorizando la protección de los grupos vulnerables frente a los discursos de odio”, añade el documento.

La relación con Marruecos

Pese al cambio de postura del Gobierno respecto al Sáhara, la única referencia sobre el asunto en el documento estratégico de la Acción Exterior afirma que España ”seguirá apoyando la insustituible labor de Naciones Unidas en la promoción de la paz y seguridad internacional a través de su arquitectura institucional pero también a través de la labor política de los Enviados Especiales, como los de Siria, Yemen o el Sáhara Occidental”. En junio de 2022, el presidente del Gobierno ratificó el giro que implicó que España tomase abiertamente partido por Rabat al considerar su propuesta de autonomía como “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso” en la excolonia española. La hoja de ruta en Política Exterior de aquí a 2028 afirma que “las relaciones bilaterales con Marruecos se encuentran en su mejor momento”. El pasado febrero, el PSOE fue el único partido que votó en contra de la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar, socio en el Gobierno de coalición, para facilitar conceder la nacionalidad a los nacidos durante el periodo de administración española del Sáhara Occidental.

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El principal objetivo de esta comisión es sistematizar la información existente, fragmentada y dispersa, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, consultando archivos y recabando testimonios para contribuir, entre otros asuntos, a la elaboración de un censo oficial y estatal de víctimas, como también prevé la ley en su artículo 9. Contará con diez miembros, “historiadores, especialistas del mundo académico y expertos en derechos humanos de reconocido prestigio”, según avanza el secretario de Estado de Memoria Democrática. Propondrán un plan ordenado de investigaciones y elaborarán un informe de conclusiones que sirva “para la reparación de las víctimas y para evitar a que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro”. Ese es el objetivo de las distintas comisiones de la verdad que se han celebrado en el mundo, en aquellos países, como España, con un pasado traumático.

Martínez ha avanzado el plan para constituir el Consejo de Memoria Democrática durante unas jornadas celebradas este lunes en el Congreso de los Diputados con motivo del día internacional del Derecho a la Verdad y organizadas por la Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo. En el acto han participado asociaciones memorialistas de distintos territorios, representantes de los grupos parlamentarios del PSOE, Sumar y ERC y la fiscal de sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado. Durante el turno de los diputados, Enrique de Santiago, de Sumar, partido integrado en el Gobierno de coalición, ha criticado el plan de resignificación del Valle de Cuelgamuros pactado entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la Santa Sede y por el que la comunidad benedictina podrá permanecer finalmente en el lugar. “Sabemos que los equilibrios son muy complicados, pero no parece que esa secta vaya a cambiar su orientación porque cambien al prior. No estamos contentos con el proceso de resignificación”, zanjó. El portavoz de memoria del grupo socialista en el Congreso, Raúl Díaz Marín, apuntó —advirtiendo que se metía “en un jardín”— que podía “compartir” con De Santiago la necesidad de “desacralizar” el Valle —lo que no está previsto en el acuerdo—, si bien destacó la importancia del concurso de ideas para dar una mirada democrática al conjunto, con un museo o centro de interpretación que sirva para explicar la Guerra Civil y la dictadura a las nuevas generaciones. Con eso, auguró, a los “fascistas que suben allí” se les quitarán las ganas de visitarlo.

El acceso a la Justicia

Por su parte, la fiscal de sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, expuso las herramientas de las que disponen y las dificultades a las que se enfrentan para abrir la puerta de la Justicia a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Aseguró que la ley de 2022 supuso un “cambio de paradigma” porque, al contrario que la norma anterior, de 2007, dedica dos artículos específicos a la Justicia: el 28 y el 29. El 28 estableció la figura del fiscal de sala para la “investigación” de las violaciones de derechos humanos en ese periodo e impulsar la búsqueda de desaparecidos. El 29 hace referencia por primera vez al “derecho a la investigación” que el Estado debe “garantizar” a las víctimas mediante “la tutela judicial en los procedimientos encaminados a la obtención de una declaración judicial” sobre dichos crímenes y promoviendo “inscripciones en el Registro Civil de las defunciones de las personas desaparecidas como consecuencia de la guerra y la represión ejercida en la dictadura posterior”.

“Podría haberse hecho antes”, lamentó Delgado, “con una adecuada interpretación de la Constitución española, que en su artículo 10.2 ya dice que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Dichos tratados y convenios internacionales suscritos por España y, por tanto, publicados en el BOE, establecen, como han recordado relatores de Naciones Unidas en numerosas ocasiones, una serie de obligaciones para el Estado, entre otras, destacó la fiscal, “la de garantizar el derecho a conocer la verdad, a la búsqueda de los desaparecidos y a investigar los crímenes y graves violaciones de derechos humanos: torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, represión de las ideas...”. Esa interpretación de la Constitución no llegó a materializarse y surgieron otros obstáculos. “En el ámbito penal”, recordó Delgado, “solo hubo un juicio, precisamente contra el juez que pretendía investigar crímenes franquismo [en alusión a Baltasar Garzón] y la sentencia por la que fue absuelto era una advertencia de que no se podía investigar. También nos estamos encontrando dificultades en los órganos judiciales que archivan querellas con el argumento de que no pueden iniciar un procedimiento penal si no hay victimarios [porque ya han muerto], porque los hechos han prescrito o porque se les aplica la ley de amnistía de 1977″. “Pero esta Fiscalía”, añadió, “no comparte que esos hechos no se puedan investigar porque conforme a los tratados internacionales, las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, una verdad judicial, independientemente de que podamos o no sentar al victimario en un banquillo. Tenemos a 45 fiscales delegados en todo el territorio que están muy cerca de las fosas y cuando aparecen en una de ellas restos cadavéricos con signos de muerte violenta deben ir a levantar esos cadáveres como en cualquier otro caso. La ley de memoria democrática”, advirtió, “es para todo el Estado español y las leyes autonómicas [en alusión a las pactadas por PP y Vox] no pueden ir en contra de la ley estatal”.

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El monumento del holocausto (Berlín)

La cronología desde que se empieza a hablar del monumento (1989) hasta que se inaugura (2005) da cuenta de las enormes dificultades que atravesó el proceso. Fue una periodista alemana, Lea Rosch, la que puso en marcha la iniciativa. En 1993, el Gobierno alemán, presidido por Helmut Kohl, apoyó la idea. En 1994, el Departamento de Construcción y Vivienda del Senado de Berlín lanzó un concurso de ideas, similar al que ha anunciado el Gobierno para resignificar el Valle de Cuelgamuros. Se invitó a 12 artistas a presentar un proyecto con una dotación de 25.000 euros a cada uno y posteriormente, hasta la primavera de 1995, recibieron 528 trabajos en total. Un jurado integrado por artistas, arquitectos, paisajistas, historiadores y políticos debía elegir la propuesta ganadora, pero les costó ponerse de acuerdo. Descartaron ideas que luego volvieron a recuperar a petición de algunos de los miembros del jurado y finalmente se decantaron por dos propuestas, pero ninguna de ellas gustó a Kohl. En ese momento, según recuerda la web del monumento, el proyecto entró “en una seria crisis”. En 1996 se decidió lanzar un nuevo concurso invitando a otros 25 arquitectos y escultores de renombre. Se organizaron tres coloquios para que expertos internacionales debatieran sobre el tipo de monumento y la mejor ubicación, lo que también provocó “grandes controversias”, según recuerda el apartado sobre la historia de este espacio. En esta segunda ronda del concurso, un jurado más reducido, de cinco miembros, se decantó por cuatro propuestas a finales de 1997. La opción favorita era un diseño conjunto del escultor Richard Serra —que luego se bajó del proyecto— y el arquitecto estadounidense de origen judío Peter Eisenman. En 1998, un grupo de intelectuales alemanes, entre ellos Günter Grass, escribió una carta al canciller oponiéndose al plan porque no les gustaba ni el emplazamiento ni las dimensiones que se barajaban. Ante el revuelo, Kohl decidió posponerlo hasta después de las elecciones. Finalmente, en junio de 1999, tras cuatro horas de debate y varias rondas de votación, los diputados votaron a favor del proyecto de Eisenman, al que hicieron introducir algunas modificaciones, fundamentalmente, incluir un museo o punto de información subterráneo bajo las 2.711 estelas de cemento de diversas alturas que ocuparían 19.000 metros cuadrados (el equivalente a dos campos de fútbol) en pleno centro de Berlín.

En la primavera de 2003 empezaron por fin las obras, pero surgió una nueva polémica cuando se descubrió que la empresa Degussa, proveedora de un líquido para tratar las estelas y evitar las pintadas, había estado implicada en la producción del gas con que se ejecutaba a las víctimas en los campos de exterminio nazis. Contratar a otra nueva empresa y deshacer el trabajo ya hecho suponía 2,3 millones de euros adicionales (el presupuesto total ascendió a casi 28 millones que pagó el Gobierno alemán) y decidieron continuar con Degussa. El monumento se inauguró en mayo de 2005, es decir, 12 años después de que Kohl accediera a la iniciativa ciudadana. Y las dudas llegaron hasta el mismo día de la inauguración. El presidente de la Comunidad Judía Alemana, Paul Spiegel, criticó en su discurso que la obra no planteaba el porqué del Holocausto y mencionaba a las víctimas, pero no aludía a los culpables. Sabina van der Linden, de 75 años, única superviviente de su familia, declaró, entusiasmada: “Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado este día extraordinario. Aquí, en este mismo lugar, tras muchos años de controversias, disputas públicas y debates, y tras la Resolución del Bundestag, la visión de Lea Rosh y de quienes la rodeaban se ha hecho realidad. Y hoy me encuentro ante ustedes en la inauguración de este magnífico Monumento a los Judíos Asesinados de Europa y les doy las gracias”.

Memorial a las víctimas de la violencia en Chapultepec, Ciudad de México

En abril de 2013 fue inaugurado, rodeado de polémica, este memorial dedicado a las víctimas de la violencia. Lo había promovido el presidente Felipe Calderón, pero no acudió a su inauguración. La obra se realizó sobre un terreno que usaba el ejército, denunciado en numerosas ocasiones en el país por violaciones de los derechos humanos, lo que desagradó a algunos familiares de los asesinados. Cuando se difundieron las primeras imágenes del proyecto (una sucesión de grandes láminas de acero con espejos), Movimiento por la Paz, la asociación de víctimas más notoria de México, anunció en rueda de prensa que se oponía al plan. Sentían que Calderón les había traicionado porque cuando empezaron a hablar del monumento, en junio de 2011, la idea era organizar encuentros entre artistas y familiares de los asesinados, no simplemente encargar un memorial, y se quejaban de que ni siquiera se había trabajado en un registro oficial de víctimas. El arquitecto catalán Miquel Adrià, que había colaborado con la asociación cuando empezaron a hablar del monumento, antes de desligarse del plan de Calderón, explicó en agosto de 2012 a EL PAÍS: “Un memorial solo tiene valor en la medida en que tiene significado”. El concurso lo ganaron finalmente los arquitectos Julio Gaeta y Luby Springall. El memorial abarca unos 15.000 metros cuadrados y en algunas de las láminas de acero hay citas sobre la violencia de autores anónimos o muy conocidos, como Octavio Paz: “Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Al que se fue por unas horas y nadie sabe en qué silencio entró”.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile

“No podemos cambiar nuestro pasado. Sólo nos queda aprender de lo vivido. Esta es nuestra responsabilidad y nuestro desafío”, declaró la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cuando el 11 de enero de 2010 inauguró en la capital el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. La propia Bachelet y su madre habían pasado por centros de detención, y su padre, general, murió en la cárcel tras ser torturado por sus compañeros. El centro fue una recomendación de las dos comisiones de la verdad que se constituyeron en Chile tras la recuperación de la democracia y además del recuerdo, buscaba instruir a las nuevas generaciones sobre el pasado traumático del país. El museo ocupa 5.500 metros cuadrados e incluye un mural con 1.200 imágenes de ejecutados y desaparecidos, la reproducción de una sala de tortura o un mapa que identifica con luces los más de 1.000 centros de detención que hubo en todo Chile. Criticar el centro le costó al historiador Ricardo Rojas en 2018 el puesto de ministro de Cultura. Apenas duró cuatro días en el cargo después de que se descubriera que se había referido al museo en estos términos: “Se trata de un montaje cuyo propósito, que sin duda logra, es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar (...) Es un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional”.

Monumento por la Paz y la Justicia en Montgomery (Alabama)

En abril de 2018 fue inaugurado en Montgomery (Alabama) el primer memorial de la campaña de terror que ejecutó a más de 4.400 negros en los siglos XIX y XX. En este caso, el proyecto había partido, en 2015, de la organización sin ánimo de lucro Equal Justice Initiative con el propósito de “animar a todo el país a conocer la verdad sobre la injusticia racial”. El conjunto abarca un museo que recorre 400 años de historia de esclavitud y persecución y un memorial con los nombres de las víctimas grabados en más de 800 placas de acero (una por cada condado donde tuvo lugar un linchamiento racial) y repartidas en casi 24.300 metros cuadrados. La obra se inspiró en el monumento al holocausto de Berlín y en el museo del apartheid en Johannesburgo. Del diseño se encargó otra organización sin ánimo de lucro, MASS Design Group, que desarrolla este tipo de proyectos en países con un pasado traumático. Tuvo un presupuesto de 18,5 millones de euros.

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá

Durante años, diversos organismos y ONG promovieron la creación de un espacio de memoria para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia. En 2003, en pleno conflicto armado, empezó a gestarse el que sería el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, inaugurado finalmente en diciembre de 2012. El Ayuntamiento de la ciudad había asumido el proyecto en 2008. Se ubicó sobre un antiguo cementerio y 2.012 personas, familiares de desaparecidos, asesinados, secuestrados o víctimas de violencia sexual llevaron como símbolo puñados de tierra de cada rincón del país que se integraron con la tierra del antiguo camposanto, de 1827. Durante cuatro años, organizaciones de víctimas, académicos, artistas, gestores culturales, docentes dialogaron sobre el proyecto. Se pidió a la Sociedad Colombiana de Arquitectos que organizara un concurso para elegir el mejor diseño arquitectónico y entre 41 propuestas, se eligió la del arquitecto Juan Pablo Ortiz.

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Sin embargo, en la última entrevista del Papa con el presidente Pedro Sánchez, el pasado octubre, lo que se transmitió desde La Moncloa fue que estaban trabajando para resolver dos cuestiones: que la Iglesia española afrontara las indemnizaciones por pederastia, y el desalojo de los benedictinos de Cuelgamuros para cumplir con lo previsto en la ley de memoria democrática. Finalmente, los monjes se quedan y preguntados este jueves por si habían logrado desatascar el pago de las indemnizaciones, fuentes del Ministerio de Presidencia se limitaron a decir que esas negociaciones “van por un cauce diferente y no tienen que ver con el acuerdo sobre Cuelgamuros”. Los obispos llevan meses advirtiendo de que no colaborarán aportando dinero y que seguirán “reparando” a los afectados a través de sus procesos internos. Más de un centenar de víctimas que han acudido a estos procesos eclesiales niegan que la Iglesia lo esté haciendo. Testimonios recogidos por este diario señalan a siete monjes de la Comunidad benedictina en Cuelgamuros hasta los años setenta por abusar sexualmente de ellos cuando eran niños.

Un decreto franquista creó en 1957 la llamada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para “rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres sobre la base de la justicia social cristiana”. La comunidad benedictina asumió esas tareas por un convenio suscrito en mayo de 1958. La ley de memoria democrática (2022) declaró “extinguida” dicha fundación “por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. La extinción, según el texto, dependía de un real decreto que aún no se ha aprobado. Ya antes de la ley, en 2020, la entonces vicepresidenta primera y responsable de Memoria Democrática, declaró que la presencia de los benedictinos en Cuelgamuros era “incompatible” con los planes para resignificar el monumento. Diferentes miembros del Gobierno a lo largo de los últimos cinco años manifestaron que se habían “ganado a pulso” su expulsión del Valle. El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, respondía así el pasado mayo a EL PAÍS:

—¿Hay alguna posibilidad de que los benedictinos se queden en Cuelgamuros?

—Queremos que se vayan. Estamos hablando con ellos y con las autoridades eclesiásticas. Debe ser un centro laico que sirva para explicar la guerra y lo que vino después. No cabe que se queden.

—¿Cómo se lo han tomado?

—No quieren irse, hay cierta resistencia, pero también la hubo para exhumar los restos de Francisco Franco y al final la justicia lo avaló.

Torres abundó en ello unos meses después en el Senado: “En relación con la resignificación de Cuelgamuros, los monjes benedictinos, porque así lo mandata la Ley de Memoria Democrática, no pueden estar en ese emplazamiento. Y así lo haremos, porque también es fruto de la propia Constitución. Los tiempos de identificación del Estado con una determinada confesión han quedado superados. Es más, soy un convencido de que la posición de la Iglesia católica respecto del Estado y de la sociedad se verá reforzada con la cooperación para reubicar a los monjes benedictinos, por el mismo razonamiento conforme al cual la sociedad no valoraría esto de manera positiva si se pusieran trabas al proceso”.

Este periódico ha asistido a misas en el Valle de Cuelgamuros en las que se pedía a los asistentes rezar “por la unidad de España” y contra “la apostasía generalizada, la ley del aborto, la legislación de género y el matrimonio homosexual”. Santiago Cantera, el prior que estuvo a punto de ser detenido el día de la exhumación de los restos de Franco, a la que se opuso en todo momento, acaba de ser relevado y espera nuevo destino. Según fuentes de la conferencia episcopal había agotado su mandato de tres trienios y por tanto, no podía renovar. La regla de San Benito, por la que se rige la comunidad, no especifica esa práctica. Cantera llevaba en el puesto desde septiembre de 2014. Los benedictinos se dividieron en la votación tras la renuncia del anterior abad, Anselmo Álvarez, que llevaba una década en el puesto, así que finalmente lo nombraron prior administrador, un rango inferior. La regla de san benito sí dice, sobre los priores: “Muchas veces sucede que por la elección del prior nacen graves escándalos en los monasterios, por haber algunos poseídos del maligno espíritu de soberbia”. En su juventud, Cantera fue candidato dos veces, en elecciones generales y europeas, por una rama de Falange Española.

Anselmo Álvarez, su predecesor al frente de la abadía, redactó un informe en el que aseguraba que “ninguno” de los presos que trabajaron en la construcción del monumento lo hizo de manera forzada. Su primer 20-N, aniversario de la muerte del dictador, como abad en el monasterio, en 2004, dijo: “La memoria de los caídos reúne ante este altar a muchos que queréis venir a orar para que el sacrificio de unos y otros haya servido a la salvación de España”. En aquella y otras homilías ya deslizó opiniones políticas, llamando a ignorar la ley -”Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres”- y augurando un cambio de Gobierno: “Más pronto o más tarde, en la sociedad española se levantará un clamor incontenible en demanda de reparación por los infinitos daños morales causados en la familia y en la sociedad, en el orden moral y social, en el honor y en el espíritu de los españoles”. En 2007, abundaba en la nostalgia: “Lo que nos han traído los tiempos inmediatamente pasados no ha sido sólo unos cambios en el régimen de gobierno de nuestra sociedad, sino la amenaza de la quiebra histórica y espiritual de nuestra nación”. Esos son los perfiles y las declaraciones de los responsables de la comunidad benedictina del Valle en los últimos 20 años.

El Gobierno afirma que el plan para resignificar el monumento afectará a parte de la basílica, que contará con una puerta independiente para quien desee visitar el complejo, no acudir a misa, y pasear ante las criptas donde yacen enterradas más de 33.800 personas, el equivalente a la ciudad de Teruel. La archidiócesis de Madrid ha asegurado en un comunicado que “lo único definitivamente acordado ha sido la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la Basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma”. “Cualquier otro aspecto relacionado con la resignificación”, añaden, “es competencia exclusiva de la Santa Sede y el Gobierno, que son las partes que han llevado a cabo las negociaciones. En relación con las intervenciones dentro del templo, se estudiarán respetando los criterios litúrgicos y el fin para el que ha sido erigida la Basílica”.

No es la primera vez que el PSOE cede ante la Iglesia. ”No somos anticlericales, pero sí laicos. Derogaremos los acuerdos de la Santa Sede”, prometía Pedro Sánchez en 2014. La revisión de dichos acuerdos aparece y desaparece de los programas electorales socialistas. En el de las generales de 2016, figura el compromiso de “denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede” y “actualizar en la Constitución el principio de laicidad según la interpretación del Tribunal Constitucional y suprimir la referencia a la Iglesia Católica”. La resolución política del último congreso del PSOE, de diciembre del año pasado, reza: “Nuestra voluntad es culminar un sistema educativo laico con la religión fuera del horario escolar cuando se revise y derogue el acuerdo sobre asuntos educativos y culturales suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede”. Algo similar ha sucedido con la bula fiscal de la Iglesia. El Gobierno acordó en 2023 con la Conferencia Episcopal el fin de las exenciones que afectaban al gravamen sobre construcciones, instalaciones y obras y al impuesto por contribuciones especiales, pero la Iglesia sigue sin pagar el IBI por los inmuebles que le generan beneficios y otros impuestos. También fue un Ejecutivo socialista el que, lejos de promover la “autofinanciación” de la Iglesia que promete en sus programas, hizo que los españoles pagaran en 2007 un 34% más a la organización católica. Hasta esa fecha, ningún otro gobierno, tampoco los de José María Aznar, había dado tanto dinero a los obispos, pese a las promesas hechas por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega - “Hemos llegado a un punto donde las aportaciones del Estado a la Iglesia católica, que han ido a más cada año, tendrán que ir a menos”, decía en 2005- o por el ministro Jesús Caldera -“Que el Estado financie a esta confesión religiosa tendrá que acabarse algún día”-.

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Tras la última reunión del Papa con Pedro Sánchez, el pasado octubre, lo que se transmitió desde La Moncloa fue que estaban trabajando para resolver dos cuestiones: que la Iglesia española afrontara las indemnizaciones por pederastia y el desalojo de los benedictinos de Cuelgamuros como parte del proceso de resignificación que prevé la ley de memoria democrática para el complejo. Finalmente, los monjes se quedan y preguntados por si la contrapartida para esa cesión por parte del Ejecutivo era que la Iglesia aceptara esos actos de reparación a las víctimas de abusos, fuentes del Gobierno aseguran que esas negociaciones “van por un cauce diferente y no tienen que ver con el acuerdo sobre Cuelgamuros”.

Los obispos llevan meses advirtiendo de que no colaborarán aportando dinero y que seguirán “reparando” a los afectados a través de sus procesos internos. Más de un centenar de víctimas que han acudido a estos procesos eclesiales niegan que la Iglesia les esté reparando. Testimonios recogidos por este diario señalan a siete monjes de la Comunidad benedictina en Cuelgamuros hasta los años setenta por abusar sexualmente de ellos cuando eran niños.

La negociación ha corrido a cargo de Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, que es quien lleva las relaciones con la Iglesia. Fuentes de dicho Ministerio subrayan, tras el cambio de criterio, que han sido relevados los “elementos” profranquistas en la comunidad, en alusión al prior Santiago Cantera, que en su juventud fue candidato de Falange en dos procesos electorales y el día de la exhumación de los restos de Franco, a la que se opuso hasta el final, estuvo a punto de ser detenido. En todo caso, el Gobierno había mantenido hasta ahora que la presencia de “la comunidad benedictina” en el monumento era “incompatible” con su resignificación.

Una vez firmado ese acuerdo con la Iglesia, el Gobierno lanzará en los próximos días un concurso internacional de ideas para remodelar el Valle de Cuelgamuros, que incluirá un museo de la memoria o centro de interpretación en su explanada. Fuentes del Ejecutivo aseguran que “la resignificación continuará en la basílica”. La archidiócesis de Madrid ha asegurado en un comunicado que “lo único definitivamente acordado ha sido la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la Basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma”. “Cualquier otro aspecto relacionado con la resignificación”, añaden, “es competencia exclusiva de la Santa Sede y el Gobierno, que son las partes que han llevado a cabo las negociaciones. En relación con las intervenciones dentro del templo, se estudiarán respetando los criterios litúrgicos y el fin para el que ha sido erigida la Basílica”.

La iglesia también formará parte del jurado

El proyecto cuenta con un presupuesto de 30,5 millones de euros, de los cuales 26 corresponderán a las obras (a cargo del presupuesto del Ministerio de Hacienda) y el resto, al concurso y honorarios, a razón de 60.500 euros para cada uno de los 10 trabajos seleccionados en la primera fase y otros 60.500 para el ganador. Será un “jurado independiente”, según fuentes del Ministerio de Vivienda, que asumirá los costes derivados del concurso, el que elija la idea vencedora. Tendrá nueve miembros, entre representantes de distintos ministerios, profesionales del Colegio de Arquitectos y un miembro de la Iglesia. Respecto a los plazos, el Gobierno tiene previsto iniciar las obras a finales de 2026. Cualquier retraso o anticipo electoral podría dar al traste con el proyecto, como ya ocurrió cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero presentó, ya en funciones, en noviembre de 2011, el informe del comité de expertos que proponía el traslado de los restos de Franco fuera del Valle de los Caídos. Mariano Rajoy, entonces presidente del PP y ganador de las elecciones, lo metió en un cajón. Los socialistas tuvieron que esperar ocho años, hasta octubre de 2019, para trasladar, ya en La Moncloa, la tumba del dictador al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.

La exhumación de Franco fue el primer hito del proceso de resignificación del Valle. Le siguió el traslado, en abril de 2023, de los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera; el cambio de denominación del complejo (”de los Caídos” a “de Cuelgamuros”) y, desde junio de 2023, los trabajos forenses en el interior de las criptas para atender más de 160 peticiones de familiares que desean recuperar los restos de sus seres queridos allí enterrados y que en su mayoría fueron trasladados al mausoleo sin su conocimiento tras ser extraídos los cuerpos de fosas comunes durante la dictadura franquista. Quedaban pendientes dos hitos en ese proceso: la expulsión de la comunidad benedictina y el concurso internacional de ideas para convertir el mausoleo en un centro de interpretación. El Gobierno ha renunciado al primero porque asegura que “no había alternativa” para poder llevar a cabo el segundo con la oposición de la Iglesia. Pese a todo, afirman estar “muy satisfechos” con el acuerdo.

El pliego de condiciones del concurso de ideas incluye tres elementos: la explicación de cómo se construyó el monumento, con buena parte de mano de obra presa; la descripción del momento en el que se levantó, en plena dictadura franquista y con qué fines —inicialmente solo iba a albergar a víctimas del bando nacional, los “caídos por Dios y por España”, pero muchas familias se echaron para atrás ante la demora en la construcción—; y su significado, esto es, la simbiosis en edificio de religión y política, el nacionalcatolicismo. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señalan que esperan que se presenten “equipos multidisciplinares”, en los que haya arquitectos, artistas, paisajistas e historiadores, y admiten que encontrar la forma de aportar “una mirada democrática” al conjunto “no va a ser sencillo”. También esperan recibir ideas “de gran impacto” y se han fijado en otros espacios como el Monumento al Holocausto en Berlín; el Monumento por la Paz y la Justicia en Montgomery, Alabama; el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá; el Memorial a las víctimas de la violencia en Chapultepec, Ciudad de México o el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile.

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La sentencia, fechada el pasado jueves y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, recuerda que, en septiembre de 2023, el juzgado contencioso administrativo número 10 de Madrid, estimando los recursos presentados por estos grupos profranquistas, decidió revocar la decisión del pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (donde se ubica el monumento) que concedía la licencia urbanística para intervenir en las criptas del mausoleo. Un centenar de familias reclaman hace años poder recuperar los restos, que habían sido trasladados al Valle de Cuelgamuros a finales de los años cincuenta sin su consentimiento. Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento recurrieron dicha sentencia y los grupos profranquistas se opusieron, a su vez, al recurso de apelación del organismo dependiente del Gobierno, pidiendo que fuera desestimado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende ahora que la concesión de dicha licencia urbanística “cumple sobradamente con los requisitos normativamente exigidos”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado la sentencia: “El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla en contra de quienes desde el principio han intentado paralizar estos trabajos: Fundación Francisco Franco y organizaciones de extrema derecha. Gran noticia para los familiares de víctimas, para la reparación y para la Memoria Democrática”.

Por otro lado, el Gobierno ha pactado con El Vaticano la resignificación del Valle de Cuelgamuros, donde actualmente viven miembros de la comunidad benedictina. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reunió el pasado 25 de febrero en Roma, según ha adelantado Eldiario.es, con el secretario de Estado Parolin para tratar de avanzar en las negociaciones con la Iglesia. El Ejecutivo ha convocado un concurso internacional de ideas para resignificar el monumento, pero la basílica finalmente no será desacralizada y los benedictinos continuarán en el Valle, pese a que el Gobierno había dicho hasta ahora que su presencia allí era incompatible con la democratización y remodelación del edificio. El prior, Santiago Cantera, acaba de ser relevado de su puesto. En 1993, se presentó a las elecciones generales y europeas por una rama de Falange Española, y en 2019, estuvo a punto de ser detenido durante la exhumación de los restos de Franco, que fueron trasladados del mausoleo al cementerio de Mingorrubio.

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La plataforma se presentará oficialmente en Madrid y Valencia el próximo 1 de abril, fecha en la que, en 1939, Franco ganó la Guerra Civil española. Sus promotores se proponen combatir “las mentiras contra el Caudillo” que, según el manifiesto, “ha sido objeto de las más brutales acusaciones falsas”, pero se estrenan con una colección de falsedades sobre el dictador, como que trajo a España “una próspera y prolongada paz”. El manifiesto critica así la legislación en materia de memoria: “Una ley hecha para localizar, señalar, amordazar y condenar a la muerte, de momento civil, a todos los patriotas españoles” y presenta a Franco como “un soldado heroico”; “un cristiano ejemplar”, “la espada más limpia de Europa”, “un hombre bueno que murió perdonando” y el artífice de la “verdadera reconciliación” con la construcción del Valle de los Caídos y que guardó “silencio sobre las brutalidades del PSOE, y de todo el Frente Popular, en la retaguardia roja”.

Franco trajo una dictadura. La ley de memoria democrática no busca perseguir a los verdugos, sino reparar a sus víctimas, muchas de ellas, enterradas todavía en fosas comunes. El “cristiano ejemplar” sí firmó muchas penas de muerte y lo hizo hasta el final de sus días —hasta septiembre de 1975, dos meses antes de su fallecimiento—. Ese supuesto “silencio” generoso del Régimen sobre las “brutalidades” cometidas en el bando republicano tampoco existió. Lo que sí hubo fue una Causa General que juzgó algunos crímenes y otros muchos que no habían sido, condenando a inocentes por el delito que sí habían perpetrado los franquistas: “adhesión a la rebelión”. En cuanto a la supuesta reconciliación en el Valle de Cuelgamuros, Franco ideó el monumento para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil y la idea inicial era que el mausoleo albergase solo a víctimas del bando nacional, pero la demora en su construcción hizo que muchas de estas familias rechazasen el traslado de los restos, por lo que el Régimen decidió robar los cadáveres de republicanos enterrados en fosas comunes sin comunicárselo a sus familias. De hecho, un grupo de forenses trabaja actualmente en las criptas para tratar de devolver a estas familias los restos de sus seres queridos. El pueblo de Magallón (Zaragoza) acaba de celebrar el tercer entierro de 17 fusilados que fueron trasladados al mausoleo en 1959 en dos cajas.

El manifiesto critica a la Iglesia que, de acuerdo a los promotores de la Plataforma 2025, hoy “niega gratitud” a Franco por impulsar “la cruzada”, en alusión a la Guerra Civil. También arremete contra la Monarquía por su falta de “lealtad” hacia el dictador. En 2020, casi 80 mandos retirados del Ejército ya enviaron una carta al Rey para alertarle de lo que, a su juicio, era la “descomposición de la nación”, esto es, el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. En su discurso de la Pascua Militar de 2021, sin aludir expresamente a los que le habían enviado cartas o habían realizado comentarios golpistas en un chat, Felipe VI recordó a los militares los deberes que marca la Constitución.

El texto de la Plataforma 2025 asegura que España “se ha convertido en un parque temático para turistas descontrolados y para jubilados” y critica a “los poderes políticos y mediáticos que se lanzan contra Franco” : “Odian su obra porque odian a España”. Este martes, el Congreso dio un paso más para la disolución de asociaciones franquistas de este tipo, al aprobar la comisión constitucional, solo con el voto en contra de Vox, la modificación de la ley de asociaciones para introducir como causa de disolución la apología de la Guerra Civil o la dictadura con menosprecio a sus víctimas. La decisión final, en todo caso, dependerá de un juez.

Mientras, el Gobierno trabaja en informes para abrir el expediente de disolución de la Fundación Franco, en cumplimiento de la ley de memoria democrática, aunque la última palabra también la tendrán los jueces. Su presidente, Juan Chicharro, pronunció el pasado 16 de febrero un discurso público en un acto organizado por la organización ultra Luz de Trento en el que hacía apología del golpe de Estado de 1936. “Estamos orgullosos de nuestra historia recordando a aquellos valientes soldados que se levantaron en armas (...) y de aquellos falangistas que con arma al brazo, y en el cielo las estrellas, lucharon y dieron su vida por la Patria (...) y aquellos requetés quienes con su boina roja regaron España con su sangre al grito de Viva Cristo Rey”. En una entrevista en este diario en el año 2020, Chicharro aseguró que la fundación contaba con cerca de 1.500 socios y “benefactores”, que les dejaban sus bienes en herencia.

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Durante el debate, tanto el PP, como UPN y Vox han rechazado la ley de memoria democrática ―de la que deriva el compromiso de modificar la ley de asociaciones― y han criticado que no se incluya en la reforma la apología del terrorismo. “Es repugnante”, ha llegado a decir el diputado Alberto Catalán. “¿Por qué solo la apología del franquismo y no la de ETA?”, ha insistido durante su intervención María Jesús Moro Alcaraz, del grupo parlamentario popular. En realidad, como les ha recordado el diputado de Sumar Nahuel González, “ya existe en el ordenamiento jurídico la condena por apología del terrorismo, que se ha aplicado y se aplica”.

Carlos Flores Juberías, de Vox, tachó la medida de “limitación inaceptable” de los derechos de asociación, expresión y libertad ideológica para tratar de disolver a aquellas asociaciones que muestren “simpatía hacia ciertos personajes del pasado”. El diputado de la extrema derecha afirmó que conoce a asociaciones que realizan “actividades más o menos susceptibles de apología del franquismo”, pero a su juicio, ninguna de ellas lo hace “con menosprecio a las víctimas o incitando al odio contra ellas”.

El socialista Artemi Rallo presentó la modificación legal como una “exigencia ineludible para los represaliados, para hacer pedagogía social y como moral colectiva frente al blanqueamiento del franquismo por parte de la extrema derecha”. “La democracia”, añadió, replicando a Vox, “sí debe militar contra sus enemigos y defenderse de ellos. La apología del franquismo no puede ampararse ni en la libertad de expresión, ni en la de asociación, ni en la ideológica, y la Constitución no les va a servir como burladero”. Rallo también lamentó que el PP, que se abstuvo en la votación, perdiese “la oportunidad de estar en el lado decente de la historia”.

Mientras, el Gobierno trabaja desde junio del año pasado en los informes para promover la ilegalización de la Fundación Franco en cumplimiento de la disposición adicional quinta de la ley de memoria democrática (2022), que establece como causa de extinción perseguir fines contrarios al interés general, entre los que se incluye la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra ellas.

Recurso ante el Tribunal Constitucional

Por otro lado, como había anunciado, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la modificación legal impulsada por el Gobierno madrileño el pasado diciembre para tratar de impedir la declaración de la Real Casa de Correos de Madrid, sede de la Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquista, como lugar de memoria. “Fue un centro de represión, de torturas e incluso de muerte”, ha recordado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La modificación legal del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trató de “blindar” el edificio bajo unos preceptos que, según el ministro, “son inconstitucionales”. “Leyes autonómicas”, ha añadido, “no pueden ir en contra de una ley superior”.

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“La Comunidad Valenciana es un estandarte, cuna de pesos pesados y nos ha hecho ganar muchas elecciones”, afirma un exdirigente popular, “pero nos ha pasado de todo allí. La etapa de los escándalos de corrupción fue muy dura, pero creo que lo de ahora es mucho peor”. Isabel Bonig, la predecesora de Mazón al frente del partido en la región, recuerda: “Todo el mundo quería venir al PP valenciano porque era una fiesta. Gobernamos la comunidad durante 20 años y el Ayuntamiento de la capital, 24. Es el símbolo de las plazas de toros llenas, de las mayorías absolutas, con una implantación territorial muy fuerte. A veces pensabas: ‘¿cómo hemos podido ganar con este candidato o candidata?’ Y era porque detrás había una maquinaria muy fuerte. A mí me tocó bregar con los escándalos, pero creo que lo de Mazón es mucho peor que aquello porque aquí hay muertos, la gente ha sufrido mucho y está desengañada, se siente abandonada y eso es muy difícil de remontar electoralmente”.

La Comunidad Valenciana aportó 33 escaños al Congreso en las elecciones de julio de 2023. Es uno de los principales caladeros de votos del PP a nivel nacional, pero los resultados de las generales reflejan también los efectos de esa actividad sísmica en torno al partido en la región. En 1996, año de la primera victoria de José María Aznar, los valencianos otorgaron a las siglas 15 diputados ―la ventaja total que obtuvo el entonces presidente del PP sobre el socialista Felipe González― con 1,13 millones de votos (el 43,7%). En el año 2000 subieron a 1,26 millones de papeletas y 19 escaños; en 2008, obtuvieron casi el 52% de los sufragios (1,4 millones) y 19 asientos en la Cámara; en 2015 bajaron a 11 y en abril de 2019, a 7, con menos de 500.000 votos. Fue en Valencia donde el PP llegó a plantearse, en 2016, cambiar de nombre. “Pido a los militantes que están hartos”, declaró entonces Bonig, “que den un paso adelante para construir un nuevo partido desde la honradez”. Las siglas estaban ligadas a una catarata de escándalos de corrupción y la “refundación” debía ser, a su juicio, total. “Llegamos a barajarlo”, explica hoy, “porque la sensación era que había que empezar de cero. Habíamos perdido los gobiernos, prácticamente nadie quería recibirnos, el partido, tan acostumbrado a ganar, estaba absolutamente desmoralizado... Barajamos lo del cambio de nombre y planteamos las primarias, la limitación de mandatos... “.

“Todos los concejales del PP de Valencia”, recuerda un exdirigente popular, “llegaron a estar imputados”. Los escándalos se reproducían a nivel municipal, provincial y autonómico. Tres de los cuatro presidentes de la Generalitat que ha tenido el partido, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps, fueron procesados. El primero, que llegó a ser ministro en los Gobiernos de Aznar, fue condenado el pasado octubre a 10 años de cárcel por los delitos de cohecho, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales en el caso Erial, sobre la trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) a cambio de sobornos entre 1997 y 2000. Olivas resultó absuelto por el mismo caso, pero fue condenado a un año y medio de prisión por emitir una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por un trabajo que nunca realizó. La Audiencia Nacional absolvió a Camps el pasado mayo en un juicio del caso Gürtel en el que sí fueron condenados los principales cabecillas de la trama (entre ellos, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes). Los jueces dieron por probado el amaño de adjudicaciones de la administración autonómica durante la presidencia de Camps, pero consideraron que los indicios recabados contra él no eran suficientes. Los tribunales también condenaron por corrupción a buena parte de su equipo, entre otros, su secretario general, Ricardo Costa; su vicepresidente Víctor Campos —otro de sus vicepresidentes, Juan Cotino, murió en pleno juicio contra él—; su gerente regional, Cristina Ibáñez; su secretario general del grupo parlamentario, David Serra; su tesorera, Yolanda García; su consejera y presidenta de la Cámara autonómica, Milagrosa Martínez; su conseller Rafael Blasco; y su director en la Radio Televisión Valenciana, Pedro García Gimeno. En 2012, Camps también salió absuelto en otro juicio por cohecho en el llamado caso de los trajes. Un jurado de nueve le consideró “no culpable” por 5 a 4.

Camps intenta desde hace años volver a la primera línea de la política. “Escribe a todo el mundo, manda mensajes a través de terceros, hace saber que Vox le ofreció ser candidato a la alcaldía de Valencia; que estuvo cerca de crear un partido independiente...”, relata un exdirigente popular que no descarta su regreso, “pero no en el puesto que él quiere, sino como senador”. El expresident fue decisivo en otro momento clave de la historia del PP: el primer congreso que el partido celebró fuera de Madrid, precisamente en Valencia, cuando, en uno de esos movimientos tectónicos que periódicamente sacuden al partido, quisieron moverle la silla a Mariano Rajoy. Era el año 2008. En marzo, el PP había perdido las generales y unos días antes del cónclave de junio, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pronunció ante su jefe de filas un discurso en un foro Abc que fue interpretado como el pistoletazo de salida de su campaña. La lideresa empleó hasta 15 veces la expresión “no me resigno”: ”No me resigno a que el Partido Popular no dé las batallas ideológicas. No me resigno a que tengamos que parecernos al PSOE para aparentar un centrismo o una modernidad. Y como no me resigno a estas y a otras muchas cosas, estoy en el Partido Popular dispuesta a dar la batalla para que los españoles conozcan de verdad la opción abierta, moderna y liberal que es nuestro partido”, dijo. En su libro Yo no me callo (2016), Aguirre se refiere así al episodio: “Tengo que explicar que, por más que Zaplana y Nacho González [su sucesor al frente del gobierno madrileño, acusado en varias causas por corrupción] me animaran, yo nunca estuve decidida a presentarme”. Pero ninguno de los consultados para este reportaje tiene dudas de que se echó para atrás por el apoyo de Camps, que movilizó a los compromisarios valencianos para que no hubiera sorpresas: “Aguirre no dio el paso por el peso que Valencia tiene en el PP”, zanja un exdirigente.

Unos años después, en julio de 2011, Camps dimitió como presidente de la Generalitat y del PP en la Comunidad Valenciana. Presentó su despedida como “un sacrificio personal y político” para “no ser un obstáculo” en el camino de Mariano Rajoy a La Moncloa. El president había ganado las autonómicas de mayo de ese año estando ya imputado, aumentando su mayoría absoluta en un escaño, pero el partido no quería acudir a la campaña de las generales de noviembre con uno de los suyos en el banquillo. Camps se había resistido a dimitir, así que la dirección nacional del PP promovió una solución intermedia: que se declarase culpable y firmara la conformidad para evitar el juicio. Cuando todo estaba preparado, y después de que Federico Trillo, según admitió, “orientase un poco la decisión”, el president accedió a abandonar todos sus cargos, consciente de que eso era lo que quería Rajoy. “La política”, resume Bonig de aquel lapso entre el congreso de Valencia y la dimisión, “da unas vueltas increíbles”. Camps había sobrevivido a la guerra con Zaplana, al que sustituyó como totem del PP en la comunidad, pero no a los recados del hombre al que había salvado en 2008.

En 2021, la dirección de Génova, encabezada entonces por Pablo Casado y Teodoro García Egea, volvió a pescar en la familia zaplanista ―el expresident había nombrado a Carlos Mazón director general del Instituto Valenciano de la Juventud con solo 25 años― para tratar de recuperar la Generalitat. En 2023, el candidato de Casado se convirtió en el más votado, al mejorar en 21 escaños el resultado de los comicios anteriores, pero se quedó a 10 de la mayoría absoluta. A espaldas del nuevo líder el partido, Alberto Núñez Feijóo, según los dirigentes consultados para este reportaje, Mazón negoció un pacto de gobierno con Vox en el que asumía parte de sus postulados, por ejemplo al referirse a la “violencia intrafamiliar”, no machista. “Aquello”, explica un exdirigente popular, “le costó a Feijóo poder gobernar, porque no se lo consultó y le condicionó en la campaña de las generales de julio”. El de la Comunidad Valenciana fue el primero de los acuerdos de coalición derivados de las autonómicas de mayo de 2023. El propio portavoz del PP, Borja Sémper, atribuyó entonces a “gestos estrambóticos y frikis” de quien aspiraba a ser su “socio de gobierno” que muchos de los que pensaban votarles no lo hubieran hecho “ante el riesgo de que Vox pudiera condicionar la política española”.

Esta semana, Mazón lo ha vuelto a hacer. Para sacar adelante los presupuestos, ha abrazado el catecismo de la extrema derecha en materia de inmigración, vinculándola a la delincuencia, o sobre el cambio climático, criticando el Pacto Verde europeo. “Está totalmente en manos de Vox”, afirma Bonig. “Que con todo el trabajo que hay que hacer, lo más importante sea saber la nacionalidad de los que participaron en los saqueos me parece infantil y pobre, y revela poca altura política y moral. Pero a medio plazo no veo que vaya a haber un cambio porque la presión ha sido enorme y no se ha ido, salvo que Feijóo diga hasta aquí hemos llegado, como pasó con Camps cuando iba a sentarse en el banquillo”.

Otro exdirigente popular comparte que con Mazón no tienen “ninguna posibilidad” y que su gestión en la dana “está dañando profundamente a la marca PP”. “Aquí”, añade, “hay un componente emocional, hay muertos, y no hay sentencia que te absuelva de eso. Pero no soy pesimista. Con un buen perfil, tenemos mimbres para lograr un buen resultado porque el partido está muy asentado en Castellón, en Alicante y en el sur de Valencia, y hay una implantación de alcaldes muy importante. Pero de momento esto nos está haciendo mucho más daño que la etapa de la corrupción”.

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Pues qué alegría me das, Alberto.
Entiendo entonces que ahora renunciaréis al Pacto Verde y al Pacto Migratorio que habéis votado y defendido todo este tiempo. Y que a partir de ahora apoyaréis nuestras iniciativas en ese sentido, no solo en Valencia, también en las demás… pic.twitter.com/MLGUbML4wl

— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) March 17, 2025

La primera fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien anunció, a través de un tuit, que llevará el pacto de reparto de menores migrantes ante los tribunales. También el presidente aragonés, Jorge Azcón, comunicó su intención de recurrir a la justicia: “Que no cuenten con Aragón. La oposición va a ser frontal”. Preguntado por si ve posible en su comunidad un acuerdo presupuestario con Vox similar al de Mazón, intentó defender a su compañero de siglas, pero sin adherirse: “En Valencia ha habido un acuerdo porque necesitan soluciones, un presupuesto para la reconstrucción. La situación en Aragón es distinta. En Aragón tenemos nuestro propio criterio. Cualquier acuerdo al que llegue el PP tendrá un mínimo común de los valores y principios que defiende el PP”. No aclaró si esos valores ahora pasan por intentar devolver a los menores no acompañados a sus países, como pretende Mazón, o por suscribir la oposición al llamado “dogmatismo climático” contra el Pacto Verde. Sí se refirió únicamente a Junts como “partido xenófobo” y deslizó que “es la propia Unión Europea” la que se está “replanteando” lo que definió como “políticas de ideología medioambiental”.

En la Región de Murcia, donde el PP, al igual que el de Aragón, también necesita pactar sus Presupuestos, su presidente, Fernando López Miras, afirmó que la comunidad “no puede acoger más menores inmigrantes”, aunque, a diferencia de Ayuso y Azcón, no anunció recurso alguno ante los tribunales. Avaló el pacto de Mazón con Vox —“siempre es bueno que haya Presupuestos”, dijo— y admitió que las comunidades autónomas “no tienen competencias para repatriar menores”, pese a que esa solución le parecería la “mejor”.

Juan Manuel Moreno Bonilla, que gobierna Andalucía con mayoría absoluta, presentó el pacto entre el Gobierno y Junts como “la enésima cesión de Pedro Sánchez al independentismo”, aunque, preguntado por si llevará el asunto a los tribunales, respondió que no tenía “información suficiente”. El presidente andaluz descargó en el PSOE de la Comunidad Valenciana la responsabilidad del pacto de Mazón con Vox y afirmó que “la reconstrucción tras la dana está por encima de cualquier criterio ideológico”. En la misma línea se manifestó el presidente gallego, Alfonso Rueda, con el que este martes compartió rueda de prensa: “Mazón necesita unos presupuestos y es muy hipócrita que los que no lo han facilitado ahora se escandalicen por tener que cerrarlos con una fuerza política que sí se lo permite”. Cuando los periodistas preguntaron por aspectos concretos de ese preacuerdo con Vox en la Comunidad Valenciana, como el intento de repatriar a menores o la postura ante el “dogmatismo climático”, ambos trataron de distanciarse: “Mazón”, contestó Moreno, “toma decisiones en su ámbito territorial y ni Rueda ni yo hemos estado en las negociaciones (...) En Andalucía tenemos obligaciones reguladas por ley y vamos a trabajar en esa respuesta a todos los inmigrantes que lleguen a nuestra tierra (...) Respecto al dogmatismo climático, yo tengo claro que el cambio climático es una realidad como consecuencia de la actividad económica del hombre (...) Yo no soy un dogmático del clima, atiendo a las explicaciones de los científicos y mi obligación como presidente de una comunidad muy afectada es hacer todo lo que pueda para mitigar las consecuencias”. Rueda, por su parte, añadió: “Si dogmatismo climático es decir que esto no tiene importancia y esos son los postulados de Vox, yo estoy absolutamente en desacuerdo, pero es necesaria una transición”. El presidente gallego también apuntó que “Vox empieza a entender” lo perjudicial que son “ciertas actitudes de la política comercial de EE UU”, aunque a continuación añadió: “Y si no, se están equivocando, pero estoy seguro de que mis compañeros en las distintas comunidades autónomas, con independencia de que hayan alcanzado pactos para la gobernabilidad o no, esto lo tienen clarísimo”.

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Cuatro meses y medio, el tiempo que ha transcurrido desde la devastadora dana del pasado 29 de octubre, no parece un periodo suficiente para el olvido, pero en su huida hacia adelante para seguir ocupando un espacio privilegiado, el del poder, (del que depende su aforamiento), el presidente valenciano ha decidido desafiar al tiempo e ir más rápido que la velocidad de la luz con el objetivo de cambiar el punto de vista. Para el pasajero que va en tren se mueven los postes, pero para el vecino que está junto al poste, se mueve el tren. Para el político que desapareció buena tarde del peor día de la comunidad que preside, que se recuerde lo que pasó es “una campaña de difamación” fruto del “afán desmedido por el control del relato”; “el clamor del desencanto en la ciudadanía” obedece a la “indolente respuesta del Gobierno central” y no a su lenta digestión en El Ventorro; y lo que acarreó terribles “consecuencias para la protección de las personas” fueron “las políticas sectarias de la izquierda”, entre las que citó “la migratoria”, “la agenda ambientalista” y “los postulados climáticos extremistas”.

Para que su negligencia parezca relativa y la responsabilidad de sus rivales políticos, absoluta, Mazón ha buscado dos cómplices: la extrema derecha y el olvido, sincronizando sus palabras con el discurso xenófobo y negacionsita del cambio climático de Vox. Así se lo agradecía su líder, Santiago Abascal, en X: “Celebro las palabras del presidente de la Comunidad Valenciana. Esa es la dirección correcta: enfrentarse sin complejos al Pacto Verde y a las políticas que favorecen la inmigración ilegal. Las dos cuestiones tuvieron que ver con la tragedia de la dana en sus causas y en la amplificación de las consecuencias por el pillaje. Felicito al señor Mazón por el valor de denunciarlo públicamente”. Cuatro meses y medio después de la dana, en una comparecencia sin preguntas, cerrados también los comentarios en el canal de YouTube que emitió su declaración —para que nada ni nadie interfiera en el relato—, el presidente de la Generalitat vinculó inmigración y delincuencia y reclamó el listado, por nacionalidad, de quienes participaron en los actos de pillaje tras la dana, cuestión prioritaria, a su juicio, para “la reconstrucción”. Pero la red social, que a menudo juega a favor de la mentira, también tiene memoria.

Al escribir en el buscador las palabras dana e inmigrantes aparecen vídeos de “manteros” —así se definen ellos mismos— ayudando a limpiar un cuartel de la Guardia Civil en Alfafar, repartiendo comida a afectados por la riada o siendo entrevistados tras haber rescatado a algún vecino de morir ahogado, como Enrique, que se emociona al abrazar a Mehdi, marroquí sin papeles, y pide, ante las cámaras, su regularización: “Me salvó la vida”.

Cuando inmigrantes senegaleses sin papeles, vendedores del top manta, trabajan codo con codo con la Guardia Civil para recuperar su cuartel inundado en Alfafar, en la periferia #Valencia (#España). #Inundaciones #DANA @guardiacivil pic.twitter.com/E1HhjDGOZM

— Ignacio Cembrero (@icembrero) November 10, 2024

🌍El #DiaInternacionalMigrants assistim a l'emotiu retrobament d'Enrique, un veí d'@AytoAlfafar, i Mehdi, un marroquí que el va salvar de la #DANA.
🌧️El jove no va dubtar a jugar-se la vida per a ajudar l'home en plena barrancada, per una senzilla raó: "És com mon pare. Mon pare… pic.twitter.com/zKZBxmkfSZ

— À Punt (@apunt_media) December 18, 2024

Antes de ser un país receptor de inmigrantes, fuimos, hace no tanto, un pueblo emisor de españoles y españolas que abandonaban el lugar donde habían nacido para dar a los suyos algo mejor. Durante la dana, muchos de esos nuevos vecinos perdieron y salvaron vidas porque la riada arrasó cuanto se le cruzó por delante sin pedir listados por nacionalidad. Después de cada desastre suele desatarse una carrera para cazar al culpable. Corre Mazón para salvarse, pero se mueve el tren, no el poste. Y en el lugar menos pensado, X, permanece, para quien quiera acordarse, “el recorrido cronológico” del que hablaba Mazzoni, el antídoto contra la forma más barata de la mentira: la demagogia.

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“El CIS tenía una metodología muy asentada y reconocida y José Félix ha decidido cambiarla”, ha recordado el catedrático al inicio de su intervención. “Me duelen algunos cambios metodológicos. En el tema de las estimaciones, creo que el resultado no está siendo mejor de los que teníamos con la metodología anterior. Es fácil de ver. Si dices que ahora vas a hacer ciencia y tus estimaciones no son mejores que las anteriores, alguna metedura de pata hay, al menos, técnica”, añadió. “Lo que es evidente es que hay un sesgo de sobrerrepresentación de la izquierda y si lo hay tenemos que corregirlo”. También afirmó que le preocupaba la ruptura de algunas “series temporales importantes” y recordó cómo el profesor Emilio Lamo de Espinosa lo cuestionó estando todavía en el consejo asesor del CIS”. Así lo reveló Lamo de Espinosa, catedrático emérito de Sociología, Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política a este diario el pasado julio: “Presenté una protesta formal para manifestar mi disgusto con la falta de neutralidad y de objetividad con la que se está gestionando el CIS”.

Respecto a las acusaciones de falta de neutralidad de la institución, Llera recordó que Tezanos “tenía un pequeño problema de origen”, ya que formaba parte de la ejecutiva del PSOE cuando fue nombrado presidente del CIS. “No era recomendable y eso ha pesado”, ha afirmado el catedrático, porque cuando llegaron las críticas,“reafirmó su militancia, que veíamos no tanto en las encuestas como en los análisis semanales que hacía desde la Fundación Sistemas. Se podía haber abstenido. ¿Para qué te pringas?”, preguntó, refiriéndose a los artículos de la revista Temas en los que Tezanos ha criticado abiertamente al PP y que no favorecían, a juicio del académico, “la posición de neutralidad recomendable”. En un momento de máxima polarización, “enfermiza”, llegó a decir Llera, “en lugar de echar agua al fuego y calmar las aguas desde una institución que tiene que ser objetiva, incendió más”.

Para Llera, el actual problema de imagen del Centro de Investigaciones Sociológicas no radica en que sea el Gobierno quien nombre a su presidente. “Eso no implica que uno sea dependiente del Gobierno. Puede mantener la independencia académica y la mayor parte de los Gobiernos lo han respetado. Yo fui miembro de la dirección del PSOE en el País Vasco. Con José Félix la percepción de sesgo fue evidente desde casi el primer momento y él no ha hecho mucho por evitarla o corregirla, parece que se sintiera cómodo en esa especie de cruzada. Yo no lo habría hecho así”.

En el turno de preguntas, la senadora socialista María Teresa Macías, y el popular José Ángel Alonso se han enzarzado por el motivo de la comisión de investigación, con múltiples interrupciones y reproches, lo que Llera ha descrito como un “espectáculo de polarización y una reacción escolar”. Macías aseguró que la comisión “es un ejemplo más de la falta de aceptación del PP de los resultados electorales del 23 de julio de 2023″ y que persigue que “no se hable de todo lo bueno que le pasa a este país” y defendió la gestión del CIS, que había visto mejorado su presupuesto y aplica un método “científico y transparente”. Alonso, que aludió, por su parte, a los escándalos que afectan al exministro y ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García, calificó de “mitin” la intervención de la senadora socialista y aseguró que “lo hace daño al CIS no es la comisión de investigación, sino Tezanos”.

Llera reconoció “el esfuerzo” del actual presidente del CIS por “consolidar su estructura laboral” y por la “internacionalización” del organismo, pero incidió en que cuestionar a la institución es “legítimo”.

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Visiblemente mosqueado tras el partido, Simeone pidió en la rueda de prensa que levantaran la mano los periodistas que habían visto “el doble toque”. Pocos se atrevieron y pienso que una empresa demoscópica habría cocinado la encuesta para tener en cuenta en el resultado el factor intimidación. En todo caso, al día siguiente, después de ver chiquinientas veces las dos primeras imágenes de El Momento que nos ofrecieron, yo también hice mi propio sondeo. La muestra era pequeña, pero estaban presentes todas las ideologías. Había, por un lado, madridistas convencidísimos de que Álvarez “le da dos veces”; madridistas que no lo veían claro, pero que se fiaban “a muerte” del VAR, y madridistas que dudaban, pero “sin remordimientos” porque creían que el Atlético perdió cuando decidió defender —también “a muerte”— y no intentar marcar otro gol a partir del segundo 27 de juego, que fue cuando abrió el equipo el marcador. Por el otro lado aparecieron los antimadridistas que juraban y perjuraban que “no le da”; antimadridistas que quieren ir “a Estrasburgo” con el asunto y antimadridistas que le echaban la culpa a “la propaganda” y “el aparato” de los blancos, escépticos con “el relato de las remontadas” que intimida a los rivales y les hace caer siempre en la trampa: si flotan, no están muertos (se lo hacen).

Me asomé también a X, por comparar, y vi que la encuesta tuitera iba por el mismo camino: “Jamás en mi vida vi lo del doble toque y anular penalti”, decía el rey patrio del Misterio (y del bulo), Iker Jiménez. “Tampoco has visto en tu vida un extraterrestre y llevas 30 años viviendo del cuento”, le respondía @Madridista. (o sea, Madridista y punto). Los ateos, los incrédulos y los que querían creer.

Quizá Simeone no —“Hay dos maneras de irse a dormir: una en la que dices qué mal que jugamos, no competimos y otra en la que dices lo di todo. Me voy en paz”, dijo—, pero yo hubiera preferido perder ese partido en el segundo tiempo con un gol de despiste de toda la vida o si me apuran, incluso en la tanda de penaltis si Julián Alvarez hubiera lanzado el suyo como hizo Vinicius antes de la prórroga, mandando el balón a Marte. Uno siempre digiere mejor aquello que entiende: el fallo humano. Lo que el ojo ve y lo que el corazón comprende. Esas son las manejables distancias de la misericordia y de la paz interior.

Antes de que el Video Assistant Referee entrara a los estadios, lo peor que te podía pasar en un partido de fútbol era que el rival marcara en el último minuto, que te dejaran plantada en el altar. El VAR llegó con la promesa de aportar más justicia a la competición, y puede que haya sido así, pero también ha disparado la crueldad, que es a lo que se parece un tanto decisivo anulado por el fuera de juego de una rótula o por el “mínimo” contacto, según la UEFA, de Alvarez con el pie de apoyo antes de patear el balón al ejecutar un penalti. La tecnología, de un modo u otro, siempre trae lágrimas. Lo saben bien quienes tuvieron que reinventarse tras ser despedidos por máquinas. Y ya lo explicó, a su manera, Mariano Rajoy: “Tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas porque lo que nunca va a hacer la máquina es fabricar máquinas a su vez. Esa batalla la tiene que dar el ser humano”.

No es que el fútbol no pudiera ser cruel antes del VAR, y lo dice una coruñesa que vio a una ciudad entera, la que era futbolera y la que no, llorar a todo llorar por un chico de 28 años, Miroslav Djukik, que en 1994 falló el penalti que valía una Liga. Pero incluso en aquel dramático episodio había elementos (primas aparte) que facilitaban la digestión del trauma. En lugar del 11 de Bebeto, pichichi de la temporada anterior, fue un defensa con el 5 en el dorsal el que tiró desde los 11 metros. Los números pueden ser perversos, pero si ya es doloroso perder unas elecciones por un voto, perderlas por una papeleta que fue invalidada en las urnas dispara el drama. Con la ventaja objetiva que me da ser oviedista, es decir, ni merengue ni colchonera, me cuesta menos empatizar con el que más sufre y este lunes de resaca, ese es el Atlético.

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Solo cuatro de los 17 asesinados cuyos esqueletos fueron trasladados de una fosa en Borja hasta el Valle de los Caídos han podido ser identificados. Sonia Chueca, de 36 años, bisnieta de uno de ellos, explica en Magallón, ante el abarrotado auditorio Ramón Salvador donde la familia recibió los restos, qué significa para ellos ese pequeño cofre y el informe pericial que lo acompaña. “Juan Chueca tenía cinco hijos. Todos quedaron desamparados y me impresiona pensar en mi bisabuela Eulalia, cómo los sacó adelante. Nos educaron en el respeto a los demás, en la solidaridad con los que más sufren, en los valores de mi bisabuelo, que fue fusilado sin causa y sin juicio. Me he preguntado muchas veces cómo sería su último momento, pensando en sus hijos. Hoy nos sentimos arropados institucionalmente, que es lo que nunca pudo tener mi bisabuela”. Chueca tenía 42 años cuando fue asesinado. Su hijo menor, Enrique, el abuelo de Sonia, falleció el verano pasado sin saber que en la gran fosa común del Valle de Cuelgamuros un equipo de forenses había logrado poner nombre a los huesos de su padre.

“Los hijos van desapareciendo”, lamentó el ministro de Política Territorial, “pero esa espina clavada en el corazón es una carga que nadie tendría que soportar. Esta es una batalla contra el reloj”. Torres se comprometió a tratar de devolver al mayor número posible de familias los restos de víctimas que fueron trasladadas sin su conocimiento al Valle de Cuelgamuros. Con los cuatro vecinos de Magallón, ya son 15 las víctimas identificadas en el mausoleo que Franco ideó para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil. Traerlos de vuelta a casa no ha sido fácil. Francisco Etxeberria, el forense que, junto a Lourdes Herrasti, dirige las exhumaciones en el interior de las criptas, explicó que más de 20 personas participan en los trabajos, entre ellos, agentes de policía científica. “Estábamos entre lo muy difícil y lo imposible. De hecho, no identificaremos a todas las víctimas que buscamos, pero unas representan a otras”. El forense entregó al ministro el lápiz que llevaba una de ellas. “Estas son las armas que llevaban estas 17 personas. Este lapicero nos obliga a seguir escribiendo esta historia. Y cuando nos preguntan por qué hacemos esto, decimos: ‘Para consolidar los valores democráticos y reforzar el discurso de los derechos humanos’. ¿Quién no lo entiende?”.

Pilar Gimeno, presidenta de la asociación de familiares de los fusilados, (AFAAEM) y sobrina de uno de los identificados, Felipe Gil Gascón, agricultor y miembro de UGT asesinado cuando tenía apenas 27 años, recordó la lucha de la familia de Manuel Lapeña, que en 2016 logró la primera sentencia que autorizaba intervenir en las criptas del Valle de Cuelgamuros para tratar de recuperar los restos de los republicanos allí enterrados sin conocimiento de sus descendientes, como Pedro Peralta, albañil, el cuarto identificado genéticamente procedente de la fosa de Borja. “Por ese camino que abrieron transitamos ahora el resto de familias”. Una catarata de recursos ante los tribunales de grupos franquistas y antimemorialistas fueron retrasando esos trabajos. Manuel Lapeña falleció a los 97 años, en septiembre de 2021, sin saber que habían recuperado los restos de su padre del mausoleo “del verdugo”. También se llamaba así por él. La tarea continúa en el interior de las criptas.

A la entrega de restos también ha asistido la ministra portavoz, Pilar Alegría, aragonesa y secretaria general del PSOE en la región, quien ha descrito la ceremonia como “un acto de justicia”. El Gobierno de Aragón, presidido por el popular Jorge Azcón, ha derogado la ley regional de memoria a petición de Vox, aunque el Tribunal Constitucional ha dejado esa decisión en suspenso. El presidente aragonés llegó a enviar una carta repleta de mentiras e imprecisiones al secretario general de la ONU quejándose del informe de tres relatores de Naciones Unidas que, tras analizar la derogación de leyes autonómicas de memoria en los territorios donde los populares se apoyaban en Vox, alertaron de la violación de la normativa internacional sobre la materia y el aliento de teorías “revisionistas o negacionistas sobre graves violaciones de derechos humanos”. Preguntado por si las autoridades del PP habían sido invitadas a la ceremonia en Magallón, el ministro Torres explicó: “Nosotros siempre invitamos a todas las fuerzas políticas y a las instituciones del lugar respectivo. Me hubiese gustado que estuviesen hoy aquí, pero vuelvo a tender la mano al PP para que participe en los actos de conmemoración de 50 años de libertad”, en alusión al aniversario de la muerte de Franco, en 1975.

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“La única garantía”, recuerda el politólogo Pablo Simón, “de un partido para poder cumplir el 100% de su programa electoral es tener mayoría absoluta”. “En el momento en que no es así, tienes que transaccionar con otros”, añade. Cualquier pacto político, señala Paco Camas, director de investigación de opinión pública en Ipsos, “implica una cesión y todos los partidos que han gobernado han tenido que ceder”. “La política está hecha para decepcionar porque tiene mucho de contingencia, de adaptarse a las circunstancias”, explica.

Pero la interpretación que el votante haga de esos pactos puede derivar o no en una penalización electoral. La socióloga Belén Barreiro, directora del Instituto 40dB. y expresidenta del CIS, explica: “Las cesiones del PP a Vox no tienen menos coste que las de la izquierda a los independentistas. En ambos casos, los costes se centran en el electorado de bajo perfil ideológico, que se declara de centro o dice no tener ideología, que es un porcentaje importante de la población. El núcleo duro no se pierde, pero precisamente lo que determina en unas elecciones que la victoria caiga de un lado o de otro es la movilización y qué hacen los indecisos”.

Hay ejemplos de cesiones a ambos lados, pero el daño que provoquen en el voto lo va a determinar el asunto del que trate el pacto y la capacidad para explicarlo. “En los programas electorales —prosigue Simón— hay temas nucleares y periféricos, en función del ADN ideológico. La amnistía es un tema nuclear para el electorado independentista, pero para el de izquierdas no es tan relevante. Si Junts pidiera y Sánchez accediera, por ejemplo, a bajar los impuestos a los ricos, el coste sería mayor. El asunto de la inmigración también es más sensible porque la narrativa del PSOE se construye en torno a la idea de cortar el paso a la extrema derecha porque es racista, y conceder algo en esta materia a Junts, que es identificado como partido racista o que tiene tintes xenófobos para competir con Aliança Catalana, que seguro sí lo es, es más sensible para su electorado. En el caso del PP, que ceda ante Vox en la derogación de las leyes de memoria es irrelevante para su votante, pero cuando Juan García-Gallardo quiso modificar el acceso al aborto en Castilla y León, se negaron porque saben que tienen un electorado femenino importante. La derecha sufre cuando hace concesiones a la extrema derecha en materia de género”. La socióloga Cristina Monge llama a esto el “perímetro de seguridad” de los partidos: “La dificultad consiste en llegar a un punto de encuentro donde todos los que acuerdan se sientan suficientemente cómodos y suficientemente incómodos, sabiendo que no es su propuesta, pero sin violentar a su electorado. El PP pasa ese perímetro cuando hace suyas políticas de la extrema derecha, recortando partidas que tienen que ver con la cooperación al desarrollo, atención a personas migrantes o a mujeres maltratadas que antes no cuestionaban. Y el PSOE lo hace en este último pacto porque compra el marco ideológico a la derecha de control de fronteras y criminalización de la inmigración”.

La “delegación” de competencias de inmigración

La proposición de ley orgánica registrada por el PSOE y Junts para la “delegación” a Cataluña de “competencias estatales en materia de inmigración”, cuya aprobación está pendiente de un complicado trámite parlamentario —Podemos y Compromís se oponen—, establece que la Generalitat, ahora presidida por un socialista, tendrá “las facultades de control de frontera relativas a la ejecución de la normativa del Estado sobre devolución de personas extranjeras” en el territorio, “en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad”, así como la propuesta de expulsión en el resto de casos; el control del centro de internamiento de inmigrantes y los permisos de residencia. El Gobierno lo había descartado hasta ahora. “Las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado”, declaró Sánchez hace un año. “Las competencias en materia de fronteras e inmigración irregular”, había afirmado la ministra portavoz, Pilar Alegría, “son exclusivas de la Administración General del Estado”. También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había asegurado en el Congreso que no eran susceptibles de “ser transferidas o delegadas”.

Firmada la proposición de ley, el Gobierno y Junts interpretan el texto de manera diferente. El Ejecutivo sostiene que el pacto es constitucional porque, aunque el artículo 149 señala que la inmigración y el control de fronteras son competencias exclusivas del Estado, el 150.2 permite delegarlas, que no transferirlas, lo que implica que se podrían recuperar en caso de conflicto. Junts asegura que esa delegación es “integral”. El partido de Carles Puigdemont tiene un discurso sobre inmigración radicalmente opuesto al de la izquierda. Reivindicando la capacidad de expulsar a inmigrantes reincidentes, el secretario general, Jordi Turull, llegó a incluir a los que llevaban “ocho generaciones” en Cataluña, y la formación quiere fijar ahora por ley el grado de “catalanidad” para poder acceder a los permisos de residencia y trabajo.

No es la primera vez que el Ejecutivo de Sánchez accede a las pretensiones de sus socios de investidura con pactos que implican hacer lo contrario de lo que había dicho, como ocurrió con la amnistía del procés, pero esta vez puede hacer más daño al PSOE, según los expertos consultados. Paco Camas, de Ipsos, recuerda cómo las encuestas mostraron un efecto “reactivo” del electorado socialista a la reforma de los delitos de sedición y malversación en 2022: “Hubo quien se refugió en la indecisión o la abstención e incluso una fuga importante de votos al PP. Los acuerdos con Vox también suelen perjudicar al PP, pero de un modo diferente desde que desapareció Ciudadanos, porque como la prioridad para ese electorado es echar a Sánchez, todo lo demás se vuelve secundario, en la oposición no es un elemento suficientemente desmovilizador. Otra cosa es en el Gobierno, como le ocurrió a Mariano Rajoy, cuya gestión de la cuestión catalana terminó costándole una escisión, Vox, y hasta hoy”.

El giro de Feijóo

El PP ha endurecido su discurso para recuperar a un votante que era suyo antes de la escisión en un nuevo partido de su ala más dura. Feijóo, que desde la Xunta criticaba a Pablo Casado por arrimarse demasiado a la extrema derecha —“No hemos sabido decirle a la gente que el PP no tiene nada que ver con Vox. A veces hemos cometido algún giro que parecía que íbamos a hacer un gobierno con Vox y eso ha preocupado a mucha gente”, decía—, bendijo las alianzas con Abascal cuando, ya como líder del partido, las necesitó para garantizarse poder territorial.

De las 11 comunidades que preside el PP, solo en cuatro lo hace con mayoría absoluta, obedeciendo a un único programa. Si la fotografía que mejor resume la debilidad parlamentaria es, en el caso de los socialistas, la de las negociaciones en Bruselas con Puigdemont, en el caso del PP es la del acuerdo de Extremadura entre Vox y la popular María Guardiola, quien se resistió a pactar con el argumento de que no podía dejar entrar en su Gobierno a quien “niega la violencia machista, deshumaniza a los inmigrantes y tira a la papelera la bandera LGTBI” y unas semanas después, describía a ese mismo partido como “un socio fiable”. Cuando Vox, que no el PP, rompió el pasado verano las coaliciones de gobierno autonómicas, Guardiola se desentendió de las obligaciones del pacto previo, como la derogación de la ley de memoria regional para sustituirla por otra llamada “de concordia”. “Estamos aplicando la legislación actual”, afirmaban desde la Junta, “y vamos a seguir trabajando por la memoria de las personas que fueron asesinadas por sus ideas o por su vinculación política”. El proyecto quedó enterrado hasta que el PP necesitó recientemente los votos de Vox para una serie de medidas fiscales y accedió a derogar la ley de memoria para sustituirla por otra que, según dice ahora el consejero de presidencia, Abel Bautista, “evite el enfrentamiento, el revanchismo, los bandos y las cuestiones ideológicas”, adoptando al 100% el argumentario de Vox sobre la materia.

En la Comunidad Valenciana, el PP cedió a Vox, que niega el cambio climático, la presidencia de la comisión de investigación sobre la dana. En el Ayuntamiento de Alicante ha accedido a quitar las partidas destinadas a igualdad, que según Vox son “gastos superfluos y derroche de propaganda feminista”, para aprobar los presupuestos, así como a la eliminación de sanciones a los vehículos contaminantes que circulen por la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Los populares han adoptado el ideario de la extrema derecha en Sevilla para sacar adelante las cuentas municipales, reduciendo las partidas destinadas a igualdad, violencia machista o atención a los migrantes y suscribiendo convenios con una asociación antiabortista. También en Valladolid y Zaragoza se firmaron convenios con la fundación Red Madre. En un acto con la consejera de políticas sociales del Consistorio zaragozano, del PP, la presidenta en la ciudad de esta fundación, Rosa María Marquina, declaró: “Hoy por hoy, los que están aportando más nacimientos no son las mamás españolas, son las mamás que llegan a España. Les pediría que se piense muchísimo en esos bebés que nacen en España porque si no se les ayuda para tener un futuro mejor, lo que vamos a tener es un aumento de quinquis, de pandilleros y que hagan sus guetos. Son niños que se están perdiendo [...], que van a crecer y van a ser un aumento de delincuencia para este país”.

En Burgos, el PP aceptó en un primer momento la exigencia de Vox de eliminar las ayudas a todas las ONG que asisten a inmigrantes salvo Cáritas a cambio del apoyo de la extrema derecha a los presupuestos. Al enterarse, Cáritas anunció que renunciaba a esas ayudas si no las percibían también el resto de organizaciones. Ante el revuelo generado, la alcaldesa popular, Cristina Ayala, dio marcha atrás. En Ciudad Real, el PP rompió el acuerdo de gobierno con Vox tras no ceder a las presiones para retirar un cuadernillo de colorear que muestra diversos tipos de familia —incluidas las formadas por personas del mismo sexo— y que se entrega como obsequio a los escolares que visitan el Consistorio. En Santa Cruz de Bezana (Cantabria), la coalición PP-Vox impidió, como ya habían hecho antes las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait, la exhibición de la película infantil Lightyear, donde hay una escena de un beso entre dos mujeres.

En los pactos de gobierno tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023, el PP asumió buena parte del catecismo de Vox en materia de memoria, redujo subvenciones a sindicatos y ONG para aumentar las de la caza y la tauromaquia y aceptó, en algunos casos, el concepto de violencia “intrafamiliar” en lugar de “machista”. Financial Times atribuyó a esos primeros acuerdos que Feijóo no lograra una mayoría suficiente para gobernar: “El PP y los radicales de Vox suministraron ejemplos reales de cómo funcionaría esa coalición y a un número crucial de votantes no les gustó lo que vieron”. Citaban la prohibición de las banderas LGTBI, el negacionismo climático, la censura cultural y la actitud ante la violencia machista. El propio portavoz del PP, Borja Sémper, atribuyó entonces a “gestos estrambóticos y frikis” de quien aspiraba a ser su “socio de gobierno” que muchos de los que pensaban votarles no lo hicieran “ante el riesgo de que Vox pudiera condicionar la política española”.

“Por todo esto”, concluye Pablo Simón, “y aunque suene paradójico, los partidos tienen más fácil pactar con las formaciones con las que comparten potencialmente menos electorado y por eso tradicionalmente el PP y el PSOE han preferido pactar con nacionalistas o regionalistas”. Felipe González y José María Aznar pactaron con CiU y el PNV. Finalmente, advierte el politólogo, siempre está presente el riesgo de perder credibilidad, “que es lo que más desgasta y lo que hace que activar electoralmente en campaña al sector menos ideologizado sea más difícil”.

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La importancia del aviso rojo de la Aemet

En su primera comparecencia en las Cortes tras la dana, el pasado noviembre, Mazón minimizó la importancia de los avisos rojos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): “Muchas de esas alertas ni siquiera produjeron inundaciones de consideración”, dijo entonces. “Rojo” significa, según recoge el plan Meteoalerta, “riesgo extremo por fenómenos meteorológicos no habituales, de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto”. Solo uno de cada 400 avisos de los últimos cinco años había sido de ese color cuando se produjo la dana del 29 de octubre. En esta ocasión, ya desde el sábado 1 de marzo, cuando la Aemet emitió una nota informativa alertando de “precipitaciones intensas”en la comunidad, el presidente valenciano pidió a los ciudadanos que tomaran medidas de precaución y el domingo a las 12 del mediodía, cuando los avisos meteorológicos eran de color naranja y amarillo, se activó el plan de emergencias de la Generalitat.

(12:45 h) El Centro de Coordinación de Emergencias de la @generalitat actualiza las alertas meteorológicas y establece:

🟠 Alerta nivel naranja por lluvias en todo el interior de Castellón e interior norte de Valencia.

🟡 Alerta nivel amarillo por lluvias en todo el litoral de… pic.twitter.com/YPDmYZZ00w

— Emergències 112CV (@GVA112) March 2, 2025

Envío de la alerta a móviles

El pasado domingo, la Aemet alertó de un episodio de lluvias localmente fuertes y persistentes en las provincias de Valencia y Castellón, y en la tarde del lunes elevó a rojo el nivel del aviso. En esta ocasión, a las 16.15, una media hora después, Protección Civil de la Generalitat activó el sistema ES Alert para enviar a los móviles de la población en las zonas afectadas un mensaje pidiendo precaución. El día de la dana, transcurrieron casi 13 horas entre el aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (7.36) y la alerta a los ciudadanos (20.11)

03/03 15:42 #AEMET actualiza #FMA en C. Valenciana. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx rojo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 15:42 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/8qVmJoUFoM https://t.co/ydK5rW5j9z

— AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) March 3, 2025

El contenido era, además, muy distinto. Esta vez se pedía: “Evite desplazamientos. No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. Siga las indicaciones de las autoridades. Evite llamadas innecesarias. En caso de emergencia, llame al 112″. A las 20.11 del pasado 29 de octubre, el mensaje, mucho más escueto, decía: “Como medida preventiva, se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento. Estén atentos a futuros avisos”. Para entonces, según el sumario del caso que instruye una jueza de Catarroja, ya habían muerto la mayoría de víctimas mortales que se cobró la dana. Ese día, entre el aviso de la Aemet y el mensaje Es Alert el 112 recibió más de 15.000 llamadas pidiendo auxilio.

📲La @generalitat, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha enviado un mensaje Es-Alert a las poblaciones afectadas por la alerta nivel rojo por lluvias en el interior sur de la provincia de Castellón.

El texto del mensaje es el siguiente:

⚠️Alerta de…

— Emergències 112CV (@GVA112) March 3, 2025

La agenda de Mazón y la llegada al Cecopi

El día de la dana, Mazón llegó al Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado), el lugar desde el que se coordinaba la emergencia, a las 20.28, es decir, 13 horas después del aviso rojo. Hubo que esperar cuatro meses y el visionado de la grabación de las cámaras de seguridad del edificio para conocer ese dato. Desde octubre, el presidente valenciano ha tratado de justificar su tardanza asegurando que su presencia allí no era necesaria. Pero ante los episodios de fuertes lluvias de esta semana, se desplazó al centro de coordinación de la emergencia en Castellón poco después del aviso. La nota de la Generalitat sobre esa visita dice: “El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha desplazado al Centro de Coordinación de Emergencias de Castellón para hacer seguimiento del episodio de lluvias intensas que está afectando el interior de la provincia. Carlos Mazón ha recomendado a la población que siga las instrucciones, consejos y recomendaciones que se están emitiendo desde el servicio 112″.

Seguim des del CPC de @BombersDipcas l'intens episodi de pluges que està afectant l'interior sud de la província.

➡️ Tots els Parcs de Bombers tant professionals com voluntaris estan actius i junt al @GVAbforestals estan revisant els llits dels rius, barrancs i rambles de les… pic.twitter.com/NqDEBeIACg

— Marta Barrachina (@barrachinaMarta) March 3, 2025

Al día siguiente, el pasado martes, cuando continuaba la alerta, Mazón explicó: “He cancelado mi agenda esta mañana. Tenía un acto en Cheste y, lógicamente, lo hemos aplazado”. El día de la dana, sin embargo, no lo hizo. De hecho, en uno de los eventos a los que asistió, se burló de las precauciones de la universidad, que había suspendido las clases para proteger a su personal y alumnado, y, a las 11.48, ante los medios, restó importancia al temporal, asegurando que a las 18.00 remitiría. A las 12.20, el jefe de climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, con 22 años de experiencia, se pronunciaba en sentido contrario al presidente valenciano en el programa El Rall, de À punt, la radio pública autonómica: “Tenemos que estar más pendientes. En zonas donde no llueve, pueden llegar ríos, ramblas, barrancos muy crecidos y aunque los que nos estén oyendo estén en una zona que no sea de lluvia, no hay que confiarse porque estas situaciones de gota fría con precipitaciones torrenciales en sierras y en montañas de interior son las más peligrosas porque el agua corre, arrastra coches, vemos ríos y barrancos crecidos...”. Mazón subió a su cuenta oficial de X el vídeo en el que afirmaba que las lluvias remitían. Luego lo borró.

Actividad frenética en X

Solo el pasado lunes, ante el episodio de fuertes lluvias en la comunidad, Mazón tuiteó o retuiteó 45 veces mensajes que informaban de la evolución del temporal y pedían precaución. El 29 de octubre fueron ocho y dos de ellos no tenían que ver con la dana. Aquel día, buena parte de su jornada, según admitió después, la dedicó a una comida en el restaurante El Ventorro en calidad de líder regional del PP, no como presidente valenciano, y tardó en llegar al Cecopi “porque había mucho tráfico”. En sus tuits de esta semana, Mazón ―a diferencia del pasado octubre y de las explicaciones que ha dado desde entonces―, pedía a la población que no se confiara si no veía lluvia, como hacía el director de la Aemet en la Comunidad el día de la dana porque los mayores acumulados se producen en el interior y sierras prelitorales y “llegan barrancos y ramblas muy crecidos”. Mazón también advirtió estos días en su cuenta de X de las incidencias en las carreteras debido a la lluvia. El día de la dana, antes de que se enviase la alerta a móviles que pedía “evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia”, la DGT ya había publicado en su cuenta de X hasta 76 avisos desde la mañana por inundaciones, desprendimientos, lluvias y vehículos accidentados.

El pasado jueves, a las 18.58, el presidente valenciano informó en su cuenta de X del “fin de la Emergencia Situación 0 por inundaciones en las provincias de Valencia y Castellón”. Esta vez, no hubo que lamentar víctimas mortales.

🚨(19:00 h) Actualización episodio de lluvias.

El Centro de Coordinación de Emergencias establece:

🔴Fin de la Emergencia Situación 0 por inundaciones en las provincias de Valencia y Castellón.

➡️Esta declaración no modifica la situación de aquellos municipios declarados en… pic.twitter.com/SUCNfV4ELh

— Emergències 112CV (@GVA112) March 6, 2025

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Pregunta. ¿Cuánto le costó a los reyes magos entender que quería un cajón de percursionista, no unos tacones de bailaora?

Respuesta. Mucho. Era como un amor que no podía conseguir. Mi primer cajón lo tuve a los 17 años y me lo regalaron mis amigas. Practicaba con la lavadora, con una mesa, con el pupitre del colegio...

P. ¿Por qué está mal visto que una mujer gitana toque el cajón?

R. Por la postura, con las piernas abiertas, y por la fuerza que requiere se asocia al hombre, igual que la guitarra en el flamenco, cosa que no ocurre con el pop, por ejemplo. Y cuando una mujer gitana se sale de los cánones gitanos es complicado. A mí una mujer me ha llegado a decir: “Tocas como un hombre”. ¡Y me lo dijo como un piropo!

P. ¿Cómo recuerda la adolescencia, ese momento en el que se da cuenta de que no quiere lo mismo que sus primas, que sus amigas…?

R. Fue difícil. Yo veía que ellas tenían novio y a mí no me gustaba ninguno. Hubo un chico de muy buena familia que me pidió la mano con 15 años y dije que sí porque mi mejor amiga acababa de hacer lo mismo. Pero me di cuenta de que ese no era mi camino, que ni le haría feliz a él ni a mí. Hablé con mis padres y ahí me apoyaron. En realidad, soy feminista por mi abuela y por mi madre, que son las que han dirigido la casa, la economía, todo, aunque cara afuera, muchas veces es el hombre el que manda.

P. En esa época se dio cuenta de que le atraían las mujeres. ¿Es más difícil salir del armario en la comunidad gitana? ¿Tenía algún referente en el que apoyarse?

R. En esa época, me gustó una persona que hoy sigue dentro del armario, casada con un hombre. No es fácil abanderar la diversidad siendo gitana. En una familia paya tradicional, a veces, tampoco, pero se acepta y si pasa en una familia gitana se dice que no son gitanos. Yo no tenía referentes, pero cuando me hice mayor me di cuenta de que había cantaores y cantaoras gitanos que eran gais y lesbianas: no salían del armario, pero dentro del mundo del flamenco se sabía. La Paquera de Jerez nunca se casó. Eso, en su época, tenía mucho mérito. Puedes quedarte mirando o intentar cambiar las cosas. Yo escogí lo segundo, luchar contra las barreras, con todas mis fuerzas. Si una puerta no se abre, yo la tumbo.

P. Usted es ahora ese referente para el colectivo LGTBi en la comunidad gitana, para chicos y chicas que acuden a pedirle consejo. ¿Tienen los mismos miedos que tenía usted o cree que ahora es más fácil?

R. Ha mejorado un poco, pero los miedos son los mismos: pensar que eres menos gitano, un garbanzo negro, porque no entras en el canon y crees que no te van a entender. Te sientes en tierra de nadie y te lo callas, pero al callártelo sufres, hasta que aparece una lucecita, alguien que ha salido del armario. Llega un momento en que, si la familia no te entiende, tienes que retirarte un poco. A todos los que vienen a pedirme consejo les digo que lo primero es la independencia económica, formarse para tener un buen trabajo, porque eso es lo que da la libertad como feminista o como lo que quieras: no necesitar la cobertura de unos padres o un marido. Yo tuve que alejarme de mi familia, darles tiempo. De mi madre y mis hermanos no llegué a perder nunca el contacto, pero de mi padre sí.

P. ¿Hoy diría que hay más gitanos dentro o fuera del armario?

R. Han salido muchos, pero dentro quedan muchos. El avance en los últimos dos años está a años luz de lo que era hace cuatro. Hemos roto la cerradura de ese armario para que siempre esté abierto.

P. ¿Cuándo ha sufrido más discriminación: como mujer, como gitana o por su orientación sexual? Es decir, ¿somos más machistas, más racistas o más homófobos?

R. Como gitana, por apellidarme Heredia. Para alquilar un piso, para pedir una mesa en un restaurante... En Mercadona hace poco me dijeron que me había llevado una crema. Vacié el bolso, les dije que me registraran y les pedí que llamaran a la policía por lo que acababan de hacer. Vas a comprarte ropa a una tienda con tu madre y te siguen o te hacen preguntas que a la señora paya de delante que lleva 15 prendas al probador no le hacen. La última vez que me pasó, la dependienta era de mi barrio. Le dije: ‘¿Pero cómo puedes ser así, si vives rodeada de gitanos?’. Al final me pidió perdón y no la denunciamos. Sales a la calle y aguantas y aguantas y aguantas. ¿Por qué tienen que perseguir en una tienda a un gitano? ¡Si los que más roban son los que tienen corbata! Después de por el apellido, por lo que más discriminación he sufrido es por pertenecer al colectivo LGTBi, pero diría que homofobia y machismo van un poco de la mano.

P. ¿Y dónde ha sufrido más discriminación como mujer y miembro del colectivo LGTBi: dentro o fuera de la comunidad gitana?

R. Diría que ahí van a la par. Pero mi discurso es siempre en positivo: hemos cambiado mucho y aún tenemos mucho que cambiar. Desde dentro hacia fuera. Siempre es más difícil reeducar que educar y reeducar a un hombre o mujer gitana mayores es muy complicado, aunque curiosamente, hay gitanos mayores que entienden todo esto mejor que algunos jóvenes. A veces es el abuelo el que te dice: “Haz tu vida y sé feliz”. Yo me reeduco también a mí misma, porque te vas dando cuenta de que en el lenguaje, por ejemplo, hay dichos comunes, formas de hablar, que pueden hacer daño.

P. Las encuestas muestran que los hombres de 18 a 27 años tienen ideas más conservadoras que sus compañeras de generación. Por ejemplo, un 27% (9% en el caso de las mujeres) aseguró en un estudio de 40dB. que le incomodaba ver a una pareja homosexual y un 44% de ellos creía que debería haber “un día del orgullo heterosexual”. ¿Por qué cree que ocurre eso?

R. Por desconocimiento, igual que con el racismo. El desconocimiento da miedo. Si tú entras en tu casa a oscuras no tienes miedo, porque la conoces. ¿Y cómo se combate? Con educación, en casa y en el colegio, porque hay niños pasan más tiempo con sus profesores y en actividades extraescolares que con sus padres. Hay que enseñar desde niños a respetar la sexualidad y es un trabajo en conjunto.

P. Este año se celebra el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península. ¿España los conoce bien? ¿Cuál es el prejuicio sobre la comunidad gitana que más le molesta?

R. Somos los eternos desconocidos. Cuando alguien se da cuenta de que soy gitana, a veces cambia de actitud. Han cambiado muchas cosas, pero otras llevamos 600 años esperando a que cambien. Se ve al pueblo gitano como el folclórico, el de la chabola o el que vende droga. Se olvida que por encima del gitano que vende droga está el capo payo, y en el cuello del que vive en una chabola, el pie de una corbata. Yo he escuchado a Ana Rosa Quintana decir que en el asesinato de un gitano el asesino actuaba en defensa propia porque le estaban robando y luego, derretirse en un concierto de Israel Fernández. Para eso sí, pero para tenerlo de vecino no.

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La intención de voto del resto de partidos que permitieron conformar el actual Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) se sitúa en su conjunto en el 6,4%, casi un punto menos que el resultado que obtuvieron en julio de 2023.

La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre el 21 y 24 de febrero. En esos días, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la condonación de más de 83.000 millones de la deuda de las comunidades autónomas, siendo Andalucía y Cataluña las más beneficiadas en términos absolutos, y Feijóo, en la oposición, dio orden a sus barones y baronesas, que presiden 11 autonomías, de rechazar la medida; Junts, socio de investidura de Pedro Sánchez, retiró la cuestión de confianza contra el presidente del Gobierno; estalló un nuevo escándalo de acoso sexual, esta vez vinculado a uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, y los medios de comunicación revelaron que el partido lo mantuvo en el chat de la dirección tras recibir las denuncias contra él, lo que de momento no parece haber afectado a la estimación de voto de la formación política, que sube dos décimas respecto al sondeo anterior. Además, la fundación del expresidente José María Aznar, FAES, fue mucho más allá que el líder del PP en sus críticas a Donald Trump; y la jueza decidió impulsar la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de que este se negara a declarar y pidiera suspender el proceso. Puede consultar todos los datos de la encuesta aquí.

Transferencia de votos

Vox sigue siendo el partido con el votante más fiel: más del 81% de sus apoyos en las elecciones de 2023 volvería a escoger hoy su papeleta. La formación cede un 3,3% de sus apoyos de entonces al PP y un 5,5% a SALF. El PP conserva al 80,7% de sus votantes, pero cede más de un 8% a Santiago Abascal. La fidelidad del electorado socialista es casi nueve puntos porcentuales inferior (72%), aunque mejora el dato respecto al sondeo anterior, al reducir sus fugas al PP y a Sumar.

En el espacio a la izquierda del PSOE, la coalición que aglutinó en julio de 2023 Yolanda Díaz mejora ligeramente sus datos respecto al mes anterior, aunque apenas retiene a la mitad de sus votantes de las últimas generales y cedería, si se celebrasen hoy, casi un 28% de sus papeletas a Podemos y un 6,5% al PSOE. Es la marca política que cuenta con más indecisos (9,6%).

Intención de voto por género y edad

El PSOE se impone al PP en intención de voto [dato sin la corrección demoscópica, conocida como cocina] en el electorado masculino y el femenino, aunque el mayor porcentaje en ambos casos es para los que hoy votarían en blanco, nulo, los abstencionistas y los indecisos, especialmente entre las mujeres (27,6%). Vox obtiene 6,5 puntos menos en el colectivo femenino que en el masculino. La intención de voto de las mujeres a Podemos se mantiene prácticamente igual (3,9%, ligeramente superior a la de Sumar) que en el sondeo anterior, previo al escándalo de Monedero.

Por edades, en la franja de los 18 a 24 años, se impone la desafección política, es decir, la abstención, los indecisos y los que votarían en blanco o nulo, que suman un 33%. Le sigue Vox, con un 24,3% de intención de voto; el PSOE (20,9%, seis puntos porcentuales más que en el sondeo anterior); y a mucha distancia, el PP (7,9%, tres puntos menos que en último barómetro). Como viene mostrando el instituto 40dB., la preferencia por el partido de Abascal decrece según avanza la edad: entre los mayores de 65, su intención de voto es casi 17 puntos más baja que entre los más jóvenes. De hecho, el partido de extrema derecha se impone a la suma de la plataforma de Yolanda Díaz y Podemos en todas las franjas de edad salvo en la de los pensionistas, donde hay prácticamente un empate. El PP obtiene su mejor dato (31,2%) entre los mayores de 65. El PSOE, en la horquilla de los 55 a 64 (26,8%).

Voto por región de residencia

El instituto 40dB. ofrece también datos de intención de voto en las siete comunidades autónomas con mayor muestra (Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León y País Vasco), y el sondeo evidencia grandes diferencias según los territorios. En Andalucía, que aporta 61 diputados al Congreso, el PSOE aventaja al PP, que gobierna actualmente la comunidad con mayoría absoluta, en cuatro puntos porcentuales, invirtiendo el dato del sondeo anterior, donde se imponían, por cinco puntos, los populares. En Cataluña, que reparte 48 escaños en la Cámara baja, los nacionalistas sobrepasan ligeramente al PSOE, que a su vez, obtiene una intención de voto casi nueve puntos superior a la del partido de Feijóo. En la Comunidad de Madrid ocurre al contrario, al registrar el PP casi 13 puntos porcentuales más. En la Comunidad Valenciana, que aún trata de recuperarse de la devastadora dana del pasado 29 de octubre, los socialistas (24,5%) aventajan ligeramente a los populares (23,8%), aunque el porcentaje mayoritario (25,1%) es el que aglutina a los abstencionistas, indecisos y los que votarían en blanco o nulo. En Galicia, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, el PSOE se coloca en primera posición (25,8%, tres puntos más que los populares) y el nacionalismo registra un 12,1% de intención de voto. En País Vasco, el nacionalismo se impone claramente con casi el 40%, es decir, 22,5 puntos porcentuales más que los socialistas y casi 37 más que el PP, que no llega al 3% y al que superaría, en cuatro puntos y medio, Vox. El mejor dato del partido de extrema derecha en estas siete comunidades es en Madrid (17,2%) y Andalucía (17,1%). Los mejores registros del espacio a la izquierda del PSOE se dan, por este orden, en la comunidad actualmente presidida por Ayuso, en la Comunidad Valenciana y en Andalucía.

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Trump y Abascal comparten un discurso que trata de ridiculizar la cultura “woke”, que según el Diccionario de Oxford consiste en estar “alerta a las injusticias y discriminaciones en la sociedad, especialmente en lo relativo al racismo”. Y esos mensajes parecen estar calando en mayor medida entre la población joven masculina. Quienes mejor opinión tienen en España del presidente estadounidense son los varones de la Generación Z, que abarca la franja de los 18 a los 27 años, precisamente en la que Vox tiene mayor intención de voto. El porcentaje de los que responden con algún sentimiento positivo varía considerablemente según la edad y el género. Así, entre los más jóvenes, la diferencia entre los chicos y las chicas es de 25 puntos porcentuales, y entre los varones de 18 a 27 y los del baby boom (mayores de 60), de 24.

Los estudios de 40dB. ya han puesto de manifiesto en más de una ocasión cómo las ideas más conservadoras, incluso de extrema derecha, tienen más éxito en los hombres jóvenes. Un 26% de los chicos de la generación Z opinaba el pasado septiembre que “en algunas circunstancias” prefería el autoritarismo a la democracia (frente al 18% entre las chicas); en octubre, otra encuesta mostró que el porcentaje de jóvenes que opina que la inmigración hace aumentar la delincuencia es 17 puntos porcentuales más alto en los chicos que en las chicas. En el monográfico sobre derechos LGTBI publicado en junio del año pasado, hasta un 27% de los varones de la Generación Z (el 9% en el caso de las mujeres) aseguró que le incomodaba ver a una pareja homosexual y un 44% de ellos creía que debería haber “un día del orgullo heterosexual”, porcentaje que bajaba hasta el 17% en el caso de las chicas de esa edad.

El sondeo (2.000 entrevistas online) se realizó entre el 21 y el 24 de febrero. En esos días, Trump se alineó con Rusia, calificó al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, de “dictador” y amenazó con aranceles a la Unión Europea por exigir moderación de contenidos en las redes sociales X y Facebook. Puede consultar todos los datos de la encuesta aquí.

Preguntados por las primeras propuestas de Trump, la más respaldada, con casi un 40%, es la de la reducción de la Administración Pública, si bien, solo dos de cada 10 españoles (el 53% en el caso de los votantes de Vox) apoyan la participación en el Gobierno estadounidense de Elon Musk, encargado precisamente de esa tarea. Entre la población general, la deportación de inmigrantes indocumentados genera más rechazo (55%) que aprobación (35%); al igual que ocurre con la exigencia a los países de la OTAN para que aumenten su gasto en Defensa, que desaprueba el 57%; la aplicación de aranceles a las importaciones estadounidenses (64% de rechazo); o la negociación del fin de la guerra en Ucrania sin tener en cuenta a su Gobierno y a la UE (casi el 66% en contra). Los anuncios de Trump más repudiados son la idea de convertir Gaza en un área turística desplazando a la población palestina fuera del territorio (73% en contra) y la salida de EE UU de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que se opone el 69%.

Esos porcentajes varían sensiblemente según la intención de voto y la edad. Mientras en el electorado de izquierdas el rechazo es mayoritario, los apoyos de Vox, que consideran a Trump “patriota” (64%) y “decidido” (77,9%), valoran positivamente todas las medidas o anuncios anteriormente citados, salvo sus intenciones en Gaza y la aplicación de aranceles. En el electorado del PP, la diferencia entre los que están muy o bastante de acuerdo y los que responden nada o bastante en desacuerdo los ubica mayoritariamente en la casilla del contundente rechazo, excepto en lo que tiene que ver con la reducción drástica del tamaño de la administración pública estadounidense y el aumento por parte de los países de la OTAN de su gasto en Defensa, donde hay una aprobación mayor. Mientras que la población general repudia las propuestas de Trump, los hombres de 18 a 27 años ven con buenos ojos ese recorte en el número de empleados federales, la deportación de inmigrantes, el aumento en gasto en Defensa y la negociación con Rusia.

Por todo esto, la mayor parte de la población española cree que la presidencia de Trump tendrá un impacto negativo más allá de Estados Unidos. Un 56% considera que perjudicará a la seguridad mundial; un 55% a los valores democráticos; un 60% al comercio internacional y un 59% a la lucha contra el cambio climático. Solo el electorado de Vox y de Se Acabó La Fiesta (SALF), la marca política del agitador ultra Alvise Pérez, y los varones de la Generación Z creen que ese impacto será positivo, salvo en la cuestión medioambiental. Quienes más temen las consecuencias globales del mandato del presidente estadounidense son las mujeres y las personas de mayor edad.

La mitad de los españoles ve “muy” o “bastante probable” que el mandato de Trump fortalezca a la extrema derecha en España, aunque solo el 31% cree que eso vaya a conducir a la elección en el territorio nacional de una persona “con ideas similares” a las del presidente estadounidense.

En cuanto a la participación de Elon Musk en el Gobierno de EE UU, es apoyada mayoritariamente por los hombres más jóvenes y rechazada por las mujeres de todas las generaciones. Entre los críticos con esa alianza entre Trump y el hombre más rico del mundo, un 38% afirma que no compra productos de su empresa Tesla como protesta y un 26% se plantea no hacerlo. El 36% dice haber abandonado X y otro 26% se plantea hacerlo en el futuro.

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Respecto a la declaración de lugares de memoria en el archipiélago, Torres explica que tendrá esa consideración la Colonia Agrícola de Tefía, “que fue centro de internamiento y trabajos forzados para homosexuales en Fuerteventura”. “Es nuestra voluntad también hacerlo con el Templo Masónico de Tenerife y con todos los espacios, entre los que podrían incluirse los que nombras, que sean histórica y jurídicamente merecedores de esa declaración, como es el caso de la Real Casa de Correos de Madrid que, al haber sido un centro de tortura durante décadas bajo la dictadura de Franco, cumple con estos criterios”, añade. La antigua Dirección General de Seguridad fue el centro de operaciones de policías como Billy el Niño. Una de sus víctimas, José María Galante, relataba a EL PAÍS lo que sufrió en aquel lugar: “Una vez, me tenía esposado al radiador en un despacho de la DGS, llegó, me dio un culatazo y me dijo: ‘Has tenido el honor de que te pegue un culatazo Billy El Niño’. No era un funcionario que torturaba, era un torturador compulsivo, disfrutaba haciéndolo”.

El ministro relata en su carta a Díaz Ayuso que durante su etapa como presidente canario se realizó un catálogo de vestigios franquistas a través de un convenio con la Universidad y recuerda que en el edificio del Parlamento de Canarias, que fue utilizado desde el inicio de la Guerra Civil para celebrar consejos de guerra, se instaló una placa en memoria de las personas que fueron condenadas allí. “Te animo, presidenta, a que se haga lo propio en la Real Casa de Correos. Más allá de la culminación del expediente que hemos iniciado, sería un gran gesto instalar una placa con la presencia de todos los grupos políticos, recordando a las personas que sufrieron represión y torturas en ese espacio”.

El Gobierno madrileño ha declinado la invitación a negociar para llegar a un acuerdo, por lo que el asunto se dirimirá, afirman en el Ejecutivo, en el Tribunal Constitucional. El ministro recuerda en su carta a Díaz Ayuso que esa declaración de la antigua DGS como lugar de memoria se hace “conforme a la ley de memoria democrática, que emana del Congreso de los Diputados, de la voluntad popular”. “Afortunadamente, presidenta, ese emblemático edificio que acoge la presidencia autonómica representa hoy los valores de un pueblo democrático y abierto como es el madrileño. Y eso debería ser una motivación adicional para que ese lugar se signifique a favor de las libertades y las democracias frente al totalitarismo. Una motivación adicional para que, desde las instituciones democráticas, demos garantía de no repetición”, añade. En conversación con periodistas este jueves, Torres

Isabel Díaz Ayuso ha criticado con dureza la ley de memoria, que según ella, obedece a un intento de “blanquear a ETA” [no hay alusión alguna al terrorismo en el texto legal]. Cuando el jefe del Ejecutivo anunció que el Gobierno impulsaría este año, 50 aniversario de la muerte del dictador, un centenar de actos para celebrar la gran transformación del país desde el inicio de la Transición, llegó a tuitear: “Pedro Sánchez ha enloquecido. Como su gobierno está en sus últimas horas, ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos muy minoritarios, que últimamente salen justo cuando él lo pasa mal. La Comunidad de Madrid, garante de la Transición, la libertad y la Constitución, no se sumará a un solo de estos eventos e iniciativas promovidas por Sánchez”.

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Comida en El Ventorro y llegada al Cecopi

La agenda oficial del presidente valenciano el día de la dana incluía: a las 9.00, el pleno del Consell; a las 10.45, la asistencia al acto de recepción del certificado Aenor a la comunidad; a las 12.30, la presentación de la estrategia de Salud Digital y a las 13.45; una reunión con la patronal y los sindicatos para abordar los próximos presupuestos. El portal de transparencia de la Generalitat sigue sin incluir lo que ocupó buena parte de su tarde el día de la catástrofe: una comida en un restaurante. La primera vez que Mazón se refirió a ella fue el 7 de noviembre y aseguró que se trataba de un almuerzo “de trabajo”. Previamente, su equipo había trasladado que era una reunión “de carácter privado”. El silencio de esos días, justificó, obedecía a que “nadie” le había preguntado. Cuando los medios, no Mazón, revelaron que ese encuentro había tenido lugar en el restaurante El Ventorro con una periodista, el presidente aseguró que había acudido en calidad de dirigente del PP, no como máximo responsable del Gobierno valenciano. Según el relato del entorno de la periodista con la que comió, Mazón le ofreció la dirección de la cadena autonómica À Punt, que ella rechazó, y “en ningún momento transmitió la sensación de que estaba pasando algo”. En ese tiempo, ya se habían producido espectaculares rescates de los bomberos a vehículos arrastrados por la riada y el 112 recibía numerosas llamadas de vecinos pidiendo auxilio.

En su comparecencia en las Cortes valencianas el pasado 15 de noviembre, Mazón se limitó a decir que si no había llegado antes al Cecopi, reunido desde las 17.00 el día de la dana, fue porque el trayecto “no fue fácil, ya que había mucho tráfico”. El pasado 7 de febrero aseguró que “a media tarde” ya estaba en el centro desde el que se coordinaba la emergencia. Este miércoles ha asegurado que lo pisó por primera vez “a las 20.28″, es decir, después de las 20.11, cuando se envió -ya tarde- la alerta masiva a móviles pidiendo a los ciudadanos que evitaran desplazamientos.

Las llamadas

Una vez destapado que en el día de la peor catástrofe natural en la Comunidad Valenciana su presidente había comido durante unas tres horas con una periodista en calidad de líder regional de un partido político, y no como representante de todos los valencianos, Mazón y su equipo centraron su estrategia de defensa en asegurar que había estado “permanentemente comunicado” y al tanto de lo que ocurría en su comunidad. Sin embargo, la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que ese día le costó “cuatro llamadas”, entre las 19.30 y las 20.00, contactar con él . El 8 de noviembre, Mazón tuiteó: “Basta de manipulaciones. Este SMS, a las 20.20, después de enviar la alerta y sin cobertura en el Cecopi. Esto es lo que ocurrió”. Pero él mismo ha dicho este miércoles que no llegó a centro hasta las 20.28. El 9 de noviembre, preguntado por esos intentos de la ministra de hablar con él, aseguró que no habían sido antes de las ocho de la tarde, pero añadió que en el centro de coordinación de la emergencia “no había cobertura” y que podía tener “alguna llamada perdida”.

🔴 Mazón retrau a Ribera que es va posar en contacte amb ell passades les 20:00 h de dimarts

En una declaració en exclusiva per a À Punt, el cap del Consell ha confirmat que es trobava en un dinar “per a parlar del futur de la televisió” autonòmica

▶️ https://t.co/s8IYV62JYY pic.twitter.com/wC3Srqg0AD

— À Punt NTC (@apuntnoticies) November 9, 2024

Basta de manipulaciones.
Este SMS, a las 20:20h después de enviar la alerta y sin cobertura en el CECOPI.
Eso es lo que ocurrió. https://t.co/UYJ16JlPOa pic.twitter.com/VtX36bENTU

— Carlos Mazón (@carlos_mazon_) November 8, 2024

Cuando los socialistas valencianos registraron una pregunta por el registro de llamadas de Mazón ese día, el secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras, respondió que no era posible porque “la compañía prestataria de los servicios y suministros asociados al servicio de voz y de comunicaciones móviles a la administración de la Generalitat no emite facturas individuales por cada uno de los teléfonos fijos y móviles”. La empresa ha hecho ese procedimiento en otras ocasiones, pero en todo caso, Mazón disponía en su propio teléfono de ese registro de llamadas hechas, recibidas y perdidas. Después de negarse a facilitar esa información, el presidente valenciano, en un desayuno informativo en Madrid el pasado lunes, enumeró “16 llamadas” hechas o recibidas desde que comenzó el Cecopi, a las cinco de la tarde, “y hasta las 20 horas”.

”A las 17.37″, relató, leyendo un papel que llevaba escrito, “hablé con la consellera de emergencias, con la que volví a hablar a las 18.16, a las 18.25, a las 18.30 y a las 19.43; A las 18.48, con el director general de comunicación de la Generalitat; A las 18.57, dos veces, con el síndic del PP que estaba haciendo ronda de preparación e información sobre pueblos; a las 19.34 con el secretario autonómico de infraestructuras; a las 19.43, con la directora general de la secretaría del gabinete; a las 19.44, con la directora general de organización y coordinación de Presidencia; con el presidente de la Diputación de Valencia, presente en el Cecopi desde las cinco, varias llamadas de whatsapp a las 17.46, a las 18.25 y a las 18.27; con el alcalde de Cullera a las 18.28 y le pregunté cómo estaban las lluvias en su municipio”.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, del PP, urgió a mandar la alerta masiva a móviles el día de la dana: “¡Mandadla de una puta vez!”. Uno de los autos de la jueza que instruye la causa por la gestión de la catástrofe dice: “Constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constatación del aviso notablemente tardío, el consejo de evitar desplazamientos en la [...] alerta fue a las 20.11, y errado en su contenido, muchas de las víctimas fallecieron sin poder salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la vía pública. En definitiva, los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí””. En ese registro leído por Mazón no aparece en ningún momento el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tampoco acudió a escuchar al presidente valenciano en el acto de este lunes.

El envío de recursos por parte del Gobierno central

“La coordinación con el presidente del Gobierno y con el ministro [del Interior, Fernando Grande] Marlaska es muy buena. Yo no hago más que pedir más efectivos conforme a la radiografía de las necesidades va creciendo”, declaró Mazón el 1 de noviembre. “Cada petición de militares y otros refuerzos ha ido fundamentada por el mando operativo de la emergencia. (…) Los voy a seguir exigiendo. Espero que el Gobierno de España esté a la altura, como hasta ahora ha estado”, añadió al día siguiente. El nivel de emergencia 2, como admitió el propio presidente valenciano este lunes, no afectaba a la disposición de recursos, sino a quien dirigía el operativo, es decir, la Generalitat, que era la institución que solicitaba, como él mismo explicaba en noviembre, lo que necesitaba. Sin embargo, en el desayuno informativo este lunes aseguró que el Gobierno central “retrasó las ayudas” y “escatimó el envío de militares” porque los recursos “se asignaban en relación a cuánto creían que iban a ayudar o perjudicar a la Generalitat” y para “debilitar al rival político”.

La delegada del Gobierno en la Comunidad llamó tres veces el día de la dana (a las 12.23, las 12.48 y las 14.00) a la consejera de Justicia e Interior de la Generalitat, Salomé Pradas, responsable de Emergencias, para ofrecerle medios ante el agravamiento de la situación. Pradas los rechazó. La Generalitat también renunció, en un principio, a la ayuda que le brindaban administraciones del mismo color político, como el equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam), que se ofreció entonces a acercarse por si finalmente los necesitaban, como así fue. Minutos después de las dos de la tarde, Pradas sí aceptó la ayuda del Ejército, pero solo para Utiel. Tras la catástrofe, la consejera negó tales ofrecimientos por parte de la delegada del Gobierno, pero unas imágenes captadas por TVE de una reunión con su equipo la desmienten porque hablaba, precisamente, de ese ofrecimiento: “La UME se ha puesto a disposición de poder desplazarse aquí”. A las 7.47 de la mañana, el teniente general Javier Marcos, al mando de la UME, ya había ordenado suspender todas las actividades programadas por el Batallón de Intervención en Emergencias III, con base en Bétera (Valencia) y preparar material por si fuera necesaria su salida urgente. A las 15.29, el centro de coordinación de Emergencias hizo la solicitud formal de presencia de la UME en Utiel-Requena, pero lo hizo mal: pidió “desmovilización” en lugar de “movilización”. Advertidos del error, enviaron un nuevo formulario a las 15.41. A esa hora, en aplicación del despliegue adelantado, el general Marcos ordenó el envío de una patrulla de reconocimiento hacia la zona. La situación se había agravado tanto debido a las lluvias torrenciales que solo 56 de los militares lograron llegar al destino de la misión asignada. Los 40 restantes se quedan rescatando a gente.

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Cualquier tuitero puede revisar la cronología de la cuenta del presidente valenciano para comparar sus declaraciones más recientes con las del día de la catástrofe y contrastarlas, a su vez, con las del organismo al que trata de endosar toda la responsabilidad, al depender del Gobierno central: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Otro ejercicio interesante y demoledor para Mazón es seguir en X la evolución de la dana del pasado 29 de octubre, buscar qué estaba diciendo el máximo responsable de la comunidad afectada a esas horas o cómo fue variando su relato.

Dijo Mazón el lunes, tras asegurar que iba a ofrecer no su versión, “sino la verdad”, que el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana afirmó aquel mediodía en televisión que el fenómeno adverso se iría desplazando hacia el Norte y que la alerta roja se extendía hasta las seis de la tarde. Se refería a José Ángel Núñez, con 22 años de experiencia profesional, pero omitió una parte trascendental de la intervención de este en la radio pública autonómica a las 12.20: “Tenemos que estar más pendientes. En zonas donde no llueve pueden llegar ríos, ramblas, barrancos muy crecidos y, aunque los que nos estén oyendo estén en una zona que no sea de lluvia, no hay que confiarse porque estas situaciones de gota fría con precipitaciones torrenciales en sierras y en montañas de interior son las más peligrosas porque el agua corre, arrastra coches, vemos ríos y barrancos crecidos...”. Unos minutos antes, a las 11.48, Mazón había comentado ante las cámaras —tras la catástrofe, borró ese vídeo de su cuenta de X—: “El temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana”. El comité de emergencias de la Universidad de Valencia acababa de elevar a 3 —en una escala de 4— el nivel de peligrosidad. A las 11.50, dos minutos después de la intervención de Mazón, la Confederación Hidrográfica del Júcar anunciaba que ya había barrancos desbordados y que el río Magro crecía “de forma importante”. A las 12.09, el consorcio de bomberos de la Comunidad Valenciana difundía en X el espectacular rescate en helicóptero del ocupante de un vehículo arrastrado por la fuerza del agua en Alzira. Por la mañana, Mazón se había burlado de la prudencia de las universidades que, con la misma predicción, según él, “fallida”, habían tomado medidas para proteger a su personal y alumnado.

Moment en que els rescatadors del GERA i helicòpter V-990 de @BombersValencia arriben a un vehicle atrapat per l'aigua a Alzira i rescaten el seu conductor i després també un altra conductora a Alzira.
La màxima prioritat dels bombers està sent els rescats en tota la província. pic.twitter.com/KagEyOTpdX

— Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) October 29, 2024

Aseguró Mazón este lunes que el Gobierno “retrasó las ayudas” y “escatimó el envío de militares” porque los recursos “se asignaban en relación a cuánto creían que iban a ayudar o perjudicar a la Generalitat” y para “debilitar al rival político”. Sin embargo, y como puede verse en su timeline en X, el propio presidente regional sostuvo que era él quien iba solicitando al Gobierno los recursos que veía necesarios: “Cada petición de militares y otros refuerzos ha ido fundamentada por el mando operativo de la emergencia. (…) Los voy a seguir exigiendo. Espero que el Gobierno de España esté a la altura, como hasta ahora ha estado”, declaró el 2 de noviembre. “La coordinación con el presidente del Gobierno y con el ministro [del Interior, Fernando Grande] Marlaska es muy buena. Yo no hago más que pedir más efectivos conforme a la radiografía de las necesidades va creciendo”, había dicho la víspera.

Junto a los 2.000 efectivos propios solicité al ejército el mismo martes a las 15:00 de la tarde. Y tras sucesivas y diarias peticiones una vez garantizados y abiertos gran parte de los accesos, hay más de 7.000 militares en acción. pic.twitter.com/XbMTlCe4Fw

— Carlos Mazón (@carlos_mazon_) November 2, 2024

Las peticiones de ayuda al Ejército se hicieron en tiempo y forma y seguiremos pidiendo mientras haga falta, mañana mismo se incorporan más efectivos. pic.twitter.com/KChNy73BnB

— Carlos Mazón (@carlos_mazon_) November 1, 2024

En esa huida hacia adelante, Mazón llegó a decir el lunes que la izquierda se ha “especializado en instrumentalizar el dolor”. ”Construyen un relato falso y utilizan todos sus terminales mediáticos para asentarlo. Ocurrió en el Prestige o el 11-M”, añadió. Esos ejemplos reman, de nuevo, en su contra, como advirtió la comunidad tuitera. El intento del PP por ocultar el alcance del hundimiento del petrolero agravó la catástrofe y en los atentados de Madrid los populares hicieron exactamente lo que el presidente valenciano atribuyó al PSOE: mentir y fabricar, por intereses políticos, una teoría de la conspiración sobre los autores de la matanza.

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El comunicado de FAES afirma que, gracias al “presidente felpudo”, el dirigente de ERC Oriol Junqueras “exhibe como un trofeo de caza una quita de 17.000 millones de deuda autonómica para que el resto de españoles pague a escote el despilfarro malversador acumulado por una administración golpista”. Junqueras fue el primero en hablar de la quita, que pactó con el Gobierno, pero la propuesta de esos acuerdos es ampliable a los territorios de régimen común y supondría quitarle a las comunidades una deuda de más de 83.000 millones de euros, un 25% del total que acumulan. Después de Andalucía (8,2 millones de habitantes), las más beneficiadas en términos absolutos serían, por este orden, Cataluña (7,4 millones de habitantes); la Comunidad Valenciana (4,9 millones de habitantes), y la Comunidad de Madrid (6,3 millones de habitantes). Es decir, tres de las cuatro regiones a las que más deuda se condonaría están en manos del PP. Según la propuesta del Gobierno central, la cifra perdonada a los territorios gobernados por los populares suma, en total, 57.640 millones, es decir, el 68% de los 84.438 del conjunto del país.

Para la fundación del expresidente Aznar, sin embargo, esa quita de deuda es una cesión al independentismo catalán [que no gobierna en Cataluña] y a los que comparan con el nazismo: “Hoy es un buen día —y mañana también— para rectificar la sumisión vichysta de la Moncloa a la recua nazi que mantiene España ocupada solo porque a Sánchez le conviene arrastrar un día más una legislatura sin presupuestos, sin futuro y sin honor. Un buen día para romper con los nazis que hablan de los españoles como ‘bestias taradas’, con los nazis que deliran fantaseando ‘proximidades genéticas’ para darle barniz científico al supremacismo más repugnante, con la Gestapo bildutarra, que presenta listas trufadas de etarras y con las SS de Sortu, que en 2021 elegían una secretaría nacional cuajada de terroristas entre los cuales Arnaldo Otegi, recién aclamado Reinchführer, no es el de trayectoria más criminalmente acreditada”.

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La fundación arremete también contra la convención ultra celebrada recientemente en Washington y a la que asistió Abascal: “Ha tenido de “conservadora” lo que el Palmar de Troya tuvo de católico. Hemos visto un conciliábulo donde se levantan muchos brazos: para rendirse a la Santa Rusia o para presumir de provocación gamberra”, afirma el texto, refiriéndose al gesto de Steve Bannon, primer estratega de Trump, quien, al igual que Musk hace unos meses, levantó el brazo imitando el saludo nazi. FAES critica, asimismo, que Vox haya decidido “romper” el grupo de Meloni en el Parlamento Europeo, “sumándose a la quinta columna del Putin club”. “Si estás en un sitio donde llaman al partido de Le Pen ultraderechita cobarde, preocúpate: ya solo podrás competir con Gengis Kan”, añade el texto.

Las últimas decisiones de Trump y su apoyo a Putin han incomodado al PP, donde no ha habido una respuesta clara. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado esos silencios y, apelando a las amenazas del mandatario estadounidense celebradas por Abascal, ha reclamado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que rompa definitivamente con Vox. El presidente del PP, de momento, ha sido mucho menos contundente que FAES: “Ni lo insulto ni soy cómplice de decisiones suyas que no comparto”, ha afirmado sobre Trump.

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A propósito de la polémica, algunos medios rescataron la que parece ser la expulsión más rápida de la historia, precisamente por un “fuck me” al árbitro en el primer minuto de partido, un encuentro amateur entre el Cross Farm y el Taunton East Reach Wanderers en el año 2000. Tirando, yo también, de hemeroteca, recordé que Ilustres Ignorantes, el programa más veterano de Movistar, y por tanto, fuente ya de jurisprudencia, dedicó hace unos meses su capítulo semanal a analizar un tema de rabiosa actualidad: los árbitros. Allí dejamos nuestras humildes aportaciones, que acaso puedan servir estos días. Me preguntó el capitán del equipo, Javier Coronas, antes de regalarme un paraguas “para la lluvia de críticas”, qué creía yo que necesitaba un buen colegiado, y le contesté, tan inocente, que, además de ser buenas personas, manejar un poco la psicología forense para detectar a los piscineros, tener unas nociones de Derecho para aplicar bien la ley de la ventaja, buena vista y buen oído para cuando le pidiéramos la hora, era conveniente que supieran idiomas porque les iban a insultar en varios. Pepe Colubi, que es un hombre sabio pese a su querencia por el Sporting, opinó, a su vez, que lo único que necesitaban hacer bien era “correr hacia atrás con las piernas muy estiradas, como una grulla haciendo moon walk” y subrayó “lo dificilísimo” que era, en esa tesitura, “imponer respeto”. Humildemente, creo que resumimos muy bien, y por adelantado, las polémicas del Osasuna-Real Madrid del pasado 15 de febrero.

El fútbol, ese espectáculo responsable de muchos minutos de felicidad e infelicidad en nuestras vidas, cae a menudo en el ridículo cuando se pone demasiado serio, trata de defender lo indefendible o ser lo que no es. Era imposible no sonrojarse viendo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, justificar que el Mundial de fútbol de 2022 se celebrara en un país, Qatar, que no respeta los derechos humanos —“Yo me siento catarí, trabajador inmigrante, gay y discapacitado”— o al entonces presidente de la Federación, Luis Rubiales, decir, a propósito de la Supercopa en Arabia Saudí: “Antes de ir nosotros no había ni baños para ellas en los campos. Con nosotros las mujeres entraron en igualdad”.

En todo caso, para errores arbitrales, paseen alguna jornada por Segunda, donde no se pitan goles que traspasan la línea de portería o se escucha a un colegiado decirle a un portero, tan pichi: “No era falta. Chocas con tu compi, pero te la pito”. No hubo cartas, ni corrieron ríos de tinta. Siempre ha habido equipos a los que hacen sudar más la camiseta. Si nos termina costando el ascenso, me hará menos gracia, pero de momento, hay problemas más serios y el fútbol ha de servir, sobre todo, para distraerse y olvidar.

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“ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones, quiere destruir España, privar a millones de españoles de sus derechos constitucionales, y provocar una confrontación”, declaró la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su última campaña electoral, cinco años después de la disolución de la banda terrorista y unos días antes de conseguir una aplastante mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas. “Nos han colado una dictadura por la puerta de atrás”; “Pedro Sánchez ha enloquecido. Como su Gobierno está en sus últimas horas, ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos muy minoritarios”, afirmó recientemente. Redactores “encapuchados” han intentado “entrar por la fuerza” en la casa de Ayuso, aseguró su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MÁR, quien también acusó a periodistas de este diario de “acosar” a menores en el edificio.

Ni Trump, ni Ayuso ni Miguel Ángel Rodríguez han inventado la mentira, que ha acompañado siempre la política de las promesas incumplidas. Pero la alta polarización, también la llamada “afectiva” (el rechazo a quien tiene una ideología distinta), y la revolución del ecosistema de comunicación a través de las redes sociales —“Los medios tradicionales son pura propaganda. Ustedes son los medios ahora”, dice a los usuarios de X el dueño de la plataforma, Elon Musk— han rebajado el caché de la verdad. “Si supiéramos cómo responder a esto”, opina Giovanni Capoccia, profesor de política comparada en la Universidad de Oxford y experto en extremismo, “solucionaríamos el gran problema de las democracias hoy”, pero hay varios factores, añade, que sirven para explicar por qué no penaliza electoralmente la mentira o por qué persistir en ella, a menudo, tiene premio. “Por un lado, cada vez es más difícil distinguir entre la información veraz y la que no lo es. En los setenta ya hubo mucha polarización y populismo, pero nada remotamente similar al panorama actual de las redes sociales, donde se prefiere la comunicación muy corta, emocional y posiblemente falsa porque su propia estructura no es apropiada para el razonamiento. La rabia es mucho más rentable y cuanta más gente enfadada, más clicks. Los medios tradicionales, los que, en cierto modo daban forma a la comunicación política, perdieron el monopolio de la información y unos pocos, como Musk, disponen ahora de un poder desproporcionado para manejar los algoritmos y penetrar en la sociedad que, a su vez, carece de herramientas para distinguir. Por otro lado, se estimula la polarización, el odio al rival, por eso cuando Trump dice algo muy loco, aunque quien lo oye no lo crea del todo, lo relativiza porque piensa que lo que hay al otro lado es peor”.

“¿Qué tienen en común Trump, Milei y Miguel Ángel Rodríguez? La relativización de la verdad”, insiste José María Lassalle, profesor de Filosofía del Derecho, consultor, exdiputado del PP y secretario de Estado en los gobiernos de Mariano Rajoy. “Todo esto viene de una práctica periodística que se desarrolla en EE UU en el entorno de Fox TV en la época del Tea party, las noticias falsas contra [Barack] Obama, aquello de que era un extranjero que quería propiciar una dictadura islámica... Es un fenómeno de propaganda masiva que el neoliberalismo diseñó como un modelo de negocio que favorecía al mismo tiempo intereses económicos y electorales y esa praxis de la derecha alternativa en Estados Unidos ha saltado al resto de los modelos de comunicación que han nutrido con éxito la política de la derecha populista en Europa y América Latina. Lo que determina que un contenido sea valioso o no ya no es que sea verdad o mentira, sino su viralización. Miguel Ángel Rodríguez es plenamente consciente de eso y ni se plantea que algo que dice sea falso. Repite, en la práctica, lo que Steve Bannon [primer estratega de Trump] ha hecho en EE UU con Breitbart [portal ultra]. Es prácticamente el mismo diseño de comunicación. Y demuestra un claro conocimiento de las dinámicas algorítimicas que visibilizan los contenidos alrededor del ruido. Domina el marco y en frente la respuesta es poco eficaz”.

Santiago Martínez-Vares, que ha trabajado como asesor para el PP y acaba de publicar Lo que dice el político y lo que la gente entiende. Comunicación política en tiempos convulsos (La esfera de los libros), coincide con Lassalle: “Miguel Ángel Rodríguez ha sabido entender el ecosistema digital mejor que nadie. Simplifica muy bien lo que a otros les cuesta mucho más. El PP como marca no funciona en redes ni la mitad de bien que Díaz Ayuso”. “Miguel Ángel”, añade, “ha demostrado una gran capacidad para atraer el foco hacia él en momentos críticos para la presidenta madrileña, haciendo de pararrayos. El error que cometió con el programa de Évole sobre las residencias de ancianos durante la pandemia [aseguró que una de las mujeres que daba su testimonio no era hija de una fallecida pese a que sí lo era] demuestra que hasta el mejor maestro echa un borrón, porque hoy seguimos hablando del programa y han preguntado a la presidenta por ello, pero en ningún caso va a hacer que dimita. Ha pedido disculpas, a su manera, pero sigue sin mostrar empatía con las víctimas [tampoco lo ha hecho Ayuso, quien critica a las asociaciones que agrupan a los familiares de los fallecidos en las residencias y el jueves, en la Asamblea, espetó a la oposición: “Siempre con las mismas mierdas”]. Para Martínez-Vares, “el único punto débil de Rodríguez es la sobreexposición, porque si estás mucho tiempo debajo del foco, te puedes quemar”. En todo caso, añade, “Ayuso no funcionaría sin Sánchez. Se retroalimentan, y fue el presidente quien le dio esa posibilidad el día que, por hacer pequeño a Pablo Casado, decidió reunirse con ella en la famosa foto de las banderas o mencionarla en una rueda de prensa en el extranjero. Todo es comunicación política. La estrategia por encima de todo”.

Bien: ya tengo comprobado que la primera señora que sale en #lodesimon no tenia a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid. Van,os a ver el resto

— MÁR (@marodriguezb) February 16, 2025

¿Hay una doble vara de medir? Si en lugar de Rodríguez hubiera sido el jefe de gabinete de un socialista quien hubiera despreciado a las víctimas del covid que fallecieron en las residencias de ancianos o quien hubiera lanzado bulos sobre la Fiscalía y la labor de los periodistas, ¿habría tenido que dejar el cargo? El politólogo Pablo Simón recuerda cómo en 2002, Antonio Miguel Carmona, entonces diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, dimitió después de que trascendiera que, en una conversación tras una reunión con comerciantes, ante las acusaciones de uno de los asistentes que le había recriminado que los políticos solo se ocupaban de ellos para recabar su voto, replicó que el PSOE “iba sobrado de votos, y que, si no, hundían otro barco”, en alusión al Prestige. A continuación añadió, según el audio, difundido por la Cadena SER, “es broma, es broma”, pero aquello le costó el puesto. “Los socialistas, cuando cometemos un error, dimitimos”, dijo entonces. “Carmona”, relata Simón, “dimitió porque aquel era un tema sensible para la izquierda y porque entonces ese tipo de barbaridades no se toleraban. Ha habido un cambio en los términos de aceptación de ese tipo de astracanadas y es un cambio global”.

Los consultados para este reportaje coinciden en que la izquierda no está acertando en la respuesta a la estrategia de Ayuso y su jefe de gabinete, que han logrado, con exabruptos, mentiras e hipérboles, que apenas se hable de lo que tradicionalmente servía para premiar o censurar a un dirigente político: su gestión. ¿Necesita la izquierda su propio Miguel Ángel Rodríguez? ¿Funcionaría ese perfil y discurso en su electorado? Para la politóloga Pilar Mera, profesora del departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, una figura como la del jefe de gabinete de Ayuso no tendría cabida sin el crispado clima actual. “Él alimenta y se alimenta de la polarización. Lo más parecido en la izquierda sería un perfil como el de Óscar Puente, que no juega tanto con bulos, pero sí va al choque, y en el electorado socialista hay quien lo agradece, pero también hay a quien le desagrada ese tono. No creo que pudiera haber un MÁR en la izquierda. En el electorado conservador no todos estarán a gusto con ese tipo de comportamiento, pero la tolerancia es mayor. La solución no pasa por fabricar su propio MÁR, igual que para el PP, la solución a su competición con Vox no puede ser convertirse en Vox. La respuesta debe ser tranquila, el dato mata relato, pero sabiendo dar el dato. A una frase corta y contundente no puedes contraponer una enciclopedia”.

En esa tolerancia a las mentiras y el estilo de Rodríguez, más allá de las redes sociales, la reacción mediática también es crucial, apunta Mera. “Hay un arco de opinadores e incluso de medios que consideramos serios que de manera sistemática publican y sostienen lo que dice el jefe de gabinete de Ayuso con el mismo objetivo: desestabilizar”. Tras el desprecio de MÁR a los familiares de los fallecidos en las residencias, el diario digital El debate tituló: “La izquierda protagoniza el enésimo intento de explotar las muertes en residencias para hacer oposición a Ayuso”. En la cadena de Esradio, el periodista Federico Jiménez Losantos aseguró que Ayuso se convirtió en una “figura mundial” durante la pandemia porque “plantó cara” y añadió, sobre Évole: “Es casi el ébola, como el virus. Me da asco”. Esdiario, uno de los medios que difundieron el bulo de los periodistas encapuchados y acosadores de menores en las inmediaciones de la vivienda de la presidenta madrileña, enfocaba así la noticia: “Ayuso se harta de ‘las mismas mierdas’ de la izquierda: ‘siempre retorciendo el dolor”.

“Parar esto”, abunda Lassalle, “es muy complicado, porque la opinión pública en Madrid, como ha pasado en Cataluña, está fuertemente sentimentalizada, lo que hace que no sea reacia a ese tipo de prácticas. Ayuso está blindada por un electorado absolutamente fiel al que sabe alimentar con lo que espera, emocionalmente, oír por su boca. En Cataluña ese suflé emocional terminó desinflándose porque se estrelló contra el muro de la realidad. Pero no es casual que manejaran registros parecidos porque Junts también se alimentó de la derecha alternativa norteamericana. Intelectuales y gente del mundo universitario vinculado al partido vivieron en Estados Unidos durante los años del Tea Party y bebieron de todas sus estrategias de comunicación”.

Para mejorar el debate público y la calidad democrática, concluye Capoccia, “los demócratas deben regular el entorno de la comunicación política, como está intentando hacer Europa, quitándole a gente como Musk y Trump su principal arma para influir en la opinión pública europea: el control del algoritmo. Y a la vez, han de adaptarse a ese discurso de las emociones de forma que sirva para apoyar los valores democráticos y restar credibilidad a las conspiraciones”.

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La página web, Opus libros, se convirtió en una especie de terapia de grupo y en una primera gran grieta en la opacidad que rodea a la organización, que afirma tener 41.500 miembros en España, el 70% de ellos supernumerarios (no dan cifras de bajas). López de los Mozos es una de las 13 mujeres de distintas edades y nacionalidades que participan en la serie El minuto heroico. Yo también salí del Opus Dei, que se estrena este viernes en Max, casi cuatro horas de testimonios demoledores. Escrivá vuelve a la pantalla, pero más de dos décadas después de la canonización, el contenido es muy distinto. El documental cuenta con la colaboración de la actriz Claudia Traisac, quien, siguiendo las indicaciones de las exnumerarias, recrea sus vivencias.

Menores de edad

Las mujeres entrevistadas en la serie, dirigida por la periodista Mònica Terribas, fueron miembros de la organización en España, El Salvador, México, Irlanda, Inglaterra, Argentina, Guatemala y Costa Rica. La más antigua ingresó en 1971. La última en abandonar lo hizo en 2016. “Los fallos del Opus Dei son iguales en todo el mundo. Es fuente de manipulación de adolescentes, de separación de familias, de problemas físicos y psíquicos…”, relata López de los Mozos. El documental, dividido en cuatro capítulos, abarca desde la captación, siendo menores de edad; el control férreo que el Opus ejercía sobre ellas una vez dentro, apartándolas de sus familias y sometiéndolas a una dependencia económica absoluta, hasta el complicado proceso para salir de la organización y empezar una “vida normal”. María Roca revela, por ejemplo, que cuando salió no sabía si los semáforos se cruzaban en rojo o en verde. Otras mujeres explican cuánto les costó relacionarse con hombres. “Temblaba cada vez que veía a uno”, relata María Isabel Mena.

La captación se produce a través de los centros educativos y mediante actividades atractivas para los menores: excursiones, deportes... Se hace de uno en uno, por numerarios o numerarias jóvenes que se hacen amigos de los chicos y chicas hasta que “pitan” —en la jerga interna, iniciar el proceso de admisión—. “Te hacen sentir importante, especial...”, recuerdan las entrevistadas, pero una vez que ya estás dentro, los captadores desaparecen —para captar a otros— y ellas mismas se convierten en reclutadoras. “El mismo día que cumplí 14 años y medio”, relata Mena, “le dije a mi madre que iba a estudiar, pero iba a pedir la admisión al Opus Dei. Me dejaron muy claro que no le tenía que decir nada a mis padres porque ellos podían ser la voz del demonio”. Su testimonio coincide con el de otras entrevistadas, como Fátima Navarro, que explica cómo le pidieron que no comunicara que había dado el paso hasta que cumpliera la mayoría de edad. Numeraria auxiliar, estuvo 20 años dentro de la organización. “O salía, o me volvía loca”, resume.

La Prelatura no quiso participar en el documental. Cuando EL PAÍS publicó, el pasado octubre, testimonios de antiguos miembros del Opus Dei denunciando manipulación y abusos, una portavoz de la organización replicó que, según sus estatutos, la edad mínima para “comprometerse formalmente” son los 18 años, “tras al menos un año y medio de preparación y discernimiento”. “Si alguien más joven siente una llamada vocacional”, añadió, “puede solicitar ser ‘aspirante’, con el consentimiento expreso de sus padres y siempre que sea mayor de 14 años y medio”. Tanto las entrevistadas en el documental como en el reportaje de este diario desmienten ese consentimiento previo paterno.

Tras el último paso, el de la llamada “fidelidad”, las mujeres del documental y los testimonios recogidos por EL PAÍS coinciden en que les dieron una plantilla de testamento para donar sus bienes al Opus Dei. “La Obra ha conseguido verdaderas fortunas así”, afirma De los Mozos. Una vez dentro de los centros, les entregan el cilicio —que deben usar dos horas al día— y las disciplinas (una especie de cuerda para azotarse la espalda). A partir de ese momento, “la familia es la Obra” y las cartas que envían y reciben, denuncian, son abiertas y “censuradas”.

Entre las entrevistadas para el documental figuran cinco numerarias auxiliares, mujeres que limpian y cocinan en los centros de la organización. “Las numerarias sirvientes, y lo digo en serio”, anotó Escrivá de Balaguer, “me parecen el mayor milagro que nuestro Señor ha hecho por su Obra. Antes solo pelaban patatas; ahora, se están santificando pelando patatas”. Las mujeres explican que carecían de sueldo y no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. La Fiscalía argentina, tras dos años de investigación impulsada por la Procuradoría de Trata y Explotación de Personas (Protex), acusó por ambos delitos a cuatro responsables del Opus Dei. EL PAÍS entrevistó el pasado octubre a una de las denunciantes, Lucía Giménez, que nunca cobró por su trabajo, y a una portavoz de la organización en Argentina, que admitió “inconsistencias en los aportes durante algunos periodos de tiempo” y aseguró que se habían emprendido “acciones de reparación”. “El Opus Dei”, añadió, “es una organización compuesta por personas, y, como tal, no está exenta de cometer errores”.

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En conversación con EL PAÍS, cuenta que le gustaría llevar a su hija a conocer la Alhambra de Granada: “Ahora tiene 11 años y es la época perfecta, pero el lunes tengo que estar en Nueva York y esta vez no hay tiempo para turismo. La próxima visita”. El actor, ganador de un Oscar por Traffic (2000), tiene raíces vascas: “Un apellido por parte de padre es Irisarri; otro por parte de madre, de mi abuela, es Bengoa, crecí en un sitio que se llama Santurce y soy fanático del grupo Eskorbuto”. Tiene pendiente el estreno en Netflix de su último trabajo, el thriller Reptile, con Alicia Silverstone.

Pregunta. En Los Fabelman, Steven Spielberg describe la fascinación de la primera vez en el cine casi como si al meterse en esa sala oscura hubiera sentido una iluminación. ¿Recuerda esa primera vez?

Respuesta. La primera película que recuerdo es una de James Bond, Vive y deja morir [1973]. Al viejo mío y al abuelo les gustaban las de vaqueros, los wésterns, pero esa sensación de estar en el cine, rodeado de personas, con la película a punto de empezar y la gente haciendo “shhh”, eso...

P. Eso no lo da Netflix.

R. No. Y se me ha quedado para siempre. Otra película que me marcó mucho ver en el cine fue Papillon [1977], con Steve McQueen y Dustin Hoffman. Me impresionó.

P. Y alguien tan famoso como usted, ¿puede todavía hacer ese ritual de ir al cine, comprar unas palomitas y sumergirse en una historia sin que nadie le moleste? ¿La fama quita libertad?

R. La fama quita un poco eso, la privacidad. Bueno, no es exactamente que te la quite, es que hay que pelear por ella. Empieza a ser algo que tienes que preparar, cocinar, organizar. Y eso te quita tiempo. Pero voy al cine todavía. Hace poco, a ver Air. También veo cine en casa y le enseño películas a mi hija.

P. ¿Cuál es la última que le ha puesto?

R. (Ríe). Mi hija y una amiga suya venían de ver Scream 2, una peli de horror que a mí me da miedo. Les pregunté si querían ver una peli buena de verdad y les puse Sunset Boulevard [1950].

P. ¿Y les gustó?

R. Al principio era: “Uf, blanco y negro”, pero sí, les gustó.

P. Hasta que ganó el Oscar, en su familia todavía insistían en enderezarlo, es decir, en llevarlo al Derecho, que era lo que habían estudiado sus padres y su madrina.

R. Sí. Tengo la tristeza de que ya no están con nosotros y los echo de menos. Si con eso pudiera hacer que regresaran, ahora estaría estudiando Derecho.

P. ¿Dónde tiene el Oscar?

R. En casa.

P. ¿En qué parte de la casa? ¿Se le olvida a uno que tiene un Oscar?

R. Sí, uno se olvida.

P. En España se habla de la maldición del Goya: dejar de trabajar después de ganar el premio. ¿Un actor puede acostumbrarse al éxito, relajarse en algún momento?

R. No. Si te acostumbraste quiere decir que te lo creíste. El éxito es como una nube, el humo que sale del carro. Es como el olor de la flor, me voy a poner poeta. Te puede traer oportunidades, pero no puede hacer tu trabajo.

P. ¿Sigue teniendo miedo a que no suene el teléfono?

R. Sí. El rechazo es parte de la formación del actor. Es algo que se te queda, siempre está ahí. Sientes que a lo mejor ya no vas a trabajar. Pero no puedes desesperarte y hacer cualquier cosa o algo que no te interesa verdaderamente, que no te mueve, por tener miedo a no trabajar. Hay maneras de mantenerse ocupado sin tener que estar filmando.

P. ¿Recuerda cuál fue su primer sueldo de actor y qué hizo con él?

R. Sí, lo primero que hice fue comprar una maleta (ríe).

P. Vaya metáfora, ¿no?

R. Sí. El sueldo era un poquito más que eso, pero esa fue la inversión que hice: viajar. Fue la primera vez que compré una maleta en mi vida porque siempre tenía la que pasaba del primo al tío, al abuelo... Eso fue en 1988 o por ahí. Y todavía no tenía ruedas.

P. Hay un cómico español, Raúl Cimas, que hace un chiste sobre eso: mandamos un hombre a la Luna y tardamos muchos años más en poner ruedas a las maletas.

R. (Ríe). Sí, es verdad. ¡Las maletas empezaron a tener ruedas como en los noventa!

P. Cuando tenía más de 70, el director Kaneto Shindo, al que usted admira, dedicó una película a su madre, a la que había perdido a los 9 años. La suya también murió muy joven.

R. Sí. Yo perdí a mi madre a la misma edad que él y cuando tuve la oportunidad de conocerle, hablamos de eso. Le pregunté si después de haber hecho la película había cambiado algo de ese vacío que te queda cuando pierdes a tu madre tan joven. Me dijo: “No, hice la película, pero no cambió nada”. La memoria está prendida siempre. Yo pienso en mi madre todos los días.

P. ¿Recuerda qué sintió cuando alcanzó la edad que ella tenía?

R. Sí. Sentí que era una niña cuando falleció. Era muy, muy joven.

P. Ricardo Darín rechazó un papel en Hollywood para hacer de narcotraficante mexicano. ¿Sufren todavía los actores latinos ese tipo de clichés? Sobre todo en sus comienzos, ¿era fácil distinguir cuándo la oferta tenía que ver con sus orígenes o sus rasgos y cuándo con su calidad como actor?

R. Creo que los clichés y los estereotipos han cambiado un poco o que hay un poco más de sensibilidad, pero existen todavía y aún son problemáticos. Las películas del narco le han dado carreras a muchos actores, yo soy uno de ellos. Hay series, como Breaking Bad, Narcos... y películas, como Traffic o Sicario. Existe el cliché, pero como en las películas de gánsteres y en los wésterns, por ejemplo, se pueden explorar muchas cosas de la condición humana, los extremos y que nos traigan a Shakespeare: una venganza, un amor... Como todo, tiene que estar en las manos de un buen equipo de cineastas. Yo he tenido la oportunidad de hacer películas de este tipo con equipos de clase A, como el de Sodeberbergh en Traffic. Ahora, si viene un papel de un narco, conoces al director y no tiene la sensibilidad o no se atreve a hacer cambios, entonces no vale la pena, pero hay veces que cuando te sientas con el director se convierte en algo distinto. Yo he hecho varias películas que en el libreto eran una cosa y lo que se hizo, otra. Se habla, se buscan ángulos, matices….

P. ¿Qué papel, de toda la historia del cine, de todas las películas que le entusiasman, le hubiese gustado interpretar?

R. Bueno, si tuviese siete años sería Frankenstein. Si tuviese 15 o 16, John Travolta en Fiebre del sábado noche o Rocky. Pero cuando veo a Marlon Brando en Viva Zapata [1952], por ejemplo, solo puedo admirarlo, no pienso en que me gustaría hacer su papel. No tendría el valor. La película es en inglés, el tipo era de Nebraska y Zapata muy de dentro de México, pero con todo, yo veo esa película y me lo creo, me convence, me pongo de su lado. Eso es increíble.

P. Hay estrellas que han confesado, con los años, haberse arrepentido de rechazar algún papel en películas icónicas. ¿Le pasó a usted?

R. Bueno, una vez, dije que no a un personaje y luego me enteré de que Bob Dylan estaba en la película [Anónimos, 2003] y que las escenas eran con él.

P. Y le dio rabia.

R. Sí. Me hubiese gustado mucho darle la mano, conocerlo, decir que lo conocí.

P. Trabajó con Bigas Luna, con Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem… ¿Hay algún director o directora, actor o actriz españoles a los que les tenga ganas?

R. Muchos. Me gustaría trabajar con Antonio Banderas, con Penélope Cruz… Y me gustan mucho las películas de Carlos Vermut.

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“Mi habitación bien patriota”, presume en Tik Tok una joven que muestra la bandera preconstitucional mientras suena el Cara al sol. “Algunos solo ven lo malo de Franco, pero olvidan todo lo que tenemos gracias a él. Recordad que la Guerra Civil la empezaron (sic) la izquierda porque no asumieron su derrota en las elecciones y lógicamente, los de derechas tuvieron que defenderse”, afirma otro usuario. “Que llegue alguien como él”, pide un tiktokero mostrando una imagen del dictador. Es una aplicación especialmente popular entre los jóvenes, y según la última encuesta anual del Instituto Reuters, ya es el referente informativo para el 20% de los menores de 35 años. El diputado Manuel Mariscal, de Vox, celebró el pasado 26 de noviembre desde su escaño: “Gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa oscura, como nos vende este Gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional”.

No existen grandes estudios a nivel nacional sobre el grado de conocimiento de los jóvenes españoles sobre la represión franquista, pero en 2022 el trabajo de campo realizado para elaborar el informe Las barreras entre los jóvenes para acceder al conocimiento de la memoria democrática, realizado por el instituto de investigación social y de mercados CIMOP para la Asociación de Descendientes del Exilio Español gracias a una subvención del Gobierno, ya reveló profundas lagunas entre los estudiantes. Las entrevistas a jóvenes de 16 a 30 años de Madrid, Sevilla y Valencia, de centros privados y públicos, estudiantes de secundaria, universitarios y de formación profesional o trabajando ya en distintos sectores, dejaron diálogos como estos:

— ¿Cómo estalló la guerra?

— La gente estaba en contra de la dictadura y se rebelaron.

— ¿Y después de la guerra qué pasó?

— Después de la guerra murió Franco y ya llegó la democracia y el Gobierno. Si no hubiera habido Guerra Civil, ahora estaríamos peor, en bancarrota.

La última ley de memoria (2022) establece que “el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, para lo cual “las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias”. La educación es una competencia transferida a las comunidades autónomas y hay 11 gobernadas por el PP, partido que se apuntó a la teoría de Vox de que ese tipo de contenidos supone “adoctrinamiento”. El temario es extenso y la manera de abordar la represión franquista depende a menudo de la voluntad de los centros y de los propios profesores, que ahora han de competir con la popularidad de contenidos supuestamente históricos vertidos en redes. Hay institutos, como el Núñez de Arce de Valladolid, que organizan visitas al valle de Cuelgamuros para realizar el saludo fascista y otros que llevan a sus alumnos a la exhumación de una fosa común de fusilados por el franquismo.

El revisionismo histórico y la apología de la dictadura franquista se han colado, en el caso de la población que ha crecido en libertad, por la grieta más amplia: la de la ignorancia. Ante ese bombardeo en redes del que se jactaba el diputado de Vox, no hay un muro de conocimiento suficiente y cada vez es más frecuente ver a jóvenes en protestas con la bandera preconstitucional o levantando el brazo. Un 26% de los varones de 18 a 26 años declaró en una encuesta reciente realizada por el instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER que prefería “en algunas circunstancias” el autoritarismo a la democracia.

El catedrático de historia contemporánea Julián Casanova, que el 19 de febrero publica una nueva biografía de Franco, alerta de ese peligroso “cóctel” y de la dificultad de los profesores de educación secundaria para transmitir a sus alumnos “la información relevante de la historiografía frente a la propaganda y lo que han visto en redes sociales”. “Ha sido”, añade, “una lluvia fina durante mucho tiempo, pero ha aumentado en los últimos años con nuevos modelos de propaganda digital. ¿Qué les dicen? Que la democracia no está haciendo nada por ellos mientras el establishment vive muy bien”.

Casanova forma parte del comité científico que asesora al Gobierno en el calendario de actos programados por el 50º aniversario de la muerte del dictador, englobados bajo el título España en libertad. El programa está muy enfocado a los jóvenes e incluye hasta una scape room itinerante, un juego donde, para salir de una habitación y entrar en la siguiente, hay que aprender algo sobre la dictadura, iniciativa que provocó mofas en X. El catedrático también critica a su propio gremio: “¿Cuántos historiadores están dando la batalla en las redes, tomándose esto en serio? Muy pocos. Tenemos que estar ahí y escribir para que nos lean. No sirve de nada hacer una monografía perfecta sobre la represión franquista si te leen 2.000 personas. Hay que usar todos los caminos: los medios, la enseñanza, las redes, el cómic…”.

La ignorancia tras el ‘Cara al sol’

Viendo ese déficit de conocimiento, José Antonio Martínez Soler, periodista de 78 años, y su hijo Erik, guionista que nació en 1978, el año en que se aprobó la Constitución, decidieron escribir a cuatro manos el libro Franco para jóvenes (Catarata). Erik cuenta que en su instituto nunca le hablaron de “los horrores del franquismo” y compara la necesidad de informarse sobre el pasado traumático con los antecedentes familiares de una enfermedad: “Conocer tus vulnerabilidades te permite vivir más y mejor”. Cuenta su padre que cuando le enseñó los primeros capítulos del libro, se “los tiró abajo porque eran un rollo”. “Le dije”, explica él, “que era mejor hacer un Franco visto desde hoy y que contara cómo había sido para él vivir en dictadura”. Cuando lo terminaron, se lo dieron a leer a un chico de 16 años, Bruno Martín, que les enviaba las palabras que no entendía, como “homilía”.

“En cuarto de la ESO”, explica Bruno, “estudié la Guerra civil y la dictadura de Franco, pero eran datos, fechas, sucesos... Al leer el libro, las vivencias en primera persona de alguien que lo había sufrido, ves realmente las injusticias que se cometían, comprendí mejor cómo era vivir en una dictadura. En redes sociales y algunos compañeros de clase dicen que no fue tan malo. Creo que los que se graban en Tik tok cantando el Cara al sol o con la bandera franquista, realmente no conocen la historia, no saben lo que dicen, porque cuando te lo explican bien, te das cuenta de que este hombre no hizo nada bueno. Tiene que ver con la desinformación y, a veces, con ganas de llamar la atención”.

“Para que no os pase lo mismo que a mí y a muchos otros españoles que sufrimos la represión violenta de la dictadura, os quiero contar quién es Franco”, explica José Antonio Martínez Soler en las primeras páginas del libro. Se refiere a su secuestro, el 2 de marzo de 1976, apenas tres meses después de la muerte del dictador. Vestían de paisano, pero no lo eran. Le abrasaron la cara con un líquido, le colocaron esparadrapo en los ojos y lo llevaron, permanentemente encañonado, a un lugar apartado donde lo torturaron e interrogaron para que les dijera quién había sido su fuente en un artículo sobre ceses y traslados de generales de la Guardia Civil moderados que había publicado en la revista Doblón con un pseudónimo.

Hasta que cumplió 27, Erik no conoció a fondo las circunstancias en las que su padre había sido secuestrado por un comando ultra de la Guardia Civil. “Durante 30 años no lo hablé con nadie”, admite José Antonio. “Mi padre”, explica, “era un teniente del ejército republicano y estuvo en un campo de concentración. Mi madre tenía dos hermanos socialistas en la cárcel y me pedía siempre: ‘No te signifiques’. Yo me he criado en el silencio del miedo. En nuestra casa, en las casas de los perdedores de la guerra, no se hablaba nunca, pero en las de los vencedores sí. Hemos sido demasiado cautos. Y ahora entro en Tik Tok y me escandaliza la cantidad de falsedades que cuentan sobre Franco. La libertad es como el oxígeno: no la valoras hasta que te falta. Si esos chavales supieran cómo era de verdad vivir en dictadura, dejarían de grabarse cantando el Cara al sol”.

Erik relata que en el lugar donde trabaja, una productora, le pidieron que no vinculara a la empresa con el libro de Franco. “Me dijeron que el dinero se espanta rápido”. El miedo, la incomodidad, los prejuicios... siguen presentes, como lo estaba un busto del dictador en el Real Casino de Madrid, en pleno centro de la capital, hasta 2023, cuando Erik y unos amigos, después de visitarlo, decidieron hacer público lo que habían visto. Y se retiró.

Aunque el problema se ha acrecentado, no es nuevo, como tampoco lo son las iniciativas para intentar atajarlo. En Navarra, entre 8.000 y 10.000 chavales de entre 15 y 18 años pasan cada año por las diferentes actividades del proyecto Escuelas con Memoria, que nació en 2016 impulsado, precisamente, por profesores de historia que detectaban ese déficit de conocimiento sobre la represión y la dictadura. “Había profesores”, relata Josemi Gastón, director del Instituto Navarro de la Memoria, “que no querían abordar con rigor ese periodo o. directamente, faltaban por desarrollar proyectos educativos firmes que pusieran en valor los derechos que tanto costó conseguir y que pudieran competir con lo que los chavales ven en redes sociales”.

Además de obras de teatro, exhibición de documentales y talleres literarios sobre la materia, organizan visitas a exhumaciones de fosas comunes y encuentros con represaliados, como Josefina Lamberto, que hasta que falleció, en 2022, se dedicó a divulgar su triste historia para que nunca se volviera a repetir. Tenía siete años cuando los falangistas se llevaron a su padre y a su hermana Maravillas, de 14. A la niña la encontraron muerta, desnuda en un descampado. La habían violado. “Es impresionante estar en el parque de la Memoria de Sartaguda con las víctimas y 650 personas en silencio absoluto, escuchándolas”, recuerda Gastón. “Los profesores podemos explicar los contextos históricos, pero cuando los alumnos escuchan directamente a los represaliados, lo interiorizan de otra manera y se fortalece su conciencia democrática”. Lo demuestran sus reacciones. “Los mataron por pensar diferente”, resume una alumna ante la exhumación de una fosa en Navarra, después de que la antropóloga Lourdes Herrasti les enseñe los cráneos agujereados por los impactos de bala. “Tenían pocos años más que vosotros: 19 y 21”, les explica Ana Ollo, consejera de relaciones ciudadanas e institucionales, presente en una de esas visitas.

“Verás cuando tu abuelo se entere de que has estado con un rojo”

Consciente de que una de las mejores herramientas de transmisión de conocimiento ha sido siempre la empatía, Luis Pérez Lara, de 88 años, represaliado del franquismo, ha acudido en una veintena de ocasiones a institutos a contar su experiencia. Cuenta que utiliza algunos trucos. “Al principio llegas y hay risas, bromas... Oyes, por ejemplo, a uno decirle a otro: ‘Verás cuando tu abuelo se entere de que has estado con un rojo’ o cosas así. Si veo a uno con pelo largo, le digo que, seguramente, en la dictadura se lo habrían llevado detenido. Les cuento cómo eran los bailes, la represión sexual que había, que la mayoría de edad estaba en 21 años... y cuando veo que ya he establecido un contacto, poco a poco, les empiezo a hablar de la cárcel, de las torturas...”.

Militante del PCE, Pérez Lara sufrió, en la Dirección General de Seguridad, actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, todo tipo de palizas y vejaciones: porrazos en el pene, amenazas a punta de pistola... hasta simularon que iban a arrojarlo por una ventana. Uno de sus torturadores fue el célebre Billy el Niño, que hasta finales de 2022 disfrutó de cuatro medallas pensionadas (con dotación económica). Hoy llama a ese clic, cuando nota que los chavales le escuchan, “abrir la puerta”. Cree que ha estado cerrada demasiado tiempo, que han llegado tarde. También le preocupa “no tener relevos”, pero está convencido de que para espantar los autoritarismos hay que conocerlos, y a eso ha dedicado toda su vida en libertad: a que se sepa lo que les pasó a tantos como él.

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Los magistrados consideran probado que para “motivar” a Cascos a liderar el proyecto político de Foro Asturias hubo un “acuerdo” para que no perdiera su estatus económico anterior. “A partir de ahí”, afirma la sentencia, “la determinación de la naturaleza de los gastos como derivados, o no, de la actividad al servicio del partido no es algo que el Tribunal tenga que explorar”. Entre esos gastos, revelados por EL PAÍS en diciembre de 2019, figuraban un videojuego para su hijo, pedidos de pizzas al domicilio de su hija, viajes y noches de hotel para su familia... “Es cierto”, añade la sentencia, “que, en una primera aproximación” a esos gastos “los hay que permiten sugerir su distanciamiento de la acción del partido como podrían ser, por ejemplo, los que se facturan por espectáculos, restauración o procesales [por asuntos judiciales de Cascos que no tenían que ver con Foro Asturias] ,gastos respecto de los que fundadamente cabría su reprobación, pero si el acusado mantiene que formaban parte del pacto de conservación de su capacidad económica cuando se adhiere a la nueva formación política, la Sala considera que en esa confrontación tiene que prevalecer el pro reo [lo que más beneficia al acusado]”. Durante el juicio, Cascos argumentó que las entradas para la Copa Davis para sus hijos que pagó el partido obedecían a que “tener una imagen de familia es un activo”. De otros importes, como la compra de un polo y unas bermudas, el videojuego o una noche de hotel para su suegro aseguró que debía tratarse de “un error”. Era él el que pasaba los tiques al partido y recibía, según explicó, el importe de vuelta, normalmente, en efectivo.

Durante el tiempo que Cascos lideró Foro Asturias, como describe el propio tribunal, de forma “presidencialista”, el partido careció de tesorero. El acusado explicó durante el juicio que esa figura no hacía falta porque todo se basaba en relaciones “de confianza”. La Audiencia Provincial asume por completo esa tesis porque de lo contrario, afirma la sentencia, “había que convenir que las personas que autorizaban los pagos o actuaban con la conciencia y voluntad de ser elementos instrumentales de la deliberación depredatoria del dirigente absoluto, identificando las correspondientes autorías por cooperación necesaria, y nadie los acusa por ello, o actuaban indolentemente abdicando de ejercer las responsabilidades que les correspondían, lo cual no es creíble”. Durante el juicio, uno de los testigos explicó que usaban “para todo” la expresión “LQDC”, siglas de “Lo Que Diga Cascos”. El abogado de la formación afirmó que el exministro de Fomento “tenía control absoluto, político y económico” aunque no tenía firma o tarjeta [como alegó su letrado] porque nadie le cuestionaba y porque diseñó un “fenomenal desbarajuste que al único que beneficiaba era a él”. Esta situación pudo darse, añadió, debido a “una legión de incondicionales que pensaron que era el Mesías y que, con confianza ciega, bisoñez e ingenuidad, se limitaban a hacer lo que él decía”.

Respecto al alquiler de la sede en Madrid , por el que la familia Cascos ingresó 173.855 euros, la sentencia afirma que “los contratos se suscribieron, sin ocultación ninguna” y que algunos de los testigos declararon conocer la sede. La presidenta del partido, Carmen Moriyón, la definió, sin embargo, como una “sede ficticia” porque el partido tenía apenas 100 afiliados en la capital y porque ni el candidato del partido a las elecciones europeas la conocía, pese a que una de las justificaciones que se dio al alquiler de esos despachos fue la preparación de la campaña para dichos comicios. Moriyón relató que descubrió ese alquiler al pedir un informe de las cuentas del partido tras el descalabro electoral de 2019. Al indagar sobre ese gasto, Enrique Álvarez Sostres, uno de los impulsores del partido, le explicó que no existía tal sede en Madrid, aunque Cascos lo había intentado. Se refería, como explicó en el juicio, a una reunión en casa del exvicepresidente del Gobierno en la que este le había manifestado su deseo de que la formación alquilase esa oficina de la que él disponía en la capital ya que estaba pasando por “problemas económicos”. Sostres escribió un correo electrónico para explicarle que “podía afectar al orden moral y legal”, ya que mezclaba “problemas personales con los bienes públicos”, pero para entonces, Foro llevaba ya seis meses pagando el alquiler de esa oficina.

Respecto a los gastos de reparación y mantenimiento de vehículos privados, propiedad de la familia, que Cascos facturó al la formación política pese a disponer de un coche de Foro Asturias y chófer, la Audiencia Provincial de Oviedo afirma que “su relación con la actividad del acusado al servicio del partido podría ser dudosa, pero en la duda el pro reo determina que la Sala se decante en beneficio del vínculo”. El importe total de los gastos de Cascos que la acusación particular (Foro Asturias) y la Fiscalía consideraban que suponían un delito continuado de apropiación indebida ascendía a 181.648 euros. Durante el tiempo en el que el exvicepresidente facturó esos gastos a la formación política recibió, paralelamente, un salario y dietas. El informe de la auditoría Centium recoge que en siete meses de 2012 percibió un sueldo de 153.383 euros y otros 24.705 en dietas; en 2013, un salario anual de 139.545 euros más 30.541 en dietas y en 2014, de 164.346 euros además de otros 26.700 en dietas. En esos años, según declaró el auditor, el presidente suponía “entre el 50% y el 60%” de los gastos totales de Foro Asturias.

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García-Gallardo eligió precisamente X para explicar las razones de su renuncia y la tuiteca resume bien su aportación al sector público. En su carta aclara que no será él quien se sume al grupo de “los entusiastas de la ‘democracia interna’ absoluta y las primarias para la selección de los candidatos a cargos electos” —llegó a la política por dedazo del líder de Vox, Santiago Abascal—, pero lamenta que “la dirección del partido” haya ido “ocupando cada vez más espacio en detrimento de los demás”.

¡Gracias y hasta pronto! 🟢🇪🇸 pic.twitter.com/AfH0lLMnvD

— Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) February 3, 2025

Llevaba unos meses afiliado a Vox cuando Abascal lo ungió como flamante candidato a la presidencia de una comunidad con casi 2,4 millones de habitantes. Le faltaron reflejos para borrar algunos de sus tuits, poco presidenciables, y para cuando se puso a ello ya circulaban por la red los pantallazos: “Me parece una gran idea recuperar a Raúl para la Eurocopa. Hay que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones”; “Qué ridículo suena que las mujeres exijan igualdad de trato, cuando lo que quieren es seguir siendo tratadas igual de bien”. Otros comentarios fueron indultados por el propio autor y permanecen visibles en su cuenta, quizá porque los vio menos problemáticos, o más acordes con la línea del míster que lo puso de titular en el partido contra el popular Alfonso Fernández Mañueco. Uno de ellos dice: “¿Podrías decirme por qué se vivía peor con Franco? A los que no lo sabemos por experiencia personal nos gustaría saberlo”. Otro: “Si no se hubiera producido el alzamiento nacional, España hubiera acabado siendo una república soviética”.

Aparte de la sorna del comentario, ¿podrías decir por qué se vivía peor con Franco? A los que no lo sabemos por experiencia personal nos gustaría saberlo.

— Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) October 26, 2020

Si no se hubiera producido el alzamiento nacional, España hubiera acabado siendo una república soviética. Por eso las democracias liberales europeas (Francia y Reino Unido) no acudieron en auxilio del gobierno del Frente Popular.

— Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) September 30, 2021

Tenía por aquel entonces muchos menos seguidores en la red social —el comentario celebrando el golpe de Estado de 1936 recibió 31 tristes corazones—, pero el cargo político multiplicó su parroquia. Poco a poco, García-Gallardo se fue animando al comprobar que X resistía todo, y que su socio, el PP, había decidido consentir sus exabruptos, como cuando denigró a una diputada socialista con discapacidad: “Le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás”, le dijo desde su escaño. “La persona que ha hecho esas manifestaciones ha dicho que no se habían producido exactamente como se recogen”, se limitó a manifestar el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, cuando le preguntaron por la actitud del vicepresidente de Castilla y León.

Ya no borró Gallardo, porque no le hacía falta en su cargo político, los tuits en los que se quejó de que “el lobby LGTB” hubiese “colonizado también el Poder Judicial”; o en los que acusaba a los populares de “estafa” por este llamativo motivo: “El partido que fue fundado por ministros de Franco condena el franquismo”. Del PSOE también dijo: “Es un partido criminal que solo se vio interrumpido en los 36 años que no pudieron robar” [se refería, de nuevo, a la dictadura franquista: 1939-1975]. También continúan en la red sus sesudos análisis sobre la violencia de género —“No es machismo. Son los moros”— o sobre la tasa de natalidad —”Se está invitando a las mujeres a desarrollar su carrera profesional sin pensar en la maternidad”; “Para el invierno demográfico hace un flaco favor esta hipersexualización de la sociedad, esta banalización del sexo. El sexo se ha convertido en un fin en sí mismo. Es una cuestión muy placentera, pero su finalidad principal es la procreación”.

La tuiteca es así de elocuente. Habla de quién subdirigió una comunidad durante dos años, pero también de quién lo propició. Fue Vox el que rompió con el PP en las autonomías y no al revés.

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La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre el 24 y el 27 del pasado enero, antes de que se conociera que el año arrancó con un repunte de la inflación (3%) por los precios de la energía, y de que el INE publicase los datos de crecimiento de la economía española: un 3,2% en 2024, muy superior al promedio europeo, que ni siquiera llega al 1% anual a causa de la debilidad de Alemania y Francia. El paro ha caído por debajo del 11% por primera vez en 16 años tras crearse 468.100 nuevos empleos en 2024, pero el aumento de población trabajadora frente a la escasez de inmuebles también influye en el complicado mercado de la vivienda. Un tercio de los hogares españoles que viven de alquiler dedican más del 40% de sus ingresos a pagar la casa. Los que dedican menos del 25% apenas son un 35%, por debajo de la media de la UE (48%) y lejos de países como Suecia (49%) o Alemania (56%).

El coste de la vivienda preocupa especialmente a los más jóvenes, la generación Z (18 a 27 años), que arroja un porcentaje de inquietud por el problema 8,3 puntos porcentuales por encima de la media de la población general. El informe Un problema como una casa, publicado recientemente por el Consejo de la Juventud de España (CJE), revela que un 45,7% de las personas entre 18 y 30 años han pasado por entre dos y cuatro viviendas desde que salieron de su hogar de origen y un 87% viven acompañados. Según la encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, un 62,6% de los jóvenes de la generación Z y hasta un 20% de los mileniales (28 a 44 años) viven en casa de sus padres o suegros. Cuatro de cada 10 personas que no poseen una vivienda creen que nunca podrán comprar una.

Preguntados por las posibles soluciones, casi la mitad de los españoles opina que habría que limitar la propiedad inmobiliaria a solo una o dos casas y un 30,5% cree que no debería haber ningún máximo. Estos porcentajes varían considerablemente según la intención de voto. Así, la mayoría de los votantes de izquierdas limitarían la propiedad inmobiliaria a una o dos viviendas, mientras que entre los electorados conservadores gana la opción de no establecer un límite.

El grupo mayoritario también es el que apoya algunas medidas que la derecha considera “intervencionistas” y aunque la valoración positiva de ese tipo de iniciativas crece en el electorado de izquierdas, también en el conservador aprueban muchas de ellas.

Entre la población general, casi un 81% está “muy o bastante de acuerdo” en que se refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales; un 78,5% es partidario de “flexibilizar las condiciones para acceder a viviendas de protección oficial en propiedad”; un 75,2%, de “ofrecer seguros de impago y asistencia jurídica a propietarios que alquilen sus viviendas vacías”; el 70,1% está a favor de “penalizar fiscalmente a caseros con precios del alquiler abusivos”; el 68,7%, de “dar incentivos fiscales a propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles”; casi un 67% no permitiría los pisos turísticos en edificios residenciales; un 61,4% cree que habría que “impedir la compra de vivienda con fines especulativos”; un 55,6% apoya que el sector público tenga prioridad en la compra de viviendas y solares, y un 50,2% opina que habría que “limitar la conversión en viviendas de locales situados en bajos comerciales”. La subida de los impuestos de sucesión a la herencia de patrimonio inmobiliario sí genera rechazo: solo un 21% se muestra muy o bastante de acuerdo. Esta última es la única medida de todas las citadas que desaprueban los votantes del PP.

El PP acaba de registrar en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una proposición de ley para derogar “las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler, como las zonas de mercado tensionado, los índices de precios de los alquileres, el control de los precios y las de tolerancia a la inquiocupación”. Esa supuesta tolerancia ante la “inquiocupacíon” fue uno de los motivos que alegaron en el PP para votar el pasado 22 de enero en contra, junto a Junts y Vox, del decreto ómnibus del Gobierno, que extendía la suspensión de los desahucios para las familias “en situaciones de vulnerabilidad” que no dispusieran de una alternativa habitacional y compensando económicamente a sus caseros. Esta medida se mantiene en el nuevo decreto que ahora sí apoyarán los populares, al igual que Junts, con la introducción de “un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos”, como avanzó Pedro Sánchez. La encuesta de 40dB. refleja que el discurso del miedo a la ocupación ha calado en la sociedad: hasta un 18% cree que prácticamente nadie está a salvo de que ocupen su vivienda y la ciudadanía opina, de media, que esto afecta a un 51,3% de la población. La realidad, sin embargo, está lejos de esas cifras. Según los datos del Ministerio del Interior, en 2023 se denunciaron un total de 15.289 hechos de este tipo en toda España, entre usurpaciones de inmueble y allanamientos de morada.

Conscientes de esa preocupación en sus electorados, Gobierno y partidos políticos han lanzado una catarata de propuestas para atajar el complejo problema de la vivienda, que afecta a competencias autonómicas y municipales, y que la ley aprobada en mayo 2023 no ha logrado resolver. El PP, por un lado, y el PSOE y el PNV, por otro, han registrado en las cámaras distintas iniciativas, pese a que coinciden en algunos aspectos, como la necesidad de ampliar el suelo disponible o agilizar los trámites burocráticos.

Las principales discrepancias vienen de la declaración de zonas tensionadas, que permite a un ayuntamiento tomar medidas para contener el coste de los alquileres, y el tope de precios, que los populares quieren eliminar. El alquiler de vivienda es más caro que la hipoteca en el 94% de los municipios más poblados, según un análisis publicado el martes por la sociedad de tasación UVE Valoraciones, que compara los precios en los territorios con más de 100.000 habitantes. En la llamada Declaración de Asturias, donde los populares expusieron su plan en materia de vivienda, uno de los apartados promete acabar con lo que llaman “persecución” a “los propietarios que alquilan sus viviendas, los rentistas”.

Preguntados por qué partido creen que está más capacitado para afrontar el problema de la vivienda en España, el 20,1% de la población general responde que PSOE, seguido del PP (18%), Vox (14,1%), Sumar (6,3%) y Podemos (4%), aunque la opción mayoritaria señalada por los encuestados es “ninguno” (23,8%).

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La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre el 24 y el 27 del pasado enero. En esos días, el rechazo al decreto ómnibus del Gobierno, que incluía una revalorización de las pensiones y la prórroga del descuento en los abonos de Renfe, acaparó el debate político. PP, Vox y Junts votaron en contra. Las entrevistas se realizaron antes de que el Ejecutivo llegara a un acuerdo con el partido de Carles Puigdemont para sacar adelante esas medidas con un nuevo decreto troceado y antes de que los populares anunciaran que esta vez votarían a favor. En esas fechas, el juez Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, declaró en un auto que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador —cuyo abogado reconoció, en su nombre, dos delitos—, no es un delincuente confeso y rechazó la petición de la Abogacía del Estado para requerir el teléfono móvil del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, para conocer qué tipo de información trasladó a los periodistas sobre el caso del fraude fiscal. Además, los populares difundieron en el Senado un bulo contra seis ministros del Ejecutivo, a los que atribuyeron cantidades millonarias ocultas en bancos de República Dominicana, y cedieron a Vox la presidencia de la comisión de investigación abierta en las Cortes Valencianas por la gestión de la dana. Puede consultar todos los datos de la encuesta aquí.

Transferencia de votos

Los datos de transferencia de voto muestran que Vox es el partido con el votante más fiel: retiene al 83,4% de sus apoyos de las generales de julio de 2023; cede un 3% al PP y un 6,5% (punto y medio menos que en el sondeo anterior) a SALF. El PP conserva al 81,3% de sus votantes de las últimas elecciones y las fugas al partido de Abascal se acercan al 9%. El porcentaje de electores que retienen los socialistas baja hasta el 71%, al ceder un 4% a los populares y contar con una cifra elevada de indecisos y votos blancos o nulos (14,5% en total).

En el espacio a la izquierda del PSOE, Sumar parece empezar a recuperarse. Retiene al 46% de sus votantes, es decir, seis puntos porcentuales más que en el sondeo anterior, pero aún acumula fugas en varias direcciones: un 27,3% de sus apoyos de las generales se decanta ahora por Podemos; otro 8,5% por los socialistas y la suma de sus electores que ahora están indecisos o depositarían un voto blanco o nulo supera el 13%.

Intención de voto por género y edad

La movilización (disposición a ir a votar si los comicios se celebrasen hoy) es algo más alta entre el electorado femenino (57%) que en el masculino (55,4%), aunque un 24% de ellas está indecisa sobre qué partido elegir o depositaría hoy un voto en blanco o nulo. La intención de voto de hombres y mujeres es muy similar entre los dos principales partidos, aunque con una ligera ventaja para el PSOE. Vox obtiene 5,5 puntos menos entre las mujeres que en el colectivo masculino.

Por edades, en la franja de 18 a 24 años vuelve a ganar la desafección política, es decir, la abstención, los indecisos y los que votarían en blanco o nulo, que suman casi un 32%; después van Vox, que obtendría el 27,4% de intención de voto entre los más jóvenes si las elecciones se celebrasen hoy (casi siete puntos más que el mes anterior); el PSOE, con el 14,6%, y el PP (11,2%). Como vienen mostrando todos los barómetros del instituto 40dB., la preferencia por el partido de Abascal decrece según avanza la edad, aunque la formación de extrema derecha empieza a ganar terreno también entre los mayores de 65, con un 10,8%, es decir, dos puntos más que en el último barómetro. El PP obtiene su mejor dato (26,7%) entre los pensionistas, 15,5 puntos porcentuales más que entre los jóvenes. Los socialistas también logran sus mejores porcentajes entre los mayores de 55 (24,7%) y de 65 (24,5%).

Voto por región de residencia

Por comunidades, el estudio muestra grandes diferencias según los territorios. En Andalucía, que aporta 61 diputados al Congreso, el PP aventaja en intención de voto al PSOE en casi cinco puntos, mientras que en Cataluña, que reparte 48 escaños en la Cámara baja, la ventaja es de más de 12 puntos porcentuales a favor de los socialistas. En la Comunidad de Madrid, los populares obtienen casi 11 puntos más que el PSOE, y en País Vasco, los socialistas superan en 14 puntos a los populares (8,2%), que prácticamente empatan con Vox (7,6%).

En la Comunidad Valenciana, que acaba de cumplir tres meses desde la devastadora dana, el grupo mayoritario (24,4%) es el de los indecisos, abstencionistas y quienes votarían en blanco o nulo; seguido de los que apoyan al PSOE (23,8%); al PP (22,1%) y a Vox (14,6%). Sumar y Podemos reunirían juntos el 11,3% de los votos en la región.

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Las calabazas de Rajoy y la oferta de Foro Asturias

El propio acusado explicó durante el juicio que su llegada a Foro Asturias se produce después de que el presidente del PP le denegara la candidatura a la presidencia del Principado de Asturias. “Mariano Rajoy me dijo tres veces que yo era su candidato, pero en diciembre de 2010 nombraron a otra persona y yo me di de baja en el partido”, afirmó. A partir de ese momento, se constituyó un grupo para crear un nuevo partido en la comunidad y que él fuera el candidato a las autonómicas de 2011. Según Cascos, ese grupo de fundadores se comprometió a “mantener su nivel de vida” y permitir que conciliara con sus hijos, que residían en Madrid, pero tanto la Fiscalía como la acusación particular rechazan que ese acuerdo incluyera el tipo de gastos que terminó pasando al partido pese a su abultada nómina. El informe de la auditoría Centium recoge que en siete meses de 2012, recibió un sueldo de 153.383 euros y otros 24.705 en dietas; en 2013, un salario anual de 139.545 euros más 30.541 en dietas y en 2014, de 164.346 euros además de otros 26.700 en dietas. En esos años, según declaró el auditor, el presidente suponía “entre el 50% y el 60%” de los gastos totales de Foro Asturias. Además, tenía a su disposición un chófer con sueldo.

Un partido sin tesorero: “LQDC: Lo Que Diga Cascos”

Cascos admitió que el partido carecía de tesorero, porque según él, no hacía falta, ya que todo se basaba en relaciones “de confianza”. Uno de los testigos explicó que usaban “para todo” la expresión “LQDC”, siglas de “Lo Que Diga Cascos”. El abogado de la formación afirmó que el exministro de Fomento “tenía control absoluto, político y económico” aunque no tenía firma o tarjeta [como alegó su letrado] porque nadie le cuestionaba y porque diseñó un “fenomenal desbarajuste que al único que beneficiaba era a él”. Esta situación pudo darse, añadió, debido a “una legión de incondicionales que pensaron que era el Mesías y que, con confianza ciega, bisoñez e ingenuidad se limitaban a hacer lo que él decía” por su confirmado liderazgo, que, de hecho, permitió que ganaran aquellas primeras elecciones con un partido recién creado. Cascos presidió por seis meses el Principado de Asturias, hasta que adelantó los comicios al ser incapaz de aprobar los Presupuestos. Pese a la insistencia del abogado de Foro, Luis Llanes, no hubo forma de que Cascos aclarase quiénes le habían asegurado que podía facturar al partido el tipo de gastos que les pasó: “No era algo que se pone encima mesa, se habla entre personas amigas, no se va con papel y lápiz a levantar un acta”, se limitó a decir.

El autoalquiler de una sede en Madrid

El grueso del dinero del que Cascos se apropió indebidamente del partido, según la Fiscalía y la acusación particular, obedece al alquiler por parte de Foro de una sede en el paseo de la Castellana, en Madrid. Este inmueble era propiedad de la entonces esposa del político, María Portor. Moriyón explicó durante el juicio que descubrió ese alquiler al pedir un informe de las cuentas del partido tras el descalabro electoral de 2019. Al indagar sobre ese gasto, Enrique Álvarez Sostres, uno de los impulsores del partido, le explicó que no existía tal sede en Madrid, aunque Cascos lo había intentado. Se refería, como explicó en el juicio, a una reunión en casa del exvicepresidente del Gobierno en la que este le había manifestado su deseo de que la formación alquilase esa oficina de la que él disponía en la capital ya que estaba pasando por “problemas económicos”. Sostres escribió un correo electrónico para explicarle que “podía afectar al orden moral y legal”, ya que mezclaba “problemas personales con los bienes públicos”, pero para entonces, Foro llevaba ya seis meses pagando el alquiler de esa oficina. Tanto el fiscal como el abogado del partido describen esa citación de Cascos a Sostres como un intento de “blanquear” a posteriori ese autoalquiler. En total, la familia Cascos ingresó por ese concepto 173.855 euros entre 2012 y 2014. El abogado recordó que en esa época el político solicitó un préstamo al partido de 60.000 euros, que luego devolvió, vinculando la necesidad de dinero con la promoción del alquiler de una sede en Madrid, donde el partido tenía apenas 100 afiliados.

El fiscal explicó que Cascos y su entorno familiar alquilaron al mismo tiempo esos locales y plazas de garaje a Foro y a otras empresas. La defensa del acusado esgrimió que había “muchos asturianos viviendo en Madrid” que eran “posibles votantes” y que esa sede había servido para preparar la campaña del partido a las elecciones europeas. Llanes recordó que el alquiler empieza en 2012 y que las elecciones fueron en 2014 y que el candidato a esos comicios ni conocía dicha sede.

Gastos de familia: un videojuego, pizza a domicilio; reparación de coches...

“Se podía seguir la vida de Cascos por los gastos que pasaba al partido”, declaró Moriyón durante el juicio. Llanes subrayó cómo a lo largo de las seis sesiones habían salido a relucir muchos nombres de familiares del expolítico. Recordó que Foro Asturias pagó estancias de hotel para su entonces suegro, un videojuego de su hijo, pizzas al domicilio de su hija, gastos en su floristería, entradas para la prole en la Copa Davis o reparaciones de sus coches particulares pese a que Cascos disponía de un coche del partido con chófer. El fiscal recordó que el pacto para que pudiera conciliar con sus hijos se limitaba a visitarlos dos veces por semana en Madrid y los fines de semana que le correspondían, pero no a pagarles las vacaciones y comidas en lugares de veraneo en Andalucía ―“¿Y si llegan a estar en Nueva York?”, preguntó―. Cascos argumentó que el cargo del videojuego había sido “un error” y que las entradas para sus hijos a la copa Davis obedecían a que “tener una imagen de familia era un activo” político. Tanto él como su abogado ridiculizaron las cantidades de los gastos que pasó a Foro y atribuyeron a “errores” algunos de los conceptos más difíciles de vincular a su actividad política, como la compra de un polo y unas bermudas. “Sí, hay un videojuego, unas bermudas, un sushi...Si cojo todos los tickets y los meto en un sobre... ¿Esto puede afectar al dolo?”, llegó a decir la defensa de Cascos en su exposición final. El letrado atribuyó la compra de la cama “por si alguien quería quedarse a dormir” en el despacho de la sede, según Foro Asturias “ficticia”, de Madrid.

Procuradores y gastos legales ajenos al partido

El último capítulo de los gastos impugnados obedece a asuntos legales que nada tenían que ver con Foro Asturias y que, sin embargo, el partido abonó a Cascos, como un viaje hasta A Coruña, donde declaraba en el juicio por el Prestige -relacionado, por tanto, con su etapa previa en el PP- o el procurador en un litigio vinculado con el caso Gürtel y su yerno.

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La Fiscalía pide para Cascos tres años y medio de prisión por apropiarse indebidamente de 181.648,92 euros del partido que presidía. El que fue vicepresidente del Gobierno con José María Aznar alega que una vez constatado que Mariano Rajoy, entonces líder del PP, no quería que fuese el candidato popular a las elecciones autonómicas, se le ofreció liderar un nuevo partido, Foro Asturias, y que sus promotores accedieron a mantener su “nivel de vida”. La Fiscalía y la acusación particular, el propio partido que presidió, niegan que ese pacto incluyese que Foro Asturias sufragase videojuegos, envío de comidas a domicilio, zapatos, reparación de vehículos particulares, estancias de hotel para su entonces suegro, gastos de procurador por asuntos personales, entradas para competiciones deportivas, como la Copa Davis, un colchón con canapé, zapatos o el alquiler de una sede en el Paseo de la Castellana, en la capital, a la entonces esposa de Cascos, María Porto, por el que la familia del exvicepresidente del Gobierno ingresó 173.855 euros entre 2012 y 2014.

Durante el juicio, Cascos se ha burlado de las cantidades y cuando le han apretado por algún gasto que difícilmente tenía que ver con su actividad política, como la compra de un videojuego, ha asegurado que se trataba de “un error” y ha tratado de vincular su vida personal a su imagen política, como cuando justificó que el partido abonase la entrada de sus hijos a la Copa Davis. Su abogado ha citado esta mañana a la abogada del Estado que participó en el juicio del Prestige, donde Cascos declaró como testigo, pero se ha limitado a afirmar que mantuvo una reunión con él en A Coruña previa a su declaración. Entre los gastos que pasó al partido y que Foro impugna como indebidos por no tener relación con la vida política de la formación figuran varios viajes, estancias y comidas en esa ciudad, donde vivía parte de la familia de su entonces esposa, María Porto.

También ha citado el abogado de Cascos a un empleado de la marca de calzados Callaghan porque entre las facturas que Foro Asturias abonó a su entonces presidente figura la de unos zapatos. “Soy cliente de Callaghan desde hace 30 años. He abonado decenas de pares de zapatos y hay uno...”, se burló Cascos en la primera sesión del juicio. El empleado de la marca ha afirmado este martes, en un breve interrogatorio, que desde 2013 tenían 18 facturas de Callaghan y 11 de Gorila para Cascos. Preguntado por si sabía si alguna de ellas “pudo llegar, por equivocación” a Foro Asturias, respondió que lo desconocía.

Javier Caso Viejo, empleado del restaurante- hotel asturiano La Campana, también citado por el abogado de Cascos, explicó que el partido organizó numerosos actos en ese establecimiento. Preguntado por si el político se dirigió a él para reservar una habitación a nombre de su entonces suegro, contestó: “A mí no”.

Cristina Durán, que fue secretaria en la sede regional del partido, aseguró que Cascos tenía un nivel de trabajo “indescriptible” y que le enviaba correos a las dos de la mañana. Admitió que alguna vez le había hecho algún “recado personal”, y que fue ella quien pagó una licencia de pesca para él, que luego le devolvió. Javier García Isaac, que fue director de campaña de Cascos, afirmó que estuvo en varias ocasiones en la sede de Madrid que el partido considera “ficticia” y que el objetivo era reunirse con afiliados y simpatizantes - Foro Asturias tenía apenas un centenar de afiliados en la capital-.

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Javier Canal, uno de los promotores de Foro Asturias, explicó, a preguntas del abogado de Cascos, que querían fichar a “un número uno de la política” para las elecciones a la presidencia del Principado (2011) y que se llegó a un acuerdo verbal con él para “mantenerle su calidad de vida”, pero posteriormente, a preguntas de la acusación particular, admitió que no había estado presente en esa reunión. Canal, que tenía firma para autorizar gastos y cheques del partido, reconoció que funcionaban “un poco de aquella manera” y que él “revisaba de forma somera” lo que le pasaban para que firmara.

José Antonio Martínez Fernández, otro miembro del equipo fundador del partido, aseguró que inició en 2010 “los contactos” con Cascos para tratar de que volviera a la política asturiana y que era “consciente” de lo que se le había ofrecido, pero admitió que no había participado en esas reuniones. Martínez Fernández sí aseguró que había estado presente en la sede de Madrid que Foro Asturias califica de “ficticia”.

Carmen Sela, también miembro de Foro “desde los inicios”, y cuyo testimonio solicitó la defensa de Cascos, afirmó que acudió una vez a la sede de Madrid, pero solo a la puerta de entrada del edificio. “No llegué a subir”. José Ramón Campo, que fue concejal del partido, también afirmó que la condición que puso Cascos y que admitió el partido fue mantener su nivel de vida y la relación con sus hijos, que residían en Madrid, pero admitió que no se habló de cantidades. También reconoció que nunca había estado en la sede de Madrid del paseo de la Castellana, aunque empaquetó “dípticos” que envió a la capital.

Rosa Domínguez, que no estuvo directamente en los inicios de Foro porque entonces, explicó, era alcaldesa del PP aseguró que se pactó con Cascos mantenerle su nivel de vida y que pudiera conciliar con sus hijos, pero tampoco estuvo en esas reuniones. Preguntada por la sede de Madrid, la que fue senadora de Foro aseguró que la conocía por la comisión directiva “y porque a Lanza [Enrique, compañero del partido] le venía muy bien para aparcar el coche cuando iba al Bernabéu”.

Camino Gutiérrez, afiliada desde 2011 y miembro de la comisión directiva de Foro desde 2015, fue candidata por el partido en las elecciones europeas de 2014, en las que, según Cascos, la sede de la Castellana se utilizó como lugar de preparación de la campaña y para guardar propaganda. Aseguró durante el juicio que asistió a mítines de León y en Madrid con el cabeza de lista, pero reconoció que no pasó por la sede. Ninguno de los testigos que han declarado en las cuatro sesiones del juicio pasó a Foro Asturias gastos personales similares a los que facturaba Cascos.

“Me quedé impactado”

En la sesión anterior del juicio, Enrique Álvarez Sostres, que fue diputado nacional de Foro y uno de los impulsores del partido, explicó que Cascos le citó en su domicilio en Madrid en marzo de 2013 para explicarle que tenía “problemas económicos” y sugerirle la posibilidad de que Foro alquilase “unos locales que tenía” en la capital. “A mí no me sonó bien esa música”, declaró. Por ese motivo, relató ante el juez, le envió un correo electrónico explicándole que no se encontraba “a gusto” con el contenido de la conversación que habían mantenido y que consideraba que el alquiler de esa sede no era la solución a sus problemas económicos porque eso “podía afectar al orden moral y legal”. “Era una carta que invitaba a Cascos a la reflexión de que no era buena idea mezclar problemas personales con los bienes públicos”. No le contestó y pensó que el asunto había quedado zanjado. “No volví a saber de esa sede hasta que en 2019, la presidenta del partido [Carmen Moriyón, que relevó a Cascos] me preguntó si habíamos tenido unos locales en Madrid. Yo le dije que había habido un intento, pero que no, y ella me trasladó que había unos contratos firmados. Me quedé impactado porque cuando yo tuve esa reunión en su piso, hacía seis meses ya que los locales estaban alquilados”. Fue, al descubrir ese alquiler y los gastos personales que Cascos pasaba al partido cuando Foro Asturias decidió denunciar al que había sido su presidente.

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Empezó siendo una anécdota y ya es categoría, hasta el punto de que es habitual ver saques de esquina de cuatro pases —¿cuántas cosas pueden salir mal en cuatro pases?— en campos de segunda división. Imagino que en los entrenamientos, en presencia del míster, alguna vez saldrá bien, pero en la realidad casi nunca. También el coche deja de hacer el ruidito en el momento exacto que lo llevamos al taller. Dicho de otro modo: el éxito del gilicorner solo está en sus cabezas.

En el fútbol, como en el amor, pensar demasiado suele ser contraproducente, sobre todo, porque en este deporte, que ya tiene más de 160 años, lo más fácil es que te lean la mente y adivinen tu siguiente movimiento en el campo. De hecho, los grandes jugadores son, a menudo, los que tiran más de instinto que de pizarra y ven los huecos que nadie más ve y que hace apenas unos segundos no existían —por ahí es por donde se hacen los goles y la magia- y se está cogiendo la mala costumbre de encasillarlos sobre el césped, limitando sus movimientos en estrictos planteamientos de juego -esta es otra de las malas costumbres del fútbol moderno-. A los genios, de toda la vida y en cualquier disciplina, hay que dejarlos en paz. La tecnología es enemiga de la creatividad y las órdenes siempre coartan las ideas.

El VAR y el Nuevo Testamento han traído algo más de justicia, pero en el fútbol moderno—siendo el gilicorner una de sus expresiones más recurrentes— el balón está parado mucho más tiempo que antes y el juego ha perdido espontaneidad. Luego están los fuera de juego “por una rótula” o un flequillo, prueba de algo que desconocíamos hasta hace poco: existe la justicia poética y también la ridícula. Quizá nos hemos pasado de garantistas.

El fútbol moderno se ha llenado de rayas, de mapas de calor y estadísticas, que son lo contrario a lo imprevisible. Con lo bonito que era ver un cambio de ritmo, el jugador que se pega la carrera del siglo y va saltando todas las líneas del campo esquivando rivales hasta la asistencia providencial. En un juego que, como todas las pasiones, nace y crece en lo más primitivo, en la pulsión de la incertidumbre, en la curiosidad y en el instinto, es mal negocio dejar tanto espacio a los burócratas de escuadra y cartabón, pretender complicar en exceso lo bonito, lo sencillo. El mejor camino hacia el gol siempre ha sido el más corto. Guardemos los minutos desperdiciados en esos saques de esquina a cuatro pases para marcar otro tanto. Más arte y menos ensayo. Después de todo, son solo 90 minutos, un suspiro. Si se quiere, entrenemos los pies para el salto y las frentes para que, a la hora de la verdad, en el tú a tú, sepan inclinar la pelota hacia abajo, hasta ese rincón donde anida la felicidad capaz de levantar miles de traseros a la vez en un estadio: el hueco diminuto entre la red, los postes, el larguero y las extremidades de un portero. En un saque de esquina no hace falta más, y el tanto —se lo prometo, queridos entrenadores— lo vamos a celebrar igual. Acotemos los gilicorners. Ni siquiera cuando entran, por esa estadística por la cual una excepción siempre confirma la regla (véase el gol del Atlético de Madrid frente al Osasuna el pasado 12 de enero) compensan la frustración de todas las ocasiones perdidas por un exceso de floritura a balón parado. Y ya van unas cuantas.

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Al contrario de lo que han declarado otros miembros de la organización política, que han asegurado en el juicio que esa sede en Madrid no se utilizaba y que jamás pusieron un pie en ella, Porto afirmó que veía de vez en cuando “por los pasillos” a miembros del partido. No pudo aclarar la exmujer de Cascos por qué había facturas a su nombre de estancias en A Coruña que había abonado Foro; de reparaciones de vehículos propiedad de su empresa, cuando Cascos disponía de un coche del partido para sus desplazamientos, o de pedidos de comida a domicilio, aunque aseguró que en alguna ocasión se produjeron reuniones políticas en su domicilio.

Rosario Cabal, que se incorporó en 2011 al partido para llevar la contabilidad de la formación, ha asegurado durante el juicio que Cascos metía sus facturas en un sobre, se las entregaba y se pagaban en efectivo o por transferencia. “Las instrucciones que tenía era que los gastos del presidente había que pagarlos”. No se cuestionaban. Foro Asturias carecía de tesorero porque, según declaró el acusado en el juicio, no hacía falta, aunque cuando Carmen Moriyón llegó a la presidencia de la formación decidió nombrar esa figura porque recibieron una carta del Ministerio del Interior que les decía que, en caso contrario, disolverían el partido. Por su parte, Teresa Alonso, que fue secretaria general del partido, ha explicado cómo un día Cascos le informó de que iba a solicitar un préstamo a Foro Asturias porque lo necesitaba “para un tema de abogados”. “Le pregunté si eso era normal y me dijo que sí, que era como un obrero que pide un anticipo”. Alonso también relató cómo Cascos le dijo que necesitaba que firmara el contrato del alquiler de unas oficinas en Madrid, lo que el partido describe hoy como “sede ficticia”, un local que era entonces propiedad de la mujer del propio Cacos y por el que abonaron, entre 2012 y 2014, un total de 173.855,70 euros. Preguntada por si tenía conocimiento de que alguien del partido hubiera estado en dicha sede, la ex secretaria general contestó que no.

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La disposición adicional novena, titulada “Bienes y derechos incautados en el extranjero”, estableció que las disposiciones previstas en la ley de 1998 que aprobó el Gobierno de José María Aznar, del PP, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados durante la Guerra Civil, “serán de aplicación a los bienes y derechos obtenidos en el extranjero” en ejecución de un acuerdo que firmaron España y Francia, el 25 de enero de 1939 “aun cuando el título de propiedad del Reino de España hubiera venido a ser atribuido por resoluciones administrativas o judiciales de Estados extranjeros”. Y añadió que, además de los beneficiarios previstos en la ley de 1998, “lo serán también los partidos políticos respecto a los bienes que hubieran pertenecido a personas físicas o jurídicas vinculadas a dichos partidos con carácter fiduciario o bajo cualquier forma de cobertura jurídica sustentadas en negocios o pactos de interposición personal”.

El pasado 24 de diciembre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado un real decreto ley “por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad” que incluía la atribución de la propiedad del inmueble ubicado en la avenida Marceau de París al PNV. El Instituto Cervantes podrá seguir ocupándolo al menos hasta el 31 de diciembre de 2030, abonando desde el 1 de enero de 2025 una “renta de mercado”. Además, el Gobierno “compensará” al partido “por la privación del inmueble sito en Noyon (Francia), conocido como Hôtel de Mont Renaud” y de otro en Compans (Francia), denominado Ferme de I’Hôtel.

Para llegar a la conclusión de que el inmueble había sido incautado por el franquismo al PNV, la secretaría de Estado de Memoria Democrática encargó una investigación sobre su titularidad. El informe, al que ha tenido acceso este periódico, recuerda la peripecia para la compra de ese edificio y establece “que el origen de los fondos con los que se abonó la compra inicial no era del Gobierno vasco (que usó el inmueble), sino que fueron recaudados y gestionados por parte del PNV”. Dichos fondos fueron “provistos desde México en septiembre de 1936, cuando el Gobierno vasco no existía” y transferidos al entonces encargado de las finanzas del partido, Heliodoro de la Torre Larrinaga. El primer comprador del inmueble por 1.460.000 francos, en 1937, Marino de Gamboa, “actuó como testaferro del PNV, del que era militante”.

La documentación “corrobora”, según el informe, que, tras la entrada de las tropas alemanas en París el 14 de junio de 1940, la Gestapo se hizo cargo de la casa de la avenida Marceau cediendo el edificio a la embajada española (franquista) cuatro días después, el 18 de junio. De hecho, el consejero de la embajada de España informaba a Madrid así del asunto: “Con referencia a mi despacho del día de hoy relativo a la incautación de varios de los organismos rojos existentes en esta capital, cúmpleme poner en conocimiento de V.E. [Vuestra Excelencia] que se ha procedido a ocupar la Delegación vasca situada en el número 11 de la avenida Marceau, en el registro verificado por el funcionario de esta embajada, señor Pedro Urraca, en presencia de las autoridades de la Gestapo”. Pedro Urraca, policía franquista y agente de la Gestapo en Francia, fue quien interrogó y trasladó a España al expresidente de la Generalitat Lluís Companys tras ser detenido en agosto de 1940, dos meses antes de ser ejecutado en el Castillo de Montjuic.

El PNV ha reclamado la titularidad del inmueble, actual sede del Instituto Cervantes en París, en numerosas ocasiones, hasta ahora, sin éxito, dentro y fuera de España. En enero de 2001, el Consejo de Ministros desestimó su petición de restitución. En 2003, el Tribunal Supremo falló en su contra al entender que “nunca fue incautado en aplicación de la ley franquista de responsabilidades políticas y que su integración en el Patrimonio del Estado [español] se efectuó en virtud de sentencia judicial” de un tribunal parisino. El partido siempre argumentó que la sentencia francesa (1943) en la que se apoyó el Supremo se realizó bajo la ocupación nazi y se produjo gracias a la “connivencia entre las autoridades alemanas de la ocupación y el Gobierno franquista, con presiones hacia el tribunal en la prefabricación del fallo”. El Tribunal del Sena señaló en 1943 que la procedencia de los fondos para adquirirlo eran “falsos”, y procedían de “robos o confiscaciones del tesoro español”, pero el investigador Jean-Claude Larronde sostenía que eran de militantes del PNV residentes en México y que el partido constituyó una sociedad, Finances et Enterprises, “con el objeto de transferir la propiedad para evitar la confiscación del inmueble por los españoles de Franco”. Esta es la tesis que avala ahora el Gobierno español para restituir al partido la titularidad del inmueble.

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El acto acogió un coloquio moderado por la historiadora Carmina Gustrán, comisionada del calendario de actividades de España en libertad, que contó con el catedrático de historia Julián Casanova y el historiador Nicolás Sesma, ambos miembros del comité científico que ha asesorado al Gobierno en el diseño de los actos, y Elena Martínez, de la Universidad de Salamanca, experta en justicia transicional. Gustrán presentó esta primera charla como un intento de “llevar el conocimiento científico a la calle”. Cómo acercarse a los jóvenes, a quienes no vivieron ni conocen la dictadura y la represión franquista, acaparó buena parte de la conversación. Casanova advirtió del peligroso “cóctel de redes sociales y medios de comunicación con una falta clarísima de respeto por el conocimiento y un estímulo de la ignorancia”.

Recientemente, el diputado de Vox Manuel Mariscal, declaró, desde su escaño del Congreso: “Gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior de la Guerra Civil no fue oscura, como nos vende este Gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional”. Y eso, explicó el catedrático de historia contemporánea, “tiene repercusiones”. “Si hablan con profesores de educación secundaria, les dirán que cada vez tienen más dificultades en transmitir la información relevante de la historiografía frente a la propaganda y lo que han visto en redes sociales”. Casanova abogó por “hacer más atractiva” la historia para las nuevas generaciones, y en adaptarse a los nuevos tiempos. “La era digital nos obliga a cambiar la forma de enseñar la historia”, pero “sin hacer contraataque” con gente “que busca el insulto, la interacción en redes sociales”. Casanova publica en febrero una nueva biografía sobre Francisco Franco.

Sesma explicó que lo que más suele “impactar” a sus alumnos sobre la dictadura suelen ser lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de responsabilidades políticas, y que, al igual que ha ocurrido en otros países con pasados traumáticos similares al español, seguramente, las nuevas generaciones se hagan “una lectura más económica”de lo que supuso la Guerra Civil y la dictadura. El historiador, autor del título Ni una, ni grande ni libre, recordó que Alemania es el “gran referente” en políticas de compensación a las víctimas y aseguró que en España falta “una gran película o serie”, como La lista de Schindler, de Steven Spielberg, que sirvan para aterrizar todo el conocimiento acumulado por los historiadores.

Martínez, por su parte, explicó las diferencias en los procesos de memoria, justicia y reparación en distintos países. “España ha aplicado la justicia transicional y universal, como en el caso Scilingo [sobre la dictadura argentina], pero para otros países, no para nosotros mismos. América Latina nos ha dado 100.000 vueltas”, aseguró. Sin embargo, la investigadora aprecia un retroceso en los Estados que abanderaron esos procesos, como Argentina, mientras España avanza. “Jamás hubiera pensado que en Argentina [tras la llegada al poder de Javier Milei] se fueran a cuestionar lo que se están cuestionando ahora”. La investigadora abogó por convertir la recuperación de la memoria en un “asunto de Estado más allá de las ideologías” y puso el ejemplo de Portugal, donde la extrema derecha no se atreve a “cuestionar lo que se ha hecho en materia de memoria democrática”.

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El presentador del programa, David Broncano, tiene a tiro a la celebridad que le apetezca, pero decidió, con audacia y acierto, sentar en el sofá del prime time a una joven de 26 años que forma parte de un colectivo invisible, el de las personas que padecen enfermedades raras —en España, tres millones—, crónicas, sin cura y muchas veces sin tratamiento. Durante casi 50 minutos, Noah Higón Bellver, politóloga y jurista, explicó en la televisión pública que el hospital es su “segunda casa”; que la han operado en 17 ocasiones; que estuvo varias veces al borde de la muerte —hizo testamento vital a los 18 años— y que sabe que para ella ya no habrá curación, pero es necesario que se invierta más en investigación “para que los niños que vienen detrás tengan un futuro mejor”.

Lo hizo con el rasgo de inteligencia más evidente, el sentido del humor, con una sonrisa desarmante y utilizando en varias ocasiones la expresión “tengo la gran suerte de...” —para recordar que no padece una discapacidad cognitiva o al grupo de médicos que la atienden—. Y la comunidad tuitera, conmovida, impresionada por su fuerza y su coraje, se lanzó a X para celebrar lo que acababan de ver: “Televisión pública al servicio público” (@cecistafe); “Estoy riendo y llorando a partes iguales. Menudo ejemplo, Noah. Viva la televisión pública. Y ya de paso la sanidad pública. Y la educación pública” (@DrAstrocyte); “Noah Higón y su relato han hecho historia en la televisión pública reclamando más fondos para la sanidad pública. Me alegro de haberlo presenciado y espero poner pronto mi granito de arena” (@SiniorEspinete); “Una lección de vida y de compromiso” (@CSICval); “De los mejores programas hasta el momento. Orgulloso de que nuestra televisión pública de espacio en horario de máxima audiencia a la investigación, a las enfermedades raras y a la sanidad pública” (@alvarolympux)...

La televisión pública que merecemos y punto. https://t.co/OhftWFjkNp

— David (@Elhevia_David) January 14, 2025

Codujo la entrevista Broncano con lo mejor que tenía, su naturalidad. Sin condescendencia, incluyendo las preguntas clásicas del programa sobre dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes, y con sincera curiosidad para entender qué supone vivir con una enfermedad rara. Dicen los manuales que el periodismo tiene una triple función: informar, formar y entretener. La televisión suele ocuparse más de esto último, sacrificando en algunas ocasiones el rigor y en otras, el buen gusto. El horizonte de la parrilla está repleto de ejemplos. De ahí que la red social X celebrara a un extraordinario unísono esa alineación de los astros que permitió, en los minutos más competitivos de la televisión, unir divulgación y esparcimiento; concienciación y risas. El servicio más productivo que provee la profesión siempre ha sido ese: ayudar a ponerse en el lugar de otro.

Es la mejor entrevista que he visto nunca. Gracias @LaRevuelta_TVE por descubrirme a Noah Higón y hablar de lo importante.#sinciencianohayfuturo https://t.co/HYtQ68zYAg

— Maribel S. Maroto (@maribelmaroto) January 13, 2025

Tuvo la entrevista un necesario contenido reivindicativo —en la sudadera de Noah se leía: “Sin ciencia no hay futuro”—, y no pasó inadvertido para los espectadores del programa, que se sumaron a la causa reclamando en redes más inversión en investigación. La ministra de Sanidad, Mónica García, se dio por aludida: “Hemos dado pasos enormes en los últimos años, pero queda mucho por hacer. Nuestro firme compromiso con mejorar la atención, el diagnóstico y el tratamiento”, tuiteó. Una prueba más de que las sociedades mejor informadas progresan, porque exigen, y las desinformadas involucionan. Al menos hoy, Noah 1- Elon 0.

Inspirador escuchar a Noah en nuestra televisión pública, dando voz a 3 millones de españoles con enfermedades raras.

Hemos dado pasos enormes en los últimos años, pero queda mucho por hacer. Nuestro firme compromiso con mejorar la atención, el diagnóstico y el tratamiento. pic.twitter.com/iEjWA0yrQd

— Mónica García (@Monica_Garcia_G) January 13, 2025

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De salir adelante la proposición de ley, tampoco podrían ejercer la acusación popular el Gobierno central y los autonómicos; el Congreso, el Senado y las asambleas regionales; los jueces y fiscales y sus asociaciones profesionales; el Tribunal Constitucional, el Consejo General y los demás órganos de gobierno del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El texto de la propuesta establece que “quienes pretendan ejercitar la acción popular deberán actuar en virtud de un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal” y que deberán “acreditar ante la autoridad judicial”. El PSOE, que impulsa esta proposición, ha solicitado personarse como acusación popular en la causa contra Alvise Pérez por financiación ilegal y en la causa del caso Koldo y de los hidrocarburos. Tradicionalmente, los socialistas se han personado en los casos que afectaban al PP, como Gürtel, Púnica o González Amador (pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso) y los populares han hecho lo propio en las causas vinculadas al PSOE, como los ERE de Andalucía.

La norma que los socialistas pretenden aprobar obligaría a modificar el Código Penal, para derogar su artículo 525, que establece penas de multa de ocho a 12 meses para quienes ofendan lo sentimientos religiosos; y a modificar varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, se establecerían como causas de abstención o recusación que un juez haya hecho manifestaciones políticas a favor o en contra de autoridades, funcionarios, partidos, sindicatos o asociaciones que sean parte del procedimiento. “Confiamos en el sistema judicial español, en los jueces de este país”, ha dicho este viernes el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López. “Lo que hacemos es garantizar su prestigio y neutralidad frente a injerencias y esperamos que lo vean con buenos ojos”, ha añadido, y en el caso de la prohibición de admitir querellas basadas en recortes de prensa, “llevar a la ley lo que ya es doctrina del Tribunal Supremo”. A juicio del PSOE, existe ya una “sensibilidad social mayoritaria” sobre el problema de “acoso, persecución y difamación sistemática de artistas, actores y adversarios políticos por parte de sectores de ultraderecha que, pervirtiendo las herramientas del Estado de derecho, utilizan acciones judiciales como vehículo” y sobre la necesidad de “atajarlo”. El portavoz del PSOE no citó a la esposa del presidente, pero sí a los presentadores Gran Wyoming, Dani Mateo y Lalachus, denunciados por ofensa a los sentimientos religiosos. Aclaró que ese delito que se pretende eliminar del Código Penal apenas registra condenas, pero somete a los denunciados a “procesos penales costosos a nivel económico y personal” y que, en todo caso, la supresión de ese artículo no despenaliza el ataque o acoso por motivos religiosos, previsto en el delito de injurias, que se aliente a la violencia contra los católicos, previsto en los delitos de odio, o que se atente contra la libertad religiosa, ya que seguiría vigente el artículo 522 del Código Penal.

López confió en lograr “una gran mayoría” para sacar adelante la proposición, pese a que, de momento, por el parón navideño, únicamente se han “mensajeado” con otros grupos. La fórmula elegida para presentar esta propuesta evita los informes previos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, y, en caso de no contar con los apoyos suficientes, impediría la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, incluida dentro del paquete de medidas. Fuentes del Ministerio de Cultura, que dirige Ernest Urtasun (Sumar) consideran que el texto es incompleto, ya que no recoge la derogación de los delitos de injurias contra altas instituciones del Estado, como la Corona. Sumar ya registró en el Congreso una propuesta de ley para derogar esos delitos el pasado diciembre y el PSOE aceptó su toma en consideración, aunque con reticencias sobre algunos aspectos. El Ministerio de Cultura insta a que la tramitación de ambas proposiciones se aborde a partir de una reforma amplia del Código Penal. López se ha limitado a decir este viernes que están dispuestos a “valorar” otras propuestas en ese sentido.

El que ya ha manifestado su profundo rechazo es el PP. “Ley de impunidad para la familia socialista. La idea tuvo que venir en alguna de las maletas venezolanas”, ha declarado el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Para la secretaria general, Cuca Gamarra, se trata de un “recorte del Estado de derecho” y un intento de “amordazar a los jueces”. El PP, sin embargo, ya se mostró partidario en el pasado de prohibir que los partidos políticos pudieran ejercer la acusación popular. Lo planteó en 2013, cuando estaba en el Gobierno, y se lo lo propuso a Ciudadanos cuando, en 2017, negociaban el pacto de investidura en la región de Murcia. En términos muy parecidos a los que ha utilizado este viernes el socialista Patxi López, portavoces populares abogaron en aquel momento por cerrar esa vía para evitar que las formaciones pudieran “denunciar a sus adversarios políticos para ganar en los tribunales lo que no han conseguido en las urnas”.

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¿Por qué ahora?

El próximo 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de Franco, en 1975, y esa fecha está considerada como el pistoletazo de salida del inicio de la Transición española a la democracia. Es, además, una fecha emblemática, popularmente conocida como el 20-N, y otros países del entorno, recuerdan en el Gobierno, han elegido, para conmemoraciones parecidas, el fin del régimen autoritario previo y no el de las primeras elecciones democráticas, por ejemplo. Italia festejó el 50 aniversario de su democracia en 1995, tomando como fecha de referencia la liberación del fascismo en 1945; no la de las primeras elecciones (1946) o la de la proclamación de la Constitución (1947). Alemania celebró en 2019 la reunificación del país tomando como referencia la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989. Portugal eligió 2024 para conmemorar los 50 años de la revolución de los claveles (1974) que inició el proceso de democratización del país y no la fecha de las elecciones de 1975 o la de la Constitución (1976).

¿Cuándo se empezó a preparar?

El Gobierno lleva más de dos años trabajando en el diseño de este calendario de actos, según fuentes de La Moncloa, es decir, que la idea surge antes de la investigación a la esposa del presidente del Gobierno y del escándalo del caso Ábalos. Una de las actividades incluidas en el programa España en libertad es una serie de seis capítulos de RTVE, coordinada por Nicolás Sartorius, encarcelado por la dictadura en el proceso 1001 contra CCOO, que aborda los movimientos sociales que participaron en la conquista de la democracia. Se presentará en febrero y el convenio se firmó hace casi dos años.

¿En qué consisten los actos?

Habrá exposiciones y muestras en museos; coloquios y debates, proyección de documentales, concursos, talleres, conciertos, actividades en redes sociales, visitas a campos de concentración... El programa, además, no está cerrado. La web www.espanaenlibertad.gob.es incluye un canal para enviar propuestas.

¿Cuál va a ser la participación del Rey?

El Rey ha sido invitado, hasta la fecha, a todos los homenajes a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que la ley de memoria democrática fijó el 31 de octubre, fecha en que se aprobó la Constitución española de 1978. Felipe VI nunca ha asistido a esos actos. También se ausentó, por “motivos de agenda”, del primero de los eventos del programa España en libertad, el pasado miércoles, ya que coincidía con la recepción de los nuevos embajadores, pero sí va a participar en al menos tres actividades: la visita, el 27 de este mes, al campo de concentración de Auschwitz (Polonia), liberado hace 80 años, y en mayo, al campo de Mauthausen, así como en el coloquio sobre el proceso democratizador que organiza la cátedra de Memoria de la Universidad rey Juan Carlos I. El Gobierno ha dejado en manos de La Zarzuela la participación del rey emérito en estos actos.

¿Se ha excluido al PP?

Representantes del Gobierno se comunicaron a finales del pasado diciembre con el gabinete de Alberto Núñez Feijóo para invitarle al acto inaugural del programa España en libertad que se celebró el pasado miércoles. También lo hicieron por correo electrónico. Ningún representante del PP asistió. Fuentes del Gobierno aseguran que se invitó a los portavoces de los grupos parlamentarios. Insisten, además, que en otros eventos parecidos en países del entorno, los líderes de la oposición, al contrario que en España, sí han participado, así como el jefe del Estado.

¿Puede afectar la oposición del PP a la celebración de los actos?

Buena parte de las actividades programadas, como una scape room itinerante y gratuita, están enfocadas a los jóvenes, ya que algunos estudios revelan profundas lagunas sobre la historia de su propio país, y una encuesta reciente del instituto 40dB evidenció que existe un porcentaje alarmante (26%) de jóvenes varones que prefiere “en algunas circunstancias” el autoritarismo a la democracia. El objetivo del Gobierno es que estas actividades lleguen a colegios e institutos, pero las competencias en Educación corresponden a las comunidades autónomas y el PP preside 11. Algunas propuestas del programa España en libertad, como los concursos, pueden ser asumidas por el Ministerio de Educación, pero para otras iniciativas habrá diálogos, provincia a provincia, con los directores de los centros, que podrán decidir si acogen o no las actividades propuestas. El PP, al igual que Vox, se ha opuesto a la enseñanza de la represión franquista en las escuelas, como prevé la ley de memoria democrática, porque lo consideran “adoctrinamiento”.

¿Cuánto va a costar?

Aunque el presupuesto no está cerrado, el Gobierno calcula que invertirá 20 millones de euros en ese centenar de eventos que se celebrarán por todo el territorio nacional y también en varias ciudades extranjeras.

¿Participarán los expresidentes de la democracia en los actos?

Los presidentes de la democracia tras la muerte de Franco, José María Aznar y Mariano Rajoy por parte del PP, y Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez por parte del PSOE, aparecieron el pasado miércoles en uno de los vídeos que se proyectaron en el Museo Reina Sofía en el primero de los actos convocados por el 50 aniversario de la muerte de Franco. No tendrán un homenaje específico, pero sí serán invitados a participar en otros eventos previstos en el calendario, según La Moncloa. No solo dirigentes del PP se han manifestado contrarios a la ley de memoria. El socialista González también la ha criticado públicamente.

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“Tirando hacia atrás” en esas hojas de gastos, explicó Moriyón, descubrió un contrato de Foro con la sociedad Cinqualium en Madrid. No sabía lo que era, lo buscó en internet y descubrió que estaba vinculada a María Porto, entonces esposa de Cascos. Ese contrato correspondía al alquiler de una supuesta sede del partido ubicada en el Paseo de la Castellana en Madrid, por el que se abonaron, entre 2012 y 2014, un total de 173.855,70 euros. Durante el interrogatorio del fiscal y del abogado de la acusación, Cascos explicó que ese local, propiedad de su familia, lo utilizaba el partido que presidía, Foro Asturias, como despacho y para preparar la campaña de las elecciones europeas, guardando allí el material de propaganda. Moriyón lo desmintió: “Mis compañeros guardaban los carros de propaganda en el hotel y quedaban en cafeterías. Le pregunté al candidato de aquellas elecciones y me dijo que no hubo ninguna sede. Yo misma fui muchas veces a Madrid, con iniciativas del partido o a reunirme con el diputado y el senador que teníamos, y jamás fuimos a ninguna sede. ¿Por qué no hay ninguna foto de esa sede? Porque no existió. No he encontrado a un solo compañero del partido que me dijera que había estado allí”.

Fue al ver esos gastos, incluidos el autocontrato de alquiler de ese local en Madrid, como reveló este diario en 2019, cuando el partido decidió encargar una auditoría y poner los resultados en conocimiento de la justicia. Moriyón calificó igualmente de “delirio” la idea de que la formación necesitara un local de ese tipo en Madrid. Cuando se firmó el contrato de arrendamiento, tenían poco más de un centenar de afiliados en la capital, había más en la pequeña localidad asturiana de Llanes.

Enrique Lanza, compañero de Cascos desde 1982 en tiempos de Alianza Popular, y uno de los fundadores de Foro Asturias, explicó que el contrato de alquiler de esa sede nunca pasó por la comisión directiva del partido y que únicamente se abordó “de puntillas” su suspensión, en 2014. Lanza, al igual que el resto de testigos interrogados, destacó que el vicepresidente del Gobierno con José María Aznar era quien “controlaba todo” en el partido. La formación carecía de tesorero ―Cascos alegó durante la primera sesión del juicio que no hacía falta― y Moriyón explicó que establecieron ese cargo una vez que ella ya había asumido la presidencia de la fuerza política y tras recibir una carta en 2019 del Ministerio del Interior donde les advertían, tras varios requerimientos previos, que disolverían el partido si no lo nombraban.

Otras facturas

Previamente, Cascos fue interrogado por otra retahíla de gastos que había pasado al partido en sobres y que, según dijo, cobraba “normalmente, en efectivo”. Preguntado por facturas de taller de dos coches propiedad de su familia, por más de 5.000 euros, pese a que disponía de un chófer y vehículo propiedad de Foro para sus desplazamientos, el expresidente asturiano aseguró que obedecían a que él “no tenía vacaciones ni descanso y trabajaba en el coche”, también en los de su propiedad. Cuando le preguntaron a qué obedecían esos “viajes incesantes” que realizaba, respondió: “Dos días a la semana y los fines de semana que me correspondían iba a ver a mis hijos y eso formaba parte de mis gastos de representación”.

Moriyón cuestionó durante el juicio que siendo presidente del Principado de Asturias pudiera abandonar constantemente la comunidad. Preguntado por una factura por el alquiler de un Audi por valor de 3.000 euros, Cascos dijo que la desconocía. Tampoco supo aclarar otra factura por el alquiler de una furgoneta en Madrid.

También presumió Cascos de haber realizado gastos que pasó a Foro en la floristería de su hija: “Un dirigente político tiene que cuidar las formas para transmitir un prestigio porque esa es la base para que luego haya votos e ingresos”. Sobre una factura por “unas bermudas y un polo”, afirmó, al igual que hizo con un videojuego de playstation cuyo importe también abonó Foro, que debía de ser “algún error”. Tampoco supo explicar por qué el partido pagó noches de hotel de su entonces suegro: “Las facturas no pasaban por mis manos”.

El juicio continúa el próximo 16 de enero, donde comparecerá, entre otros, la exesposa de Cascos, María Porto.

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Este año se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco, un acontecimiento que marcó el fin de una dictadura de casi cuatro décadas en España. El Gobierno acaba de presentar una ambiciosa agenda conmemorativa para 2025 con más de un centenar de actos enfocados en reflexionar sobre el franquismo y la llegada de la democracia. PP y Vox se han mostrado en contra de la conmemoración, a pesar de que estudios recientes confirman que españoles y españolas de entre 16 y 32 años saben más del holocausto que de la guerra civil.

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La llamada memoria histórica o democrática ha incomodado siempre al PP, que endureció su postura tras la aparición de un competidor por la derecha, Vox, que ha convertido la batalla contra la legislación en la materia en una de sus banderas. Los diferentes tonos en la respuesta al centenar de actos preparados por el Gobierno con motivo del 50º aniversario de la muerte de Franco vuelven a ponerlo de manifiesto: de la burla a la hipérbole.

Mientras el líder del partido y los portavoces oficiales adoptan la tesis de “la cortina de humo” ―es decir, criticar el motivo por el que a su juicio se convocan esos actos más que los actos en sí―, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusa a Sánchez de querer llevar “la violencia a las calles” y la exportavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo ―cesada por Pablo Casado y recuperada por Feijóo― promueve un manifiesto donde habla de “guerracivilismo”.

“Cayetana va por su cuenta”, sentencian fuentes de la dirección nacional del PP. En el seno del partido hay quien advierte del peligro de caer en la “trampa” con el “debate abierto” sobre si han de secundar o no los actos. “Todo lo que está haciendo Sánchez en relación a Franco es para molestar al PP”, señala un líder territorial popular. Fuentes del gabinete de Feijóo apuntan: “Es la búsqueda de que Franco movilice al electorado defraudado con el PSOE”. “¿Cuál es el riesgo?”, se preguntan otras fuentes de la ejecutiva. “Que Abascal diga que con Franco no se vivía tan mal”, se responden.

La primera vez que se promovió en el Congreso la condena del golpe de Estado de 1936 fue en septiembre de 1999 y entonces el PP se opuso al considerar una “simplificación y reducción histórica” señalar como única causa de la Guerra Civil la sublevación franquista. Fueron los únicos que votaron en contra de la proposición. En 2002, precisamente en el 27º aniversario de la muerte de Franco, siendo presidente del Gobierno José María Aznar, los populares sí apoyaron, tras una ardua negociación en el Congreso, una resolución que decía: “Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad”. El texto también incluía el “reconocimiento moral a las víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista”.

En 2007, sin embargo, Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y entonces eurodiputado, rechazó esa condena: “¿Cómo voy a condenar lo que, sin duda, representaba a un sector muy amplio de españoles?”. Ángel Acebes no lo desautorizó: “Traer a la actualidad el dolor del enfrentamiento que supuso la Guerra Civil entre españoles no aporta nada bueno”, dijo.

En noviembre de 2018, en el Senado, el PP se abstuvo en la votación de una iniciativa que condenaba “rotundamente” el franquismo, así como “cualquier acto de exaltación del mismo” en una moción del PSOE que respaldaba al Gobierno en la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Los populares también votaron en contra de las dos leyes estatales de memoria, la de 2007 y la de 2022, con el argumento de que suponen un ataque a la Transición ―pese a que en la exposición de motivos de ambos textos se alaba ese periodo― y a la Constitución ―AP, la marca previa al PP, se dividió a la hora de votar la ley fundamental en 1978: de sus 16 diputados, ocho votaron a favor; cinco en contra y tres se abstuvieron―, pero permitieron o incluso promovieron normativas regionales en la materia hasta que Vox les obligó a derogarlas.

Rajoy mantuvo la ley de 2007 en los años que estuvo en el poder, aunque se jactó públicamente de dejar su financiación a cero. Alcaldes y dirigentes provinciales del PP también se han acercado a las fosas comunes del franquismo para celebrar con los familiares de las víctimas la recuperación de restos, pero la irrupción de Vox ha endurecido el discurso nacional del partido sobre la materia. Hoy se autoexcluyen de una batería de actos, exposiciones, conferencias... por el 50º aniversario de la muerte del dictador, pese a que el Rey sí participará en algunos de ellos.

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Pronunció su discurso en el Museo Reina Sofía, casa del Guernica, el cuadro en el que Picasso condensó el horror de la Guerra Civil y que volvió a España desde el Moma de Nueva York ya en democracia ―como el pintor malagueño había pedido― y lo hizo ante un auditorio abarrotado en el que no estaba ningún representante de la derecha. El PP se ha burlado de los actos antes de conocer su contenido ―la agenda se ha dado a conocer este miércoles―, pero Sánchez insiste en involucrar al principal partido de la oposición en esa celebración, que es, además, un recordatorio: “Los valores y los regímenes autocráticos están avanzando. El fascismo que creímos dejar atrás, es ya la tercera fuerza política en Europa. Y la internacional ultraderechista, liderada por el hombre más rico del planeta”, añadió el presidente refiriéndose a Elon Musk, dueño de la red social X y aliado de Donald Trump, “ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania. Es un desafío que debería interpelarnos a todos los que creemos en la democracia y en la Constitución. La libertad nunca se conquista de forma permanente. Se puede perder. Puede volver a ocurrir”.

La comisionada para los actos, englobados bajo el título España en libertad, la historiadora Carmina Gustrán Loscos, de la Universidad de Zaragoza, explicó que uno de los objetivos es “mirar al futuro” y “transmitir a los jóvenes los valores de la democracia en un momento en que da signos de retroceso en buena parte del mundo”. Por ese motivo, una gran parte de las actividades programadas, que se extenderán por todo el territorio nacional y también fuera de España, tendrán formatos específicos para la población que ha vivido toda su vida en democracia, como cómics, juegos y aplicaciones, unidades didácticas, viajes de estudios para jóvenes siguiendo las huellas del exilio, concursos y hasta una scape room itinerante.

Habrá también una veintena de muestras artísticas e históricas, espectáculos de música y danza, se declararán 30 lugares de memoria, y el Rey, que no ha asistido este miércoles al evento por motivos de agenda ―coincidía con la recepción de los nuevos embajadores―, participará este mes en los actos del 80º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz (Polonia).

El acto de este miércoles acogió también un coloquio entre la periodista Soledad Gallego-Díaz, de 74 años, primera mujer en dirigir este diario, y Javier Padilla, de 42, autor del libro A finales de enero, sobre el asesinato en 1969, durante la dictadura, del estudiante Enrique Ruano, miembro del llamado Frente de Liberación Popular, mientras era custodiado por la policía franquista. “Cuando mataron a Ruano”, explicó la periodista, “yo tenía 18 años y faltaban tres décadas para que él [Padilla] naciera. Me produjo una emoción enorme encontrar a un joven como él que se preocupaba por investigar el movimiento estudiantil que yo había vivido”.

Una encuesta reciente del instituto 40dB. para EL PAÍS mostró que un 26% de los jóvenes varones prefiere “en algunas circunstancias” el autoritarismo a la democracia y un estudio de 2022 reveló profundas lagunas entre los estudiantes sobre la historia de su propio país, llegando a escucharse en un aula que “la Guerra Civil” se debió a que “el pueblo se rebeló contra Franco”. Gallego-Díaz abundó sobre ello: “Falta información. La mayoría de las cosas que hacen los jóvenes hoy en mi juventud estaban prohibidas y por una parte importante de ellas te llevarían a la cárcel. Es importante que los jóvenes sean conscientes. Por muchos defectos que encuentren en la democracia, es el único régimen que les permite expresarse”.

El acto concluyó con la actuación musical de la artista Jimena Amarillo, que interpretó una versión moderna de Libertad sin ira mientras se proyectaba un vídeo con imágenes de Santiago Carrillo y Manuel Fraga en la Transición, los Reyes eméritos, las Fuerzas Armadas en misiones de paz, las primeras bodas entre personas del mismo sexo, los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, las grandes estrellas del deporte español y los nuevos españoles, como el jugador del Barça Lamine Yamal o la atleta Ana Peleteiro... Estampas aglutinadoras que solo contempló una parte del arco parlamentario. La otra, de momento, da la espalda a la efeméride.

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De momento, el Gobierno ha definido la estructura para poner en marcha los actos que presentará este miércoles, a través de un comisionado, un comité científico y una comisión interministerial. La historiadora e investigadora Carmina Gustrán Loscos, de la Universidad de Zaragoza, será la comisionada especial para coordinar los eventos, tarea que realizará con el asesoramiento de un comité científico donde figuran, entre otros, los catedráticos de historia Julián Casanova, que en febrero publica una nueva biografía sobre Franco; Carmen Molinero, Miguel Ángel del Arco, e Ismael Saz, así como los historiadores Nicolás Sesma, autor de Ni una, ni grande ni libre, y Ana Cabana; la profesora de sociología Zira Box o la catedrática de ciencia política Paloma Aguilar. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, coordinará al comisionado y al comité científico.

El objetivo de estos actos, recuerda el Gobierno, es “celebrar la gran transformación económica, social, cultural y política” del país tras la muerte de Franco; homenajear a las personas, colectivos e instituciones que la hicieron posible y “transmitir a las nuevas generaciones qué supuso la falta de libertades durante la dictadura”. Un estudio reveló en 2022 las profundas lagunas que jóvenes españoles tienen sobre su propia historia. Se realizó en grupos de trabajo en centros públicos y privados de Madrid, Valencia y Sevilla y mostró, por ejemplo, que su grado de conocimiento sobre el Holocausto era mucho mayor que sobre la represión franquista. “La Guerra Civil fue porque el pueblo se rebeló contra Franco”, llegaron a decir en una de las aulas del estudio.

El Rey no asistirá al acto de este miércoles porque coincide con la recepción de los nuevos embajadores en España, pero sí tiene previsto acudir a otros eventos relacionados, como la visita a los campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen, donde perecieron cientos de españoles que huían de Franco. El ministro de Política Territorial y Memoria democrática, Ángel Víctor Torres, explicó este martes que la decisión de involucrar al Rey emérito en alguno de esos actos dependerá de La Zarzuela, es decir, de su hijo, Felipe VI.

Al acto de este miércoles en el Museo Reina Sofía están invitados intelectuales, instituciones, asociaciones y los presidentes de los principales sindicatos ―la CEOE ha declinado por motivos de agenda―. El portavoz del PP, Borja Sémper, considera que “el presidente tiene que buscar efemérides raras para protagonizarlas él”, informa Virginia Martínez. En ello abundó el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo: “Sánchez va a comenzar una andadura para hacer oposición a un dictador muerto [Franco], nosotros creemos que es mucho más relevante, que es capital, hacer oposición y rechazar a los dictadores vivos, y esto es lo que representa nuestra posición en relación con Venezuela”, dijo.

El Gobierno insiste en que países europeos que recientemente han celebrado aniversarios democráticos han tomado como referencia la fecha del fin del régimen autoritario previo y que, en todo caso, este calendario de eventos por el 50º aniversario de la muerte de Franco no impide que en 2027 España celebre también el de las primeras elecciones democráticas y en 2028 el de la Constitución, por lo que piden al PP que “rectifique” su postura.

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Los gastos, revelados por este periódico en 2019, incluían videojuegos, zapatos, menús infantiles, entradas para eventos deportivos, psicotécnicos para una licencia de armas y el alquiler de una sede en Madrid propiedad de su entonces esposa, María Porto. Tras 45 minutos en los que el abogado de Cascos trató sin éxito que el tribunal declarara la nulidad de las actuaciones, alegando, entre otras cosas, que parte de la documentación aportada a la causa había sido robada en el domicilio de Porto, el fiscal interrogó al expresidente asturiano uno a uno por los gastos que pasó a Foro Asturias, como unas entradas por valor de 240 euros para la Copa Davis a la que asistieron sus hijos. El expolítico cayó a menudo en contradicciones y se burló en todo momento del proceso.

Cascos: Yo no soy aficionado al tenis, pero el presidente de la Federación Española de Tenis tuvo la deferencia de invitarme y acudí. La federación asturiana de tenis nos pidió ayuda y creo que Foro compró cinco entradas. Yo tenía entrada de protocolo. No eran para beneficiarme ni a mí ni a mis hijos. Las compramos para ayudar a la organización de Oviedo y asistieron compañeros de Foro a la eliminatoria.

Fiscal: ¿No asistieron sus hijos?

Cascos: Alguno asistiría conmigo. Tampoco son aficionados. Los que asistieron fueron personas de Foro.

Fiscal: En la instrucción dijo que había ido con sus hijos.

Cascos: Sí, mis hijos fueron al tenis, claro, pero pudieron ir con las entradas de protocolo de la federación o con las que Foro, por apoyar a la sede de Oviedo, adquirió y repartió entre sus dirigentes.

Fiscal: ¿Y por qué tenía que pagar Foro las entradas para ir usted con sus hijos?

Cascos: Porque la imagen pública en política es muy importante. Yo no fui por el tenis. Fui por apoyar a la sede de Oviedo y eso también forma parte de la imagen que uno transmite a la sociedad asturiana.

Fiscal: Usted era el presidente del Principado de Asturias en ese momento. ¿Pero las de sus hijos por qué las tenía que pagar Foro?

Cascos: Porque tener una imagen de familia forma parte del activo de una persona. Le estoy diciendo cosas de Perogrullo. ¿Cómo no va a tener imagen positiva un dirigente político con su familia?

Durante el interrogatorio del fiscal y del abogado de la acusación particular, el propio Foro Asturias, Cascos empleó tres clases de argumentos para responder a la retahíla de gastos que pasó al partido y que difícilmente tenían que ver con su actividad política. Para justificar viajes, comidas y estancias en lugares como Estepona o Córdoba. aseguró que había pactado con la formación política que mantendrían su “nivel de vida” y que, al estar separado de la madre de sus hijos, debía ir él a verlos dos veces por semana y los fines de semana que le correspondían. “Foro cubría mis gastos cuando yo estaba con mi familia”, aseguró. “Mariano Rajoy me dijo tres veces que yo era su candidato [a la presidencia de Asturias], pero en diciembre de 2010 nombraron a otra persona y en enero de 2011 yo me di de baja en el PP”, recordó. A partir de ese momento, añadió, un grupo de personas se dirigieron a él para tratar de convencerlo de que volviese a la política con una nueva marca política. “Y esas personas, que ahora son los querellantes, jamás tuvieron preocupación alguna”.

Para justificar la factura de un videojuego que pasó al partido, Cascos aseguró que se trataba de “un error” porque en todos esos años no había comprado un solo juego, sino muchos. Un argumento parecido empleó para explicar la compra de unos zapatos. “Soy cliente de Callaghan desde hace 30 años. He abonado decenas de pares de zapatos y hay uno...”. La nómina de Cascos, que además disponía de un chófer a su servicio, ascendía hasta junio de 2019 a 5.087 euros al mes, pero el político pasó todo tipo de gastos personales, incluido pedidos de comida a domicilio o lavandería, al partido.

Preguntado por gastos de procurador por asuntos judiciales que pasó a Foro pese a no tener que ver con el partido, como una querella particular por amenazas, Cascos respondió: “Alguien cometió un error. Entendió que era de Foro y lo abonó”. En cuanto a varios desplazamientos hasta A Coruña, entre ellos, un puente de diciembre, acompañado de su familia, el expolítico alegó que había ido a reunirse con el presidente de la Xunta, entonces Alberto Núñez Feijóo, para pedirle ayuda para deshacer el “acuerdo” entre el PSOE y el PP en Asturias por el que fue incapaz de aprobar los Presupuestos regionales y terminó adelantando las elecciones a la presidencia del Principado. También calificó de “error” la factura de un colchón con patas, canapé, moqueta, tapicería y visillos en El Corte Inglés por valor de 3.290 euros y pidió un análisis “grafológico” del gasto por el psicotécnico para una licencia de armas que también pagó el partido, según consta en el escrito de acusación.

“Sede ficticia”

Se detuvieron tanto el fiscal como el abogado de la acusación particular en un gasto concreto, el contrato de alquiler de una supuesta sede para el partido en Madrid, un local en el Paseo de la Castellana de la sociedad Cinqualium, creada por Cascos en 2005 junto a su esposa, y de la que fue administrador entre 2007 y julio de 2011, cuando renunció al ser nombrado presidente del Principado. A partir de ese momento, la administradora pasó a ser María Porto, su esposa. Por el alquiler de esa sede que el partido considera “ficticia”, Foro abonó desde 2012 hasta diciembre de 2014 un total de 173.855,70 euros. Según Cascos, era el despacho que utilizaba en la capital tanto él como Isidro Martínez Oblanca.

Durante los interrogatorios, Cascos se burló de las cantidades que se le imputaban y que, según él mismo explicó, había pasado a Foro en tiques metidos en sobres. “Esto es lo más triste que me ha pasado en política”, llegó a decir, presumiendo de la “austeridad” que había regido en el partido que presidía y que careció durante años de la figura de un tesorero, porque a su juicio, no hacía falta, basándose todas las condiciones en las relaciones “de confianza”. Pese a la insistencia del abogado de Foro, Luis Llanes, no hubo forma de que Cascos aclarase quiénes le habían asegurado que podía pasar ese tipo de gastos al partido. “No era algo que se pone encima mesa, se habla entre personas amigas, no se va con papel y lápiz a levantar un acta, para mí la palabra es lo más importante”, se limitó a decir.

El juicio se reanudará el jueves, cuando está previsto que declare, entre otros, la actual presidenta de Foro Asturias y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Entre el medio centenar de testigos citados también figura la exesposa de Cascos María Porto, quien declarará por videoconferencia desde Madrid.

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La intención de voto del resto de partidos que permitieron conformar el actual Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) se sitúa en el 6,6%, cuatro décimas por debajo de lo que reunieron en las generales del 23-J.

La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre los pasados 20 y 26 de diciembre. En esos días, continuó la polémica por la gestión de la dana —la Generalitat aseguró que Carlos Mazón almorzó el día de la riada con una periodista en calidad de líder del PP regional, no como presidente de la comunidad—; Rodrigo Rato, el vicepresidente del Gobierno con José María Aznar y expresidente del FMI, fue condenado a cuatro años de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública, uno de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares; el Tribunal Supremo ordenó a la Guardia Civil que siguiera el rastro del móvil del fiscal general, donde no se encontraron mensajes relacionados con la presunta revelación de secretos en el caso del fraude del novio de Isabel Díaz Ayuso —posteriormente, la UCO confirmó que Álvaro García Ortiz había cambiado de terminal una semana después de la imputación—; y en su discurso de Nochebuena, el Rey pidió a los partidos “serenidad” y “diálogo” frente a la “atronadora” contienda política. Puede consultar todos los datos del sondeo aquí.

Transferencias de voto

Los datos de transferencia de votos muestran que Vox es el partido con el votante más fiel: retiene a casi el 83% de sus apoyos de las generales de julio de 2023; cede un 3,1% al PP y casi un 8% a SALF. El PP conserva al 77% de sus apoyos de las últimas elecciones, ya que aumentan las fugas a la formación de Santiago Abascal (10,5%). El PSOE también pierde fieles —conserva al 72% de sus votantes del 23-J—; cede casi el 6% al partido de Alberto Núñez Feijóo y cuenta con un elevado porcentaje de indecisos y votos blancos o nulos (13% en total).

Sumar, que afronta la crisis tras el escándalo por actitudes machistas que obligó a dimitir a su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, y la renuncia de Yolanda Díaz a coordinar el espacio, apenas retiene al 39,7% de los votantes que en 2023 permitieron reeditar el Gobierno de coalición. Las fugas a Podemos siguen creciendo y se sitúan ya en el 33,6%. Además, ceden otro 6,5% al PSOE y acumulan un alto porcentaje de indecisos (8,5%).

Voto por género y edad

Como ya se apreciaba en los últimos sondeos, la indecisión crece entre el electorado femenino, donde los votos nulos, en blanco, la abstención y la duda suman el 27,8%, esto es, 6,6 puntos porcentuales más que en los hombres. La segunda opción para las mujeres es el PSOE (23%), seguido muy de cerca por el PP (22,2%). Los socialistas obtienen algo más de ventaja sobre los populares entre el electorado masculino (1,4 puntos porcentuales). La movilización, es decir, la probabilidad de ir a votar si los comicios se celebrasen ahora, es tres puntos superior entre los hombres. Vox obtiene 6,6 puntos menos de intención de voto entre las mujeres que en el colectivo masculino.

Por edades, en la franja de los 18 a 24 años gana, con casi un 34%, la desafección política, esto es, la abstención, los indecisos y los que hoy votarían en blanco o nulo; le siguen Vox, que obtendría el 20,7% de los apoyos; el PSOE (18,2%) y el PP (13,9%). Como vienen mostrando todos los barómetros del instituto 40dB., la preferencia por el partido de Abascal decrece según avanza la edad (apenas un 9% entre los mayores de 65), justo al contrario de lo que le ocurre al PP, que recoge su mejor porcentaje de intención de voto entre los pensionistas (23,3%). Los socialistas también obtienen sus mejores datos entre los mayores de 65 (27,2%) y en la franja de los 55 a los 64 años (23,7%).

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Con todo, a la pregunta de qué fórmula de Gobierno preferirían, el grupo mayoritario entre la población general (21,6%) señala a la actual: una coalición entre el PSOE y Sumar; seguido de la opción del “PP con otros partidos a su derecha” (17,3%); de los populares en solitario (15,1%); un ejecutivo netamente socialista (12,1%) y una gran coalición entre las dos fuerzas principales (11,5%). De nuevo, esos porcentajes varían considerablemente según la intención de voto. Los votantes del PSOE prefieren la coalición con Sumar (40,1%) antes que un ejecutivo en solitario (38,6%) y una gran coalición con el PP (11,9%); mientras que entre los apoyos de Alberto Núñez Feijóo, la primera opción es un gabinete íntegramente del PP (57,2%), seguido de una coalición con el PSOE (17,7%) y en tercer lugar una alianza con Vox (16,4%).

La encuesta muestra también algunas contradicciones a la hora de valorar la gestión del Gobierno. El 58% de la población general considera que es “incompetente”, si bien cerca de siete de cada 10 votantes de Sumar y del PSOE, y más de seis de cada 10 de Podemos consideran que es eficaz. Preguntados por las medidas puestas en marcha hasta la fecha, la mayoría recibe un saldo positivo, salvo la ley de amnistía a los encausados por el procés, que rechaza el 50,6% de la población y que tiene pendiente el dictamen del Tribunal Constitucional. Las mejor valoradas son la subida del salario mínimo interprofesional, la reducción de la jornada y la ampliación del subsidio por desempleo. Por intención de voto se aprecia, no obstante, la alta polarización, con un rechazo mayoritario de la derecha a todas las medidas, salvo la subida del salario mínimo.

En cuanto a qué partidos ven más capacitados para gestionar los retos del futuro, el PSOE aparece en primer lugar en todas las cuestiones planteadas, también las de índole económica, donde la población general sitúa al PP en segundo lugar y a Vox en tercera posición, pero la ventaja de los socialistas es mayor en los asuntos sociales, como los “flujos migratorios”; “la desigualdad entre hombres y mujeres”; “la pobreza” o la “crisis climática”.

El FMI situó a España como la gran economía que más crece y The Economist, el semanario británico considerado como la biblia del liberalismo, acaba de coronar al país como la mejor economía avanzada en 2024. Sin embargo, el estudio de 40dB. muestra que la “situación económica general” preocupa mucho o bastante al 83,7% de la población; la inflación y el coste de la vida, al 90,7%; las desigualdades sociales, al 84,1%; el acceso a la vivienda, al 83,1% y el paro, al 77,5%. La preocupación por la situación económica es mucho mayor entre los votantes de la derecha (55,4% entre los apoyos del PP) que entre los de izquierda (24,7% entre los del PSOE).

También se aprecia, como es habitual en la demoscopia, una percepción mucho más positiva de la situación económica particular frente a la general. El grupo mayoritario (42,2%) considera que la coyuntura económica es peor ahora que hace un año y que España crece menos que otros países de la Unión Europea [la realidad es la contraria], si bien, ante la pregunta de cómo valora la situación económica de su hogar o familia, un 47,9% la puntúa positivamente; un 40,7%, “regular” y solo un 10,8%, negativamente. Por electorados, los que mejor nota ponen a su situación económica personal son los del PP.

En julio de 2022, lograban ahorrar a final de mes el 45% de los hogares españoles y ahora ese porcentaje ha subido al 55,5%. Los que llegaban “justos” han pasado, en ese mismo periodo, del 36,5% al 32,2% y el porcentaje de los que tienen que tirar de ahorro o endeudarse se ha reducido en seis puntos porcentuales, hasta situarse en el 12,3%.

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Como adelantó EL PAÍS en 2019, han sido los propios compañeros de Cascos los que le han llevado al banquillo tras realizar una auditoría que destapó los gastos personales que su fundador había pasado al partido. El escrito de acusación de la Fiscalía recuerda que la oferta económica que el partido hizo a Álvarez-Cascos antes de su constitución incluía “una retribución a cambio de dedicación exclusiva” (su nómina ascendía hasta junio de 2019 a 5.087 euros al mes), “facilidades para el mantenimiento de su residencia en Madrid y para ejercitar el régimen de visitas con sus hijos (tenía un chófer a su disposición) y “capacidad decisoria en cuanto a la forma de ejercer la actividad política y libertad para ejecutar gastos económicos inherentes al partido”, pero “en ningún caso, gastos de carácter personal, de libre disposición sin sujeción a autorización del partido, ni gastos de comidas no relacionadas con la actividad política”. En 2020, cuando Cascos fue interrogado durante más de cuatro horas por la titular del juzgado de instrucción número dos de Oviedo, el político alegó que había pactado con los impulsores de Foro su elevado sueldo y condiciones para mantener su nivel de vida. El exministro declaró que él no llevaba las cuentas y que todo se debía a una “guerra política” para hacerse con el control de la formación. Cuando se le expusieron algunos recibos y gastos aportados a la causa, como trayectos de AVE a Andalucía o facturas de zapatos, aseguró que podía tratarse de “algún error”. En cuanto al chófer y los desplazamientos fuera de Asturias, Cascos argumentó que él trabajaba mucho “en el coche”.

También respondió a preguntas sobre el alquiler de una sede para el partido en Madrid, de la que era a la vez arrendatario y arrendador. Cascos explicó que se firmó un contrato y que esa sede se utilizó. El local estaba a nombre de una sociedad de la que formaba parte su entonces esposa, María Porto, y supuso un gasto al partido de 171. 000 euros, según la auditoría externa. A preguntas de este diario, el vicepresidente del Gobierno afirmó entonces que cedió gratuitamente esa sede al partido en 2011 y 2012 y que después sí pagó un alquiler. Cascos admitió que quien cobraba ese arrendamiento era la empresa de su grupo “familiar”.

En Foro Asturias, que llegó a gobernar brevemente el Principado gracias a Cascos -hasta que tuvo que adelantar las elecciones al ser incapaz de llegar a acuerdos para aprobar los Presupuestos- explican que no habían nombrado tesorero y que la utilización de sus recursos económicos se basaba en criterios de “confianza y de responsabilidad personal”, además de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, “que se limitaba a aspectos de mayor envergadura”. Fue al encargar la auditoría cuando descubrieron el tipo de gastos que Cascos había pasado a la formación y que nada tenían que ver con su actividad política. “Se lo pagábamos todo”, lamentan fuentes de Foro Asturias. Otros hechos investigados, como la venta de obras de arte de una sociedad dedicada a actividades relacionadas con el mundo del arte y que pertenecía a la exesposa de Cascos a constructoras que fueron adjudicatarias de obras del Ministerio de Fomento -que ocupó el acusado durante su etapa en el PP- han sido archivados al haberse superado el plazo de prescripción del delito de cohecho. Esas operaciones se realizaron entre 2004 y 2006.

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El mérito de ese giro de guion, que ha ido complicando la trama para el fiscal general —la Guardia Civil acaba de confirmar que García Ortiz cambió de móvil una semana después de ser imputado— y que ha hecho caer al secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, es de Miguel Ángel Rodríguez, según todos los consultados para este reportaje. “Siempre utiliza la misma estrategia”, afirma un exdirigente del PP. “Cada vez que atribuyen a Ayuso y su entorno un escándalo, él genera un escándalo mayor señalando otra presa mayor. En el caso del hermano de Ayuso [que obtuvo un contrato millonario de la Administración presidida por su hermana en plena pandemia] fue el supuesto espionaje y Pablo Casado; y con el novio, ha sido el fiscal general y la filtración. Lo hace con la connivencia de ciertos medios de comunicación, los mismos que entonces le ayudaron a cargarse a Casado, y con bulos... Y la derecha judicial está aprovechando aquella frase de Aznar: ‘El que pueda hacer, que haga’. Veo a la judicatura de derechas mucho más radicalizada que el propio PP, con mucha rabia. Es llamativo que se pidiera el móvil del fiscal general y que nunca se llegara a pedir el del hermano de Ayuso”.

Fue Miguel Ángel Rodríguez quien, en marzo del año pasado, junto a la transcripción del último correo enviado por el fiscal Julián Salto a Carlos Neira, entonces abogado del novio de Díaz Ayuso, difundió entre un grupo de periodistas el bulo de que la Fiscalía había retirado la propuesta de acuerdo de conformidad por “órdenes de arriba”, cuando era el propio defraudador quien, a través de su abogado, había propuesto esa vía para evitar la cárcel tras admitir sendos delitos. Pero el bulo, que fue publicado sin contrastar por varios medios, ha pasado a un segundo plano, como las propias acusaciones que pesan contra González Amador.

El politólogo Pablo Simón —uno de los que la pareja de Ayuso tiene en su lista de denunciados por llamarle defraudador confeso— define esta estrategia como “la teoría del borrador”. “Con los escándalos del hermano y el novio de la presidenta madrileña”, explica, “hay un elemento común: salir siempre al ataque”. “Cuando salta lo del hermano, Ayuso es la primera que sale a denunciar una cacería contra ella que termina cargándose a Casado. Siempre da el primer paso y gana, controlando la agenda, y con su pareja ha hecho lo mismo, le da categoría política al caso de un particular denunciando una persecución de Hacienda [llegó a decir que era la Agencia Tributaria la que le debía dinero a él]. Ella es siempre la que coloca la primera piedra de la versión en el tema de discusión y luego sus rivales no tienen capacidad de darle la vuelta. Como en un documento de trabajo, lo que permanece es la primera versión, la fuerza del borrador. Y es siempre la misma lógica de victimización: el vienen a por mí, desde sectores del PP o desde la izquierda. En su momento, lo enlazaron con la impopularidad de Casado dentro de sus propias filas y ahora con la idea del Gobierno totalitario que pone las instituciones a su servicio”.

Resumen de la locura de hoy: la fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González; antes de que pueda responder, las misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes "de arriba" para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio.

— MÁR (@marodriguezb) March 13, 2024

“Si ahora”, plantea la socióloga y politóloga Cristina Monge, “preguntáramos a la ciudadanía, no sé cuánta gente sabría decir que lo del fiscal general del Estado está relacionado con la confesión de un delito fiscal por parte de la pareja de Ayuso”. “Es el resultado de una estrategia muy pensada, la de la victimización y la desinformación para hacerse con ese terreno en disputa que es la agenda pública o mediática, y ha sido una operación redonda porque hay medios que contextualizan y otros que no, es decir, medios que hablan de la filtración, pero no del bulo. En estos momentos la derecha es mucho más eficaz a la hora de colocar sus mensajes porque Ayuso y especialmente Miguel Ángel Rodríguez tienen una relación de correa de transmisión con los medios de línea editorial conservadora mucho mayor que la izquierda con los medios de línea editorial progresista”.

Simón coincide a la hora de señalar a esos cooperadores necesarios, a los que une la “torpeza” de la Fiscalía, y ambos politólogos describen las particularidades del ecosistema político madrileño, donde no hay alternancia y la presidencia de la Comunidad confronta histórica y directamente con el Gobierno central. “La Comunidad de Madrid es un bastión del PP con unas redes muy bien engrasadas, donde se benefician del efecto capitalidad, del control muy cerrado de unos medios de comunicación que bailan a su son gracias a la publicidad institucional y de un creciente madrileñocentrismo. Todo eso otorga a cualquier liderazgo una enorme potencia de fuego. La política estatal termina muchas veces convirtiéndose en política madrileña, es decir, al final no hay política madrileña porque la política madrileña es política de España y viceversa. No se habla de la gestión de Madrid y el conjunto de España discute sobre lo que la Comunidad de Madrid quiere que se discuta”. Y eso pese a que, como admiten dirigentes populares, España no es Madrid ni los barones del PP que copan la mayoría del poder territorial autonómico comparten el estilo o las formas de la lideresa de la puerta del Sol. “El de Ayuso”, añade Simón, “es un liderazgo muy a la derecha, muy inspirado en Trump, en Milei, desacomplejado, que busca cabrear a los progres y habla a las tripas, sin las florituras del lenguaje de madera de la política y amplificado mediáticamente. Ahí es donde Miguel Ángel Rodríguez encaja como un guante. Con un liderazgo como el de Feijóo en Galicia no habría podido funcionar porque tienen otros códigos, o son de otra generación diferente, pero aquí sí”.

Un exdirigente popular comparte ese diagnóstico y lamenta que el PP nacional se haya dejado arrastrar por la forma y discurso del tándem Ayuso-Rodríguez. “Apoyar a Ayuso en este asunto supone apoyar a un defraudador”, subraya, “y en el partido se extiende la idea de que ella es la única que puede parar a Vox, cuando desde mi punto de vista es todo lo contrario”, añade.

Del otro lado, también Pedro Sánchez se presenta como víctima de una persecución de la derecha y la ultraderecha contra él por la investigación contra su esposa, que parte de la denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. Fuentes del PP admiten en privado que ven poco recorrido penal a esa causa, pero en esa batalla de relatos políticos, la derecha va ganando y el argumento de la victimización es mucho más eficaz en un lado que en el otro.

“Hemos importado en nuestra democracia”, explica Simón, “la figura del consultor político independiente, ligado a un partido y especialista en estrategias de comunicación que luego desempeña un papel importante en los gabinetes, como en EE UU. Iván Redondo era un genio para la oposición cuando estaba en La Moncloa y ahora ocurre lo mismo con Rodríguez: desde la trinchera contraria siempre se tiende a magnificar al estratega del rival”. La política española se ha reducido a un juego de estrategas donde la batalla de relatos prima sobre la discusión de los problemas, sobre la gestión. Y el año arranca como terminó, entregado el discurso político a las hipérboles improductivas y las frases grandilocuentes.

¿Hay posibilidades de cambio? ¿De vuelta a la gestión? Las fuentes consultadas no son optimistas. “Para tener una discusión razonable sobre cualquier asunto”, apunta Simón, “los interlocutores tendrían que emplear el mismo lenguaje, es decir, las élites tendrían que hacer un ejercicio de contención y renunciar a la apelación constante a las emociones”: “Pero eso se ha roto. Se ha entendido que el lenguaje que funciona es el del populismo emotivo: el vienen a por nosotros”. Monge solo ve otro escenario si Sánchez desapareciese del mapa político. “Él y Ayuso se retroalimentan. Si Sánchez desapareciese, el liderazgo de Ayuso perdería muchos enteros”. Pero él ha escrito ya varios tomos de su manual de resistencia, y Miguel Ángel Rodríguez aplica a diario, como señala un exdirigente del PP, su particular librillo “de subsistencia”, tapar la luna con el dedo.

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Al saber que estaba abierta, José ha ido a cortarse el pelo a la barbería de Babar Sohail, paquistaní, que enseña los presupuestos que le han dado para volver a empezar: 8.000 euros por adecentar el local, otros 2.000 para unas sillas nuevas, 2.000 más para reponer la persiana de cierre. Paiporta es un pueblo sin puertas, la mayoría se las tragó el agua. Con los restos de seis, un gimnasio ha compuesto una. En otra vivienda, un colchón húmedo separa el dentro del fuera. Mientras otras ciudades estrenan luces de Navidad, el epicentro de la dana sigue vaciando garajes y se acostumbra a su nueva normalidad: uniformes militares, petos de plástico blanco como los de la pandemia y el Prestige, chalecos de la Cruz Roja, ropa prestada. Por las carreteras abiertas tras recoger montañas de lodo, circulan vamtacs —los tanques que ha utilizado el Ejército en lugares como Afganistán—, camiones de la UME, de las Brigadas Forestales, de los bomberos… y muy pocos vehículos particulares. “Yo solo perdí el coche”, celebran muchos vecinos, conscientes de su nueva condición: supervivientes.

Zelise Díaz, de 21 años, llegó desde Cuba a Paiporta hace apenas dos meses y uno entero se lo ha llevado la dana, pero su primer empleo ha sido post-catástrofe: lleva menos de una semana trabajando de camarera en el primer bar que reabrió en el pueblo, El Sol. “Mis tíos ya estaban aquí y nos acogieron a mi marido y a mí para que empezáramos una nueva vida. ¡Vaya recibimiento!”, bromea. Sirve a unos refrescos a dos mujeres que se acaban de sentar. Una de ellas, Isabel Lago, exclama: “¡Por fin algo de luz! Tiene 65 años y este martes se abrazó por primera vez en 36 días con su amiga Isabel González, de 41. Lago muestra orgullosa sus uñas, recién pintadas: “Las tenía hechas un desastre de limpiar el barro. Como la peluquería estaba en un piso alto, se salvó”. La normalidad se sirve así, en muy pequeñas dosis, y se consume rápido porque en esta localidad de 27.000 habitantes todas las conversaciones desde hace un mes empiezan y terminan en la dana: dónde estaban cuando ocurrió; cuándo volverá a ocurrir; qué era esto antes de... “Lloro todo el rato”, relata Lago, “pero también nos han pasado cosas buenas: por ejemplo, yo en mi finca conocía a la gente de hola y adiós, y ahora tengo los teléfonos de todos mis vecinos, nos abrazamos, nos animamos, nos hemos convertido en una familia”. Las amigas ríen, se emocionan, recuerdan sus viejas rutinas: las clases de teatro, la piscina, las comidas de chicas… Saben que el ocio será lo último en volver. De hecho, la mayor parte de la clientela de este bar son militares que entran, con barro hasta las orejas, a por un café.

“Aquí queda mucho”, repiten los efectivos de la UME en cada calle, en cada esquina. Hay 40 trabajando solo en un local, la guardería Mamá Pato, que antes de la dana acogía a 81 niños del pueblo y hoy sigue escupiendo barro. Un arquitecto municipal les ha confirmado que no hay riesgo de derrumbe, pero sus dueñas, María y Charo Castells, no tienen claro que puedan reabrir. “Dependerá de cuándo lleguen las ayudas, pero nuestra intención es retomar la actividad porque los niños necesitan espacios para ser niños y los padres, retomar su vida”, responde María. De momento, siguen en contacto con las familias. “Los papás nos cuentan que hay niños que ahora no se quieren duchar, por ejemplo, porque tienen miedo al agua, incluso a la lavadora, y al silencio, porque cuando pasó la riada hubo mucho ruido, pero luego se hizo el silencio y se fue la luz y los críos se han quedado con eso en la cabeza”, añade. Llevan guantes y colirio para los militares. También ellas tienen heridas de guerra: María, una infección en los ojos; Charo, en los pies. Por la humedad, por el polvo. La casa de la primera ya no es habitable, así que tras pasar el día en Paiporta para ayudar en lo que pueda, María se va a Valencia a dormir con su madre. “Son solo cuatro kilómetros, pero es como ir a otro planeta. Ver a la gente paseando o tomándose una cerveza en una terraza me parece extrañísimo porque mi normalidad ahora es esta: barro”.

Pilar Tarazona es otra de las valientes: ha reabierto su floristería frente al barranco de Paiporta. Dentro del local muestra un agujero en el techo por el que ella y su amiga Remi escaparon de la riada. “Rompimos una placa y por ahí salimos”, recuerda, emocionándose. Una mancha en la pared, a la altura del pico de un árbol de Navidad, más alto que ella, muestra hasta dónde llegó el agua.

Por la casa de los padres de Paloma, un caserío de 120 años, han pasado, asegura, “más de 200 personas” en un mes para ayudar a quitar barro y están lejos de terminar. Ella vive en un piso alto que no sufrió daños. “He pensado en vender e irme porque en este pueblo todo me va a recordar siempre a lo que pasó, ¿pero quién va a querer comprar una vivienda ahora en Paiporta?”. Jesús Baos, de 75 años, se queda. “Vivo frente al barranco, pero en un segundo piso, y ya no me voy a ir de aquí, pero sí escucho a la gente decir que se quiere marchar, sobre todo porque piensan que esta no va a ser la última dana”. Cuenta que ahora discute más con su mujer, quien le riñe por abrir la ventana, por asomarse al desastre. “Estamos todos nerviosos y a la vez apagados. Es una sensación muy rara, como vivir de prestado”. Jesús se emociona al hablar de los militares y los voluntarios. El pueblo se ha llenado de pintadas y los mensajes de agradecimiento ganan a los de rabia. La UME ha prometido quedarse “lo que haga falta”. Un tiempo, por ahora, difícil de determinar.

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Nótese que quienes afirman tener un segundo equipo a menudo señalan al Madrid o al Barça, es decir, a los grandes. En muchos casos, dicen que “el primero” es el de su ciudad, y que luego ya son del 15 veces campeón de Champions o del que se ha llevado en 27 ocasiones el título de Liga. Bien, esto puede ser un autoengaño: en realidad, son merengues o culés, pero se niegan a reconocer esa pequeña traición a lo autóctono. Ojo, no juzgo. Entiendo sus motivos, aunque no los comparta. El Bernabéu o el Camp Nou suelen dar más alegrías que estadios más modestos. Es como la lotería: comprar más décimos aumenta tus posibilidades de ganar, y apoyar a cualquiera de esos dos gigantes dispara la probabilidad de irse a casa con una Copa. Investiguen en su entorno, seguro que detectan a alguno. Y, si dudan, sometan al familiar o amigo con el corazón dividido a la prueba de fuego: el duelo entre el equipo local y un Vinicius o un Yamal. Si se levantan del sofá cuando marca alguno de estos dos genios, ya saben a qué madre obedecen. Si, por el contrario, esa tarde los ven rezar para que se produzca el milagro y David venza a Goliat, tienen delante a un aficionado fiel y de verdad. Por cierto, siguiendo el símil lotero, eso equivaldría a ganar el Gordo con un solo boleto, el número al que llevan abonados toda la vida. Yo lo he visto (Real Madrid 2- Real Oviedo 3 en 1995) y en el fútbol no hay nada más bonito que eso y las remontadas.

Por supuesto, podemos tener amantes, simpatías... si se quiere, unos jugadores, digamos, favoritos, a los que seguimos y admiramos en la distancia, de un modo parecido a esas listas que algunas parejas pactan de famosos con los que estaría permitida la infidelidad. Está autorizado, también, el tonteo, aunque ya explicó magistralmente Manuel Jabois en una columna que, a veces, “hay más cuernos en un buenas noches” por WhatsApp que en una debilidad coyuntural y aislada en cualquier cama. Pero el amor es otra cosa. Un asunto endiablado que absorbe y produce energía de un modo muy particular y específico. Para que se entienda mejor: hay una persona, solo una, a la que quieren llamar en primer lugar cuando les ocurre algo muy bueno o muy malo. No hay dos primeras llamadas; no se puede estar enamorado de dos a la vez; no hay dos equipos.

También es posible, cómo no, la empatía. Sufrir cuando otro sufre, reír cuando otro ríe, como esos hermanos gemelos que caen cuando el otro cae. En el último clásico, por ejemplo, me alegré por dos amigos del alma, Rafa Cabeleira y José Precedo, y lo sentí por mis queridísimos y admirados Jabois y Jorge Valdano, del mismo modo que brindé por ellos cuando se llevaron a casa su decimoquinta copa de Champions. Tampoco fue difícil compartir con Nacho Carretero y Arturo Lezcano la felicidad por el ascenso del Dépor a Segunda el pasado mayo, lo que no quita para que disfrutase como una enana en la primera victoria del Oviedo en liga este año, precisamente en Riazor. Osasuna tendrá para siempre un rinconcito en mi corazón porque lo último que ven los rojillos antes de salir al campo, al atravesar el túnel de vestuarios, son frases de mi mejor amigo, David Beriain. Se me cayeron algunas lágrimas la primera vez que las vi, igual que me emocionaron las imágenes de la retirada de Joaquín en el Benito Villamarín en junio de 2023 o las del último partido de Navas en el Sánchez Pizjuán hace unos días. También puedo compartir con una ciudad entera, Bilbao, la ilusión de ver salir a la Gabarra tras conseguir un título que se les resistía desde hacía 40 años, pero no alteran mi semana como los tres, uno o cero puntos de mis azules en la Hypermotion. Solo ellos, y, especialmente, el mago Cazorla, pueden abrir el tarro de mis endorfinas futbolísticas.

Finalmente, para completar este análisis psicológico al vuelo, estarían los que no aman, en realidad, a ningún equipo, solo odian a su rival, véase los antimadridistas o anticulés. Son, a mi parecer, los más desgraciados de todos, porque la animadversión les impide disfrutar del espectáculo, de la pasión más puntual —mínimo una vez a la semana— e irracional de todas: el fútbol.

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Cuando Pedro Sánchez quiera convencerte de lo bien que da en la prensa extranjera, aquí te dejamos 3 evidencias de lo alejado que está de la realidad. pic.twitter.com/QTPvfDE6AE

— Partido Popular (@ppopular) December 19, 2024

El PP ha acusado en numerosas ocasiones al Ejecutivo de “maquillar” los datos de paro, pero el criterio de medición no ha cambiado y, en todo caso, es el mismo del que se valen algunos presidentes autonómicos del partido para presumir de la reducción del desempleo en sus territorios. Consciente de que la economía no es su mejor baza, los populares han orillado al ministro del ramo, Carlos Cuerpo, en las sesiones de control al Gobierno, y Feijóo ha tocado a rebato para que todas las frases de sus portavoces terminen en el empresario Víctor de Aldama, considerado el conseguidor de la trama corrupta que afecta al exministro socialista José Luis Ábalos. Tampoco su portavoz de economía, Juan Bravo, tiene protagonismo en el discurso de la oposición y en el reparto de minutos en medios, si bien, se ha apuntado a la teoría del maquillaje de datos de empleo y a la tesis de lo que el PP llama “hachazo fiscal”. Los populares se han quedado solos frente a las previsiones positivas de organismos como el FMI, que situó a España como “la economía avanzada que más crece”, e incluso en su perenne promesa de bajada de impuestos. “Nadie”, recuerda Lane Greene, de The Economist, “tiene margen fiscal para bajar mucho los impuestos. Llevamos mucho tiempo diciéndoselo a todos los gobiernos occidentales, incluido el americano: no se puede mantener unos servicios generosos por parte del Estado y a la vez bajar impuestos porque las deudas crecen y en una recesión eso puede generar una crisis rápidamente”.

Feijóo aseguró que el semanario británico atribuía la mejora española “a las reformas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy” y acusó a Sánchez de “manipular” en el Congreso cuando presumió del artículo. ”Hoy nos hemos desayunado”, declaró el presidente en la Cámara baja, “con lo que creo que es una extraordinaria noticia, y es que un semanario como The Economist ha situado a España como la economía con mejor desempeño del año 2024 en el mundo, por encima de Estados Unidos, de Italia, de Alemania, de Francia... Es un elemento de enorme orgullo para el conjunto de la sociedad española por el contexto tan complejo en el que se está desarrollando este éxito económico y tiene que ver con las políticas socioeconómicas que hemos puesto en marcha”. Para otorgar a España ese primer puesto entre las 37 economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como explica el editor del semanario, se fijaron en datos de este año, y el texto destaca, en concreto, que “tanto el crecimiento económico general como el ritmo de creación de empleo avanzan más rápido que en Estados Unidos, que ha sido la envidia del mundo rico”.

Destacan, además del buen dato del turismo, que España, que hace años expulsaba a sus jóvenes por falta de oportunidades, ahora los recibe —”desde 2019, la fuerza laboral extranjera ha aumentado en alrededor de 1,2 millones”— y que ha sabido captar inversión de otros países, fundamentalmente China —Stellantis y CATL invertirán 4.100 millones para construir la mayor planta de baterías de España, ubicada en Zaragoza, y Chery International eligió Barcelona como sede de su primera fábrica de automóviles en Europa—. El artículo subraya que el “sector financiero se ha consolidado” y que las reformas en el mercado laboral “han facilitado la renegociación de contratos y alentado a los jefes a contratar personal permanente”. También elogia las medidas de impulso de las energías renovables, “incluida la abolición del impuesto al sol”, instaurado en 2015 por el Gobierno de Rajoy y derogado por el de Sánchez.

Para Lane Greene, el discurso “apocalíptico” del PP no se corresponde con la realidad. “En España no se habla de estos temas racionalmente por la alta polarización que hay; o eres el diablo o eres el salvador del mundo. España va bastante bien, y es bueno que el país atraiga a tanta gente que encuentra trabajo. El PP va por Europa diciendo: ‘Miren este Gobierno con un presidente psicópata que todo lo que hace es anticonstitucional’, pero, y esto lo he hablado con mi compañero en Bruselas, allí no ven ese escenario apocalíptico”, señala. “Por otro lado”, añade, “para nosotros, lo ideal sería que los dos grandes partidos nacionales se pusieran de acuerdo para abordar la reforma de las pensiones, por ejemplo, sin depender de los extremos o los nacionalistas”.

Sí es cierto que, el mismo día que colocó a España como la mejor economía de la OCDE, The Economist publicó otro artículo —este, al contrario que el anterior, escrito por el corresponsal Michael Reid—, que elogiaba algunas reformas hechas durante el mandato de Rajoy. Titulado “España muestra a Europa cómo seguir el ritmo a la economía estadounidense”, en el sumario destacaba: “Las reformas de hace una década están dando sus frutos”. El texto recordaba que España tiene ahora 1,8 millones de puestos de trabajo más que a finales de 2019 y aseguraba que “hasta que la pandemia lo interrumpió”, la economía española ya estaba creciendo, creando puestos de trabajo más rápido que en el pasado, “debido en gran parte a las reformas del sistema financiero y del mercado laboral impulsadas por el Gobierno previo, conservador, durante la gran recesión”. A continuación, no obstante, el artículo alababa la reforma laboral del Gobierno de Sánchez, “que añadió medidas enérgicas contra el abuso de los contratos temporales”.

Fue también Michael Reid el autor de otro artículo en The Economist, este del pasado octubre, que también causó revuelo en la política española, pero esta vez, esgrimido como argumento de autoridad por la bancada contraria, la del PP. Lane Greene explica que en la web se tituló de un modo diferente (”Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española”) a la edición impresa, “donde se destacaba que Sánchez estaba en el Gobierno pero no tenía el poder porque dependía de los nacionalistas”. “Lo que ocurrió es que mucha gente solo leyó el titular web, que fue lo que provocó la polémica. Y la gente del PP estaba muy feliz y la del Gobierno, no. Nos pasa mucho. Cuando criticamos a unos aprovechan para reforzar una tesis y cuando criticamos a otros para decir que The Economist no entiende nada de España”.

El diario de sesiones parlamentario lo confirma. “Debe ser”, afirmó en la Cámara alta la senadora popular Míriam García Navarro tras el oro de la economía España en el ranking del semanario, “que una cosa es The Economist y otra the realist [los realistas]”. Unos meses antes, Feijóo había esgrimido en el Congreso el artículo crítico con Sánchez para reforzar sus argumentos. En ese debate, el presidente le contestó: “Esa misma pieza a la que hace referencia sostiene también que este Gobierno está haciendo una gestión puntera de la economía y de la política social y que usted está llevando a cabo ‘una oposición ineficiente, porque la política nacional se le ha quedado grande’. En fin, The Economist tiene para todos”.

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Tras 34 años de militancia en el PP, del que llegó a ser secretario general, Cascos abandonó la formación en 2011 al negarle Mariano Rajoy la candidatura a la presidencia del Principado. Fue entonces cuando el exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar, decidió fundar un nuevo partido, Foro Asturias, que solo cuatro meses después de su nacimiento logró hacerse con la presidencia de la comunidad, aunque seis meses después de su llegada al Gobierno asturiano, Cascos adelantó las elecciones al ser incapaz de llegar a acuerdos para sacar adelante los Presupuestos. Como adelantó EL PAÍS en 2019, han sido los propios compañeros de Cascos los que le han llevado al banquillo tras realizar una auditoría que destapó los gastos personales que su fundador había pasado al partido.

El escrito de acusación de la Fiscalía recuerda que la oferta económica que el partido hizo a Álvarez-Cascos antes de su constitución incluía “una retribución a cambio de dedicación exclusiva” (su nómina ascendía hasta junio de 2019 a 5.087 euros al mes), “facilidades para el mantenimiento de su residencia en Madrid y para ejercitar el régimen de visitas con sus hijos (tenía un chófer a su disposición) y “capacidad decisoria en cuanto a la forma de ejercer la actividad política y libertad para ejecutar gastos económicos inherentes al partido”, pero “en ningún caso, gastos de carácter personal, de libre disposición sin sujeción a autorización del partido, ni gastos de comidas no relacionadas con la actividad política”.

En septiembre de 2020, tras ser admitida la querella de Foro Asturias, Cascos fue interrogado durante más de cuatro horas por la titular del juzgado de instrucción número dos de Oviedo, Simonet Quelle. En ese interrogatorio, alegó que había pactado con los impulsores de Foro su elevado sueldo y condiciones para mantener su nivel de vida. El exministro declaró que él no llevaba las cuentas y que todo se debía a una “guerra política” para hacerse con el control de la formación. Cuando se le expusieron algunos recibos y gastos aportados a la causa ―trayectos de AVE a Andalucía, facturas de zapatos...— aseguró que podía tratarse de “algún error”. En cuanto al chófer y los desplazamientos fuera de Asturias, Cascos argumentó que él trabajaba mucho “en el coche”. También respondió a preguntas sobre el alquiler de una sede para el partido en Madrid, de la que era a la vez arrendatario y arrendador. Cascos explicó que se firmó un contrato y que esa sede se utilizó. El local estaba a nombre de una sociedad familiar de la que formaba parte su entonces esposa, María Porto, y supuso un gasto al partido de 171. 000 euros, según la auditoría externa. A preguntas de este diario, el vicepresidente del Gobierno con José María Aznar afirmó entonces que cedió gratuitamente esa sede al partido en 2011 y 2012 y que después sí pagó un alquiler. Cascos admitió que quien cobraba ese arrendamiento era la empresa de su grupo “familiar”.

En el partido explican que no habían nombrado tesorero y que la utilización de sus recursos económicos se basaba en criterios de “confianza y de responsabilidad personal”, además de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, “que se limitaba a aspectos de mayor envergadura y no analizaba el sistema de gastos”. Fue al encargar la auditoría cuando descubrieron el tipo de gastos que había pasado a la formación. “Se lo pagábamos todo”, lamentan fuentes de Foro Asturias.

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Subió primero a hablar la novia, la anfitriona, la que gobierna, Isabel Díaz Ayuso, y después el pretendiente, el invitado, Alberto Núñez Feijóo, en la oposición. “Gracias por invitar a este humilde diputado de la circunscripción de Madrid”, declaró el gallego. “Normalmente”, añadió, “empezaría haciendo una broma de lo bien que nos llevamos Isabel y yo, pero estoy preocupado porque ya nadie habla de esto. Quizá es que el Gobierno está muy ocupado”. Excusatio non petita, accusatio manifesta, pero es cierto que en ese trayecto de Galicia a la capital el expresidente de la Xunta ha ido perdiendo los atributos gallegos (a los que recurría para tirar de las orejas a Pablo Casado por arrimarse a Vox, por ejemplo) para mimetizarse con su nuevo entorno. “Quiero que España se parezca a Madrid”, dijo. El político que inauguró su mandato al frente del PP asegurando que él venía a ganar a Pedro Sánchez, “no a insultarle”, le llamó este lunes “el presidente más barato de la democracia” y aseguró que le faltaba “dignidad y honor” para dimitir y dejarle paso un año y medio después de las elecciones, repitiéndolas hasta que él pueda ser presidente, es decir, hasta que quiera.

Ayuso regaló a su invitado una caja de Peperos, unos dulces adquiridos recientemente en su viaje a Corea del Sur, y un análisis sobre lo que ocurre en su territorio: “Presidente, esta es la situación política nacional: No hay pan para tanto chorizo”. También auguró un gran 2025: “Se van a llevar a todos p’alante”, dijo, parafraseando la frase favorita de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, habitual propagador de bulos y aprendiz de adivino. “Aldama ha cantado por soleares esta mañana en el Supremo”, ha celebrado la presidenta madrileña, refiriéndose a la declaración en el alto tribunal del empresario, considerado el conseguidor de la trama que afecta al exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos. Ayuso se regodeó en su complicado frente judicial y se burló del “piso de su sobrina”, en alusión a la vivienda en Plaza de España donde vivía, a cuenta, presuntamente, de la trama corrupta, la entonces pareja de Ábalos. “Esto no lo tapa ni Franco y van p’alante”, insistió la lideresa, convencida, por otro lado, de que el calendario de actos que prepara el Gobierno sobre el 50 aniversario de la muerte del dictador en 2025 llevará la “violencia a las calles”.

Cerca de un millar de cargos y afiliados del PP escucharon a Feijóo y Ayuso antes de degustar pimientos del piquillo rellenos de ternera y bechamel; flor de alcachofa a la parrilla con escamas de sal; croquetas cremosas de jamón ibérico; carrilleras de ibérico guisadas sobre parmentier trufado; tarta cremosa de queso sobre crumble y frutos rojos y lingote aéreo de chocolate y crema inglesa. A la prensa le dieron —literalmente— de comer aparte, ya que, al contrario que otros años, los periodistas tuvieron que seguir el acto a través de sendos plasmas unos metros más allá del recinto donde cenaba el PP madrileño.

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La primera vez que se vieron tras el desastre fue a las cuatro de la mañana, sin uniforme, después de casi 48 horas consecutivas de trabajo. Los primeros días no había turnos: “Nadie quería irse a descansar”, explica el militar. “Me costó mucho encontrar la casa de mi hermano. Sabía dónde estaba porque tenía la ubicación, pero no reconocía nada del caos que había. Todo estaba a oscuras, lleno de coches, de fango, de árboles caídos... Hasta que vi su antena de radioaficionado no reconocí la casa”. A De Torres le asignaron otras misiones y lugares, y fueron compañeros suyos los que trabajaron en la zona de la vivienda de su hermano, donde 40 días después de la riada, aún se ven los muros mordidos por la fuerza del agua. José Ramón de Torres invita a EL PAÍS a su casa destrozada —la puerta se la pusieron el pasado jueves—. En la planta baja no queda absolutamente nada. Desde las escaleras de la primera, el día de la dana, estuvo rescatando en sucesivos viajes al torrente que atravesaba su hogar, los cascos de Star Wars que colecciona su hijo. “Salvé nueve. Los legos ya no me dio tiempo porque el agua me llegaba a la cintura y me dio miedo que me arrastrara. La última vez que me asomé a mirar, mi salón ya no existía”. José Ramón muestra un vídeo de lo primero que se encontró tras la catástrofe: un vehículo en vertical, clavado en la entrada. “Y lo peor es lo que vi pasar desde la terraza: un cadáver, un coche que hacía luces pidiendo ayuda hasta que vino otro por detrás, lo golpeó y se fueron los dos...”. También él se emociona, y enseguida, para reponerse, se recuerda a sí mismo: “Pero estamos vivos”. Repetirá esa frase cinco veces más a lo largo de la charla. Sabe lo que vale poder decirlo. También su hermano, que sufría por no poder estar con él porque su deber y su misión estaban entonces en otro sitio.

Cuando a alguno de los hermanos le tiembla la voz, el otro hace enseguida alguna broma para liberar tensión. Relatan escenas parecidas en escenarios distintos. “Cuando pasó la riada”, explica el militar, “la gente deambulaba por la calle desorientada, como zombis de película, buscando a alguien ... y había personas haciendo guardia en la entrada de sus casas para que no entrara nadie”. Después del agua, quedó el fango, el silencio y la oscuridad. “Mi hermano, que es como MacGyver”, presume Juan Carlos, “consiguió llamarme fabricando un cargador con las baterías de la moto”. Ese día, cuenta José Ramón, había hecho vida normal: “Un poco después de las cinco, en mi empresa nos dieron permiso para irnos a casa por el temporal. El tráfico ya era muy, muy denso, íbamos muy despacito... Llegué a las siete, y diez minutos después ya vino la lengua de lodo. Cuando llegó el mensaje de alerta al móvil [enviado por Protección Civil, a las órdenes de la Generalitat de Valencia, a las 20.15] ya tenía metro y medio de agua dentro de casa. Luego sí nos ayudaron mucho. Cada vez que veo a un militar como mi hermano o a cualquier grupo nacional o local, le doy las gracias, igual que los jóvenes que vinieron a limpiar. Nos han dado todos una lección de humanidad”. José Ramón, que habla árabe, estuvo haciendo de traductor con los operarios enviados por Marruecos para vaciar los alcantarillados en los municipios valencianos afectados por la dana. “Me gustó sentirme útil. El día es largo: todo el día currando; a las seis o siete de la tarde paras, te aseas como puedes y te das una paliza de llorar... Pero estamos vivos”, repite.

“Quedan meses de trabajo para recuperar la normalidad”

El despliegue actual de la Unidad Militar de Emergencias en los pueblos afectados por la dana asciende a unos 2.000 efectivos. El cabo primero Antonio Diosdado, portavoz de la UME, asegura: “Vamos a estar aquí el tiempo que haga falta, que no sabemos cuánto será, pero aquí quedan meses de trabajo para recuperar la normalidad y el bienestar psicológico”. También ellos, los profesionales que intervienen en las catástrofes, han precisado apoyo de psicólogos para hablar y tratar de digerir lo que han visto estos días en la Comunidad Valenciana. “Cuando llegamos no había asfalto, solo fango y destrucción. Era un escenario apocalíptico, de guerra”, explica Diosdado. “Excepto el trabajo muy específico, como el de los buceadores, que van con perros entrenados para oler cadáveres sumergidos, la tarea está dividida por sectores, y en el suyo, cada uno ha hecho de todo: búsqueda de personas; limpieza de garajes, de locales, de vías... Al principio tuvimos algunos desvanecimientos en los garajes por los gases que se acumulan y ahora vamos con un medidor para salir cuando el ambiente ya es irrespirable”.

Esta no ha sido una misión al uso en muchos aspectos. “Nunca nos habíamos enfrentado a bulos como los que ha habido con la dana”, relata Diosdado. “Yo estaba en el aparcamiento de Bonaire. Tardamos en entrar porque primero tuvimos que vaciar el agua y había tanto lodo que no se podía ver bien, pero ya entonces se decía que si había 800 muertos ahí dentro, que si los tiques de parking, que si había niños... Entramos preocupadísimos por eso y nos llevamos una alegría inmensa al comprobar que no había cadáveres, pero, aun así, había gente que insistía en el bulo. En un comentario de una noticia donde explicaba que afortunadamente no habían aparecido víctimas mortales, alguien escribió que mis hijos se avergonzarían de mí porque estaba mintiendo. Sinceramente, no entiendo el afán de esas personas, sean quienes sean, de hacer más daño”.

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A X, antes Twitter, nunca parecieron importarle demasiado los kilos de más del chef Alberto Chicote, que ha presentado varias ediciones de las campanadas de Nochevieja con Cristina Pedroche, o de Ibai Llanos, pero sí los de Lalachus, como subrayaba @JuanPabloL1980: “No es solo gordofobia, que también. Es machismo”.

No es solo gordofobia, que también.
Es machismo.
¿Alguien ha escuchado o leído alguna crítica a Chicote cuando estaba gordo y presentaba las campanadas? ¿No verdad?

Nada más que añadir.#CampanadasConLalaChus pic.twitter.com/UK5qrhUWNN

— Juan Pablo Lucas (@JuanPabloL1980) December 10, 2024

Las críticas que estoy leyendo contra @lalachus2 nada tienen que ver con que sea gorda sino con que es mujer. ¿Alguien recuerda alguna crítica por su peso contra Alberto Chicote o contra Ibai Llanos cuando presentan las campanadas? Tanto por avanzar. Puro machismo. pic.twitter.com/WUposNrkil

— José Pablo López (@Josepablo_ls) December 8, 2024

Bertrand Ndongo, personaje de la órbita de Vox con más de 127.700 seguidores en X, tuiteó una fotografía de la humorista con el siguiente mensaje: “Hay que felicitar a RTVE. Le pagará para que por fin coma algo de fruta. Espero que esas 12 uvas sean para ella el comienzo de una vida saludable. Es lo más productivo que han hecho hasta ahora con mis impuestos”. Cuando otros tuiteros le recriminaron su comentario, escribió en su cuenta: “Los rojos y su piel fina. Llevan todo el fin de semana burlándose de Ayuso, llamándola gorda, drogadicta, escombro, por esa foto de la presidenta madrileña a sus 46 años. Pero si dices algo de Lalachus y su talla 34 a sus 34 años, se te tiran al cuello. ¡Iros a la mierda!”. Posteriormente, subió un vídeo en el que advertía: “No voy a retirar mi tuit. Insto a la señorita Lala Lechuga a que coma lechuga y fruta, que se alimente como es debido. Yo no te insulto, señora Lala Lechuga. Me alegro de que puedas firmar ese contrato. Te he hecho muy famosa porque en este país no te conocía nadie y gracias a mí todo el mundo te conoce”. En otro nuevo vídeo decía: “Tema Lalachus: Pido perdón y rectifico: En vez de 12 uvas, 12 minihamburguesas”. Para profanos en las miserias de X, de Vox y de su órbita mediática, Ndongo es uno de los difusores del bulo sobre los cadáveres en el aparcamiento de Bonaire por la dana —donde no fue hallado cuerpo alguno— y autor del tuit “Con Franco yo sería ministro”. Pero sus mensajes burlándose de Lalachus acumulan miles de likes o “me gusta”, es decir, comentarios de gente a la que le hace gracia reírse del físico de los demás, como en el colegio.

Hay que felicitar a RTVE

Le pagará para que por fin coma algo de fruta. Espero que esas 12 uvas, sean para ella, el comienzo de una vida saludable

Es lo más productivo que han hecho hasta ahora con mis impuestos👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/Tp0r1jgLbd

— Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) December 8, 2024

Parece una anécdota, pero más de 120.000 seguidores y un trending topic empiezan a ser cierta categoría, algo digno de estudio y de alarma. Tampoco es la primera vez que ocurre, y los nombres mencionados al inicio de este artículo evidencian que se trata de un fenómeno transversal, ajeno a las ideologías, aunque abunden más las críticas a la forma de vestir o el aspecto físico de las mujeres de izquierdas que de las de derechas. Por alguna razón inexplicable, hay un número preocupante de personas a las que jamás se les ocurriría hablar de las barrigas, las calvas, las corbatas, o los bajos del pantalón de ellos, pero que sí ven de interés general los kilos, largo de falda, maquillaje o peinado de ellas. Y todos quedan en X a celebrar su aquelarre, a encender la hoguera y quemar a mujeres más o menos jóvenes que siempre son juzgadas por algo más que lo que dicen o hacen, como la otra mitad de la población. Ellas nunca son del agrado de los inquisidores modernos, tan prolíficos y exigentes. Tampoco si son bellas y delgadas. “La gente quiere una primera ministra, no una modelo”, explicó un hombre de 66 años que inició una campaña en redes contra Jacinda Ardern antes de que esta dimitiera en 2023 por la presión como primera ministra de Nueva Zelanda. Mírense a un espejo. Y sobre todo, maduren.

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Sánchez advirtió, no obstante, que “esa victoria nunca es definitiva” y que “existe un peligro real de involución”. “Hoy, discursos de reivindicación de la dictadura profanan hasta el templo de la democracia, que es el Congreso de los Diputados”, declaró, en alusión a la reciente intervención en la Cámara baja del diputado de Vox Manuel Mariscal, quien, desde su escaño, proclamó: “Gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa oscura, como nos vende este Gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional”. El presidente del Ejecutivo cargó asimismo contra la derogación de las leyes de memoria autonómicas acordada por PP y Vox para sustituirlas por otras llamadas “de concordia” que evitan referirse a la represión franquista: “La involución crece allá donde se pervierte el sentido de una de las palabras más hermosas de la lengua española: ‘concordia’, porque no hay concordia cuando se equipara a víctimas con verdugos, cuando se perpetúan mentiras históricas o se pactan leyes con quienes son enemigos de la libertad y la igualdad”. Relatores de Naciones Unidas instaron el pasado mayo al Gobierno de España a adoptar “todas las medidas necesarias” contra esas nuevas normas antimemoria promovidas por PP y Vox. Sánchez insistió este martes en que el Ejecutivo “velará para que ninguna falsa ley de concordia desvirtúe el deber de verdad, justicia y reparación”. Eso incluye, añadió, el desarrollo la ley de memoria democrática y la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Al igual que en ediciones anteriores, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática invitó al acto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Ninguno de ellos asistió.

Durante el acto, fueron homenajeados 21 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura: Un premio Nobel (Vicente Aleixandre) y la hija de un hojalatero (Pino Sosa); una maestra (Justa Freire); una filósofa (María Zambrano) y una niña asustada, María Egea Muñoz, en un barco abarrotado de perdedores de la guerra, el Stanbrook; El estudiante de 21 años que no se tiró por la ventana (Enrique Ruano); el juez y fiscal que siguió confiando en la Justicia hasta que lo mataron (Francisco Javier Elola); el poeta que, según su compañero Marcos Ana, “murió de franquismo” en una cárcel de Alicante (Miguel Hernández); el galleguista (Alexandre Bóveda) que, antes de ser fusilado, declaró: “Mi patria natural es Galicia. La amo fervorosamente, jamás la traicionaría (…). La adoro más allá de mi propia muerte. Si entiende el tribunal que por este amor entrañable debe serme aplicada la pena de muerte, la recibiré como un sacrificio más por ella”; la conocida como “la última miliciana”, Ángeles Flórez Peón, Maricuela, que falleció el pasado mayo, a los 105 años; el republicano que fue dando tumbos por las sucursales del infierno nazi hasta que murió en el campo de Gusen (Basilio Blasco); el militar de carrera y licenciado en Filosofía y Letras, cofundador de la Unión Militar Democrática (UMD), que, por abrir la primera grieta en el Ejército franquista y “conspirar” para la democracia, fue condenado a cuatro años de cárcel y expulsado de las Fuerzas Armadas en 1975 (Xosé Fortes)... También recibió el diploma de reparación y reconocimiento personal por parte del presidente del Gobierno y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, así como el aplauso del público, Joaquín Amigo Aguado, profesor granadino que fue asesinado por un grupo de milicianos en zona republicana que lo lanzaron por el Tajo de Ronda.

La nuera de Miguel Hernández, Lucía Izquierdo, que habló en nombre de todos los homenajeados, agradeció a Sánchez su “valentía” a la hora de impulsar la ley de memoria democrática que anuló todas las sentencias franquistas, incluida la que pesaba sobre el poeta por “adhesión a la rebelión”. También recordó que, entre el colectivo de represaliados, eran unos privilegiados porque disponían de una sepultura, “la más visitada de la provincia de Alicante”, a la que pueden llevar flores. “Guardo como un tesoro los poemas y dibujos que cada poco encuentro en su tumba”, comentó.

El acto, conducido por el periodista Iñaki Gabilondo, concluyó con la actuación musical de Miguel Ríos, que interpretó un poema de Luis García Montero, Oración, y la canción Solo le pido a Dios acompañado del coro del Liceo Francés.

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EL PAÍS las presenta antes del acto, donde ambas van a recibir, de manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, un diploma que reconoce su sufrimiento, sacrificio y defensa de los valores democráticos. “Yo tenía tres años cuando se llevaron a mi padre y mi hermano ocho”, le cuenta la extremeña, de 91. “Yo, 40 días. Lo eché siempre de menos porque no lo conocí”, responde la canaria, que en enero cumplirá 88. “A mí me pasa igual”, coincide Conchita: “No tengo un recuerdo fijo de él porque era demasiado pequeña”, lamenta. Pino la anima: “Pero los estamos recordando ahora, con nuestro tesón”.

José Sosa era hojalatero y tesorero de la agrupación socialista de Arucas. Cuando lo detuvieron, tenía 33 años, dos hijos de dos y cuatro y una más a punto de nacer, Pino. Poco después lo dejaron en libertad, pero la madrugada del 19 de marzo de 1937 unos falangistas fueron a buscarlo a casa y ya no lo volvieron a ver. “Vivo se lo llevaron y vivo lo reclamaba mi madre”, explicó la propia Pino, en 2012, cuando declaró ante el Tribunal Supremo durante el juicio contra Baltasar Garzón por su causa contra los crímenes del franquismo. Su madre, Balbina, y otras viudas, habían oído que a sus maridos los habían tirado a los pozos después de matarlos, pero no sabían a cuál, así que llevaban flores a todos. Aún hubo una crueldad más. Les dijeron que las había abandonado, que José se había fugado en un barco francés con otra mujer. Pino lo recuerda perfectamente. Cuando Balbina murió, a los 85 años, le prometió que seguiría buscándolo. “Me trataban de loca. Era la viejita loca que decía que a su padre lo habían tirado a un pozo”, recuerda, pero su determinación logró convencer a varias administraciones para inspeccionar “los pozos del olvido”. En 2008, fueron hallados los restos de 24 fusilados en el de Llano de las Brujas, y en 2017 —cuando el alcalde de Arucas era el actual ministro de Política Territorial— los de otros 14 asesinados en el del barranco de Tenoya, entre ellos, su padre. “Estaban cubiertos de basura y cal viva. Habían arrojado dentro hasta el chasis de un camión”.

“En Mina Terría, donde recuperaron a mi padre”, le cuenta Conchita, “también habían arrojado basura”. Amado Viera era abogado y alcalde socialista de Valencia de Alcántara. Fue su hermano, que entonces tenía ocho años, quien le contó que el día que fueron a buscarlo, ella se agarró a su pierna y le pidió: ‘Papá, no te vayas’. A su tío le dijeron que lo trasladaban a Cáceres, pero lo llevaron directamente al pozo para matarlo. “Mi madre lloraba siempre que se hablaba de él. No sabíamos dónde había ido a parar hasta que en el libro del catedrático de historia Julián Chaves vi que lo mencionaba y lo llamé. Cuando fui a hablar con los dueños de la finca donde estaba, me dijeron que lo que tenía que hacer era rezar. No querían que se inspeccionara Mina Terría”, relata. Pino le cuenta que el dueño de los terrenos de los pozos del olvido llegó a denunciarla. El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara amenazó con expropiar temporalmente los terrenos, pero finalmente, no hizo falta. El pasado octubre, las pruebas de ADN confirmaron la identidad de siete de los 49 hombres que fueron arrojados a ese pozo, entre ellos, el padre de Conchita y el de Manolo Vital, protagonista de la película El 47. Estaban a 26 metros de profundidad, sepultados por cal, escombros, esqueletos de animales y basura arrojada durante años.

Ambas mujeres reflexionan sobre la hipocresía de algunos hombres y mujeres de misa diaria. “Cuando te vas haciendo mayor”, cuenta Conchita, “te das cuenta de que son ellos mismos los que te van apartando de la Iglesia, que nunca debió haber permitido que pasara esto. ¿No nos enseñaban los mandamientos? Pues uno de los importantes es ‘No matarás”. Pino recuerda que cuando tenía siete años y hacía su primera comunión con otras niñas, el cura preguntó una a una de dónde eran. “Le dije el nombre de mi barrio, Las Chorreras, y me respondió: ‘¡Ah, de los comunistas!”. Cuando volví a casa, pregunté a mi madre qué significaba “comunista” y se asustó muchísimo. Siempre tuvo mucho miedo. Hasta en 1983, cuando fui en las listas del PSOE al Ayuntamiento —fue la primera mujer concejal de Arucas— tenía miedo. Aquel silencio impuesto... cuánto pesaba”. Ya no se callan. Pino y Conchita están dispuestas a dedicar cada minuto que les queda en recordar y celebrar con orgullo a esos padres a los que no les dio tiempo a conocer y a pelear porque otras hijas e hijos como ellas puedan recuperar a los suyos.

Ambas se muestran ofendidas por las recientes declaraciones del diputado de Vox Manuel Mariscal en el Congreso: “Gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior de la Guerra Civil no fue oscura, como nos vende este Gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional”, dijo. Pregunta Conchita: “¿Qué reconciliación? Después del crimen, nos desalojaron pistola en mano de nuestra casa”. Pino añade: “Toda la vida señaladas como rojas, niñas rojas, adultas rojas... Y aquí nadie ha perdido perdón”.

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Miguel Hernández. El célebre poeta, que trabajó en las misiones pedagógicas de la segunda República, fue condenado a muerte en 1940 por “adhesión a la rebelión”, aunque posteriormente se le conmutó la pena a 30 años de reclusión. Murió en la cárcel de Alicante dos años después, de tuberculosis. El también poeta Marcos Ana, que coincidió con Hernández en la prisión de Toreno, solía decir de él: “Murió de franquismo”. La familia inició en 2010 una batalla en los tribunales para tratar de anular la sentencia y presentó, entre otras pruebas, una carta de Juan Bellod, jefe de Falange de Valencia en la que explicaba que Hernández le había salvado la vida: “En los primeros tiempos del Movimiento, me visitó repetidas veces en la cárcel contándome qué hizo cuanto estuvo en su mano para evitar que fuese paseado”. La ley de memoria democrática declaró nulas todas las sentencias franquistas.

María Zambrano. La filósofa malagueña fue la primera mujer que recibió el Premio Cervantes y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Ejerció como profesora auxiliar de la Cátedra de Metafísica en la Universidad Central y convivió con la Generación del 27. Fue consejera de Propaganda y consejera nacional de la Infancia Evacuada en la República y participó también en las Misiones Pedagógicas. Tras la victoria de Franco en la Guerra Civil, se exilió en París, Nueva York, La Habana y México, donde impartió clases de filosofía. Apartada de su tierra, escribió Los sueños y el tiempo, Delirio y destino, La confesión: género literario, Claros del bosque…Regresó a España en 1984 y falleció en 1991. La estación del AVE de Málaga lleva su nombre. Un mural con su rostro fue vandalizado en Gandía (Valencia) con esvásticas nazis y dianas en 2021.

Blas Infante. El padre de la patria andaluza, como reconoce el Estatuto de la comunidad, político e intelectual, fue un gran defensor del progreso de su tierra y de la educación libre, universal y gratuita. Detenido por un grupo de falangistas, fue fusilado la madrugada del 11 de agosto de 1936 en la carretera de Sevilla a Carmona. En agosto de 2023, el presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, tuvo que disculparse públicamente después de que el Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de Presidencia, se refiriese a su fusilamiento como una consecuencia de “la quiebra de la convivencia”. El busto que lo homenajea también ha sido vandalizado en varias ocasiones.

María Egea Muñoz de Zafra. Nacida en Cartagena en 1934, vivió, junto a sus padres y su hermano Mateo, uno de los episodios más crueles de la Guerra Civil, cuando el puerto de Alicante se convirtió en una ratonera para miles republicanos que intentaban huir de España en barco. El último que salió del puerto fue un carbonero inglés, el Stanbrook, cuyo capitán, desobedeciendo las órdenes que tenía ―recoger un cargamento de naranjas, tabaco y azafrán― partió rumbo a la colonia francesa de Orán (Argelia) con cerca de 3.000 republicanos a bordo. Muchos de los que no lograron subir se suicidaron en el puerto para no ser encarcelados. María Egea fue la pasajera 2.388 del Stanbrook. Tenía cinco años. Su padre fue enviado a varios campos de concentración argelinos hasta su liberación por los aliados. María permaneció en Argelia casi 50 años, ejerciendo de maestra. En 1996 marchó a París, donde vive.

Alexandre Bóveda. Nacido en Ourense en 1903, impulsó la creación del Partido Galeguista, del que fue secretario general y de organización. Promovió el estatuto de Galicia y junto a Castelao, es el gran referente del galleguismo histórico. Tras participar en un acto en defensa de la legalidad republicana, fue sometido a un consejo de guerra, condenado a muerte y fusilado el 17 de agosto de 1936. Estaba casado con Amalia Álvarez y tenían cinco hijos. Antes de morir, declaró: “Mi patria natural es Galicia. La amo fervorosamente, jamás la traicionaría (…). La adoro más allá de mi propia muerte. Si entiende el tribunal que por este amor entrañable debe serme aplicada la pena de muerte, la recibiré como un sacrificio más por ella”.

Pino Sosa. “Se los llevaron, los apalearon, los tuvieron presos... Se llevaron el pan y la sal de nuestras casas”, explicó Pino Sosa (Arucas, Gran Canaria, 1937), cuando, en febrero de 2012, declaró como testigo en el juicio del Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo. Los falangistas fueron a buscar a su padre, José Sosa, hojalatero y tesorero de la agrupación socialista de Arucas, cuando ella tenía apenas 40 días. No lo volvieron a ver. A la familia le dijeron que se había fugado con otra mujer, pero, en 2017, sus restos fueron identificados en el pozo de Tenuyas (Arucas), donde había sido arrojado su cuerpo con los de otros 13 fusilados.

Julián Zugazagoitia Mendieta. Nacido en Bilbao en 1899, fue director de El Socialista, diputado por Badajoz entre 1931 y 1936 y ministro de la Gobernación en 1937, en el Gobierno de Juan Negrín. Tras exiliarse en Francia, fue arrestado por la Gestapo y entregado a las autoridades franquistas en julio de 1940, que lo condenaron a muerte y lo fusilaron en las tapias del cementerio del Este en noviembre de ese año, junto al también periodista Francisco Cruz Salido. Una desconocida para la familia sufragó una sepultura digna para ambos. La investigación del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá reveló años después que lo había hecho en agradecimiento por declarar a su favor en los años treinta tras ser encarcelada en una checa de la República, acusada de fascista.

Carmen Hombre Ponzoa y Juan Máximo Salazar. Carmen (San Fernando, Cádiz, 1903) era maestra, sindicalista de UGT y protestante. Su marido, Máximo, oficial tipógrafo, fue concejal de El Puerto de Santa María y secretario de la Agrupación Socialista de Jerez de la Frontera. Ambos fueron detenidos por las autoridades franquistas. A Máximo lo fusilaron en diciembre de 1936 y a ella, cuatro semanas después. Estaba embarazada de ocho meses.

Enrique Ruano. Estudiante de Derecho, miembro del Frente de Liberación Popular, fue detenido junto a su novia, Lola González Ruiz, en enero de 1969. Tras ser torturado e interrogado en la Dirección General de Seguridad de Madrid (DGS, actual sede del Gobierno madrileño); lo trasladaron a una casa para buscar pruebas incriminatorias. El Régimen ofreció un relato inverosímil: que se tiró por la ventana, esto es, que, en un descuido, había conseguido zafarse de los tres agentes armados que previamente le habían torturado; que había recorrido el diminuto piso sin que ninguno lograra contenerlo y se había tirado al vacío. Uno de sus compañeros de clase, el abogado José María Mohedano, relató que estando en casa de sus padres, Manuel Fraga [ministro de Información] llamó “para callar a aquella familia rota amenazándoles con detener a su otra hija, Margot, también metida en política”. El diario Abc publicó en primera página un supuesto diario de Enrique del que se desprendían intenciones suicidas. Eran trozos manipulados de una carta que le escribía a su psiquiatra, Carlos Castilla del Pino, quien, en 1996, cuando se reabrió judicialmente el caso, declaró, tajante: “La versión del suicidio es absolutamente inverosímil”.

Ángeles Flórez Peón, Maricuela. La conocida como “la última miliciana”, falleció el pasado mayo, a los 105 años. En 1936 se afilió a las Juventudes socialistas y se incorporó a la milicia para defender la República. Su mote, Maricuela, obedece al personaje de la obra de teatro Arriba los pobres del mundo, que no había podido llegar a interpretar porque estalló la Guerra Civil. Al caer Asturias fue detenida y condenada a nueve años de prisión. En 1948 se marchó a Francia. En 2004 volvió definitivamente a su querida Asturias.

Francisco Javier Elola. En mayo de 1931, fue nombrado Fiscal General de la República y en julio de ese año, magistrado del Tribunal Supremo, cargo que compatibilizó con el de diputado en las Cortes Constituyentes. Tras el golpe de Estado de Franco en julio de 1936, le nombraron juez especial para instruir la causa por rebelión en Madrid, donde el principal procesado era el general Fanjul. Elola se apartó porque no compartía el carácter sumarísimo de ese procedimiento. La victoria franquista le pilló en Barcelona. La mayor parte del Gobierno y de sus compañeros habían huido ya a Francia, pero él había decidido quedarse. Confiaba en su inocencia y en el Derecho. Felipe Uribarri Mateos, magistrado del Supremo, testificó a su favor y recordó que había salvado, entre otros, la vida del doctor Gómez Ulla, procesado por intentar pasarse al bando nacional. Fue ejecutado el 12 de mayo de 1939. Doce días antes de ser fusilado escribió a su amigo Felipe Sánchez-Román, catedrático de Derecho: “Presiento que los destinos de España irán muy pronto a las manos de usted. Y cuando suene la hora, sonará la de la justicia y la de la libertad por las que muero”.

Basilio Blasco Lahoz. Nacido en Allueva (Teruel), en 1901, republicano y de izquierdas, en 1939 huyó a Francia con su familia. Tras pasar por varios campos de concentración, fue detenido por los alemanes y deportado al campo de exterminio nazi de Mauthausen. Tenía el número 3.479. Posteriormente fue trasladado al campo de Gusen, donde murió el 19 de julio de 1941, a los 39 años.

Vicente Aleixandre. Poeta de la Generación del 27, tras la Guerra Civil decidió quedarse. Max Aub llegó a decir: “Nunca perdimos ni perderemos España del todo mientras viva Vicente Aleixandre en Ventilonia, 3″[ la casa del autor sevillano en Madrid]. Ayudó económicamente a la viuda de Miguel Hernández. En 1949 fue nombrado académico de la Lengua y se convirtió en maestro y protector de los jóvenes poetas españoles. En 1977 recibió el Premio Nobel de Literatura.

Joaquín Amigo Aguado. Filósofo y profesor granadino, católico y conservador, fue discípulo de Ortega y Gasset y amigo íntimo y confidente del poeta Federico García Lorca. Como él, murió asesinado, en este caso, a finales de agosto de 1936, por un grupo de milicianos en zona republicana que lo lanzaron por el Tajo de Ronda. La escritora Ana Merino recoge su historia en la novela Amigo.

Conchita Viera. Tenía tres años cuando, en 1936, se llevaron a su padre, Amado Viera, alcalde socialista de Valencia de Alcántara (Cáceres), detenido. A la familia le dijeron que lo trasladaban a Cáceres, pero lo llevaron directamente al pozo de Mina Terría para matarlo. Sus restos fueron identificados ente los de otros 48 represaliados más tras la exhumación, a 25 metros de profundidad. Estaban sepultados por escombros y esqueletos de animales. Amado Viera yacía, entre otros, junto al padre de Manolo Vital, protagonista de la película El 47.

Xosé Fortes. Militar de carrera y licenciado en Filosofía y Letras, es uno de los fundadores de la Unión Militar Democrática (UMD), la primera grieta en el Ejército franquista. Por “conspirar” para la democracia, fue condenado a cuatro años de cárcel y expulsado de las Fuerzas Armadas en 1975. Pasó un año preso, hasta que fue amnistiado. El Gobierno socialista de Felipe González tardó cuatro años en readmitirle a él y sus compañeros. El 4 de abril de 2009 el Consejo de Ministros reconoció institucionalmente a la UMD y concedió a sus miembros la medalla al Mérito Militar.

Consuelo Berges Rábado. Nacida en Cantabria en 1899, fue traductora, periodista y escritora. Defendió el voto femenino y fue miembro de una logia masónica, donde trabajó por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Luis Pérez Lara. Nacido en Madrid en 1936, pasó varios años preso en la cárcel de Carabanchel e impulsó la primera asociación de expresos políticos en España. Le condenaron a 13 años de cárcel porque las autoridades franquistas le encontraron unas octavillas que llamaban a los trabajadores a luchar por la libertad y la democracia. Acude a menudo a institutos a dar charlas a los chavales para hablarles de las torturas del policía apodado Billy el Niño, es decir, de su vivencia personal y de la historia de un país.

Miguel de Molina. El artista, cantaor y bailarín, nacido en Málaga en 1908, participó en numerosos festivales y funciones benéficas en la retaguardia republicana. Fue secuestrado en su camerino, le dieron una paliza, le raparon la cabeza y lo forzaron a beber aceite de ricino antes de abandonarlo tras llamarlo “marica y rojo”. En 1942 decidió exiliarse en Argentina, donde continuó su carrera artística hasta su muerte, en 1993, a los 84 años. Sus restos yacen en el Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita en Buenos Aires.

Justa Freire. Nacida en Moraleja del Vino (Zamora) en 1896 era la cuarta hija de Justa Méndez y Arturo Freire, un jornalero que abandonó a la familia. Estudió magisterio porque no solo quería enseñar, quería cambiar la forma de hacerlo. Como maestra republicana, participó en congresos europeos para compartir su experiencia y aprender de la de otros países. Al estallar la guerra escribió un diario sobre el el horror de las clases bajo los bombardeos y sin calefacción. En mayo de 1939 fue detenida y condenada a siete años de cárcel por “auxilio a la rebelión”. En la cárcel de Ventas organizó clases para enseñar a leer y a escribir a las presas que no sabían hacerlo.

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El 91% considera que los más eficaces en la tragedia han sido los propios ciudadanos ―por la cantidad de voluntarios que se desplazaron a las zonas afectadas para ayudar―, seguidos de la Unidad Militar de Emergencias (65,8%). Por el contrario, los que la ciudadanía considera que han actuado peor son, por este orden: el Gobierno de la Generalitat Valenciana (más del 87% considera que ha sido “poco o nada eficaz”) y el PP nacional (79%), dándose las peores notas entre los propios valencianos. En el caso del Gobierno central, un 75,3% de la población general y un 76,9% de los residentes en la comunidad creen que ha sido poco o nada eficaz. La opinión sobre la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), señalada por el presidente autonómico, Carlos Mazón (PP) como parte del sistema que “falló” en la emergencia, está más dividida: un 46,2% cree que fue “bastante” o “muy eficaz” y un 48,6% que “poco” o “nada” efectiva. En cuanto a las grandes empresas, el porcentaje de los que valoran negativamente su actuación es medio punto superior a los que lo hacen positivamente. La intención de voto altera significativamente algunas de esas cifras. Si bien hay un consenso mayoritario, también entre los votantes del PP, de que el menos eficaz en la gestión de la dana fue el Ejecutivo valenciano, a la hora de puntuar al Gobierno central, los porcentajes de valoración negativa varían exponencialmente según el votante, siendo mucho más altos en el electorado conservador. La diferencia entre las valoraciones negativas y positivas de la Aemet es favorable entre los electores de izquierdas y desfavorable en los de derechas. Ocurre a la inversa con la UME, que obtiene un saldo positivo en todos los electorados, si bien, la diferencia entre quienes mejor la valoran, los de Podemos, y los que peor, los de Vox, es de más de 51 puntos.

El sondeo (2.000 entrevistas online) se celebró entre los días 22 y 25 del pasado noviembre, después de las intervenciones monográficas de Mazón en las Cortes Valencianas y de la entonces vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ―renunció al cargo para ser vicepresidenta de la Comisión Europea― en el Congreso de los Diputados. El estudio de 40dB. muestra que quien menos convenció en esas explicaciones fue el presidente valenciano: el 88,6% de la población considera que fue poco o nada eficaz, frente al 73,2% de mala valoración que recibe Ribera. En el ranking de nombres propios, los peor valorados son, por este orden: Mazón, Feijóo, Ribera y Pedro Sánchez; y los mejor puntuados, el Rey ―pese a la polémica visita a Paiporta con la Reina y el presidente del Gobierno el pasado 3 de noviembre― y el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien recibe mejor nota entre los valencianos que entre la población general.

Durante los días posteriores a la dana, proliferaron en redes sociales y medios de comunicación, incluida la televisión, numerosos bulos, como que el Gobierno central ocultaba el número real de fallecidos y en particular, los cadáveres del interior del aparcamiento del centro comercial de Bonaire ―donde no fue hallado ninguno―. En el sondeo, ocho de cada 10 ciudadanos coinciden en que se difundieron noticias falsas ―el dato sube ligeramente entre los valencianos y baja entre los votantes de Vox y Se acabó la Fiesta (SALF)―. No obstante, solo un tercio de quienes comparten esa opinión se consideran víctimas de esos bulos. Preguntados por cuál creen que ha sido el principal emisor de información falsa sobre la dana, los señalados son, por este orden, “el entorno de Gobierno de España” (lo cita el 26,6% de la población valenciana y el 30,5% de la población general); la “extrema derecha organizada” (para el 25,3% de la población valenciana y el 27,6% de la general); y el “entorno de la Generalitat” (25,1% y 23%, respectivamente). Los votantes conservadores culpan mayoritariamente al Gobierno central de la difusión de bulos y los progresistas, a la extrema derecha organizada.

Hasta un 66,5% de la población valenciana y un 52,3% de la población general afirma haber donado alimentos, ropa o material de limpieza a los afectados por la dana. Una cifra muy similar en los dos ámbitos territoriales, cerca del 40%, asegura haber enviado dinero y un 32,4% de los valencianos dice haber acudido personalmente a participar en las tareas de limpieza ―en el caso de la población general así lo afirma un 10,2%―.

Casi el 90% de la ciudadanía española ve altamente probable que vuelvan a ocurrir eventos climáticos extremos, si bien, ese porcentaje baja considerablemente entre los votantes conservadores del PP (30,8%), Vox (35,6%) y SALF (35,9%). Casi ocho de cada 10 consideran que el cambio climático ha tenido mucha o bastante influencia en la intensidad de esta dana. Esta opinión es más frecuente en la izquierda, pero en contra de los discursos públicos de los líderes de esos partidos, es también mayoritaria en los tres electorados conservadores (PP, Vox y SALF).

Solo uno de cada siete ciudadanos piensa que España está bien preparada para afrontar fenómenos como esta dana, aunque dos tercios piensan que la tragedia servirá para que el país se prepare mejor en el futuro. Más del 90% cree que deberían reforzarse las unidades especiales de emergencias y un porcentaje similar es partidario de prohibir la construcción en zonas inundables. Para el 86,5%, quienes viven actualmente en “zonas climáticamente vulnerables” deberían ser realojados.

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Por bloques, el PP y Vox sumarían el 46,4% en estimación de voto (el 49,5% si se le añaden los apoyos de SALF); y el PSOE, Sumar y Podemos, el 37,7%. La intención de voto del resto de partidos que permitieron conformar el actual Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) se sitúa en el 7%, el mismo porcentaje que reunieron en las generales del 23-J. Puede consultar todos los datos de la encuesta aquí.

El sondeo (2.500 entrevistas online) se realizó entre el 22 de noviembre y el 3 de diciembre pasados. En ese periodo, la gestión de la dana acaparó buena parte del debate político; el Tribunal Supremo citó a declarar en calidad de imputado al exministro socialista José Luis Ábalos; el empresario Víctor de Aldama, que salió de la cárcel tras confirmar los hechos delictivos por los que estaba imputado, lanzó, sin pruebas, graves acusaciones contra el Gobierno; el socialista Juan Lobato dimitió como secretario general del partido en Madrid después de que Abc revelase que había registrado ante notario la conversación mantenida con un alto cargo de La Moncloa sobre un correo electrónico del caso que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y por el que permanece imputado el fiscal general del Estado. En esos días también se celebró el congreso federal del PSOE, donde Sánchez revalidó su cuarto mandato como secretario general del partido. Vox continuó su ofensiva de criminalización de la inmigración, presionando al PP para boicotear las negociaciones con el Gobierno en esa materia, y uno de sus diputados, Manuel Mariscal, llegó a decir en el Parlamento que la dictadura franquista había sido un periodo de “progreso y reconciliación”.

Los datos de transferencia de votos muestran que Vox es el partido con el votante más fiel: retiene al 80,3% de sus apoyos de las generales de julio de 2023; cede un 4,8% al PP y casi un 8% a SALF. El PP, que en el barómetro anterior conservaba al 84% de sus votantes del 23-J, ahora baja hasta el 77,6%, siendo la mayor parte de sus fugas a la formación de Abascal (8,8%) y Alvise Pérez (3%). Pese al escándalo del caso Ábalos y las acusaciones de Aldama, el PSOE mantiene el mismo nivel de fidelidad de voto del sondeo de noviembre (73%), aunque aumentan los traspasos al PP (5,2%) y cuentan con un elevado porcentaje de indecisos y votos blancos o nulos (12% en total). El desconcierto del votante de Sumar queda patente en los números: solo retiene al 38,7% de sus apoyos de las pasadas generales, lo que supone 3,3 puntos porcentuales menos que en el barómetro anterior, y cedería, si los comicios se celebrasen hoy, el 28,3% de sus papeletas a Podemos y otro 10,3% al PSOE.

Las mujeres tienen un porcentaje más alto de indecisión (24%, sumando a las abstencionistas y el voto blanco o nulo, es decir, casi tres puntos más que los hombres) y, si en el barómetro de noviembre, su intención de voto a los socialistas era 2,3 puntos superior que al PP, ahora los populares son la primera fuerza en el electorado femenino (25,4%). Tras el escándalo de Errejón por actitudes machistas, la intención de voto a Sumar entre las mujeres se sitúa en su nivel más bajo: 3,7%. El PSOE es la marca favorita en el electorado masculino (siete puntos por encima de los populares) y el partido de Núñez Feijóo apenas saca tres décimas más (17,4%) que el de Abascal (17,1%) entre los hombres. La movilización, es decir, la probabilidad de ir a votar si los comicios se celebrasen ahora, es casi dos puntos superior entre las mujeres.

Por edades, en la franja de los 18 a 24 años gana, con casi un 30%, la desafección política, esto es, la abstención, los indecisos y los que hoy votarían en blanco o nulo; le sigue Vox, que obtendría el 29,9% de los apoyos; el PSOE (20%) y el PP (11,2%). Como vienen mostrando todos los barómetros del instituto 40dB., la preferencia por el partido de Abascal decrece según avanza la edad (apenas un 9% entre los mayores de 65), justo al contrario de lo que le ocurre al PP, que recoge su mejor porcentaje de intención de voto entre los pensionistas (29,6%). Entre los votantes del PSOE no hay tantas diferencias según la edad y se imponen a los populares en las franjas que van de los 25 a los 34 años y entre los 45 y 64.

El estudio muestra grandes diferencias según los territorios. En Andalucía, que aporta 61 diputados al Congreso, el PSOE y el PP empatan con un 25,6% de intención de voto cada uno. Los socialistas han ido recuperando terreno en la comunidad, donde actualmente gobierna con mayoría absoluta el popular Juan Manuel Moreno Bonilla. En la Comunidad Valenciana, la encuesta posterior a la devastación de la dana, muestra prácticamente un empate entre los socialistas y los populares, que gobiernan en solitario, aunque el grupo mayoritario (30,7%) es el de los indecisos, abstencionistas y quienes votarían en blanco o nulo. También se observa la subida de Vox (13,8%) y de SALF (5,2%). Sumar y Podemos reunirían juntos al 10,4% de los votos en la región.

En la Comunidad de Madrid, la ventaja del partido de Feijóo sobre el PSOE es de seis puntos. En Galicia, que celebró elecciones autonómicas el pasado febrero, de 7,6. En Cataluña, donde el PSC fue la primera fuerza en los comicios del pasado mayo, los nacionalistas vuelven a ponerse por delante, con casi cuatro puntos y medio porcentuales más en intención de voto que los socialistas, que, a su vez, obtienen nueve puntos más que los populares. En País Vasco, el PP apenas llega al 4%. En Castilla y León, se invierte el orden respecto al sondeo anterior, al ponerse el PP por delante con un 27,8% de intención de voto, siete puntos más que los socialistas.

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