Para sorpresa de las propias acusaciones, el documento policial no ahondaba en los trabajos señalados por Aldama (ese informe está pendiente), sino que destapaba una nueva trama presuntamente integrada por el exministro, su antiguo asesor y hasta el pasado jueves secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. De esta forma, siete meses después de iniciar la investigación, el juez, la Fiscalía y la Guardia Civil han logrado desentrañar una ramificación de supuesta corrupción que vivió su apogeo cuando Ábalos dirigió el ministerio de Fomento y Transportes entre junio de 2018 y julio de 2021, pero que se extendió antes y después en el tiempo.

El Supremo atribuye los delitos de organización criminal y cohecho a Cerdán y Ábalos. A este último también le imputa tráfico de influencias y malversación. Hasta ahora, los investigadores han reunido indicios que apuntan a tres ejes de actuación irregular: adjudicaciones de obras públicas; contratos amañados para la compraventa de mascarillas; y contraprestaciones en especie, como alquileres de viviendas o puestos de trabajo para mujeres vinculadas al exministro y su antiguo asesor.

Obras a cambio de mordidas. Fue Víctor de Aldama quien sacó a la luz, cuando confesó en noviembre pasado para salir de la cárcel, que él mismo, Ábalos y Koldo García se habían enriquecido, supuestamente, amañando contratos de obras públicas por las que cobraban contraprestaciones en efectivo o en especie. Lo reveló como muestra de su supuesto compromiso de colaboración con la justicia tras entrar en prisión preventiva por un supuesto fraude en el IVA de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional —una trama en la que, sin embargo, no admite su implicación—. Aldama consiguió su objetivo de quedar libre y presentó diversa documentación en el Supremo con la que apuntaba a adjudicaciones de obras sospechosas.

Entre la información que entregó hay varios pantallazos de teléfono móvil, donde se ven anotaciones a mano sobre listados de supuestas obras públicas adjudicadas por Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro. La UCO no ha terminado todavía el informe que le encargó el juez en abril sobre esas adjudicaciones, pero los agentes tienen ya indicios destacables para recelar. Entre otros, cuentan con una prueba pericial que reveló que la letra de esas anotaciones es de Koldo García.

Otro dato aportado por Aldama ha servido a la UCO para descubrir la implicación de Cerdán en las supuestas irregularidades del ministerio de Ábalos. El comisionista aseguró en el Supremo que él entregó al exasesor un sobre con 15.000 euros y que vio como este se lo dio al secretario de Organización del PSOE en un bar para compensarle por el enfado que le ocasionó que el empresario hubiera amañado con Ábalos y Koldo García la adjudicación de una obra en el norte de España, un territorio que, según Aldama, controlaba Cerdán. El juez encargó a la Guardia Civil que rastreara posibles mensajes que el empresario y el asesor del ministro hubieran intercambiado con el número tres del PSOE y, entre el material intervenido a Koldo García, los agentes encontraron decenas de mensajes y audios que confirman, al menos en parte, que Cerdán “gestionó” una batería de “contraprestaciones económicas” para Ábalos y su antiguo asesor derivadas de la adjudicación “a gran escala de numerosos contratos de obra pública en favor de determinadas empresas (Acciona entre otras)”.

“Tanto el ministro como su asesor, iniciaron un camino con Aldama, LIC y OPR [dos empresas supuestamente vinculadas a la trama] que les habría originado una contraprestación personal al margen de Acciona, lo que provocó la recriminación por parte de Santos [Cerdán], quien se habría enterado debido al ‘ruido’ que le llegaba desde varios puntos de España. El propio Santos no reprobaba, por el contrario, estas contraprestaciones económicas directas hacia Ábalos y Koldo, procedentes de Acciona, que él mismo gestionaría”, advierte la UCO. Los agentes detallan cinco licitaciones del departamento de Ábalos (en Murcia, Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat, Barcelona) en las que resultó adjudicataria Acciona en solitario o formando una Unidad Temporal de Empresas (UTE) con otras mercantiles. Los investigadores han vinculado a Cerdán y García con Acciona a través de Fernando Merino, uno de sus antiguos directivos en Navarra: sospechan que los tres ya venían ejecutando esta misma operativa ilegal en dicha comunidad desde 2015.

Según el instituto armado, los importes abonados desde Acciona al entonces ministro y su asesor ascenderían, al menos, a 620.000 euros. La Guardia Civil cree que no se llegaron a entregar otros 450.000 euros prometidos a Ábalos y García. Además, los agentes apuntan que ese flujo de dinero lo “gestionaba” el propio Cerdán, del que no tienen todavía datos concretos de las supuestas contraprestaciones que pudo recibir, pero consideran “probable” que este “también hubiera podido obtener un rédito económico de las adjudicaciones a Acciona”.

Los contratos de mascarillas. La presunta adjudicación irregular de obra es, de momento, el grueso de un pastel que comenzó a conocerse en febrero de 2024, cuando la Guardia Civil detuvo a Koldo García y Víctor de Aldama. Entonces, los agentes centraban sus pesquisas en una trama de concesión de contratos de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia, a cambio del cobro de mordidas y regalos del comisionista. El punto de mira se colocó primero en Soluciones de Gestión, la compañía usada por el empresario; y en el asesor de Ábalos, que se movió durante años como pez en el agua por el Ministerio de Transportes. “En este tema, y en otros muchos, Koldo era muy insistente”, admitió Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, que también se ha visto implicada en el caso (está previsto que declare como imputada el próximo julio en la Audiencia Nacional).

La UCO siempre creyó que Aldama era el “nexo corruptor” y que Koldo García era el conseguidor, por lo que faltaba la pieza clave que respaldaba y daba luz verde a sus turbios negocios. Tras meses de indagaciones, le pusieron nombre al sospechoso: José Luis Ábalos, exministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez y antiguo secretario de Organización del PSOE.

El juez Ismael Moreno, instructor de la Audiencia, apuntó que Soluciones de Gestión ganó en 2020 ocho contratos para el suministro de material sanitario “mediante un procedimiento de negociado sin publicidad y con carácter de emergencia, que alcanzaron una cuantía próxima a los 54 millones de euros”. La mayoría fueron otorgados por órganos dependientes de Transportes; pero también por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, gracias a los tentáculos de Koldo García, según los investigadores.

El sumario señala que la trama de Aldama operó en Transportes de forma paralela a la presunta red de adjudicación de obra. Serían dos negocios ilícitos independientes. El ministro y su asesor se habían buscado otra “fuente de ingresos” distinta de la que, según el último informe de la UCO, les proporcionaba Santos Cerdán, que sustituyó a Ábalos al frente de la Secretaría de Organización, cuando este cayó en desgracia en 2021. De esta forma, con el señalamiento de sus dos últimos responsables, el corazón de la formación socialista queda bajo sospecha. El PP ya acusa al PSOE de financiación ilegal.

Pisos y enchufes en empresas públicas. Los primeros indicios de que Ábalos recibió algún tipo de contraprestación por favorecer la adjudicación de contratos a determinadas compañías se encontraron en mensajes y documentos que apuntaban a tres viviendas adquiridas o alquiladas por los empresarios de la trama de mascarillas. “De todos los pisos existentes en Madrid, la pareja sentimental del señor Ábalos residía, precisamente, en uno de lujo, cuya renta era abonada por un socio de Aldama (el señor Luis Alberto Escolano) y después por el asesor del entonces ministro. De todos los chalets ubicados en la costa andaluza, Ábalos vino a arrendar, con opción de compra, un piso que adquirió con ese fin una empresa vinculada entonces con Aldama [...]. Y, finalmente, de todos los pisos que Ábalos podría haber intentado adquirir en Madrid para satisfacer sus necesidades de vivienda, vino a concertar un contrato privado de alquiler, nuevamente con opción a compra y con un precio aparentemente muy inferior al de mercado, que resulta ser, precisamente, propiedad de Aldama”, señaló con incredulidad el juez en un auto al inicio de la instrucción.

A esos inmuebles se le sumó el hallazgo de que dos mujeres vinculadas a Ábalos estuvieron contratadas en empresas públicas dependientes del Ministerio Transportes. Jésica R., una joven con la que el dirigente socialista mantuvo una relación sentimental cuando era ministro, admitió en el Supremo que cobró de Ineco y Tragsasec, pero que nunca trabajó realmente en ellas, lo que ha acabado provocando la imputación de la expresidenta de la empresa pública Adif, Isabel Pardo de Vera, sobre la que el magistrado Puente vio “indicios bastantes” de que pudo tener ”una relevante participación” en ese fichaje “irregular y caprichoso”.

A esos contratos para la que fuera su pareja, se sumó luego el puesto del que disfrutó Claudia M., otra mujer a la que los agentes vinculan con Ábalos, en Logirail (filial de Renfe). La Guardia Civil cree constatado que el exasesor del ministro medió, a petición de este, no solo para que esa contratación “se llevara a cabo, sino que, una vez fuera formalizada, no fuera rescindida”, un extremo que confirmó ella durante su comparecencia como testigo ante el juez. A ellas se ha sumado ahora una tercera mujer, Nicoleta N., a la que la UCO atribuye “una relación cercana” con Koldo García. La grabaciones intervenidas revelan que este pidió a Cerdán en febrero de 2022, cuando ya esta fuera del ministerio, un puesto de trabajo para su pareja, Patricia Uriz; su hermano Joseba ―ambos imputados en la causa― y Nicoleta N., porque “la pobre está en el paro”. El informe de la Guardia Civil revela que esta fue colocada meses después en la empresa Enajenacion de Materiales Ferroviarios S A (Emfesa, dependiente de Adif).

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia destaca esa charla en el contundente informe sobre el caso Ábalos enviado al Tribunal Supremo, que ha supuesto la caída de Cerdán y un seísmo político de consecuencias impredecibles. Según el sumario, Koldo García insistía con ese mensaje para que el partido le hiciera un contrato laboral en Madrid. Quería un sueldo en Ferraz. Y Cerdán, con quien había fraguado una estrecha relación desde 2013 (a raíz de la pertenencia de ambos al partido socialista navarro) y con quien supuestamente había comenzado a urdir oscuros negocios en la comunidad foral, debía facilitárselo. Y así lo haría, según los investigadores, “promoviéndolo para que fuese nombrado conductor de Ábalos”.

Ese movimiento constituye un “hito” de calado para los agentes, que ha trazado la compleja relación entre los tres protagonistas de la trama a través de sus comunicaciones y las grabaciones intervenidas a Koldo García. “Supuso el comienzo de la transición de la relación Santos-Koldo hacia un contexto nacional”, resumen. Es decir, el salto de la Comunidad Foral de Navarra, donde ya obtenían “un supuesto rédito económico derivado de la consecución de obras en dicho territorio”, a comenzar a tejer una red de influencias en la capital. Para ello, según escriben los funcionarios de la UCO, “introdujeron a Ábalos en la relación”, lo que les permitió tener acceso al entonces poderoso secretario de Organización del PSOE, que después se convertiría en ministro de Transportes, un departamento donde se reparten cientos de millones de euros en adjudicaciones.

La Guardia Civil sospecha que, con este nombramiento de Koldo García, primero como conductor y después como asesor en Transportes, Santos Cerdán pensaba tener una “vía de influencia” directa sobre el propio Ábalos. Sin embargo, el binomio “Santos-Koldo” iba a debilitarse, mientras que la relación de Koldo García con el secretario de Organización comenzó a estrecharse. Y el ayudante del futuro ministro, en enero de 2018, ya admite que tiene “dos jefes”. Así lo comenta por WhatsApp a una tercera persona:

—¿Quiénes son [tus] jefes? —le pregunta el interlocutor.

—Yo solo tengo dos [...] A los cuales respeto —responde Koldo García.

—El señor José Luis.

—Y el señor Santos.

“Koldo habría empezado a desarrollar una fuerte lealtad hacia Ábalos, pudiendo esto haber generado malestar en Santos”, prosiguen los agentes de la UCO, que añaden: “Este malestar, además, habría desembocado en intentos de Santos por entorpecer la relación entre Ábalos y Koldo”. “En la etapa previa [en Navarra], Koldo habría dependido de Santos; si bien, ahora que se encontraba junto a Ábalos y por ende junto al Secretario de Organización del PSOE, esta dependencia habría reforzado al propio Koldo”, remachan los investigadores, que reproducen un mensaje que envía Patricia Uriz, esposa de Koldo García, a su marido en marzo de 2018: “Antes necesitabas al Pequeño [en referencia a Cerdán], pero ahora el que te necesita es él”.

La UCO ha concluido que Cerdán “gestionó”, al menos, 620.000 euros en mordidas que debieron percibir José Luis Ábalos y Koldo García por la adjudicación de obras públicas de organismos dependientes de Transportes. Pero las pesquisas de los investigadores recogen cómo el ministro y su asesor habían conseguido otra supuesta “fuente de ingresos” gracias a su relación con el comisionista Víctor de Aldama, que se hizo con contratos de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia.

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La primera escucha es del 22 de abril de 2019, cuando Ábalos era secretario de Organización del PSOE (dimitió en 2021).

Lo que sigue son las transcripciones literales entre Koldo, Cerdán y Ábalos, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, e incluyen también conversaciones de 2020 y 2021, en plena pandemia.

22 de abril de 2019

En este audio, con fecha 22 de abril de 2019, Koldo García solicita dinero a Santos Cerdán.

Koldo García (K). (Susurra) Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él.

Santos Cerdán (S). ¿Cuánto le dimos?

K. 60.

S. ¿60 le dieron ahora?

K. Sí, pero yo…

S. Tienen que quedar allí, de allí eran 50 y 10 para ti.

K. No porque yo, tengo que frenar, sé cuándo está, cómo está y tengo que calcular mucho los tiempos. No podemos andar con tonterías de esas con lo que se le debe.

S. Quitando, no lo de ahora ¡eh!, hasta ahora.

K. 150.

S. (Ininteligible)

K. Sí señor, y a mí, y a mí 50 (se ríe) y a mí 50 (se ríe) ha quedado claro ¿no? ¿vale? ¿me ayudarás? Ya sabes que yo soy facilón.

S. Coño tío, en todo lo que pueda, a ver si el tonto este de…, de Almentilla (fonético) ha ‘resolvido’ (fonético) de una puta vez lo nuestro.

18 de noviembre de 2020

K. A ver, jefe, vamos a ver, que me quede claro. Mira, atentamente. [Baja el tono de voz] con lo de Santos, el señor Santos se está haciendo “el Dumbo” pero más allá de lo exagerado. Pero como digo, ya he hablado con él en dos ocasiones, y yo creo que ya se está pasando de listo. Te queda “San Feliú y El Mayor”, son trescientos cincuenta.

José Luis Ábalos (A). Um, um

K. Pues los 350.000… (ininteligible) el tío dice, pero no, pero es que tal, ya me tiene hasta la polla. Yo he cogido los setenta de la bajera, porque te estaban haciendo el tongo.

En otro momento de la grabación fechada el 18 de noviembre de 2020, Koldo pide a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que adjudique un contrato de mantenimiento a la constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).

K: ¿Tienes algo de emergencia? (lninteligible) dos millones.

Isabel Pardo de Vera (I): Eh... Lo tengo que ver ahora lo qué tengo.

K: Te explico. Levantina está pasándolo aquí, cuando digo aquí, es aquí.

I: Pues eso lo tengo que ver con ÁNGEL CONTRERAS a ver si me puede ayudar... ahora mismo (ininteligible).

K: Entonces...

Siguen hablando, pero no se entiende la conversación.

I: (lninteligible) A ver lo que tengo. Si pasa, pasa, pero si no pasa.

K: (lninteligible) y una posible obra de emergencia en cualquier sitio de abajo.

I: Le hemos dado una de 700.000, hace nada eh.

K: Entonces no.

I: Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo.

21 de enero de 2021

Koldo mantiene una conversación con Santos Cerdán en la que detalla de nuevo las cantidades de dinero que, según afirma, este habría entregado hasta ese momento a Ábalos.

K. Me llamó el jefe, me dijo que tenías muchísimo miedo y preocupación porque decían que había empresas pequeñas, que yo estaba pidiendo dinero para que pudieran conseguir contratos públicos. Vale muy bien.

S. (Ininteligible)

K. Eso me da exactamente igual. Me comentó, dice, pero vamos a ver, yo he recibido cuatrocientos cincuenta mil (450.000 euros) de la primera tanda, que son tres contratos y cincuenta mil (50.000 euros) de los dos últimos contratos, ¿vale?, y luego me dieron setenta mil que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son quinientos setenta mil (570.000). Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas. […] Yo es verdad que he recibido veinticinco, que es lo que me han dado a mí, y de eso hay otros veinticinco, pero en realidad que no (ininteligible) que no lo tienen.

Koldo vuelve a conversar con Santos Cerdán y Ábalos, realizando un repaso detallado de los pagos efectuados hasta la fecha.

K. Sí, quiero que sepas, escucha, pero escúchame un momento, por favor, por favor, por favor, ¿vale? Bien. Que sepáis que yo lo que tengo hecho y yo lo tengo, y estoy seguro que no me equivoco. Me puedo equivocar en algo y entonces pediré perdón… 450 se le dieron en tres sobres.

S. Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto.

K. Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja y (ininteligible, hablan los dos a la vez).

S. ¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla.

Á. Ya está.

K. 70 de (ininteligible).

S. Koldo.

Á. Por favor...

S. … Que sí. Ya está, que no hay que decir tantas cosas…pun, se pone, se ve y, y se rompe… que es lo que… y se tienen aquí, ¡joder! Que no hay ningún... y, y no hablar… punto.

Á. La verdad es que sí.

S. Que no hay ningún problema aún… que no hay que saber nada, ya está.

K. Vale, pues ya está (ininteligible).

S. ¡Joder! a eso voy, (ininteligible) la verdad.

K. Y… y sería.

S. Pero si hay, hay, si hay algo, se arreglará, y se arregla con quien hay que arreglarlo, punto.

2 de febrero de 2022

Ábalos ya no está al frente del Ministerio de Transportes. En este audio, Koldo debate con Santos Cerdán cuánto quedaba pendiente por abonar a Ábalos, que ya habría percibido 550.000 euros.

S. (Interrumpe) Yo les pedí a estos lo de Sevilla.

K. Pero es que primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona.

S. (Ininteligible)… Que se la voy a dar, 550.000 euros.

K. Sí, cierto.

S. 550.

K. Cierto, es verdad

S. Esto es lo de Logroño, esto es de aquí, esto es de allá.

K. (Interrumpe) No, eso no es así, es de, de Murcia.

S. (Interrumpe) (Ininteligible) De, sí, y Logroño me dicen ellos y después lo que nos queda es lo de Sevilla.

K. No, ¿y lo de Barcelona?

S. 550.000 y de ahí descontamos. Entonces lo de Sevilla, le diré que me lo pongan por escrito si no y te lo doy, ¿vale?

K. No, no, dáselo a él, yo no quiero problemas

S. No.

K. (Interrumpe) Yo prefiero que se lo digas a él y ya está, yo no quiero problemas

S. Lo de Sevilla estamos, es que eran tres (Ininteligible)

K. Dos.

S. No, descontaron, no, los que…

K. (Interrumpe) Es una. Con un cinco por ciento de la de Sevilla y otra de…

S. (Interrumpe) Se han quedado ellos, las otras dos han abandonado y se han quedado ellos con el 100% de la obra.

K. Claro, por la subida de costes, por el material.

S. (Ininteligible)

K. Los 5.

S. No han empezado a hacer nada…

K. No, eso no es así, llevan 2 obras de emergencias de 22 millones de Euros

S. Sé, pero esas eran previas, de lo adjudicado de eso, no han empezado nada, porque están en una revisión de costes, que en el momento que se le aprueben la revisión de costes, entonces hablamos. Pero si no me la aprueban, yo no voy a hacer la obra (Ininteligible).

K. Y lo de La Rioja y…

S. (Interrumpe) Dice que de los 550, 50 son por eso.

K. Mira (se ríe y suspira).

S. (Interrumpe) Queda Sevilla (Ininteligible).

K. No, no, eso es mentira.

S. Dime de qué son los 550.

K. Los 550 son de Murcia ¿vale?, que se les dieron dos obras, que son de 90 y 110 ¿vale? Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90 ¿vale? Y queda Sevilla, que era de 100 ¿vale? La de Tarragona, si no lo recuerdo mal, creo que eran ochenta y pico, casi 90 y esas son las tres que quedan, ¿vale? A él se le tenía que dar, ahora mismo 450.000, 450, vosotros le regalasteis 70…

S. (Interrumpe) (Ininteligible) ¿sabes?

K. Por el tema de (ininteligible) 70, no, se los dio nuestro amigo, el Guipuchi (fonético) y le dio

S. (Interrumpe) Claro, pero de ahí (Ininteligible)

K. (Interrumpe) Le dieron 70 ¿Qué es lo que pasa?, yo tenía de ahí algo, ¿vale? Y bueno, yo repito que ahora mismo puedo aguantar, pero puedo aguantar, lo que puedo aguantar, tengo a los tres en el paro, o sea, es decir, estamos tres en el paro. Sé que se le tendría que dar 450, según tus cuentas, si solo queda Sevilla, se le tendría que dar 300, no 250.

S. Es lo que les dije yo, (ininteligible) tienes que dar.

K. ¿Pero no puedes conseguir que le den 150 para quitarse a la exmujer?

S. Mira, hablo yo, yo lo, le mando un mensaje para verlo. Yo no lo veo ya, no te lo puedo decir (Ininteligible) yo te digo, yo le mando un mensaje para verlo (Ininteligible)

K. A ver, él está con una mano delante y otra detrás eh, te lo digo en serio.

S. Si no, si no te lo discuto.

23 de noviembre de 2023

En esta grabación del 23 de noviembre de 2023 Koldo le insiste a Ábalos en que necesita reunirse cinco minutos con Santos Cerdán para pedirle que, en virtud de su relación con Óscar Puente, le consiga dos obras de las que poder sacar rédito.

K: […] Yo te quiero pedir el favor, yo el Cristian y lo del perro yo te lo arreglaré, te doy mi palabra que de alguna forma yo (ininteligible). Le voy a intentar pedir a Santos que me dé dos obras, si me da dos obras de treinta y cinco, yo ahí consigo medio kilo fácil, y se lo voy a pedir directamente y sé a quién. Entonces, lo que me da, yo la mitad te lo voy a dar, la otra mitad es para pagar mis gastos y todo lo demás. Pero le tienes que decir, no, no que le voy a pedir dos obras, es decir, “o hablas con Kokdo o nos vamos a meter en un lío gilipollas, que lo llevamos dejando tirado dos años y medio”, tú no (carraspea). Pero que lo sepa, y luego hablar mal de mí que se corte, no sea que yo empiece hablar mal de él. Y aquí perdamos todos. Que yo ya tengo cincuenta y cuatro años y ya no tengo treinta y cinco, no soy un niño que me utilizó para lo que quería y todas sus cositas, ¿vale?, y ya soy adulto y tengo una mujer y una hija. Cómo me joda, yo también sé joder. […] Yo lo único que te pido, porque yo le voy a apretar a Santos como Dios manda y tengo la fórmula para hacerlo. Pero si no me da cinco minutos, no le puedo joder, porque lo que no voy a hacer es mandarle un mensaje ni una foto.

Á: Y yo no tengo ya ni para pagar las cuotas de mi hipoteca, qué quieres que te diga, ósea…

K: Pero que todos van a lo mismo, ¿eh? Mira, hasta en casa nos están jodiendo. Y es, es… mira, por Dios, consigue que Santos me reciba cinco minutos, y te consigo cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000 €). Pero en un mes. Que sé cómo hacerlo. No, que se va… hombre, se va a reír de su puta madre. Llevo detrás de él un año para que me reciba. Y el que le dijo al...al jefe, al boss… que yo estaba por la fiscalía fue Santos.

A: Yo creo que también. Pero cuando… él te acuerdas que en un Comité Federal…

K: Sí, sí.

[...]

K: Jefe, consigue que me vea cinco minutos Santos, necesitamos eso. Y él está capacitado, porque Óscar le escucha. Conseguimos dos putas obras y que le follen.

A: Sí, sí, pero tiene que estar todas identificadas… no esperar otra vez.

K: No, no.

A: Tienen que decirnos que están (ininteligible).

K: Yo las busco que salgan en enero, febrero, de las dos, una en ADIF y otra en Carreteras, para no mez…(fonético), para…diferenciar…cincuenta (ininteligible) en cada una y se acabó. Y una empresa seria y fuera. Venga voy a pagar.

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Santos Cerdán. El contundente informe de la UCO coloca en el punto de mira al ya dimitido secretario de Organización del PSOE. La Guardia Civil extiende las sospechas sobre el socialista hasta 2015, cuando era diputado autonómico en Navarra y, según recalcan los investigadores, comenzó a fraguar una relación con Koldo García, con Acciona y con Servinabar, dos de las empresas bajo sospecha. Pese a que aún no han podido indagar demasiado sobre la figura de Cerdán (debido a que estaba aforado hasta este jueves por ser diputado), los agentes subrayan que, al menos, “gestionó” 620.000 euros en mordidas que debieron percibir José Luis Ábalos y Koldo García.

José Luis Ábalos y Koldo García. Las pesquisas recalcan que, cuando Ábalos se hizo con la cartera de Transportes en junio de 2018, el ministro y su asesor, Koldo García, comenzaron a percibir pagos en efectivo y regalos del comisionista Víctor de Aldama, quien se hizo con adjudicaciones de mascarillas en lo peor de la pandemia (unos contratos que dieron origen a esta investigación). “Pero Aldama no constituía la única fuente de ingresos para Ábalos y Koldo, habiéndose observado que, otra muy recurrente, tenía su origen en la actuación en favor de diferentes constructoras para la obtención, presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública”, señala ahora la UCO, según consta en el informe enviado a una pieza separada del sumario que abrió el Supremo para indagar en el amaño de obra pública.

La Guardia Civil incide en la “estrecha relación” que Cerdán tejió con Koldo García desde 2015; y destaca cómo el primero “promovió” al segundo para que pasara a ocupar puestos de confianza de Ábalos en Transportes: “Le habría permitido poder ejercer cierta influencia en adjudicaciones concretas de obra pública, así como en posibles nombramientos de puestos orgánicos en el ministerio”.

Fernando Agustín Merino. La Fiscalía destaca que Merino ocupó “diferentes posiciones” en Acciones Construcción y en Acciona Infraestructuras: “Su participación en los hechos guarda relación con la posible influencia ejercida sobre Koldo García con la finalidad de procurar la adjudicación presuntamente irregular de obra pública en favor de dicha sociedad”. “Del análisis de los dispositivos informáticos intervenidos a Koldo resulta que, en diversas ocasiones, Fernando Merino habría señalado obras que resultarían de interés para Acciona, lo que habría generado posteriormente contraprestaciones a los investigados”, remacha la UCO, que dispara contra Cerdán como partícipe de esa presunta alianza.

Joseba Antxon Alonso. “Del análisis de la mensajería y demás grabaciones ubicadas en los dispositivos intervenidos a Koldo, se deduce que Alonso, mediante la utilización de sus empresas, pudiera haber abonado contraprestaciones a Koldo y a Ábalos”, prosigue la Guardia Civil. Este empresario constituyó las sociedades Noran Coop y Servinabar, “cuya actividad económica conocida está fuertemente ligada a una serie de adjudicaciones en Navarra a las que habría concurrido Servinabar junto a Acciona Construcción”. Además, Alonso tuvo vínculos societarios con Koldo García a través de Noran Coop, donde el exasesor de Ábalos figuró como titular de una cuenta bancaria. “Santos Cerdán habría participado de dicha relación”, argumenta el instituto armado, que añade que este dirigente socialista también tenía “cierta capacidad de decisión sobre Noran Coop y Servinabar”.

José Ruz Martínez. Accionista de la mercantil LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción). Los investigadores mantienen que, según se desprende de las conversaciones intervenidas, Koldo García intercedió en nombre de José Ruz ante Isabel Pardo de Vera, quien fuera presidenta de Adif, y Javier Herrero, entonces director general de Carreteras, para que “dichos organismos adjudicaran” a Levantina “distintas obras públicas”. Le atribuyen el pago de “contraprestaciones” a Ábalos y su antiguo asesor.

Hermanos Fernández Menéndez. Daniel Fernández Menéndez fue administrador mancomunado de la constructora OPR (Obras Públicas y Regadíos). Su hermano Antonio, apoderado. La Guardia Civil y Anticorrupción afirman que Koldo García “influyó” a su favor en Adif y en la Dirección General de Carreteras para conseguir obras.

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9 de abril de 2019

En la primera grabación reflejada en el informe de la UCO, se escucha a García explicar a Ábalos “la situación de pagos y deudas de obras adjudicadas” por el ministerio de Transportes, y comentarle “la presión ejercida por parte de Santos [Cerdán] en referencia a algunas adjudicaciones concretas”. Los agentes añaden que, del contenido de la conversación, “se desprende que Ábalos habría cobrado 210.000 euros, quedando pendientes otros 210.000” ya en esa fecha.

22 de abril de 2019

Tan solo 13 días después, García vuelve a grabar una conversación, esta vez con Cerdán. “En el curso de la misma, Koldo manifestó haber recibido 60.000 euros, interesándole Santos que, de esos 60.000 euros, 50.000 euros correspondían a Ábalos y 10.000 euros al propio Koldo. Sin embargo, Koldo afirmó haber entregado la totalidad a Ábalos, alegando además que aún se le debía dinero a este. Koldo respondió que la deuda pendiente con Ábalos ascendería a 150.000 euros, y que él mismo tendría derecho a percibir otros 50.000 euros”, resume el informe de la UCO.

18 de noviembre de 2020

En esta grabación, además de a García y Ábalos, se escucha las voces del entonces director general de Carreteras, Javier Herrero; y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Cuando estos dos últimos no están presentes, el exasesor se queja a Ábalos de “no estar recibiendo determinadas cantidades de dinero, habiendo aumentado la supuesta deuda”.

21 de enero de 2021

García le hace a Cerdán un resumen de las cantidades presuntamente recibidas, tanto por él como por Ábalos. “La suma total ascendería, según su propio relato, a 570.000 euros”, recoge la UCO. En esa misma conversación, Koldo García se muestra “enfadado porque se le acusara de haber recibido dinero de empresarios” y propone al número tres del PSOE “irse y dejar de ejercer de intermediario entre este y Ábalos”. La Guardia Civil infiere de esta parte de la conversación que, “el hecho de que Koldo y Ábalos hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido”, podría haber originado el cese del segundo como ministro seis meses después, en el verano de ese año.

21 de enero de 2021

Ese mismo día, media hora después de la reunión anterior, García vuelve a grabar una conversación, en esta ocasión mantenida por él, Cerdán y Ábalos. El encuentro sirve para hacer “un repaso detallado de los pagos efectuados hasta la fecha”, señala el informe de la UCO. Es durante esta conversación cuando Cerdán pide a sus interlocutores no hablar de determinadas cosas en voz alta.

2 de febrero de 2022

Tras haber cesado Ábalos como ministro, García y Cerdán “tuvieron una conversación en la que discutieron las cantidades que, según afirmaban, se adeudan a Ábalos en relación con algunas de las obras que habrían sido adjudicadas” por el departamento en el que habían trabajado. El exasesor incide en la mala situación económica que atraviesa su antiguo jefe.

23 de noviembre de 2023

Según destaca la UCO en su informe, esta grabación revela que “Ábalos tendría pendiente de cobro una suma de 450.000 euros, mientras que Koldo reclamaría 130.000 euros, además de otros 100.000 euros adicionales”. El exasesor le pregunta al exministro sobre el rumor de que podría ir en las listas de las elecciones europeas del año siguiente.

12 de diciembre de 2023

García, tras mucho insistir, consigue reunirse con Cerdán en un establecimiento público. “Koldo le recriminó a Santos que llevara tanto tiempo detrás de él para concertar un encuentro. Santos justificó el distanciamiento alegando que le habían avisado de que le estaba investigando la Guardia Civil. Ante este extremo, Koldo le dijo que él sabía que era la Unidad Central Operativa quien le investigaba”, destacan los agentes.

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El informe, elaborado a partir de los mensajes encontrados en el teléfono móvil de Koldo García y de grabaciones realizadas por este, detalla la actuación de Cerdán, Ábalos y Koldo García en cada uno de estos periodos:

Etapa preministerial. La colaboración entre Cerdán y García empezó en 2015 en Navarra, donde el primero era diputado del Parlamento autonómico y el segundo, concejal del municipio de Huarte. Allí fraguaron, presuntamente, la relación con la constructora Acciona a través de Fernando Merino, director del Departamento de Navarra y La Rioja. El análisis de la UCO parte de ese año, lo que permite observar, según los agentes, “una continuidad temporal entre las relaciones de Koldo con Acciona y la relación directa de ambas entidades con el propio Santos [Cerdán]”.

Según los agentes, fue Koldo García quien entró en contacto con Acciona, con ocasión de una explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón vinculada a la empresa Geoalcali. Esta sociedad contrató los servicios de Acciona en una UTE (unión temporal de empresas) con Servinabar 2000, una pequeña mercantil local creada en septiembre de 2015 por el empresario vasco Joseba Antxon Alonso. El “valor añadido” que esta empresa podía aportar a la UTE con Acciona, advierte la UCO, “adquiría sentido por la relación existente entre Santos Cerdán, Koldo García y ambas empresas”.

La Guardia Civil cita a una tercera empresa con importancia en esta etapa inicial de la supuesta trama corrupta: Nooran Coop, que también estaba vinculada al proyecto de la Mina Muga. “Se han localizado indicios que apuntan a que Santos [Cerdán] podría haber ostentado cierta capacidad de decisión sobre Noran Coop y Servinabar”, señala la UCO. Según los agentes, Koldo García recibió, entre diciembre de 2015 y marzo de 2018, cinco pagos de Servinabar: los dos primeros de 1.050 euros y los tres últimos de 1.000 euros.

Aunque la Guardia Civil no tiene detalles de los posibles ingresos irregulares que pudo recibir Cerdán en esta etapa, considera que sí existen indicios de que los hubo. Uno de ellos es una fotografía enviada por Koldo García a Cerdán el 31 de agosto de 2017 de un resguardo de ingreso de efectivo de 600 euros realizado a su favor. Los agentes recogen también una conversación mantenida entre Koldo García y Ábalos el 23 de noviembre de 2023 (cuando este estaba ya fuera del Gobierno) en la que el antiguo asesor aseguró que Cerdán había recibido dinero del dueño de Servinabar: “[…] Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mí […] Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa [en referencia a Joseba Antxon Alonso ) y mil cosas más”.

De estos y otros indicios, los agentes concluyen que Cerdán “tenía poder de decisión” sobre Servinabar y Noran Coop “para aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades como vehículos y teléfonos”. “E incluso el alquiler de una vivienda en Madrid” para Santos por parte de Servinabar.

En el Ministerio de Transportes. La UCO sospecha que cuando Ábalos fue designado secretario de Organización del PSOE y Cerdán secretario de Coordinación Territorial, este maniobró para que Koldo García fuera contratado como su conductor. A partir de junio de 2018, la llegada de Ábalos al Ministerio de Transportes (y de Koldo García como asesor de este) posibilitó a la trama extenderse de Navarra al resto de España. Ahí comienza lo que la UCO describe como una etapa “de afectación nacional” de la presunta red corrupta, marcada por la adjudicación “a gran escala de numerosos contratos de obra pública en favor de determinadas empresas (Acciona entre otras), así como el presunto cobro de comisiones derivadas de las mismas”.

Estas mordidas tendrían su origen en cinco licitaciones del departamento de Ábalos en las que resultó adjudicataria Acciona en solitario o formando UTE con otras constructoras. Los agentes desglosan las cantidades recibidas por cada una de estas obras: 550.000 euros asociados a dos adjudicaciones a Acciona en Murcia que han sido identificadas como [dos licitaciones de Adif]; 70.000 euros vinculados al bajo de un inmueble que no han sido asociados por Koldo a ningún expediente concreto; 450.000 euros pendientes de abono asociados a tres adjudicaciones a Acciona (en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona).

La Guardia Civil considera que Cerdán desempeñó “un papel activo en la gestión de los fondos”. Era a él a quien Koldo García le reclamaba el abono de las comisiones para él y para Ábalos. “Tales circunstancias permiten inferir, no solo que Santos [Cerdán] habría tenido pleno conocimiento de los pagos efectuados, sino que, además, habría actuado como mediador de los mismos”, dice la UCO, cuyo informe recoge numerosas conversaciones entre Koldo García y Cerdán, o entre Koldo García y Ábalos, que dejan constancia de ello. Los agentes no tienen todavía datos de las contraprestaciones que pudo recibir Cerdán, pero consideran “probable” que este “también hubiera podido obtener un rédito económico de las adjudicaciones otorgadas a Acciona”.

Al margen de las obras de esta constructora, el informe recoge otras seis adjudicaciones sospechosas: tres concesiones a OPR (Obras Públicas y Regadíos) en Asturias, Úbeda (Jaén) y Monforte (Lugo); y tres a LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción) en Asturias, Teruel y Galicia. Los contratos se tramitaron durante la etapa de Ábalos en el ministerio, aunque, al menos algunos pagos por parte de las empresas, llegaron después, según el informe, que recoge que LIC abonó a Koldo 2.600 euros mensuales netos entre diciembre de 2022 y junio de 2023; y OPR pagó al exasesor o su entorno 1.300 euros mensuales netos entre el 2 de septiembre de 2022 y, al menos, el 2 de junio de 2023.

Tras salir del ministerio. Los agentes señalan una última etapa en la que “aún fuera del Gobierno, tanto Koldo [García] como Ábalos habrían seguido ejerciendo su influencia en diferentes estamentos de la Administración y habrían tratado de lograr, a través de Santos [Cerdán], que les fueran abonadas las cantidades presuntamente adeudadas por la adjudicación de obras durante su periplo ministerial”. Además, Koldo García intentó valerse incluso de su relación con Cerdán, ya secretario de Organización del PSOE, para influir sobre el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, con la intención de situar en este departamento a personas de su confianza sobre las que poder influir para que adjudicaran obras a empresas vinculadas a la trama.

“Óscar sí habla con Santos y le escucha y le hace caso, vale. Yo lo que voy a pedir a Santos, es decir, dame un par obras y vete a tomar por culo... Jefe, yo te estoy diciendo totalmente sincero. Santos lleva sin cogerme el teléfono y sin verme desde hace un año y cuatro meses”, se queja Koldo en una conversación con Ábalos recogida en el informe. En otra, el antiguo asesor ministerial se lamentó porque le habían dejado “tirado en una esquina como una colilla”. Koldo García llegó a amenazar a Cerdán con sacar a la luz las grabaciones que había ido realizando en los últimos años de las conversaciones sobre contratación pública mantenidas con Ábalos y Cerdán.

El enfado del antiguo asesor con el ya dimitido secretario de Organización del PSOE es palpable en varios audios transcritos por los agentes de sus conversaciones con Ábalos: “450.000 euros que te debe. Y a mí me debe ciento treinta más otros cien, cinco mil quinientos, o sea que imagínate. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante de mí”.

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El juez cree que el secretario de Organización del PSOE actuó “en connivencia” con Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García. Por ello, y al ser Cerdán aforado, el juez le ha ofrecido declarar voluntariamente en la causa, asistido por un abogado el próximo 25 de junio. Cerdán, en una breve declaración ante los medios en el Congreso de los Diputados, ha confirmado que lo hará. No obstante, con su renuncia al acta de diputado, anunciada a primera hora de la tarde, el hasta ahora número 3 del PSOE dejará de ser aforado y el juez del Supremo tendrá que decidir si mantiene la competencia para investigarle.

El magistrado ha citado además de nuevo a declarar el 24 de junio a Ábalos y a Koldo García. El instructor ha tomado esta decisión tras recibir un informe de la UCO, fechado el día 5 de junio, que, según el magistrado, contiene referencias “a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas”. Puente advierte, además, de que, a lo largo de la investigación, se han revelado “nuevos hechos eventualmente delictivos, estrechamente vinculados con los que dieron origen” a la causa.

Sobre Cerdán, el instructor señala en el auto que el informe entregado por la UCO contiene “consistentes indicios” acerca de su posible participación en la “adjudicación indebida” a cambio de comisiones de “determinadas obras públicas” lo que, “siempre en los términos meramente indiciarios y con el carácter provisional” de la fase de instrucción en la que se encuentra la causa, podría constituir un delito de integración en organización criminal (artículo 570 del Código Penal) y otro de cohecho (artículo 419 del mismo texto legal).

Por su condición de diputado, Cerdán estaba hasta este mediodía aforado ante el Supremo, por lo que el instructor no podía investigarle sin el permiso del Congreso. Para evitar activar este trámite, Puente ofreció a Cerdán la posibilidad de declarar voluntariamente el 25 de junio a las 10.00, asistido de abogado. Tras renuncia de Cerdán a su acta de diputado y a todos los cargos que ostentaba en el PSOE, el instructor debe decidir si mantiene la competencia para investigarle. Para ello, el magistrado valorará si la implicación de Cerdán es inescindible de la de Ábalos, cuya investigación sí se mantiene de momento en el alto tribunal porque el exministro no ha renunciado a su acta en el Grupo Mixto del Congreso. Si Puente considera que la participación de Cerdán puede investigarse al margen de la de Ábalos, la remitiría a la Audiencia nacional, donde el el juez Ismael Moreno instruye una parte de la causa que no afecta al exministro.

El auto dictado por Puente, de seis páginas, levanta parcialmente el secreto de la causa y pone fin a la pieza separada que había abierto el instructor sobre el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas. Esto implica que las acusaciones personadas en la causa inicialmente contra Ábalos (entre ellas el PP) ya tienen acceso al informe de la UCO que ha revelado la supuesta implicación de Cerdán en la trama de comisiones que investiga el juez a cambio del amaño en la adjudicación de obras públicas.

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Tras estudiar las conversaciones intervenidas a los sospechosos, los funcionarios de la Guardia Civil desglosan, incluso, las cantidades vinculadas a “obras concretas”: “550.000 euros asociados a dos adjudicaciones a Acciona en Murcia que han sido identificadas como [dos licitaciones de Adif]; 70.000 euros vinculados al bajo de un inmueble que no han sido asociados por Koldo a ningún expediente concreto; 450.000 euros pendientes de abono asociados a tres adjudicaciones a Acciona [en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat (en la provincia de Barcelona)]”.

Este informe, unido a los avances de la instrucción del magistrado Puente, supone un enorme golpe para el PSOE y el Gobierno, que habían defendido hasta ahora al secretario de Organización del partido. El relato de la UCO es muy duro. La Guardia Civil considera que, “de manera general”, en los audios intervenidos a Koldo García se observa que él y Ábalos realizan una “recapitulación” del dinero que le deben a ambos las constructoras. Posteriormente, el asesor se dirige a Cerdán, “con quien discute” de nuevo sobre las cantidades que les deben, advierten los investigadores, “pareciendo ser el propio Santos [Cerdán] la persona encargada de gestionar esos presuntos pagos”.

La UCO señala que la colaboración entre Cerdán y Koldo García empezó en 2015 en Navarra, donde presuntamente fraguaron la relación con Acciona a través de Fernando Merino, director del Departamento de Navarra y La Rioja. Después, extendieron su actuación a Madrid, primero con el nombramiento de Cerdán como secretario de coordinación territorial del PSOE, y, posteriormente, mediante el nombramiento de Ábalos como ministro de Fomento (y de Koldo como asesor de este). Esta etapa “de afectación nacional”, señala la UCO, está marcada por la adjudicación “a gran escala de numerosos contratos de obra pública en favor de determinadas empresas (Acciona entre otras), así como el presunto cobro de comisiones derivadas de las mismas”.

Para finalizar, los agentes señalan una última etapa en la que “aún fuera del Gobierno, tanto Koldo [García] como Ábalos habrían seguido ejerciendo su influencia en diferentes estamentos de la Administración y habrían tratado de lograr a través de Santos [Cerdán] que les fueran abonadas las cantidades presuntamente adeudadas por la adjudicación de obras durante su periplo ministerial”.

El informe detalla varias conversaciones grabadas por García con Ábalos y Santos, que se desarrollan supuestamente entre el 9 de abril de 2019 y el 23 de diciembre de 2023 (solo dos meses antes de que se produjera la detención del primero de ellos), donde detallan las cantidades que presuntamente van cobrando y lo que se les adeuda. Finalmente, la Guardia Civil concluye que las mordidas percibidas ascendieron a “550.000 euros, más el pago de otros 70.000 euros”, relacionados con una propiedad inmobiliaria a la que los investigados se refieren como la “bajera”. A esos importes se sumarían otros 450.000 euros que no habrían llegado a cobrar, según los agentes.

Obras bajo sospecha

La UCO destaca que estas presuntas mordidas proceden de la supuesta adjudicación de cinco licitaciones de Adif y la Dirección General de Carreteras, órganos dependientes del Ministerio de Transportes. La empresa que ganó los concursos fue siempre Acciona Construcción, ya fuera en solitario o formando una Unidad Temporal de Empresas (UTE) con otras compañías. En concreto, los investigadores asocian una comisión irregular de 550.000 euros a dos obras públicas en Murcia: la primera, el soterramiento de parte de la red ferroviaria en la capital de esta región por un importe cercano a los 159 millones de euros; y la segunda, la construcción de una plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad, valorado en 121 millones. Ambas de la empresa pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La Guardia Civil vincula los otros 450.000 euros, que presuntamente reclamaban Ábalos y Koldo García como mordidas no recibidas, con otras tres obras. Dos de ellas eran licitaciones de la Dirección General de Carreteras: una en la provincia de La Rioja, de 92 millones de euros; y otra en Sevilla, en el Puente del Centenario, de cerca de 103 millones de euros. La tercera obra es otra intervención de Adif en Sant Feliú de Llobregat por un importe inicial de más de 51 millones de euros para la “ejecución del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril” en la localidad barcelonesa.

Los agentes destacan que estos amaños fueron posibles por la supuesta “relación” entre la empresa Acciona y Cerdán, del que aseguran que “habría desempeñado un papel activo en la gestión de los fondos, siendo el propio Koldo [García] quien le reclamaba el abono de las cantidades, tanto en favor de Ábalos como en beneficio propio”. Por ello, concluyen que el número tres del PSOE no solo “habría tenido pleno conocimiento de los pagos efectuados, sino que, además, habría actuado como mediador de los mismos”.

La Fiscalía Anticorrupción destaca que la Guardia Civil ha localizado otros seis expedientes con supuestas irregularidades: tres concesiones a OPR (Obras Públicas y Regadíos) en Asturias, Úbeda (Jaén) y Monforte (Lugo); y tres a LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción) en Asturias, Teruel y Galicia. “En cuanto a las contraprestaciones recibidas de parte de OPR y LIC se hallarían las siguientes: pagos de 2.600 euros mensuales netos entre diciembre de 2022 y junio de 2023, de LIC a Koldo García; y pagos de 1.300 euros mensuales netos entre el 2 de septiembre de 2022 y, al menos, el 2 de junio de 2023, de OPR al entorno de Koldo”, añade el ministerio público.

Puesto en Indra

En una comunicación se observa cómo Cerdán se habría desahogado con Koldo García por no haber recibido respuesta de Ábalos “a un asunto de su interés”, recogen los agentes. Entonces, el antiguo asesor del exministro se mostraba preocupado por el malestar del secretario de Organización y se ofrece a intermediar entre ambos. “No es de recibo que no lea mis wasaps”, se lamenta Cerdán, que en otro mensaje ahonda en su queja: “Qué poco interés ponen para lo de los demás”. Ante la falta de respuesta por parte de Ábalos, Cerdán le comunicó a Koldo García que había procedido a escribir a “Pedro”, alegando que si él ya no le hacía caso, “aquí se quedan y que se lo coman todo ellos”.

Este mensaje al presidente del Gobierno, señala la UCO, “habría surtido efecto”, ya que tan solo unos minutos más tarde, Cerdán le dijo a Koldo García que Sánchez le había llamado para decirle que no podía “estar” en Indra, ya que era una “empresa cotizada”. Seguidamente, Cerdán reprochó la dificultad de mantener a su familia en Madrid, “de lo que se entiende que pretendía obtener un cargo en Indra para así poder contar con otra fuente de ingresos que le permitiese sostener sus gastos familiares en Madrid”, detalla el informe.

Tras insistir Koldo García en la posibilidad de encontrarle otro puesto de trabajo, Cerdán recriminó que hubiese tenido que ser Pedro Sánchez quien se lo comunicase, en vez de saberlo a través de Ábalos. “Ya me ha llamado el presidente, dice que no puedo estar en Indra, que es una empresa cotizada y bla bla bla”. Santos Cerdán alegó que el principal perjudicado de su no contratación era el “partido”, ya que pretendía destinar el 80% del sueldo al mismo en concepto de donación. “Me ha tenido que llamar Pedro”, le escribió Cerdán a Koldo García, según el informe de la UCO: “Quien más pierde es el partido”, remachó el número tres del PSOE.

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Koldo García (K. G.): Sí, quiero que sepas, escucha, pero escúchame un momento, por favor, por favor, por favor, ¿vale? Bien. Que sepáis que yo lo que tengo hecho y yo lo tengo, y estoy perdón… 450 seguro que no me equivoco. Me puedo equivocar en algo y entonces pediré se le dieron en tres sobres.

Santos Cerdán (S. C.): Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto.

K. G.: Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja y (ininteligible, hablan los dos a la vez)

S. C.: ¡Koldo!, Que no quiero que hables de esto, que no se habla.

José Luis Ábalos (J. L. A.): Ya está.

K. G.: 70 de (ininteligible)

S. C.: ¡Koldo!

J. L. A.: Por favor …

S. C.: … que sí, que no hay que decir tantas cosas… pun, se pone, se ve y, y se... Ya está, rompe… que es lo que… y se tienen aquí ¡joder! Que no hay ningún... y, y no hablar… punto.

J. L. A.: La verdad es que sí.

S. C.: Que no hay ningún problema aún… que no hay que saber nada, ya está.

K. G.: Vale, pues ya está (ininteligible).

S. C.: ¡Joder! A eso voy, (ininteligible) la verdad.

K. G.: Y… y sería.

S. C.: Pero si hay, hay, si hay algo se arreglará, y se arregla con quien hay que arreglarlo, punto […].

Tres años antes, Cerdán ya había mostrado su temor a que sus conversaciones sobre supuestos amaños fueran interceptadas. En el informe, la UCO recoge una conversación entre el número tres del PSOE y Koldo García fechada el 15 de febrero de 2018 (cuando aún gobernaba el PP) en la que el primero ordena al exasesor de Ábalos que mire si el teléfono del “jefe”, en referencia al exministro, estaba “pinchado” porque la batería le está dando problemas. El asesor intentó tranquilizarle diciéndole que ya lo habían comprobado 25 días y que el problema de la batería radicaba en el mal estado de alguna de las piezas. No obstante, Koldo García informó a Cerdán de que había quedado con un tercero unos días después para volver a comprobarlo. “De esta comunicación, no solo se desprende que Santos también se encontraría subordinado a Ábalos, sino que estos sospechaban que el teléfono del secretario de Organización del PSOE pudiera estar intervenido”, señalan los agentes en su informe.

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El informe de la UCO se ha incorporado a una pieza secreta del sumario en el que se empezó investigando las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas y material sanitario por varias administraciones en lo peor de la pandemia, pero que en los últimos meses ha trascendido aquellas licitaciones bajo sospecha y alcanza a adjudicaciones de obra pública. De hecho, este documento policial ―sobre cuyo contenido se ha especulado mucho en las últimas semanas― precipitó que este martes el magistrado del Supremo ordenase el registro del domicilio en Valencia de Ábalos y las sedes de varias empresas y el domicilio de sus dueños en Navarra, Bizkaia, Granada, Valencia y Madrid, supuestamente beneficiadas por algunos de los contratos bajo sospecha.

Según detallaba el auto del juez Puente en el que se autorizaba la entrada en la vivienda del exministro para incautar sus teléfonos móviles y otros dispositivos, el documento policial recoge el contenido de estas conversaciones, localizadas en memorias informáticas intervenidas a Koldo García cuando fue detenido en febrero de 2024. El magistrado apuntaba ya en esta resolución que el informe de la UCO daba a entender la existencia de indicios de la supuesta adjudicación irregular en el Ministerio de Transportes de contratos de obra pública, así como del presunto cobro por parte de este de comisiones ilegales. Y destacaba que uno de esos indicios eran diálogos en los que el exdirigente del PSOE supuestamente admite haber obtenido un beneficio económico con las licitaciones de su departamento.

Tras conocerse los primeros detalles del informe, el PSOE ha hecho público la noche de este miércoles un comunicado en el que insiste en la versión mantenida hasta ahora de que Santos Cerdán “no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”, recalca. Tras lamentar lo que califica de “filtración” que “solo genera indefensión y juicios mediáticos a los afectados”, el partido asegura que “cuando se conozca la totalidad del informe, Santos Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona”.

El nombre del número tres del PSOE se vio salpicado por primera vez en la trama de corrupción desmantelada en el caso Koldo el pasado noviembre, cuando uno de los personajes claves de la red, el empresario y comisionista Víctor de Aldama, lo señaló ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno como supuesto receptor de un sobre con 15.000 euros en un bar por un tema relacionado con una licitación a una constructora. Cerdán negó entonces la acusación a los pocos minutos de trascender las palabras de Aldama.

No obstante, en febrero, el magistrado del Supremo que asumió la investigación ante la presunta implicación de Ábalos —aforado, en su condición de diputado— encargó a la UCO un informe en el que se detallasen los mensajes que pudiera haber intercambiado el comisionista con Cerdán, el ministro Ángel Víctor Torres (al que también acusó de recibir comisiones) y “cualquier otra persona aforada” para intentar aclarar qué hay de cierto en las denuncias lanzadas por el empresario. Este informe es el que la UCO entregó al juez el pasado 5 de junio y que supuestamente dio este martes pie a los registros en el domicilio de Ábalos y en varias empresas.

El magistrado instó en abril a la unidad anticorrupción de la Guardia Civil para que investigase la adjudicación de las obras públicas y los supuestos rectificados que aparecían destacados en fluorescente en unos documentos aportados a la causa por Aldama y cuya adjudicación, siempre según el empresario, se había pactado con Ábalos a cambio de comisiones ilegales. El juez reclamó a la Guardia Civil que identificase a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de esas licitaciones y fiscalizase el procedimiento de adjudicación. El magistrado adoptó esta decisión después de que el informe pericial realizado en el Supremo con una prueba caligráfica de Koldo García concluyera que la letra de las anotaciones aportadas por Aldama sobre los contratos de obras públicas supuestamente adjudicados a cambio de mordidas era la del asesor de Ábalos.

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No es la primera vez que jueces y fiscales protestan ante los tribunales contra una ley impulsada por el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar. Ya lo hicieron a finales de 2023 tras el anuncio de la ley de amnistía. En esta ocasión, el paro convocado este jueves escenifica la oposición frontal de las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales a las dos reformas vinculadas a la justicia anunciadas por el Gobierno: la que prevé cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales.

A la convocatoria de las asociaciones se han adherido jueces y fiscales no asociados y una plataforma integrada por más de un millar de miembros de ambas carreras, en su mayoría de las últimas promociones, unidos a través de dos grupos de WhatsApp y que, al margen del paro de este miércoles, valora la convocatoria de una huelga. Las dos asociaciones progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, apoyan, en líneas generales, ambas leyes.

El Gobierno defiende que sus reformas son necesarias para modernizar la justicia. “Queremos que todos los ciudadanos puedan optar en igualdad de condiciones a estas oposiciones tan duras. El dilema en la justicia es reformas o inmovilismo”, ha señalado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha advertido que todas las reformas de la justicia “recibieron rechazo en su momento y hoy son un gran consenso” y ha augurado que esta “no será diferente”.

Ante la fachada del alto tribunal, en la Plaza de la Villa de París, se han congregado magistrados del Supremo, como los jueces de la Sala Contencioso-Administrativo José Luis Requero, Antonio Fonseca, Wenceslao Olea, Diego Córdoba y Esperanza Córdoba; el magistrado de la Sala Penal Antonio del Moral; el de la Sala Civil Manuel Almenar; y el de la Sala Social Juan Martínez Moya. También han acudido fiscales del alto tribunal, como uno de los jefes de lo Penal, Javier Huete. Otros fiscales, encabezados por los cuatro del procés (Javier Zaragoza Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno) se han concentrados a la fuerza de la Fiscalía General del Estado.

La representación de la Audiencia Nacional ante las puertas del Supremo ha estado encabezada por su presidente, Juan Manuel Fernández, que, como algunos de los magistrados del alto tribunal que se han sumado al paro, fue vocal del CGPJ a propuesta del PP. Junto al presidente, otros magistrados como María Tardón, José Luis Calama, y Eloy Velasco. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha acudido junto a otros fiscales de este departamento. Los magistrados y fiscales no vestían toga, aunque sí la llevaban en el brazo algunos letrados del alto tribunal, que son jueces de carrera, pero no magistrados.

Las asociaciones convocantes han sido la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Convocaron la protesta el pasado 23 de mayo porque consideran que la reforma judicial recoge “medidas altamente perjudiciales” que pueden afectar “gravemente a la independencia judicial”.

Transcurridos los 10 minutos del paro, dos fiscales de las asociaciones convocantes han leído el manifiesto preparado por las asociaciones, en el que piden la retirada de las dos leyes. Sobre la reforma de acceso a la carrera, las asociaciones han denunciado que se tramite “por vía de urgencia”, cuando “no responde a demanda social alguna”.

El manifiesto asegura que se trata de una reforma “que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial” para su formación e introduciendo pruebas “más subjetivas y susceptibles de filtración”. Las asociaciones se oponen así a la propuesta del Gobierno de introducir en la oposición de acceso a ambas carreras una prueba escrita y el anonimato de los aspirantes, un formato que ya se aplica en el resto de oposiciones del ámbito jurídico y que el Gobierno defiende por la conveniencia de valorar, además de la capacidad memorística, la habilidad para expresar razonamientos jurídicos.

La regularización extraordinaria de jueces y fiscales sustitutos constituye otro de los puntos de conflicto entre la carrera judicial y el Ministerio de Justicia. Para las asociaciones convocantes, la estabilización se realiza “sin pruebas que midan su aptitud” para el acceso a la carrera. El proceso fue anunciado hace unas semanas y constará de un concurso-oposición y las plazas disponibles aún están por determinar.

“Poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal”, señala el manifiesto leído durante la protesta.

Justicia insiste en que acabar con la interinidad en la judicatura y la Fiscalía —una situación en la que se encuentran 954 jueces y 331 fiscales— responde a dos apercibimientos de la Comisión Europea, en julio y en octubre de 2024.

La lectura del manifiesto se ha repetido en todas las concentraciones convocadas por las asociaciones. Una de las más numerosas ha sido la celebrada ante los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, donde decenas de personas al grito de “gracias” y clamando por la “independencia judicial” han recibido a las 12.00 a los representantes de las asociaciones convocantes y a los jueces y fiscales que se han sumado a la protesta.

Los asistentes han recibido aplausos en la mayoría de las concentraciones de decenas de personas que han acudido como público para animar a los jueces y fiscales al grito de “valientes”, “libertad” o “Pedro Sánchez dimisión”.

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La investigación del instituto armado ha revelado que el único accionista y administrador de Servinabar 2000 (creada en septiembre de 2015), el empresario vasco Joseba Antxon Alonso Egurrola, había tenido vínculos previos a la adjudicación bajo sospecha con Koldo García, exasesor del antiguo ministro socialista y considerado uno de los personajes claves de la supuesta trama de corrupción destapada cuando se investigaba la compra de mascarillas por parte de varios organismos públicos en lo peor de la pandemia. EL PAÍS ha intentado de manera reiterada ponerse en contacto telefónico con algún responsable de Servinabar o el propio Alonso Egurrola para conocer su versión, pero nadie ha respondido a las llamadas.

En la parte del sumario que se instruye en la Audiencia Nacional, figuran dos informes de la UCO sobre el patrimonio y las finanzas de Koldo García ―uno fechado en diciembre de 2022 y otro, en mayo de 2023― en los que se hace referencia a este empresario vasco. En uno de ellos se destaca que Alonso Egurrola (que en el registro mercantil figura como actual administrador o apoderado de una docena de sociedades) fundó en junio de 2015 junto al exasesor de Ábalos Noran Sociedad Cooperativa Pequeña, con sede en San Sebastián y cuyo objeto social declarado era la “gestión y administración de la propiedad inmobiliaria”. La Guardia Civil también destaca que desde aquella fecha y hasta 2020, Koldo García figuró como “titular real” en el Fichero de Titularidades Financieras de una cuenta a nombre de esta cooperativa en la que Alonso Egurrola consta como apoderado.

La siguiente referencia a este empresario en los informes de la UCO es, precisamente, por Servinabar 2000, la sociedad cuya sede fue registrada el martes por la Guardia Civil. Según este documento policial, una cuenta a nombre de esta mercantil transfirió entre 2017 y 2018 un total de 3.000 euros a un depósito bancario en la que figuraban como titulares el exasesor de Ábalos y su esposa de entonces, Patricia Uriz. El informe no concreta en concepto de qué.

No obstante, el registro de su sede no se produce por estos vínculos, sino por el contenido del informe que el pasado 5 de junio la UCO entregó al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el que analizaba el contenido de las conversaciones que contenían los dispositivos electrónicos intervenidos a Koldo García cuando fue detenido en febrero de 2024. Ese documento policial recogía supuestos indicios de la adjudicación irregular en el Ministerio de Transportes de contratos de obra pública en la etapa de Ábalos así como del presunto cobro por parte de este de comisiones ilegales. Según el auto judicial que ordenaba el registro del domicilio en Valencia del exministro socialista, el informe destaca la existencia de diálogos en los que el exdirigente del PSOE supuestamente admite haber obtenido un beneficio económico con las licitaciones de su departamento.

En el caso de Servinabar, los sospechas apuntan a la obra del túnel de Belate, una obra que arrastra una polémica política desde hace más de un año y que fue adjudicada a comienzos de 2024, dos años y medio después del cese de Ábalos como ministro de Transportes. Unión del Pueblo Navarro (UPN), principal partido de la oposición en la cámara foral al gobierno de la socialista María Chivite, ha planteado en los últimos meses varias iniciativas parlamentarias sobre esta millonaria adjudicación al considerar que se habían producido presuntamente irregularidades en el proceso de licitación. UPN cuestiona que una empresa tan pequeña ―es unipersonal, tiene un capital social de 3.000 euros y su plantilla no supera la decena de personas― pudiera participar en una UTE para una obra de tal calado como es el desdoblamiento de una infraestructura viaria de casi tres kilómetros de largo. El Ejecutivo de Chivite siempre ha defendido la licitud de la adjudicación y argumentado que no es la primera vez que Servinabar 2000 consigue contratos públicos en esta y en anteriores legislaturas.

La obra del túnel de Belate también ha llegado al Congreso de los Diputados, en este caso de las manos de tres diputados del PSOE, entre ellos Santos Cerdán, secretario de organización socialista y que ha reconocido haber cruzado mensajes con Koldo García para interesarse por obras en esa comunidad. Estos parlamentarios plantearon el pasado 9 de mayo una pregunta por escrito para conocer el “importe transferido y acordado a la Comunidad Foral de Navarra para la mejora de la N-121-A y de los túneles de Belate y Almandoz durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024″, junto a otras cuestiones sobre otras obras en la región.

Cerdán fue señalado en noviembre del año pasado por el empresario y comisionista Víctor de Aldama, pieza clave en la trama desmantelada en el caso Koldo, como supuesto receptor de un sobre con 15.000 euros en un bar por un tema relacionado con una licitación a una constructora. El número tres de los socialistas negó la acusación a los pocos minutos de trascender las palabras de Aldama. No obstante, en febrero, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa en la que se investiga a Ábalos, pidió a la UCO un informe en el que se detallasen los mensajes que pudiera haber intercambiado el comisionista con Cerdán, el ministro Ángel Víctor Torres (al que también acusó de recibir comisiones) y “cualquier otra persona aforada” para intentar aclarar qué hay de cierto en las denuncias lanzadas por el empresario. Este informe es el que la UCO entregó al juez el pasado 5 de junio y que supuestamente dio este martes pie a los registros en el domicilio de Ábalos y en varias empresas, entre ellas la sociedad con cuyo dueño mantuvo vínculos Koldo García.

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El registro se enmarca en la denominada Operación Delorme, también conocida como caso Koldo, abierta por la supuesta compra irregular de mascarillas y otro material sanitario en el peor momento de la pandemia, pero que en los últimos meses se ha extendido también a la presunta adjudicación fraudulenta de obra pública por parte del Ministerio de Transportes tras la declaraciones en ese sentido del empresario y comisionista Víctor de Aldama, también imputado en la causa y que entregó diversa documentación cuando acudió al Supremo. En el registro, en el que ha estado presente Ábalos, se han intervenido varias memorias informáticas para volcar posteriormente su contenido. Además, los agentes han clonado en el lugar los teléfonos móviles del exministro, que le han devuelto, como ha confirmado el propio Ábalos en la red social X.

Tras terminar el registro, el exministro ―al que se le imputa delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación― ha insistido a los periodistas que estaban en la puerta de la vivienda la legalidad de su actuación al frente de Transportes durante el Gobierno de Pedro Sánchez: “He defendido mi inocencia y la voy a seguir defendiendo hasta el final. La condena ya la tengo, la reputación destrozada y muchas vidas destrozadas. Espero una reflexión en este país sobre los juicios paralelos y sobre deshumanizar a una persona”, informa Andrés Herrero Gutiérrez.

Acabado el registro de mi casa, quiero agradecer a los agentes de la @guardiacivil que han participado su buen trato, su delicadeza y profesionalidad.

Han clonado mi teléfono móvil, el cual me han devuelto. Se han llevado exclusivamente unas memorias digitales que no les ha dado… pic.twitter.com/9B3j59Zs9N

— José Luis Ábalos (@abalosmeco) June 10, 2025

La entrada en el domicilio de Ábalos se ha producido a propuesta de la UCO y recibió el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, según detallan fuentes del caso. En el informe, según fuentes del caso, la Guardia Civil concluye que el exdirigente socialista podía haber aprovechado su condición de ministro para participar en supuestos amaños para adjudicar determinadas obras a empresas concretas a cambio de una mordida, y detalla cuáles serían esos contratos. El documento policial se incorporó a una pieza secreta ―y, por tanto, a la que aún no han tenido acceso ni las defensas ni las acusaciones personadas, salvo la Fiscalía― abierta por el magistrado Leopoldo Puente, que también ha ordenado registros y requerimientos de información a los largo de este martes a varias empresas de la Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

La orden del juez pone el foco principal en el terminal de telefonía del exministro, sobre el que pide que ser realice el volcado tanto de sus cuentas de correo, como de la agenda de contactos, el registro de llamadas y, sobre todo, de los mensajes de texto, voz o vídeo que pudiera haber intercambiado a través de aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp o Telegram. Además incluía la orden de intervenir documentación bancaria de todo tipo (incluido el envío de dinero a terceros países), monederos de criptomonedas, joyas y cualquier otro efecto que pudiera representar una supuesta evidencia de los delitos investigados.

El alto tribunal ya atribuyó a Ábalos un “papel principal” en la trama corrupta supuestamente encabezada por el que fuera su mano derecha, Koldo García, y Aldama. El exdirigente socialista continúa siendo diputado, aunque ahora está encuadrado en el Grupo Mixto desde que el PSOE le suspendió de militancia tras destaparse el caso. Según destacó el Supremo cuando asumió la investigación, Ábalos presuntamente “participaba en beneficios derivados” de la actividad de la red corrupta. En este sentido, el alto tribunal citaba en el auto en el que asumía la investigación que entre esas prebendas estuvo el uso de una casa en la urbanización La Alcaidesa, en el municipio gaditano de La Línea, y el pago, por parte de la red corrupta, de un apartamento en Madrid para una mujer que en aquel momento era pareja de Ábalos. Además, destacaba que esta persona trabajaba por cuenta ajena en empresas públicas dependientes del ministerio y había formado parte del grupo de personas que acompañaron al ministro en viajes oficiales, contabilizándose 16 vuelos nacionales y extranjeros sufragados con cargo al erario público.

El magistrado encargó en abril a la UCO que investigase la adjudicación de las obras públicas y los supuestos rectificados que aparecían destacados en fluorescente en unos documentos aportados a la causa por Aldama y cuya adjudicación, según el empresario, se había pactado con Ábalos a cambio de comisiones ilegales. El juez reclamó a la Guardia Civil que identificase a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de esas licitaciones y fiscalizase el procedimiento de adjudicación. El magistrado adoptó esta decisión después de que el informe pericial realizado en el Supremo con una prueba caligráfica de Koldo García concluyera que era la letra de las anotaciones aportadas por Aldama sobre los contratos de obras públicas supuestamente adjudicados a cambio de mordidas era del asesor de Ábalos.

El juez Puente encargó también hace semanas a la UCO la información que conste, desde enero de 2014, en las bases de datos de Caixabank y la Agencia Tributaria sobre el exdirigente socialista y la Fundación Fiadelso, vinculada a Ábalos y su familia. La intención del magistrado es comprobar si se han producido “ingresos irregulares” que pudieran corresponderse con los cobros ilegales que se le imputan al exministro.

Antes de recibir ese encargo, la UCO ya había entregado al juez un informe preliminar del patrimonio de Ábalos en el que, entre otras propiedades, figura la casa de la Avenida de la Constitución que ahora ha sido registrada. Según ese documento, Ábalos es su único propietario desde 1992, cuando se divorció de la que hasta entonces había sido su mujer y liquidaron la sociedad que compartían. El inmueble, según la UCO, tiene un valor catastral de 47.935,12 euros.

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“Las asociaciones judiciales más numerosas han criticado todas las reformas importantes de la justicia. Si las reformas dependieran de ellas, no haríamos reformas”. Así se pronunciaban hace unos días fuentes del Gobierno sobre la protesta en tromba de amplios sectores de las carreras judicial y fiscal respecto a los cambios legales que promueve el Ejecutivo. El que más polvareda ha levantado, la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, se somete este jueves a su primer examen en el Congreso, donde los partidos de la coalición en el Gobierno y sus socios habituales tumbarán, previsiblemente, las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox.

El Supremo se sumó ayer a las críticas a esta reforma con un comunicado suscrito por unanimidad por la Sala de Gobierno: “El acceso a la judicatura no precisa de reformas especiales sino de medidas de apoyo, como las becas, para preparar el proceso selectivo”, señala el texto. Las becas, que en la reforma quedan blindadas por ley, son el único punto del anteproyecto de ley que apoyan todas las asociaciones. Sobre el resto, las críticas de las asociaciones más numerosas, que piden la retirada de la reforma legal, se extienden a todas las medidas claves del anteproyecto.

El Gobierno cree que las asociaciones están difundiendo “bulos” sobre la ley y ha pedido “rigor” a las asociaciones. “Muchos de los temores que están planteando son infundados”, señaló recientemente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras una comparecencia en el Senado. El ministro manifestó tener “la mano tendida” para seguir hablando con las asociaciones y “mejorar la ley en lo que sea necesario”.

Uno de los puntos que más resistencia está encontrando es la decisión de introducir en la oposición de acceso a ambas carreras una prueba escrita y el anonimato de los aspirantes, un formato que ya se aplica en el resto de oposiciones del ámbito jurídico y que el Gobierno defiende por la conveniencia de valorar, además de la capacidad memorística, la habilidad para expresar razonamientos jurídicos. Para las asociaciones más representativas, sin embargo, supone “un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales”.

Con todo, las dos medidas que más rechazo han concitado son las dos vías previstas por el Gobierno para incrementar el número de jueces: agilizar el acceso por el llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio) y extender esta figura a la carrera fiscal; y un proceso extraordinario de estabilización para con la situación de interinidad de cientos de jueces sustitutos.

Sobre la primera de estas medidas, el Gobierno alega que la ley vigente contempla que el 25% de los jueces (uno de cada cuatro) debe provenir del turno reservado a juristas con un mínimo de 15 años de ejercicio, pero, actualmente, de los más de 5.400 jueces que hay en España, solo el 7,2% ha accedido a la carrera por este camino. La decisión de reconocer a los que ingresen por esta vía cinco años de antigüedad a la hora de presentarse a nombramientos ha levantado ampollas entre los jueces más jóvenes, pese a que el Gobierno asegura que esta medida no afectará al escalafón de la carrera, determinante para decidir la mayoría de cambios de destino y ascensos.

Respecto al proceso de estabilización extraordinario para jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes, Justicia insiste en que acabar con la interinidad en la judicatura y la fiscalía —una situación en la que se encuentran 954 jueces y 331 fiscales— responde a dos apercibimientos de la Comisión Europea, en julio y en octubre de 2024. Según el anteproyecto de ley, la estabilización consistirá en un concurso-oposición al que se podrá presentar cualquier jurista con más de cinco años de experiencia. Las asociaciones judiciales contrarias a la ley, para las que esta medida “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales”, aseguran que impugnarán el proceso.

La regularización extraordinaria también responde al atasco que sufren los juzgados por falta de personal. Los jueces y fiscales sustitutos y los magistrados suplentes constituyen el 20% de la carrera judicial en España. Un comunicado remitido en diciembre por Justicia advertía de que su actuación en régimen de sustitución en el ámbito judicial “es continuada”, y no excepcional para reforzar los juzgados en momentos puntuales, que era su función inicial. En ese documento, el ministerio también aportó datos sobre su impacto: los sustitutos dictan el 21,9% de las sentencias civiles y el 22,4% de las sentencias penales de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y en los juzgados de lo social han dictado un 14,9% de las sentencias.

Para las asociaciones judiciales contrarias a la ley, este proceso extraordinario a la carrera judicial y fiscal “no solo constituye un agravio comparativo respecto a los opositores que superan un exigente proceso selectivo, sino que erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública, tal como recogen los artículos 23 y 103 de la Constitución Española”. Estos colectivos reclaman a Justicia que, en vez de ampliar la plantilla mediante jueces y fiscales sustitutos, se ponga en marcha una “amplísima convocatoria” de los turnos libre y cuarto turno, “que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones y mejorar la calidad y rapidez del servicio” judicial.

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El pronunciamiento de la Sala de Gobierno llega a menos de 24 horas del paro de 10 minutos convocado para este martes por todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, contra las dos reformas vinculadas a la justicia anunciadas por el Gobierno: la de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que contempla cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que prepara al Ministerio Fiscal para la ley que deja en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales.

La cúpula del Supremo se alinea con las palabras que pronunció la presidenta del órgano, Isabel Perelló, en enero pasado en el acto de entrega de despachos a la última promoción de jueces. “El vigente modelo de acceso a la carrera judicial garantiza la objetividad y la transparencia en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional para el ejercicio de la función jurisdiccional”, señala el acuerdo suscrito por toda la sala, que asume la “preocupación” mostrada en sectores de la carrera judicial por esa reforma legal: “No puede ser ajena al Tribunal Supremo la extendida inquietud que han creado pues tiene que ver con las condiciones de ejercicio de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sobre la que está llamado a pronunciarse en último término”.

El texto firmado por los 11 integrantes de la sala se remitirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la petición de que sea enviado desde allí al Gobierno y a las Cortes. La cúpula del alto tribunal coincide con el Ejecutivo en la necesidad de incrementar la plantilla de jueces, pero discrepa de la fórmula elegida. “La imprescindible creación sostenida de plazas para lograrlo no puede prescindir del rigor en la selección de los que vayan a cubrirlas [...] Esto es, que se resuelvan únicamente con arreglo a criterios de mérito y capacidad en condiciones de igualdad, como los ya existentes, acreditados por una larga experiencia”.

El Supremo reprocha también al Gobierno que no haya atendido a sus reiteradas demandas para “la mejora retributiva de sus letrados” y otras “actuaciones eficientes, que permitan superar las graves carencias y deficiencias” que padece, “desde las más elementales, incluida la conservación de su sede, hasta las relativas a la dotación de medios, avanzados y eficaces, en el plano tecnológico”. “Estas cuestiones, numerosas veces señaladas, vuelven a ignorarse en este contexto de innovación en el que la única previsión es la creación de un servicio común de tramitación, a atender, precisamente, con puestos de trabajo peor retribuidos que los de juzgados, audiencias y tribunales superiores de justicia que mantienen las Comunidades Autónomas”, señala el texto.

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El paso que ha dado ahora el juez Hurtado lleva la causa contra García Ortiz a una nueva fase, que, previsiblemente, desembocará en un juicio que se celebrará en los próximos meses en el Tribunal Supremo. Será la primera vez que se siente en el banquillo al fiscal general del Estado, salvo que presente su dimisión antes de esa fecha. Fuentes del ministerio público han señalado este lunes que el fiscal general reitera su inocencia y no va a dimitir: “Se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma”, señalan estas fuentes.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) prevé la suspensión de empleo y sueldo para los fiscales contra los se haya dictado auto de procesamiento (el equivalente al dictado por Hurtado), pero García Ortiz está fuera de la carrera mientras sea fiscal general (está en servicios especiales), por lo que, según fuentes fiscales, no se le aplica el Estatuto. Además, el auto dictado este lunes puede ser recurrido en reforma (ante el propio instructor) y en apelación (ante una sala del Supremo formada por tres magistrados). Si tras estos recursos, se mantiene la decisión de Hurtado y se dicta auto de apertura de juicio oral contra García Ortiz y la fiscal jefa provincial, se puede dar la paradoja de que el fiscal general tenga que suspender a su compañera de empleo y sueldo, en aplicación del Estatuto, mientras que él podría seguir en el cargo.

No obstante, la presión para que García Ortiz dimita va a ser enorme, tanto desde el PP y Vox, como de amplios sectores de las carreras judicial y fiscal. Para resistir, García Ortiz cuenta con la “confianza plena” del Ejecutivo, según ha recalcado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien, en el momento en el que el Supremo notificó el auto de Hurtado, estaba con el fiscal general y la presidenta del alto tribunal en un acto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Bolaños negó “rotundamente” que la Presidencia del Gobierno diera instrucciones al fiscal para filtrar el correo del abogado de la pareja de Ayuso y calificó a García Ortiz de “servidor ejemplar”. “Entre los fiscales y los defraudadores confesos, [el Gobierno] está con los fiscales que persiguen el delito”, ha advertido el ministro.

El Supremo abrió en octubre una causa por revelación de secretos al jefe del ministerio público por la supuesta filtración a los medios de comunicación de un correo electrónico remitido el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía por el abogado de González Amador, entonces imputado por fraude fiscal y ahora ya procesado. Junto a García Ortiz, la Sala Penal encausó también a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien, la noche del 13 de marzo de 2024, envió al fiscal general el correo del abogado, que desmentía el bulo que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña, según el cual era el ministerio público el que había intentado un acuerdo con González Amador.

Hurtado no ha conseguido recabar ninguna prueba que demuestre que fue García Ortiz quien hizo llegar el correo a los medios. El volcado del teléfono móvil de la fiscal provincial reveló que ella le envió ese mail a las 21.59 del 13 de marzo de 2024, pero en los mensajes cruzados entre ambos no había ninguno que apuntara a que ese correo luego se envió a algún medio de comunicación. El fiscal general, por su parte, ha borrado todo el contenido de su teléfono móvil, por lo que los investigadores no han podido acceder a sus comunicaciones de esa noche.

No obstante, el magistrado sostiene que ambos actuaron “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno [...] con la finalidad de ganar el relato” sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un pacto de conformidad penal. El instructor pone el foco en que, pese a la “escasa relevancia” de este extremo, la Fiscalía “entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales [...] para preparar una respuesta y dejar bien claro” que, a juicio de García Ortiz, el ministerio público no había ofrecido ningún acuerdo.

El instructor descarta los argumentos esgrimidos por la defensa del fiscal general desde aquellos días de marzo de 2024: García Ortiz reclamó los correos cruzados entre la Fiscalía y el abogado para hacer una nota de prensa y responder a la demanda de información de numerosos medios de comunicación tras el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso. El juez sostiene, sin embargo, que la finalidad de García Ortiz al reclamar los correos era “acabar facilitándolo a un medio, como la Cadena SER, para que le diera publicidad”. Y tanto el fiscal general como la fiscal provincial eran “conscientes”, según el instructor, de que se revelaría el contenido “confidencial” de ese correo de 2 de febrero de 2024.

El juez considera que el correo cuya filtración atribuye a García Ortiz contenía “información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad”. Tras la publicación de esta información (la Cadena SER habló por primera vez de ese correo a las 23.24 del 13 de marzo), según prosigue el auto, “con la documentación que ya tenía en sus manos”, García Ortiz “se puso en marcha para ir confeccionando” una nota de prensa donde se incorporaba información del referido correo, y, cuando el borrador estuvo tuvo terminado, se lo remitió a la fiscal jefa provincial.

Rldríguez, según el relato del juez, le dio el visto bueno “conocedora de su contenido [...], sin oposición alguna a su publicación, que apareció con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la que ella era jefa, sobre las 10:20 horas del día 14 de marzo de 2024”.

Filtración a La Moncloa

El magistrado incluso ha resucitado una posibilidad que parecía haber enterrado a lo largo de la instrucción por falta de pruebas: la convicción de que fue García Ortiz quien filtró el correo del abogado a La Moncloa. El auto sostiene que “desde la Fiscalía General del Estado”, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero de 2024, se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera, asesora del entonces jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Óscar López. Esta, según Hurtado, “hizo uso” del correo y dio instrucciones a Juan Lobato, entonces portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en contra de la presidenta madrileña.

El juez apuntó fuertemente a La Moncloa al inicio de la investigación, pero, tras interrogar como testigo a Sánchez Acera, descartó imputarla como pedían varias acusaciones. Hurtado recupera ahora esa parte del relato, aunque no concreta en qué indicios se basa ni sugiere la posibilidad de extender la investigación al entorno del Gobierno.

El instructor destaca que el correo de 2 de febrero “contenía información sensible [...] de un ciudadano” cuyo abogado había aportado con vistas a un posterior proceso penal. El magistrado rechaza que, como declaró ante él el fiscal que denunció a la pareja de Ayuso, Julián Salto, el contenido de los correos que intercambió con el letrado de González Amador no era secreto. Para el juez, eran “unas conversaciones privadas” entre su letrado y el fiscal encargado del caso “que llevan aparejado un deber de discreción, por razón del cual no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación”. Además –añade el juez-, la filtración del correo “pone en cuestión el prestigio” de la Fiscalía.

El concepto de “secreto”

La defensa de García Ortiz y de Rodríguez mantienen en sus escritos que, aunque se les atribuya a ellos una filtración que no se ha constatado, los hechos no pueden considerarse un delito de revelación de secretos porque varios periodistas han declarado ante el juez que conocieron el contenido del correo antes de que este llegara a García Ortiz. La jurisprudencia del Supremo, advierten los abogados de los investigados, establece que no puede ser secreto lo que ya ha sido difundido a los medios.

El magistrado, sin embargo, no comparte este planteamiento. Un secreto, asegura Hurtado, es “un concepto asociado a la intimidad personal, que goza, por lo tanto, de una protección constitucional, con lo que queda garantizado el derecho de su dueño, para que sea él, exclusivamente, el que libremente elija a quien transmite su propio mensaje, de manera que, si se trata de secretos de un particular, su guarda depende de la exclusiva voluntad del afectado, y su intimidad se verá violada si un tercero los sustrae irregularmente y en contra de su voluntad y los difunde, con el consiguiente perjuicio que ello lleva aparejado; por lo tanto, el secreto existirá mientras su dueño no le quiera dar publicidad, y el secreto seguirá siendo un secreto mientras no lo desvele, y, si otro lo revela, estará quebrantando la reserva inherente a ese secreto y, con ello violando un derecho a la intimidad personal”.

En el caso del mail del abogado de la pareja de Ayuso, lo determinante, según el juez, es “el contenido sensible y reservado de datos personales” expuestos en el texto “en un necesario ámbito de confidencialidad”. El secreto, según el instructor, era la admisión de dos delitos fiscales por parte de la pareja de Ayuso, una información que venía en el correo enviado por el abogado al fiscal del caso el 2 de febrero de 2024, pero no en el enviado por el fiscal al letrado el 12 de marzo. Por tanto, aunque el empresario había autorizado al jefe de gabinete de la presidenta madrileña a difundir entre los medios el contenido de este segundo mail, fue la filtración del primero la que desveló el “secreto”. “Lo cierto es que el contenido de éste, a diferencia del anterior, se filtró sin su autorización, pues el querellante lo que no consentía es que se divulgasen datos tan sensibles, afectantes a su intimidad, como los que había en este correo”.

El tipo de revelación de secretos que el juez atribuye a los dos fiscales investigados está recogido en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados. El juez menciona tanto el 417.1 (que prevé multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años, e incluso de cinco si la filtración causa “grave daño); como el 417.2 (que castiga la revelación de secretos de un particular y prevé penas de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años).

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El escrito presentado por la Abogacía se une a los registrados en los últimos días por algunas de las acusaciones y por la defensa de la otra investigada en el caso, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pidiendo al juez que de por cerrada la instrucción. Para la Abogacía, los casi ocho meses de investigación dirigidos por el magistrado Ángel Hurtado han servido para reunir “un conjunto de material probatorio de descargo” a favor del fiscal general.

El abogado del Estado apoya gran parte de su escrito en los testimonios presentados ante el juez por numerosos periodistas de distintos medios (EL PAÍS, la SER, elDiario.es, La Sexta y El Mundo), que coincidieron en que conocían los detalles del pacto antes de que García Ortiz recibiera, a las 21.59 del 13 de marzo de 2024, el correo remitido por el fiscal del caso al abogado del empresario. El escrito de la Abogacía recoge los mensajes de WhatsApp que este periódico ha aportado a la causa, que constatan que supo que la pareja de Ayuso estaba dispuesta a aceptar un pacto que implicaba reconocer sus delitos fiscales desde el mediodía del 12 de marzo.

La defensa recalca también que la querella presentada por la pareja de Ayuso contra el ministerio público omitió “deliberadamente datos relevantes” que implicarían que los hechos investigados no son constitutivos de delito. Entre estos datos obviados, la Abogacía asegura que el propio González Amador ya había divulgado los detalles del pacto entre “personas del entorno político de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, en referencia al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a quien el empresario envió un correo electrónico remitido por el fiscal del caso a su abogado.

La querella, advierte la defensa de García Ortiz, también obvió que el abogado de González Amador envió el correo cuya filtración se investiga a la Abogacía del Estado, lo que abre la puerta a que se filtrara por otra vía; y que la pareja de Ayuso habló con el periodista de El Mundo que firmó la noticia lanzada por este medio la noche del 13 de marzo de 2024 y en la que, por primera vez, se hacía referencia a una negociación entre el ministerio público y el abogado de González Amador. El abogado del Estado considera que estas omisiones “obedecen a una estrategia procesal cuidadosamente dirigida a presentar una versión deformada de los hechos” para “desplazar artificialmente la sospecha” hacia García Ortiz.

La defensa pone el foco también sobre otros aspectos revelados a lo largo de la instrucción y que, en su opinión, suman argumentos en contra de la tesis de la acusación, como el hecho de que el correo que envió la fiscal provincial al fiscal general llevara como documento adjunto un archivo en formato PDF titulado “Propuesta de conformidad penal” que no se publicó en ningún medio, a pesar de que contenían información de enorme relevancia mediática. “Tal circunstancia revela de forma clara que dicho archivo no se encontraba en poder de los periodistas que difundieron la información en ese momento”, afirma la Abogacía, que destaca también el hecho de que el correo que recibió García Ortiz tuviera un formato, tipografía y distribución de párrafos distintos al que se publicó en prensa.

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Alvise estaba citado como presunto autor de un delito de falsedad en documento privado y otro de injurias. Es la primera vez que el agitador ultra acude al Supremo, pero, salvo que cambie de estrategia, no será la última. El próximo 19 de junio está citado de nuevo por un delito de acoso a la fiscal delegada contra los delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert, y tiene abierta una tercera investigación por la supuesta financiación irregular de su agrupación electoral. En esta última, está investigado por presuntos delitos de financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.

En la causa por la que ha declarado este viernes el juez ya inició el pasado 7 de mayo los trámites ante el Parlamento Europeo para que se levante la inmunidad que Alvise tiene en su condición de eurodiputado. No obstante, el magistrado le planteó en el mismo auto la posibilidad de acudir al Supremo a declarar voluntariamente por estos hechos y el eurodiputado se acogió a ella. Ha llegado al Supremo vestido con traje oscuro, acompañado de su abogado e increpando a los numerosos medios de comunicación que le esperaban en la puerta, lo mismo que ha hecho a su salida.

La causa sobre el bulo contra Illa abierta por el Supremo se abrió en el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona a partir de una querella de la Fiscalía, que atribuyó al agitador de ultraderecha los delitos de falsedad documental e injurias por difundir en redes sociales una PCR positiva de Illa que era falsa durante las elecciones catalanas de 2021. La foto del falso positivo, fechada el 6 de febrero de aquel año y tomada, supuestamente, en la clínica QuirónSalud, fue “íntegramente” confeccionada por Alvise, según la Fiscalía.

De hecho, el propio centro hospitalario aclaró que el resultado de la prueba publicado era falso y que no había emitido ni ese ni ningún otro informe diagnóstico con el número que figurara en la PCR atribuida a Illa. En opinión de la Fiscalía, la publicación de este documento falso “por un medio masivo como Twitter [actualmente X], que permitía su visionado y redistribución indiscriminada”, fue llevada a cabo por el denunciado en campaña electoral “con el propósito de perjudicar a Salvador Illa en sus legítimas expectativas como candidato a la Presidencia de la Generalitat”.

“Era un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales de una causa de hace casi media década”, ha alegado Alvise, según ha explicado a las puertas del tribunal. “He dado las oportunas explicaciones de que no había ningún elemento de mala fe o de injuria hacia el señor Illa”, ha añadido.

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“Los servicios jurídicos están analizando la nueva resolución para darle cumplimiento en tiempo y forma”, ha afirmado Migraciones en un comunicado en el que defiende que cumplir con la orden del Supremo requiere acondicionar centros que están pensados para adultos y que eso requiere plazos “objetivos” para su materialización.

La decisión del Supremo llega después de que la semana pasada el Gobierno reconociera en el alto tribunal que todavía no solo no había acogido a ningún menor solicitante de asilo en Canarias —a pesar de que los magistrados le dieran en marzo un plazo de 10 días para hacerlo—, sino que tampoco había evaluado las circunstancias de ninguno de ellos como primer paso para acatar la orden. Los magistrados además reprochan los retrasos para formalizar las solicitudes de asilo de los chicos, un trámite que se dilata hasta un año y que repercute negativamente en todo el proceso. “La Administración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes”, se lee en el auto.

El pasado 29 de mayo, en una vista pública presidida por el expresidente del Supremo, Carlos Lesmes, los representantes de la Administración del Estado alegaron que estaban a la espera de que el Ejecutivo de Fernando Clavijo aporte documentación, un extremo que el Gobierno canario niega. La Abogacía del Estado también aseguró que no hay recursos específicos para acoger a estos menores, y que solo puede disponer de forma inmediata de 45 plazas, aunque se está preparando a marchas forzadas otras 150 para intentar cumplir la orden del Supremo.

Al Supremo no le han convencido ninguna de esas explicaciones y da por constatado el “claro incumplimiento” de la orden que dio hace ya más de dos meses. El tribunal reprocha al Gobierno que sus movimientos para cumplir con su cometido (un protocolo de colaboración y una solicitud de información) se ejecutaron “solo en los días inmediatamente anteriores” antes de la vista del pasado 29 de mayo.

El tribunal insiste en que es el Ejecutivo central el que tiene que hacerse cargo de esos menores y, para evitar que siga dilatando el cumplimiento de su orden, le impone un calendario y unas medidas destinadas a agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo de los menores no acompañados y su acceso al sistema de acogida internacional. El Supremo, además,pide nombres y apellidos de los responsables ministeriales de cumplir con las medidas. Y apunta directamente a la posibilidad de actuar contra los ministros con competencia en la materia: Elma Saiz, en Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Fernando Grande-Marlaska, en el caso de Interior. Las medidas coercitivas consistirán en multas de hasta 1.500 euros o deducción de testimonio (denuncia ante un juzgado penal) para exigir responsabilidades.

Los magistrados dan 30 días al Ejecutivo central para dotar a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de las solicitudes de protección internacional “de los medios personales y materiales necesarios” para que sean formalizadas, tramitadas y resueltas “en un plazo razonable, sin que pueda transcurrir más de seis días entre la manifestación de la voluntad de solicitar la protección internacional y la formalización de la solicitud”. Además, exige que “en el plazo improrrogable de 15 días” se articule “en la forma que resulte más eficaz” la colaboración con el Gobierno canario.

El auto del Supremo se ha conocido un par de horas antes de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, participase en un evento sobre infancia migrante, junto al Secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez. Clavijo ha celebrado el auto, pero ha lamentado el tiempo transcurrido. “Tener que acudir a los tribunales (…) da la satisfacción de que efectivamente teníamos razón, pero también el amargor de que durante dos años muchos niños y niñas que han viajado solos, que tenían derecho a unas condiciones por su condición de refugiados, se les han vulnerado sus derechos”. El presidente canario lanzó además un dardo contra Interior y Migraciones: “No todo el mundo en el Gobierno de España ha entendido la situación. Determinados ministerios no han actuado con diligencia”.

Pérez, por su parte, defendió que el Ejecutivo cumplirá la orden judicial, tras advertir que en su ministerio siempre fueron partidarios de acelerar las medidas que ahora exige el Supremo. “Las administraciones públicas tenemos el deber de colaborar en cuestiones que muchas veces trasciende el debate de las competencias”, afirmó.

Está por ver ahora las medidas y la rapidez con la que actúan los ministerios implicados. Aunque ahora lo pone de manifiesto un auto del alto tribunal, hace tiempo que la cuestión de los menores que solicitan asilo es motivo de preocupación, especialmente ante el hacinamiento que sufren en los centros de las islas. En sus recomendaciones al respecto, el Defensor del Pueblo ya sugirió a Migraciones que habilitase un centro de recepción con los moldes de los que se abrieron para recibir a niños y adultos ucranianos para formalizar sus solicitudes e identificar las necesidades particulares de acogida para su derivación al recurso de acogida más adecuado.

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El juez Hurtado ha resuelto este jueves los últimos recursos presentados por las acusaciones y las partes dan por hecho que la decisión final del instructor está próxima. La petición de González Amador para que se procese a García Ortiz y Rodríguez se suma a la de otras acusaciones personadas en la causa, que habían reclamado ya en las últimas semanas a Hurtado que dé por cerrada la investigación y proponga juzgar a los dos fiscales.

El abogado de la pareja de Ayuso sostiene que, a lo largo de la investigación, se han acumulado indicios suficientes para procesar a los dos fiscales por revelación de secretos e incluso por el tipo continuado de dicho delito, al considerar que “las revelaciones se extendieron entre el día 7 y el día 14 de marzo de 2024″. González Amador acusa a García Ortiz y Rodríguez de no tratarle como a un “ciudadano anónimo” sino como a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que supuso que su expediente tributario, incluida la denuncia presentada contra él por la Fiscalía, y los correos intercambiados entre él y su abogado acabaran en manos de los medios de comunicación.

El empresario considera “completamente anormal” la dación de cuentas activada por la Fiscalía, un proceso regulado y habitual que supone que los fiscales que conozcan de casos de relevancia pública tienen que ponerlo en conocimiento de sus superiores. El reproche de González Amador a la Fiscalía por no tratarle como a un ciudadano “anónimo” choca con la conclusión a la que llegó recientemente la Sala Civil del Supremo al desestimar la denuncia presentada por la pareja de Ayuso contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por vulneración de derecho al honor. En el auto por el que notificaron su decisión, los magistrados advertían de que González Amador “no es un personaje público” como puede serlo un político, pero sí es “una persona con notoriedad pública” por ser pareja de la presidenta madrileña.

La defensa del empresario da por hecho que García Ortiz y Rodríguez son los responsables de filtrar toda la documentación sobre él, incluido el correo enviado por su abogado a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024 en el que el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía un pacto para evitar que entrar en la cárcel. Ese mail, que es el centro de la investigación y se filtró la noche del 13 de marzo, desmentía la versión tergiversada que estaba dando el jefe de gabinete de Ayuso, según la cual era el ministerio público el que había buscado un acuerdo con la pareja de la presidenta.

El escrito presentado por la defensa de González Amador obvia algunos contraindicios que han ido surgiendo a lo largo de la instrucción, como que Neira envió el correo del 2 de febrero a una cuenta genérica de la fiscalía de delito económicos y se lo reenvió a la Abogacía del Estado, lo que abre la puerta a que haya más filtradores; o que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, enviara a decenas periodistas un mensaje en el que informaba de la falsa propuesta de pacto de la Fiscalía a la pareja de Ayuso, una noticia que fue publicada por El Mundo a las 21.29 del 13 de marzo. La demanda de información de los medios de comunicación al ministerio público para que les confirmara esa información fue lo que llevó a la Fiscalía General a movilizarse para conocer cómo había sido la negociación y desmentir la versión del jefe de gabinete.

“No hay secreto”

La noticia publicada por El Mundo es clave en la petición de archivo que ha presentado ahora en el Supremo el abogado de la fiscal jefa provincial de Madrid, como también lo es la noticia lanzada por la Cadena SER dos horas más tarde, donde por primera vez se aludía a la existencia del correo del 2 de febrero enviado por el abogado. “La publicación de El Mundo ponía el foco en que la oferta habría surgido de la Fiscalía y la de la Cadena SER corregía ese enfoque para afirmar que previamente había habido una propuesta del letrado”, advierte el escrito registrado por el abogado Daniel Campos, para quien “la confidencialidad de las comunicaciones —que nunca debieron trascender— entre profesionales ya se había infringido con la primera publicación que ya recogía el contenido del correo del Ministerio Fiscal al letrado”.

“Para que algo sea considerado secreto debe ser confidencial, no accesible a los demás. Por tanto no puede considerarse secreto lo que ya ha sido divulgado, y una vez que se ha hecho público, la protección penal contra revelaciones indebidas debe decaer”, recalca la defensa de Rodríguez. No obstante, al margen de sostener que no hubo delito porque no se reveló nada secreto, el abogado reclama también el sobreseimiento para su cliente porque esta, asegura, se limitó a cumplir con las órdenes que le daba García Ortiz, que fue quien reclamó todos los correos intercambiados entre el ministerio púbico y el abogado de la pareja de Ayuso para poder elaborar una nota de prensa aclarando los hechos.

“Resulta inconcebible para cualquier Fiscal que ha sido requerido para informar sobre un asunto que pregunte al Fiscal General por qué o para qué se lo pide”, señala el letrado, quien recalca que la actuación de la fiscal provincial, “resulta una obligación estatutaria que de no hacerse puede derivar en sanciones”.

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La versión de Neira desmiente en parte la que dio González Amador en el Supremo cuatro días antes, cuando declaró como testigo y aseguró que él y Neira solo hablaron de la posibilidad de alcanzar un pacto durante una reunión en octubre del año 2023. En ese encuentro, según la pareja de Ayuso, el letrado le explicó que había dos alternativas: defenderse en los tribunales o buscar un acuerdo con la Fiscalía. El empresario aseguró que le pidió a Neira que hiciera lo mejor para que el asunto se resolviera rápido y de forma discreta para no perjudicar a su pareja, pero no se decantó por ninguna opción y lo dejó “abierto” a lo que considerara el abogado.

Neira, según su declaración en el Supremo, le recomendó a González Amador que, para lograr ese objetivo de “causar el menor daño posible” a la presidenta madrileña, lo mejor era buscar un pacto. Y le explicó con detalle lo que suponía: “Hay que acordar unos hechos [...] lógicamente una conformidad supone una condena”, le dijo el abogado, según su propio testimonio. “Él me dice que entiende lo que es una conformidad y que adelante, que ya lo deja en mis manos”, apuntó Neira, quien explicó al juez que “con ese mandato” de su cliente envió el 2 de febrero el correo a la fiscalía de delitos económicos en el que proponía un pacto y admitía que González Amador había cometido dos delitos fiscales.

Neira sí que respaldó la versión de González Amador respecto a que este no participó en la redacción de ese mail ni le mandó una copia una vez enviado. “Yo elegí el contenido que consideré en ese momento teniendo en cuenta el encargo de mi cliente”, señaló el letrado. “A mi cliente no se lo envié, eso es cierto, no tenía conocimiento de que yo había puesto en marcha los trámites para la conformidad penal que él me había autorizado”. El abogado confirmó también que envió el correo a un abogado del Estado con la intención de “agilizar lo máximo posible la tramitación de esa conformidad penal”.

Unos días después, el 12 de febrero, Neira recibió un correo del fiscal Julián Salto, que le informaba de que le habían asignado el caso y que tomaba nota de su propuesta de conformidad. El abogado, según explicó en el Supremo, se lo contó a González Amador. Neira y el fiscal volvieron a hablar del tema tres días después, cuando coincidieron para cerrar otro pacto de conformidad en los juzgados de Plaza de Castilla.

A preguntas del juez, el abogado ratificó también la versión de la pareja de Ayuso respecto a que, cuando el correo se filtró a los medios el 14 de marzo, González Amador se mostró “perplejo”. Neira le recordó entonces que ya le había explicado en su momento lo que implicaba una conformidad y que él redactó el mail en respuesta a lo que ambos habían pactado unos días antes.

Neira aseguró que le enseñó a González Amador su cruce de correos con la Fiscalía cuando estaban elaborando la querella presentada por la pareja de Ayuso contra el ministerio público, de la que derivó la investigación contra el fiscal general. Pero, según el letrado, él no participó en esa querella, en la que se omitieron aspectos que la defensa de García Ortiz considera relevantes.

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González Pano dirigía junto a su madre, Carmen Pano, Have Got Time, la empresa comercializadora de hidrocarburos al por mayor que compró, supuestamente bajo disposición de Aldama, el chalé de La Línea de la Concepción (Cádiz) para que lo disfrutara el exministro de Transportes. La empresaria ya declaró como testigo en febrero pasado, pero el juez la ha citado de nuevo por unas declaraciones que hizo en 2024 ante un periodista de El Español sobre un supuesto pago por el rescate de Air Europa que habría ido a parar a Ábalos.

El juez accedió a la petición que habían hecho tanto la defensa del exministro como las acusaciones particulares. El propósito de la declaración, señaló el juez en la resolución por la que le citó, era “conocer de su propia boca” si hizo esas declaraciones y si las sostenía en el Supremo, donde al ser citada como testigo estaba obligada a decir la verdad.

Pero, para sorpresa del propio juez, según fuentes del caso, González Pano ha asegurado que Aldama le contó que él y Koldo García fueron a casa de Hidalgo en Puerta de Hierro (Madrid) y este les dio 500.000 euros en efectivo en una bolsa de deportes. Sin embargo, cuando las acusaciones y el instructor estaban dando por hecho que el relato de Aldama incluía, como se publicó en esa información, que el dinero era para Ábalos, la empresaria ha advertido que ella nunca ha dicho eso. “No lo sé para qué era la bolsa”, a asegurado González Pano, según fuentes del caso presentes en la declaración.

—¿El señor de Aldama le contó para quién era la bolsa? —ha preguntado el juez, según estas fuentes.

—No. —ha contestado ella.

—¿Y usted no lo sabe por ningún otro conducto?

—No.

González Pano ha recalcado que ella es testigo de referencia, es decir, no presenció ni tiene pruebas directas del supuesto pago de Hidalgo a Aldama y Koldo García, sino que, según ha asegurado, se lo contó en 2020 el principal cabecilla de la trama corrupta que tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes. En ese momento, González Pano y Aldama eran pareja. Ambos, además, fueron socios en el supuesto fraude en el IVA de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional.

Por otra parte, el juez Puente ha rechazado conceder a Aldama permiso para viajar este domingo durante 24 horas a Portugal. El instructor, quien decretó como medida cautelar la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España para el empresario, considera que la petición de Aldama es “genérica” y no demuestra ningún motivo “de urgencia y/o necesidad” que justifique salir del país. Alama había alegado motivos profesionales, pero el instructor advierte que no los ha explicado suficientemente.

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El aumento del número de jueces y fiscales es fruto de un pacto entre el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes del Gobierno destacan que, con esta ampliación, se prevé un incremento cercano al 50% en el número de jueces especializados en violencia sobre la mujer en España (actualmente hay 116 juzgados especializados).

El Gobierno ya anunció hace semanas la creación de medio centenar de nuevos juzgados de violencia sobre la mujer. Sin embargo, el plan inicialmente previsto contemplaba un número menor de nuevas plazas y suplir las necesidades convirtiendo juzgados de instrucción en juzgados especializados en violencia sobre la mujer. Finalmente, tras la negociación abierta con el CGPJ, se ha optado por incrementar la creación de juzgados y reducir los que se transforman, de forma que, de las 50 nuevas plazas que se aprueban este martes, 42 son de nueva creación y solo ocho se convierten de juzgado de instrucción a juzgado de violencia. Cada nueva plaza de juez irá, además, acompañada de la creación de una plaza de fiscal especializado.

Un estudio encargado por el CGPJ cifró en el 12,9% el incremento medio de carga de trabajo para los juzgados de violencia que va a suponer la entrada en vigor de la nueva ley. Distribuido por Comunidades y por partido judicial, el impacto de se mueve en una horquilla que va desde un máximo del 20% a un mínimo del 2,79, dependiendo de las características de cada territorio y los medios de los que dispone.

El incremento más notable de asuntos se prevé en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Cataluña y Baleares, donde la estimación del aumento de la carga de trabajo del CGPJ es del 20,25% y del 19,60%, respectivamente. Les siguen Murcia (18,3%), Galicia (18,27%), La Rioja (17,36%), Navarra (17,19%), Castilla y León (17,17%), Cantabria (15,23%), Castilla-La Mancha (14,58%), Madrid (14,36%), Asturias (14,13%), Canarias (13,55%) y Extremadura (12,08%). Por último, Comunidad Valenciana (8,04%), Andalucía (7,32%), Aragón (4,23%) y País Vasco (2,79%).

El Gobierno se ha guiado de este estudio, elaborado por el Servicio de Estadística del CGPJ, para decidir la distribución por comunidades de las plazas que se crean, teniendo en cuenta la población y el número actual de juzgados de cada territorio: en Andalucía se crearán 10 nuevas plazas; seis en Madrid; cinco en la Comunidad Valenciana; cuatro en Cataluña, Galicia y Canarias; tres en Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura; dos en Murcia y Castilla y León; y una en Aragón, Asturias, Cantabria y Euskadi.

El real decreto incluye también la creación de Secciones especializadas en Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia en tres partidos judiciales específicos: Madrid, Barcelona y Málaga.

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Los cuatro redactores que han comparecido este viernes son el subdirector José Manuel Romero; el redactor jefe de la sección de Madrid, Luis Gómez; la jefa de esta sección, Berta Ferrero; y el redactor Fernando Peinado. El juez Ángel Hurtado les ha citado, a petición de la Abogacía del Estado, después de que los periodistas entregaran a un notario los whatsapp que se cruzaron a raíz de que elDiario.es publicara el 12 de marzo de 2024 que la Fiscalía había denunciado a la pareja de Ayuso por fraude fiscal.

Durante la declaración, Romero ha ofrecido entregar también los mensajes que intercambió la tarde del 13 de marzo con el redactor que cubre la información política de la Comunidad de Madrid, que estaba en comunicación con el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para intentar confirmar la información que EL PAÍS tenía por fuentes de la Fiscalía Superior. Esos mensajes constatan que la propuesta de pacto del abogado al ministerio público no era ya un secreto cuando García Ortiz recibió, la noche del 13 de marzo, el correo electrónico cuya filtración se investiga.

Según fuentes del caso, el subdirector de EL PAÍS ha explicado ante el juez que a las 13.30 del 12 de marzo contactó con un trabajador de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid para contrastar el mensaje que la presidenta madrileña había publicado en la red social X en el que denunciaba que la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, responsable del departamento que había presentado la querella contra su pareja, había sido antes directora general en el Ministerio de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Su interlocutor en la Fiscalía le explicó que la denuncia contra González Amador no podía interpretarse como una persecución política contra la pareja de la presidenta madrileña hasta el punto de que el abogado Neira había admitido los delitos de su cliente y mostrado su disposición a pagar una multa para reducir la pena de prisión que podía pedir la Fiscalía. Esa fuente le facilitó, además, el nombre del abogado Neira, que hasta entonces no se había publicado.

Esa información desencadenó minutos después el trabajo de otros periodistas de la sección de Madrid para intentar confirmar con el letrado que estaba negociando un pacto. De todo ello queda constancia en los mensajes intercambiados entre los redactores, que se han incorporado a la causa a través de un acta notarial. En uno de esos mensajes, Ferrero le escribió a Peinado: “Me dice Romero que busques el teléfono de Carlos Neira, que por lo visto es el abogado de la pareja de Ayuso. Que por lo visto se ha personado esta mañana diciendo que va a pagar, es decir, el reconocimiento del delito”. El redactor intentó localizar al letrado por teléfono, correo y whatsapp, pero no hubo respuesta y el periódico no publicó la noticia.

Al día siguiente, la tarde del 13 de marzo, El Español publicó que González Amador había pagado los 350.000 euros que debía a Hacienda, y Romero, según ha contado al juez, le pidió al periodista que cubre la información política de Madrid que confirmara esa información con el jefe de gabinete de Ayuso.

Miguel Ángel Rodríguez le dice a este redactor pasadas las 19.30 que la Fiscalía había propuesto un pacto a la defensa de González Amador, una información que El Mundo publicó a las 21.29. Esta versión contradecía la que tenía hasta ese momento EL PAÍS, por lo que Romero, según ha contado ante el juez, intentó confirmarla con el jefe de prensa de la Fiscalía del TSJ, pero este le dijo que él no podía ratificarlo ni desmentirlo. El subdirector llamó después a la jefa de prensa de la Fiscalía General, que también dijo que no lo podía confirmar pero que se iba a preparar una nota de prensa aclarando la situación.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al subdirector que presente los mensajes intercambiados con el redactor de Madrid, que constatarían que el periódico conocía que era el abogado de González Amador el que había ofrecido a la Fiscalía admitir los delitos y pagar una multa. El juez, según fuentes del caso, ha ofrecido al subdirector entregar copia de esas conversaciones en el tribunal y Romero ha contestado que lo hará.

A preguntas del instructor, Romero ha explicado que se han entregado los mensajes del día 12 de marzo a un notario después de que la Abogacía del Estado lo reclamara a la dirección de EL PAÍS. El subdirector ha recordado que el periódico publicó los mensajes en enero pasado y la Abogacía pidió que se aportaran a la causa, pero ni el juez ni la Sala de Apelación accedieron a ello en ese momento.

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En una vista pública presidida por el expresidente del alto tribunal Carlos Lesmes, los representantes de la Administración del Estado han alegado que no se ha evaluado todavía a ningún menor porque se está a la espera de que Canarias aporte documentación, un extremo que el Gobierno canario niega. El Gobierno central también asegura que no hay recursos específicos para acoger a estos menores, y que solo puede disponer de forma inmediata de 45 plazas, aunque se está preparando a marchas forzadas otras 150 para intentar cumplir la orden del Supremo.

La representante del Gobierno de Canarias ha advertido al final de la vista: “Ha quedado claro que no ha cambiado absolutamente nada desde que se dictó auto”.

Los Ejecutivos central y el canario han rendido cuentas ante siete magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los pasos que se han dado para cumplir el auto del tribunal, que dio 10 días al Gobierno para dar acceso en el sistema de acogida de protección internacional a unos 1.200 menores no acompañados que pidieron asilo o tenían la intención de hacerlo y que viven hacinados en los centros de protección de las islas.

Las discrepancias entre ambas administraciones se han puesto de manifiesto dos meses después a lo largo de las casi tres horas que ha durado la vista. En el encuentro se han culpado mutuamente de la situación y ni siquiera se han puesto de acuerdo para cifrar el número total de menores no acompañados solicitantes de asilo que hay actualmente en Canarias.

Según el Gobierno de Fernando Clavijo, antes del auto del Supremo había 1.008 menores, pero esta cifra se ha incrementado desde entonces a 1.221. El Gobierno, en cambio, asegura que solo 762 han formalizado su petición, es decir, que han superado todas las etapas de la solicitud.

Todos esos niños y adolescentes se encuentran ahora en centros de protección de menores de las islas, pero, según el Supremo, tendrían que estar acogidos en el sistema estatal de acogida de solicitantes de asilo dada la situación de hacinamiento actual. El Ejecutivo, aunque manifiesta su voluntad de colaborar, se enroca en que no es su competencia y ha llevado a la vista a cinco testigos (cuatro altos cargos y una representante de la ONG Accem), para respaldar su posición.

“Hasta la fecha, los criterios de admisión están establecidos y solo admitimos a mayores o menores acompañados por sus familiares o tutores”, ha explicado Amapola Velasco, directora general del Sistema de Acogida de Protección Internacional, quien ha recalcado que ningún centro de la red estatal de acogida cuenta ahora con los recursos necesarios para atender a menores no acompañados, como presencia de personal 24 horas o estancias separadas para adultos y niños.

Los representantes del Estado han sostenido también que los menores no acompañados solicitantes de asilo no cumplen uno de los requisitos esenciales para acceder al sistema de acogida estatal, que es no tener cubiertas sus necesidades básicas. Juan Luis Valterra, subdirector general de planificación y evaluación del sistema de acogida internacional, ha esgrimido que estos menores, al estar en centros de protección de la comunidad, tienen todas sus necesidades cubiertas. “No nos habíamos encontrado con esta situación, pero mi criterio es que la normativa de acogida obliga a dar acogida a los menores de una forma específica, a través de los servicios que se proveen en las comunidades autónomas”, ha asegurado Valterra.

―¿Considera que hay alguna norma que prohíba acceder al sistema de protección internacional de los menores no acompañados?, ha preguntado Lesmes a este alto cargo

―No, ha contestado Valterra.

El magistrado también ha preguntado a Octavio Rivera, director general de protección internacional, qué ha hecho el Gobierno por acelerar los trámites para que los menores no acompañados puedan formalizar la solicitud de asilo tras haber manifestado su voluntad de pedir protección internacional. “Es que no considero como problema que una persona haya presentado su voluntad y no haya formalizado la solicitud, porque la voluntad es per se una garantía para esas personas. Esa separación en dos fases no es un problema, sino una mejora del procedimiento", ha sostenido Rivera, obviando que la mayoría de los derechos de los solicitantes solo se garantizan tras la formalización.

El Gobierno alega que lleva desde enero requiriendo a Canarias documentación (información específica sobre sus vulnerabilidades, tratamientos médicos, informes psicosociales...) sobre los 762 menores no acompañados a los que, según sus cifras, tienen que acoger en cumplimiento del auto del Supremo, y no le han contestado. Esa petición específica de información, sin embargo, fue registrada hace tan solo seis días y recibida este jueves, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La abogada del Gobierno canario ha asegurado además, que esa documentación ya obra en poder del Ejecutivo central porque estos chicos han solicitado asilo.

Lesmes ha preguntado a los representantes del Gobierno por la coordinación entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el de Interior, que es el competente para resolver las peticiones de protección internacional, y las respuestas de los altos cargos han dado a entender que es escasa.

La Abogacía del Estado ha esgrimido el protocolo de actuación que envió a Canarias este jueves, un documento contra el que la letrada representante de Canarias, Aridia Díaz, ha cargado duramente. “Es un protocolo unilateral que se registró ayer [este miércoles] a última hora y que se remite a un calendario que se prevé que se apruebe no antes del 30 septiembre 2025″, ha asegurado la abogada.

Díaz se ha quejado también de que el borrador de ese protocolo establece que la acogida de los menores se hará “por una u otra administración en aplicación del auto”, pese a que el auto no dice eso; y de que el Gobierno ha puesto plazo solo para los trámites que debe cumplir Canarias, pero no para los suyos. “Lo que se traslada es [la intención de] dilatar los tiempos de ejecución, no de atender auto”, ha señalado la abogada canaria, antes de concluir: “Entendemos que queda acreditado que el auto no ha sido cumplido”.

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Según el relato de González Amador, recogido en la transcripción de su declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, él se cogió “un cabreo monumental” con su abogado por haber escrito ese mail, a lo que el letrado contestó: “Te dije que había diferentes caminos y si tomábamos el camino de la conformidad yo te expliqué que una de las directrices que hay dentro de la Fiscalía es que hay que reconocer los delitos, aunque se sea inocente, es un criterio indispensable [..] por eso mi correo va en ese sentido y con esa información”.

Las afirmaciones de González Amador confirman lo declarado por el abogado este martes ante el magistrado Ángel Hurtado, que investiga al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración del correo electrónico enviado por Neira a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024. El letrado admitió que no le envió ni le dio cuenta del correo electrónico remitido al ministerio público y que centra la investigación, pero aseguró que le explicó a su cliente las consecuencias de un acuerdo con la Fiscalía.

Sin embargo, el propio González Amador, según recoge el acta de la declaración, repitió hasta en tres ocasiones que, cuando se filtró ese mail y él le reprochó a su abogado su contenido, Neira le recordó que ya le había explicado que para llegar a un acuerdo había que reconocer el delito. “Alberto, si tirábamos por el camino de la conformidad recuerda que te comenté que tendrías que reconocer los hechos. [...] Es rápido. Vas a un juicio penal, ratificas y te marchas. Pasas desapercibido”, le dijo el abogado, según el relato del empresario.

Durante su declaración, González Amador admite también que su prioridad era que su caso no salpicara a su pareja, y se queja de que se le ha utilizado “de ariete” contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Hay más noticias mías que de la guerra de Ucrania”, se lamenta ante el juez. El empresario reconoce que su letrado le recalcó que, para su objetivo de buscar una solución discreta y rápida, lo mejor era el pacto con el fiscal, pero descarga la decisión final en el letrado.

 “Yo a lo que estaba abierto es a que mi abogado tomara la opción. Yo no soy jurista. [Me dijo] una conformidad puede pasar desapercibida, Alberto González es un nombre muy general, nadie sabe quién eres”, contó el empresario reproduciendo la conversación con Neira. Esta versión difiere de la del abogado, quien aseguró que él ofreció a su cliente las dos opciones posibles: defenderse en los tribunales o buscar un pacto con el fiscal, y que, tras explicarle las consecuencias de cada una, el empresario optó por la segunda.

Cliente y abogado discrepan también respecto a cómo el letrado fue informando a González Amador a lo largo del proceso. El empresario afirmó que contactó con el letrado tras recibir, en septiembre de 2023, una liquidación tributaria vinculada a delito, lo que implica la judicialización de la investigación de Hacienda que él sabía que tenía abierta desde hacía más de un año.

Durante su declaración, la pareja de Ayuso solo menciona una reunión con Neira en octubre de ese año, donde se sientan para estudiar la situación. Según aseguró, él dejó el caso en manos del letrado y ya no volvió a saber prácticamente nada hasta el 12 de marzo de 2024, cuando el Diario.es publica la denuncia de la Fiscalía contra González Amador. De que su abogado había propuesto un pacto se enteró, según aseguró, dos días después, cuando se filtra el correo de Neira.

El letrado, sin embargo, explicó en el Supremo que había ido informando periódicamente a su cliente de los pasos que iba dando, y, específicamente, citó una reunión mantenida el 30 de enero de 2024, donde le explicó que iba a proponer un pacto a la Fiscalía que implicaba admitir dos delitos fiscales y pagar una multa para reducir la pena de prisión. De esa reunión, omitida por la pareja de Ayuso durante su declaración, salieron, según Neira, los términos del correo electrónico que el abogado mandó a la Fiscalía tres días después, el 2 de febrero.

“Rápido y sin ruido”

Amador dijo en distintos momentos de su declaración que la exposición pública le ha hecho un gran daño emocional y económico. Aseguró que ha perdido contratos por culpa de la cobertura mediática y contó que su idea era que nunca se hubiese sabido nada. “Rápido y sin ruido”, era la consigna que le dijo a Neira. Según la declaración, sufrió un mazazo emocional en la tarde del lunes 11 de marzo, cuando un periodista de elDiario.es le avisó de que al día siguiente publicarían que la Fiscalía le iba a denunciar por fraude fiscal.

También reveló que se coordinó desde bien temprano con Miguel Ángel Rodríguez, alias MÁR, jefe de gabinete de Ayuso, quien ha sido criticado por volcarse en la defensa de González Amador. El empresario se refiere a él como “Miguel Ángel”. El empresario le informó en mayo de 2022, cuando Hacienda le notificó el inicio de la inspección. Recordó que fue en torno a la final de la Champions que ganó el Real Madrid al Liverpool, el 28 de mayo.

−Yo solo le dije ‘oye me ha pasado esto y fue cuando él me dijo... ‘bueno, esto le cae a todo el mundo, no será por ella, no...’ Ya está. Y esa fue la primera vez que vio el informe.

También se comunicó con MÁR en la mañana del 12 de marzo, cuando estalló la noticia de la denuncia de la Fiscalía contra él, y al día siguiente, cuando le da permiso para filtrar a la prensa un WhatsApp con el correo del 12 de marzo y consiente que lo entreviste un periodista de El Mundo.

González Amador también dio algún detalle sobre esa etapa en que fue investigado por Hacienda (mayo de 2022-enero de 2024), antes de que la Fiscalía tomara las riendas. Aseguró que fue consciente de que el caso acabaría ante un juez en septiembre de 2023, cuando la inspectora de la Agencia Tributaria le comunicó la liquidación vinculada a delito, es decir, el acto por el que se estima el dinero defraudado: 350.910 euros. “Entonces, digamos que para mí que no tengo conocimiento jurídico, es como que judicializan el caso”, declaró el empresario.

Según su relato, hasta entonces creía que el caso se iba a resolver en la vía administrativa, es decir ante la Agencia Tributaria, gracias al abono extra que hizo en su declaración del impuesto de sociedades de julio de 2023, con la que pretendía pagar de más para compensar las cuantías que no había cotizado en los dos años anteriores. “Cuando llegó el año 23, yo ya había pagado el impuesto de sociedades, habíamos acabado todo, esto parecía que acababa en la vía administrativa”, dijo en el Supremo.

Lo cierto es que Amador sabía que esa maniobra era un intento estéril de resolver su problema porque se lo había dicho su asesora fiscal un año antes, de acuerdo con los detalles de la inspección fiscal a los que tuvo acceso EL PAÍS. Su asesora fue muy clara: “Ni se debe hacer, ni tiene efecto alguno, e incluso se puede malinterpretar”.

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También afirma que en los archivos no se ha encontrado documentos que permitan saber la identidad de la persona que valoró el currículum que la mujer y propuso su contratación. En su declaración del pasado 21 de mayo ante el juez, Claudia M. aseguró que había pedido al entonces ministro de Transportes que le ayudara a buscar un trabajo y que, unos días después, el asesor de este, Koldo García, le consiguió una entrevista en la empresa pública. En la documentación ahora remitida, LogiRAIL no recoge la existencia de ninguna entrevista.

La investigación sobre la contratación de esta mujer se inició después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelara que el exministro supuestamente medió para que ella fuera contratada por LogiRAIL, cuyo único accionista es Renfe, dependiente de Transportes. “Para ello, Koldo [García, entonces asesor de Ábalos] actuó como transmisor con el fin de que dicha contratación no solo se llevara a cabo, sino que, una vez fuera formalizada, no fuera rescindida”, señalaron los agentes.

En su declaración como testigo, Claudia M. afirmó que conoció a Ábalos en un acto del PSOE (partido del que era militante), y que poco después, en octubre de 2019, le contactó por Instagram, le contó que estaba atravesando “una situación muy complicada” y le pidió ayuda para encontrar trabajo. La mujer, que negó ante el magistrado haber mantenido una relación de pareja con el entonces ministro, explicó que este le puso en contacto con su asesor, Koldo García, también imputado en el caso, quien le pidió fotos para hacer un currículum. Según detalló, para lograr ese trabajo fue entrevistada por Vicente Camarena, directivo de Renfe.

El presidente de LogiRAIL detalla ahora al magistrado que cuando fue contratada la mujer, “la empresa no disponía de una plataforma o web en la que se diera publicidad a las plazas vacantes para las que se necesitaba la contratación de personal” y que los currículums de los candidatos “se recibían por distintas vías, como correo electrónico, correo postal o entrega en mano”. Y añade que, “con carácter general”, estos se estudiaban cuando surgía la necesidad de cubrir un puesto.

“La selección de los mismos se realizaba considerando aspectos relacionados con los conocimientos, formación, idiomas y experiencia de los posibles candidatos”, añade. El siguiente paso era contactar con los candidatos elegidos “por escrito y telefónicamente” para confirmar su interés en la oferta de empleo y remitirle las características de la misma para saber si la aceptaban. En el caso de Claudio M, LogiRAIL asegura no tener documentación sobre todo este proceso, salvo el correo que se le envió para que aceptase la oferta y la respuesta de esta. La respuesta también incluye copia de los dos contratos que se le hicieron y la prórroga del último.

Sobre las funciones que realizaba Claudia M. ―ella aseguró al magistrado que cuando tuvo unos supuestos problemas laborales para los que pidió la mediación de Koldo García, este le dijo que su jefe era él y que no fuera a trabajar hasta que no se solucionara el problema―, la respuesta de LogiRAIL detalla que fue contratada como “encargada comercial de Sección del proyecto para la implantación de una oficina de promoción y venta de plazas en trenes turísticos en Asturias” y que tras una formación en Santiago de Compostela, se la envió a Oviedo.

A partir de ese momento pasó por otros puestos de la compañía hasta que, en febrero de 2022, no se le renovó el contrato al considerarse que no tenía “encaje” en el último departamento en el que estuvo destinada. En ningún momento. El documento no recoge que se le abriera un expediente de despido, como Claudia M. aseguró ante el magistrado en su declaración.

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Neira ha comparecido este martes como testigo ante Ángel Hurtado, el instructor de la causa abierta en el Supremo contra Álvaro García Ortiz. Su declaración fue solicitada la semana pasada por la Abogacía del Estado para preguntarle algunas dudas que habían surgido durante la investigación, pero ha cobrado más interés después de que la pareja de Ayuso ―imputado por fraude fiscal, corrupción en los negocios y administración desleal― asegurara el viernes que su abogado no le contó que iba a proponer a la Fiscalía un pacto que implicaba admitir dos delitos y pagar una multa para evitar entrar en la cárcel.

El abogado, según las fuentes consultadas, solo ha respaldado al empresario al admitir que no le reenvió ni le informó del contenido exacto del correo electrónico que mandó a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, en el que el letrado reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. Esta versión, además de avalar en parte la declaración de González Amador, cierra la puerta a que este o su entorno pudieran haber filtrado el correo electrónico que centra la investigación.

Pero lo que no ha ratificado Neira es que la pareja de Ayuso no estuviera al tanto de lo que implicaba pactar con la Fiscalía. El letrado ha contado que, tres días antes de enviar ese correo, el 30 de enero, se había reunido con el empresario y le había explicado que, ante la investigación que le había abierto la Fiscalía por posible delito fiscal, había dos alternativas: defenderse y negar los hechos o alcanzar una conformidad. González Amador le dijo que su prioridad era causar el menor daño posible a su pareja y que buscara la solución “más rápida” y con “menos ruido”, y el abogado le aconsejó pactar con la Fiscalía.

“Mandato” para pactar

El letrado ha asegurado que explicó a su cliente lo que implicaba un acuerdo con el ministerio público y que este lo dejó en sus manos. Con ese “mandato”, ha afirmado Neira, el 2 de febrero de 2024 envió un correo al buzón genérico de la Fiscalía de delitos económicos de Madrid para proponer, “de común acuerdo” con González Amador, un pacto reconociendo íntegramente los hechos (“ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”). Según el letrado, él, acostumbrado a estos pactos, redactó el mail con el texto que consideró necesario para agilizar al máximo la conformidad, y no reenvió el correo a la pareja de Ayuso.

Unos días después, el 12 de febrero, Neira recibió un correo del fiscal Julián Salto, que le informaba de que le habían asignado el caso y que tomaba nota de su propuesta de conformidad. El abogado, según ha explicado, se lo contó a González Amador. El abogado y él volvieron a hablar del tema tres días después, cuando coincidieron para cerrar otro pacto de conformidad en los juzgados de Plaza de Castilla.

Todo sigue adelante, pero el 13 de marzo, se filtra el correo electrónico enviado por el abogado el 2 de febrero y la pareja de Ayuso, según el relato del abogado, le reprocha el contenido del mail. Ambos se reunieron al día siguiente en el despacho de Neira y el letrado insistió en que la conformidad supone el reconocimiento de los hechos y que lo que había hecho era darle al correo el contenido adecuado para que el pacto fuera lo más rápido posible, que es lo que González Amador le había pedido. El empresario, según el letrado, quedó conforme con la explicación.

Según Neira, el empresario estaba enfadado por ver su vida privada expuesta, y él le explicó que jamás pensó que ese correo se iba a filtrar. No obstante, la pareja de Ayuso dio el visto bueno a la estrategia del abogado y este siguió adelante y mantuvo varios contactos posteriores con el fiscal del caso para avanzar en la conformidad penal. Fuentes del caso advierten de la importancia de este dato, ya que implica que la filtración del correo no perjudicó a la defensa del empresario y a sus posibilidades de pactar con el ministerio público.

El letrado ha admitido también, según estas fuentes, que un periodista de EL PAÍS le preguntó si González Amador había pagado para llegar a acuerdo con el ministerio público a mediodía del 12 de marzo de 2024, un día y medio antes de que el correo electrónico con la propuesta del abogado a la Fiscalía llegara a manos de García Ortiz en la noche del 13 de marzo.

Neira ha explicado que este redactor solo le preguntó por correo sobre un supuesto pago, no por el correo del 2 de febrero, ni por conformidades, ni por el reconocimiento de hechos. No obstante, los mensajes intercambiados por cuatro periodistas de este diario dejan constancia de que las fuentes que informaron a EL PAÍS hablaron de que González Amador aceptaba pagar una multa y “el reconocimiento del delito”. El magistrado Hurtado ha citado para este viernes como testigo a los cuatro redactores que participaron en esta información.

El abogado ha asegurado también que el periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta no se puso en contacto con él ni con nadie de su despacho el 13 de marzo, cuando ese diario publicó una versión tergiversada de los hechos difundida por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, según la cual era la Fiscalía la que había propuesto un pacto a González Amador. Aunque la información de la Cadena SER, leída en antena a las 23.24 del 13 de marzo, fue la primera que habló de la existencia de un correo del abogado del 2 de febrero en el que admitía dos delitos fiscales, esos detalles del pacto ya venían recogidos en la noticia publicada en El Mundo.

Durante su declaración del pasado viernes, González Amador admitió haber hablado el 13 de marzo por teléfono con Urreiztieta, al que le explicó su proceso con Hacienda. El periodista, quien declaró como testigo en enero, admitió que esos detalles no figuraban en el mail del fiscal al abogado que difundió el jefe de gabinete de Ayuso, pero el periodista señaló que se los habían contado “fuentes directas intervinientes en las negociaciones”.

El abogado de González Amador, según las fuentes consultadas, ha asegurado también que envió el correo, además de a una dirección genérica de la Fiscalía de delitos económicos, a la jefa de ese departamento, Virginia Alonso, y a un abogado del Estado, Julián Martínez Simancas, con quien estaba tramitando otra conformidad penal. Neira ha asegurado que nadie de su despacho de abogados tuvo acceso a ese correo electrónico.

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La pareja de Díaz Ayuso reclamaba a la ministra 40.000 euros. El Supremo subraya en la sentencia que las declaraciones de Montero constituyen una crítica política que, “guste o no como realidad social, es frecuente en nuestros días”. Según el tribunal, debe primar “la libertad de expresión, pues las manifestaciones versan sobre una cuestión de interés general y afectan a una persona de relevancia social, no se utilizan insultos o expresiones injuriosas y tienen una base fáctica razonable (que no quiere decir que sea exacta)”.

La Sala Civil ha tenido en cuenta el hecho de que Montero sea “diputada electa”, ya que, aunque no hizo sus declaraciones como tal, sí debe tenerse en cuenta para ampliar el rango de su libertad de expresión. “Que esta no goce de la inviolabilidad parlamentaria por estas manifestaciones no obsta a que su condición de diputada electa sea relevante para reforzar la protección de su libertad de expresión en asuntos públicos”, dice la sentencia, que va a marcar el camino para resolver otras demandas presentadas por González Amador contra dirigentes políticos por afirmaciones similares a las de Montero.

El tribunal incluye, con todo, un reproche a la ministra por el uso de la expresión “delincuente forzoso [...] reiteradamente por quien, por su posición constitucional y legal, debería ser especialmente escrupulosa en el respeto a la presunción de inocencia de los ciudadanos”. “Una persona tan poderosa como una vicepresidenta del gobierno no debería cuestionar pública y reiteradamente la presunción de inocencia de un ciudadano, por más que el mismo pueda ser la pareja de una rival política”, señala la sala.

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Pero la comparecencia de Neira ha cobrado un interés adicional después de que, el pasado viernes, la pareja de Ayuso asegurara que nunca autorizó a su abogado a alcanzar un pacto con la Fiscalía que implicara admitir dos delitos fiscales. Esta afirmación contradice lo expuesto por el letrado en el correo que envió el 2 de febrero de 2024 al ministerio público, donde explicó que su propuesta era “de común acuerdo” con su cliente. González Amador estaba obligado como testigo a decir a verdad, igual que este martes lo estará Neira. Pero o la pareja de Ayuso mintió en el Supremo o Neira mintió en su correo a la Fiscalía.

El testimonio del letrado este martes será clave para resolver esta y otras dudas que han surgido a lo largo de la instrucción

Pacto “de común acuerdo”

González Amador aseguró en el Supremo que, tras enterarse de que la Fiscalía le investigaba, se puso en manos del abogado Neira y le pidió que buscara una solución rápida y discreta para “no perjudicar” a su pareja. El empresario se desvinculó de la admisión del delito que su abogado expuso en el mail enviado a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024 y aseguró que se enteró de esa propuesta la noche del 13 de marzo de 2024 después de que la revelara la Cadena SER.

Sin embargo, en la investigación que se sigue en el Supremo hay constancia de que González Amador sí conocía que su abogado estaba negociando un acuerdo. La primera evidencia surge del texto del correo del abogado a la Fiscalía, donde Neira explica que la pareja de Ayuso estaba de acuerdo con cerrar un pacto con el ministerio público: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, le comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota o intereses de demora a la AEAT”.

El fiscal encargado del caso, Julián Salto, respondió el 12 de febrero: “Le escribo en relación a los presuntos delitos de defraudación tributaria, soy el fiscal designado del asunto, tomo nota de la voluntad de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas. Quedamos en contacto”.

Los mensajes que aportó al tribunal el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, apuntan también a un conocimiento previo por parte del empresario. Así se deduce de un whatsapp que Neira envió a González Amador la mañana del 12 de marzo y que este reenvió a las 9.09 al jefe de gabinete de su pareja: “Buenos días Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que el final solo haya un condenado y multa mínima”.

Durante su comparecencia en el Supremo, la pareja de Ayuso defendió que en ese mensaje no se hablaba de ningún pacto ni de la admisión de un fraude fiscal por su parte. El abogado del Estado, según las fuentes consultadas, le preguntó entonces a qué se referían las expresiones “un condenado”, “multa mínima” y “todo sigue en pie”. Y González Amador, según las fuentes, vaciló.

Mensajes de EL PAÍS

La Abogacía del Estado pretende preguntar también a Neira si el 12 de marzo de 2024 recibió comunicaciones, vía WhatsApp o por correo electrónico, de periodistas del diario EL PAÍS en las que le pedían que confirmara que González Amador tenía voluntad de admitir sus delitos contra Hacienda Pública. Esos mensajes vendrían a demostrar, según la Abogacía, que la propuesta de pacto del abogado a la Fiscalía no era ya un secreto cuando García Ortiz recibió el correo electrónico cuya filtración se investiga.

Cuatro redactores de este periódico han manifestado ante notario que conocían las negociaciones entre el abogado y la Fiscalía desde el mediodía del 12 de marzo de 2024, al menos 31 horas antes de que la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en el Supremo, le enviara al fiscal general el correo electrónico de Neira en el que admitía que González Amador había cometido al menos dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel. Los mensajes intercambiados por estos cuatro redactores y los enviados por uno de ellos al abogado de la pareja de Ayuso fueron publicados por EL PAÍS en enero y registrados ante un notario en mayo. Estos cuatro periodistas están citados este viernes como testigos en el Supremo.

Un correo con varios receptores

La comparecencia de Neira debe servir también para aclarar cuántas personas tuvieron acceso, antes que el fiscal general, a los correos intercambiados entre el abogado de González Amador y la Fiscalía. Documentos incorporados a la causa constatan que el abogado envió el mail que centra la investigación a un buzón genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos y, posteriormente, ese mismo día (2 de febrero de 2024), se lo remitió a la Abogacía del Estado, pese a que esta aún no había sido formalmente emplazada en el procedimiento penal.

Lo que pretende demostrar la defensa de García Ortiz es que distintas personas pudieron acceder a ese documento antes de que lo hiciera el fiscal general, lo que abre la puerta a que la filtración partiera de otras fuentes. Además, la Abogacía quiere saber si Neira autorizó a la pareja de Ayuso a reenviar al jefe de gabinete de la presidenta madrileña el correo de respuesta enviado el 12 de marzo por el fiscal del caso, Julián Salto, y si dio el visto bueno a que este lo difundiera entre periodistas.

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En un auto notificado este lunes, el juez accede a la petición que habían hecho tanto la defensa del exministro como las acusaciones particulares. El propósito de la declaración, señala el juez, será “conocer de su propia boca” si hizo esas declaraciones y si las sostiene en el Supremo, donde al ser citada como testigo está obligada a decir la verdad. Y si es así, deberá explicar cómo ha conocido ella esa supuesta entrega de dinero. González Pano ―imputada en el fraude de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional― aseguró que los 500.000 euros que recibió Ábalos se los hizo llegar Hidalgo al entonces asesor del ministro, Koldo García, en una bolsa de deportes.

El instructor rechaza, de momento, la solicitud de Ábalos para que declaren también como testigo sobre este asunto Hidalgo y Koldo García. Según explica Puente en su auto, el instructor estudiará nuevos pasos si González Pano ratifica su denuncia y ofrezca explicaciones “de cierta consistencia, ya que, al parecer, no afirma haber presenciado el intercambio personalmente”.

En una causa sobre la que cada día se publican informaciones no contrastadas, el magistrado lanza una petición a las defensas y a las acusaciones: “Es relevante que las partes comprendan que en una investigación de la magnitud y complejidad que presenta este procedimiento [...] no cualquier manifestación realizada por un tercero, o atribuida al mismo, en los medios de comunicación, que concierna, de forma más o menos directa, a los hechos aquí objeto de investigación, habrá de tener necesariamente reflejo, eco, en la presente causa especial”.

En este caso, sin embargo, respecto a la declaración de González Pano, indica el juez que no es solo que el contenido de las declaraciones que se le atribuyen presente “una relevancia y gravedad singular”, sino que, además, solicitan que su comparecencia tanto la defensa de Ábalos como la representación de las acusaciones populares. “Así se acordará, excepcionalmente, en este caso”, señala el magistrado.

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La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, admite que no alcanza a entender la polvareda que está levantando en la carrera la creación de la nueva unidad especializada en delitos contra la administración pública. Ella fue, en 2005, la primera delegada de Anticorrupción en Tenerife; y en 2011, tras comprobar que a medida que los jueces, las instituciones y los ciudadanos conocían la existencia de esa figura y crecían las denuncias, decidieron crear una sección especializada en delitos contra la administración pública (que en Tenerife se llama Sección de Corrupción). Según la fiscal superior, esta sección se ha convertido en “el complemento perfecto” a la fiscalía especial para luchar contra la corrupción. “La fiscalía especial se encarga de los casos más complejos, y estas unidades de los delitos del día a día, pero que el ciudadano también tiene derecho a que se investiguen bien”, señala Martínez.

Mientras el cometido de Anticorrupción es investigar las causas de especial trascendencia y complejidad, la sección de delitos contra la administración pública se encarga de aquellos delitos de corrupción que son competencia de la Fiscalía Provincial, pero que en vez de recaer sobre fiscales generalistas, lo hacen sobre un equipo especializado en este tipo de delitos. Según las estadísticas remitidas por la Fiscalía Provincial de Tenerife, los juzgados de esta provincia abrieron en 2023 —último año del que hay estadísticas cerradas— 70 procedimientos penales por delitos contra la administración pública, de los cuales, solo tres fueron asumidos por Anticorrupción. En 2022, también se abrieron 70 y la fiscalía especial solo se hizo cargo de uno. A esta actividad se suman las investigaciones preprocesales por delitos de esta naturaleza que cada año se incoan en Tenerife por denuncias de particulares o de distintos organismos o colectivos y que en 2021 ascendieron a 45; en 2022, a 59; y en 2023, a 50.

“No veo posible que un fiscal de la fiscalía especial pueda dedicar su tiempo a investigar a un policía local de un municipio por haberse quedado el importe de una multa; a un alcalde por haber contratado a su sobrina fuera de los cauces legales; a un fraccionamiento de contratos para adjudicarlo a un conocido y muchos más delitos que preocupan al ciudadano que lo sufre”, advierte la fiscal superior de Canarias, que señala que es para esos supuestos para los que parece “razonable” que haya una fiscalía especializada en delitos contra la administración pública. “Se trata de aplicar los mismos criterios que han justificado la creación de otras especialidades”, afirma.

Esta explicación es también la que da la Fiscalía General para justificar la creación de la nueva unidad especializada en corrupción. Las unidades especializadas de la Fiscalía son equipos dependientes del fiscal general que coordinan la actuación del ministerio público en todo el territorio nacional respecto a algunos tipos de delitos. Ya existen en áreas como violencia sobre la mujer, medioambiente, menores, seguridad vial, criminalidad informática, trata de personas y extranjería, delitos de odio o derechos humanos y memoria democrática.

Cada unidad está formada por un fiscal de sala (la máxima categoría en la carrera) y, normalmente, dos fiscales adscritos, que trabajan para coordinar la actuación de la Fiscalía en todos los territorios, supervisar los escritos de los fiscales delegados de las comunidades autónomas y dar pautas para garantizar que estos delitos se investigan con un criterio común. Esta estructura es la que se quiere extender ahora a la lucha contra la corrupción, pensando, sobre todo, en los casos pequeños que tienen su epicentro en gobiernos municipales o diputaciones provinciales y que escapan a las competencias de Anticorrupción.

Fuentes de la Fiscalía General advierten de que actualmente hay “un déficit de especialización” en materia de corrupción que contrasta con lo que ocurre en otros ámbitos, lo que disminuye la eficacia de la lucha contra estos delitos. “Se pretende facilitar a los fiscales investigar este tipo de delitos. Creemos que la base fundamental de la corrupción está ahí: ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, funcionarios… Y no tenemos especialización”, recalcan estas fuentes. Al frente de esta unidad estará Emilio Sánchez Ulled, un fiscal con más de 30 años de ejercicio que ha llevado varios asuntos muy mediáticos en Cataluña, como el caso Palau o el del 9-N.

La fiscal superior de Canarias también cree que la creación de esta unidad va a suponer “un gran cambio” en la investigación de este tipo de delitos cuando sean competencia de las fiscalías provinciales, lo que mejorará la respuesta frente a esta delincuencia, al igual que ha ocurrido con la creación de las otras unidades de la Fiscalía General. En la sección de Tenerife trabajan cinco fiscales, que ahora están encabezados por el actual delegado de Anticorrupción en esa provincia, Jaime Serrano-Jover. Solo él lleva los casos que asume la fiscalía especial de Luzón, mientras que los otros cuatro dependen de la Fiscalía Provincial y se ocupan de los casos de corrupción que son competencia de esta. “Jamás se ha producido conflicto alguno entre la Fiscalía Territorial y la Fiscalía Anticorrupción”, asegura Martínez.

En la Fiscalía de Asturias los delitos contra la administración pública también se tramitan como un bloque diferenciado desde hace una década, con fiscales específicamente designados para estos delitos. Fuentes de la Fiscalía asturiana señalan que, durante 2024, los procedimientos abiertos por delitos contra la administración pública se incrementaron en esa comunidad más de un 83% con respecto a 2023, con un total de 110 procedimientos judiciales incoados, lo que supone nueve incoaciones al mes como media. El mayor número (60), se abrieron por desobediencia de autoridades y funcionarios, seguida de delitos de prevaricación administrativa (30).

Además de estos procedimientos judiciales, los delitos contra la administración pública acaparan buena parte de las diligencias de investigación que se incoan en la Fiscalía de Asturias. En 2024 se abrieron 29, mientras que en 2023 la cifra alcanzó los 40. La mayor parte, por delitos de prevaricación administrativa. Fuentes de este órgano señalan que tanto en las diligencias de investigación directamente abiertas en Fiscalía como en los procedimientos seguidos en los juzgados, la conducta más repetida suele responder a posibles delitos relacionados con materia de contratación, ya sea por el fraccionamiento irregular de los contratos de obras o por la contratación de personal saltándose los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esa pequeña corrupción del día a día que, según la Fiscalía, sigue constituyendo una verdadera lacra.

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González Amador ha testificado a petición de García Ortiz y por orden de la Sala de Apelación, que corrigió la decisión de Hurtado de no citar al empresario. La pareja de Ayuso ha llegado al Supremo a las 10.00, 30 minutos antes de la hora prevista para su declaración. Lo ha hecho en coche, acompañado de su abogado, y ha entrado a la sede del tribunal sin hacer declaraciones. Tampoco ha querido hablar a la salida, tras testificar ante el juez durante alrededor de una hora y cuarto.

La Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, reclamó el testimonio de González Amador para preguntarle por la gestión que hizo del correo enviado el 2 de febrero por su abogado a la Fiscalía en el que admitía dos delitos. Pero fuentes de la investigación señalan que la pareja de Ayuso se ha desmarcado de ese mail y ha asegurado que no tuvo conocimiento de él hasta la noche del 13 de marzo.

González Amador ha afirmado que, tras enterarse de que la Fiscalía le investigaba, se puso en manos del abogado Neira y le pidió que buscara la salida que causase “menos ruido” para “no perjudicar” a su pareja, señalan fuentes del caso. El empresario ha querido desvincularse así de la admisión del delito que su letrado expuso en el mail enviado a la Fiscalía (“ciertamente se han cometido dos delitos fiscales”) y ha asegurado que él no estaba al tanto de esta decisión y que, cuando se enteró de ella por los medios de comunicación, le pidió explicaciones a su abogado. Pese a ello, ha afirmado que sigue manteniendo la “confianza” en Neira, al que el magistrado Hurtado ha citado a declarar como testigo el próximo 27 de mayo.

El empresario, según las fuentes consultadas, ha sostenido que se enteró de que su abogado había admitido los delitos la noche del 13 de marzo de 2024 a través de la Cadena SER, que fue el primer medio que hizo referencia al correo electrónico enviado por Neira a la Fiscalía y reprodujo parte de su contenido. No obstante, en la investigación que se sigue en el Supremo hay constancia de que González Amador sí conocía que su abogado estaba negociando un pacto con el ministerio fiscal. Así quedó probado en los mensajes que aportó al tribunal el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

González Amador recibió un mensaje de Neira la mañana del 12 de marzo y se lo reenvió a las 9.09 a Rodríguez: “Buenos días Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que el final solo haya un condenado y multa mínima”. Seguidamente, González Amador reenvía también a Rodríguez el pantallazo que le ha pasado Neira del mail que le había enviado el fiscal del caso, Julián Salto, esa mañana a las 8.50:

“Buenos días, D. Carlos [Neira, abogado de González Amador] Le adjunto copia de la denuncia presentada el día 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona para facilitarle el derecho de defensa. Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto. Aunque se ha denunciado también a otras personas no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible. Un saludo”.

Según fuentes del caso, el empresario ha defendido que en esos mensajes no se hablaba de ningún pacto ni de la admisión de un fraude fiscal por su parte. El abogado del Estado, según las fuentes consultadas, le ha preguntado entonces a qué se refrían las expresiones “un condenado”, “multa mínima” y “todo sigue en pie”. Y González Amador, según las fuentes, ha “balbuceado”.

“De común acuerdo”

El argumento de González Amador choca también con lo que su abogado escribió al fiscal en el correo del 2 de febrero, donde el letrado explicaba que la pareja de Ayuso estaba de acuerdo con cerrar un pacto con el ministerio público. “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, le comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota o intereses de demora a la AEAT”.

Aunque la información de la Cadena SER, leída en antena a las 23.24 del 13 de marzo, fue la primera que habló de la existencia de un correo del abogado del 2 de febrero en el que admitía dos delitos fiscales, esta información ya venía recogida en la noticia publicada dos horas antes (a las 21.29) en El Mundo. Durante su declaración de este viernes, González Amador ha admitido que recibió ese día una llamada de teléfono de Esteban Urreiztieta, subdirector de ese diario, al que le explicó su proceso con Hacienda.

La información lanzada a las 21.29 por El Mundo recogía la versión falsa que estaba difundiendo el jefe de gabinete de Ayuso a partir del correo del 12 de marzo, pero incluía detalles del pacto y de la admisión de delitos por parte de González Amador.El periodista, quien declaró como testigo en enero pasado, admitió que ese dato no figuraba en ese mail, pero explicó que se lo habían contado “fuentes directas intervinientes en las negociaciones”.

Fue tras la publicación de esta noticia, y ante el aluvión de peticiones de los medios de comunicación a la Fiscalía para que la confirmara, cuando el fiscal general reclamó a la jefa provincial el cruce de correos entre el abogado Neira y el ministerio público para elaborar una nota de prensa. La fiscal de Madrid envió a García Ortiz a las 21.59 el mail del 2 de febrero, que es el que centra la investigación contra el fiscal general porque es en el que el abogado admite que González Amador ha cometido dos delitos, una información, que según el juez del Supremo, era secreta e íntima del empresario y no debía haberse revelado. El magistrado cree que hay indicios de que fue el fiscal general el que difundió ese correo.

Los testimonios de varios periodistas, incluido el de El Mundo, inciden en que varios medios ya conocían esa información antes de que llegara a manos del fiscal general. Esto es también lo que han declarado ante notario cuatro periodistas de EL PAÍS, a los que el juez ha citado a declarar como testigos el próximo 30 de mayo a petición de la defensa de García Ortiz.

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La decisión del juez de aceptar la declaración de nuevos testigos ha llegado minutos antes de que diera comienzo la comparecencia de González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, corrupción en los negocios y administración desleal. Hurtado había previsto que este testimonio, que él rechazó de inicio pero se ha visto obligado a fijar por orden de la Sala de Apelación, fuera el último antes de dar por cerrada la investigación contra el fiscal general, pero la defensa de García Ortiz reclamó esta semana que citara al letrado de González Amador y a cuatro periodistas y el magistrado ha aceptado.

La Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, reclamó la comparecencia del letrado Neira para que aclare si el 12 de marzo de 2024, un día antes de que se produjera la filtración que investiga el Supremo, recibió mensajes de periodistas EL PAÍS en los que le pedían que confirmara si González Amador tenía voluntad de reconocer la comisión de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública. Esos mensajes vendrían a demostrar, según la Abogacía, que la propuesta de pacto del abogado a la Fiscalía no era ya un secreto cuando García Ortiz recibió el correo electrónico cuya filtración se investiga.

Hurtado admite en su auto que los mensajes de periodistas de EL PAÍS que se recogen en el acta notarial presentada por la defensa de García Ortiz, fechada el 13 de mayo de 2015, “parecen estar en la idea de buscar una comunicación” con el abogado Neira. El instructor acepta la petición de citarle para garantizar, explica, “el derecho de defensa” del fiscal general. Su comparecencia se ha fijado para el próximo 27 de mayo a las 9.00.

Tres días después, el 30 de mayo, están citados los cuatro periodistas de EL PAÍS que han manifestado ante notario que conocían las negociaciones entre el abogado y la Fiscalía desde el mediodía del 12 de marzo de 2024, al menos 31 horas antes de que la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en el Supremo, le enviara al fiscal general el correo electrónico de Neira en el que admitía que González Amador había cometido al menos dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel. Los cuatro periodistas citados son José Manuel Romero, Luis Gómez, Berta Ferrero y Fernando Peinado.

La declaración de tres de ellos (Romero, Ferrero y Peinado) ya fue solicitada en enero pasado por la Abogacía, pero Hurtado no accedió y la Sala de Apelación confirmó en abril pasado su decisión. Pero la defensa de García Ortiz la reclamó de nuevo esta semana tras tener conocimiento de que estos tres periodistas y Gómez (redactor jefe de la sección de Madrid), habían hecho ante notario en mayo pasado “unas manifestaciones, que, en opinión de la defensa del investigado, son de la suficiente relevancia, como para que las ratifiquen y amplíen” ante el instructor del Supremo.

Hurtado admite en el auto de este viernes que sigue teniendo reticencias a la comparecencia de los periodistas, al tratarse de “pruebas de descargo”, es decir, a favor del investigado. No obstante, accede a ellas porque, “desde el punto de vista del derecho de defensa como lo entiende la defensa, no se le ha de privar de que lo ejerza con la extensión que mejor satisfaga a sus intereses”.

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La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) “para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal” se ha convertido en un nuevo foco de enfrentamiento con el Gobierno de las asociaciones de jueces y fiscales mayoritarias y conservadoras. La carta de Bolaños, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, va dirigida a las cuatro asociaciones de jueces —Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) y Foro Judicial Independiente (FJI)— y las tres de fiscales —Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)—, a las que llama a participar en el trámite parlamentario que ahora se abre.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de mayo el proyecto de ley, que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Las críticas de las asociaciones se han centrado, sobre todo, en los cambios en el actual sistema de oposiciones de acceso a la carrera de jueces y fiscales, que, según estos colectivos, “no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad”; o en el proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, una medida que el Gobierno considera obligado para cumplir requerimientos de la Unión Europea, y que, según las asociaciones críticas con la reforma, es “contrario a los principios constitucionales”.

Algunos extractos de la carta de Bolaños dejan entrever que el Gobierno considera que las críticas más duras a la reforma no se ajustan al texto real de la ley. “Un debate serio, riguroso y sosegado, sobre la base de la realidad de lo que regula el proyecto de ley, seguro que contribuirá a mejorar la Justicia de nuestro país, objetivo que sé que compartimos”, señala el ministro, que defiende que las reformas que recogen el proyecto aprobado por el Gobierno “son imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI”.

La carta resume la ley en 10 puntos clave. El primero, los cambios en la oposición, que, según el Gobierno, propiciarán un sistema de acceso “más objetivo y adaptado a las necesidades” actuales. Frente a los reproches de la mayoría de las asociaciones, Bolaños recalca que en la oposición “quedan intactos tanto el temario como los dos primeros exámenes (es decir, el test y la prueba oral), y se introduce posteriormente un examen práctico, en forma de dictamen, que permite evaluar la capacidad de razonamiento jurídico y la expresión escrita, en la línea de lo que ya sucede en el resto de oposiciones del mismo nivel (Notarías, Registros o Abogacía del Estado)”.

Sobre el proceso extraordinario de regulación de sustitutos, muy cuestionado por las asociaciones, el ministro advierte que la reforma se adapta a las medidas que reclama Europa para acabar con el abuso de la temporalidad en el empleo público y que el acceso por esta vía “cumple los principios de mérito y capacidad”. “Al mismo tiempo, este proceso extraordinario permite ofrecer una oportunidad de consolidación a personas que llevan muchos años ejerciendo con profesionalidad como jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes, evitando, además, una posible sanción al Reino de España por incumplir el Derecho de la Unión Europea”, afirma Bolaños.

El ministro destaca también que la ley blinda el sistema de becas para opositores y defiende la decisión de convertir el Centro de Estudios Jurídicos se convertirá en un centro público de preparación de oposiciones y de “introducir la pluralidad en la Comisión de Ética Judicial”, un órgano consultivo que esta reforma amplía, de siete a nueve miembros, reduciendo (de seis a cinco) los miembros jueces y aumentando (de uno a cuatro) los académicos de otros ámbitos.

La carta hace referencia también las medidas recogidas en el proyecto para el “cumplimiento efectivo del porcentaje” de jueces provenientes del llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio), que en “la práctica, no se cumple, ya que los jueces que han accedido a la carrera por el cuarto turno suponen un 8% en lugar de un 25% al que obliga la ley”. La reforma fija en un tercio de las plazas ofertadas las que se deberán destinar siempre por concurso oposición a este cupo en cada proceso selectivo y contempla que los magistrados que accedan por esta vía verán reconocidos cinco años de servicios, pero solo a los efectos del acceso a cargos de carácter discrecional, nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. “El objetivo es garantizar la igualdad en el derecho a la promoción profesional”, defiende Bolaños frente a las críticas de las asociaciones mayoritarias a esta medida.

El ministro destaca también en su escrito la creación de un cuarto turno de fiscales; la supresión de la fase actual de sustitución y refuerzo para jueces en prácticas, una medida que se ha incorporado a petición del CGPJ y de las asociaciones, al igual que la eliminación del concurso forzoso tras el ascenso automático por antigüedad; y el “refuerzo a la independencia de las asociaciones” al establecer que solo podrán obtener fondos públicos o provenientes de las cuotas de sus miembros. “El objetivo reside en fortalecer y proteger su efectiva independencia y la apariencia de esta, evitando que pueda interpretarse que la financiación privada pueda condicionar su actuación”, señala Bolaños.

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Vázquez Taín es uno de los jueces más conocidos de Galicia tanto por haber sido instructor de casos muy mediáticos como por su participación en otras muchas actividades al margen de la judicatura, como tertulias de radio y televisión, escritor de novelas o director de documentales. La decisión de abrirle expediente llegó por parte del CGPJ después de que el promotor de la acción disciplinaria concluyera que estaba ejerciendo actividades incompatibles con la judicatura sin haber recabado el permiso del órgano de gobierno de los jueces.

Según la autoridad disciplinaria del Consejo, Vázquez Taín creó en abril de 2022 una productora junto a su esposa y luego pidió la autorización preceptiva del Consejo, pero el CGPJ se la denegó. Aun así, siguió adelante con su participación en la empresa de la que, según dijeron entonces fuentes del órgano de gobierno de los jueces, se desvinculó en junio pasado tras conocerse el expediente que le habían abierto.

La Ley Orgánica del Poder Judicial permite a los jueces y magistrados compatibilizar su trabajo con la docencia y la investigación jurídica, además de con la producción y creación literaria, artística y técnica, pero veta la participación “directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género”. Por eso, aunque Vázquez Taín lleva años ejerciendo como tertuliano o novelista, la sanción se le impuso por participar en una empresa, algo prohibido por ley.

El magistrado podía recurrir la sanción ante el pleno del CGPJ y, posteriormente, ante el Supremo, y el alto tribunal le ha dado ahora la razón. Según la sentencia, de la que ha sido ponente el expresidente del CGPJ y del Supremo Carlos Lesmes (quien ya había dimitido de ese cargo cuando se sancionó al juez), no se ha acreditado, ni siquiera de manera indiciaria pero suficientemente justificada, que más allá de la titularidad del 50 por ciento de las participaciones sociales de la sociedad por parte de Vázquez Taín, este desempeñara “de manera real y efectiva el ejercicio de la actividad mercantil”.

“Ni ostentaba la administración de la sociedad, ni suscribía los contratos de la sociedad con terceros, ni se han aportado argumentos sólidos que pusieran de manifiesto una administración de hecho de la sociedad por su parte”, señala la sentencia dela Sala de lo Contencioso-Administrativo. Los jueces recalcan también que la información incorporada al expediente por parte de la Oficina de Prensa del Consejo y cuyo origen son las redes sociales de la productora (Amarola Producciones), no pueden tener “la relevancia que le pretende otorgar” el CGPJ, “puesto que lo único de lo que daría cuenta es de la presencia del juez en la grabación del documental del que fue guionista y autor intelectual“.

“Ni el objeto social de la mercantil de la cual resultaba titular de participaciones sociales el juez ni la índole de las actividades llevadas a cabo por la misma han puesto de manifiesto que se trate de circunstancias reveladoras de una eventual afectación a la función jurisdiccional llevada a cabo, ni en lo que pueda afectar a su independencia ni tampoco a su estricto desempeño”, concluye el tribunal, que advierte que el CGPJ llegó a esta misma conclusión al recoger en su resolución “la nula incidencia de la infracción en la actividad judicial”.

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La causa por la supuesta financiación irregular es la que implica los delitos más graves por los que actualmente se investiga al eurodiputado y agitador ultra. La Sala de Admisión, en un auto el pasado abril, atribuyó a Alvise indicios de presuntos delitos de financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral.

En la exposición razonada enviada al Supremo por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, señaló que durante la investigación que él había iniciado sobre el empresario Luis Romillo, conocido en las redes como Luis Cryptospain, se había evidenciado que Alvise solicitó la colaboración de este para crear una wallet (monedero virtual) con objeto de recibir donaciones anónimas destinadas a sostener los gastos de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 de Se Acabó La Fiesta. Romillo, según el juez, abrió el monedero virtual y entregó los 100.000 euros a Alvise con la intención de que él, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club.

En el auto dictado este miércoles, el instructor del Supremo ha acordado abrir diligencias previas para investigar tanto a Alvise como a Romillo por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito electoral y delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. El magistrado ha admitido la personación del PSOE, supeditada a que presente una querella e interponga una fianza de 15.000 euros.

De las tres investigaciones del Supremo contra Alvise esta era la única en la que faltaba el paso de abrir formalmente diligencias y ofrecerle declarar voluntariamente. En las otras dos se investiga la difusión por parte del agitador ultra de una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad Salvador Illa; y los mensajes lanzados en redes sociales por Alvise contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert. Los instructores de estos dos casos sí han iniciado ya los trámites para reclamar a la Eurocámara que le suspenda la inmunidad que blinda a los parlamentarios europeos.

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Los testimonios recogidos este miércoles por el instructor del caso Ábalos en el Supremo han servido para apuntalar algunas de las sospechas de los investigadores, sobre todo respecto a Claudia M., a la que el juez citó después de que un informe de la Guardia Civil revelara que el exministro supuestamente medió para que ella fuera contratada por la empresa pública Logirail, cuyo único accionista es Renfe, dependiente de Transportes. “Para ello, Koldo [García, entonces asesor de Ábalos] actuó como transmisor con el fin de que dicha contratación no solo se llevara a cabo, sino que, una vez fuera formalizada, no fuera rescindida”, señalaron los agentes.

Claudia M., según ha admitido ella misma ante el magistrado, trabajó en Logirail entre diciembre de 2019 y febrero de 2022. Fuentes del caso señalan que la mujer ha contado al juez que conoció a Ábalos en un acto del PSOE (partido del que era militante), y que poco después, en octubre de 2019, le contactó por Instagram, le contó que estaba atravesando “una situación muy complicada” y le pidió ayuda para encontrar trabajo. La mujer, que ha negado haber mantenido una relación de pareja con el entonces ministro, ha explicado que este le puso en contacto con su asesor, Koldo García, también imputado en el caso, quien le pidió fotos para hacer un currículum. Apenas una semana después, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Claudia M. confirmó al asesor del ministro de que le habían llamado para un trabajo.

Según ha detallado, para lograr ese trabajo fue entrevistada por Vicente Camarena, directivo de Renfe, quien le explicó que la querían para una sede que iban a abrir en Oviedo. El juez le ha preguntado también por unos supuestos problemas laborales para los que pidió la mediación de Koldo García. Claudia M, ha asegurado haber sufrido acoso laboral y que, tras contárselo al asesor, este le dijo que su jefe era él y que no fuera a trabajar hasta que no se solucionara el problema. Esto llevó a que se le abriera un expediente de despido, que terminó, según ha explicado la mujer, con la destitución de dos responsables de su situación laboral.

La mujer ha detallado también que Koldo García le prestó una vez 1.300 euros después de que ella le hubiera contado a Ábalos que necesitaba dinero. Se lo devolvió, según ha asegurado, tras cobrar una paga extra unas semanas después.

La reunión en Industria

Este miércoles también estaba citado a declarar el ex director de gabinete de la exministra de Industria, Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart. La intención del juez era comprobar si se reunió con los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano cuando estos estaban intentando obtener una licencia para la venta de hidrocarburos, una gestión que las acusaciones populares vinculan a la compra de una casa en La Línea de la Concepción (Cádiz) de la que disfrutó el exministro de Transportes.

Díaz Bidart ha contado ante el juez que, a raíz de las noticias publicadas en prensa en las últimas semanas, ha recordado que se reunió con personas de una empresa de hidrocarburos, pero no recuerda si se trataba de Villafuel ni si el encuentro fue con Rivas y Pano. Ante la insistencia del instructor, Díaz Bidart ha afirmado que supone que la reunión fue con ellos, pero ha alegado que tuvo “más de 8.000 reuniones”, y que solo recuerda que en aquella ocasión en la sala estaban, además de él y dos técnicos funcionarios del ministerio, tres personas, pero no ha podido identificarlas. Sí ha admitido que cree que al principio de ese encuentro estuvo también presente Koldo García.

Durante la reunión, según ha explicado, los representantes de la empresa contaron a qué se dedicaban y hablaron de que necesitaban una licencia como operadores de hidrocarburos. “Si recuerdo que les dijimos que no teníamos competencia y que las competencias era de la secretaria de Estado”, ha afirmado el ex alto cargo, quien ha dicho no recordar si dio cuenta de ese encuentro a la entonces ministra. El juez ha advertido que, si no tenía competencia para ello, esa reunión “no tenía mucho sentido”, a lo que Díaz Bidart ha contestado que se reunió con ellos porque se lo pidió el asesor de Ábalos, con el que asegura no tener una relación personal. El instructor, según las fuentes consultadas, ha preguntado entonces si era habitual que recibiera a personas a petición de asesores de otros ministerios, a lo que el testigo ha dicho no recordar lo que le transmitió Koldo García en esa llamada.

El juez ha mostrado también extrañeza por el hecho de que el entonces jefe de gabinete de la ministra de Industria se reuniera con personas que buscaban una licencia para operar con hidrocarburos a pesar de que él no tenía competencia en ese asunto. “Se me está escapando algo”, ha llegado a afirmar el instructor, según fuentes del caso. Díaz Bidart ha argumentado que se enteró de que no tenían competencias durante la reunión y que se trataba de una reunión “protocolaria” como “otras” que mantenían a petición de otras instituciones. “Un ministerio, una Comunidad Autónoma... estábamos continuamente recibiendo en la pandemia”, ha afirmado.

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Así dio comienzo a una exposición en la que Eguaras Mendiri denunció lo que él considera un “intercambio de cromos” entre los vocales del CGPJ para asignar los nombramientos discrecionales y reprochó a sus consejeros estar reproduciendo las peores prácticas de los anteriores Consejos: “A mi entender están ustedes aportando poco. Incluso sus comportamientos son previsibles”.

El candidato apenas se detuvo en su currículum, aunque defendió que sus anteriores comparecencias fueron “brillantes”, que él goza de “máxima antigüedad” en el escalafón general, es el número seis del escalafón de especialista, tiene más de 25 años de ejercicio judicial en el País Vasco y es autor de “sentencias de amplio impacto nacional” y de 50 artículos “de excelente calidad”. Explicó que también es profesor universitario y que se ha manifestado en su compromiso por la tutela de los derechos fundamentales, las políticas de género, de menores y del colectivo “LGTBI+”. “La pregunta inevitable es: ¿cómo es posible que todo esto no haya sido suficiente, por qué no he sido yo elegido?”, inquirió a los cinco miembros de la comisión, los vocales Montero, Ángel Arozamena, Pilar Esther Rojo, Ricardo Bodas e Inés Herrero.

La comisión de calificación está entrevistando desde noviembre a los candidatos para las más de cien puestos vacantes de la cúpula judicial que dejó el anterior órgano de gobierno de los jueces tras cinco años de bloqueo en su renovación. Se trata de comparecencias que, para agilizar el proceso debido a la acumulación de plazas, se celebran por videoconferencia y se han reducido a diez minutos improrrogables (antes algunas superaban una hora), en los que los aspirantes resumen décadas de trabajo sin más interacción con sus entrevistadores que el saludo de bienvenida y el de despedida, un formato que, según se han quejado en público y en privado algunos aspirantes, convierte estas entrevistas en un proceso frío e impersonal del que muchos salen con la sensación de haber completado un trámite formal que poco tiene que ver con la decisión final que tome el CGPJ.

El magistrado Eguaras Mendiri no esperó respuesta cuando preguntó a la comisión por qué no le habían elegido a él. “Ustedes y yo tenemos distinta visión. Ustedes y yo miramos diferente. Yo miro al presente y al futuro, y ustedes miran al pasado”, les dijo. Y añadió: “Su labor ha sido francamente decepcionante. Sí, sí, decepcionante y no me miren así porque esto no lo digo yo, esto lo decía la segunda asociación más numerosa dentro de la carrera judicial”, señaló, en referencia a un reciente comunicado de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) que denunció el “escandaloso intercambio de cromos” entre progresistas y conservadores para los nombramientos que realizó el CGPJ en el pleno de febrero: de los 23 acordados, 12 recayeron en miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, la mayoritaria y de tendencia conservadora); seis, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD, la tercera con más representación); cuatro, no estaban asociados (como no lo está más del 40% de la carrera); y uno era del Foro Judicial Independiente (FJI).

El aspirante Eguaras Mendiri, que ya ha denunciado en anteriores ocasiones la falta de objetividad en los nombramientos, afeó a la comisión de calificación pasar de largo del “mérito y la capacidad” a la hora de proponer al pleno a los candidatos elegidos para cada plaza. “Si ustedes tenían algún diseño de la sala IV del Tribunal Supremo, desde luego no coincide con el mío. Yo les presento innovación, regeneración, creatividad. Y ustedes se han alineado con eso que se conoce como la cultura egipcia: 3.000 años de imperio y todo sigue igual, no se cambia nada, todo permanece similar”, les dijo.

En sus 10 minutos de exposición, el magistrado apenas dejó de hablar unos segundos para beber agua. Sin apartar nunca la mirada de la cámara, y solo consultando en alguna ocasión papeles que tenía sobre su mesa, Eguaras Mendiri cargó también contra la actual composición de la Sala Social del Supremo a la que él aspira a entrar, a cuyos miembros acusó de “no actuar como jueces”. “Bien sea por un complejo de Edipo a quienes fueron nuestros instructores, por servilismo opaco o por un complejo de inferioridad mal entendido”, afirmó, y les reprochó haberse “olvidado” de principios como la universalidad del derecho del trabajo. “Y de aquí los constantes correctivos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

Pero el centro de su crítica fue el mecanismo de elección de los nombramientos discrecionales del CGPJ, que son seleccionados por esta comisión y aprobados por el pleno: “Ustedes no son expertos en derecho laboral y eso es algo que nos preocupa a los laboralistas. Desgraciadamente, parece que a ustedes les es indiferente”, afirmó. “Pero ustedes y yo somos juristas y tampoco han querido suscribir los principios del Iustitia universali [justicia universal] que actualizados en el siglo XXI yo les he propuesto. El derecho es para el hombre, no el hombre para el derecho”.

“A mi entender están ustedes aportando poco. Incluso sus comportamientos son previsibles”, insistió el magistrado antes de despedirse. “Voy a terminar y lo voy a hacer con aquella forma que me enseñaron cuando desempeñé el empleo de suboficial de la escala de complemento: corto y cierro”. El presidente de la comisión se limitó a despedir al candidato con la fórmula habitual: “Muchas gracias. Damos por terminada su comparecencia y desearle que pase un feliz día”.

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En esta causa, el alto tribunal considera que la actuación de Alvise puede responder a un tipo de delito de acoso conocido como stalking y que consiste en intimidar a una persona, en este caso, a través de las redes sociales. El caso tiene su origen en la exposición razonada que envió al alto tribunal un juzgado de Valencia, que había abierto diligencias tras la denuncia de la fiscal Gisbert por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y odio. En su denuncia, la fiscal daba cuenta de unos mensajes que se habían divulgado en el canal de Telegram de Alvise y que habían llevado a que personas que ella no conocía le remitieran mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes.

Esta es la segunda vez en poco más de 10 días que un juez del Supremo pone en marcha los trámites para pedirle al Europarlamento que levante la inmunidad al fundador de SALF. El pasado 7 de mayo ya lo hizo el juez que le investiga por la difusión en 2021 de una prueba supuestamente falsa de covid del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. El instructor de este caso, el juez Javier Hernández, ha citado este lunes a Alvise para que declare como investigado el próximo 6 de junio, después de que el eurodiputado enviara un escrito a la Sala Penal ofreciéndose a comparecer antes de que el Supremo reclame al Parlamento Europeo que le levante la inmunidad.

Este magistrado ha dictado también este lunes otro escrito en el que acepta la personación en la causa del Partido Socialista de Cataluña (PSC). Una decisión que adopta el magistrado tras constatar que este partido ha presentado querella contra Alvise y que ha prestado una fianza de 15.000 euros exigida para que se admitiera su personación.

Alvise tiene abierta una tercera causa en el alto tribunal, vinculada a la supuesta financiación irregular de su agrupación electoral. El instructor de este caso, Julián Sánchez Melgar, tiene que decidir aún si, como han hecho sus compañeros, inicia los trámites para reclamar el suplicatorio. Previsiblemente, también le ofrezca la opción de declarar de forma voluntaria.

El cerco judicial a Alvise en el Supremo coincide con la crisis interna de su formación, donde los oros dos eurodiputados de SALF han roto con su antiguo líder, a quien acusan de recurrir a “ataques personales, amenazas públicas y privadas y campañas de desinformación”, propias del “matonismo”, para forzarlos a renunciar a su escaño. Según fuentes parlamentarias, uno de ellos ha presentado una denuncia contra Alvise en un cuartel de la Guardia Civil de Valencia en la que le hace responsable de la catarata de insultos y amenazas que ha sufrido después de que les señalara públicamente, a él y a su compañera, porque habían votado a favor del plan de rearme de la Comisión Europea.

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El informe sobre el contenido del teléfono móvil de Pilar Rodríguez es el documento clave del caso, ya que García Ortiz borró su terminal y los agentes no han podido recuperar los mensajes que envió o recibió entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, el periodo en el que supuestamente se filtró la denuncia de la Fiscalía contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña e imputado por fraude fiscal; y el correo que su abogado mandó al ministerio público en el que admitía que había cometido dos delitos fiscales y proponía un pacto que le librara de la cárcel.

El instructor citó a los agentes después de que se lo ordenara la Sala de Apelación al estimar un recurso del fiscal general en el que reclamaba varias diligencias, incluida la declaración del propio González Amador, que los magistrados también respaldaron y que está fijada para el próximo 23 de mayo. La declaración se ha prolongado durante alrededor de una hora, en la que la Fiscalía y la defensa de los dos investigados, según fuentes del caso, han insistido en saber por qué los agentes dan por hecho que García Ortiz filtró el mail que se investiga, a lo que los peritos han asegurado que es la conclusión que extraen tras analizar los mensajes. De las acusaciones, solo la Asociación Independiente de Fiscales (APIF) ha planteado preguntas.

El instructor ha instado a centrar el interrogatorio en el informe hecho sobre el teléfono de la fiscal provincial, y no ha permitido a las defensas y el ministerio público preguntar sobre otros documentos redactados por la Guardia Civil con los que, aseguran, se contradice ese primer informe. La Abogacía y la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que ejerce como fiscal del caso, han advertido que ese documento señala que la primera noticia sobre el correo del abogado de González Amador la publicó la Cadena SER en su página web a las 23.51, pero en otros posteriores recogen que la noticia se dio por primera vez en antena a las 23.24. El único correo encontrado en la cuenta del fiscal general que contenía el mail supuestamente filtrado es de las 23.45, por lo que, supuestamente, él no habría podido contar esa noticia al periodista de la SER que la dio 21 minutos antes.

Los peritos, según fuentes del caso, han admitido que no hay evidencia de que García Ortiz tuviera a esta hora el correo, pero han defendido que sí que podía tener la información que este contenía. El informe sobre el teléfono de Rodríguez señala que esta envió a García Ortiz el correo que se investiga a las 21.59, aunque la UCO no ha encontrado prueba de la recepción de ese mail porque García Ortiz borró todos sus mensajes tras ser imputado, una operación que, según ha defendido el fiscal general, hace con regularidad por razones de seguridad.

Sobre el hecho de que el informe del teléfono de Rodríguez no incluyera ni la noticia de la SER de las 23.24 ni otras de medios como La Sexta que también informaron sobre el correo electrónico cuya filtración se investiga, los peritos han señalado que solo incorporaron a su escrito las que consideraron importantes. La Abogacía del Estado ha querido que se recogiera en el acta de la declaración la “contradicción” de que los agentes no encontraran relevante ese dato para incluirlo en este informe, pero sí para incorporarlo a otros, pero el juez no lo ha permitido.

Fuentes del caso señalan que la declaración de este viernes ha sido más positiva para la fiscal Rodríguez, ya que los agentes han apuntado que consideran que se limitó a cumplir órdenes del jefe del ministerio público.

Por otra parte, en dos autos dictados este viernes la Sala de Apelación ha rechazado los recursos presentados por García Ortiz contra la decisión del juez de citarle como investigados y por la negativa del instructor a incluir varias peticiones del fiscal general en la comisión rogatoria que envió a Irlanda para intentar obtener la información almacenada por WhatsApp y Google sobre el teléfono del jefe del ministerio público.

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La senadora popular planteó su primera petición el 15 de febrero de 2024. Ese día, solicitó por escrito, a través de la Presidencia del Senado, “copia de la totalidad de los informes emitidos por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Hacienda y Función Pública (y sus organismos autónomos y demás sujetos dependientes) entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023″. El Ejecutivo le contestó el 18 de junio: en ese periodo, la Abogacía había emitido en Hacienda “más de 4.000 informes” lo que, según el Gobierno, hacía “materialmente imposible atender la solicitud efectuada”.

Esta respuesta se amplió el 14 de octubre, cuando se informó a la senadora de que, para “compatibilizar” su derecho de acceso a la información con “la posibilidad material” de llevarlo a cabo, se le podía ofrecer la opción de que acotara “el expediente o materia” que le interesaba para poderle remitir unos informes concretos “o bien poner a su disposición algún tipo de acceso a los mismos”.

Ortiz registró otra petición idéntica en junio de 2024, solo que esta vez en lugar de pedir los informes de la Abogacía reclamó todos los emitidos en el mismo periodo en el Ministerio de Hacienda por la Intervención del Estado. La respuesta del Gobierno fue también la misma y cifró en más de 5.000 los informes existentes en ese caso.

La senadora popular rechazó concretar más su petición para acotarla, como le pedía el Ejecutivo, y presentó un recurso en el Supremo con un procedimiento de protección jurisdiccional de sus derechos fundamentales. La Fiscalía pidió que se rechazara el recurso de la senadora al considerar que su petición era “ambigua y desproporcionada”. Ni en sus solicitudes en el Senado ni en los escritos registrados en el alto tribunal, Ortiz explicó el motivo de sus peticiones o qué información buscaba exactamente, pero los magistrados aseguran que no era necesario que lo hiciera.

En dos sentencias (una por cada petición), de las que ha sido ponente la magistrada Alicia Millán, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo recuerda que el artículo 109 de la Constitución establece que las Cámaras y sus comisiones podrán recabar, a través de sus presidentes, “la información y ayuda que precisen del Gobierno y sus departamentos”. Y, para hacer efectivo ese derecho, señalan los jueces, el artículo 20.2 del reglamento del Senado establece que los senadores “tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de estas”.

Para el Supremo, las razones que da el Gobierno en sus respuestas a la senadora no son suficientes en derecho para no facilitarle la documentación que reclama. “Claramente el número de informes solicitados puede ser muy amplio”, admite el tribunal, pero los jueces creen que ni la generalidad de la petición ni el volumen son “razones técnicas de entidad suficiente” que impidan cumplir con la solicitud, “cuando además esta afirmación está huérfana de cualquier justificación de las razones o motivos técnicos concretos que impiden cumplimentar la petición de la senadora acotada a los últimos cuatro meses del año 2023″.

La sala no comparte tampoco que la solicitud sea “ambigua”, como decía la Fiscalía, porque el propio Gobierno ha cuantificado los informes emitidos tanto por la Abogacía como por la Inspección para el Ministerio de Hacienda en el periodo fijado por la parlamentaria popular; ni que la senadora tuviera la obligación de precisar por qué le interesan esos documentos: “Es suficiente con recordar que la información pública está comprendida por el derecho fundamental de los parlamentarios a la participación en los asuntos públicos y que el interés público superior de la senadora reside en ejercitar el control de la acción de Gobierno a través del conocimiento y evaluación de la información solicitada”, concluye el tribunal.

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Los documentos que Puente ha ordenado investigar se refieren a la adjudicación de obras públicas que, según Aldama, fueron pactadas con Ábalos a cambio de comisiones ilegales. El juez ha reclamado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identifique a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de esas obras y fiscalice el procedimiento de adjudicación. El magistrado adoptó esta decisión después de que el informe pericial realizado en el Supremo con una prueba caligráfica de Koldo García concluyera que era suya la letra de las anotaciones recogidas en los documentos aportados por el empresario.

Koldo García, también investigado en la causa que instruye el Supremo, recurrió la decisión del juez al considerar que tenía un carácter prospectivo porque nada de lo investigado hasta ahora apunta a que se amañaran contratos de obras a cambio de mordidas. El juez rechaza este extremo e insiste, “ya por enésima vez”, que su investigación no se circunscribe a los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de la covid ―que fue lo que originó el caso―, sino que se extiende a otras contrataciones públicas que, “antes y después”, hubieran podido “concertarse de forma delictiva con la connivencia de los tres investigados”, en referencia a Ábalos, García y Aldama. “En tal caso podrían encontrarse, evidentemente, las adjudicaciones de obra pública”, advierte el instructor.

El juez rechaza también que, como asegura el exasesor del ministro, esa rama de la investigación se base exclusivamente en la declaración de Aldama. En primer lugar, apunta, porque “no conviene minimizar” a priori el valor probatorio que se puede atribuir a las afirmaciones del empresario. “No es solo que el Sr. Aldama Delgado no niegue su participación decisiva en los mencionados hechos, sino que incluso, incorpora en sus declaraciones otros, vinculados a aquellos, pero inicialmente no conocidos en su detalle por los investigadores, de los que también resultaría responsabilidad propia”, señala el juez.

Además, destaca que las palabras de Aldama aparecen corroboradas por los documentos que entregó, que contenían relaciones de obra pública, algunas subrayadas, acompañadas de notas manuscritas. Unos documentos que ―según el magistrado― “le fueron remitidos por el Sr. García Izaguirre y en cuya elaboración concreta tuvo este personal intervención”, como apunta la prueba caligráfica que se le ha realizado en la instrucción.

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Según ha explicado Bolaños, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que recoge ese cambio en la duración del mandato se tramitará como una disposición adicional de la futura Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que deja en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. Y en ese texto, ha señalado el ministro, se precisará que la entrada en vigor del nuevo estatuto fiscal será el 1 de enero de 2028. “Si en 2027 los ciudadanos deciden que sigamos gobernando, nombraremos a un fiscal general del Estado, que será al que se le aplique la reforma. Pero en ningún caso podrá ser el actual fiscal general porque ya ha cumplido dos mandatos”, ha advertido Bolaños, quien ha insistido que la aprobada este martes es “una reforma a largo plazo”. “Estamos hablando de que se acerque los mejores estándares europeos. Nadie está pensando en temas menores. Esto es para 30, 40 o 50 años”, ha asegurado.

El cambio en la duración del mandato del fiscal general, que pasará a ser de cinco años y ya no cesará cuando lo haga el Gobierno que lo nombró, es una de las principales novedades del anteproyecto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El texto recoge también que el Ejecutivo no podrá dar instrucciones al fiscal general sobre ningún asunto y las comunicaciones entre este y el Gobierno serán públicas y deberán realizarse por escrito.

Bolaños ha recalcado que esta reforma cumple con las demandas que ha venido haciendo desde 2013 el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), un órgano dependiente del Consejo de Europa que ha pedido a España de forma reiterada cambios en el Estatuto del Ministerio Fiscal, sobre todo, respecto a la coincidencia en el mandato del fiscal general y el del Gobierno, al entender que la regulación actual puede afectar la percepción de independencia.

Bolaños se ha felicitado por el gran cambio que traerá la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el que España dejará de ser el único país de nuestro entorno en el que la instrucción de las causas penales las lleve un juez de instrucción en vez de un fiscal. Esta reforma se hará en paralelo a la del estatuto fiscal, que “refuerza y profundiza en la autonomía” del ministerio público, ha recalado el ministro.

Reacción de las asociaciones

El anuncio del Gobierno ha tenido una acogida desigual por parte de las asociaciones judiciales y fiscales. La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en esta carrera, considera que la reforma es “una operación más de maquillaje de cara al exterior” que no busca reforzar la institución, sino la figura del jefe del ministerio público, a quien, asegura, se le otorga más poder sin los suficientes contrapesos. Así se ha pronunciado su presidenta, Cristina Dexeus, en declaraciones a Europa Press. “Tiene muy pocas aspiraciones, es muy poco ambiciosa, muy decepcionante”, sostiene Dexeus, al tiempo que reconoce que “en algunos aspectos” la reforma “se aproxima a los estándares que vienen reclamando desde el Greco y desde la Comisión Europea”, tanto en relación al mandato del fiscal general y como respecto a sus comunicaciones con el Gobierno.

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) lamenta que el Gobierno no aprovechara para “iniciar los trámites para remover [cesar] al fiscal general por incumplimiento grave de sus funciones”, en referencia a la causa abierta en el Supremo contra García Ortiz, en la que esta asociación ejerce como acusación popular. Su portavoz, Miguel Pallarés, sostiene en declaraciones a Europa Press que la reforma “blinda” al fiscal general en su cargo al no modificarse el estatuto para incluir como causa de cese “inmediato” que sea investigado por el Supremo.

“El Gobierno pretende, con la reforma, dejar en su cargo a su actual fiscal general, para el caso de que pierda unas posibles elecciones generales”, asegura. Esta interpretación de Pallarés choca, sin embargo, con el hecho de que la reforma legal, según ha indicado el ministro Bolaños, no va a entrar en vigor hasta enero de 2028, después, por tanto, del plazo máximo para el fin de la legislatura (julio de 2027), por lo que el cambio en la duración del mandato no afectará a García Ortiz.

Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa de la carrera, ha aplaudido que se la reforma atienda recomendaciones europeas, aunque se considera “paradójico” que se atienda a unas sugerencias y no a otras, como la elección por parte de los jueces de los vocales del Consejo general del Poder Judicial. Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), sde la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), su portavoz Edmundo Rodríguez, considera acertada la reforma que desvincula el mandato del fiscal general de la legislatura, así como el hecho de que las comunicaciones entre el fiscal general y el Ejecutivo vayan a ser públicas y se registrarán por escrito, “contribuyendo a su transparencia”. Según Rodríguez, estos cambios tienden a otorgarle una mayor autonomía al ministerio público, “lo que resulta imprescindible para poder afrontar el cambio a un proceso penal basado en el principio acusatorio, que reserve la instrucción al fiscal y velar por las garantías procesales y constitucionales al Poder Judicial”.

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La redacción de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ya estaba prevista en el marco de la reforma de la Lecrim, antes de que el actual jefe del ministerio público, Álvaro García Ortiz, fuera investigado por un delito de revelación de secretos vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como la propia Fiscalía habían reclamado que el futuro texto blindara la autonomía del ministerio público y su independencia del Gobierno para evitar que los fiscales pudieran recibir presiones externas durante la instrucción de las causas penales. “Resulta imperativo reforzar la independencia del Ministerio Público tanto en su dimensión externa, de modo que no esté sujeto a órdenes ni instrucciones de ningún tipo impartidas por terceros y quede protegido de injerencias o presiones externas, como en su dimensión interna, introduciendo contrapesos adecuados a los principios orgánicos de jerarquía y de unidad de actuación”, señaló el CGPJ en el informe aprobado en diciembre pasado, que avalaba la ley que convierte a los fiscales en instructores.

El texto que llega este martes al Consejo de Ministros reforma varios aspectos del estatuto actual para atender estas demandas, que habían sido también reclamadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco). Este órgano dependiente del Consejo de Europa lleva tiempo advirtiendo en sus informes de la necesidad de reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal, sobre todo, respecto a la coincidencia en el mandato del fiscal general y el del Gobierno, al entender que la regulación actual puede afectar la percepción de independencia.

El anteproyecto redactado por el Gobierno rompe ese vínculo. El fiscal general del Estado seguirá siendo nombrado por el Ejecutivo, pero su mandato ya no quedará ligado a la legislatura y el jefe del ministerio público no cesará con el Gobierno que lo nombró, al contrario de lo que ocurre ahora. El texto contempla para el fiscal general un mandato de cinco años no renovables, salvo en caso de que haya ostentado el cargo durante menos de un año. Si el fiscal general, por alguna razón, cesa antes de que se cumpla su mandato, su sucesor tendrá un mandato que no excederá del tiempo que quedase a aquel para agotar los cinco años.

Este cambio implica que cuando se constituya el Gobierno tras unas elecciones generales o una moción de censura, se heredará el fiscal general nombrado por el anterior. Para evitar tentaciones de destitución en el caso de que el nuevo Ejecutivo discrepe de la línea del fiscal general, el anteproyecto mantiene las causas tasadas de cese del jefe del ministerio público, y en el caso de que el Gobierno pretenda destituirlo por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones (una de las causas de cese previstas ahora), requerirá un informe previo del CGPJ.

El nuevo texto pretende también reforzar la autonomía de los fiscales prohibiendo que el Gobierno central o los autonómicos promuevan cualquier tipo de actuación por parte de la Fiscalía. Además, el fiscal general no podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros y las comunicaciones entre el fiscal general y el Gobierno deberán realizarse por escrito y serán públicas. El nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales queda atribuido al fiscal general y no al Gobierno como hasta ahora.

Si bien estas medidas van sobre todo destinadas a reforzar la autonomía del fiscal general, el anteproyecto contempla también cambios que reducirán el poder de jefe del ministerio público dentro de la carrera. Así, el texto limita la discrecionalidad del fiscal general para impartir instrucciones en procedimientos concretos, ya que requerirá el consenso del teniente fiscal del Tribunal Supremo o del fiscal de Sala jefe de la sección a la que corresponda. Además, se modifica el actual artículo 27 del Estatuto para ampliar el poder de la Junta de Fiscales de Sala frente a la discrecionalidad del fiscal general, de forma que, a la hora de resolver las discrepancias de criterio, la Junta de Fiscales podrá imponer su postura sobre la del jefe del ministerio público si lo apoyan al menos las tres quintas partes de sus miembros.

El anteproyecto recoge también cambios en el Estatuto para adaptarlo al nuevo papel que tendrán los fiscales como instructores de las investigaciones judiciales. El texto contempla que el Ministerio Fiscal dirigirá la Policía Judicial en sus funciones de investigación del delito; se regula el nombramiento, por el Fiscal Jefe, del fiscal o fiscales encargados de la investigación en cada caso, así como las reglas de la investigación; y se fija el régimen de abstención y recusación de los fiscales, que será el mismo que el de jueces y magistrados regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La reforma de acceso a la carrera judicial

La reunión del Consejo de Ministros de este martes prevé también la votación, en segunda vuelta, de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la ampliación y el fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que prevé cambios en el actual sistema de oposiciones y contempla incrementar el número de jueces agilizando el acceso por el llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio) y acabando con la situación de interinidad de cientos de jueces sustitutos.

El nuevo texto llega después de los informes preceptivos del CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, de los que solo este último ha dado un aval generalizado al anteproyecto. La redacción que finalmente se enviará al Congreso introduce algunos cambios de aspectos técnicos, como la eliminación del concurso forzoso por ascenso de juez a magistrado o atender peticiones históricas del CGPJ, como la eliminación de la fase de sustitución y refuerzo de los jueces en prácticas.

Por lo demás, el proyecto de ley mantiene algunos de los preceptos que cuestionaron el CGPJ o el órgano consultivo de la Fiscalía, como la exigencia de que todos los jueces que ejerzan como preparadores de opositores pidan la compatibilidad para preparar a los aspirantes a la carrera —actualmente solo tienen que pedirlo los que superen un determinado número de horas; o la previsión de un proceso extraordinario para consolidar la situación de centenares de jueces sustitutos, una bolsa compuesta ahora por 913 personas —más del 70% mujeres— que, en algunos casos, llevan más de dos décadas ejerciendo como jueces encadenando contratos temporales.

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La decisión adoptada ahora por el tribunal ya venía anunciada en la resolución que notificó el pasado 26 de marzo, en la que dio 10 días al Gobierno para hacerse cargo de más de 1.000 menores no acompañados que se encuentran en los servicios de acogida de Canarias. La sala acordó que el Gobierno debería informarle de las medidas que se adoptaran, y transcurrido el plazo de 10 días, el Supremo decidiría si celebraba una vista para examinar el cumplimiento de la medida cautelar.

Ese auto del Supremo respondía a un recurso que presentó el Gobierno de Canarias en enero pasado, después de que el Ejecutivo central obviara el requerimiento que le hizo para que se garantizara el acceso de estos menores al sistema de acogida de protección internacional. Los magistrados examinaron las competencias de ambas administraciones y concluyeron que la gestión corresponde a la Secretaría de Estado de Migraciones, según el real decreto 220/2022. En ese escrito, el tribunal reprochó a la Administración del Estado que no haya puesto a disposición de estos menores el sistema estatal de acogida de solicitantes de asilo “pese a que es un sistema al que tienen pleno derecho y cuya implantación efectiva se revela imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores —según resulta notorio— se encuentran, abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger”.

El Gobierno impugnó la orden del Supremo, pero retiró el recurso tras una reunión mantenida entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, en la que acordaron estudiar “caso a caso” la situación de los menores. La Abogacía del Estado presentó en el tribual un escrito explicando cómo pensaba solucionar la situación de estos menores, pero su respuesta no ha convencido al tribunal.

Según precisa el Supremo en la resolución notificada ahora, durante la vista del 29 de mayo la Administración del Estado deberá aportar una “relación detallada” de los menores que han sido ya evaluados individualmente en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional y de los que estén pendientes de evaluación. En el caso de los menores ya evaluados, esa relación deberá incluir el recurso de acogida asignado a cada uno, así como la relación detallada de los que estén pendientes de asignación. Si el sistema actual no tuviera recursos suficientes para el ejercicio de dicha competencia estatal, el Gobierno deberá detallas “las iniciativas concretas que se han adoptado para obtenerlos por cualquiera de las fórmulas reglamentariamente previstas (artículos 7 y 8 del Real Decreto 220/2022) y plazo para obtención de dichos recursos”.

El Supremo preguntará también a la Abogacía del Estado por las unidades administrativas responsables de la realización de estas actuaciones; los acuerdos o protocolos concertados con la Comunidad Autónoma de Canarias y del calendario detallado establecido para su ejecución.

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Perelló, una magistrada progresista recientemente elegida por acuerdo del Ejecutivo y el PP que, sin embargo, está muy claramente enfrentada a Bolaños, dijo en enero, cuando se conoció la reforma, que el sistema actual ”garantiza que cualquier persona, de cualquier procedencia y origen social y cualquiera que sea su ideología, puede competir en igualdad de condiciones apoyada exclusivamente en su esfuerzo individual” y recibió el apoyo de todas las asociaciones menos la suya, Jueces para la Democracia. El CGPJ emitió un informe crítico, aunque mucho más suave que el que se planteó en un principio. Sin embargo, el Consejo de Estado no ve problema en ninguno de los elementos centrales de la reforma, y algunos incluso los aplaude expresamente.

Por ejemplo, el CGPJ cuestionaba la regulación que contempla la ley para consolidar la situación de centenares de jueces sustitutos, una bolsa compuesta ahora por 913 personas —más del 70% mujeres— que, en algunos casos, llevan más de dos décadas ejerciendo como jueces encadenando contratos temporales. Para el CGPJ, la justificación ofrecida por el Gobierno “no parece acomodarse” a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a que este tipo de procesos solo deben utilizarse ante una “situación excepcional”. El Consejo de Estado avala la reforma claramente al señalar que “la excepcionalidad de la anómala situación de empleo temporal en la Administración de Justicia radica, en realidad, en que tal situación se opone y está manifiestamente desajustada respecto de los criterios que han de gobernar el empleo en la Administración de Justicia”. “El Consejo de Estado valora positivamente que se haya acometido una vía que se propone hacer enérgicamente frente a la irregular situación de empleo temporal que se da en el ámbito de la Administración de Justicia”, remata.

Al contrario que las asociaciones judiciales más críticas, el Consejo de Estado no ve ningún problema en el cambio de las oposiciones, que ahora ya no valorarán solo la capacidad memorística de los aspirantes, sino más criterios. Las asociaciones decían que el actual modelo permite “identificar, con objetividad, el mérito y capacidad” de los aspirantes. El Consejo de Estado avala el cambio y asegura que “el anteproyecto manifiesta su firme compromiso por primar otras destrezas, además de las memorísticas, entendiendo que estas últimas no permiten valorar aptitudes igualmente necesarias para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.”

Otras de las cuestiones más polémicas, las limitaciones, incompatibilidades y autorización previa a los preparadores de las oposiciones, que se han convertido en un gran negocio, también queda avala por el informe del Consejo de Estado. “Con independencia de la valoración que se haga de esa actividad de preparación para el acceso a la Carrera Judicial y de su relación con las funciones que desempeñan los jueces y magistrados, entiende este Consejo que el Anteproyecto introduce puntualizaciones y precisiones al régimen legal aplicable a las incompatibilidades de jueces y magistrados, sin que se aprecien defectos en el modo en que lo hace”, señala.

Otra de las cuestiones polémicas que avala el texto es el cambio en la composición de la Comisión de Ética judicial, que esta reforma amplía, de siete a nueve miembros, reduciendo (de seis a cinco) los miembros jueces y aumentando (de uno a cuatro) los académicos de otros ámbitos. Además, estos últimos serán elegidos por las Cortes, en vez de por los miembros jueces, como hasta ahora. “Dentro de la diversidad de soluciones que pueden aplicarse a la designación de los integrantes de un órgano de ese tipo, entiende este Consejo que la fórmula recogida en el Anteproyecto forma parte del margen de decisión de que se dispone al respecto, sin que existan datos para objetarla o para sugerir una diferente solución que se estime preferible”, señala el informe.

Y por último, también avala la prohibición de financiación privada a las asociaciones judiciales. “La opción por una prohibición general de donaciones privadas a las asociaciones judiciales está claramente vinculada con la preocupación por la independencia de esas asociaciones y por las eventuales repercusiones que esas donaciones privadas pudieran tener en la propia independencia de los jueces y magistrados asociados. La opción elegida por el Anteproyecto forma parte del margen de decisión de que el legislador dispone en esa materia, por lo que ninguna objeción se formula al respecto”, remata.

Por el contrario, el Consejo de Estado reclama cambios que no afectan al corazón de la norma y que el Gobierno ha incorporado para llevarla este martes al Consejo de Ministros, como la necesidad de revisar el carácter no orgánico de ciertos preceptos que en el proyecto aparece con forma de ley orgánica o no permitir que personas que tienen una “titulación equivalente” al Grado en Derecho puedan hacerla valer para cualquier forma de acceso a la judicatura o fiscalía.

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El instructor del caso Ábalos en el Supremo sigue dando pasos para intentar comprobar las acusaciones que algunos de los empresarios implicados han lanzado sobre el exministro socialista. De entre estas acusaciones, el juez considera que sí existe “un robusto conjunto de indicios” de que el empresario Víctor de Aldama, supuestamente principal comisionista de la trama que investiga el Supremo, le pidió a Ábalos y a su entonces asesor, Koldo García, que mediaran para que le concedieran la licencia de hidrocarburos a su empresa Villafuel, para lo cual, se celebraron, supuestamente, reuniones con altos cargos del Ministerio de Industria. A cambio, afirma el juez, el empresario Rivas, “beneficiario directo de aquella licencia”, habría adquirido, a través de la empresa Have Got Time “una vivienda, del gusto del Sr. Ábalos, cediéndosela a éste en arrendamiento, con opción de compra”.

En este contexto, el juez considera “pertinente” citar al que entonces era jefe de gabinete de Maroto para acreditar la existencia de una reunión con Rivas y Pano, e interrogarle “por la persona que pudo haberla impulsado o promovido”. En el escrito notificado este lunes, el juez recalca que resulta “evidente” que Ábalos y su entonces asesor “carecían de competencia alguna” para otorgar la licencia de hidrocarburos. “Su función se habría limitado en este caso, y esto es lo que aquí se les atribuye, a ‘abrir puertas’, a facilitar contactos, a agilizar trámites, con el propósito de favorecer los intereses que el Sr. de Aldama promovía”, explica Puente.

El magistrado advierte de que en la causa que él instruye “ni siquiera consta indicio alguno” relativo a que la licencia de hidrocarburos o el rescate de Air Europa (al que también se referían las acusaciones en un escrito presentado en el Supremo) fueran irregulares. “No se advierte en este momento la existencia de indicio alguno de que cualquier persona aforada ante este Tribunal Supremo, ya que no el Sr. Ábalos Meco, pudiera haber incurrido con relación a ellas en una conducta pretendidamente delictiva”, afirma el juez, que le recomienda a las acusaciones populares que, si tienen indicios de lo contrario, lo lleven a los tribunales.

La declaración de Díaz Bidart es la única que acepta el instructor de la batería de nuevas comparecencias solicitadas por las partes. Por ahora, no admite la del ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, ni la del expresidente de Renfe, Isaías Taboada, que, según las acusaciones, pudo mediar para el contrato de Claudia M. en Logirail. Tampoco acepta la comparecencia del gerente u otros dos empleados de esa filial de Renfe, ni la de la esposa de Koldo García.

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La negociación sobre las presidencias de las dos salas clave está encallada con cuatro candidatos sobre la mesa: los progresistas proponen a dos mujeres, la magistrada Ana Ferrer para la Segunda —presidida hasta diciembre pasado por Manuel Marchena y que es la que encargada de juzgar a los aforados y de resolver en última instancia los grandes casos de corrupción— y Pilar Teso para la Tercera —competente para resolver los asuntos que afectan al Gobierno—; mientras que los conservadores defienden el nombramiento de Andrés Martínez Arrieta para presidir la Sala Penal y Pablo Lucas para la de lo Contencioso-Administrativo.

Estas designaciones necesitan un mínimo de 13 votos, una cifra que no reúne ninguno de los dos bloques, por lo que hace falta llegar a un pacto para cada plaza. Los vocales elegidos a propuesta del PP aseguran que, por ahora, no se plantean aceptar a ninguna de las dos candidatas de los progresistas, a quienes los conservadores ya vetaron el verano pasado como presidentas del Supremo y del CGPJ por considerarlas afines al Gobierno.

Fuentes conservadoras admiten que no tienen prisa por desencallar estos nombramientos porque las dos salas están ahora presididas en funciones por sus dos candidatos para la designación formal. Ambos están, además, en la recta final de su carrera (Martínez Arrieta tiene 70 años y Lucas, 71) y los conservadores argumentan que se merecen jubilarse (a los 72 años) como presidentes de Sala, aunque sea ocupando ese puesto de forma interina si los progresistas rechazan votarles.

La negociación, además, está atravesada por otro debate de fondo: cómo aplicar la ley de paridad que entró en vigor en agosto pasado y que establece que ningún sexo puede tener una representación inferior del 40% “en los puestos de representación y decisión”. Un informe encargado por Perelló al Servicio de Estudios e Informes del Consejo concluyó que la norma debe aplicarse para el conjunto de los nombramientos que asigne el pleno en sus cinco años de mandato, pero este dictamen choca con otros dos redactados por la comisión de igualdad, que considera que ese porcentaje debe cumplirse en cada tipo de órgano.

Los progresistas defienden sus candidaturas por sus currículos, pero también por ser mujeres. Y rechazan que sus designaciones, como aseguran los conservadores, supongan primar la paridad sobre el mérito y la capacidad, como sostienen los conservadores. “Son magistradas del Supremo, por lo que la excelencia ya se les presume. Y así lo ha valorado la Sala de Gobierno, la comisión de calificación y la permanente”, señala un vocal progresista.

La presidenta ya había incorporado estos nombramientos en el orden del día de varios plenos, pero luego los había retirado tras constatar la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Tras el pleno de abril, Perelló dio un ultimátum y advirtió a los vocales de que las presidencias de las dos salas clave del Supremo tenían que votarse en uno de los dos plenos previstos en mayo, uno este miércoles y otro el día 21. Algunos consejeros pensaban que ese margen se prolongaría hasta la segunda sesión, pero en los últimos días la presidenta había advertido a los grupos de que, esta vez, no iba a sacar ese punto del orden del día e iba a forzar la votación.

Perelló , finalmente, no solo ha forzado una votación sino cuatro seguidas para cada sala, a sabiendas de que no había ninguna opción de que el resultado cambiara de una a otra: los diez vocales progresistas han votado a Ferrer y Teso y los diez conservadores, a Martínez Arrieta y Lucas. Perelló ha votado en blanco. Al votar cuatro veces sin que ninguno de los candidatos haya obtenido los apoyos necesarios, entra en funcionamiento el artículo 44 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo que establece que, después de tres votaciones consecutivas, “se entenderá denegada la propuesta, que se devolverá al órgano competente para que formule otra nueva”.

En los nombramientos en los que se exija una mayoría cualificada, como ocurre en las presidencias de sala del Supremo, la norma establece que será el pleno el que fijará los trámites de la votación. Varios vocales consultados admiten que hay discrepancias sobre cómo aplicar esta regla, pero, según estas fuentes, lo acordado en la reunión de este miércoles implica devolver las candidaturas a la Comisión de Calificación (la encargada de examinar a los aspirantes para cada plaza y proponer las ternas que se votarán) para que esta haga una nueva propuesta. En principio, según las fuentes, lo previsible que es esa comisión vuelva a proponer las mismas candidaturas y el pleno vuelva a votarlas, supuestamente, tras una nueva negociación entre los grupos.

Perelló vota con los conservadores

Las presidencias de la Sala Penal y Contencioso-Administrativo no han sido las únicas votaciones que han llevado a cabo los vocales este miércoles. El pleno se ha pronunciado también sobre otras plazas vacantes en cargos del Consejo, y en tres de ellas (el adjunto a jefe del Servicio de Inspección y dos plazas de inspector delegado), han salido adelante los candidatos del bloque conservador gracias al voto de Perelló y del consejero propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado. Esta decisión ha causado gran malestar entre el resto de miembros del grupo progresista, segúnlas fuentes consultadas.

Parte del grupo progresista próximo a Sumar afirma estar molesto por “los resultados desastrosos” de los negociadores de este grupo y por su actuación “completamente al margen de cualquier acuerdo” entre las distintas sensibilidades que integran el grupo.

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Puente, que investiga la supuesta trama corrupta que tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, citó a Claudia M. después de que un informe de la UCO revelara que el exministro supuestamente medió para que ella fuera contratada por la empresa pública Logirail SME, cuyo único accionista es Renfe, dependiente de Transportes. “Para ello, Koldo [García, entonces asesor de Ábalos] actuó como transmisor con el fin de que dicha contratación no solo se llevara a cabo, sino que, una vez fuera formalizada, no fuera rescindida”, señalan los agentes.

La Guardia Civil sitúa como punto de partida de esa contratación una conversación de WhatsApp entre Ábalos y su asesor el 8 de octubre de 2019, donde el primero se interesó por la posibilidad de que Claudia M. fuera contratada por alguna entidad dependiente del Ministerio de Transportes. “A la de Gijón no la puede contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?”, pregunta Ábalos. García le dice que sí y añade: “Lo arreglo”. Unos días después, el 16 de octubre, la mujer le envía su currículum al asesor del ministro, que inmediatamente se lo remite al entonces presidente de Renfe, Isaías Taboas.

Una semana después, el 23 de octubre, Claudia M. le confirma a Koldo que le habían llamado para un trabajo. Y el 21 de diciembre, Ábalos y su entonces asesor comentan durante una conversación que la mujer ya había empezado a trabajar. La Guardia Civil recoge también cómo el asesor facilitó alojamiento a Claudia R. durante un viaje de trabajo de esta a Madrid en febrero de 2020, y agendó una cena con el entonces ministro. Unos días después, ella le cuenta al García unos problemas laborales y este se compromete a mediar, para lo que la mujer le envía los teléfonos de sus jefes. Este problema estaría relacionado, según la Guardia Civil, con el hecho de que ella no fuera a la oficina. “Que si se lo puedes mandar por escrito o llamar para cubrirse él las espaldas. El motivo por [el] que no voy a la oficina”. Días después, la mujer informa a García de que le han comunicado que le van a abrir un expediente para despedirla.

Justo al día siguiente, estaba prevista una reunión en el Ministerio de Transportes entre el presidente de Renfe y el entonces asesor del ministro. Horas después, Claudia M. le cuenta a García que le han llamado de Logirail para solucionar su situación. “No tengo palabras de agradecimiento (...) por todo lo que estáis haciendo. Agradecerte a ti personalmente (...) no te voy a defraudar ni a Jose en nada”, le dice la mujer. Estos mensajes, advierte la UCO, “permiten colegir que el ministro y su asesor habrían tenido una participación directa en este asunto”.

El informe de la Guardia Civil recoge una copia de la nómina de la mujer, según la cual, esta figura dada de alta como empleada de Logirail desde el día después de esa conversación, el 18 de febrero. Transcurridos varios meses, la mujer remite a García una copia de la prórroga de su contrato, desde el 18 de febrero de 2021 al 17 de febrero de 2022. Sin embargo, en mayo de 2021 la mujer se queja al entonces asesor del ministro del trato que estaba recibiendo en la empresa, y pide la implicación de Ábalos, aunque según la UCO, Koldo García dejó de actuar ante los requerimientos de ella. La mujer fue despedida en febrero de 2022.

La UCO ha encontrado también unos mensajes enviados por Claudia M. a Ábalos meses después, en los que esta se queja del comportamiento que García tuvo con ella durante el tiempo que trabajó en Logirail. “Me pedía cosas obscenas y me decía que no te dijera nada”, dice la mujer, que asegura que lo tiene “todo grabado” y añade: “Pues recuerdo que era mi superior y por no perder mi puesto de trabajo lo que tuve que aguantar”.

Este martes también está citado a declarar César Moreno, uno de los socios del empresario Víctor de Aldama, el comisionista y presunto cabecilla de la trama, que forma parte de un grupo de WhatsApp llamado El Mosquetero que aparece en varios informes de la UCO. El Supremo ha citado a Moreno como testigo, pero ha acudido acompañado de su abogado porque está imputado en la parte del caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional.

Fuentes del caso señalan que Moreno ha rechazado contestar a casi todas las preguntas al considerar que podía afectarle a su defensa. Sí ha admitido que es socio de Aldama, pero ha rechazado conocer personalmente a Ábalos y al que fuera su asesor. El magistrado Puente citó a Moreno al considerar que puede aportar información sobre las supuestas entregas periódicas de 10.000 euros mensuales por parte de Aldama a Koldo García.

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Las críticas del juez Velasco que ha examinado la autoridad disciplinaria del CGPJ, adelantadas por EL PAÍS, las pronunció el magistrado en una conferencia sobre cumplimiento normativo en las empresas el pasado 13 de noviembre. “De repente se creyeron [alude a Podemos] que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás”, afirmó Velasco. La hoy eurodiputada trabajó de joven, mientras estudiaba en la universidad, como cajera en un supermercado, una circunstancia que ya ha sido aprovechada en otras ocasiones para tratar de desacreditarla.

“Entiendo que, cuando eres el quinto partido político que ha perdido las elecciones, y tienes cuatro gatos, pero los necesita el segundo partido que ha perdido las elecciones [PSOE] para pasar en número de integrantes al primer partido que ha ganado las elecciones [PP], tu legitimidad es bastante menor que si hubieras ganado las elecciones”, dijo también el juez, en alusión, presumiblemente, a los comicios de 2023, donde la formación de Alberto Núñez Feijóo fue la más votada mientras Sumar quedó en cuarta (y no quinta) posición. En otro momento de la charla, aludió a la investigación judicial abierta a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

La autoridad disciplinaria del CGPJ abrió diligencias informativas en diciembre, pero, tras investigar el caso, concluyó que el magistrado no habló en su condición de juez, sino que sus palabras se enmarcan en su libertad de expresión, por lo que propuso archivarlo. No obstante, su decisión debía ser valorada por la comisión permanente, que tiene la última palabra para ratificar la propuesta de Conde o, como finalmente ha ocurrido, rechazarla y obligarle a seguir investigando.

Fuentes del órgano señalan que la propuesta de Conde de archivar la investigación se basa en una sentencia del Tribunal Supremo de 2006 que eximió a un magistrado que llamó “terrorista” al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Según el Supremo, aunque las palabras pronunciadas por el juez fueran claramente inapropiadas, no eran motivo suficiente para abrirle un expediente disciplinario, dado que se pronunciaron fuera del ejercicio jurisdiccional y estaban amparadas por la libertad de expresión.

Respecto al juez Carlos del Valle, titular del Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, la investigación se basaba en unas afirmaciones que hizo el magistrado durante un interrogatorio a Quequé, al que denunció el colectivo Abogados Cristiano por los comentarios del cómico en un programa emitido en junio del año pasado. Entonces, De Miguel dijo: “¡Abogados Cristianos! Toda esta gente que estamos aquí tenemos un deseo, que es llenar de dinamita la cruz del Valle de los Caídos y volarla por los aires. Si puede ser un domingo, mejor, para que vaya más gente. Y luego lo que queremos hacer —que esto ha sido idea de ellos, señor juez [apostilló apuntando al público]— es coger todos los pedacitos que salgan de la cruz del Valle de los Caídos y, de la misma manera que vosotros vais a las clínicas abortivas a acosar a las mujeres que van a abortar, nosotros iremos con esas piedrecitas a las puertas de las iglesias y los monasterios a tirárselas a los curas que se hayan follado a algún niño... O sea, a todos. Sí, igual nos faltan piedras. ¡Igual necesitamos volar también la Almudena!”.

En marzo pasado, De Miguel publicó un vídeo con su comparecencia ante el juez, que tuvo lugar el 23 de enero en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, y la comentó con los oyentes de la Cadena SER. Según detalló el humorista, el magistrado le planteó una analogía cargada de lgtbifobia. “A ver si a usted le parece, aunque fuera en un programa de humor, que se dijera: Vamos a ver si volamos la plaza de Pedro Zerolo [en el barrio madrileño de Chueca, un lugar referencial de la lucha LGTBIQ+] y con las piedrecitas llegamos a un día, el día del Orgullo, y se las tiramos a todos los que estén allí, homosexuales que hayan abusado de niños. Es decir, todos los homosexuales. ¿Qué le parecería a usted en esa situación? Incluso en un programa de humor ¿Puede entenderse que no tiene un sentido mendaz, ofensivo?”, planteó el juez. Después, Valle afirmó que no quería comparar a Zerolo ―un demócrata, luchador por los derechos civiles― con el dictador fascista: “Por cierto, yo no le he comparado a Pedro Zerolo con la cruz del Valle de los Caídos”.

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La decisión del Supremo supone el carpetazo definitivo a la posibilidad de que Juan Carlos I fuera investigado por presuntos delitos fiscales cometidos después de junio de 2014, cuando abdicó en su hijo, Felipe VI. Los hechos por los que se presentó la querella que ahora ha rechazado la Sala Penal ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo, que en marzo de 2022 archivó las diligencias al entender que el rey emérito había regularizado su situación tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de conocer que existía una investigación contra él por fraude fiscal.

El rey emérito había ingresado cantidades multimillonarias a través de la fundación Zagatka, presidida por su primo Carlos de Orleans, que pagó hasta ocho millones de euros para servicios privados de Juan Carlos I y del empresario mexicano Allen Jesús Sanginés Krause. El ex jefe de Estado no declaró en su momento a Hacienda estos ingresos, pero presentó en febrero de 2021 autoliquidaciones de cinco ejercicios fiscales ―de 2014 a 2018― para evitar la sanción.

Los dos decretos de archivo que firmó entonces el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, dejaban constancia de conductas por parte del rey Juan Carlos que podrían haber dado lugar no solo a delitos fiscales, sino también de blanqueo de capitales y de cohecho, pero el ministerio público concluyó que unas estaban prescritas o no son perseguibles porque se cometieron antes de 2014, cuando Juan Carlos I estaba blindado por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución otorga al jefe de Estado. Y los actos presuntamente delictivos que se pueden demostrar a partir de 2014 (donaciones de dinero no declaradas de inicio a la Hacienda española) quedaron sin reproche penal por la regularización fiscal presentada por el rey emérito y que la Fiscalía dio por buena.

Pero varios juristas (los magistrados jubilados Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, y fiscales anticorrupción también retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena), filósofos (Santiago Alba) y periodistas (Pilar del Río) pidieron en enero pasado al alto tribunal que investigara a Juan Carlos I al considerar que la regularización no cumplió los requisitos legales porque se hizo cuando la Fiscalía ya había informado al rey emérito de que le estaba investigando. Además, los querellantes sostenían que los delitos no habrían prescrito, al tratarse de hechos agravados (que tienen un tiempo mayor de prescripción) por la utilización de estructuras opacas en el extranjero.

El Supremo pidió entonces opinión al ministerio público, que se opuso a admitir la querella utilizando los mismos argumentos con los que justificó su archivo hace tres años. Y, este lunes, el alto tribunal ha asumido su criterio. Los magistrados respaldan uno a uno todos los argumentos de la Fiscalía y recalcan que los denunciantes no han aportado nuevos datos, pruebas ni documentos que justifiquen reabrir la investigación. “En términos jurídicos, nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal”, señala el auto notificado este lunes, del que ha sido ponente el expresidente de la Sala Penal y que firman también los magistrados Andrés Palomo, Ana Ferrer, Vicente Magro, Javier Hernández.

El alto tribunal carga contra el contenido de la querella, a la que acusa de hacer una “selección fragmentada e interesada” del escrito de archivo con el que la Fiscalía cerró la investigación por centrarse solo en el hecho de que Juan Carlos I pagó los impuestos que no había pagado antes cuando los medios de comunicación ya habían publicado detalles de la investigación abierta por el ministerio público. Para el Supremo, admitir la querella “supondría convertir a los querellantes en entusiastas valedores de unos intereses tributarios que ya han sido satisfechos -así lo ha confirmado la Hacienda Pública-, y hacerlo para la persecución de unos hechos que el Ministerio Fiscal considera que conceptualmente no son ya constitutivos de delito”.

Los magistrados consideran “razonables” y “coherentes con el resultado de las investigaciones” los argumentos por los que la Fiscalía justificó el archivo y entienden que esos mismos motivos “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial sobre unos hechos que, ya desde ahora se advierte, en sintonía con el criterio del Fiscal, que no son constitutivos de delito, están prescritos o fueron regularizados”.

El auto enumera las razones por las cuales los hechos no son perseguibles penalmente: en algunos casos por haberse producido la prescripción de los delitos fiscales investigados, en otros porque la regularización tributaria efectuada eximieron al rey emérito de la posible responsabilidad penal, conforme al artículo 305.4 del Código Penal, al haberse realizado antes de que existiera “un conocimiento formal” de las infracciones fiscales objeto de regularización. Los magistrados apuntan que, aunque la regularización tributaria se presentó después de que la Fiscalía informara al rey emérito de que se le estaba investigando, la regularización procede de los gastos sufragados por la Fundación Zagatka, de los que el ministerio público tuvo conocimiento a través de las propias declaraciones complementarias presentadas por el ex jefe de Estado.

La Sala reprocha, además, la “imprecisión” y “falta de claridad” que la Fiscalía aprecia en el relato de hechos de la querella. “Estas dificultades formales (…) se hacen todavía más intensas a la vista de la ausencia de toda aportación documental que pueda respaldar los hechos imputados. El relato fáctico se limita a una glosa crítica de las decisiones de la Fiscalía, sin contrarrestar los argumentos que fundamentaron el archivo con algún apoyo documental de contraste”, señalan los magistrados.

Para el tribunal, los querellantes “no rebaten ninguna de estas razones, se limitan a instar de esta Sala que repita la investigación, que reclame todos los documentos que han dado apoyo a la decisión de archivo del Fiscal y que, a partir de ahí, recalculemos los plazos de prescripción o del expediente de regulación”.

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La causa abierta ahora se suma a las otras dos investigaciones que ya tiene en marcha el Supremo contra el agitador ultra: una por la financiación de SALF, su agrupación electoral y otra por difundir una prueba falsa de covid de Salvador Illa. Y la Sala Penal tiene todavía que decidir si abre también causa por sobre, al menos, otras tres denuncias que tiene sobre la mesa.

La investigación abierta ahora se basa en la exposición razonada que envió al alto tribunal un juzgado de Valencia, que había abierto diligencias tras la denuncia de la fiscal Gisbert por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y odio. En su denuncia, la fiscal daba cuenta de unos mensajes que se habían divulgado en el canal de Telegram de Alvise y que habían llevado a que personas que ella no conocía le remitieran mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales.

El mensaje que Alvise publicó en Telegram difundía datos personales de Gisbert, a la que el agitador ultra señalaba por perseguir delitos de odio. “Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN. Están organizados por ciudades. Busquemos sus identidades”, escribió Alvise, que publicó una imagen de la fiscal, a la que definía como “la responsable en Valencia de haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra ‘inmigración’ e ‘invasión’ juntas”.

El Supremo, tras estudiar la denuncia de Gisbert, considera que la actuación de Alvise puede responder a un tipo de delito de acoso conocido como stalking y que consiste en intimidar a una persona, en este caso, a través de las redes sociales. Los magistrados señalan que el ahora eurodiputado hizo “una llamada a un grupo cercano a los 40.000 seguidores” para que expresaran y desarrollaran “una animadversión” hacia la fiscal. Además,advierte la Sala, Alvise hizo un segundo llamamiento a movilizarse a sus seguidores después de que muchos de ellos hubieran expresado su intención de actuar contra Gisbert y su familia.

El tribunal advierte en esta actitud del líder de SALF “una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima, a partir de la persecución que pudieran desplegar los centenares de personas que asumieran su reto”. Estos hechos encajan en el delito de acoso citado por los magistrados.

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El magistrado ha dictado este auto después de que la Sala de lo Penal anulara el 9 de abril el archivo definitivo de la causa que había dictado el instructor y le ordenara continuar la investigación. La Sala tomó esa decisión al estimar los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la acusación particular.

Los hechos por los que se investiga a Sanginés se remontan a 2009, cuando el ahora senador ostentaba el cargo de presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y del Ente Público de Empresa Local (Centro de Artes, Cultura y Turismo). El 11 de noviembre de ese año, compareció voluntariamente ante la Policía de Costa Teguise para denunciar unas irregularidades en la contratación de determinados servicios cometidas por diversas personas.

Según el escrito de acusación del fiscal, recogido en el auto en el que el Supremo abrió la causa, Sanginés hizo la denuncia, narrando irregularidades que constituían varios delitos contra la Administración Pública, “con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma”. A raíz de esta denuncia, ratificada después por el político en varias ocasiones, se llegaron a abrir unas diligencias que acabaron archivadas.

Sanginés fue el presidente del Cabildo de Lanzarote entre 2009 y 2019, año en que fue desalojado tras la victoria del PSOE tras las elecciones autonómicas. En mayo resultó elegido concejal del Ayuntamiento de Arrecife ―aunque finalmente renunció a su acta― y diputado en el Paramento canario.

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La petición de información del instructor del Supremo respondía a un escrito remitido este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a partir de la información facilitada por la Agencia Tributaria en el marco de la investigación abierta a Ábalos. Según los agentes, los datos enviados por Hacienda incluían que desde la Caja Pagadora Central del Ministerio de Transportes se consignaron dos pagos al exministro, correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, por importes de 156.440,29 (año 2018) y 351.992,72 euros (2019) que están al margen de la nómina que recibía como titular de ese departamento.

Ambas partidas aparecen descritas por Hacienda bajo el concepto genérico de “Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen”. Pero esos ingresos, según advierte la UCO, “no habrían tenido reflejo identificable en ninguna de las cuentas bancarias de Caixabank” localizadas por la Guardia Civil como correspondientes a Ábalos, por lo que los agentes solicitaron al juez que reclamara a Transportes información detallada sobre esos pagos y el magistrado accedió este miércoles a esa petición

Tras conocer el paso dado por el instructor, fuentes de la defensa de Ábalos señalaron que el exministro niega haber recibido ese dinero y explicaron que esos ingresos podían estar relacionados con gastos vinculados a los viajes que realizaba (como vuelos y hoteles) y los funcionarios que le acompañaban. La información recabada por Transportes confirma esta versión.

Según una nota difundida por el departamento que dirige Óscar Puente, estos gastos aparecen ligados al nombre de Ábalos, “pero reflejan el coste total del viaje de los todos los miembros” de su delegación. Esto se debe a que los viajes de los ministros se gestionan por el régimen de resarcimiento establecido en el artículo 8 del Real Decreto 462/2002, que regula las indemnizaciones por razón del servicio y que establece que todos los gastos ocasionados por los componentes de la delegación que acompaña al titular del departamento en los viajes (como escoltas, personal de comunicación, asesores y otros funcionarios) son atribuidos al ministro.

Transportes asegura que esos importes fueron abonados en su mayor parte a la agencia de viajes del Ministerio, que es la que gestiona la emisión de los billetes de avión o tren y los gastos de alojamiento (reservas de hotel). Hay otra pequeña parte del gasto que se abona en metálico en concepto de anticipo y que posteriormente se justifica con todas las facturas correspondientes a los pagos efectivamente realizados, explica el departamento que dirige Puente, que asegura que, con carácter general, en estos viajes nunca se realizan transferencias a cuentas corrientes.

El informe que la UCO ha enviado al Supremo subrayaba que esas cantidades exentas de impuestos supuestamente percibidas por el exministro se abonaron desde la caja pagadora central, mientras que la nómina la abonaba el departamento de personal. Sin embargo, según Transportes, durante la época en que Ábalos fue el titular del ministerio, no se realizó desde la caja pagadora central ninguna transferencia a ninguna cuenta bancaria de su titularidad. “De hecho, en la caja pagadora central del ministerio no se dispone de datos de ninguna cuenta bancaria del Sr. Ábalos”, asegura este departamento.

Transportes prevé responder al requerimiento del juez en los próximos días, para lo cual va a revisar todos los expedientes de viajes. En la documentación que se remita al Supremo, señala el ministerio, se identificarán en detalle los totales de las facturas abonadas a Viajes El Corte Ingles y los importes justificados a partir de anticipos, de manera que se acredite que dichos importes no fueron abonados a Ábalos.

La interpretación de la normativa de IRPF que hizo la caja pagadora central de Transportes durante los ejercicios 2018 y 2019 llevó a declarar como “dietas y asignaciones para gastos de viaje, en las cuantías exceptuadas de gravamen del IRPF”, todos los importes recogidos en las declaraciones de gastos de los viajes encabezados por Ábalos. Este dato no se incluyó en la información remitida a la Agencia Tributaria en los años anteriores a 2018 y posteriores a 2019, dado que atribuir el total del gasto a una única persona “resulta erróneo (como parece acreditarse en este momento)”, ya que no es posible hacer un desglose individualizado del gasto porque el expediente de declaración de gastos es único para toda la delegación. “Cabe señalar como ejemplo que no resulta posible atribuir individualmente gastos como las facturas de las comidas o las comisiones por cambio de moneda”, advierte Transportes.

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La información que pudieran remitir Google y WhatsApp era, en principio, el último asidero que le quedaba al juez del Supremo para encontrar datos que pudieran incriminar al fiscal general, quien borró todo el contenido de su teléfono tras ser encausado por revelación de secretos en octubre pasado. La intención de Hurtado al solicitar la colaboración de ambas empresas era recuperar la información enviada y recibida por los teléfonos del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Estas fueron las fechas en las que se filtró el correo del abogado de González Amador en el que admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y ofrecía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel.

La respuesta de Google y WhatsApp llegó al Supremo la semana pasada y el juez consideró por ello que la solicitud que formuló a ambas empresas había resultado “exitosa”. Pero Hurtado pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizara la información recibida y los agentes han informado ahora al instructor de que ninguna de las dos compañías ha aportado datos de interés.

La documentación enviada por Google sobre la cuenta de correo electrónico (Gmail) de García Ortiz recoge 159 mails, de los cuales solamente uno de ellos tiene relación con la causa investigada. Pero es un correo que ya había sido localizado por los agentes en la copia de seguridad del ordenador de sobremesa del fiscal general durante el registro realizado en su despacho el pasado 30 de octubre.

Se trata de un mail recibido a las 23.45 del 13 de marzo de 2024, procedente de la cuenta oficial de la jefatura de la Fiscalía de Madrid, que recoge la denuncia por delitos contra la Hacienda Pública presentada contra Maxwell Cremona, la empresa de González Amador, y la cadena de correos entre el letrado y el fiscal que le denunció, Julián Salto. El resto de correos relacionados con los hechos remitidos esa noche por la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada por el Supremo, no se encuentran entre la información remitida por Google, advierte el juez.

En cuanto a los datos enviados por WhatsApp, no se han podido recuperar los mensajes vinculados al teléfono móvil personal de García Ortiz, que el juez considera que podrían ser de interés para la investigación porque es el que habitualmente usaba y con el que se comunicó la noche del 13 de marzo con la fiscal provincial, según constató la UCO tras analizar el teléfono móvil de esta.

El jefe del ministerio público borró en dos ocasiones su cuenta de WhatsApp el mismo día en que fue encausado y ese movimiento ha impedido a la empresa de mensajería recuperar sus mensajes, según la información enviada al Supremo. García Ortiz tenía también un teléfono corporativo vinculado a su cargo, pero en este no tenía instalada la aplicación de mensajería. “A la vista del informe presentado, se entiende concluido el análisis pericial encomendado a la UCO, con el resultado negativo que en dicho informe se indica”, admite el juez en la resolución dictada este miércoles.

El fracaso en el intento de recuperar el contenido del teléfono móvil de García Ortiz es un golpe para la instrucción del juez Hurtado. Hasta ahora, el instructor ha insistido en que hay suficientes indicios que apuntan a que fue el jefe del ministerio público quien filtró el correo que supuestamente tenía datos confidenciales de González Amador, pero ninguno de los análisis de la UCO ha encontrado pruebas de ello y varios periodistas que han declarado como testigos han asegurado que tuvieron acceso al contenido del correo que centra la investigación antes de que García Ortiz supuestamente lo recibiera.

Para el juez, uno de los indicios contra el fiscal general es que este cambiara de teléfono y borrara todo el contenido de su anterior terminal tras saber que estaba siendo investigado. El instructor ha reprochado a García Ortiz que haya hecho “desaparecer pruebas que le puedan incriminar”, y ha asegurado que aunque el borrado de mensajes “carece de relevancia penal”, “tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal”.

En su declaración ante el juez como investigado el pasado 29 de enero, García Ortiz alegó que ha cambiado seis veces de teléfono en los últimos años y que habitualmente borra contenido del móvil por seguridad y por ser “una obligación legal”, ya que tiene información sensible que afecta a multitud de investigaciones penales y a instituciones del Estado.

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La petición del juez se enmarca en la investigación abierta a Ábalos por su supuesta implicación en una trama corrupta que tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes durante su mandato (entre junio de 2018 y julio de 2021). El instructor solicitó hace varias semanas a la UCO la información que conste, desde enero de 2014, en las bases de datos de Caixabank y la Agencia Tributaria sobre el exdirigente socialista y la Fundación Fiadelso, vinculada a Ábalos y su familia. La intención del juez es comprobar si se han producido “ingresos irregulares” que pudieran corresponderse con los cobros irregulares que se le imputan al exministro.

Los agentes, según expone el magistrado en un auto fechado este martes, han analizado la información remitida por la Agencia Tributaria y han detectado que entre los pagos efectuados a Ábalos por el departamento que dirigía hay consignadas dos cantidades, correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, por importes de 156.440,29 (año 2018) y 351.992,72 euros (2019) que están al margen de la nómina que recibía el entonces ministro. Según la información enviada por Hacienda, esos pagos fueron abonados por la Caja Pagadora Central del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Ambas partidas aparecen descritas bajo el concepto genérico de “Rentas exentas y dieras exceptuadas de gravamen”. Pero esos ingresos, según advierte la UCO, “no habrían tenido reflejo identificable en ninguna de las cuentas bancarias de Caixabank” reseñadas por la Guardia Civil como correspondientes a Ábalos. Y al no constar esos ingresos en ninguna de las cuentas del exministro, los investigadores no pueden seguir el rastro de ese dinero, apunta el instructor, que ha accedido a la petición de la Guardia Civil para que se reclame la información sobre esos pagos a Transportes, “único modo de que pueda completarse” el informe económico financiero de Ábalos.

Según expone la UCO en la información remitida al Supremo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Ábalos habría percibido un total de 736.796,28 euros del Ministerio de Transportes entre junio de 2018 y julio de 2021, de los que se le retuvieron por parte de hacienda 68.930,12. Los datos de la Agencia Tributaria incluidos por los agentes en su informen recogen, además de esos dos ingresos exentos de impuestos, el sueldo de Ábalos como ministro: 40.561 euros brutos en 2018; 73.300,8 en 2019; 74.858,16 en 2020; y 39.642,63 en 2021.

Fuentes de la defensa de Ábalos señalan que el exministro niega haber recibido ese dinero y explican que los ingresos señalados por la UCO pueden estar relacionados con gastos vinculados a los viajes que realizaba (como vuelos y hoteles) y los funcionarios que le acompañaban.

Las explicaciones que mande a petición del juez el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, serán fundamentales para conocer si Ábalos percibió realmente esa cantidad exenta de impuestos que le atribuye la UCO o si, como asegura el exministro, los agentes le han imputado unos ingresos que no son tales.

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La información aportada por las dos empresas se estudiará en dos piezas separadas, que se han declarado secretas. El miércoles el juez abrió la primera causa y encargó a la Guardia Civil que analizara la documentación remitida por las autoridades irlandesas. En un principio solicitó información tanto de Google como de Whatsapp a la justicia irlandesa, pero le advirtieron de que debía derivar la petición sobre la plataforma de mensajería a Estados Unidos.

La respuesta de Estados Unidos, a la que se reclamó los datos de WhatsApp, se recibió ayer a través del Ministerio de Justicia y consiste en dos carpetas zip, a la que acompañan dos escritos, uno de ellos en inglés. El juez ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice la información, como ya había establecido que debía hacerse en “caso de que fuera exitosa, como parece haber sido, la comisión rogatoria librada”, señala el instructor. También ha instado a la UCO a informarle de los avances con una periodicidad mínima de cinco días.

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El juez Hurtado había rechazado hasta ahora citar como testigo a la pareja de la presidenta madrileña con el argumento de que de que no es habitual citar a la persona que ha interpuesto la querella porque suele “resultar perjudicial para el acusado”. Además, según el magistrado, la posición de González Amador ya se plasma en su querella y por la actuación de su abogado a lo largo del procedimiento. Pero la Sala de Apelación del Supremo corrigió al juez el pasado 11 de abril y le instó a tomar declaración a González Amador, que se querelló hace más de un año contra la Fiscalía por presuntamente revelar información confidencial sobre él vinculada a la investigación por fraude fiscal que le abrió el ministerio público. El juez ha fijado finalmente la comparecencia de la pareja de Ayuso para el próximo 23 de mayo a las 10.30.

El instructor, además, ha decidido abrir una pieza separada, y la ha declarado secreta durante un mes, sobre la respuesta que han dado las autoridades irlandesas a las comisiones rogatorias que envió a WhatsApp y Google para que aporten los datos que obren en su poder respecto a García Ortiz, que eliminó todo el contenido de su móvil después de que el Supremo le encausara. La intención de Hurtado es recuperar la información enviada y recibida por los teléfonos del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, fechas en las que se filtró el correo del abogado de González Amador en el que admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y ofrecía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel.

En el auto, el juez señala que, al menos una de esas peticiones, ha sido atendida. El instructor expone que este martes recibió de la delegación irlandesa, a través de la delegación española en Eurojust, documentación relativa a la petición que se le había hecho, “lo que, en principio, apunta a haber obtenido la información que se interesaba”. Hurtado, no obstante, no da pistas de qué tipo de información se ha recuperado porque él no ha accedido todavía a esos datos. Lo que explica en su auto es que ha recibido de Irlanda una carpeta con documentación e insta a la UCO a analizarla, tal y como ya había establecido que debía hacerse en “caso de que fuera exitosa, como parece haber sido, la comisión rogatoria librada”, añade el instructor. “Una vez cumplimentada, puede haberse podido recabar una información documental, que precisa de su examen pericial”, argumenta Hurtado para declarar secreta esa documentación.

El instructor no precisa si las autoridades irlandesas han contestado a la petición relativa a la cuenta de García Ortiz de Google o a la de WhatsApp, pero los pasos dados hasta ahora llevan a pensar que se refiere al primero de estos servicios. Hurtado envió en un primer momento a Irlanda la petición de información para las dos empresas, pero en marzo pasado derivó a Estados Unidos la petición relacionada con Whatsapp después de que Irlanda le comunicara que dicha solicitud debe dirigirse a las autoridades estadounidenses.

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El magistrado Puente sigue dando pasos en la investigación que amplían el radio de la influencia que supuestamente ejerció Ábalos para obtener beneficios ilícitos para él y su entorno. La expresidenta de Adif declaró en el Supremo como testigo el pasado 5 de marzo. En su comparecencia, Pardo de Vera se desvinculó de la contratación de Jessica R. en Ineco, la empresa pública de la que la expareja del exministro estuvo cobrando durante dos años sin ir a trabajar. Pardo de Vera solo refirió un par de conversaciones aisladas con el entonces titular de Transportes y su asesor, Koldo García, en las que ambos le preguntaron por cómo se podía contratar personal administrativo en Ineco y se interesaron personalmente por dos obras públicas adjudicadas por esa empresa.

Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha revelado, sin embargo, que García y Pardo de Vera se cruzaron mensajes en los que el primero apremió a la entonces presidenta de Adif para que se cerrara rápidamente la contratación de Jessica R. “Sólo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba [García, hermano de Koldo y empleado en Ineco], que, si no, José me corta los huevos”, le dijo el que fuera asesor de Ábalos.

El instructor del Supremo cree que esas conversaciones son “particularmente reveladoras” y apuntan a que Pardo de Vera “habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación (...) de una persona escogida libérrimamente” por Ábalos, “quien habría contado para ello con la relevante participación” de su entonces asesor. Según el juez, hay “indicios bastantes” de que Pardo de Vera influyó no solo para que, en marzo de 2019, contrataran a Jessica R. en Ineco (dependiente de Transportes) en el marco de un proyecto vinculado a Adif, sino también para que la entonces pareja de Ábalos fuera contratada dos años más tarde en la empresa Tragsatec en un puesto adscrito a la presidencia de Adif.

El instructor envía el caso al Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional para que valore la actuación de Pardo de Vera y decida si la cita como investigada. Puente renuncia a ser él quien la impute porque la doctrina de la Sala Segunda del Supremo establece que el alto tribunal solo debe asumir la investigación de los aforados (Ábalos lo es por ser diputado del Grupo Mixto del Congreso) y de aquellos hechos en los que se aprecie “una conexión material inescindible”, algo que el instructor considera que no se da en este caso.

Adjudicación de obras

En el mismo auto, el juez ordena a la UCO que investigue la adjudicación de las obras públicas y los supuestos rectificados que aparecen destacados en fluorescente en los documentos aportados por Aldama y cuya adjudicación, según el empresario, se había pactado con Ábalos a cambio de comisiones ilegales. El juez reclama a la Guardia Civil que identifique a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de esas obras y fiscalice el procedimiento de adjudicación. El magistrado adopta esta decisión después de que el informe pericial realizado en el Supremo con una prueba caligráfica de Koldo García concluyera que era suya la letra de las anotaciones aportadas por Aldama sobre los contratos de obras públicas supuestamente adjudicados a cambio de mordidas.

Los indicios contra Ábalos se extienden también a otra mujer con la que, según la UCO, tuvo una relación, la asturiana Claudia M., a la que el juez cita como testigo el próximo 6 de mayo. Un reciente informe de la Guardia Civil recoge “evidencias digitales” de que esta mujer fue contratada por la empresa pública Logirail SME, cuyo único accionista es Renfe (dependiente de Transportes) gracias a la influencia del entonces ministro y su asesor.

Los agentes han encontrado varios mensajes que revelan que Ábalos pidió a García que mediara para conseguir un contrato para ella a finales de 2019, y que ambos estuvieron pendientes de que el fichaje se formalizara y mediaron para que no se rescindiera cuando Claudia M. les contó que la querían despedir. “No tengo palabras de agradecimiento (...) por todo lo que estáis haciendo. Agradecerte a ti personalmente (...) no te voy a defraudar ni a Jose en nada”, le dijo luego ella a García, según un whatsapp hallado por la UCO en el móvil del entonces asesor del ministro.

Rechaza citar a Marlaska

El instructor cita también como testigo para el mismo día a César Moreno, socio de Aldama, para preguntarle sobre “las pretendidas entregas periódicas de diez mil euros mensuales” del empresario, o personas que actuaban por su encargo, a Koldo García. El magistrado explica que, aunque es citado como testigo, deberá comparecer con abogado al figurar como investigado en la causa que instruye el juez Moreno en la Audiencia Nacional.

En cambio, el juez rechaza porque no resultan “pertinentes, útiles ni necesarias a los fines de la investigación” todas las diligencias solicitadas por la defensa de Ábalos, entre ellas la citación como testigos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del secretario de Estado de este Ministerio, Rafael Pérez Ruiz. El exministro de Transportes había solicitado estas declaraciones porque el informe de la UCO reseñaba que Interior también adquirió durante la pandemia una importante cantidad de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, que se encuentra investigada en el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, donde se instruye el llamado caso Koldo. Respecto a esta adjudicación, Puente señala que no se ha identificado “en el presente procedimiento irregularidad alguna determinante de la incoación de diligencias de investigación orientadas a esclarecer sus circunstancias”.

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La reunión de este martes del Consejo Fiscal, el principal órgano asesor del fiscal general del Estado, llegaba procedida por la carta abierta difundida el lunes por la Asociación de Fiscales para exigir a García Ortiz que se apartara de la designación del nuevo fiscal de sala de delitos contra la Administración. El argumento de la asociación mayoritaria es que ese nuevo cargo tendrá que intervenir en la causa abierta al jefe del ministerio público en el Tribunal Supremo por una supuesta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal.

Según sostiene la AF, varias normas establecen que es una causa de abstención el hecho de “tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel” y, para esta asociación, García Ortiz “tiene un interés personal” en el nombramiento de esa plaza porque a quien la ocupe le corresponderá “la coordinación de la actuación del Ministerio Fiscal” en la causa que tramita el Supremo contra él y “puede adoptar decisiones interpretativas, entre otros, del delito de revelación de secretos”. Además, el nuevo fiscal de sala será el encargado de unificar criterio en los casos de delitos contra la Administración, lo que, según la AF, implica que lo hará sobre la causa abierta contra el fiscal general.

Fuentes del ministerio público descartaban de inicio que García Ortiz fuera a apartarse porque, a su juicio, las razones que alega la AF carecen de fundamento. Estas fuentes recalcan que el nuevo fiscal de sala será el coordinador de una unidad especializada y no tendrá función jurisdiccional, por lo que no participará en las instrucciones de los casos ni en los juicios, igual que ocurre con los fiscales de sala de seguridad vial medioambiente o menores. Según estas fuentes, el papel de la Fiscalía en la causa abierta contra García Ortiz seguirá ejerciéndolo su número dos, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y descartan que, como señala la asociación mayoritaria, esta vaya a estar a partir de ahora sometida a las directrices que marque el responsable de esa unidad especializada.

La negativa de García Ortiz a abstenerse ha llegado a los seis consejeros de la AF a no participar en la votación del Consejo Fiscal, cuyo resultado, en cualquier caso, no es vinculante, ya que es una potestad del fiscal general que ahora tendrá que ser ratificada por el Consejo de Ministros. En un comunicado, esta asociación argumenta también su oposición a la creación de esta nueva unidad, que ya expusieron en un pleno extraordinario celebrado en octubre de 2024.

Para ese puesto se habían presentado seis candidatos, y el fiscal general ha anunciado que propondrá a Sánchez Ulled, un fiscal con más de 30 años de ejercicio que ha llevado varios asuntos muy mediáticos en Cataluña, como el caso Palau o el del 9-N. En la actualidad se encuentra en servicios especiales, ya que desde junio de 2017 es Consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas, pero desde 2005 hasta 2017 fue fiscal delegado de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y de 2000 a 2002 fue designado como Experto Nacional de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) en Varsovia (Polonia). La candidatura de Sánchez Ulled sí ha contado con el apoyo de los otro cuatro vocales del Consejo Fiscal: los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las dos vocales natas (la teniente fiscal del Supremo y la jefa de la Inspección).

Estos cuatro consejeros también han apoyado al candidato propuesto por García Ortiz para la otra fiscalía de nueva creación, la unidad especializada en delitos económicos: Fernando Rodríguez Rey, un veterano fiscal (número 19 en el escalafón) que ya actuaba desde el Tribunal Supremo como fiscal delegado para estos delitos. Los vocales de la AF han votado para esta plaza al fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol y el de APIF, a Carmen Launa, también fiscal actual de esa especialidad.

Desde que se anunció la creación de las dos nuevas Fiscalías de Sala (la máxima categoría de la carrera), un sector del ministerio público ha mostrado su oposición al interpretar que su labor se va a solapar con la de la Fiscalía Anticorrupción, la fiscalía especial dirigida por Alejandro Luzón que se encarga de investigar los grandes casos de corrupción. Desde el Gobierno y la Fiscalía se ha defendido desde el principio que son órganos diferentes y que Anticorrupción seguirá encargándose de esos grandes casos, mientras que las dos nuevas unidades están diseñadas pensando, sobre todo, en los casos pequeños que tienen su epicentro en gobiernos municipales o diputaciones provinciales y que escapan a las competencias de Luzón.

El Consejo Fiscal de este martes ha abordado otros nombramientos, entre ellos el de la nueva fiscal de sala de Violencia sobre la Mujer, que será María Eugenia Prendes, actual fiscal superior de Asturias y única candidata que ha concurrido a esa plaza. Esta Fiscalía ya existía, pero su anterior responsable, Teresa Peramato, ha accedido a una de las jefaturas de penal de la Fiscalía del Supremo. Por otra parte, el hasta ahora Fiscal Adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial Mario Jesús Sanz Fernández-Vega ha sido propuesto para ocupar la plaza de Fiscal de Sala de esta especialidad.

Además de las cuatro Fiscalías de Sala, el Fiscal General ha informado también al Consejo Fiscal de las propuestas de nombramiento a distintas plazas en las Fiscalías del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (dos plazas). Para la plaza del Tribunal de Cuentas, la candidata propuesta es Gloria Alonso Ballesteros, mientras que para la Fiscalía Anticorrupción los propuestos son Elisa Lamelas Oliván y Diego Lucas Álvarez.

Informe sobre la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal

El Consejo Fiscal ha debatido también el informe del anteproyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, aprobado por el Gobierno en enero pasado y que prevé cambios en el actual sistema de oposiciones de acceso a la carrera de jueces y fiscales, para facilitar el acceso a estudiantes de todos los niveles socioeconómicos y modifica el actual modelo de oposición introduciendo una prueba escrita y el anonimato de los aspirantes.

Durante el debate, se han cuestionado aspectos como la decisión del Gobierno de crear el llamado cuarto turno para la carrera fiscal (una forma de acceso reservada para juristas de reconocido prestigio que ya existe en el caso de los jueces); el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal; y el papel del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en la preparación y becas de opositores. La redacción alternativa que los vocales de la AF han propuesto para estos puntos del informe del Consejo Fiscal ha sido aprobada por mayoría, y el fiscal general del Estado, la teniente fiscal del Supremo y la jefa de la Inspección han anunciado un voto particular respecto al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal que prevé el anteproyecto, ya que consideran que es un mandato del Tribunal de Justicia de la UE. Los dos vocales de la UPF se han alineado en este caso con los de AF y APIF en contra de este proceso.

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La designación de ese nuevo fiscal de sala (la máxima categoría en la carrera) está prevista en un Consejo Fiscal que se celebrará este martes, y es una potestad del fiscal general, aunque tiene que escuchar previamente la opinión de todos los miembros de ese órgano. A esa plaza se han presentado seis candidatos: los fiscales del Supremo Álvaro Redondo y Rafael Escobar; el fiscal de Tribunal de Cuentas Carlos Castresana; la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell; la fiscal de Madrid Virna Alonso; y Emilio Sánchez Ulled, que ha llevado varios asuntos muy mediáticos en Cataluña, como el caso Palau o el del 9-N. El fiscal general no ha revelado todavía quién es el candidato al que pretende proponer, pero la asociación mayoritaria de la carrera ya ha advertido de que se opondrá a que García Ortiz designe a ninguno de ellos.

Fuentes del ministerio público descartan que el fiscal general vaya a apartarse de ese nombramiento porque considera que las razones que alega la AF carecen de fundamento. Según sostiene esta asociación en una carta abierta al fiscal general difundida este lunes, varias normas establecen que es una causa de abstención el hecho de “tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél” y, para la AF, García Ortiz “tiene un interés personal” en el nombramiento de esa plaza porque a quien la ocupe le corresponderá “la coordinación de la actuación del Ministerio Fiscal” en la causa que tramita el Supremo contra él y “puede adoptar decisiones interpretativas, entre otros, del delito de revelación de secretos”.

Fuentes de la Fiscalía argumentan, sin embargo, que este nuevo fiscal de sala será el coordinador de una unidad especializada y no tendrá función jurisdiccional, por lo que no participará en las instrucciones de los casos ni en los juicios, igual que ocurre con los fiscales de sala de seguridad vial medioambiente o menores. Según estas fuentes, el papel de la Fiscalía en la causa abierta contra García Ortiz seguirá ejerciéndolo su número dos, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y descartan que, como señala la asociación mayoritaria, esta vaya a estar a partir de ahora sometida a las directrices que marque el nuevo fiscal de sala.

Aunque la exigencia de la AF no tenga visos de fructificar, la carta difundida por esta asociación ya anuncia que el de este martes será de nuevo un Consejo Fiscal marcado por el enfrentamiento del ala más conservadora de la carrera con García Ortiz. Esta asociación se ha opuesto desde el principio a la creación de la nueva fiscalía especializada en delitos contra la adminsitración pública, así como a la específica sobre delitos económicos cuya creación también prevé el plan de regeneración del Gobierno y cuyo responsable también se elegirá en esta reunión. Las fuentes consultadas consideran que, en este caso, el elegido será Fernando Rodríguez Rey, que ya es fiscal de sala de delitos económicos.

Aunque esta unidad no haya existido hasta ahora como tal, sí había ya fiscales especializados en estos asuntos en varios tribunales autonómicos y Rodríguez Rey es el encargado de su coordinación. La nueva unidad se centrará en delitos fiscales y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, y el objetivo es que se encargue de crear una red de fiscales delegados en todas las provincias y unificar sus criterios de actuación. La unidad de delitos contra la administración pública, por su parte, será la encargada de delitos como la malversación, el cohecho o la prevaricación, algunos de los tipos penales más habituales en las causas de corrupción que tienen su origen en gobiernos autonómicos, provinciales y municipales.

Anticorrupción

Desde que se anunció la creación de ambas, un sector de la Fiscalía ha mostrado su oposición al interpretar que su labor se va a solapar con la de la Fiscalía Anticorrupción, la fiscalía especial dirigida por Alejandro Luzón que se encarga de investigar los grandes casos de corrupción. Desde el ministerio público se ha defendido desde el principio que son órganos diferentes y que Anticorrupción seguirá encargándose de esos grandes casos, mientras que las dos nuevas unidades están diseñadas pensando, sobre todo, en los casos pequeños que tienen su epicentro en gobiernos municipales o diputaciones provinciales y que escapan a las competencias de Luzón.

La diferencia entre estas unidades y Anticorrupción es que esta última tiene labor jurisdiccional, es decir, los fiscales que la integran se encargan de investigar y ejercen la acusación en los juicios. Su labor se centra en los grandes casos de corrupción, causas de especial trascendencia que les encomienda el fiscal general, mientras que, según el Gobierno y la Fiscalía, las nuevas unidades pondrán el foco en causas más pequeñas que quedan fuera de Anticorrupción, pero que merecen una atención especializada y muy implantada en los territorios. El fiscal de sala y los fiscales adscritos que coordinarán el trabajo desde la Fiscalía General, al contrario de los de Anticorrupción, no ejercerán labores jurisdiccionales.

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La imputación de Alvise sobrevolaba desde hace meses el Tribunal Supremo, donde han ido desembocando las diversas denuncias sobre el líder de SALF desde que, tras las elecciones europeas de mayo de 2024, se convirtió en eurodiputado y pasó a estar aforado en al alto tribunal. La Sala Penal ha dado finalmente el paso este viernes y lo ha hecho por partida doble, abriendo diligencias a partir de dos exposiciones razonadas enviadas desde otros tribunales en los últimos meses.

La primera ha llegado del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, al que la Fiscalía remitió el año pasado la denuncia presentada en diciembre de 2023 por el empresario Luis Romillo, conocido en las redes como Luis Cryptospain, que se autoinculpaba de haber entregado 100.000 euros a Alvise durante la campaña electoral de los últimos comicios europeos, en los que SALF obtuvo más de 800.000 votos y tres escaños. El caso recayó primero en Calama porque este ya tenía en marcha una investigación contra Romillo por una presunta estafa piramidal cometida a través de una de sus empresas, Madeira Invest Club (MIC), una oficina de inversión a la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calificó de “chiringuito financiero”.

El juez, entonces, vio “prematuro” enviar el caso al Supremo, pero sí lo hizo finalmente en diciembre pasado, al considerar que existían ya “indicios sólidos” de delito contra Alvise, lo que le obligaba a derivar el caso al alto tribunal para que la Sala Penal decida si abre una causa contra el eurodiputado. El juez de la Audiencia incluyó en su escrito los indicios contra el empresario Romillo para que también le investigue el alto tribunal de forma conjunta con el dirigente de SALF, al apreciar una “íntima conexión” entre las actuaciones de ambos. Son “la cara y cruz de una misma moneda”, señaló Calama. La Sala Penal ha asumido su criterio y ha incluido al empresario en la causa abierta contra Alvise.

El instructor será el magistrado y ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, quien podría pedir la declaración voluntaria de Alvise, pero, así este se niega, tendría que pedir al Parlamento Europeo que le levante la inmunidad para poder actuar contra él. El tribunal admite además la personación del PSOE como acusación popular, al que se exigirá la prestación de la fianza de 15.000 euros.

La Sala de Admisión que ha tomado esta decisión esta formada por Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferer, Vicente Magro y Javier Hernández. Para los magistrados, los hechos podrían incurrir en un delito de financiación ilegal de partidos, recogidos en el artículo 304 bis del Código Penal y el 49 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prevé entre uno y cuatro años de cárcel para los responsables de partidos o candidaturas electorales que falsee las cuentas u omita “aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables”. Además, los magistrados ven indicios de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental, añade el auto.

En la exposición razonada enviada al Supremo, el juez Calama señalaba que la investigación que él puso en marcha había evidenciado que Alvise solicitó la colaboración de Romillo para crear una wallet (monedero virtual) con objeto de recibir donaciones anónimas destinadas a sostener los gastos de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 de Se Acabó La Fiesta. Romillo, según el juez, abrió el monedero virtual y entregó los 100.000 euros a Alvise con la intención de que él, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club. El primer acto de colaboración entre ambos tuvo lugar el 6 de abril en el Hipódromo de La Zarzuela. Ese día, ante 3.000 inversores de Madeira, Alvise hizo defensa de ese chiringuito financiero que, según dijo, escapaba a los controles y permitía obtener una alta rentabilidad sin tributar por ella. Alvise aprovechó el acto para dar a conocer su candidatura europea, “basada en la libertad financiera”, recordó Calama.

La prueba falsa de covid de Illa

La segunda causa abierta contra Alvise por la Sala Penal está relacionada con la difusión de una prueba de covid falsa del actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, en 2021. Esta investigación se abrió primero en un juzgado de Barcelona a partir de una querella de la Fiscalía, que atribuyó al agitador de ultraderecha los delitos de falsedad documental e injurias por difundir en las redes sociales una PCR positiva de Illa —falsa— durante un debate televisivo de la campaña para las elecciones catalanas de 2021. La foto del falso positivo, fechada el 6 de febrero de aquel año y tomada, supuestamente, en la clínica QuirónSalud, fue “íntegramente” confeccionada por Alvise, según la Fiscalía.

De hecho, el propio centro hospitalario aclaró que el resultado de la PCR publicado era falso y que no había emitido ni ese ni ningún otro informe diagnóstico con el número que figurara en la prueba atribuida a Illa. En opinión de la Fiscalía, la publicación de la PCR falsa “por un medio masivo como Twitter, que permitía su visionado y redistribución indiscriminada”, fue llevada a cabo por el denunciado en campaña electoral “con el propósito de perjudicar a Salvador Illa en sus legítimas expectativas como candidato a la presidencia de la Generalitat”.

La Sala de Admisión ha estado en este caso formada por los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral, Andrés Palomo, Vicente Magro y Susana Polo. El instructor será, por turno de reparto, el magistrado Javier Hernández. En su auto, la sala considera que “son múltiples los indicios fundados” que aporta la exposición razonada enviada al Supremo por el titular del Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona, y señala que para su constatación bastan los enumerados por la Fiscalía en el informe en el que se pronunció a favor de encausar a Alvise por estos hechos. Entre esos indicios están la falsedad del informe médico sobre Illa publicado en la cuenta de Twitter de Alvise; la publicación de otro tuit junto con la fotografía del informe clínico falso; o el perjuicio que aseguró haber sufrido Illa cuando le tomaron declaración.

El tribunal considera que los hechos referidos al eurodiputado se encontrarían subsumidos en las conductas típicas previstas en el artículo 395 Código Penal, que castiga con entre seis meses y dos años de cárcel al que falsee datos para perjudicar a otro; y en los artículos 208 párrafo tercero y 209 del Código Penal, que castigan la imputación realizada “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad y con publicidad”, de hechos que lesionan gravemente la dignidad de otra persona, menoscabando su fama.

Archivo de otra causa

En otro auto, la Sala ha acordado no abrir causa contra el eurodiputado por un presunto delito de desórdenes públicos en relación con las protestas por la ley de Amnistía en noviembre de 2023 en las inmediaciones de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Considera que de la exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid “no resultan elementos necesarios y suficientes para determinar la instrucción de una causa penal por los hechos relacionados en la misma”.

Añade que la exposición razonada se limita a señalar que “existen indicios de culpabilidad que han provocado la admisión de la presente denuncia por entender que la persona identificada pudiera ser autora del hecho delictivo de Desórdenes Públicos del artículo 557 del Código Penal”, sin una mínima descripción fáctica de los hechos que se atribuyen al aforado, ni de los indicios que ofrecen sustento a la atribución al mismo del estatus de investigado.

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Es la segunda vez que la Sala de Apelación —compuesta por Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres—, enmienda al magistrado que investiga por revelación de secretos al fiscal general. La primera fue este jueves, cuando los jueces que revisa las decisiones de Hurtado que son recurridas por las defensas o las acusaciones, le instaron a aceptar la personación de HazteOír. El instructor denegó la comparecencia de la pareja de Ayuso el pasado 27 de enero, con el argumento de que no es habitual citar a la persona que ha interpuesto la querella porque suele “resultar perjudicial para el acusado”. Además, según el juez, la posición de González Amador ya se plasma en su querella y por la actuación de su abogado a lo largo del procedimiento.

La sala rechaza ese razonamiento del instructor y no ve motivos para denegar la toma de declaración de la pareja de la presidenta madrileña. “Siendo la propia defensa quien solicita la declaración del querellante, no vemos motivo para su denegación, pues será el afectado por la presunta divulgación quien ofrecerá los contornos de su actuación. Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante, por lo que accederemos a su toma de declaración, en los términos expuestos, es decir, para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos”, argumenta en el auto.

Los jueces dan así luz verde a que González Amador sea interrogado, con obligación de decir la verdad, sobre la difusión del correo electrónico en el que su abogado admitía que la pareja de Ayuso proponía a la Fiscalía un acuerdo que le librara de entrar en la cárcel y admitía la comisión de dos delitos fiscales. La filtración de este último dato es el que, según el Supremo, puede constituir un delito de revelación de secretos porque afecta a la intimidad de la pareja de Ayuso y puede dañar su derecho de defensa.

En un auto notificado este viernes, la sala recuerda que el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) determina que el sumario lo constituyen las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar la perpetración de los delitos “con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes”. “Desde este plano interpretativo, la declaración del querellante puede, sin duda, servir para constatar tales circunstancias, particularmente su incidencia en el plano personal, que es uno de los elementos del artículo 417.2 del Código Penal [el que se atribuye a García Ortiz y Rodríguez], si fuera esta la calificación delictiva final”, añaden.

La sala también recuerda que el artículo 311 de la Lecrim dispone que el juez que instruya el sumario practicará las diligencias que le propongan el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas, “si no las considera inútiles o perjudiciales”. “Naturalmente, el concepto de ‘perjudicial’ no se predica de su incidencia en la persona del querellante, sino en que tales diligencias sean perjudiciales para la investigación sumarial, esto es, para la averiguación del delito con todas sus incidencias”, advierten los magistrados.

La sala también accede a otra de las diligencias que fue denegada por el juez Hurtado, consistente en ratificar y aclarar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dando cuenta de la diligencia pericial relativa al material intervenido en los registros de la sede de la Fiscalía Provincial de Madrid.

El auto desestima los recursos de apelación del fiscal general y de la fiscal provincial en todo lo demás. La sala ratifica la negativa del juez Hurtado a citar como testigos a una serie de periodistas, así como la petición de los investigados de que se requiriese la intervención y volcado del teléfono móvil del jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Rodríguez comenzó a propagar el 13 de marzo la mentira de que el ministerio público había ofrecido un acuerdo a la pareja de la dirigente popular. Para respaldar su teoría, según admitió él mismo ante el Supremo, filtró a la prensa un email del 12 de marzo del fiscal Julián Salto, que llevaba el caso contra González Amador, al abogado de González Amador, pero de forma tergiversada sin decir que ese correo era en respuesta a uno anterior del letrado.

“No se vislumbra la necesidad de que su dispositivo telefónico, en tanto tiene la condición de testigo, deba ser objeto de un volcado. A dicha persona no le afecta deber alguno de confidencialidad con respecto a actuaciones que no se siguen en las dependencias en las que sirve, razón por la cual una medida como la interesada debería estar dotada de alguna razón especial, un motivo reforzado, que se desconoce, pues de lo que se trata de investigar es si se quebrantó la confidencialidad propia de la función pública que ostentan los investigados en relación con elementos documentales bajo su control, no de la actuación de terceras personas, aspectos que podrían hipotéticamente interesar a la investigación, motivo por el cual este punto del recurso de apelación será desestimado”, concluye el auto.

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La acusación particular en la causa abierta por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz la ejerce Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, que fue quien se querelló contra la Fiscalía por la difusión, el 14 de marzo de 2024, de una nota de prensa con la que el ministerio público pretendía desmentir el bulo que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña, según el cual era el ministerio público el que había ofrecido un pacto al abogado de González Amador. La investigación abierta en torno a la nota derivó luego en una acusación al fiscal general por la supuesta filtración de un correo electrónico del abogado de la pareja de Ayuso que revelaba que realmente era este el que había buscado un acuerdo con la Fiscalía que librara a su cliente de entrar en prisión a cambio de admitir la comisión de dos delitos fiscales.

A esa acusación de González Amador se sumaron como acusación popular Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, la asociación de fiscales APIF y el Colegio de Abogados de Madrid. El Supremo encausó a García Ortiz el 15 de octubre de 2024, y tres meses más tarde, el 16 de enero, HazteOír solicitó su personación, que fue rechazada por Hurtado al entender que la presencia de una nueva acusación supondría una “merma de la agilidad” del proceso. Este argumento es el que rechaza la sala, que recuerda a Hurtado que si considera que cinco acusaciones populares son muchas, siempre puede unificarlas.

El instructor desestimó en diciembre pasado agrupar las acusaciones al entender que las asociaciones presentadas representaban intereses diferentes, pero la Sala de Admisión le marca el camino para hacerlo: hay tres asociaciones (Manos Limpias, Foro y Libertad y, ahora, Hazteoír) que actúan “en defensa del interés general”, lo que “justificaría” su unificación, señalan los jueces, que instan a Hurtado a incorporar a HazteOír y a valorar de nuevo la conveniencia de que “al menos” las acusaciones populares actúen unificadas bajo una misma dirección y representación.

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La Sala de Apelación, además de rechazar los recursos de los tres líderes independentistas procesados en rebeldía, desestima los que presentaron la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que considera que la tesis del Supremo para no aplicar la amnistía a los procesados por malversación es un “artificio” que no se atiene a la literalidad de la ley impulsada por el PSOE y los partidos independentistas catalanes y que está desembocando en “una errática aplicación” de la norma. “Cualquier persona que conozca la ley de amnistía sabe que las conductas atribuidas [a Puigdemont, Comín y Puig] están incluidas”, recalcó la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, durante la vista celebrada en el alto tribunal el pasado 10 de marzo.

Llarena, como también hizo el tribunal que juzgó el procés, rechazó amnistiar la malversación porque la ley que regula la medida de gracia deja expresamente fuera este delito cuando haya generado un enriquecimiento patrimonial de sus autores. El alto tribunal considera que esta premisa se da en los líderes independentistas porque en vez de desviar fondos de otras partidas presupuestarias para celebrar el referéndum del 1-O tenían que haberlo pagado de su bolsillo. Al no hacerlo, según el Supremo, se han enriquecido y no pueden ser amnistiados.

La literalidad de la ley

La Sala de Apelación —compuesta por los magistrados Vicente Magro, Susana Polo y Eduardo de Porres— ha confirmado esta interpretación y rechaza que Llarena vulnerara “la literalidad” de la ley. El debate gira en torno al artículo 1.4 de la norma, que establece que no se considerará que hubo enriquecimiento personal y, por tanto, podrá amnistiarse el desvío de fondos públicos que “no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”. Los jueces advierten de que la norma, al fijar esta excepción, no lo hace “con la claridad” que invocan los líderes independentistas, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, sino que establece una contradicción “que había que desentrañar”. Y los magistrados rechazan que la única interpretación posible sea que solo puede entenderse como beneficio personal de carácter patrimonial el incremento “tangible y directo” del patrimonio personal.

La sala admite que es cierto que, como defendían los líderes independentistas, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la voluntad política era amnistiar todos los delitos del procés, pero considera que también hubo “una voluntad sobrevenida” de limitar la amnistía en el delito malversación cuando los hechos se realizaran con el propósito de enriquecimiento personal de carácter patrimonial. “De ahí que el desafío interpretativo no pueda detenerse en indagar la voluntad del Legislador ya que esa voluntad no es una referencia hermenéutica suficiente”, señala el tribunal.

La Sala de Apelación, refrendando el criterio del instructor, ha analizado el concepto de “beneficio personal de carácter patrimonial” y ha concluido que se ha de incluir tanto el incremento de los activos patrimoniales como “el no detrimento del pasivo”. “Un sujeto se beneficia patrimonialmente cuando se incrementa su patrimonio, pero también cuando su patrimonio no decrece porque sus obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos”, señalan, y advierten de que, en el caso del procés, los líderes independentistas se beneficiaron patrimonialmente al impulsar “personalmente el proyecto político ilegal” y “endosaron los gastos a la administración autonómica, sin que esa iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público”.

La interpretación de Llarena “no es extravagante”

Los tres magistrados que han revisado los recursos rechazan que la decisión de Llarena y, por extensión, de la Sala Penal del Supremo fueran “arbitrarias”, como sostenían Puigdemont, Comín y Puig. “La interpretación realizada en el auto impugnado no es extravagante, tiene sólido asidero en la interpretación de los términos literales de la norma conforme a criterios de normalidad lingüística, no es en modo alguna contraria a ningún valor o principio constitucional y, por último, no está en contradicción con la orientación material de la norma en tanto que esta estableció una excepción singular para las personas investigadas por posibles delitos de malversación”, señalan los jueces, que insisten en que el significado correcto de esa excepción es el establecido por el Supremo “por más que no esté exento de dificultades”.

El tribunal cree que tampoco es contraria al principio de legalidad porque lo que hace es precisar el contenido de la ley y tampoco vulnera el principio de previsibilidad porque la interpretación realizada por Llarena “es acorde con los criterios tradicionales de la Sala sobre los conceptos de patrimonio, beneficio y malversación”. “No puede calificarse de imprevisible la interpretación realizada simplemente por no ser coincidente con las aspiraciones de los investigados, por más que hayan tenido una importante intervención en la decisión legislativa”, señala la sala en clara referencia a la participación de Junts, el partido liderado por Puigdemont, en la redacción de la ley de amnistía.

Uno de los argumentos esgrimidos por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, fue que el Supremo no es el tribunal preestablecido por ley para aplicar la medida de gracia al expresidente catalán. La norma establece que la aplicación de la amnistía corresponde al juez competente para instruir el caso, que, respecto a Puigdemont, según Boye, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque el expresident es diputado del Parlament y ya no es eurodiputado. Los jueces desestiman esta tesis usando, entre otros, el mismo razonamiento que centralizó en el Supremo la investigación y el juicio a los líderes independentista: que los delitos de los que se les acusa ocurrieron, en parte, fuera de Cataluña (con la supuesta financiación del referéndum a través del Diplocat, el Consejo para a Diplomacia Pública).

Los jueces rechazan también plantear una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre el alcance de la amnistía al delito de malversación. Los magistrados argumentan que ese planteamiento precisa tres exigencias: que existan dudas de validez de la norma, que la norma sea aplicable al caso y que el pronunciamiento judicial dependa de la validez de la norma. “El Sr. Instructor y esta Sala no tienen dudas sobre la inaplicabilidad de la ley al delito de malversación que aquí se investiga por lo que no procede el planteamiento de la cuestión en relación con ese delito”, explican los jueces, que también descartan en este momento plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. El Supremo sí ha elevado al Constitucional la aplicación de la medida de gracia al delito de desobediencia, al entender que esta conducta sí está amparada por la ley de amnistía, sobre cuya constitucionalidad el Supremo asegura tener “dudas”.

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En el documento policial ―en el que también se analiza el alquiler para Jésica R. de un piso de lujo en la céntrica plaza de España de Madrid que fue supuestamente costeado por la trama corrupta―, los investigadores detallan las presiones de Koldo, no solo para que Jésica fue contratada por Ineco como administrativa, sino también para que no tuviera que pasar por una entrevista previa antes de formalizar el contrato. El entonces asesor de Ábalos llega a decirle a la joven que no vaya a esta y ella le sugiere que se lo diga “a José y que llame dónde tenga que llamar” para evitar ese trámite. Finalmente, Jésica fue contratada con un sueldo mensual de 1.173 euros y pasó a depender de Joseba García, el hermano de Koldo, con quien ironiza sobre su sueldo: “Yo seré mileurista ya”. “Estos rojos comunistas”, fue la respuesta en tono de broma.

La Guardia Civil destaca que, según revelan los mensajes intercambiados por los implicados, la joven “no habría asistido a su puesto de trabajo” en los dos años que estuvo en Ineco y que era Joseba García el que se encargaba de cumplimentar los partes de trabajo mensuales, además de coordinarse con ella para que esta “registrara cada día una jornada laboral que no había sido realizada”, destaca el informe. Los agentes recalcan que, pese a ello, la joven reclamó alguno de los beneficios que tenían los trabajadores de la compañía, como la tarjeta de comidas. “Seguro que la tarjeta estará en algún sobre donde hayamos puesto que trabajo”, señalaba. Más adelante le pediría a Koldo una dirección donde poder recogerla, “porque no sé dónde trabajo”. Tras dos años, en noviembre de 2021 Jésica salió de Ineco y firmó un contrato de seis meses para trabajar en otra empresa pública dependiente de Transportes, Tragsatec, en un proceso que según la Guardia Civil también estuvo presuntamente plagado de irregularidades. En este nuevo puesto, la joven tampoco acudía a su puesto de trabajo, destaca el documento policial.

El informe de la UCO recoge también “evidencias digitales” de que otra mujer vinculada con Ábalos, Claudia M., fue contratada por la empresa pública Logirail SME, cuyo único accionista es Renfe, dependiente de Transportes. “Claudia habría contado para la consecución de ese puesto de trabajo con la influencia del entonces ministro Ábalos. Para ello, Koldo actuó como transmisor con el fin de que dicha contratación no solo se llevara a cabo, sino que, una vez fuera formalizada, no fuera rescindida”, señalan los agentes.

La Guardia Civil sitúa como punto de partida una conversación de WhatsApp entre Ábalos y su asesor el 8 de octubre de 2019, donde el primero se interesó por la posibilidad de que Claudia M. fuera contratada por alguna entidad dependiente del Ministerio de Transportes. “A la de Gijón no la puede contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?”, pregunta Ábalos. García le dice que sí y añade: “Lo arreglo”. Unos días después, el 16 de octubre, la mujer le envía su currículum al asesor del ministro, que inmediatamente se lo remite al entonces presidente de Renfe, Isaías Taboas.

Una semana después, el 23 de octubre, Claudia M. le confirma a Koldo que le habían llamado para un trabajo Y el 21 de diciembre, Ábalos y su entonces asesor comentan durante una conversación que la mujer ya había empezado a trabajar. La UCO recalca que el entonces ministro “parece conocer de primera mano los pormenores del empleo de Claudia al señalar que ya había recibido la formación para su cargo”, recoge el informe.

La Guardia Civil recoge también cómo el asesor facilitó alojamiento a Claudia R. durante un viaje de trabajo de esta a Madrid en febrero de 2020, y agendó una cena con el entonces ministro. Unos días después, ella le cuenta al García unos problemas laborales y este se compromete a mediar, para lo que la mujer le envía los teléfonos de sus jefes. Este problema estaría relacionado, según la Guardia Civil, con el hecho de que ella no fuera a la oficina. “Que si se lo puedes mandar por escrito o llamar para cubrirse él las espaldas. El motivo por [el] que no voy a la oficina”. Días después, la mujer informa a García de que le han comunicado que le van a abrir un expediente para despedirla.

Justo al día siguiente, estaba prevista una reunión en el Ministerio de Transportes entre el presidente de Renfe y el entonces asesor del ministro. Horas después, Claudia M. le cuenta a García que le han llamado de Logirail para solucionar su situación. “No tengo palabras de agradecimiento (...) por todo lo que estáis haciendo. Agradecerte a ti personalmente (...) no te voy a defraudar ni a Jose en nada”, le dice la mujer. Estos mensajes, advierte la UCO, “permiten colegir que el ministro y su asesor habrían tenido una participación directa en este asunto”.

Horas más tarde, el entonces presidente de Renfe escribe a García: “El problema de Gijón, arreglado”, un mensaje que los agentes vinculan a uno previo enviado por Claudia M. a Koldo García en el que le dice que la empresa le va a buscar un hueco en esa ciudad. El informe recoge una copia de la nómina de la mujer, según la cual, esta figura dada de alta como empleada de Logirail desde el día después de esa conversación, el 18 de febrero. Transcurridos varios meses, la mujer remite a García una copia de la prórroga de su contrato, desde el 18 de febrero de 2021 al 17 de febrero de 2022. Sin embargo, en mayo de 2021 la mujer se queja al entonces asesor del ministro del trato que estaba recibiendo en la empresa, y pide la implicación de Ábalos, aunque según la UCO, Koldo García dejó de actuar ante los requerimientos de ella. La mujer fue despedida en febrero de 2022.

La UCO recoge también unos mensajes enviados por Claudia M. a Ábalos meses después, en los que esta recrimina el comportamiento que García tuvo con ella durante el tiempo que trabajó en Logirail. “Me pedía cosas obscenas y me decía que no te dijera nada”, dice la mujer, que asegura que lo tiene “todo grabado” y añade: “Pues recuerdo que era mi superior y por no perder mi puesto de trabajo lo que tuve que aguantar”.

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Según la encuesta, publicada dos días después de la carta de Sánchez, el PSOE obtendría el 38,6% de los votos si se celebraran elecciones en ese momento, casi 10 puntos (9,4%) más que el PP, que alcanzaría un 29,2%. Vox, por su parte, sacaría un 11% y Sumar, un 7,2%. Podemos alcanzaría un 2,6%. La encuesta incluía 1.809 entrevistas a la población española mayor de 18 años a través de entrevistas telefónicas a teléfonos de 657 municipios. Se realizaron 16 preguntas y, en la número 8, preguntaba: “Cambiando de tema, si mañana hubiera elecciones generales en España, ¿me podría decir a qué partido político votaría usted?”. En la ficha técnica de la encuesta constaba como objetivo la “medición de la probabilidad de apoyo electoral a partidos políticos”.

El PP denunció al CIS ante la Junta Electoral, mientras que el órgano presidido por Jose Félix Tezanos pidió el archivo de la denuncia y alegó que las preguntas sobre intención de voto del estudio se habían planteado sobre unas supuestas elecciones generales, que no afectaban a ni a los comicios europeos ni a los catalanes. La JEC estimó las denuncias del PP y el Supremo ha confirmado esta decisión en una sentencia en la que señala que la decisión de la Junta no prohíbe a Tezanos, y por extensión al CIS, realizar encuestas relámpago que incluyan preguntas sobre la intención de voto para hipótesis de elecciones no convocadas, pero exige que haya una comunicación previa, algo que no ocurrió en este caso.

La Sala de lo Contencioso Administrativo considera, por tanto, que la decisión de la JEC fue “proporcionada”, ya que “no comporta perjuicios ni obstáculos de entidad al CIS y no entorpece que siga satisfaciendo los intereses generales a los que debe servir”. Los magistrados rechazan que, como señaló el recurso de la Abogacía del Estado, en representación del CIS, la decisión de la Junta impida a esta institución cumplir con su función.

En un comunicado del CIS, el presidente del organismo ha declarado que el organismo que dirige aún no ha recibido la comunicación sobre el recurso, pero señala que, en todo caso, recurrirá al Tribunal Constitucional al entender “que la multa que se le impuso es injusta”.

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Los agentes consideran que el exdirigente socialista y ahora diputado del Grupo Mixto disfrutó gratis ―antes de que la trama supuestamente tramitara la compra para él de un chalé de La Alcaidesa, en la provincia de Cádiz― de una estancia vacacional en un chalé de la Urbanización Villa Parra (Marbella) entre el 12 y el 23 de agosto de aquel año. El documento policial recoge varios mensajes de Whatsapp sobre este segundo inmueble intercambiados por el exministro, su entonces asesor, Koldo García, y la exmujer de este, Patricia Uriz, también imputados. En uno de estos contactos por la aplicación de mensajería, García envía a Ábalos fotografías de la vivienda y le dice: “Te comento, esto te sale gratis por las molestias generadas”. La UCO concluye, tras analizar este episodio y otros sobre la relación del exministro con la trama, que “Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en la organización criminal”.

En las comunicaciones halladas hasta ahora en los teléfonos de los presuntos integrantes de la trama corrupta que tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos ya había indicios de que el empresario y comisionista Víctor de Aldama “se valió” de su relación con el exministro y el que era su asesor para influir en el rescate de Air Europa, compañía de la que Aldama cobró 12.100 euros mensuales entre noviembre de 2019 y el mismo mes del año siguiente, coincidiendo con la negociación de la ayuda estatal. Según la UCO, esto queda reflejado en “numerosos mensajes” intercambiados en aquellos meses. El nuevo informe, advierten los agentes, profundiza precisamente en la “relación directa de Ábalos en la concesión” de esta ayuda.

El principal indicio recogido por los investigadores es una nota de prensa que difundió el Ministerio de Transportes “para adelantar” el rescate de la aerolínea, que finalmente se produjo tres meses más tarde. Aldama le envió esta nota por WhatsApp a Javier Hidalgo, entonces consejero de Globalia, grupo al que pertenecía Air Europa, el día después de que se enviara a los medios de comunicación. La UCO considera que a lo largo de la investigación se ha constatado que esta nota “habría tenido un alto valor estratégico para Hidalgo y el devenir de la aerolínea, ya que representaba el interés del Gobierno en ayudar económicamente a Air Europa con fondos públicos”.

Un segundo indicio de la presunta implicación de Ábalos en el rescate de la compañía es para los agentes la carta extendida por de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a petición de Air Europa sobre la solicitud de financiación y para la que el exministro también medió. En los dispositivos móviles intervenidos por la Guardia Civil se ha encontrado un borrador de ese documento. “Koldo es empleado como en anteriores ocasiones como canal de transmisión entre Ábalos y Aldama” y ese borrador “se le hizo llegar” al empresario y principal comisionista de la trama el 10 de septiembre de 2020.

El 9 de agosto, solo un día después de que se difundiera la nota de prensa sobre el rescate de Air Europa, Ábalos envió un mensaje a su asesor preguntando por “la casa de Málaga”. La respuesta fue directa: “Ya la tengo”. Al día siguiente es cuando le informa que le saldrá “gratis” por “las molestias” con las fotografías del chalé. Durante esa conversación de Whatsapp, Koldo García anunció a Ábalos que tenía una segunda opción de alojamiento en Málaga y añadió: “Si no te gusta ninguna me dicen que digas sitio que veas y se arregla”. Acto seguido, el asesor envía al entonces ministro fotos y comentarios de otra casa. Horas más tarde, Ábalos contesta: “Optamos por la primera”. Media hora después, según la UCO, la mujer de Koldo García, acordó una reunión para el día siguiente con un agente de la inmobiliaria que ofrecía la casa. En ese encuentro, la mujer firmó el contrato: 9.800 euros por 11 días de alquiler.

El informe de la Guardia Civil analiza también el posible origen de los fondos utilizados para abonar esta estancia en Marbella―8.000 euros en metálico y 1.800 mediante transferencia― y pone el foco en dos personas del entorno familiar de Koldo García que pueden “cierta relación” con esta operación. En primer lugar en su hermano Joseba, imputado en la Audiencia Nacional por la trama de las mascarillas, del que recoge que el 20 de agosto hizo una disposición en efectivo de 3.000 euros para, posteriormente, hacer dos ingresos, ambos de 3.000 euros, los días 27 y 31 del mismo mes. El otro movimiento económico bajo sospecha es el ingreso en efectivo de 8.800 euros que la madre de Koldo García hizo en una cuenta de este.

La Guardia Civil recoge también mensajes relacionados con este alquiler que intercambió el asesor del entonces ministro con Aldama y personas de su entorno, con los que se llega a reunir en un hotel. “A la vista de estos indicios”, concluye la UCO, “es posible apuntar a Aldama como nexo de unión entre la estancia vacacional de Ábalos en la casa de Villa Parra y la nota de prensa informando del futuro rescate de Air Europa”.

Los agentes destacan que, durante la negociación del rescate de Air Europa, Aldama informó a Koldo García que Hidalgo “está muy jodido” y “acaba de llamar a Begoña”, supuestamente en referencia a la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Durante la declaración como testigo en septiembre en la Audiencia Nacional ―donde se instruyó inicialmente la causa y aún se lleva una parte de la misma― el directivo de Globalia fue preguntado por unas reuniones que mantuvo con el comisionista el 24 junio y 16 julio de 2020, en pleno rescate , y en las que supuestamente también participó Begoña Gómez. Hidalgo afirmó entonces que no las recordaba. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, está intentando indagar la supuesta vinculación de la esposa de Sánchez con el rescate de la aerolínea, pero la Audiencia Provincial de Madrid ya le ha advertido en dos ocasiones que no existen indicios para impulsar esta línea de investigación.

Un portavoz de Air Europa declaró en su día a EL PAÍS: “Nunca se trató con Begoña Gómez el contrato con la SEPI, ni existió intermediación de la señora Gómez en ese asunto”. La ayuda pública de 475 millones de euros fue en realidad un préstamo con altos tipos de interés y a cambio de garantías por 1.000 millones, que el Estado se ha negado a rebajar. Coincidiendo en el tiempo con las negociaciones para el rescate de la aerolínea, Gómez tuvo contactos con Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de Globalia e hijo del fundador de Air Europa, por su condición de directora del IE Africa Center del Instituto de Empresa. La versión del Gobierno es que Hidalgo buscó el apoyo de Gómez a proyectos de su firma de innovación en turismo Wakalua, para el que obtuvo un contrato de colaboración que fue interrumpido por la pandemia y que no se reactivó posteriormente. “Las reuniones fueron absolutamente ajenas a cualquier proceso de financiación a la compañía”, aseguró Air Europa en declaraciones a EL PAÍS.

El Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) sentenció en mayo de 2021 que el rescate español a Air Europa fue legal por proporcionado y no discriminatorio. “Esta solución”, dice la sentencia, “es coherente con el objetivo del régimen, dirigido a poner remedio a la grave perturbación de la economía española desde una perspectiva de desarrollo económico a medio y largo plazo”. En esa misma fecha (19 de mayo de 2021) el TJUE anuló las autorizaciones de la Comisión Europea a los rescates de TAP, principal aerolínea portuguesa, con un préstamo de 1.200 millones, y el respaldo holandés a KLM, principal aerolínea holandesa, con 3.400 millones. Alemania o Francia rescataron a sus aerolíneas (Air France o Lufthansa, con ayudas muy superiores a las concedidas a Air Europa), y la justicia europea desestimó el año pasado otra denuncia que había presentado la aerolínea de bajo coste Ryanair contra el fondo de 10.000 millones que España creó en lo peor de la pandemia para auxiliar a empresas estratégicas. De esta línea de ayudas se beneficiaron Air Europa, Celsa, Ávoris o Duro Felguera.

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La de Marlaska es la primera diligencia solicitada por Ábalos que afecta de lleno al Ejecutivo del que formó parte entre junio de 2018 y julio de 2021, aunque en el mismo escrito el ministro pide también que declare como testigo la directora de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Belén Villar. El exministro quiere que el instructor, Leopoldo Puente, tome testimonio también al capitán de la Guardia Civil Vicente Bonilla, que estuvo a cargo de la primera investigación sobre el caso Koldo; y al subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez, imputado en la parte del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional y, que según informes de los investigadores, es una “pieza clave” porque supuestamente ayudó al comisionista Víctor de Aldama a contactar con Koldo García, el entonces asesor de Ábalos.

Aunque ni Marlaska ni Pérez han testificado hasta ahora en el marco del caso Koldo, sí lo ha hecho el número tres de Interior, el comisario de Policía José Antonio Rodríguez, director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Rodríguez declaró ante la Guardia Civil hace más de un año, al inicio de la investigación, y fue citado también en la Audiencia Nacional, en octubre pasado. En ambas comparecencias explicó que habló con el entonces asesor de Ábalos durante las primeras semanas de la pandemia de covid-19 sobre la compra de mascarillas. Según explicó, cuando estalló la crisis sanitaria, fue el entonces asesor de Ábalos quien les dijo que tenían una “ventana de oportunidad” para adquirir material sanitario procedente del país asiático. Y “es muy posible”, según recordó el director general, que les indicase que Soluciones de Gestión era la compañía idónea para ello.

La investigación sigue avanzando en el Supremo. Este lunes, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo respaldó al juez que investiga al exministro y rechazó un recurso que presentó Ábalos en el que se quejaba de estar siendo sometido a una “investigación prospectiva”. Por ahora, la Sala de Apelaciones, el órgano encargado de revisar el trabajo del magistrado Puente, instructor del caso, está avalando cada paso de este.

La semana pasada, un informe pericial encargado por el magistrado Puente, concluye que la letra de las anotaciones aportadas por el empresario Víctor de Aldama sobre los supuestos contratos de obras públicas adjudicados a cambio de comisiones ilegales corresponde a Koldo García, quien fuera asesor de Ábalos en su etapa al frente del Ministerio de Transportes.

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La investigación por la supuesta trama corrupta en el Ministerio de Transportes durante la etapa de quien fuera secretario de Organización del PSOE avanza en el Supremo, y, por ahora, la Sala de Apelaciones, el órgano encargado de revisar el trabajo del magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso, está avalando cada paso de este. En un auto notificado este lunes, la sala, compuesta por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Pablo Llarena y Antonio del Moral, rechazan el recurso presentado por Ábalos contra una resolución en la que el magistrado acordaba una investigación sobre su patrimonio después de que el Congreso de los Diputados le levantara la inmunidad de la que gozan los parlamentarios.

Entre otros aspectos, Ábalos se quejaba de que se le preguntara por un inmueble vinculado a él en Perú —lo que él atribuía a una “investigación prospectiva”— o de que la ronda de interrogatorio a 17 testigos convocados por el juez le causara “indefensión”. Los magistrados califican de “inasumible” la queja de Ábalos porque, en la transcripción de su declaración como investigado, se constata que el instructor preguntó al exministro sobre si tenía algún depósito bancario o algún bien inmueble fuera de España y fue el propio exministro quien hizo referencia a esa noticia de prensa que le relacionaba con ese inmueble de Perú. Según las explicaciones de Ábalos, esa propiedad estaba vinculada a la fundación Fiadelso, de la que él formaba parte.

Respecto a las comparecencias de testigos, el tribunal descarta que se haya producido “indefensión”, ya que las mismas se practicaron con la presencia del abogado del exministro, que pudo participar en los interrogatorios en la forma prevista legalmente. Concretamente sobre el hecho de que se citara como testigo de un hijo de Ábalos, el tribunal defiende que “nada era más razonable que hacerlo”, como acordó el instructor, ante la declaración del empresario Víctor de Aldama, el cabecilla y principal comisionista de la trama, quien aseguró que había cruzado mensajes con él sobre el piso alquilado a su padre con opción de compra en el Paseo de la Castellana de Madrid, una operación que, según Aldama, se hizo como garantía de futuras “mordidas” por la adjudicación de contratos de obras públicas a determinadas empresas.

Del mismo modo, respalda al juez respecto a la necesidad de investigar los mensajes que Aldama dice haber intercambiado con Ábalos, su hijo, el ministro Ángel Víctor Torres y el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La sala considera que el instructor razonó su necesidad por las declaraciones efectuadas por el empresario, que aseguró haber mantenido contactos con todos ello, “por lo que resultaba obligado comprobar la eventual existencia de dichos mensajes, si efectivamente los hubiera”.

También rechaza, por considerar que no tienen la más mínima base indiciaria, las descalificaciones de Ábalos contra la UCO como unidad investigadora en la causa, pero coincide con la Fiscalía en que los “exabruptos” lanzado por el exministro, que dijo que en la actuación de los agentes había “tintes de inquina y venganza”, deben tolerarse al amparo del derecho de defensa. Los magistrados también rechaza que, como reprochaba Ábalos, la instrucción del juez adolezca de falta de “objetividad o imparcialidad”.

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Creado en 1843, las principales funciones de este órgano similar al de otros países europeos son preparar textos prelegislativos y de carácter reglamentario, revisar leyes vigentes y disposiciones reglamentarias, así como elaborar dictámenes a petición del Gobierno. Sus miembros colaboran en la Comisión sin recibir ninguna retribución. Esta renovación refuerza la presencia de mujeres y consolida un modelo paritario. Precisamente, fue la ausencia de mujeres lo que, en 2018, llevó a un plante de los expertos penalistas de esta comisión a los que el Ejecutivo de Mariano Rajoy había encomendado la tarea de estudiar una posible reforma de los delitos sexuales tras la polémica sentencia de La Manada. Los miembros de este órgano rechazaron acometer esta tarea hasta que no se resolviese la falta de mujeres: la sección penal de la Comisión estaba formada por 20 vocales permanentes y todos eran hombres. En cambio, 17 de sus 31 componentes eran mujeres de acuerdo con los últimos datos oficiales.

Los nuevos vocales nombrados libremente por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, han sido elegidos entre juristas de reconocido prestigio que han tenido que acreditar, al menos, 15 años de dedicación científica al Derecho o ejercicio profesional en el ámbito jurídico. Además de una solvencia probada en el mundo jurídico y una sólida trayectoria académica y divulgadora, las fuentes gubernamentales consultadas destacan su firme compromiso con la defensa de los derechos de humanos y el reconocimiento a las minorías propios de una sociedad “moderna, feminista y comprometida con los valores sociales”.

Una de las principales novedades es la incorporación como vocal en la sección segunda de la Comisión (Derecho Mercantil) de Marina Echevarría, catedrática de la Universidad de Valladolid y activista LGTBI que ha participado en la redacción de varias normas autonómicas de identidad de género y en la ley de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. En esa misma sección se estrenará María Victoria Petit, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Jaume I de Castellón, magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Castellón y vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas.

En la sección tercera (Derecho Público) entran cuatro nuevos juristas. Concepción Escobar, catedrática de Derecho Internacional Público (UNED) especializada en Derechos Humanos, ha formado parte de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Carlos Javier Moreiro, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido asesor del Comité Económico y Social Europeo y del European Research Council. Javier García, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Complutense, fue ex secretario general técnico de los Ministerios de Relaciones con las Cortes, Presidencia y Vivienda; y María Belén Cardona, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Valencia, ha desempeñado diferentes cargos en la Generalitat Valenciana entre 2018 y 2022 durante el mandato de Ximo Puig.

Otros tres juristas acceden a la sección quinta (Derecho Procesal) de la Comisión General de Codificación. Mercedes Llorente, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, ha realizado trabajos de investigación centrados en temas como la violencia de género y el acceso a la justicia de los colectivos vulnerables. Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido secretaria de Estado de Empleo; y Mar Jimeno, catedrática de Derecho Procesal en la Universidad de Burgos, tiene experiencia docente en la Chicago-Kent College of Law y ha sido directora de diversos proyectos de investigación sobre el espacio judicial europeo.

Enrique Gimbernat, vocal de la Comisión, dejará su labor como director del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales durante más de 40 años. José Luís González Cussac toma el relevo como director de esta publicación, que reúne artículos doctrinales de penalistas, comentarios de legislación y jurisprudencia y notas bibliográficas sobre libros y revistas de Derecho Penal.

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La medida cautelar acordada el 25 de marzo por el Supremo obligaba al Estado a acoger a los más de 1.000 menores no acompañados (1.221 según los datos de ACNUR) que se encuentran en los servicios de acogida de Canarias y que han solicitado asilo o manifestado oficialmente su voluntad de solicitarlo. Los jueces admiten que, sobre este asunto, hay un cruce de competencias de ambas administraciones, estatal y autonómica: en su condición de menores “en evidente situación de desamparo” es la comunidad autónoma la que debe hacerse cargo, pero “cuando a su condición de menor se añade la circunstancia de haber presentado una solicitud de asilo”, entra en acción la legislación sobre esta materia, que incumbe al Estado. Los magistrados asumen que la acogida de estos menores exige la colaboración de ambas administraciones, pero consideran que la situación actual es “insostenible”, por lo que optaron por acordar como medida cautelar el acceso inmediato al sistema estatal de acogida para solicitantes de asilo.

La Abogacía del Estado discrepa de la tesis del Supremo porque, asegura, contraviene la doctrina constitucional, el principio general de la primacía del interés superior del menor y es contraria al derecho de asilo, pues la normativa establece, específicamente, que las personas menores solicitantes tienen derecho a ser tratados “de manera diferente y específica a su situación” y remite su gestión a las comunidades autónomas competentes en materia de menores.

El Gobierno recuerda que el artículo 48 de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo, de 2009, señala que los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán derivados a los servicios de protección de menores. “Es, por tanto, la propia Ley 12/2009 la que establece que los solicitantes de protección internacional que sean menores no acompañados deberán remitirse a los servicios competentes en materia de protección de menores, que son las comunidades autónomas, llevando a la conclusión inversa a la establecida en el auto impugnado”, advierte la Abogacía.

El escrito presentado por el representante jurídico del Gobierno argumenta también que las referencias que se hacen a los menores en en el decreto de 2002 por el que se aprueba el reglamento del sistema de acogida en materia de protección internacional están orientadas a menores acompañados por sus familias y no a los menores no acompañados. Esta circunstancia, advierte la Abogacía, se traduce en que los recursos del Sistema de Acogida de Protección Internacional “no están diseñados ni cuentan con los medios humanos y materiales para atender a personas menores no acompañadas, lo que además redunda necesariamente en perjuicio del interés superior del menor”.

El Gobierno rechaza también que, como sostiene el Supremo, ante el cruce de competencias sobre estos menores deba prevalecer la del Estado. La Abogacía invoca la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que, en el caso de concurrencia de competencias en los que no sea posible la colaboración de las dos administraciones, el ejercicio de la competencia corresponde “al titular de la que prevalezca en cada caso”. Y, en este caso, la competencia prevalente es la que tiene Canarias sobre los menores migrantes no acompañados.

El Ejecutivo argumenta que los menores solicitantes de protección internacional tienen derecho “al estatus doble” que les confiere el hecho de ser menor y el hecho de ser solicitantes de asilo. “Sin embargo, el que debe priorizarse, por ser conforme, además, a su interés superior, es el de ser menor”, señala la Abogacía, que esgrime que, cuando se tiene que garantizar el derecho de un menor solicitante de asilo a la acogida material, “dicha acogida debe ser provista de manera distinta, específica y adaptada al estatus de menor de edad”. “Por tanto, si el concepto de menor prevalece sobre el de solicitante de asilo y sobre cualquier otra consideración como extranjero, es claro que la competencia prevalente es la relativa a la protección de menores. Esto se traduce en que en casos de menores son las CCAA quienes han de ejercer la competencia”, concluye la Abogacía.

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El magistrado Leopoldo Puente encargó un informe pericial “con el propósito de establecer la eventual coincidencia” entre la letra del exasesor de Ábalos y la que figura en los documentos aportados por Aldama al juzgado. El empresario presentó en el Supremo una serie de pantallazos de teléfono móvil en el que se veían anotaciones a mano sobre documentos que hacían referencia a obras públicas supuestamente adjudicadas por Transportes durante la etapa de Ábalos como ministro, así como la imagen de un “folio en blanco con texto en bolígrafo azul, donde figuran letras, números y signos”.

Según la versión de Aldama, algunos de los contratos que aparecen en esos documentos fueron preadjudicados a determinadas empresas a cambio de contraprestaciones y la letra manuscrita del folio correspondía a Koldo García, lo que, según el empresario, implicaría que la supuesta trama que tuvo su epicentro en ese ministerio fue más allá de las irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia de covid-19 por las que se inició la investigación.

El antiguo asesor de Ábalos se sometió a una prueba caligráfica en el Supremo el pasado 18 de febrero, y el cuerpo de escritura que se le hizo entonces plasmar en nueve folios ha sido contrastado con las anotaciones que aparecen en los documentos aportados por Aldama. En este sentido, el informe pericial destaca una quincena de lo que denomina “gestos tipos” y que, según concluye la experta, corroboran que Koldo García fue el autor de las anotaciones en los supuestos documentos de adjudicaciones. Se trata, según explica el informe, de “aquellos gestos que pertenecen al subconsciente del individuo y que por lo tanto son difíciles de ocultar, falsificar y automodificar […]; son proyecciones de la personalidad del individuo, se reflejan en todas las firmas con igualdad de características y semejanzas gráficas que muy difícilmente podrían pertenecer a manos distintas, por la peculiaridad de los gestos gráficos y por la constancia con la que permanecen a lo largo de los años”, añade el documento incorporado ahora a la causa.

Así, destaca que Koldo escribe la letra A “fragmentada, ejecutada en varios trazos, con parte superior abierta”; que la U la plasma como una V “con el punto de inicio más corto que la siguiente cúspide que queda situada más alta”; o la “peculiar forma de ejecutar la letra O en forma de número seis con el punto de inicio sobrealzado que se sitúa fuera del óvalo de la letra”. También califica como “peculiar” el trazo de la B, “realizado de forma fragmentada, en varios trazos y lanzada hacia arriba”; o el de la S, “en forma de número cinco cuya curvatura está lanzada hacia arriba”. Características diferenciales que se repiten, según la experta pericial en otras seis letras, cinco números y el signo de interrogación.

“Hemos visto cómo existen multitud de grafías que presentan la misma ejecución, los mismos movimientos de la mano, los mismos arpones en los puntos de inicio o finales, la misma forma, la misma inclinación, las mismas torsiones, etcétera, gestos, la mayoría de ellos, de vital importancia por ser gestos que escapan al consciente de la persona y son de difícil imitación o automodificación por realizarse de forma innata y autómata”, dice la grafóloga.

No obstante, la autora del informe hace una salvedad, ya que, como destaca varias veces, los documentos entregados por Aldama no son originales y, por tanto, solo ha podido trabajar con copias. El magistrado Puente ya advirtió a la experta en una providencia del pasado 25 de febrero de que los originales no se habían incorporado a la causa “ni le consta que se hallen en poder de persona concreta alguna”. Por ello, la grafóloga apunta al final del documento que “en caso de que se puede tener acceso al estudio de los documentos dubitados originales, este perito calígrafo se reserva la capacidad para matizar y/o ampliar el presente dictamen pericial caligráfico”.

A ver. Este papeluco parece ser la super prueba que hoy ha aportado Aldama. La de los subrayados del otro día, por lo que sea, no debía tener mucho valor después de los informes de Carreteras y ADIF.
Pues bien. Habla de 6 obras supuestamente adjudicadas a cambio de mordidas. El… pic.twitter.com/WDNqPMV6PX

— Oscar Puente (@oscar_puente_) December 16, 2024

La documentación presentada por el empresario señalaba a al menos 10 constructoras que, supuestamente, lograron 96 contratos de obras públicas a cambio del pago de comisiones ilegales. Sin embargo, un informe encargado por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, descartó la existencia de irregularidades en los expedientes de contratación que llegaron a licitarse. Estos expedientes, además, se correspondían no solo a la etapa de Ábalos, sino que abarcaban a licitaciones de sus antecesores en el cargo, Ana Pastor e Íñigo de la Serna, ambos del PP, y de su sucesora en el puesto, Raquel Sánchez, del PSOE.

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Los testimonios de este miércoles han confirmado las sospechas que la UCO han ido desgranando en sus informes. Según los agentes, Granell dio dinero en metálico a Joseba durante dos viajes que este hizo a República Dominicana en 2021, uno del 31 de octubre al 4 de noviembre y otro del 13 al 16 de diciembre. Joseba admitió esas dos estancias en el país caribeño en su declaración como testigo en el Supremo el pasado 4 de marzo, pero aseguró que eran viajes de “placer” para conocer a una mujer. Sin embargo, también admitió que, estando en República Dominicana, le pidieron que pasara a “saludar” a Granell y que esta le dio unos “papeles” para Aldama, con quien García aseguró que se vio varias veces porque le estaba comprando un coche.

Fuentes del caso señalan que Granell ha ratificado que quedó dos veces con Joseba García para entregarle un sobre, pero ha desmentido que le entregara unos simples papeles y ha precisado que cada sobre contenía 10.000 dólares. Según ha explicado al juez, no sabía si el dinero era para el propio Joseba o si este se lo entregaría luego a alguien -”yo nunca preguntaba”, ha dicho-, pero sí ha precisado que ella actuó por orden de Serrano, para quien trabajaba en Pronalab, una empresa dedicada a hacer test de covid. Serrano —imputado en la Audiencia Nacional— ha asegurado que fue Aldama quien le pidió que entregaran ese dinero a García.

Las fuentes del caso señalan que este ha afirmado que no sabía para qué quería Aldama ese dinero, pero los investigadores sostienen que eran parte de las comisiones que el empresario asegura que pagó al entonces ministro y a su asesor a cambio de favorecer la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas. Según concluyó la UCO en un informe, Aldama se quedó sin liquidez en España para afrontar los pagos en metálico de las presuntas mordidas, por lo que usó dinero que Pronalab estaba generando en República Dominicana.

Según la UCO, durante la primera estancia en República Dominicana, Granell envió un audio a Joseba donde le indicaba que cuando estuviera por Punta Cana la avisara para quedar. “Llámame y te digo donde estoy y, en función de eso, ya que vas con el coche, pues te digo si quedamos por aquí, si estoy en casa o si estoy en el hotel. Bueno, yo me lo echo al bolso y en algún momento dado nos encontramos”, le dijo.

Poco después, Granell envió otro audio a Serrano, a quien la Guardia Civil identificó como socio del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. “Hablo ahora con el Joseba este, que ya tengo el dinero, y le digo que quedamos”, le contó ella, según recogieron los investigadores en un informe.

Joseba volvió a República Dominicana unas semanas después, y, según la UCO, Granell escribió a Serrano dos días antes para preguntarle cuánto tenía que darle al “legionario” el apodo con el que ambos se referían al hermano de Koldo, según han admitido en el Supremo. El empresario contestó que necesitaba “10K”. “Este pago queda acreditado por unos mensajes que le manda Joseba a Koldo, cuando le pregunta a este ‘cuánto son al cambio 10′, puntualizando él mismo instantes después ‘8.800”, recogieron los agentes. La UCO reflejó que ese mismo día Koldo advirtió a Joseba “sobre la necesidad de borrar el contenido del mensaje, posiblemente los que aluden al citado tipo de cambio”: “Lo he borrado solo para mí, bórrate”, contestó Joseba.

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El Supremo investiga al exministro por delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación. En uno de sus últimos autos, el juez reclamó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que requiriera toda la información que conste en las bases de datos, desde enero de 2014, de Caixabank y la Agencia Tributaria sobre Ábalos y la Fundación Fidelso, vinculada al exdirigente socialista y su familia. El objetivo del instructor es comprobar si se han producido “ingresos irregulares” que pudieran corresponderse “con los cobros que se le imputan”, relacionados con supuestas comisiones a cambio de beneficiar a determinadas empresas en adjudicaciones de compras y obras públicas.

El exministro recurrió esa petición y reclamó al Supremo que se centrara solo en la compraventa de mascarillas y material sanitario, una posibilidad que el instructor ha descartado este martes de forma tajante. “Sin necesidad de agotar los ejemplos ―otras resoluciones de esta causa especial hacen también referencia a la cuestión― parece llegado ya el momento de que el Sr. Ábalos Meco y su defensa comprendan, por mucho que pudiera no ser de su agrado, que el objeto de esta causa especial no se limita, frente a lo que con particular insistencia proclama, a su intervención en la contratación de las mascarillas en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19″, subraya el magistrado.

Para argumentarlo, el juez pone como ejemplo que, uno de los beneficios económicos que se atribuyen al exdirigente socialista se refiere al pago por parte del empresario Víctor Aldama (al que la investigación apunta como principal comisionista de la trama), a través de un tercero que actuaba por orden suya, “de la cuantiosa renta del piso en el que residía quien era entonces la pareja sentimental del ministro”. Puente señala que esos pagos dieron comienzo en el mes de marzo del año 2019 y se prolongaron hasta septiembre de 2021. “Es decir, comenzaron mucho antes, no ya de que se concertaran los tan referidos contratos para la adquisición de mascarillas, sino incluso con anterioridad también a que se detectara en España la primera infección por Covid-19″, recuerda el juez.

Puente rechaza también que, como sostenía Ábalos, la Guardia Civil se haya excedido al incluir en sus informes datos de la etapa en la que él ya había dejado el Ministerio de Transportes. Según el magistrado, “nada se advierte en el mismo que pueda significar extralimitación alguna” por parte de los agentes. “Al contrario”, añade Puente, “al parecer de este instructor, de forma diligente y concienzuda, informa la fuerza actuante de los depósitos bancarios, bienes muebles e inmuebles y vehículos, que figuraban, tras la consulta en fuentes abiertas y tomando en cuenta el resultado de las evidencias digitales obrantes en las actuaciones”, a nombre de Ábalos y de su hijo Víctor.

El juez sí admite que la UCO cometió un error cuando confundió dólares con pesos colombianos al cifrar el precio de la compra de una casa en Colombia por parte del exministro, lo que llevó a la Guardia Civil a concluir que Ábalos había pagado 2,5 millones de dólares, cuando el precio real fueron 751 euros. Los agentes admitieron el fallo horas después de que se difundiera el informe, y el magistrado pide también disculpas en su auto. “Advertido el error solo queda, después de admitirlo, rectificarlo, explicar sus razones, y disculparse por ello. Admitido, rectificado y explicadas las razones que lo produjeron, sinceramente me disculpo también por ello. Pero destaco igualmente que es un error que carece, afortunadamente, de consecuencia alguna en esta causa”, apunta el juez.

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La declaración consensuada por la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, y los 20 vocales no cita expresamente a María Jesús Montero, quien el pasado fin de semana calificó de “vergüenza” la sentencia absolutoria de Alves y cuestionó que la presunción de inocencia prevalezca “sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas”. No obstante, fuentes del órgano señalan que el comunicado es una respuesta a las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. El texto que ha salido adelante por unanimidad ha sido propuesto por Perelló, después de que los vocales conservadores presentaran una versión mucho más dura que la mayoría de los progresistas se negaron a apoyar. Entretanto, el Gobierno ha respaldado a la número dos del Ejecutivo y del PSOE, muy criticada por sus palabras en un acto de los socialistas andaluces, federación en la que ha relevado a Juan Espadas como secretaria general. “Se expresó el mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad sintió al conocer una sentencia, en este caso de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, radicalmente distinta a la de la Audiencia Provincial de Barcelona en menos de un año”, ha salido en defensa de Montero la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. “El respeto [por las resoluciones judiciales] tampoco es antagónico a opinar sobre las mismas”, ha remachado.

La versión definitiva es bastante genérica para evitar entrar en un choque con el Gobierno, como ocurrió con frecuencia durante el mandato del anterior CGPJ. El comunicado de este martes se centra en apoyar a los magistrados que han firmado la absolución de Alves y reivindicar la presunción de inocencia. “El sistema de recursos se establece para buscar el acierto de la decisión última. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no escapa a este principio y también está sujeta a los procedimientos de revisión previstos en las leyes procesales”, advierte el Consejo.

El pleno reivindica también “la profesionalidad y capacitación técnica” del los jueces que han intervenido en el caso, tanto de la Audiencia Provincial de Barcelona como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y solo envía un mensaje de prudencia para los políticos: “Es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, afirma el Consejo, cuyo pronunciamiento llega un día después del suscrito por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, que reaccionaron a las palabras de la ministra exigiendo “responsabilidad institucional”. Las críticas compartidas por la oposición y jueces y fiscales han forzado al Gobierno a salir por segundo día cerrando filas con la vicepresidenta primera. “Este Gobierno siempre ha manifestado su respeto a todas las resoluciones judiciales”, ha resaltado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha observado que “no solo las autoridades que forman parte del poder ejecutivo, sino también el legislativo y el judicial, deben explicar muy bien” sus declaraciones y resoluciones y más en el caso concreto de fallos como el del caso Alves “con la finalidad de una sensibilización máxima a la sociedad, hacia las víctimas de la lacra de la violencia contra la mujer”. El ministro, que fue vocal del CGPJ y presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha incidido en la atención que las administraciones tienen que dedicar a unas resoluciones “de una sensibilidad social máxima” como la del caso Alves para que las víctimas de violencia sexual “no se sientan desprotegidas” para que “no pierdan la confianza de las instituciones”.

Nuevo aplazamiento de las presidencias de sala clave del Supremo

Por otra parte, la presidenta del CGPJ ha vuelto a retirar del orden del día del pleno la presidencia de las dos salas clave del Tribunal Supremo, que ella misma había decidido incluir para sorpresa de la mayoría de los vocales, ya que los dos grupos, el conservador y el progresista, no han llegado a un acuerdo sobre quién quiere que ocupen esas plazas ni se atisbaba la posibilidad de un pacto a corto plazo porque no había una negociación formal en marcha. Es la segunda vez que Perelló incorpora al orden del día la votación de las presidencias de la Sala Segunda (Penal) y Tercera (Contencioso-Administrativo) para después sacarlas ante la ausencia de pacto. Fuentes del órgano señalan que la presidenta y los vocales han acordado que los dos bloques negociarán en las próximas semanas para que ambas presidencias puedan votarse en el mes de abril o, como tarde, en mayo.

Perelló ya retiró del orden del día la presidencia de la Sala Segunda y Tercera en febrero pasado, después de que los grupos progresista y conservador pactaran el nombramiento de casi 40 altos cargos judiciales, entre ellos las presidencias de la Sala Primera y Cuarta del Supremo, pero no lograran un acuerdo sobre las dos salas consideradas clave, cuyas presidencias también está vacante y que Perelló había incorporado al orden del día. En el caso del pleno de este martes, la decisión de Perelló ha sorprendido aún más si cabe a los vocales, ya que no ha habido en los últimos días ninguna negociación entre los grupos que pudiera desembocar en acuerdo para esas plazas. Fuentes del órgano interpretan ese movimiento de la presidenta como un intento de presión a los vocales para que aceleren la negociación, pero algunos miembros consultados temen también de que la reiteración de esta situación dañe la imagen del órgano.

Miembros del Consejo admiten su desconcierto por los movimientos de la presidenta e incluso algunos vocales progresistas advierten de cierto malestar porque Perelló se está desmarcando de la postura que mantiene la mayoría de vocales de este sector, que defiende la candidatura de Ana Ferrer para la Sala Segunda (Penal) y de Pilar Teso para la Tercera (Contencioso-Administrativo). Los progresistas defienden sus candidaturas por sus currículos, pero también por ser mujeres, una cuestión que ha centrado el debate de los nombramientos porque la ley de paridad que entró en vigor en agosto pasado establece que ningún sexo puede tener una representación inferior del 40% “en los puestos de representación y decisión”.

Perelló, sin embargo, según aseguran fuentes del órgano, no defiende ninguna de estas dos candidaturas y se muestra partidaria de nombrar a los dos candidatos de los conservadores, Andrés Martínez Arrieta en la Sala Penal y Lucas en la de lo Contencioso, dos magistrados considerados de perfil moderado. La intención de la presidenta, según varias fuentes, es que el pleno vote a ambos, lo que supondría una cesión por parte de los progresistas que la mayoría de vocales de este grupo no está dispuesto a aceptar.

Estas designaciones necesitan un mínimo de 13 votos, una cifra que no reúne ninguno de los dos bloques, por lo que hace falta llegar a un pacto para cada plaza. Vocales consultados de ambos sectores coinciden en destacar su voluntad de negociación, pero mantienen posturas opuestas que, admiten, pueden hacer naufragar cualquier posibilidad de consenso.

La estrategia de los conservadores, a falta de acuerdo para que salgan adelante sus propuestas, es aparcar la designación de estas dos presidencias porque ambas salas están ya presididas en funciones por sus candidatos para el nombramiento formal. Este sector se niega a entrar en una negociación que implique aceptar a una de las dos candidatas propuestas por los progresistas, a quienes los conservadores ya vetaron el verano pasado como presidentas del Supremo y del CGPJ por considerarlas afines al Gobierno.

El pleno sí ha acordado por unanimidad el nombramiento de Jesús María Chamorro González como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Celso Rodríguez Padrón como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Manuel Luna Carbonell como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. En su sesión de hoy, el órgano de gobierno de los jueces ha realizado otros 18 nombramientos, todos ellos por unanimidad y correspondientes a 2 presidencias de salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de distintos Tribunales Superiores de Justicia, a las presidencias de las Audiencias Provinciales de Zamora y de Huelva y a cuatro cargos de la jurisdicción militar.

Con las designaciones realizadas hoy, el CGPJ ha realizado un total de 102 nombramientos -tanto en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción militar- desde el comienzo de su mandato el pasado 25 de julio.

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La Fiscalía del Supremo ya examinó las sospechas de financiación ilegal de SALF hace un año, después de que el empresario Luis Romillo, conocido en las redes como Luis Cryptospain, presentara en diciembre de 2023 una denuncia en la que se autoinculpaba de haber entregado 100.000 euros a Alvise durante la campaña de los últimos comicios al Parlamento Europeo, tras los que se convirtió en eurodiputado después de que su agrupación electoral consiguiera más de 800.000 votos y tres escaños.

Romillo interpuso su denuncia directamente en la Fiscalía General del Estado, que la remitió a la del Supremo dada la condición de aforado del eurodiputado. Pero esta derivó el caso a la Audiencia Nacional porque el magistrado José Luis Calama tenía ya en marcha una investigación abierta contra Romillo por una presunta estafa piramidal cometida a través de una de sus empresas, Madeira Invest Club (MIC), una oficina de inversión a la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calificó de “chiringuito financiero”. Ese caso no salpicaba inicialmente a Alvise, pero, tras conocerse la denuncia de Romillo ante la Fiscalía, dos acusaciones presentaron ampliaciones de denuncias para pedir que se investigara la participación del eurodiputado, y el juez decidió incorporarlas a su causa, pero en ese momento consideró “prematuro” enviarlas al Supremo.

Pero Calama sí optó por dar ese paso meses después, en diciembre pasado, al considerar que existían ya “indicios sólidos” de delito contra Alvise, lo que le obligaba a derivar el caso al alto tribunal para que la Sala Penal decida si abre una causa contra el eurodiputado. El juez de la Audiencia incluyó en su escrito los indicios contra el empresario Romillo para que también le investigue el alto tribunal de forma conjunta con el dirigente de SALF, al apreciar una “íntima conexión” entre las actuaciones de ambos. Son “la cara y cruz de una misma moneda”, señaló Calama.

En el escrito presentado ahora ante el Supremo, la Fiscalía asume esa tesis y pide a la Sala Penal que también encause a Romillo “por conexión” con los hechos que implican a Alvise. El ministerio público reclama, además, que el alto tribunal dicte órdenes para indagar el tráfico de las supuestas wallets (monederos virtuales) creados por ambos para recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público; que se recaben del eurodiputado los justificantes de los pagos realizados “para sostener la campaña electoral”, así como la entrega de documentación e información económica de SALF, incluidos los libros de tesorería, inventarios y balances, cuenta de ingresos y gastos, así como las operaciones de capital y el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. La Fiscalía solicita también un examen de las cuentas corrientes bancarias de Alvise y su agrupación electoral durante 2024.

Ahora es la Sala Penal la que tiene que decidir si encausa a Alvise. En el supuesto de que dé el paso, nombrará un instructor que será quien examine la petición de diligencias por parte de la Fiscalía. Si como es previsible, el eurodiputado se niega a colaborar, el Supremo tendrá que pedir permiso al Parlamento Europeo (a través del llamado suplicatorio) para poder actuar contra él.

En la exposición razonada enviada al Supremo, el juez Calama señalaba que la investigación que él puso en marcha había evidenciado que Alvise solicitó la colaboración de Romillo para crear una wallet con objeto de recibir donaciones anónimas destinadas a sostener los gastos de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 de Se acabó la Fiesta. Romillo, según el juez, abrió el monedero virtual y entregó los 100.000 euros a Alvise con la intención de que él, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club. El primer acto de colaboración entre ambos tuvo lugar el 6 de abril en el hipódromo de la Zarzuela. Ese día, ante 3.000 inversores de Madeira, Alvise hizo defensa de ese chiringuito financiero que, según dijo, escapaba a los controles y permitía obtener una alta rentabilidad sin tributar por ella. Alvise aprovechó el acto para dar a conocer su candidatura europea, “basada en la libertad financiera”, recordó Calama.

Multa del Parlamento europeo

Por otra porte, el Parlamento Europeo ha sancionado este lunes a Alvise Pérez por no declarar sus ingresos previos a asumir su escaño en Bruselas, tal como estipulan las normas de conducta que obligan a todo eurodiputado al comienzo de su mandato. La sanción, anunciada por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, al inicio del pleno celebrado esta semana en Estrasburgo (Francia), es mínima desde el punto de vista económico: la pérdida del derecho a las dietas por gastos de estancia (350 euros diarios para cubrir “el alojamiento, las comidas y los gastos conexos de cada día que un eurodiputado se encuentra en el Parlamento Europeo por asuntos oficiales”) durante un periodo de dos días, es decir, un total de 700 euros. Según ha explicado la maltesa, la sanción es definitiva dado que el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) no la ha recurrido.

En aras de la “transparencia”, todo eurodiputado está obligado a declarar públicamente los ingresos que generó por su actividad profesional en los tres años previos a su elección, así como por su pertenencia a otros parlamentos, por actividades que siga ejerciendo en paralelo a su trabajo en la Eurocámara y/o por su pertenencia a comités o consejos de administración de empresas, entre otros. La declaración publicada por Alvise Pérez en la web del Parlamento Europeo, presentada el 16 de julio pasado, indica como única actividad previa la de “analista y consultor por cuenta propia” para la que, afirma, no recibe remuneración alguna, sino “solo donaciones”, que no cuantifica.

El incumplimiento de esta norma conlleva, según el código de conducta del legislativo europeo, la imposibilidad de ser elegido “para ejercer cargos en el Parlamento o en los órganos del mismo, ni ser nombrados ponentes, ni formar parte de delegaciones oficiales”, tareas habituales de un representante de los ciudadanos en Europa.

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Con la decisión adoptada este lunes, Hurtado entierra la posibilidad de extender a La Moncloa la investigación abierta al fiscal general del Estado, al menos mientras no surjan nuevos hechos que al juez le puedan servir de indicios. El instructor abrió esa vía después de que el exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, declarara que Sánchez Acera le envió el 13 de marzo de 2024 un mensaje con el contenido del correo del abogado de González Amador que acabó filtrado a la prensa. A partir de esa declaración, Hurtado dio por hecho que ese mail, en el que el abogado de la pareja de Ayuso proponía al ministerio público un pacto que le librara de entrar en la cárcel, había “salido” desde la Fiscalía General del Estado con “destino” a la Presidencia del Gobierno, para “circular” después hasta algunos medios de comunicación, por lo que optó por citar como testigo a la antigua asesora de Óscar López para explorar la posibilidad de ampliar la investigación hacia el Gobierno.

El instructor, sin embargo, ha cerrado por ahora esa puerta tras descartar la participación de Sánchez Acera en el delito de revelación de secretos. Hurtado esgrime dos razones: la primera, que la actual secretaria de Organización del PSOE no es funcionaria pública, condición indispensable para atribuir el delito de revelación de secretos por el que investiga a Álvaro García Ortiz y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El segundo argumento del juez es que, desde el momento en que Sánchez Acera recibió “una información reservada a la que ha dado publicidad otro”, no se le puede acusar a ella de publicar ningún secreto.

“No reveló nada”

Según el juez, la conducta de la ex alto cargo de La Moncloa “se circunscribe a que, habiendo recibido el correo de 2 de febrero de 2024, presumiblemente filtrado de Fiscalía, con las alteraciones que al mismo pudiera haber contribuido que se le practicasen, lo hace llegar a Juan Lobato, para que este haga uso de él en la Asamblea de la Comunidad de Madrid en la mañana del día 14″. “No reveló nada, por tanto, y, en consecuencia, falta el primero de los requisitos para poderle considerar partícipe de un delito de revelación de secretos, que, como digo, es fundamental para tomar la decisión sobre las diligencias de investigación que solicitan las acusaciones”, advierte el juez.

Pero Hurtado añade que el hecho de que descarte que Sánchez Acera cometiera un delito no significa que dé credibilidad a su testimonio, que, asegura, ofrece para él “importantes fisuras” a la vista de las diligencias practicadas, en particular los datos objetivos que aporta el informe de la Guardia Civil sobre el teléfono móvil de Lobato. En ese documento, los agentes recogieron las comunicaciones entre el entonces líder del PSOE de Madrid y la exasesora habidas entre ambos desde las 7.03 del día 14 de marzo de 2024, horas después de que el contenido del correo del abogado de González Amador apareciera por primera vez publicado en varios medios de comunicación.

Durante su declaración como testigo, Sánchez Acera aseguró no recordar quién le envió el pantallazo con el contenido del correo por cuya filtración se investiga al fiscal general del Estado, pero dijo que le llegó de periodistas que cubren la información regional de Madrid. La actual secretaria de Organización del PSOE madrileño desvinculó a La Moncloa y a la Fiscalía General, y sostuvo que ella solo envió a Lobato un documento que contenía los mismos datos que el email que centra la investigación, pero que no tenía fecha, ni destinatario ni formato de correo. Sánchez Acera aseguró también que cambió de terminal de teléfono tras salir de La Moncloa, en septiembre pasado, y que, en el proceso, se eliminó todo el contenido del anterior dispositivo.

Para el juez, la actuación de la exasesora de López, “tratando de encubrir a quien se lo envió”, es “un elemento más que apunta a que la filtración del correo del 2 de febrero de 2024 sale, presumiblemente, de Fiscalía, y en eso tiene importancia su declaración a los efectos de esta causa”. Y subraya que las respuestas dadas por la propia Sánchez Acera en su comparecencia en el Supremo, “dejan mucho que desear, cuando, al preguntársele al respecto, manifestó que no recibió tal correo electrónico, sino que fue un documento, que le llegó mediante una fotografía de WhatsApp, que no recuerda quien se lo envió, respuesta que, en sí misma, no le resulta creíble a este Magistrado”.

“Se trata de un documento al que da no poca importancia la propia Sánchez Acera, en la medida que, desde que le llega, lo pone en conocimiento de Juan Lobato, para que haga uso de él en la Asamblea de la Comunidad”, advierte el juez, para quien “no es explicable” que, siendo un documento tan significado, ella “no pueda recordar quien se lo proporcionó, y no solo eso, sino que, tratado de buscar el origen de esa información en su dispositivo móvil, no sea posible porque, al igual que alguno más de los intervinientes en la presente causa, cambió de teléfono y borró cuantos mensajes tenía en el que usó en aquel momento”.

El juez reprocha ese comportamiento, que señala, “no es ejemplo de colaboración” de cara al esclarecimiento de los hechos. Pero esta circunstancia, añade Hurtado, no es suficiente para atisbar una participación penal de Sánchez Acera en el delito de revelación de secretos. “Y por más que se pueda considerar reprobable, como así parece, incluso con aparente relevancia penal, de ser objeto de investigación debiera serlo en causa aparte” por falso testimonio. No obstante, Hurtado no da en el auto dictado este lunes el paso de derivar el caso a los Juzgados de Madrid para que se investigue si la exasesora del Gobierno mintió en su declaración como testigo, en la que estaba obligada a decir la verdad. El instructor señala que ese pasó habrá que darlo si Sánchez Acera es citada como testigo en un futuro juicio contra García Ortiz y mantiene la versión que le dio al instructor; este solo se planteará hacerlo, añade, en el supuesto de que la causa no llegue a juicio.

La imposibilidad de imputar a Sánchez Acera lleva al juez a desestimar una serie de diligencias solicitadas por la acusación particular en nombre de González Amador y de la acusación popular de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, tras las declaraciones prestadas tanto por ella como por el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès. Las dos acusaciones pidieron al instructor que ordenara investigar los teléfonos móviles de ambos, y de otros dirigentes y empleados del PSOE como Santos Cerdán o Antolín Llorente, además de la citación a testificar del jefe de Gabinete del exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato.

El auto argumenta que las diligencias pedidas irían encaminadas a averiguar el recorrido posterior que tuvo el correo en el que se centra la investigación desde que llega a manos de Sánchez Acera, lo que, según el magistrado, “ninguna relevancia tiene en orden al objeto de investigación, porque, descartada una eventual participación de ella en la presumible filtración del secreto”, “huelga extender la investigación sobre aspectos que solo aportarían información respecto de ese posterior recorrido”.

Óscar López: “Un paso más hacia la verdad”

Tras conocer el auto del Supremo, el antiguo jefe de Sánchez Acera y actual ministro de Transformación Digital, ha admitido sentirse “satisfecho y contento” y ha descartado la importancia de la decisión del juez porque supone “un paso más hacia la verdad”. “La verdad es que la pareja de la señora Ayuso cometió varios delitos y que el jefe de gabinete de la señora Ayuso filtró a la opinión pública una mentira”, ha señalado en referencia a que fue Miguel Ángel Rodríguez quien contó a los medios de comunicación la posibilidad de que la Fiscalía y el abogado de González Amador alcanzaran un pacto de conformidad, aunque dio una versión tergiversada de los hechos según la cual era el ministerio público el que se lo había propuesto al letrado, cuando realmente fue al revés.

“El auto de hoy nos da la razón y lo que espero es que haya disculpas por parte del PP, por la cacería a la que sometieron a La Moncloa y a Pilar Sánchez Acera”, ha dicho el ministro en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que ha insistido en que “la única filtración la hace el jefe de gabinete de Ayuso y los delitos los comete la pareja de la señora Ayuso. Esa es la verdad y, como es la verdad, saldrá a la luz”, ha insistido.

Por otra parte, el Supremo ha inadmitido a trámite una denuncia presentada por el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias por un delito de prevaricación administrativa contra el fiscal general del Estado, la ex abogada general del Estado y la jefa del Área Penal por haber asumido la Abogacía del Estado la defensa penal de García Ortiz en la causa en la que se le investiga. El tribunal considera que los hechos denunciados no son constitutivos de delito.

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A las críticas también se ha sumado el PP, tanto por parte del líder de la formación como por otros dirigentes, que han cargado contra Montero. “No está en condiciones de ser la número dos de ningún Gobierno europeo”, ha señalado Alberto Núñez Feijóo en X. El portavoz popular, Borja Sémper, ha subrayado además que las declaraciones de Montero son “incompatibles con una visión democrática del Estado de derecho” y ha reiterado que debería dimitir de su cargo. Unas aseveraciones que han sido contestadas por la vicepresidenta primera también en redes sociales: “No voy a aceptar lecciones ni tergiversaciones del PP. Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo”. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y responsable de Igualdad de la dirección del PSOE, había salido ya en defensa la número dos del Ejecutivo argumentando que, aunque su partido respeta el fallo judicial, se trata de una sentencia “muy difícil de digerir”.

No voy a aceptar lecciones ni tergiversaciones del PP. Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo.

— María Jesús Montero (@mjmonteroc) March 31, 2025

Las palabras de Montero han puesto de acuerdo a las asociaciones de jueces y fiscales progresistas y conservadoras, una circunstancia que, según fuentes de las propias asociaciones, solo había ocurrido antes en dos ocasiones, ambas relacionadas con una huelga convocada por la carrera judicial y la fiscal en mayo de 2018. Probablemente por eso, el comunicado suscrito este lunes por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales es aséptico en comparación con la mayoría de los pronunciamientos que firman cuando reaccionan de forma individual o divididos por tendencias (conservadoras, moderadas o progresistas). No obstante, el texto censura con contundencia las manifestaciones que hizo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda el pasado sábado, cuando calificó de “vergüenza” la sentencia absolutoria de Alves y cuestionó que la presunción de inocencia prevalezca “sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas”.

“La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho”, señalan las asociaciones, que recuerdan que las resoluciones judiciales se adoptan “tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente”. “Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial”, añade el escrito.

Jueces y fiscales recuerdan que la presunción de inocencia es “un derecho fundamental” recogido en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España y garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal “mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho”. “Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios”, apuntan.

Tras el revuelo que ha levantado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que considera que la Audiencia Provincial de Barcelona incurrió en “déficits valorativos” al condenar a cuatro años de cárcel al futbolista, las asociaciones de jueces y fiscales advierten también sobre la “importancia de proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales”. “Es fundamental que las víctimas se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto”, señala el texto consensuado por todas ellas.

La posición de las asociaciones de jueces y de fiscales contrasta con la del PSOE. “Hay que respetar [la sentencia] pero es muy difícil de digerir, desde luego no ayuda a que las víctimas denuncien. Solo el 8% de las víctimas de agresiones sexuales denuncian y por lo tanto esta sentencia no ayuda a favorecer algo básico y fundamental que son las denuncias”, ha observado Bernabé a su llegada a la reunión de la dirección socialista en Ferraz. esto no ha terminado aquí. Al término de la ejecutiva, en la que no se ha abordado esta cuestión, Peña ha subrayado que el proceso judicial no ha terminado. La portavoz socialista ha incidido en que la violencia sexual “no va a quedar impune” y España “protege a las víctimas” tras la polémica que ha generado la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el caso Alves. “Es verdad que sentencias contradictorias como estas que se han dado no parecen muy halagüeñas para dar seguridad a todas esas mujeres víctimas de violencia sexual que lo que necesitan es el respaldo de las instituciones y también de la legislación”, ha abundado Peña, que ha remarcado la intención del Gobierno de implantar 53 plazas de jueces de violencia de género antes de fin de año. El Ministerio de Justicia ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta de Real Decreto que prevé incrementar en 53 las plazas de jueces y magistrados de violencia de género para facilitar que puedan asumir la instrucción de los delitos sexuales o de trata y mutilación genital femenina. Los planes del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, consisten en la creación de 39 nuevas plazas en Secciones de Violencia sobre la Mujer. Las 14 plazas restantes, que ahora se dedican a instrucción en general, se reconvertirían en especializadas. Fuentes de Ferraz reconocen en privado que Montero no estuvo atinada y “se dejó llevar por lo cruel de la sentencia” aunque insisten en que no creen que se tenga que disculpar. En todo caso, apuntan que tendrá ocasión de explicarse “mejor” en otra ocasión.

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El magistrado Puente investiga a Ábalos por delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación. A la espera de nuevos informes de la UCO, el instructor y la Fiscalía han ido concretando en sus escritos algunas conclusiones. “Es el conjunto de los inmuebles referidos el que, a juicio de este instructor, presenta una particular potencia incriminatoria”, ha escrito el juez tras recordar los indicios que suponen las viviendas adquiridas por la trama para el supuesto disfrute de Ábalos. “De todos los pisos existentes en Madrid, la pareja sentimental del Sr. Ábalos residía, precisamente, en uno, de lujo, cuya renta era abonada por un socio del Sr. Aldama (el Sr. Escolano) y después por el asesor del entonces ministro. De todos los chalets ubicados en la costa andaluza, precisamente el Sr. Ábalos vino a arrendar, con opción de compra, un piso que adquirió con ese fin una empresa vinculada entonces con el Sr. Aldama [...]. Y, finalmente, de todos los pisos que el Sr. Ábalos podría haber intentado adquirir en Madrid para satisfacer sus necesidades de vivienda, vino a concertar un contrato privado de alquiler nuevamente con opción a compra y con un precio aparentemente muy inferior al de mercado, que resulta ser, precisamente, propiedad del Sr. Aldama”, ha advertido con incredulidad el juez.

El instructor ha citado para el próximo miércoles a dos nuevos testigos -Aranzazu Granell, una mujer que, según la Guardia Civil, dio dinero a Joseba García en la República Dominicana; y Javier Serrano, socio y supuesto testaferro de Aldama- con los que pretende apuntalar algunas de sus sospechas. Por ahora, estos son los los principales indicios que ha ido recabando el Supremo contra quien fuera ministro de Transportes:

El piso de la Plaza de España. El instructor da por acreditado que la trama corrupta alquiló una vivienda de lujo en el centro de Madrid para que viviera la entonces pareja de Ábalos, Jessica R. El exministro se ha desvinculado de esa operación alegando que él nunca ocupó ese piso. “Siendo ello cierto, lo es también, evidentemente, que el referido apartamento era ocupado [...] por la persona que [...] era en ese momento su pareja sentimental”, advierte el juez. La mujer, que declaró el pasado 27 de febrero como testigo, detalló que vivió allí aproximadamente tres años, a razón de una renta mensual de 2.700 euros, y que fue el propio Ábalos quien le propuso que dejara de compartir piso con amigas y se fuera a uno ella sola para poder pasar tiempo juntos. La mujer afirmó no saber quién pagaba el alquiler, pero dijo que daba por hecho que era el entonces ministro. El juez cree que la renta la asumió en su mayor parte Luis Alberto Escolano, socio de Aldama en el fraude de los hidrocarburos.

Los contratos de su expareja. El puesto de Jessica R. en las empresas públicas Ineco y Tragsasec han ganado protagonismo a lo largo de la investigación después de que la mujer admitiera que estuvo contratada en ambas, pero nunca trabajó realmente en ellas. La expareja de Ábalos contó que la llamaron de Ineco para contratarla unos días después de que ella le diera su currículum al entonces ministro. Jessica R. aseguró que, tras firmar el contrato, le entregaron un ordenador y se reunió con Joseba García, hermano de Koldo, quien también trabajaba allí desde hacía poco. Este le dijo que iba a ser su auxiliar administrativa y que si necesitaba algo, le llamaría, pero nunca lo hizo. Ineco ha explicado que la mujer estaba adscrita a un proyecto de Adif y que fichó e hizo partes semanales de su trabajo. El Supremo ha reclamado a Ineco y Tragsasec toda la información sobre estos contratos.

La casa de Cádiz. Los investigadores sospechan que el alquiler con opción a compra de un chalet en La Línea de la Concepción que firmó Ábalos es otra contraprestación de la trama a cambio de favores. El exministro alega que pagó la fianza y las dos primeras mensualidades y fue desahuciado cuando dejó de pagar, tras salir del Gobierno en julio de 2021. El juez, sin embargo, da credibilidad a Aldama, que sostiene que ese chalet fue adquirido, tras ser elegido por Ábalos, por la empresa Have Got Time, vinculada a Escolano. Según el instructor, el propósito de esta compra no era otro que alquilárselo al entonces ministro “para así disponerlo a su favor y en consideración al cargo que entonces ocupaba”. La explicación de Aldama ha sido confirmada por la empresaria Carmen Pano y su hija, administradora de Have Got Time, en sus declaraciones en el Supremo. El magistrado considera “irrelevante” que Ábalos no tuviera competencias para conceder la licencia de operador de hidrocarburos, que era lo que Escolano, Pano y su hija buscaban en las fechas en las que compraron esa casa, “por cuanto la dádiva o premio bien pudiera estar orientada [...] a que desplegara la indebida influencia” ante quien hiciera falta.

Piso de la Castellana. Aldama asegura que llegó a firmar con el entonces ministro un contrato por el cual Ábalos se hacía con la propiedad de un piso de lujo del comisionista ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, valorado en 1,9 millones de euros. Según Áldama, el contrato era en realidad una garantía de futuras mordidas, de forma que Ábalos se quedaría con el piso si la trama no cumplía con las comisiones prometidas por adjudicaciones de obras dependientes del Ministerio de Transportes.

Entregas de dinero en efectivo. El instructor da credibilidad a las afirmaciones de Aldama cuando dijo que, durante mucho tiempo, hizo entrega de 10.000 euros mensuales a Koldo García para que los repartiera con Ábalos. En su declaración ante el juez, el empresario aseguró incluso que, en una ocasión, vio personalmente cómo se repartían el dinero y, tras preguntarle al entonces asesor del ministro, este le dijo que lo habían hecho así muchas veces. Los informes de la UCO recogen encuentros periódicos de octubre de 2019 a agosto de 2021 entre Aldama y Koldo García, y, posteriormente, entre el hermano de este y el empresario y principal comisionista de la trama. El juez recuerda como “un dato de especial significación” que también se ha constatado que, el 18 de octubre de 2019, Aldama creó en su teléfono una nota en la que aparecía consignado: “Grandu 11.500″, una referencia que los investigadores traducen como la entrega de ese importe a Koldo García. En el registro del domicilio de éste los agentes encontraron documentación sobre dos ingresos en efectivo de 10.000 euros que quien fuera asesor del ministro no acertó a justificar.

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En su escrito, al que ha tenido acceso este diario, Koldo sostiene que “tanto por declaraciones expresas y reiteradas” de Aldama como por publicaciones en medios de comunicación “queda evidenciado” que existió un pacto entre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el empresario y principal comisionista de la trama y un alto cargo de la UCO. El antiguo asesor de Ábalos reclama conocer los detalles de ese acuerdo “como parte que podría verse perjudicada por el mismo”.

El escrito advierte de que, a pesar de que Aldama incluso apuntó a altos cargos del Gobierno durante su declaración como investigado en el Tribunal Supremo, lo cierto es que el instructor de la causa, el magistrado Leopoldo Puente, “no cree al Sr. Aldama y niega que haya indicios sólidos de que pagó comisiones a Ábalos”. Koldo García reclama a la Fiscalía que, en caso de que exista ese acuerdo, le aporten información “lo más detallada posible, que no perjudique a la instrucción ni a la investigación”.

García solicita a la Fiscalía que le informe “de los términos y detalles correspondientes a ese acuerdo”, de la participación “de un modo u otro” de un alto cargo de la UCO y que se identifique a este agente. El antiguo asesor de Ábalos ampara esta petición en la importancia de conocer si este Guardia Civil “forma parte o no de los miembros de la fuerza actuante que se encuentran investigando” su caso o el de los hidrocarburos, ya que su jerarquía podría tener influencia “sobre los agentes que hayan sido autores de los informes existentes o futuros”. “El hecho de que un miembro de la fuerza actuante investigadora se encuentre en colaboraciones, acuerdos o pactos con uno de los investigados, podría afectar a su imparcialidad y neutralidad” agrega Koldo García en su misiva.

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En una providencia dictada este miércoles, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Hurtado acuerda incorporar a la causa el informe pericial informático de la Abogacía y, con ello, la copia del correo electrónico enviado por la defensa de González Amador a un abogado del Estado. En ese mail, remitido el 2 de febrero de 2024 y cuya filtración atribuye el Supremo a Álvaro García Ortiz, el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía un pacto que le librara de entrar en la cárcel. La investigación al fiscal general del Estado parte de que el contenido de ese correo empezó a publicarse en los medios poco después de que, a las 21.59 del 13 de marzo, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, se lo reenviara a García Ortiz. Pero el juez no ha conseguido recabar pruebas que confirman ni desmientan que García Ortiz fue el autor de la filtración.

La Abogacía del Estado, defensora de los dos fiscales imputados, sostiene en uno de sus recursos que el hecho de que el novio de Ayuso enviara su propuesta de pacto de conformidad en la que admitía la comisión de dos delitos a un abogado del Estado “ahonda en el nulo valor confidencial o de naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo de 2 de febrero incluso por el propio abogado de González Amador, pues en esa fecha la Abogacía del Estado aún no podía ser parte de actuación alguna, ni ningún integrante de la misma podría ser formalmente responsable de expediente alguno, dado que no fue invitada a personarse sino después de todos los hechos controvertidos”.

Para la Abogacía, el hecho de que el abogado de González Amador enviara a esta institución ese mismo correo unos minutos después de habérselo remitido a la Fiscalía supone que el letrado ya rompió en ese momento la supuesta confidencialidad en sus relaciones con el ministerio público. Fuentes de la defensa de ambos fiscales han insistido en que estos nuevos datos demuestran que González Amador ha engañado reiteradamente al Supremo haciéndole pensar que solo la Fiscalía podía tener los correos o la información, cuando en realidad fue el novio de Ayuso quien manipuló a la opinión publica filtrando otro correo e información parcial y tergiversada del procedimiento.

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La medida acordada por el alto tribunal afecta a más de 1.000 menores no acompañados que se encuentran en los servicios de acogida de Canarias. Según el escrito presentado por el Gobierno de Fernando Clavijo en enero pasado en el Supremo, los datos de ACNUR cifran en 546 los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo entre enero de 2023 y noviembre de 2024. A ellos deben sumarse los 325 que, en ese momento, ya habían manifestado su voluntad de obtener protección internacional y estaban citados para presentar su solicitud de asilo, y otros 350 que estaban a la espera de ser atendidos para manifestar su voluntad de obtenerlo. En total, al menos 1.221 menores a cargo de Canarias que, según el alto tribunal, deberían estar siendo atendidos por el Gobierno central.

La única reacción del Ejecutivo por ahora ha sido la del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha explicado que los servicios jurídicos de los ministerios del Interior, de Infancia y de Inclusión están estudiando el auto del Supremo para estudiar jurídicamente las opciones. “En cualquier caso, llega después de que se haya aprobado un real decreto ley que da respuesta no solamente a los que piden asilo, sino a todos los menores que están en contingencia en Canarias, y que ya fue aprobado hace dos semanas y que se va a convalidar el día 10 de abril. Lo importante es que este se convalide este real decreto ley”, ha destacado Torres, que ha criticado la decisión de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, informa José Marcos. El Gobierno aprobó la semana pasada la modificación de la ley de extranjería para la redistribución de menores migrantes desde las autonomías más tensionadas, como les ocurre a Canarias y Ceuta, tras asegurarse el apoyo de Junts. Fuentes del Ejecutivo destacan que con el real decreto se establecen medidas urgentes “para la garantía del interés superior de la infancia y adolescencia ante situaciones migratorias extraordinarias” junto al mecanismo de derivación a otros territorios.

El Supremo ha estimado el recurso que presentó el Gobierno de Canarias en enero pasado, después de que el Ejecutivo central obviara el requerimiento que le hizo para que se garantizara el acceso de estos menores al sistema de acogida de protección internacional. Los magistrados han examinado las competencias de ambas administraciones y han concluido que la gestión corresponde a la Secretaría de Estado de Migraciones, según el real decreto 220/2022. El tribunal reprocha al Gobierno que no haya puesto a disposición de estos menores el sistema estatal de acogida de solicitantes de asilo “pese a que es un sistema al que tienen pleno derecho y cuya implantación efectiva se revela imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores —según resulta notorio— se encuentran, abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger”.

La situación de los menores solicitantes de asilo y el incumplimiento de sus obligaciones por parte del Gobierno había sido ya denunciada por el Defensor del Pueblo, pero el Ejecutivo central ha venido insistiendo en que la Constitución y los Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas dejan en manos de estas la competencia para atender a todos los menores no acompañados. Si los menores solicitan asilo, según ha defendido el Gobierno, la potestad para garantizar los estándares mínimos de acogida previstos en la directiva europea es de la Administración competente para atender a las personas solicitantes, que son también las comunidades. Estos argumentos fueron también esgrimidos por la Abogacía del Estado para oponerse en el Supremo al recurso presentado por Canarias.

El presidente del Gobierno de Canarias ha expresado en declaraciones a los medios su “alegría” por un auto que, en su opinión, “ratifica que “las legítimas aspiraciones y reivindicaciones de Canarias estaban fundadas en derecho, eran justas, eran morales, eran necesarias” para proteger al menor. “Teníamos razón”, ha sentenciado Fernando Clavijo. “Veníamos hablando de la vulneración de los derechos, y de la vulneración por parte del Estado de su deber de solidaridad”. “Esto, lo que nos viene es a dar un espaldarazo a todas esas cuestiones que hemos venido planteando”, ha completado, por su parte, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, informa Guillermo Vega.

En su resolución, la sala del Supremo advierte de que el análisis de la legislación puede desprenderse “una clara concurrencia competencial” de ambas administraciones, estatal y autonómica, sobre estos menores: en su condición de menores “en evidente situación de desamparo” no se puede obviar, subraya el tribunal, “su estatuto de protección a cargo de la Comunidad Autónoma”. “Pero cuando a su condición de menor se añade la circunstancia de haber presentado una solicitud de asilo, sobre dicho estatuto debe necesariamente converger” el que atribuye a esta solicitud la legislación de asilo, que está a cargo del Estado, conforme al artículo 149.1.1 de la Constitución, advierten los jueces.

Aunque ambas administraciones tienen competencias implicadas en la atención de estos menores, añade el Supremo,“lo cierto es que en la actual situación este sistema estatal de acogida, al que estos menores tienen pleno derecho, no consta que haya sido puesto a su disposición”. El auto recuerda que el real decreto 220 de 2022 diseña un itinerario de acogida en varias fases, con una duración global que puede alcanzar los 18 meses y en el que, tras una evaluación individualizada, se determinan las condiciones materiales de acogida. Para dar cobertura a cada situación, existe una red de acogida residencial de titularidad pública y privada “bajo dependencia funcional” de la Secretaría de Estado de Migraciones que, además, advierte el Supremo, prevé una “atención especializada a las necesidades específicas de las personas en situación de vulnerabilidad [...] con especial atención al tratamiento específico e individualizado de la infancia y adolescencia (artículo 6.b)”.

Los magistrados consideran que la “debida coherencia” del sistema estatal para solicitantes de asilo con el que deriva de las competencias autonómicas en materia de protección del menor “exigirá la forzosa colaboración y cooperación” de Canarias “en beneficio del interés superior del menor”. Pero, según el Supremo, la situación actual es “insostenible”, por lo que “resulta urgente” que se garantice el acceso de estos menores no acompañados solicitantes de asilo al sistema estatal, “del que no pueden permanecer al margen”, por lo que los magistrados optan por acordar ese acceso inmediato como medida cautelar. La decisión ha sido tomada por una sola compuesta por los magistrados Carlos Lesmes (presidente), Fernando Román, Ángeles Huet (ponente del auto), José Luis Quesada, María Consuelo Uris, María Concepción García Vicario y Francisco Javier Pueyo.

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El expediente disciplinario contra el juez Piñar partió de una información publicada en ABC referente a supuestos abusos sexuales sobre uno de los dos hijos menores de Juana Rivas, que fue condenada por separar a los niños de su padre y no entregárselos cuando un juez la obligó a ello. La sanción de 1.500 euros, argumentó la Comisión Disciplinaria del Consejo, se debía a que el juez envió un comunicado al diario Abc en diciembre de 2021, poco después del indulto a la mujer al que se resistió el magistrado, en el que mencionaba datos sobre unos presuntos abusos a uno de los hijos. Según el órgano disciplinario del CGPJ, aunque no fue el juez quien reveló inicialmente la noticia de los presuntos abusos sexuales, la información publicada por el Abc permitió “conocer datos obrantes en la causa judicial que afectaban directamente a una persona menor de edad”. Por ello, el CGPJ consideró a Piñar autor de una infracción grave por revelar “fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los que conozcan en el ejercicio de su función”, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 418.8.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces advierten de semejanzas en los hechos y, sobre todo, de discrepancias entre los razonamientos que han llevado al Consejo a anular la sanción disciplinaria a Piñar y los que están llevando al juez Hurtado a avanzar por la vía penal en la instrucción contra el fiscal general. El magistrado no ha conseguido recabar pruebas que desmientan o corroboren que fue García Ortiz quien filtró el correo electrónico que centra la investigación, un mail enviado a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal. En ese mail, el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía un pacto que le librara de entrar en la cárcel. El juez considera “suficientes” los indicios contra el fiscal general porque el contenido de ese correo electrónico se publicó por primera vez en los medios minutos después de que la fiscal jefa provincial de Madrid se lo enviara al fiscal general del estado la noche del 13 de marzo de 2024.

La resolución acordada por el pleno del CGPJ sobre el juez del caso de Juana Rivas choca con estos argumentos del magistrado del Supremo. Respecto a la falta de pruebas de que fuera él quien filtró la información a Abc, el Consejo cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establecen que no es suficiente “que se hayan practicado pruebas durante el proceso penal, sino que debe de poder deducirse racionalmente del resultado de estas la culpabilidad del acusado”. Y esta condición, según el CGPJ, no se cumplió en el caso del juez Piñar, a quien Abc atribuyó unas afirmaciones que el magistrado negó haber hecho al periódico. Al sancionar al juez, el CGPJ consideró como indicio el hecho de que no era verosímil que un medio de comunicación atribuya falsamente al magistrado la autoría de esas palabras, a lo que se sumaba que el magistrado reconoció haber comentado los hechos (los supuestos abusos sexuales sufridos por uno de los menores) con personas allegadas.

Para anular la multa, el CGPJ advierte que esos indicios no estaban plenamente acreditados ni obedecen a una “racional, fundada y lógica”, que cumpla con las condiciones impuestas por el Tribunal Constitucional para dar por superada la presunción de inocencia: “Para que se destruya la presunción de inocencia, no basta la existencia de pruebas, sino que se exige que además estas deban tener un contenido incriminatorio. La ausencia de esta condición supone la ineptitud para fundar una condena. Es decir, en caso de ausencia de prueba de cargo suficiente para sustentar una condena, se dictará sentencia absolutoria”, señala la sentencia recogida en la resolución del Consejo. La causa contra García Ortiz está todavía en fase de instrucción, durante la cual el juez no necesita pruebas para avanzar sino indicios, pero la jurisprudencia que cita el CGPJ sí deberá ser valorada por el Supremo si finalmente abre juicio oral contra el fiscal general.

El otro argumento clave para anular la sanción al juez Piñar ha sido el hecho de que la información supuestamente filtrada no revelara hechos desconocidos hasta entonces, ya que diferentes medios de comunicación habían dado a conocer con anterioridad la existencia de presuntos abusos al menor, al haberlos difundido el abogado de la madre de este. “La información publicada por ABC el 21 de diciembre de 2021, no descubría elementos nuevos relativos al proceso en cuestión, pues el contenido del Auto de 9 de diciembre de 2021 ya había sido hecho público, por lo que la conducta resulta atípica (no delictiva)”, concluye el CGPJ. Este argumento se asemeja al que defienden la Abogacía del Estado y la Fiscalía en el caso de García Ortiz en el sentido de que el contenido del mail fuera ya era conocido antes de que el fiscal general lo recibiera, según han afirmado algunos periodistas llamados como testigos que han asegurado que tuvieron acceso a esa información horas antes de que llegara a García Ortiz.

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El oficio enviado este jueves por la UCO al magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, zanja la confusión que levantó el informe sobre el patrimonio del exministro. La casa en Colombia era la principal novedad de ese documento, que atribuía también a Ábalos otras propiedades en Valencia y Madrid, tres coches y una moto. Los agentes han encontrado la documentación sobre esta vivienda en unos de los dispositivos intervenidos en el domicilio de Koldo García, asesor del exdirigente socialista, e incluyen en el informe una imagen del documento de compra firmado por Ábalos el 17 de octubre de 2003. A partir de ese documento, la UCO concluyó que el inmueble fue adquirido por 2,5 millones de dólares, cantidad que, convertida a euros en el momento de la transacción, serían 2.137.848,37 euros.

La Guardia Civil llega a esta cifra porque el documento de compraventa hallado en el ordenador de Koldo García recoge el siguiente concepto: “valor del acto: $2.500.000″. Sin embargo, el símbolo $, el del dólar, lo es también del peso colombiano. En Colombia, estas operaciones se tienen que hacer siempre en su moneda nacional y es práctica habitual en aquel país que las operaciones inmobiliarias se formalicen por un valor que oscila entre aproximadamente un 70% o un 80% inferior del real de compraventa.

Horas después de que se difundiera el informe de la UCO, el exministro aseguró que vendió el terreno en 2013 y que el precio al cambio de la época serían 8.000 euros. En la red social X, aseguró que se trataba “de un terreno rústico”, que vendió “sin construcción alguna”, aunque el informe de la UCO incluye fotografías de una casa. Este periódico ha podido confirmar que Ábalos vendió esa propiedad en 2013 por dos millones de pesos colombianos a un médico colombiano llamado Adalberto Aranda. Así consta en el certificado oficial de tradición y libertad del inmueble actualizado disponible en la Superintendencia de Notariado y Registro de ese país, informa Juan Esteban Lewin. Al deshacerse de esta propiedad, Ábalos perdió el 20% de su importe en pesos, a lo que hay que sumar que la inflación acumulada del peso colombiano de 2003 a 2013 fue de más del 59%.

La casa está ubicada en el corregimiento (una subdivisión administrativa de los municipios) La Moralia, el primer lugar del departamento del Valle del Cauca (uno de los más poblados y ricos del país, que tiene como capital a Cali) al que llegaron los grupos paramilitares que asolaron a Colombia hacia el cambio de siglo. En 1999 llegaron unos 50 hombres armados durante una celebración religiosa y mataron a dos personas, ocasionando el desplazamiento de un centenar. La compra de Ábalos se produjo pocos años después y antes de la desmovilización de esos grupos paramilitares (el Bloque Calima, el que actuó en ese lugar, operó hasta 2004).

Fuentes cercanas a la investigación aclararon a EL PAÍS que la información que los agentes manejan sobre el inmueble de Colombia fue obtenida en los dispositivos electrónicos intervenidos, pero que, al haber sido adquirido en 2003 ―es decir, mucho antes de 2019, que es el año a partir del cual se ha puesto el foco de la investigación patrimonial― no está previsto hacer nuevas indagaciones sobre el mismo, informa Óscar López-Fonseca. En este sentido, estas mismas fuentes recalcan que entre las diligencias que los investigadores han solicitado al juez en el informe no se ha incluido el envío de ninguna comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) al país sudamericano. “Se incluyó porque apareció en la investigación patrimonial que el magistrado encargó, no porque se vaya a hacer más gestiones sobre él”, aclaran. Por ello, consideran que el supuesto error al hacer el cambio a euros del valor del inmueble es irrelevante para las pesquisas.

El juez reclama información a Caixabank y Hacienda

En ese informe, la UCO reclamaba al juez que les autorizara a acceder a información adicional sobre el exministro al margen de la disponible en fuentes abiertas, que es con la que se realizó el primer documento. En un auto dictado este jueves, el magistrado accede a esa petición y requiere a los agentes la información que conste en las bases de datos, desde enero de 2014, de Caixabank y la Agencia Tributaria sobre el exdirigente socialista y la Fundación Fiadelso, vinculada a Ábalos y su familia.

La intención del juez es comprobar si se han producido “ingresos irregulares” que pudieran corresponderse “con los cobros que se le imputan” relacionados con supuestas mordidas a cambio de beneficiar a determinadas empresas en adjudicaciones de compras y obras públicas. El instructor quiere también analizar las salidas de dinero “que de alguna forma pudieran justificar, por ejemplo, los gastos de reembolso” a Koldo García de las cantidades supuestamente anticipadas por este a Ábalos”.

El auto considera que “no hay otro modo de conocer estas realidades y, en esa medida, las diligencias interesadas resultan, a juicio del instructor, además de pertinentes, necesarias, útiles y proporcionadas en atención a la gravedad de los hechos delictivos que al investigado se atribuyen. También aparecen sujetas al principio de especialidad en la medida en que se orientan de forma inmediata a la averiguación de los precisos hechos que resultan objeto de la presente causa especial”.

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La propuesta lanzada este jueves por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es el primer choque, soterrado pero evidente, entre el Gobierno y el renovado órgano de gobierno de los jueces presidido por la progresista Isabel Perelló. El origen del conflicto es el informe preceptivo del CGPJ sobre el anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, aprobado por el Consejo de Ministros en enero pasado y que prevé cambios en el actual sistema de oposiciones para facilitar el acceso a estudiantes de todos los niveles socioeconómicos, modifica el actual modelo de examen y contempla incrementar el número de jueces agilizando el acceso por el llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio) y acabando con la situación de interinidad de cientos de jueces sustitutos.

El informe del Consejo aplaude algunas de las medidas, pero critica otros aspectos clave y advierte de que el anteproyecto de ley incorpora “ciertas innovaciones de calado” que “pueden generar dudas sobre la falta de idoneidad de alguna de las medidas proyectadas para alcanzar los objetivos perseguidos por el legislador tanto por razones de técnica legislativa, como por los objetivos que la reforma quiere alcanzar”. Ese dictamen es fruto de un acuerdo entre los grupos progresistas y conservador a partir de un primer documento muy crítico elaborado por el gabinete técnico del CGPJ.

Entre las novedades de la reforma legal cuestionadas se encuentran las medidas previstas para acabar con el cobro en negro por parte de los preparadores de oposiciones a la carrera judicial y fiscal, una práctica extendida. Para ellos, el anteproyecto prevé que sea obligatorio que todos los jueces que ejerzan como preparadores de opositores pidan la compatibilidad para preparar a los aspirantes a la carrera —actualmente solo tienen que pedirlo los que superen un determinado número de horas—. La reforma que prepara el Gobierno contempla que los interesados se tendrán que inscribir en un registro público de preparadores.

El informe del CGPJ reprocha esta medida y sostiene que la preparación para el acceso a la carrera judicial es una “labor inherente y consustancial al ejercicio de la función que desempeña el juez o magistrado y que constituye una manifestación más de su competencia profesional”. “Desde este punto de vista, tal actividad ha de ser entendida como una obligación moral/deontológica en cuanto que una manera de trasladar los conocimientos y amplia experiencia profesional en el ejercicio de la jurisdicción a las nuevas promociones que integrarán la Carrera Judicial, sin olvidar que, en muchas de las ocasiones, tal preparación obedece, más que a fines mercantilistas, a fines generosos de colaboración e intercambio de conocimientos jurídicos respecto, en gran número de casos, de personas más o menos cercanas”, recoge el texto del CGPJ.

Fuentes del Ministerio que dirige Félix Bolaños han anunciado que el Gobierno está evaluando “diferentes mejoras del texto a partir de las recomendaciones del Consejo”. “Por ejemplo, en el ámbito de la preparación a opositores por parte de jueces en activo, que el informe define como una ‘obligación’ que asumen los jueces de manera ‘generosa’ el Ejecutivo está analizando una posible reforma que garantice el carácter gratuito y altruista de esta preparación por parte de los que ahora ejercen esta actividad movidos por dicha obligación deontológica”, añaden estas fuentes.

Las medidas de transparencia propuestas por el Gobierno para los preparadores de oposiciones son uno de los aspectos que más debate generaron en el seno del CGPJ durante la elaboración del informe porque algunos vocales las entendían como una sospecha generalizada por parte del Gobierno hacia quienes ejercen esta labor. Fuentes de ese órgano aseguran que más del 90% de los preparadores piden ya la compatibilidad para desempeñar esta tarea y que condicionar la obtención de beca a la presentación de la factura de un preparador limitaría ya la opacidad.

El Ejecutivo asegura estar “satisfecho” con el informe aprobado del CGPJ porque considera que avala “el núcleo del anteproyecto” de ley: el blindaje legal de las becas para acceder a los principales cuerpos de la Administración de Justicia, la clarificación de la carrera profesional de jueces y magistrados, la regulación “garantista” de los principios de selección o el voto telemático para la elección transparente de las salas de gobierno de los tribunales.

Fuentes del Ministerio de Justicia señalan que la mayoría de objeciones que hace el informe son “recomendaciones de carácter técnico para reforzar algunos aspectos del texto” que el Gobierno va a analizar “de forma pormenorizada” antes de remitir el anteproyecto al Congreso de los Diputados para plantear posibles cambios, como la de los preparadores de oposiciones. “La emisión de este informe asienta la pertinencia de los cambios buscados por el Gobierno y permite continuar con una norma clave para la mayor transformación y modernización de la Justicia en décadas emprendida por el Ejecutivo”, señala el Gobierno.

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El documento de la UCO recoge la existencia en ese inmueble, ubicado en una zona humilde, en el municipio de Tulúa, porque es el único hallado por los agentes que Ábalos nunca incluyó en su declaración de bienes en el Congreso de los Diputados ni mencionó en su declaración como investigado ante el magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el alto tribunal. La Guardia Civil cifra el inmueble en 2,5 millones de dólares porque el documento de compraventa hallado en el ordenador de Koldo García recoge el siguiente concepto: “valor del acto: $2.500.000″. Sin embargo, el símbolo $, el del dólar, lo es también del peso colombiano.

Cuando se adquirió ese inmueble, Ábalos era concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia. El propio exministro y las fuentes de la defensa consultadas no han contestado a las preguntas de este periódico sobre si la finca sigue siendo propiedad de Ábalos y si la compró para uso particular o estaba relacionado con algún proyecto profesional. En su cuenta en X, el exdirigente socialista asegura que vendió la casa en 2013 y en declaraciones a Europa Press, que el precio al cambio de la época serían 8.000 euros. En la red social, el exdirigente socialista asegura que se trató “de un terreno rústico”, que vendió “sin construcción alguna”, pero el informe de la UCO incluye fotografías de una casa.

Fuentes cercanas a la investigación aclaran a EL PAÍS que la información que los agentes manejan sobre el inmueble de Colombia fue obtenida en los dispositivos electrónicos intervenidos, pero que, al haber sido adquirido en 2003 ―es decir, mucho antes de 2019, que es el año a partir del cual se ha puesto el foco de la investigación patrimonial― no está previsto hacer nuevas indagaciones sobre el mismo, informa Óscar López-Fonseca. En este sentido, estas mismas fuentes recalcan que entre las diligencias que los investigadores han solicitado al juez en el informe no se ha incluido el envío de ninguna comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) al país sudamericano. “Se incluyó porque apareció en la investigación patrimonial que el magistrado encargó, no porque se vaya a hacer más gestiones sobre él”, aclaran. Por ello, consideran que el supuesto error al hacer el cambio a euros del valor del inmueble es irrelevante para las pesquisas.

Además de este inmueble, el informe de la UCO atribuye al exministro dos viviendas en Perú vinculadas con la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso). Esta sociedad, que se dedicaba a proyectos de cooperación internacional al desarrollo y “actividades de sensibilización”, fue extinguida en 2003, pero Ábalos, según la información de la UCO, sigue como propietario de dos inmuebles en la localidad peruana de Chimbote, donde la fundación desarrollaba su actividad. Ábalos y su socio en esa entidad Manuel Valls (fallecido en 2022) adquirieron igualmente un inmueble en Valencia, donde se ubicó la sede de Fiadelso. Aunque la sociedad ya no existe, los agentes consideran que es de “interés” porque la vinculación de los Ábalos y su familia con esta entidad “habría perdurado a lo largo de los años, llegando hasta el presente”.

La UCO cita también otras propiedades inmobiliarias de Ábalos en Valencia y en Madrid, tres coches y una moto. Los agentes consideran “reseñable” la adquisición por parte del exministro de un vehículo Range Rover Sport en 2021 por 15.000 euros. El análisis del teléfono intervenido a Joseba García, hermano de Koldo, revela, según los agentes, que fue aquel quien gestionó la compra con una persona que pertenecía al “círculo próximo” del empresario Víctor de Aldama, el principal comisionista de la supuesta trama corrupta que tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos.

La Guardia Civil, no obstante, advierte de que esta recapitulación del patrimonio del exdirigente socialista se ha hecho con fuentes abiertas, por lo que se considera un “catálogo preliminar” y reclama al juez que le autorice a rastrear siete cuentas bancarias vinculadas a Ábalos y la fundación que presidió en Perú. El informe constata que Ábalos aparece como “titular, cotitular, representante o autorizado” en 265 cuentas bancarias vinculadas al PSOE, por lo que la UCO las vincula con los cargos que ha tenido en este partido, del que fue secretario de Organización, y las deja fuera de la investigación.

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Los grupos conservador y progresista del CGPJ pactaron el pasado viernes el texto al que ahora han dado luz verde, después de que un grupo de cuatro vocales (los conservadores Alejandro Abascal y José Luis Costa y los progresistas Lucía Avilés y José María Fernández Seijo) consensuaran un documento a partir de un primer documento elaborado por el gabinete técnico del CGPJ. El dictamen examina el anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 21 de enero en primera vuelta. La intención del Gobierno es que empiece cuanto antes su tramitación parlamentaria para que la norma reciba el visto bueno definitivo de las Cortes antes del verano.

Fuentes del Gobierno consideran “satisfactorio” el informe porque, aseguran, no cuestiona los aspectos nucleares del anteproyecto de ley. Y los aspectos que sí critica, según estas fuentes, son susceptibles de cambiarse para la aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros o durante la tramitación parlamentaria.

Dos de los apartados que más reprocha el Consejo se refieren a dos de las medidas que prevé la norma para incrementar el número de jueces. La primera, el acceso por el llamado cuarto turno (profesionales del derecho que acceden a la carrera judicial tras un concurso oposición), para lo que la reforma contempla que a quienes lleguen a la categoría de magistrado sin pertenecer con anterioridad a la carrera judicial se les reconocerá a todos los efectos cinco años de servicios prestados como juez. El informe del CGPJ sostiene que este reconocimiento de cinco años de servicios “introduce un factor que podría considerarse discriminatorio, en perjuicio de quienes han alcanzado la categoría de magistrado por promoción desde la de juez, que no resulta justificado”.

El informe también cuestiona la regulación que contempla la ley para consolidar la situación de centenares de jueces sustitutos, una bolsa compuesta ahora por 913 personas —más del 70% mujeres— que, en algunos casos, llevan más de dos décadas ejerciendo como jueces encadenando contratos temporales. Para el CGPJ, la justificación ofrecida por el Gobierno “no parece acomodarse” a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a que este tipo de procesos solo deben utilizarse ante una “situación excepcional”. En este caso, según los vocales, no se cumple esta condición, ya que la regularización de centenares de jueces sustitutos no va a suponer el fin de las situaciones de temporalidad en las carreras judicial y fiscal, ya que el propio anteproyecto incluye el mantenimiento de estas situaciones.

El Gobierno, no obstante, advirtió cuando aprobó la norma de que la Comisión Europea ha puesto el foco en esta en la situación actual de los jueces sustituto y ya ha enviado al Ministerio de Justicia dos cartas —la última, el pasado octubre—, donde se apercibe a España por la ausencia de medidas legales para prevenir el uso abusivo de esta figura. El anteproyecto de ley prevé convocar un proceso extraordinario de acceso al cuarto turno para los jueces sustitutos que permita regularizar la situación de centenares de ellos.

Otra de las medidas previstas en la reforma es que sea obligatorio que todos los jueces que ejerzan como preparadores de opositores pidan la compatibilidad para preparar a los aspirantes a la carrera —actualmente solo tienen que pedirlo los que superen un determinado número de horas—. Uno de los efectos inmediatos que persigue el Gobierno con esta medida es acabar con el cobro en negro por parte de los preparadores, una práctica muy extendida. El informe del CGPJ reprocha esta medida y sostiene que la preparación para el acceso a la carrera judicial es una “labor inherente y consustancial al ejercicio de la función que desempeña el juez o magistrado y que constituye una manifestación más de su competencia profesional”. “Desde este punto de vista, tal actividad ha de ser entendida como una obligación moral/deontológica en cuanto que una manera de trasladar los conocimientos y amplia experiencia profesional en el ejercicio de la jurisdicción a las nuevas promociones que integrarán la Carrera Judicial, sin olvidar que, en muchas de las ocasiones, tal preparación obedece, más que a fines mercantilistas, a fines generosos de colaboración e intercambio de conocimientos jurídicos respecto, en gran número de casos, de personas más o menos cercanas”, recoge el texto del CGPJ.

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El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de enero en primera vuelta el anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal y la intención del Gobierno es que empiece cuanto antes su tramitación parlamentaria para que la norma reciba el visto bueno definitivo de las Cortes antes del verano. Para ello, debe recabar el informe del CGPJ, al que el Gobierno había pedido que tuviera listo su dictamen en un mes. Tras un primer documento elaborado por el gabinete técnico del CGPJ, un grupo de cuatro vocales (los conservadores Alejandro Abascal y José Luis Costa y los progresistas Lucía Avilés y José María Fernández Seijo) consensuaron el pasado viernes un texto que es el que se va a llevar a votación en el pleno de este miércoles.

Fuentes del Gobierno consideran “satisfactorio” el informe porque, aseguran, no cuestiona los aspectos nucleares del anteproyecto de ley. Y los aspectos que sí critica, según estas fuentes, son susceptibles de cambiarse para la aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros o durante la tramitación parlamentaria.

Dos de los apartados que más reprocha el Consejo se refieren a dos de las medidas que prevé la norma para incrementar el número de jueces. La primera, el acceso por el llamado cuarto turno (profesionales del derecho que acceden a la carrera judicial tras un concurso oposición), para lo que la reforma contempla que a quienes lleguen a la categoría de magistrado sin pertenecer con anterioridad a la carrera judicial se les reconocerá a todos los efectos cinco años de servicios prestados como juez. El informe del CGPJ sostiene que este reconocimiento de cinco años de servicios “introduce un factor que podría considerarse discriminatorio, en perjuicio de quienes han alcanzado la categoría de magistrado por promoción desde la de juez, que no resulta justificado”.

El informe también cuestiona la regulación que contempla la ley para consolidar la situación de centenares de jueces sustitutos, una bolsa compuesta ahora por 913 personas —más del 70% mujeres— que, en algunos casos, llevan más de dos décadas ejerciendo como jueces encadenando contratos temporales. Para el CGPJ, la justificación ofrecida por el Gobierno “no parece acomodarse” a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a que este tipo de procesos solo deben utilizarse ante una “situación excepcional”. En este caso, según los vocales, no se cumple esta condición, ya que la regularización de centenares de jueces sustitutos no va a suponer el fin de las situaciones de temporalidad en las carreras judicial y fiscal, ya que el propio anteproyecto incluye el mantenimiento de estas situaciones.

Sobre los jueces sustitutos, el informe también critica que se plantee una compensación económica en favor de quienes “estando en activo” como sustitutos o suplentes “no superen el proceso selectivo de estabilización y vean finalizada su relación con la Administración”. “No se considera aceptable” esta medida, señala el CGPJ, porque la compensación económica “se desvincula, por completo” del tiempo en el que esa persona haya ejercido como juez. El informe también muestra dudas sobre el tratamiento que debería recibir la situación de aquellos que, habiendo percibido la compensación económica tras finalizar su relación con la administración, volvieran a presentarse a una convocatoria de vacantes como jueces sustitutos.

El Gobierno también plantea cambios en el sistema de oposición de futuros jueces y fiscales, para lo que propone suprimir una prueba oral e introduce una prueba escrita consistente en un caso práctico. El informe del CGPJ sostiene que “esa renuncia puede debilitar la independencia del Poder Judicial, entendida como la independencia de cada uno de los jueces, juezas, magistrados y magistradas en concreto ejercicio de su función jurisdiccional”. “Sin desdeñar el indudable valor de la experiencia en el ejercicio profesional, la imprecisión en el tipo de prueba que propone el anteproyecto puede reducir la garantía de que realmente sean elegidos para desempeñar esa función los que resulten mayores conocedores del Derecho y, por tanto, los que en mejores condiciones están para hacer real la independencia de los integrantes del poder judicial”, añade el texto.

Otra de las medidas previstas en la reforma es que sea obligatorio que todos los jueces que ejerzan como preparadores de opositores pidan la compatibilidad para preparar a los aspirantes a la carrera —actualmente solo tienen que pedirlo los que superen un determinado número de horas—. Uno de los efectos inmediatos que persigue el Gobierno con esta medida es acabar con el cobro en negro por parte de los preparadores, una práctica muy extendida. El informe del CGPJ reprocha esta medida y sostiene que la preparación para el acceso a la carrera judicial es una “labor inherente y consustancial al ejercicio de la función que desempeña el juez o magistrado y que constituye una manifestación más de su competencia profesional”. “Desde este punto de vista, tal actividad ha de ser entendida como una obligación moral/deontológica en cuanto que una manera de trasladar los conocimientos y amplia experiencia profesional en el ejercicio de la jurisdicción a las nuevas promociones que integrarán la Carrera Judicial, sin olvidar que, en muchas de las ocasiones, tal preparación obedece, más que a fines mercantilistas, a fines generosos de colaboración e intercambio de conocimientos jurídicos respecto, en gran número de casos, de personas más o menos cercanas”, recoge el texto del CGPJ.

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La política madrileña insistió en que ella había recibido una imagen que era como una carta, no un email. Entonces, según las fuentes consultadas, se produjo la siguiente escena: la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, mostró un documento que coincidía con lo que Sánchez Acera estaba describiendo y le preguntó si se trataba de ese, a lo que la política madrileña contestó que sí. El juez preguntó a Sánchez Conde por qué lo preguntaba y la teniente fiscal advirtió de que eso que acababa de mostrar era un documento distinto al correo que, según la Guardia Civil, recibió Álvaro García Ortiz la noche del 13 de marzo de 2024. El juez, según las fuentes, mostró sorpresa.

La declaración de Sánchez Acera ha puesto el foco en algo que había quedado al margen de la instrucción hasta ahora. La investigación por revelación de secretos al fiscal general del Estado parte de que el contenido del correo electrónico del abogado de la pareja de Ayuso empezó a publicarse en los medios poco después de que, a las 21.59 del 13 de marzo, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, se lo reenviara a García Ortiz. Según el juez, además de filtrarse supuestamente desde el ministerio público a varios medios de comunicación, ese correo “salió” desde la Fiscalía General del Estado con “destino” a la Presidencia del Gobierno, para “circular” después hasta la web El Plural, el primer medio que lo reprodujo la mañana del 14 de marzo.

Pero la comparación entre la imagen que envió a Lobato la entonces asesora de la Presidencia del Gobierno, actual secretaria de Organización del PSOE de Madrid, y el correo que supuestamente recibió el fiscal general unas horas antes constata que son dos documentos distintos. Y que el que se reprodujo en los medios a la mañana siguiente no coincide con el que recibió García Ortiz, sino con el que exhibió Lobato en la Asamblea.

Ambos documentos incluyen el mismo texto, en el que el abogado de la pareja de Ayuso admitía que su cliente era autor de dos delitos fiscales (”ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”) y comunicaba a la Fiscalía de Madrid su “voluntad firme” de alcanzar “una conformidad penal”, es decir, un pacto con el ministerio público que librara a González Amador de entrar en la cárcel. Pero este periódico ha podido comprobar que la distribución de párrafos y la tipografía de los documentos son distintas. Mientras que en el correo que supuestamente recibió el jefe del ministerio público este texto se recoge en un solo párrafo, la imagen que mostró Lobato lo reparte en tres. Asimismo, el tipo de letra del correo es Calibri (un tipo de letra habitual en los emails), mientras que el del escrito que Sánchez Acera envió es Arial (muy utilizada en procesadores de texto como Microsoft Word).

Estas diferencias suponen que la imagen que Sánchez Acera envió a Lobato no es una simple fotografía del correo, de la que se han recortado los datos propios de un email enviado, como la dirección de origen, la de destino, la fecha o el asunto. Se trata de dos documentos distintos, lo que implica que el filtrador (García Ortiz o alguien del entorno de La Moncloa, según el juez) recibió el correo y fabricó inmediatamente otro documento para después difundirlo a los medios o bien el email que recibió el fiscal general es la versión sin formato de un documento previo, probablemente escrito en Word u otro procesador, que es el que se ha filtrado a La Moncloa y los medios de comunicación. Es decir, en este supuesto, el texto se habría redactado en un documento con tres párrafos separados y con una determinada tipografía y luego se cortó y pegó en un correo. Y, en ese proceso, perdió los saltos de párrafo y el tipo de letra original.

Existe también la posibilidad de que se hayan filtrado los dos documentos y, por tanto, exista más de un filtrador, aunque los medios que reprodujeron la mañana del 14 de marzo el texto enviado por el abogado a la Fiscalía no replicaron la imagen del correo electrónico, sino la del otro documento. No obstante, hubo medios, como la Cadena SER, el primero que difundió el contenido del escrito del abogado, que recogieron en sus informaciones entrecomillados del escrito, pero no reprodujeron la imagen a la que tuvieron acceso.

Además de las diferencias de formato, el email que la fiscal provincial reenvió a García Ortiz, incluido en el informe que hizo la Guardia Civil sobre el contenido del teléfono móvil de Pilar Rodríguez, tiene, como señaló Sánchez Acera, datos propios de un correo electrónico reenviado que no aparecen en el documento que exhibió Lobato. Pero además, en este documento también faltan varios elementos del encabezado del texto del abogado de la pareja de Ayuso que sí se muestran en el correo que, supuestamente, recibió el fiscal general, como el “asunto” (”propuesta de conformidad penal en relación con un delito contra la Hacienda pública), el “denunciante” (AEAT, Agencia Estatal de la Administración Tributaria), y el “concepto” (impuesto sobre sociedades 2020 y 2021). Sí aparece en ambos un epígrafe sobre la “sociedad” a la que se refiere la propuesta de conformidad penal que presenta el abogado (Maxwell Cremona) y el nombre de su “administrador único” (Alberto González Amador).

El mail enviado por el abogado el 2 de febrero es el centro de la investigación por revelación de secretos abierta por el Tribunal Supremo. La Guardia Civil no ha encontrado pruebas que corroboren o descarten que García Ortiz fue quien lo filtró porque este borró todos sus mensajes de WhatsApp el día que el alto tribunal le encausó y cambió de teléfono una semana después, pero Hurtado considera que hay indicios “suficientes” contra él. Según el instructor, “el acento” hay que ponerlo en el hecho de que la fiscal jefa provincial enviara ese correo al jefe del ministerio público a las 21.59 del 13 de marzo, y el mail fuera por primera vez publicado por un medio de comunicación (la Cadena SER) a las 23.51 (aunque la primera noticia en antena se dio a las 23.24). El magistrado, no obstante, ha aludido también en sus últimos autos a otros dos objetos de investigación: la filtración de la denuncia y el expediente tributario de González Amador (publicado por elDiario.es el 12 de marzo) y la elaboración de la nota de prensa publicada el 14 de marzo por la Fiscalía para desmentir la versión falsa que estaba lanzando el entorno de Díaz Ayuso, a pesar de que el Supremo, cuando abrió la causa, dejó la nota de prensa fuera de la investigación porque “aparentemente”, no había en ella “información indebidamente revelada”.

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La petición de información de Ineco, Tragsatec y Transportes es el primer paso que da el instructor después de que Jessica R. admitiera en su comparecencia como testigo en el Supremo que estuvo contratada en ambas empresas, pero nunca fue a trabajar, y que acompañó a Ábalos en muchos viajes oficiales. Respecto a los trabajos, según explicó, consiguió el primero, el de Ineco, tras darle su currículum al entonces ministro. La contrataron, afirmó, como auxiliar administrativa de Joseba García, hermano de Koldo, el antiguo asesor de Ábalos y uno de los supuestos cabecillas de la trama corrupta que se investiga en el Supremo por supuestamente favorecer adjudicaciones públicas vinculadas a Transportes a cambio de mordidas. Jessica R. aseguró que se reunió con Joseba García en la empresa y este le dijo que le llamaría cuando la necesitase, pero nunca lo hizo.

Tras esa declaración, Ineco (participada por Aena, Adif y Renfe) remitió la semana pasada a la Fiscalía Anticorrupción documentación que, según la compañía, “acredita, de manera fehaciente, el seguimiento que la compañía ejerció sobre su actividad laboral”. En un comunicado, Ineco aseguró que lo declarado por Jessica R. no coincide con la documentación interna y los datos comunicados por ella misma, que hizo partes semanales de su tarea diaria y registró 3.684,23 horas de trabajo.

Las diligencias acordadas ahora por el juez habían sido solicitadas por las acusaciones populares, y Ábalos y Koldo García se habían opuesto por considerar que sería una investigación prospectiva. El juez ha optado por ponerlas en marcha y concluye que “en modo alguno” se sostiene el argumento del exministro y quien fuera su asesor, en la medida en que la petición de información se refiere a contratos celebrados con la Administración pública y que, según los indicios, aparecen vinculados “a varios de los investigados”.

Puente tampoco asume que, como señalaban Ábalos y García, se haya acreditado que realmente hubo una relación laboral entre Jessica R. y ambas empresas públicas, ya que la propia mujer lo ha negado “rotundamente” al admitir que “no hizo nada” durante los aproximadamente dos años de relación laboral en Ineco y que tampoco tuvo actividad profesional alguna durante los seis meses que duró su contrato con Tragsatec.

El magistrado requiere a ambas empresas públicas que relaten en qué consistió el proceso selectivo de personal en el que supuestamente participó la expareja de Ábalos, y precisen si hubo alguna entrevista con los candidatos, en particular con Jessica R. En caso de que la hubiera habido, añade el magistrado, “deberá precisarse por la empresa quién fue la persona o personas que entrevistó a los candidatos y en particular a doña Jessica”. Igualmente, Puente solicita el contrato de trabajo finalmente suscrito por la mujer y demanda información a las empresas para que, “siquiera sucintamente”, expliquen “en qué consistían las actividades profesionales encomendadas” a la expareja de Ábalos, quién era la persona que le encargaba el trabajo y cómo rendía cuentas de su tarea diaria. El magistrado requiere también a Ineco la documentación interna que ha enviado a la Fiscalía.

Las acusaciones habían pedido al juez que reclamara asimismo a esta empresa la información sobre el contrato de Joseba García, pero el instructor no lo cree oportuno por ahora, aunque deja la puerta abierta a hacerlo en el futuro.

Gastos en viajes

Las acusaciones populares también habían solicitado que se solicitara información sobre los gastos generados por todos los viajes oficiales realizados por Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes y por Koldo García. Para el instructor, esta petición es excesiva y “no se advierte motivo bastante para sujetar a una suerte de auditoría global”, señala Puente, acogiéndose, en este caso sí, a las alegaciones del exministro y su antiguo asesor.

Sin embargo, el magistrado sí considera pertinente pedir que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible certifique el número de viajes oficiales realizados por Ábalos durante toda su etapa como titular de esa cartera, en los que constara que pudo haberle acompañado Jessica R. El ministerio reclama que, si hubiera constancia, se informe de qué persona, personas o entidad pudieran haber pagado los gastos generados por la presencia en esos viajes de la pareja del entonces ministro. Para ello, el instructor se dirige al actual titular de Transportes, Óscar Puente, para que ordene a quien corresponda que, en un plazo de 15 días, certifique la información que le reclama.

Por otra parte, el juez ha citado a dos nuevos testigos para el día 2 de abril: Aranzazu Granell, una mujer que, según la Guardia Civil, dio dinero a Joseba García en la República Dominicana; y a Javier Serrano, socio y supuesto testaferro del empresario cabecilla de la trama, Víctor de Aldama.

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El magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta a García Ortiz, había citado como testigo a Sánchez Acera después de que Lobato declarara que fue ella quien le envió un mensaje con el contenido el correo del abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña e imputado por fraude fiscal, que acabó filtrado a la prensa en marzo de 2024. En ese mail, el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y ofrecía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel. Varios medios publicaron el contenido del correo entre la noche del 13 de marzo y la mañana del 14, pero cuando Sánchez Acera se lo mandó a Lobato, a las 8.29, el correo electrónico no había sido reproducido todavía en ningún medio, lo que le sirve a Hurtado para sostener que el correo llegó al PSOE y La Moncloa directamente desde la Fiscalía General.

Sánchez Acera, según fuentes del caso, ha afirmado que el documento le llegó de alguno de los periodistas que cubren la información regional de Madrid con los que trata habitualmente, pero que no recuerda exactamente de quién. La política madrileña ha defendido que no recibió instrucciones de La Moncloa para mover el documento que mandó a Lobato y ha negado que, como sostiene el juez, la difusión del correo formara parte de una operación urdida entre la Fiscalía y el Gobierno para desprestigiar a Díaz Ayuso. Ella, ha asegurado también, no conoce a García Ortiz ni a nadie de la Fiscalía General ni ha mantenido conversaciones

Sánchez Acera ha recalcado durante su comparecencia que lo que ella le mandó a Lobato fue una imagen que le llegó por WhatsApp y que no tenía formato de email, aunque el texto de ese documento, que el entonces líder del PSOE de Madrid mostró en la Asamblea, era exactamente el mismo que el del correo cuya filtración se investiga. Fuentes del caso explican que la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, le ha mostrado un documento incorporado a la causa que coincidía con lo que Sanchez Acera estaba describiendo y le ha preguntado si podia tratarse de ese, a lo que la política madrileña ha contestado que sí. Sánchez Conde ha advertido al juez de que ese no era el correo sino la primera página de la propuesta de conformidad penal enviada por el abogado de González Amador a la Fiscalía.

La número dos del PSOE madrileño ha asegurado que no recibió órdenes de La Moncloa para mover ese documento y que su actuación se enmarcó dentro de las funciones que tenía como secretaria de política institucional del Partido Socialista de Madrid, y, por lo tanto, como número tres de Lobato en ese momento.

Las fuentes consultadas señalan también que Sánchez Acera ha explicado que cambió de terminal de teléfono móvil cuando se fue de Moncloa, en septiembre pasado, antes de que encausaran al fiscal general y de que Lobato registrara ante notario su conversación con ella. La política madrileña también ha precisado que en ese cambio se borró el contenido del terminal y de la tarjeta SIM por seguridad porque en ellos almacenaba información de su anterior cargo en el gabinete de la Presidencia del Gobierno, por lo que no conserva los mensajes anteriores.

Según ha explicado, en un principio mantuvo el número de teléfono y la SIM, pero también los cambió después de que su teléfono apareciera publicado, a finales de noviembre, en el acta notarial del registro que hizo Lobato de la conversación entre ambos. Fuentes del caso señalan que una de las acusaciones ha preguntado si conserva la anterior SIM y estaría dispuesta a entregarla en el Supremo, a lo que Sánchez Acera ha contestado que la conserva y que la entregaría si el juez se la requiere. Hurtado ha dicho que no lo consideraba oportuno en este momento.

El juez también ha tomado declaración este miércoles a quien fuera secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. Hurtado lo ha citado porque el informe de la UCO sobre el teléfono de Lobato recogía conversaciones entre ambos sobre el correo del abogado de la pareja de Ayuso, pero, según fuentes del caso, Vallès ha asegurado que nunca tuvo ese documento y que la primera vez que lo vio fue en la web El Plural, el primer medio que reprodujo su contenido. El ex secretario de Estado ha afirmado que solo envió a Lobato enlaces de noticias referidas a González Amador y que no tenía inconveniente en enseñar la conversación con el exlíder del PSOE de Madrid. Aunque ha explicado que ha cambiado de móvil tras dejar la Secretaría de estado de Comunicación, ha precisado que esos mensajes los conserva.

Con estas declaraciones, el instructor ha retomado una línea de investigación que abrió después de que el exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, registrara ante notario una conversación de WhatsApp que mantuvo el pasado 14 de marzo con Sánchez Acera, que en ese momento era la jefa de Gabinete de López, en la que esta le enviaba el mail del abogado de la pareja de Ayuso para que lo usara durante el pleno de la Asamblea previsto ese día. Cuando se produjo esa conversación, varios medios hablaban ya de la existencia de ese correo, en el que el letrado ofrecía a la Fiscalía un pacto que implicaba que su cliente admitiera la comisión de dos delitos fiscales a cambio de que no se le obligara a entrar en prisión. Pero en ese momento, el mail todavía no había sido reproducido por ningún medio, por lo que el juez sostiene que a Moncloa se lo filtró directamente la Fiscalía General.

Cuando citó como investigado al fiscal general, Hurtado aseguró que una copia del correo, además de filtrarse supuestamente desde el ministerio público a varios medios de comunicación, había “salido” desde la Fiscalía General del Estado con “destino” a la Presidencia del Gobierno, para “circular” después hasta la web El Plural, que lo publicó el 14 de marzo de 2024 por la mañana. “Llegado [ese correo] a Presidencia del Gobierno, se puso a disposición del testigo Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, al objeto de que hiciera uso de él con una clara finalidad política”, añadió el juez, sin aclarar en qué indicios se basaba para concluir que el ministerio público había hecho llegar ese documento a La Moncloa.

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La Sala Penal rechaza que el acusado estuviera blindado por la libertad de expresión, ya que se trató de insultos no amparados por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la expresión de una legítima disidencia política. En ese sentido, recuerda la jurisprudencia de la sala, basada en una sentencia de 2022, que consideró delictiva la expresión “hija de puta” en el contexto de mensajes dirigidos a la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

“Es más que evidente que Albert B., cuando llamó ‘hijo de puta’ al Rey de España y se lamentó por la pérdida del tiempo transcurrido sin cortar el cuello al jefe del Estado, fue mucho más allá de la legítima aportación personal a un debate político acerca de la monarquía como forma de Estado”, señalan los jueces. Los magistrados recuerdan que es “legítimo” disentir de las estructuras del Estado y hacerlo “con actuaciones no compartidas por todos los conciudadanos, con palabras gruesas o con mensajes desabridos”. “Pero el insulto que nada aporta, que sólo denigra a su destinatario, carece de cobertura constitucional”, señala la sentencia, de la que ha sido ponente el expresidente de la Sala Penal, Manuel Marchena.

El Supremo advierte de que no puede considerarse “necesario” para una sociedad democrática “amparar la singular contribución de Albert B. al pluralismo político” cuando llamó “hijo de puta” al Rey y se quejó de que todavía alguien no le hubiera cortado el cuello. “Un debate político en el que el argumentario entre los interlocutores girara exclusivamente en torno a la condición de “hijo de puta” del rival y al lamento por el tiempo perdido sin cortar el cuello al oponente erosionaría de forma irreparable la convivencia”.

El tribunal desestima el recurso del hombre, que, entre otros argumentos, consideraba desproporcionada la condena impuesta por la Audiencia Nacional de cuatro meses de multa con cuota diaria de seis euros. También estima que fue razonable la Audiencia al apreciar que hubo “un evidente menosprecio al Rey y a la institución que encarna”, y que se superó con mucho lo que pueden considerarse “críticas hirientes, molestas o desabridas”.

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La intención de Hurtado es recuperar la información enviada y recibida por los teléfonos del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, fechas en las que supuestamente se filtró el correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía que su cliente había cometido dos fraudes fiscales y ofrecía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel.

La UCO ha acreditado que el fiscal general cambió de teléfono móvil cuando ya estaba siendo investigado por revelación de secretos y fuentes fiscales han explicado que borró todo el contenido de su teléfono antiguo de acuerdo con un protocolo de protección de datos de la Fiscalía. El instructor pidió el pasado 7 de enero a la Guardia Civil que pidiera a Movistar y Vodafone los paquetes de datos emitidos y recibidos en los teléfonos del fiscal, pero la UCO, en un oficio dirigido al juez 10 días después, advirtió de que la recuperación de mensajes borrados de aplicaciones de mensajería instantánea no dependía de las compañías telefónicas, sino de las propias aplicaciones.

Para tratar de acceder a ellas, el instructor ha ordenado que se emita una comisión rogatoria a los proveedores de servicios WhatsApp LLC y Google para que aporten los datos que conserven. Fuentes del caso advierten de que las respuestas que han dado por ahora ambas compañías solo implica que se comprometen a conservar los datos, pero no que los vayan a enviar al Supremo.

El magistrado había ordenado tramitar las dos comisiones rogatorias con Irlanda, donde están las sedes europeas de las dos empresas, pero Irlanda ha comunicado al alto tribunal que la solicitud para WhatsApp se debe dirigir a las autoridades estadounidenses. En una providencia dictada el pasado viernes, el instructor acordó tramitar la comisión rogatoria a ese país.

Según la información facilitada al juez por la UCO, WhatsApp almacena localmente los datos, lo que permitiría realizar un proceso de recuperación de mensajes borrados mediante el uso de software informático forense, de aquellos que hubiera contenido la aplicación, al menos, desde la instalación de la misma en ese terminal móvil. Además, señalan los agentes, esta aplicación realiza dos tipos de copias de seguridad, una en el propio dispositivo y otra en almacenamiento virtual, que se realiza a través de una de las cuentas de Google asociadas al dispositivo.

Partiendo de esta información, Hurtado ha reclamado a la empresa WhatsApp LLC los mensajes recibidos y/o enviados por García Ortiz, indicando los detalles básicos asociados a estas comunicaciones (emisor, receptor, día, hora, etcétera); el juez pide también las copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia disponibles y asociados a ese usuario y el log o registro de las comunicaciones realizadas, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación

La tramitación de las comisiones rogatorias para recuperar los datos de WhatsApp y Google son una pieza fundamental de la instrucción, por lo que el juez decidió esta semana prorrogar la investigación seis meses a la espera de la respuesta de ambas empresas. En el auto por el que comunicó esa decisión, Hurtado señaló a García Ortiz como responsable de esta situación por haber eliminado el contenido de su teléfono móvil.

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El Tribunal Supremo ha celebrado una vista este lunes para analizar el recurso de Puigdemont, Comín y Puig contra la decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicarles la amnistía por el delito de malversación. Llarena, como también hizo el tribunal que juzgó el procés, rechazó amnistiar la malversación porque la ley que regula la medida de gracia deja expresamente fuera este delito cuando haya generado un enriquecimiento patrimonial de sus autores. El alto tribunal considera que esta premisa se da en los líderes independentistas porque en vez de desviar fondos de otras partidas presupuestarias para celebrar el referéndum del 1-O tenían que haberlo pagado de su bolsillo. Al no hacerlo, asegura el Supremo, se han enriquecido y no pueden ser amnistiados.

Es poco probable que el tribunal -compuesto por los magistrados Vicente Magro, Susana Polo y Eduardo de Porres- estime los recursos planteados de los procesados, la Fiscalía y la Abogacía, puesto que la Sala de lo Penal elevó una cuestión de inconstitucionalidad en la que expresa sus dudas sobre la ley de amnistía a los encausados del procés. En caso de que la sala rechace las impugnaciones, el expresidente catalán y los dos exconsejeros al que el Supremo mantiene procesados en rebeldía tendrán vía libre para recurrir al Constitucional, que ya ha admitido a trámite los primeros recursos de amparo de condenados por el 1-O a quienes no se les aplicó la amnistía, como el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa.

El primero en intervenir ha sido Gozalo Boye, abogado de Puigdemont, quien, dando por hecho que el alto tribunal no va a amnistiar el delito de malversación, ha centrado su estrategia en defender que el Supremo no es el tribunal preestablecido por ley para aplicar la medida de gracia al expresidente y los excosejeros catalanes. La ley establece que la aplicación de la amnistía corresponde al juez competente para instruir el caso, que, respecto a expresidente y el exconsejero, según Boye, es el TSJC porque Puigdemont es diputado del Parlament y Comín no es eurodiputado porque el Parlamento Europeo no le ha concedido el acta porque no juró la Constitución española. “No es competente el Tribunal Supremo porque la competencia radica en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, ha sostenido Boye. Este asunto se ha debatido a lo largo de la causa del procés y, en los últimos años, uno de los argumentos del Supremo para mantener que sigue siendo el tribunal competente para juzgar a los líderes independentistas huidos de la justicia española era que tanto Puigdemont como Comín eran eurodiputados. Pero ya ninguno de ellos lo es, ha advertido el abogado de ambos.

Boye se adhiere, además, al voto particular de la magistrada Ana Ferrer, el único miembro del tribunal que juzgó el procés que se ha pronunciado a favor de amnistiar todos los delitos atribuidos a los líderes independentistas. Ferrer invocó la propia doctrina del Supremo para recordar que nunca ha encontrado el enriquecimiento personal que atribuye ahora a los condenados por malversación. “Ni en la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, ni tampoco en el auto 20107/2023, 13 de febrero, hicimos mención a ningún posible beneficio personal de carácter patrimonial de quienes en la causa del procés resultaron condenados como autores de un delito de malversación”, advirtió Ferrer en un voto particular, cuyos argumentos sirven ahora de base a los abogados de los procesados y a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para reclamar que se les aplique la amnistía.

Una tesis “artificiosa”

Para la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde , “es cuando menos sorprendente” decir que los líderes del procés se beneficiaron económicamente porque la Sala Penal dijo que esa malversación “encerraba un ejemplo paradigmático del desvío de fondos presupuestarios”. La fiscal considera que los magistrados se han “inventado” una tesis “artificiosa” que está desembocando en “una errática aplicación de la ley de amnistía”, de forma que se le ha otorgado a algunos encausados y se les ha denegado a otros. “Cualquier persona que conozca la ley de amnistía sabe que las conductas atribuidas [a Puigdemont, Comín y Puig] están incluidas”, ha recalcado Sánchez Conde, quien considera que lo contrario -lo que hace el Supremo- es darle a la ley “un sentido ajeno” a su literalidad.

La Fiscalía rechaza también otro de los argumentos esgrimidos por los magistrados para no conceder la medida de gracia a los condenados o procesados por malversación: que los hechos que se les atribuyen afectan a los de intereses financieros de la UE, otra de las excepciones a la amnistía prevista en la ley. “No han sido empleados fondos europeos, no se ha producido merma alguna en el presupuesto europeo”, ha señalado Sánchez Conde, para quien sostener que una posible independencia de Cataluña sí habría dañado económicamente a la UE es “una mera elucubración”.

El abogado de Puig ha advertido al tribunal de la trascendencia de la decisión que tiene en sus manos. “¿Sois conscientes de que la resolución que dictéis será objeto de análisis en Cataluña y Europa y no pueden mantenerse unos razonamientos tan absurdos como los que mantiene la resolución recurrida?, les ha preguntado el letrado, Jaume Alonso Cuevillas, quien ha añadido: “Los libros de historia explicarán de aquí a unos años que hubo un conflicto territorial entre España y parte de su territorio y que hubo una voluntad política de normalizar la situación y se dictó una ley y que hubo un grupo de magistrados recalcitrantes que intentaron torpedear la aplicación de una ley que sin duda acabará aplicándose. Por eso os pedimos que admitáis el recurso, en vuestras manos está, excelentísimos señores, como queréis que se os recuerde”.

Vox ha sido la única acusación que ha defendido la tesis de la Sala Penal y de Llarena. El mismo día en que se ha sabido que Anticorrupción investiga al partido de ultraderecha por posible financiación ilegal, su abogada, Marta Castro, ha considerado que la malversación del 1-O encaja con este delito. “¿Como podemos desvincular estos hechos de una posible financiación ilegal de los partidos que han impulsado estos fines ilícitos?”, se preguntó Castro.

A la vista también ha acudido el abogado de Marta Rovira, Iñigo Iruin, que se opuso al recurso que interpuso Vox contra el auto de Llarena, quien sí consideró aplicable la amnistía a quien fuera secretaria general de ERC. El letrado ha advertido de que la ley de amnistía incluye “incuestionablemente” la desobediencia, el único delito por el que, tras la derogación de la sedición, está procesada Rovira.

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Los resultados del estudio dan al traste con el discurso oficial con el que se ha tratado de justificar en los últimos años el déficit de mujeres en los puestos más altos de la judicatura. Los últimos datos del CGPJ disponibles, relativos a 2023, cifra en 5.343 el número de jueces que hay en España, de los que 3.003 (el 56,2%) son mujeres. Sin embargo, los cargos discrecionales siguen estando masculinizados. Según el CGPJ, a 18 de octubre de 2023, las mujeres suponían solo un 24,43% del total de personas que ocupan puestos de este tipo. Desde entonces, la situación ha mejorado algo porque el CGPJ y el Tribunal Supremo están presididos por primera vez por una mujer, Isabel Perelló, que accedió al cargo en septiembre pasado tras el acuerdo entre el PSOE y el PP para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que llevaba cinco años con el mandato prorrogado. Mejorar la paridad en la cúpula judicial era uno de los objetivos primordiales del renovado CGPJ, que en los más de 70 nombramientos discrecionales acordados por ahora ha conseguido elevar de 10 a 18 el número de magistradas del Tribunal Supremo (frente a 54 hombres), lo que ha propiciado que la presencia femenina en el alto tribunal alcance por primera vez el 25%.

El estudio presentado este lunes fue encargado por la Comisión de Igualdad del CGPJ a la Asociación de Mujeres del Sector Público para identificar los principales problemas que encuentran las juezas para presentarse a los procesos selectivos que dan acceso a los puestos más alto de la judicatura, cuyo nombramiento es discrecional por parte del órgano de gobierno de los jueces. El fruto de ese trabajo es el informe presentado este lunes, que incluye una encuesta que han contestado 354 juezas y magistradas de todas las categorías. La mayor parte de ellas (el 65%) coincide en que las principales barreras con las que topan las mujeres para presentarse a esos puestos son la sobrecarga de trabajo, tanto en el órgano en el que están ahora destinadas como la que supondría ser nombrada para ocupar un cargo, unido a las dificultades para conciliar la vida personal y la profesional.

No obstante, las encuestadas no comparten que el desequilibrio entre la presencia de hombres y de mujeres en la cúpula judicial se deba a que ellas renuncian a postularse. Según los datos de la encuesta, realizada en junio de 2024, casi una tercera parte de las juezas y magistradas no está “nada de acuerdo” con que las mujeres no deseen acceder a los altos cargos, y un 26,57% está poco de acuerdo con esta afirmación. En conjunto, más de la mitad (57,43%) no apoya esa tesis. El informe, que ha sido llevado a cabo entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, señala que no existen barreras de género en el sistema de acceso a la carrera Judicial, que las encuestadas perciben como justo, objetivo y libre de sesgos de género. La desigualdad la perciben una vez dentro de la carrera, donde el 74% de las encuestadas cree que no recibe el mismo trato que sus compañeros ni tiene las mismas oportunidades de desarrollo profesional. Seis de cada diez encuestadas opinan que la condición de mujer influye negativamente en las posibilidades de ocupar puestos de poder; y siete de cada diez (64,68%) perciben que, una vez logran acceder a esos puestos, las mujeres son más criticadas que los hombres.

Sistema de selección discriminatorio

La escasez de mujeres en los puestos más altos se debe, según la mayoría de las encuestadas, a que esas plazas no se asignan por criterios de mérito y capacidad, sino que pesan más las relaciones personales. Así lo cree el 97% de las juezas encuestadas, para quienes los nombramientos discrecionales dependen “mucho” o “bastante” de esas relaciones. Junto a la red de contactos, la pertenencia a una asociación es un factor influyente en el acceso a los cargos discrecionales para el 92,5 %, y para el 75,6%, lo es también la ideología. El porcentaje de las que cree que los méritos son un factor determinante desciende al 41,07% y baja hasta el 28,96 % el de las que opina que el peso de la decisión es la capacidad, una convicción que opera como desincentivo a la hora de presentar su candidatura, según el informe. El 72,3% de las juezas que contestaron a la encuesta cree que el sistema de selección para ocupar estos cargos resulta discriminatorio para las mujeres.

Si bien las encuestadas admiten que puede haber barreras internas, la mayoría considera que la principal razón por la que no se presentan a los procesos de selección es la configuración actual del sistema de acceso a esos cargos. Pesan de forma especial, pues lo citan más del 65%, la sobrecarga de trabajo en el puesto que desempeñan y la que supondría un cargo discrecional, así como las responsabilidades familiares. Algo más de la mitad considera que el enfoque de los órganos de poder y las tareas asociadas a este tipo de cargos también son un obstáculo.

La falta de confianza en sí mismas (síndrome de la impostora) no es una barrera para una amplia mayoría de magistradas y de juezas encuestadas, pues el 72,89% cree que tiene capacidad para ocupar un cargo discrecional. En las fechas de elaboración del estudio, el 64,36% de las juezas y magistradas estaban destinadas en un órgano unipersonal que, en opinión de las encuestadas, son los que reúnen, en general, las peores condiciones de trabajo y dan menos facilidades para conciliar la vida laboral y familiar. El 74,3% de las encuestadas son madres y, de éstas, casi la mitad (49%) tiene hijos menores de 12 años. Un tercio asume tareas de cuidado de mayores y solo el 14% realiza actividades compatibles con la carrera judicial que pueden ser útiles de cara a una futura promoción. En opinión de seis de cada diez encuestadas, las dificultades en la conciliación influyen totalmente (43,8%) o bastante (22,26%) en sus posibilidades de alcanzar puestos de responsabilidad. Para el 19,71% pesa poco y para el 14,23% restante, nada.

Motivaciones para presentar candidaturas

Según el estudio, lo que más motiva a juezas y magistradas a presentarse a cargos de nombramiento discrecional son su deseo de mejorar el sistema judicial (96,45%). El segundo factor es el aprendizaje (95%), que es el extremo más influyente y resulta totalmente motivador para el 45%. Les siguen el apoyo de los compañeros/as (92%), ser un referente para otras personas (89%) y las condiciones laborales y la retribución económica (86%). El factor menos motivador (41,67%) tiene que ver con las tareas de representación asociadas a estos puestos.

Con estos resultados, el 80% de las juezas y magistradas encuestadas cree que son necesarias medidas para fomentar la igualdad en el seno de la carrera judicial. Aquellas sobre las que prácticamente todas se muestran de acuerdo están relacionadas con la transparencia del proceso de selección y de los criterios evaluables (98,82%). Nueve de cada diez opina que deberían publicarse las puntuaciones asignadas a los méritos (95%) y establecer unos criterios más ligados al desempeño del puesto (95,59 %). También abogan por ampliar las medidas que favorezcan la conciliación (90,27 %). Por último, un 55% se muestra a favor de establecer un sistema de cuotas que permita la paridad, pero sólo el 24% sería partidarias de que a igualdad de méritos se nombrara a una mujer para alcanzarla.

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Los socialistas presentaron la querella tras concluir que Vox podría estar incurriendo en un delito de financiación ilegal de partidos políticos recogido en el artículo 304 bis del Código Penal. El PSOE aseguró haber constatado que, en las mesas informativas que despliega a lo largo de todo el territorio español, Vox incorporaba una serie de elementos de captación de ingresos económicos a modo de “huchas” o “cajas de caudales”, junto con una serie de elementos de merchandising “con el objetivo de captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco”. Una práctica “absolutamente irregular” a juicio del PSOE, que podría haber recaudado 4,6 millones de euros (2,8 millones en donaciones y 1,8 en supuestas actividades promocionales) entre 2017 y 2023.

En la denuncia también se incluye el préstamo de seis millones y medio de euros concedido por la entidad MBH Bank Nyrt; un banco húngaro cuyo principal accionista es un fondo estatal húngaro vinculado al primer ministro, Viktor Orbán, una noticia que adelantó EL PAÍS. Según los socialistas, este préstamo infringe la normativa que prohíbe a los partidos recibir financiación de organismos, entidades o empresas públicas extranjeras. Los de Abascal reconocieron haber recibido nueve millones de euros del banco húngaro MBH para financiar campañas electorales de las elecciones municipales y generales de 2023, asegurando que las entidades bancarias españolas se negaron a prestarles dinero porque “no quieren financiarles”.

Según la denuncia, “existen indicios más suficientes para entender que de forma organizada, premeditada --mediante instrucciones incluso-- y de forma constante en el tiempo, Vox se ha financiado con fondos que podrían ser constitutivos de un delito” de financiación ilegal de partidos políticos.

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado que su formación está tranquila sobre la denuncia de la Fiscalía porque “no hay nada” y las cuentas de su partido “son transparentes y están auditadas y presentadas ante el Tribunal de Cuentas”. “Aquí tenemos un Partido Socialista podrido de corrupción que quiere evitar que un partido se financie con el dinero del bolsillo de sus simpatizantes”, ha añadido. Fúster ha insistido en que el dinero recaudado con la venta de merchandising es legal, ya que el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos incluye entre las vías de ingresos los “beneficios procedentes de sus actividades promocionales”. En cambio, no ha hecho ninguna referencia al préstamo de la banca húngara. Vox veta el acceso de los periodistas de EL PAÍS y otros muchos medios de comunicación a las ruedas de prensa de su portavoz, por lo que no pueden preguntarle.

Respecto al merchandising, la denuncia del PSOE, que incorpora informes del Tribunal de Cuentas, subraya que no existía la mínima contabilidad propia de una contabilidad comercial, ni indicación de productos vendidos, ni lista de precios, facturas, tickets o arqueos de caja,, por lo que podrían tratarse de donaciones encubiertas, que se fraccionaban en ingresos de un máximo de 300 euros, muchos de ellos en cajeros, para eludir la obligación legal de identificar al donante, “que pudieran dar lugar a una financiación ilegal, ya que estos ingresos carecen de toda transparencia y no cumplen las exigencias legales”..

Las Cuentas Anuales del Ejercicio 2023, colgadas en la web de Vox, reflejaban que, por primera vez en sus 10 años de historia, Vox recurrió a dos préstamos bancarios para financiar sus campañas electorales del año pasado. En concreto, un crédito de 6,5 millones para las elecciones generales, que luego se amplió con 192.082 euros más; y otro de 2,6 millones para las municipales; en total, 9.229.444,35 euros. En el momento en que se elaboró la memoria, en junio pasado, ya se habían devuelto 1,8 millones (la mayor parte correspondientes al crédito para las elecciones municipales), pero aún quedaban pendientes de pago otros 7,386.574,43 euros.

Anticorrupción, según fuentes del caso, está analizando también la “compatibilidad” de la denuncia del PSOE con la sanción de 233.324,22 euros que el Tribunal de Cuentas puso en julio pasado a Vox por financiación irregular. La sanción del órgano fiscalizador de los partidos políticos y del sector público puso fin a un expediente sancionador iniciado en febrero de 2024 tras examinar las cuentas del partido ultra correspondientes a 2019, el año en el que dicha formación entró en las instituciones y empezó a recibir financiación del Estado.

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Entre los documentos que Ineco ha puesto a disposición de la Fiscalía se encuentran el contrato laboral firmado por Jessica R., los registros de control horario y partes de trabajo que recogen las horas trabajadas y asignadas al proyecto al que ella estaba adscrita; y correos electrónicos en los que detallaba su carga de trabajo semanal, las horas trabajadas al día y solicitudes de vacaciones. Según la información comunicada por la empresa a la Fiscalía, R. registró 3.684,23 horas durante el tiempo en que estuvo contratada como auxiliar administrativa, entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021. Fuentes consultadas señalan que la categoría para la que fue contratada es la menor de la empresa (asistente 3, rama administrativa) y que cobraba 18.100 euros netos al año.

La empresa ha remitido también a Anticorrupción “comunicaciones” con los responsables de Jessica R. relativas a “incidencias en el desarrollo de sus funciones”; la solicitud de vacaciones de la mujer; la relación jurídica entre Ineco y Adif Alta Velocidad, que, según el texto difundido por la empresa, es la que justificó la contratación de R.; y certificaciones mensuales de los trabajos realizados por Ineco, “revisados, aprobados y abonados por el cliente Adif Alta Velocidad”.

“Ineco quiere subrayar su compromiso con la transparencia y la justicia, y ha puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación relevante, que acredita, de manera fehaciente, el seguimiento que la compañía ejerció sobre su actividad laboral”, señala el texto suscrito por la compañía. Junto a la documentación, la empresa ha enviado a la Fiscalía una carta dirigida al jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y firmada por Amparo Monterrey, secretaria general de Ingeniería y Economía del Transporte.

Las explicaciones de Ineco llegan un día después de que quien fuera presidenta de Adif durante la etapa de Ábalos, Isabel Pardo de Vera, asegurara en el Tribunal Supremo que el entonces ministro de Transportes y quien fue su asesor, Koldo García, le preguntaron por cómo se podía contratar personal administrativo en Ineco. Pardo de Vera, que compareció ante el juez como testigo, contó que ella les explicó el procedimiento de contratación, pero no hizo gestiones con la empresa. Ábalos y García se interesaron por cómo contratar para un puesto administrativo, pero también hicieron referencia a Joseba García, hermano de Koldo, que era licenciado en derecho. Un tiempo después, Pardo de Vera coincidió con Joseba García en un acto del ministro y este le dijo que le gustaría trabajar allí en cuestiones de seguridad, a lo que ella respondió que Adif no podía contratar y que preguntara si había alguna vacante que se ajustara a su perfil. García acabó contratado en Ineco, y fue para él para quien, según afirmó Jessica R., supuestamente debía ejercer ella como auxiliar administrativa.

Fuentes consultadas señalan que el contrato de la entonces pareja de Ábalos se inscribió en un encargo amplio de Adif Alta Velocidad para dar apoyo técnico y de gestión administrativa en las oficinas de esta empresa y que el currículum de la mujer cumplía los requisitos que se exigían para esa plaza. Según estas fuentes, la mujer superó un proceso de selección y una entrevista. La compañía asegura que el trato que se le dio siguió siempre el protocolo vigente en ese momento para todas las personas que ocupaban puestos similares. La mujer mantuvo, según la empresa, una reunión inicial en la que su responsable (el gerente de área) le proporcionó el material y le explicó aspectos organizativos, como el horario, vacaciones o la gestión de incidencias informáticas; y otra reunión con su responsable técnico (el jefe de proyecto), en la que le explicaron las tareas de su trabajo, las herramientas de seguimiento del mismo (los partes de horas), la ubicación del puesto de trabajo y la posibilidad de teletrabajo, entre otros aspectos.

Estas fuentes señalan que los trabajadores de Ineco registran en un sistema interno los partes semanales de tareas realizadas y, además, tienen una herramienta de control horario. Jessica R. cumplió con estos registros puntualmente, según la empresa. Ineco, según las fuentes consultadas, asegura que al mismo proyecto de la entonces pareja de Ábalos estuvieron asignadas 53 personas, de las cuales 24 prestaron, entre ellas R., apoyo técnico-administrativo en las oficinas de Adif. Estas fuentes advierten de que, durante el tiempo en que ella estuvo contratada, se produjo la pandemia de covid-19, y la empresa implantó el teletrabajo y los empleados dejaron de asistir a las oficinas, pero siguieron cumpliendo con los registros de tareas y horarios.

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El Supremo encausó el 16 de octubre a García Ortiz y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo electrónico enviado al ministerio público por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal. En ese mail, el letrado admitía que si cliente había cometido dos delitos contra Hacienda y proponía u pacto que le librara de la cárcel.

El nuevo plazo de la investigación se computará a partir del próximo 24 de marzo, por lo que la instrucción podrá extenderse hasta el 24 de septiembre. No obstante, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) contempla la posibilidad de acordar nuevas prórrogas. El instructor justifica la necesidad de prolongar la investigación en las comisiones rogatorias remitidas a Irlanda para intentar que Google y WhatsApp aporten los datos de las cuentas de García Ortiz eliminados por este de sus dispositivos.

En su argumento, el juez vuelve a reprochar al fiscal general el “haber hecho desaparecer” la información de sus terminales. “En efecto, en el caso, no obstante hacerse constar que, durante la práctica de la diligencia de entrada y registro realizada el 30 de octubre de 2024 en el despacho del investigado, Álvaro García Ortiz, se contó con su total colaboración, las diligencias practicadas han puesto de relieve que ha sido inexistente en orden al esclarecimiento de los hechos, por cuanto que, al haber hecho desaparecer la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos, ha debido ser suplida mediante una investigación tecnológica de no poca complejidad, que, incluso, hace necesario, por ahora, en el momento en que se encuentra el avance de la causa, tener que estar a la espera del resultado de unas comisiones rogatorias remitidas a Irlanda, cuya respuesta es previsible que no llegue con anterioridad al próximo 24 de marzo de 2025, y que, incluso, a resultas de lo que ellas aporten, pudiera ser necesario la práctica de alguna otra diligencia de investigación más”, indica el auto.

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