“Pedro Sánchez debe de dar la cara y debe hacerlo en la sede de la soberanía nacional (...) Que deje de resistirse a la democracia”, ha afirmado Feijóo este domingo ante cientos de cargos, militantes y simpatizantes que han abarrotado el pabellón central del polideportivo Javier Imbroda de Málaga. Tras el cambio de planes en la agenda internacional, Sánchez acudirá finalmente el próximo miércoles al Congreso para la sesión de control al Gobierno, donde se enfrentará a la pregunta de Feijóo una seis días después después del informe de la Guardia Civil que apunta directamente al ya exsecretario de Organización de PSOE. Sin embargo, para Génova no son suficientes los “dos minutos y medio” de ese cara a cara en la Cámara y buscan apretar a La Moncloa, de por sí noqueada, centrando la jornada parlamentaria en la corrupción que golpea a los socialistas.

El PSOE estaba abierto a una comparecencia a mitad de julio de Sánchez para dar explicaciones sobre el turbio papel de la exmilitante socialista Leire Díez, pero al escabroso asunto se ha sumado ahora la mayor crisis de la legislatura con el informe de la UCO sobre Cerdán. El Partido Popular no quiere esperar al mes que viene y maniobrará para forzar la sesión este mismo miércoles si el presidente no lo hace motu proprio, pues Feijóo ha avanzado desde Málaga que su grupo registrará la petición de comparecencia el martes, con el objetivo de que los socios se pronuncien. “Que [Sánchez] comparezca y anuncie las decisiones voluntariamente o forzaremos la votación el martes y a ver qué dicen sus socios”, ha advertido el líder del PP, arengando el grito en respuesta y al unísono de los asistentes: “¡Sánchez dimisión, Sánchez dimisión!“. La proclama se ha escuchado en numerosas ocasiones entre el público, que portaba banderas de Andalucía y de España a partes iguales.

Aunque sobre la fiesta que los malagueños y otros simpatizantes venidos desde otros municipios andaluces tenían preparada a Feijóo —con la presencia de Dj Pulpo, participante habitual en los grandes actos del partido—, sobrevolaba una nube difícil de gestionar. El líder del PP lidia estos días con el empuje interno para que presente una moción de censura, que de momento descarta ante la falta de apoyos y por el temor a reforzar a Sánchez si sus socios siguen respaldándole en la votación. La dirección popular opta, por ahora, por trasladar la presión a los partidos que apoyaron la investidura del dirigente socialista. “Sé que estáis indignados, que hay un hartazgo generalizado en las calles, y que más de uno piensa que tiene que haber un camino más corto, más directo. Os entiendo”, ha dicho Feijóo. “Pero esto”, ha añadido, “no va de desahogarse un día, soltar la rabia y volver a casa. Esto no va de desahogarse un día para que siga Pedro Sánchez después; esto va de hacerlo bien para echarlo de verdad, definitivamente. No caigáis en la trampa, no va de un día, va de una estrategia sensata, medida y coherente ”, ha insistido.

“Estos mítines interactivos solo los vivo en Andalucía. El arte está aquí”, ha bromeado Feijóo tras otra soflama escuchada entre la grada. La ubicación del último mitin interno en Andalucía ha servido también al líder del PP para poner otro ejemplo de caso de corrupción, el de los ERE, que acabó con años de Gobiernos socialistas en la Junta, y demandar a los ciudadanos, como viene haciendo desde que el informe de Cerdán vio la luz, que no pierdan la fe en la política. “Me rebelo contra eso de que ‘todos sois iguales’. El mejor sitio para reivindicar que no todos somos iguales es Andalucía, donde los socialistas robaban a manos llenas”, ha afirmado.

El último acto de la campaña interna ha llegado, además, una semana después de la manifestación contra el Gobierno convocada por el PP en Madrid bajo el lema “Mafia o democracia” y en la que Feijóo reivindicó la “centralidad” del partido. Pero el jefe de los populares ha vuelto a subir este domingo el tono de sus acusaciones animado por el informe de la UCO. “Para quien tuviera dudas, hoy tenemos 490 páginas más de motivos para decirle que es un Gobierno indecente. Y habrás más (...) Dijimos de elegir mafia o democracia, se pusieron estupendos, a la mafia solo se le puede llamar mafia (...) España no puede ser rehén de la delincuencia de su Gobierno“, ha sentenciado. El lema de este domingo, no obstante, se rebajó a Málaga por la democracia.

Ponencia política

Las novedades sobre el caso Koldo, hoy ya caso Cerdán, han diluido la afrenta de Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la lucha abierta por el nuevo modelo de primarias que saldrá del congreso del PP de julio. Sigue sin haber un acuerdo sobre el sistema de elección del líder del PP que ha de incorporar la ponencia estatutaria. Entretanto, Génova difundió este sábado el preámbulo de la ponencia política, la ideológica, cuyos primeros folios son una oda en contra del Ejecutivo de Sánchez y las cesiones al independentismo. “El partido, Sánchez y su Gobierno merecen cocerse en su propia trama, pero España no se lo merece, que se entreguen a la voluntad democrática, no hay huida posible, están acorralados por sus mentiras”, ha desdeñado Feijóo en Málaga.

En la capital de la costa del Sol, el líder del PP ha recibido el apoyo del presidente de la Junta, uno de los responsables de la ponencia política. Moreno y Feijóo van de la mano en la pugna por el modelo de primarias, que se hará efectivo para la futura designación del jefe de los populares, en la era PosFeijóo. “No te olvides, cuando seas presidente del Gobierno, de que esta tierra es leal como ninguna a este gran proyecto que es España”, ha pedido Moreno a Feijóo sobre el atril. “Todo llega en la vida, y tal como están las cosas, va a llegar muy pronto”, ha aventurado, al tiempo que denunciaba un supuesto desprecio de Andalucía por parte del Gobierno de Sánchez en favor de los independentistas.

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En paralelo, el presidente de la Junta de Andalucía, que hace un año trató de implicarse con los alcaldes de la zona en las conversaciones pilotadas por el ministro José Manuel Albares, ha señalado en tono prudente que “un acuerdo siempre es positivo”. “Los vecinos del Campo de Gibraltar merecen el mismo progreso y bienestar que los del Peñón. Eso solo es posible en condiciones de igualdad fiscal, exigencias legales y medioambientales. Esperemos a ver su desarrollo y sin renunciar a la soberanía”, ha escrito Moreno Bonilla en X.

Aunque todavía ha de materializarse en un documento, ya se conoce que el pacto supondrá entre otros extremos la desaparición de la Verja y la eliminación de los controles sobre personas y mercancías del Campo de Gibraltar. Pero, por su parte, Feijóo no ha entrado a valorar el contenido del acuerdo. “Debemos saber en qué consiste porque afecta a la integridad del territorio y debe ser conocido por los propietarios de ese territorio, vamos a seguir con detalle cómo queda”, ha afirmado. “Vamos a seguir reclamando la soberanía de España, lo han reclamado todos los Gobiernos de España”, ha subrayado. Además ha tildado de “unilateral” la decisión, cuya negociación ha liderado el Ministerio de Exteriores.

Feijóo también ha cargado contra Sánchez por las formas sobre cómo ha recibido la noticia. “No te puedes enterar por un teletipo por algo que afecta a la soberanía de tu país”, ha asegurado. “El primer partido de España no debería enterarse por los medios de la política exterior de nuestro país. Hoy ha vuelto a pasar y es muy grave”, había escrito previamente en la red social X. La Junta de Andalucía ha confirmado una llamada del ministro José Manuel Albares al presidente de la Junta. Aunque acto seguido inciden, irónicamente, en que fue “10 minutos antes” del anuncio.

En la red social X, Feijóo había puesto todavía más pegas que durante su discurso ofrecido en Murcia. “Cualquier acuerdo sobre el Peñón debe someterse al criterio de las Cortes, ha censurado el líder del PP sin entrar a valorar el contenido del pacto, que aún debe aterrizarse, pues se trata de momento de un “acuerdo político sobre los aspectos fundamentales”. Pero el argumento del PP para atacar al Ejecutivo en este asunto choca con la naturaleza del futuro texto que regulará las relaciones entre los Estados. Pues el pacto sobre Gibraltar entre la Comisión Europea y el Reino Unido se plasmará en un tratado y efectivamente no está previsto que se someta a la aprobación del Parlamento español, sino del Parlamento Europeo y del británico.

El razonamiento del Gobierno de Sánchez es que se trata de un acuerdo comercial y, por tanto, la competencia exclusiva en esa materia es de la Comisión Europea. Pero los populares podrían aducir que sus aristas son tan amplias que desborda ese marco. Como antecedente, el documento que regula las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit tampoco se sometió al debate del Congreso.

En mayo del año pasado, Moreno convocó un encuentro con algunos de los regidores del Campo de Gibraltar para tratar de fijar una posición común con la que acudir al Ministerio de Exteriores y buscar cierto protagonismo de la Junta en las negociaciones del pacto, cuya competencia excede del ámbito autonómico. La cita tuvo lugar días antes de que Albares, los regidores de la zona y el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, viajaran a Madrid para una reunión sobre las conversaciones del acuerdo que se ha sellado ahora. “Este acuerdo puede suponer el despegue o la quiebra de la comarca”, dijo entonces Moreno.

El pacto, que incluye todos los puntos que estaban aún pendientes, supondrá la desaparición de la Verja que separa La Línea de la Concepción (Cádiz) del Peñón, establecerá un doble control de pasajeros en el puerto y aeropuerto a cargo de las policías española y gibraltareña y eliminará todos los controles sobre personas y mercancías en la frontera. En los próximos días se ultimará un texto jurídicamente vinculante en el que se plasmará este acuerdo político. La relación de Gibraltar con la UE era el último fleco pendiente tras la salida del Reino Unido de la UE, después de que Londres y Bruselas acordaran en una cumbre bilateral el pasado 19 de mayo el marco de sus futuras relaciones.

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El jefe de los populares y el barón autonómico entraron al recinto del aparcamiento del restaurante, un gran local de eventos a las afueras de Alicante, caminando y saludando a los suyos. Tras encaramar la escalera del edificio, Feijóo se resistió a apoyar al president a preguntas de EL PAÍS.

—¿Su presencia aquí es un aval a Mazón?

—Estoy aquí como he estado en todos los sitios por el congreso nacional del partido.

—¿Pero es un aval a Mazón?

El presidente del PP dio la misma respuesta.

La frialdad entre Feijóo y Mazón ha sido evidente desde el inicio. Tras acceder al restaurante alicantino Juan XXIII, anduvieron por los espacios para atender las peticiones de fotos y besos, aunque el líder del PP iba siempre unos pasos por delante, esquivando el contacto directo y los selfis con el president que, pese a todo, asomaba la cabeza de vez en cuando por detrás de refilón, muy sonriente. O aparecía en plano con Feijóo empujado por el presidente de la Diputación alicantina, Toni Pérez. Después de 20 minutos de saludos y gestos de cariño, Feijóo, Mazón, Pérez y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, subieron al escenario. En un marco con fondo blanco, el mapa de España y la palabra Valores serigrafiada en azul se tomó la instantánea oficial de los cuatro. Feijóo quedó en medio de Barcala y Mazón.

Más allá del congreso del Partido Popular Europeo, celebrado en Valencia el pasado abril, o de otras citas convocadas por Génova en Madrid a las que ha acudido Mazón en calidad de barón autonómico, Feijóo y el president no estaban juntos mano a mano en la Comunidad Valenciana desde el pasado 20 enero. Entonces, el líder de la oposición viajó a Valencia y anunció que, en el programa de las próximas elecciones generales —que no están previstas hasta 2027—, incluirá un plan para la reconstrucción con inversiones por 12.000 millones de euros en 10 años para Valencia. Lo hizo durante un acto de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), sin preguntas y sin la intervención de Mazón.

Este martes, en Alicante, y durante su comparecencia ante el público, Feijóo recordó el plan y los fondos de 12.000 millones de euros prometidos a los valencianos en enero. “Los ejecutaré como presidente de España”, señaló en el estrado, acusando nuevamente al Gobierno central de “asfixiar” a la Generalitat, así como de dotarla de una financiación insuficiente “con el objetivo de perseguir a un adversario político”. Además reiteró sus acusaciones de corrupción al PSOE. “Cada día que Sánchez sigue en el poder es un día robado a la decencia de nuestro país”, aseveró. “Por eso hacemos el congreso del PP, para poner el partido al día”, remachó.

Mientras el jefe de los populares hablaba, Mazón aplaudía intensamente. No ocurrió igual después, cuando el president tomó la palabra. El líder del PP miraba mucho al móvil, quizá siguiendo las últimas novedades sobre el Consejo de Ministros y su defensa del fiscal general de Estado. Y aplaudió solo levemente en algún momento. Sí levantó la mirada y miró fijamente a Mazón cuando este empezó a referirse a la dana. “Nos han dejado solos”, afirmó el jefe del Consell sobre La Moncloa. “Exijo justicia”, demandó. “Sabemos lo que significa estar hartos y luchar por la libertad”, indicó, apuntando al congreso del PP de julio como palanca del cambio del Gobierno “de la mentira” de Sánchez, contraponiéndola a “la verdad como trabajo” del proyecto de Feijóo, basado en “los valores”. También imitó al presidente Sánchez, a quien según él pidió más coordinación en las ayudas durante la Conferencia de Presidentes del viernes en Barcelona y una comisión mixta sobre la recuperación. “Venga, Carlos, venga, que estoy muy nervioso”, contó en tono jocoso, emulando al jefe del Ejecutivo.

Feijóo y Mazón se abrazaron alguna vez, con el líder del PP frío, pero solo en ocasiones obligadas cuando se levantaron para cederse el turno de palabra y al despedirse. Por contra, al jefe de los populares se lo vio más cálido con otros cargos. Feijóo abandonó el restaurante sobre las 16.00, tras pasar una hora comiendo en la mesa con Mazón, sentados uno junto al otro por protocolo e intercambiando palabras. En la misma mesa también estaba el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, quien relató en diciembre al programa Salvados que cuando estaban reunidos en el Cecopi preguntaron al president por la alerta. Una entrevista que, dice, está manipulada. Mompó tiene previsto declarar ante la jueza el próximo 17 de julio.

El acto popular en Alicante se ha producido en plena ofensiva judicial a la Generalitat. Entre las decisiones tomadas por la magistrada Nuria Ruiz del Juzgado Número 3 de Catarroja, después de enero, está la de solicitar a Mazón que declare voluntariamente en la causa al no poder citarle por estar aforado. El president se negó.

Finalizada la comida —cuyo menú incluyó jamón, queso, ensalada y arroz—, Feijóo partió del restaurante escoltado por Mazón para tomar el AVE de vuelta Madrid. El president le acompañó hasta el coche, dentro del recinto.

—Cuídate.

Le deseó el líder del PP a su barón, cuestionado internamente y con su futuro en el aire.

A la salida, entre los militantes asistentes al acto había opiniones encontradas.

—Mazón lo hizo mal por la comida. Pero el presidente del Gobierno tenía que haber cogido las riendas de la emergencia.

—Carlos es un buen tío, hombre. No lo ha hecho mal. La política es muy complicada.

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Un día después de la sexta manifestación del PP contra el Gobierno progresista en los últimos dos años, Génova admite que pese a todos sus esfuerzos, Sánchez sigue teniendo todavía otros dos años por delante de legislatura. “El presidente probablemente tenga vocación y la voluntad de aguantar hasta 2027, porque es un hombre ajeno a la realidad y bunkerizado. Este es mi análisis sincero”, ha reconocido este lunes en rueda de prensa el portavoz de la dirección nacional, Borja Sémper.

El desafío para Alberto Núñez Feijóo es gestionar la frustración de la derecha, que ve que la izquierda sigue gobernando mientras el PP le hace creer que Sánchez está al caer. En la cúpula popular admiten que existe frustración en la ciudadanía, pero la desvinculan del PP. “Sí creo que los españoles están frustrados con la política y con el Gobierno. La gente está harta y cansada de asomarse a cualquier medio de comunicación y ver que los escándalos se suceden y no pasa nada”, ha reflexionado Sémper. “La política se ha convertido en un problema para un ciudadano medio. Eso es cierto e insostenible. Por eso, después de todo lo que ha pasado, todo lo que representa el Koldogobierno merece que los españoles hablen. Hay frustración pero no creo que se dirija contra el PP. Es contra el Gobierno".

El PP sigue descartando canalizar institucionalmente esa frustración de la derecha con una moción de censura contra Sánchez. La cúpula popular no ve la posibilidad de una moción porque “no dan los números”, insisten en privado, mientras en público Sémper ha defendido que el problema es que los socios del Gobierno “están verdes” y “en proceso de duelo”, así que no es posible todavía contar con ellos. Por ese motivo, el PP no tiene previsto ninguna conversación con los aliados del PSOE para tratar de convencerlos de que participen en una operación para echar a Sánchez.

En privado, además, varios barones autonómicos reconocían durante la cumbre de Barcelona que, pese a su exigencia de adelanto de elecciones a Sánchez, creen que el presidente seguirá “aguantando” todo lo posible para no “enfrentarse” a las urnas. Una tesis que comparten también miembros del comité de dirección.

Aumento de decibelios

El aumento de decibelios del PP de Feijóo tiene que ver también con el congreso del partido que se celebra a principios de julio, como reconocen dirigentes populares, porque hay que caldear el ambiente. El cónclave ha reabierto el debate en el PP sobre la mejor estrategia para llegar a La Moncloa, con Isabel Díaz Ayuso como principal punta de lanza del ala más derechista, que quiere más madera. La líder madrileña pone además pie en pared a los intentos de reformar el sistema de primarias si eso va a ir en detrimento del voto de las bases.

Los últimos movimientos de Ayuso han causado malestar en la dirección popular, que critica en privado su gesto “sobreactuado” de levantarse y marcharse de la Conferencia de Presidentes cuando el lehendakari habló en Euskera. Con ese gesto, Ayuso, critican en privado en la cúpula popular, dio “un balón de oxígeno” a Sánchez.

Pero la orden es evitar en público la confrontación y hacer oídos sordos al desafío a la estrategia de Feijóo que supone que Ayuso se levantara el viernes de la Conferencia de Presidentes, y que haya recibido al presidente de Argentina, Javier Milei, de visita en España para participar en un acto ultra cercano a Vox. El portavoz nacional ha sorteado la pregunta sobre esa discrepancia de estrategias, pero sí ha reivindicado la apuesta por la “centralidad” y la “moderación” que defendió Feijóo en su discurso este domingo. Hace solo unos días, también el líder popular llamó a Sánchez el “capo de la mafia”, unas palabras que no repitió en la protesta del domingo.

Ayuso se ha reafirmado hoy en que plantará batalla en el congreso por el modelo de primarias y ha defendido en Antena 3 que en el cónclave “tiene que haber sal, disparidad de criterios en algunas cuestiones”, porque el PP “no es una secta”. De momento, solo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha desmarcado del modelo de primarias que sugiere Ayuso (con más protagonismo de la militancia), del que ha dicho que es “escéptico”.

Mientras Ayuso reabre la batalla estratégica y del proceso de elección del presidente del PP, otros barones populares se alinean con la tesis de Feijóo. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a cargo además de la ponencia política del congreso, ha defendido hoy que el PP “tiene que ubicarse en la centralidad para abrir los brazos a todas las personas que quieran que Sánchez deje de ser presidente” y el partido “tiene que seguir ampliando la base electoral y en eso está Feijóo”. Ampliar la base electoral por el centro o por la derecha es la pregunta que divide al PP.

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El daño provocado con la entrevista, que concedió este domingo al diario Abc, escuece más aún hoy en Génova —que no quiere entrar a valorar el movimiento—, al publicarse precisamente antes del discurso de Feijóo. Ayuso, que tenía el freno echado en la carrera al cónclave del PP de primeros de julio, decidió dar un paso al frente y abrir la batalla ideológica justo en el mismo día en el que Feijóo pretendía aunar una amplia mayoría en la calle contra el Ejecutivo de Sánchez. El líder del Partido Popular, que buscaba una protesta sin signos de partido para aglutinar el mayor número posible de adeptos de todo tipo de “sensibilidades”, reiteró su petición de convocatoria adelantada de comicios en una manifestación secundada por 50.000 personas, según la Delegación de Gobierno, y más de 100.000, según el recuento del PP.

Los disparos de la dirigente madrileña apuntan en distintas direcciones. Por un lado, defiende ya abiertamente el modelo de primarias para elegir al líder del PP que quiere para el futuro de la formación. Este asunto es precisamente una de las cuestiones más espinosas de la ponencia de estatutos porque enfrenta a dos corrientes que existen ahora mismo en el partido. El sistema vigente ahora, y que data de 2017, es el siguiente: una primera vuelta en la que los militantes votan al presidente del PP de entre todos los candidatos registrados; y, una segunda, en la que los compromisarios vuelven a votar pero entre los dos nombres más votados. Quien aglutina más papeletas es designado definitivamente como jefe de los populares. Con este sistema, Soraya Sáenz de Santamaría perdió ante Pablo Casado en 2018. La exvicepresidenta fue la más votada entre los militantes, pero los compromisarios eligieron a Casado en el congreso en Madrid.

Feijóo quiere reformar este modelo de doble vuelta para que el voto de la militancia no tenga tanto peso. La fórmula que sopesa es un sistema en el que los militantes votan a los compromisarios y luego estos compromisarios o delegados deciden entre los candidatos en otra votación. El expresidente de la Xunta coincide en este punto con el dirigente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Para ambos, cambiar la doble vuelta tal como está planteada es importante porque prefigura un equilibrio de fuerzas para el congreso, ya que se trata del líder y del presidente de la delegación más numerosa, la andaluza. Y porque sentará la bases del futuro proceso de elección del presidente del Partido Popular, puesto al que podrían aspirar tanto Moreno como Ayuso cuando se produzca la marcha de Feijóo, que entiende será una vez se siente en La Moncloa como presidente.

Por contra, la presidenta de la Comunidad de Madrid apostó este domingo porque “un militante tenga un voto y valga lo mismo esté donde esté”. “Haré, por tanto, las propuestas necesarias para que se cumpla un afiliado un voto en toda España”, subraya a renglón seguido. Pero Ayuso no se queda ahí. La presidenta mete también el dedo en la llaga de la ponencia política —es decir, la ideológica, también sin cambios desde hace ocho años—, otra de las cuestiones peliagudas a nivel interno y externo. Génova, en principio, no pretende entrar en debates profundos, sino hacer del congreso nacional una cumbre en clave electoral contra Sánchez, a quien exigen elecciones anticipadas.

Fuentes de la organización del congreso del PP sugieren que se hablará de la “España que viene” —en referencia a temas como la inmigración o la transición energética—, en lugar de replantear “debates ya superados en la sociedad” —como el aborto, la eutanasia o los vientres de alquiler— que separan a distintos sectores del Partido Popular. Ayuso, sin embargo, quiere más. “Ya tocaba un congreso ordinario y por eso habrá una reforma estatutaria y otra ponencia de ideas, que no es un programa electoral. Son unos principios, unas bases, un ideario”, indica la presidenta de la Comunidad de Madrid, apuntando a que es necesario discutir sobre asuntos engorrosos.

En la concentración de Madrid, Ayuso volvió a verse con muchos de los presidentes autonómicos del PP a los que había importunado en Barcelona. Además, Feijóo hizo el paseíllo codo con codo con la baronesa madrileña tras la entrevista. La presidenta de la Comunidad fue más aclamada que el resto de dirigentes y que el propio Feijóo y la distancia entre ambos también se vio reflejada en sus discursos.

El presidente del PP borró las palabras “mafia” y “capo” de su alocución, en la que reivindicó su discurso desde la “centralidad”. Y lo hizo después de que Ayuso, en la entrevista, afirmara que la moderación “no es callarte ante la impunidad”, cargase contra la campaña de Génova durante las elecciones del 23-J y asegurar que “hubo mucha gente confundida que tuvo complejos de pensar que por decir las cosas como son les dirían que no querían el consenso”. En la protesta, Ayuso comparó a España con un país bananero inmerso en una “dictadura” construida “sorbo a sorbo”. Todo mientras casi en primera fila había una pancarta en la que se podía leer: “Feijóo, no; Ayuso, sí; moción [de censura] ya”.

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Feijóo situó al cargo de la redacción de la ponencia de estatutos al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. Y dejó al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para la ponencia política, es decir, la ideológica. El movimiento fue calculado para no levantar ampollas, pues Moreno y Feijóo van de la mano en el modelo de primarias que quieren para el partido.

El político gallego siempre estuvo en contra del modelo de primarias vigente en el PP. Nada más llegar a la presidencia del partido, en el 2022, volvió a defender que habría que modificarlo para que no se repitiera lo que sucedió en 2018. Ese año, en el congreso anterior al suyo, los compromisarios corrigieron el voto de las bases y dieron la presidencia a Pablo Casado, después de que Soraya Sáenz de Santamaría hubiera ganado entre la militancia. Casado ganó en el voto de los delegados porque recibió el apoyo de los de María Dolores de Cospedal, que no pasó el primer filtro de la militancia. El sistema vigente ahora, y que data de 2017, es el siguiente: una primera vuelta en la que los militantes votan al presidente del PP de entre todos los candidatos registrados; y, una segunda, en la que los compromisarios vuelven a votar pero entre los dos nombres más votados. Quien aglutina más papeletas es designado definitivamente como jefe de los populares.

Pero Feijóo quiere modificarlas para eliminar la doble vuelta. El líder del PP estaría barajando un modelo en el que los militantes votan a los compromisarios y luego estos designan al presidente de los populares. En el congreso de julio, el sistema que se utilizará es el vigente, aunque en cualquier caso solo hay un candidato, el expresidente de la Xunta. Pero, a futuro, el debate no es menor, porque está en juego si en la era posFeijóo pasa por la presidenta madrileña o por otros perfiles, como el de Moreno Bonilla. Ayuso aguardaba a conocer qué fórmula presentan los ponentes para las primarias, pero este domingo se ha posicionado ya. Y en contra de lo que pretende Feijóo. “Por coherencia creo que todos los afiliados deben participar en los congresos y elegir a su presidente. Haré, por tanto, las propuestas necesarias para que se cumpla un afiliado un voto en toda España”, señala en Abc.

La presidenta de la Comunidad de Madrid mete también el dedo en la llaga de la ponencia ideológica, otro de los temas peliagudos. Génova, en principio, no pretende entrar en temas escabrosos, sino hacer del congreso una cumbre en clave electoral contra Sánchez, a quien exigen elecciones anticipadas. Pero Ayuso quiere más. “Ya tocaba un congreso ordinario y por eso habrá una reforma estatutaria y otra ponencia de ideas, que no es un programa electoral. Son unos principios, unas bases, un ideario”, indica la presidenta de la Comunidad de Madrid, apuntando a que es necesario abrir el debate sobre asuntos como el aborto, la eutanasia o los vientres de alquiler.

“Una campaña muy escasa”

Aunque los dardos no se quedan ahí. Ayuso también valora la campaña electoral de Feijóo para el 23-J, cuando ganó en votos y en escaños aunque no logró concitar una mayoría parlamentaria para ser investido presidente. “El PP hizo una campaña que se quedó muy escasa y no supo leer lo que estaba pasando. Estoy convencida de que quienes dirigieron la campaña de verano azul después de lo que han visto, si volvieran atrás, le aseguro que la campaña sería muy distinta”, subraya en la entrevista. “Verano azul” fue el lema de la campaña, presentada por el portavoz del PP, Borja Sémper, con indumentaria de verano en una playa falsa de Madrid.

“Yo siempre he defendido lo mismo porque, por desgracia, llevo sufriendo a este Gobierno 6 años. Muchas veces se nos tildaba de extremistas, de no querer la moderación. Moderación no es callarte ante la impunidad, ante las atrocidades. Creo que ha habido mucha gente confundida que tuvo complejos de pensar que por decir las cosas como son y defender España por encima de cualquier otra cosa les dirían que no querían el consenso”, añade.

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La Plaza de España estaba ya hasta los topes 15 minutos antes de que dieran las 11, hora de la convocatoria. En ese momento dj Pulpo, que ameniza los actos del PP, pinchaba la música y azuzaba al público con mensajes contra el PSOE. La canción escogida era Venezia, de Hombres G, que arranca con la estrofa “Yo soy el jefe de la mafia”. También sonó el tema Lady, de Modjo, cuya pronunciación recuerda al nombre la ya exmilitante socialista Leire (Díez). Tras la difusión de sus audios recabando datos contra la Unión Central Operativa (UCO), Fejóo convocó la protesta, la sexta promovida por el PP en esta legislatura y la segunda en número de asistentes, según los datos de la Delegación de Gobierno. La primera fue la organizada en la Puerta de Sol en noviembre de 2023, con 80.000 ciudadanos. La tercera, en enero del año pasado, también en la Plaza de España, con 45.000.

Feijóo aparecía en escena desfilando por la pasarela central, flanqueado por Ayuso y por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El líder del PP se había desayunado con una entrevista de la presidenta de la Comunidad en Abc, en la que se decanta por primera vez abiertamente por un modelo de primarias distinto al de Feijóo y donde critica sin miramientos la campaña de su jefe en las pasadas elecciones generales del 23-J. Ayuso, que jugaba este domingo en casa, era la más aclamada de los dirigentes populares por los asistentes mientras los tres avanzaban hasta la cabeza de la protesta “Feijóo, no. Ayuso, sí. Moción [de censura] ya”, se leía en una de las pancartas. Pese a la petición de que no hubiera símbolos del PP, se coló más de una bandera azul de los populares.

Así, en medio de un clima de crispación máxima y con todos los puentes volados entre PSOE y PP, Génova había movilizado durante la última semana a las bases y a los territorios para trasladar la presión política del primer partido de la oposición a la calle. Ocho presidentes autonómicos del Partido Popular secundaron la protesta junto a los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, que se situaron en la foto central junto a Feijóo. La mayoría de barones han viajado a Madrid dos días después de enfrentarse cara a cara con Sánchez en Barcelona, al que pidieron elecciones anticipadas durante la tensa Conferencia de Presidentes.

El líder del PP subió al escenario y compareció desde un atril sin símbolos, cuya inscripción era la palabra Democracia escrita en azul sobre un fondo blanco. “La democracia no se defiende sola, ni la podemos delegar en quienes han despreciado el Estado de derecho, ha llegado el momento de que sus protagonistas y sus propietarios la defendamos, la responsabilidad de defender la democracia nos pertenece a todos”, aseveró el líder del PP, provocando el fervor del público, que respondió con gritos de “¡Libertad!”. “No quiero un frente de la ira porque España no necesita revancha, sino concordia, una revolución. La vamos a liderar desde las calles, desde las urnas, cuento con todos los ciudadanos honestos y libres de nuestro país. Señor Sánchez, convoque elecciones, las queremos ya, nadie le votó para hacer esto, ni los suyos. Hágalo si es tan demócrata como dice”, demandó Feijóo.

Durante los últimos días, el líder del PP había ido subiendo el diapasón con un discurso cada vez más vez extremo contra Sánchez, al que tachó de “capo” de la “mafia”. Pero este domingo Feijóo se ha guardado de utilizar esos descalificativos, descartándolos de su intervención aunque se mantuviera en el lema de la protesta “Mafia o democracia”. Durante su alocución, además, ha reivindicado la “centralidad” de su discurso.

Quien no bajó el pistón fue Ayuso, que volvió a hacer uso de su tono mordaz y aguerrido, describiendo a España explícitamente como la Venezuela de Maduro. “Las dictaduras entran a sorbos, poquito a poquito, de manera inocua, aparentemente inofensiva”, señaló. “Este es el problema que vivimos, cuando la democracia popular suplanta la liberal se entra en la dictadura”, añadió ente aplausos y cánticos de “Tú sí que vales” de los congregados. Antes que la presidenta de la Comunidad, el alcalde de Madrid también había descrito la coyuntura política como una España cuyos derechos de los ciudadanos han sido cercenados. “No vienen tiempos fáciles, la mafia cuanto más acorralada, más peligrosa. Cuando más pequeña, más daño va a querer hacer”, auguró Martínez-Almeida.

“Estamos hartos ya”

Mientras Almeida, Ayuso y Feijoó ofrecían sus discursos en el corazón de la plaza, miles de personas seguían intentando llegar por las calles aledañas. Una gran cantidad de manifestantes bajaba por Gran Vía. La mayoría, bandera de España en mano, bajo un sol inclemente —que provocó que los sombreros rojigualda de uno de los puestos de venta se agotaran ya a las diez de la mañana— y cerca de los 30 grados de temperatura, seguía los discursos a través de las enormes pantallas instaladas en las esquinas de la plaza.

Uno de ellos, Luis, de 57 años, envuelto en la bandera de la Comunidad Valenciana, ha viajado hasta Madrid junto a su esposa, Isabel, de 55. “Estamos hartos ya del Gobierno, a ver si entre todos lo echamos”, asegura. La pareja censura que el presidente del Gobierno pacte “con todo el mundo” y sostiene que España “no vale nada” para Sánchez. también Alberto Hernández, de 39 años, acudió a la manifestación con su esposa y sus tres hijos. “Hemos venido para apoyar en estos tiempos en que el presidente ha demostrado que cree que esto es un cortijo, que puede hacer lo que quiera, metiendo gente a dedo, ayudando a su mujer a hacer negocios desde el Gobierno”, dice.

Entre estas miles de personas, Feijóo ha vuelto a pedir elecciones anticipadas y ha concluido su intervención con un “¡viva la democracia, viva la democracia y viva España!” y dando paso al himno nacional.

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El PP quiere transmitir la idea de fin de ciclo, mientras el Gobierno intenta mostrar normalidad y garantizar que la legislatura está solo a la mitad. Los presidentes del PP, que son mayoría en este órgano —13 de los 19, incluyendo a Ceuta y Melilla— se coordinaron el día anterior con la dirección nacional para pedir uno detrás de otro delante de Pedro Sánchez que adelante las elecciones ante la “situación política crítica”, que les llevará este domingo a manifestarse en Madrid con el lema “mafia o democracia”. Sánchez les contestó con claridad: no habrá elecciones hasta 2027, “cuando tocan”. El presidente y algunos barones socialistas, como el asturiano Adrián Barbón, trataron de rebajar la tensión que dominaba el ambiente con algunas bromas, pero con poco éxito.

Barbón le dijo a Sánchez en broma que esperara para convocar esas elecciones que le pedían los del PP porque él querría hacer la próxima Conferencia de Presidentes en Asturias. Y Sánchez le respondió que no se preocupe, que eso no va a pasar, y animó a los demás en la sala a ofrecerse para albergar otras reuniones de este tipo porque habrá tiempo a muchas de ellas porque las elecciones serán en 2027. El intento de distensión fue infructuoso, porque el tono del PP estaba prefijado y fue de extrema dureza, y por supuesto no hubo ni un solo amago de intentar llegar a un acuerdo en materias como vivienda, la propuesta estrella de Sánchez.

Como es habitual, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, acaparó buena parte de la atención mediática por la mañana por dos episodios muy tensos. Primero, porque le negó el saludo a Mónica García con un desplante: “¿Vas a saludar a una asesina?“, le lanzó por las acusaciones de Más Madrid sobre su responsabilidad en la muerte de 7.291 ancianos en las residencias durante la covid. García le contestó que ella nunca la ha llamado asesina y una persona de protocolo de Presidencia tuvo que interrumpirlas para que siguieran los saludos porque se estaban enzarzando.

Después, Ayuso se levantó y abandonó la sala cuando el lehendakari, Imanol Pradales, empezó a hablar en euskera. No volvió hasta que no había terminado Salvador Illa, que hablaba en catalán —aunque la primera vez que lo hizo, en el saludo inicial, no se levantó— y entró justo para escuchar al gallego Alfonso Rueda, del PP, que arrancó en gallego, una contradicción evidente con la postura de Ayuso, y dijo en este idioma que él respeta todas las lenguas cooficiales, también el euskera y el catalán que acababa de escuchar, pero prefería usar el castellano para evitar hablar ”con intermediarios".

Ayuso fue por libre en todo momento. Los demás presidentes del PP se han quedado sentados escuchando a Pradales e Illa y varios de ellos se han colocado los pinganillos con la traducción. La presidenta madrileña defendió esta discrepancia interna. “Yo tengo libertad para manifestar lo que o me parece bien y para ser coherente, no voy a participar en esta farsa, y los otros presidentes también tienen libertad para hacer lo que estimen oportuno”, explicó.

Después varios presidentes de los dos partidos hablaron también brevemente en sus lenguas cooficiales, sin que Ayuso ya se volviera a levantar porque entendía que solo era un saludo. El asturiano habló un poco en bable, y la navarra, María Chivite, en euskera. La de Baleares, Marga Prohens, del PP, lo hizo brevemente en mallorquín, y Carlos Mazón saludó en valenciano, aunque ambos explicaron que es mejor hablar en castellano en esta reunión para entenderse. Illa explicó que las lenguas cooficiales son una riqueza para el país y es lógico que se hablen en un organismo autonómico. “Entender esto es entender España”, insistió.

Más allá del gesto de Ayuso, que acaparó como siempre mucho protagonismo mediático y provocó la reacción indignada del lehendakari, del líder del PNV, y de varios políticos catalanes, la discusión de fondo político que centró la reunión fue la petición de elecciones por parte del PP y el rechazo tajante de Sánchez. El presidente, que dirige la reunión y puede intervenir cuando quiera, tuvo un cruce con el murciano Fernando López Miras, del PP, que muestra la discrepancia de fondo entre el Gobierno y el PP a la hora de analizar el momento político. López Miras concluyó su intervención diciendo que “el sistema de financiación autonómica está caducado” y que, “si el Gobierno no es capaz de reformarlo, debería convocar elecciones”.

Sánchez le contestó de forma clara. “El sistema de financiación autonómica caducó ya en 2014. Por aquel entonces, gobernaba un presidente del PP con mayoría absoluta y aun así no fue capaz de actualizarlo. Nadie le pidió que adelantara las elecciones por ello. Tampoco los barones populares. Así de difícil es alcanzar un consenso para llevar a cabo esa reforma. No es exclusivamente una cuestión de partidos”, le dijo el presidente.

Al arrancar, Sánchez había intentado calmar la situación y había pedido a los presidentes autonómicos que intentaran rebajar el tono y buscar algún debate constructivo en temas que interesan mucho a la sociedad, como la vivienda, en la que las competencias son compartidas y, por tanto, es imprescindible un acuerdo para desarrollar políticas. Sánchez propuso triplicar el presupuesto para vivienda en los próximos cinco años, hasta 7.000 millones de euros, y que el Gobierno pague el 60% y las comunidades el 40%, pero los barones del PP rechazado de plano esta iniciativa porque creen que no está claro cómo se pagaría y qué condiciones tendría. Varios presidentes reprocharon a Sánchez y al Gobierno que no había preparado la reunión.

El presidente había pedido “dejar la crispación en el perchero”, pero fue inútil, porque todos fueron muy duros aunque nadie hizo un desplante como el de Ayuso. “Esto no da más de sí”, dijo la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. El andaluz Juan Manuel Moreno también reclamó elecciones “ante la situación política crítica, la falta de mayoría social y parlamentaria de Pedro Sánchez, incapaz de presentar un proyecto de Presupuesto y la creciente desconfianza en la política”.

Al final de la cita, se produjo de nuevo un choque entre varios barones del PP —que pidieron que se votaran algunas de sus propuestas— y el presidente, que rechazó de plano esa idea. En la Conferencia de Presidentes los acuerdos se aprueban por consenso y las recomendaciones necesitan el apoyo de dos tercios de los líderes autonómicos y del presidente del Gobierno. Sánchez explicó el reglamento, donde se deja claro este sistema, y dijo que en la cita se ha constatado que no hay consenso en ninguno de los temas, ni los propuestos por el Gobierno, con la vivienda como estrella, ni los que ha planteado el País Vasco, ni los que sugiere el PP. “¿Esto quiere decir que no aceptas ninguno de los ocho puntos propuestos por el PP?“, le preguntó el gallego Rueda. “Eso es. Si no, se aprobarían, pero el Gobierno no los acepta”, contestó Sánchez.

El Ejecutivo explica que los puntos del PP eran inaceptables, porque todos suponen una enmienda a la política del Ejecutivo. La Conferencia fue así “un fracaso”, en palabras del andaluz Moreno y del aragonés Jorge Azcón, y según otros presidentes en un tono mucho peor que la última en Santander, que también terminó sin acuerdos.

El sentimiento de desazón tras la jornada fue manifestado también por parte de dirigentes de distinto signo político. “No puedo ocultar que me voy con sensación de absoluta decepción y tristeza. Lo ocurrido antes y durante la celebración de este foro es muy preocupante”, señaló el lehendakari ante la prensa de manera genérica, pero con alusión velada a la actitud de los populares. Mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se reafirmó en su petición de convocatoria de elecciones en su intervención posterior. “Para mí sería desleal con los ayuntamientos y autonomías socialistas ponerlos por delante y llevarse las bofetadas de la política nacional”, ha enfatizado. De puertas para dentro, García-Page fue muy duro frente a Sánchez en materia de financiación autonómica. También en las concesiones que, sostiene, se ha hecho en las competencias de inmigración a favor de Junts. Según los barones populares, Sánchez se ha negado a la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El PP cree que esto muestra el deterioro de la vida política española y la necesidad de ir a elecciones. El Gobierno, por el contrario, cree que la conferencia ha evidenciado que el PP “está roto”, porque Ayuso fue a su aire con su voluntad de boicotear la reunión con sus desplantes.

Lo único seguro es que la política española ha entrado en un modo de ruptura total donde ya no solo los acuerdos son inviables, sino que incluso las reuniones solo para hablar se tornan casi imposibles, algo que según se lamentaban varios de los presentes en la cita no hace sino empeorar la imagen de la política ante los ciudadanos, ya muy desgastada.

Segunda oportunidad

La propuesta estrella del Gobierno en la Conferencia de Presidentes, rechazada de plano por las comunidades del PP, tendrá una segunda oportunidad con cinco regiones. El plan del Ejecutivo para triplicar la inversión pública hasta alcanzar los 7.000 millones de euros para el periodo 2026-2030 se negociará con el País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias, con las que el Ministerio de Vivienda comenzará a trabajar de manera bilateral a partir del lunes. “No hace falta reglamento ni estatutos para decir sí a más presupuesto para vivienda, sí a protegerla para siempre y sí a más transparencia”, ha sostenido la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, en una comparecencia posterior, y en referencia a la actitud de las comunidades del PP, que no se han sumado al acuerdo.

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Fuentes del gabinete de Isabel Díaz Ayuso confirman el encontronazo con Mónica García. “La presidenta estaba dando la mano y saludando protocolariamente a todos los ministros del Gobierno en la Conferencia de Presidentes. Cuando se le ha acercado la ministra de Sanidad, esta ha pretendido darle dos besos”, señalan. “Le ha ofrecido la mano, le ha preguntado si todavía pretendía darle un beso a una asesina después de lo que Más Madrid le había dicho ayer en la Asamblea y que eso no tenía un pase”, concluyen.

He saludado a Ayuso con la educación institucional que corresponde. Su reacción ha sido desproporcionada y reveladora. Jamás la he llamado “asesina”. Solo demuestra estar nerviosa por las imputaciones y cada vez más cercada por la investigación de los 7291 mayores abandonados en…

— Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 6, 2025

Este último choque se une al breve plante que ha realizado Díaz Ayuso finalmente, quien ayer ya había amenazado con ausentarse porque es la primera Conferencia de Presidentes en la que hay una traducción simultánea para el uso de las lenguas cooficiales a petición del president, Salvador Illa, y del lehendakari Pradales. Desde el Gobierno insistieron en que este es un órgano autonómico y hay varias comunidades con lengua cooficial, y no tiene sentido que se pueda hablar en el Congreso o en el Senado y no en la Conferencia de Presidentes. Pero Ayuso subió el pulso. “Pienso decirle a todos ellos, al presidente y a sus ministros [...], que lo que están pretendiendo es una absoluta golfada”, aseveró la presidenta en la Asamblea de Madrid, este jueves. “Que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o me lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo, no me lo pienso poner”, añadió. Así ha sucedido. Desde la Comunidad de Madrid explican que la presidenta se ha levantado cuando Pradales ha empezado a hablar en euskera, tal y como había advertido. La dirigente ha vuelto a entrar con la intervención del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien ha defendido en gallego las lenguas cooficiales, pero dijo que iba a hablar el resto de su turno en castellano para que le entendieran todos.

La frialdad de Ayuso también ha sido evidente este viernes con la llegada de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno y la de la Comunidad de Madrid apenas han cruzado mirada. También significativo ha sido el tenso encuentro con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, después de que el dirigente socialista pidiera esta semana elecciones. Aunque, tras la foto oficial con el Rey, Sánchez y Page sí han hablado durante rato en un corrillo junto a Adrián Barbón y María Chivite. Ayuso se ha mantenido en todo momento bastante sola y lo más alejada posible de Sánchez, solo arropada en ese momento por Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. Salvador Illa y Carlos Mazón han hablado también bastante tiempo.

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Tanto que la noticia sería la celebración de esta XVIII edición de la Conferencia con normalidad, algo que está en riesgo hasta el último minuto. La tensión llega hasta el límite de la propia convocatoria porque el PP pone en cuestión hasta el último minuto los temas, el formato —ahora está reclamando votaciones, algo nada habitual— e incluso el idioma en el que se desarrollará. Todo es motivo de polémica y tensión entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

El Ejecutivo cree que el PP está intentando encontrar una excusa para boicotear la reunión, y por eso le acepta todo, como hizo con el orden del día, para salvarla. Para el Gobierno, que vive semanas muy difíciles con todo el foco puesto en las maniobras de su ya exmilitante Leire Díez, la propia celebración y una cierta imagen de normalidad con el Rey en Barcelona es un éxito, aunque además insiste en que quiere sobre todo hablar de vivienda, una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos. El Gabinete de Sánchez estará representado por él, las tres vicepresidentas y hasta nueve ministros.

Para el PP, por el contrario, el Gobierno solo quiere “un paripé de propaganda” sin voluntad real de llegar a acuerdos. Lo cierto es que hasta el último minuto, dos presidentes del PP de distintas tendencias plantearon novedades que dejan dudas sobre el éxito final de la cita. Varios presidentes enviaron en el último momento una detallada documentación sobre los temas que quieren incluir, y el Ejecutivo ha aceptado que todos estos textos se lleven este viernes a la reunión para evitar problemas, aunque cada vez parece más inabarcable tratarlos todos en una cita en la que cada uno interviene 10 minutos.

Más tarde, el andaluz Juan Manuel Moreno reclamó, también este jueves, víspera de la cita, que se organice una votación para ver qué acuerdos salen adelante, algo inédito, porque siempre que ha habido acuerdos —en la última en Santander, ya enrarecida, no se cerró ninguno— se han hecho por consenso. De hecho, así está pensado el órgano, que no es legislativo, solo de discusión. El reglamento deja claro que los acuerdos “se adoptarán por consenso” y las recomendaciones “por el presidente del Gobierno y dos tercios de los presidentes presentes”. Por tanto, explican en el Ejecutivo, no cabe votación alguna: si el presidente ve que no hay consenso en un tema, no se someterá a aprobación porque siempre necesitaría su apoyo. El reglamento, que ahora critica el PP, fue aprobado por unanimidad en 2022, en una cita en La Palma en la que estaba Alberto Núñez Feijóo como presidente de Galicia y la mayoría de los actuales barones autonómicos del PP, recuerdan en el Ejecutivo.

Y, por último, hay una polémica muy fuerte, con amenaza de plantón por parte de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, porque será la primera Conferencia de Presidentes en la que habrá una traducción simultánea para el uso de las lenguas cooficiales a petición del president, Salvador Illa, y del lehendakari, Imanol Pradales. Hay que ver qué hará el gallego Rueda, que en su comunidad usa el gallego con naturalidad. Desde el Gobierno insisten en que este es un órgano autonómico y hay varias comunidades con lengua cooficial, y no tiene sentido que se pueda hablar en el Congreso o en el Senado y no en la Conferencia de Presidentes. Pero Ayuso sube el pulso. “Pienso decirle a todos ellos, al presidente y a sus ministros [...], que lo que están pretendiendo es una absoluta golfada”, aseveró la presidenta en la Asamblea de Madrid, este jueves. “Que todo lo que me tengan decir en los pasillos en español o me lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo, no me lo pienso poner”, añadió, informa Manuel Viejo. Luego, por carta a Sánchez, Ayuso ha rechazado tajante el plan de los 7.000 millones para vivienda que el presidente del Gobierno presentará mañana, por considerar la propuesta “improvisada” y “una injerencia inaceptable” en las potestades de las comunidades autónomas, informa José M. Abad Liñán. Con todos estos ingredientes, la cumbre autonómica se prevé de alto voltaje. “No me puedo creer que se vaya a levantar por eso, sería una falta de respeto a lenguas que están en la Constitución, no puede hacer”, señala un ministro. Pero lo cierto es que la amenaza está ahí.

Desde el anuncio de la cita por parte del Gobierno, en los territorios populares se instaló la estrategia de confrontación total frente al intento de Pedro Sánchez de “aparentar institucionalidad” con la promoción de la cumbre. Así, las pasadas semanas han estado salpicadas de varias reuniones ad hoc en las que estaban citados los 13 consejeros de Presidencia de las 11 comunidades y las dos ciudades autónomas donde el PP gobierna. Unos encuentros presenciales y telemáticos celebrados con la aquiescencia de Génova en busca de una hoja de ruta que obligara al Gobierno a incorporar su orden del día —como finalmente así fue—, bajo amenaza de los barones de no secundar la Conferencia de Presidentes si no se aceptaban sus pretensiones. Los dirigentes populares se sentarán en el cónclave, pero con la tensión en máximos.

Porque, pese al primer logro del PP en la carrera a la Conferencia al imponer su agenda, la temperatura de este viernes en el Palacio de Pedralbes de Barcelona romperá el termómetro. “Sánchez nos quiere vacilar”, resume un barón popular a pocas horas de la cita a la que los presidentes acuden tras días de durísimas acusaciones contra el jefe del Ejecutivo por los supuestos casos de corrupción que rodean al PSOE. Más aún después de la esperpéntica comparecencia de la excargo socialista Leire Díez y la irrupción del presunto conseguidor Víctor de Aldama de este miércoles. “Yo creo que la finalidad de esta Conferencia de Presidentes no es cooperar entre gobiernos autonómicos ni alcanzar acuerdos en beneficios de los ciudadanos”, señaló este jueves la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, sino de “instrumento al servicio de la propaganda del presidente”. El president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, auguró por su parte que Sánchez va a “hacer el paripé” a una cumbre de la que saldrán “con la nada” en las manos. “Por primera vez en 12 años han venido a quitarnos la liquidez extraordinaria que siempre nos daban, en el año más difícil de nuestra historia”, agregó. Los territorios populares se quejan además del “formato” de la sesión: sostienen que no permite el debate por no haber turno de réplica, sino intervenciones individuales por 10 minutos. Un uso del tiempo que viene de atrás.

En cualquier caso, y aun con las innumerables críticas sobre la mesa, el PP pretende transmitir la imagen de que llega a la Conferencia con los deberes hechos y a favor del consenso, siempre que ese consenso implique, claro, sellar pactos dentro de sus líneas ideológicas. El último movimiento fue el de contraatacar a las propuestas adelantadas este miércoles por Sánchez en materia de vivienda con un documento de 15 folios remitido desde los territorios a La Moncloa, y en el que los barones populares agrupan sus exigencias, bautizadas como propuestas “de acuerdos”, que hoy plantearán de viva voz al jefe del Ejecutivo. Entre las medidas solicitadas se encuentran la reforma del sistema de financiación autonómica, rebajar al 4% el IVA en la compra de vivienda, apostar “por las renovables junto a la energía nuclear” o solicitar al Gobierno que financie al 50% la escuela de cero a tres años. Muchas de las peticiones han sido reiteradas en los cónclaves que Alberto Núñez Feijóo mantiene con cierta frecuencia con los barones como escenificación de su poder territorial. También demandan derogar normas o proyectos de ley en tramitación que el Consejo de Ministros impulsa amparado en su potestad legislativa.

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Los presidentes populares, que mañana en Barcelona serán mayoría con 13 representantes de 19, se mueven así después de conocerse que el jefe del Ejecutivo les pondrá sobre la mesa diversas propuestas en materia de vivienda, como triplicar el gasto hasta 7.000 millones y que las autonomías asuman un 40%. Entre los acuerdos firmados por los presidentes autonómicos se encuentran la reforma del sistema de financiación autonómica, rebajar al 4% el IVA en la compra de vivienda, apostar “por las renovables junto a la energía nuclear” o solicitar al Gobierno que financie al 50% la escuela de cero a tres años. En paralelo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido un paso más allá al enviar una carta propia para contestar a la misiva remitida por Sánchez sobre vivienda. En ella, rechaza de plano la oferta hecha por el presidente del Gobierno. “La vivienda es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Intentar dirigir nuestras políticas desde el Gobierno de la nación, con condiciones impuestas y medidas uniformes, es una injerencia inaceptable”, señala. Además, el andaluz Juan Manuel Moreno ha pedido que, a diferencia de lo habitual en las Conferencias, con medidas adoptadas por consenso, en este caso se vote. “Que salgamos de esta conferencia de Barcelona con un acuerdo, que solo puede llegar a través de una votación”, ha recalcado.

Los barones del PP secundarán, pues, finalmente la convocatoria en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. Pero lo harán en medio de un clima de alto voltaje por los supuestos casos de corrupción que, según el PP, “rodean” al PSOE. Sobre la Conferencia de Presidentes, Ayuso ha amenazado este jueves con boicotear la cumbre si el lehendakari, Imanol Pradales, o el president, Salvador Illa, intervienen en euskera o catalán. “Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré y, por el camino, ya veré lo que haré con esos pinganillos”, ha asegurado Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Financiación autonómica. Los populares exigen la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas, y “la presentación inmediata de un proyecto de reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. También solicitan un decreto para poner a disposición de los territorios las entregas a cuenta o que se mantenga el mecanismo “extra-FLA” del programa del Fondo de Liquidez Autonómica.

Vivienda. El PP propone derogar la ley de vivienda del Gobierno “a la vista de los efectos negativos que ha generado”. También la “puesta a disposición de suelo público para la construcción de vivienda asequible en colaboración público privada”. Piden “informes sectoriales en plazo o silencio positivo”. Exigen la rebaja del IVA al 4% para la compra y la rehabilitación. Y solicitan que se ponga fin al decreto antidesahucios e “impulsar reformas legislativas para luchar de verdad y de manera decidida contra la ocupación”.

Energía. Los barones meten el dedo en la llaga del apagón, y piden una política energética basada “en evidencias tecnológicas y no en planteamientos ideológicos”. Además quieren promover “el bombeo reversible en primera instancia por ser tecnología 100% española y hacer un uso eficiente del agua y baterías en aquellas zonas más tensionadas y urgentes”. Inciden en el reforzamiento de las interconexiones con otros países y buscan apostar por las energías renovables, combinadas con la nuclear.

Inmigración. Pese al endurecimiento del discurso de Feijóo en materia de inmigración durante las últimas semanas, los barones del PP no van tan lejos como el líder del Partido Popular, que pide las expulsiones de los inmigrantes que no sigan los “valores” españoles. Las comunidades solicitan, sin embargo, el “refuerzo de medios técnicos y humanos en fronteras”; “mecanismos de coordinación para la acogida temporal de inmigrantes, respetando el “principio de solidaridad interregional” y “mayor financiación europea para gestionar flujos migratorios extraordinarios”.

Infraestructuras. Los populares se limitan en este punto a cargar de manera extendida contra el Gobierno por los recientes problemas en las redes ferroviarias y piden acto seguido un “Plan estratégico nacional en materia de transporte”.

Sanidad y dependencia. Los presidentes autonómicos solicitan un mayor número de profesionales sanitarios, también más plazas docentes o “agilizar” la homologación de títulos. Hay otras exigencias como la financiación del 50% por parte de la Administración General del Estado de la dependencia que ya está establecida bajo ese porcentaje. Pero consideran que este umbral no se está cumpliendo.

Poder Judicial. Quieren que se convoque la Conferencia sectorial de Justicia con el “orden del día” reclamado; que se retire el proyecto de ley del Gobierno por el que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Educación. Piden al Gobierno central, que no tiene las competencias en materia de Educación, que financie el 50% del coste efectivo del primer ciclo de la Educación Infantil, de cero a tres años.

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La cumbre entre Pedro Sánchez y los dirigentes autonómicos se avecinaba ya de por sí tensa. Pero la temperatura va in crescendo conforme avanzan los días tanto por las desavenencias entre los Gobiernos autonómicos y el Ministerio de Política Territorial a cuenta de la agenda de la Conferencia de Presidentes como por la fecha de la cumbre, que se celebrará solo 48 horas antes de la manifestación anunciada este jueves por Alberto Núñez Feijóo contra la que llama “mafia” del Ejecutivo central en Madrid. Los barones del PP han ido confirmando en cascada durante las últimas horas su asistencia a la concentración. También secundarán el acto los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar. “Vamos a decir basta ya, que acabe esta degradación”, proclamó este viernes Feijóo, llamando al “rearme moral” contra Sánchez. “La democracia no se tiene que doblegar ante la mafia”, afirmó.

Los consejeros de Presidencia de todas las comunidades se dieron cita presencialmente con en el ministro Torres el miércoles, en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, en un encuentro que tenía por objeto cuadrar el orden del día de la cumbre autonómica del próximo viernes. El Gobierno había propuesto abordar en la Conferencia, que se celebrará en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, dos asuntos: el acceso a la vivienda y la formación profesional y universitaria. Pero los barones del PP rechazaron de plano entonces ―y siguen rechazando― la oferta, tras la que ven una artimaña de Sánchez para aparentar “institucionalidad” en medio de los supuestos casos de corrupción que rodean al PSOE. Los populares quieren que se discuta además sobre otras cuestiones como la okupación, la financiación autonómica, el apagón o la “falta de profesionales sanitarios”.

Las versiones entre el ministerio y las comunidades del PP chocan. De un lado, Torres aseguró que el miércoles se sometió a votación una propuesta de orden del día que asumía prácticamente todas las demandas de los populares, salvo la cuestión sobre “delegación de competencias” en materia de inmigración y la exigencia de retirar la propuesta legislativa del PSOE sobre la justicia. Del otro, los consejeros del Partido Popular afirmaron que el ministro pretendía añadir solo por encima alguna de sus pretensiones. El encuentro acabó saltando por los aires, con los dirigentes del PP votando en contra. Y ganando por 13 a 7.

Torres mantiene que la agenda en este momento es la que estaba definida previamente: vivienda y educación. El PP sostiene, por contra, que el orden del día es inexistente y buscan fórmulas para “hacer valer” su poder territorial basándose en el artículo 5.2.c del reglamento de la Conferencia de Presidentes. Este señala: “Además de las cuestiones acordadas en el seno del Comité preparatorio, se incluirán en todo caso como asuntos en el orden del día aquellos solicitados a instancia de: La mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía”.

Los consejeros anticipan que agotarán “todas las posibilidades” legales para que Torres trague con sus peticiones agarrándose a ese precepto. Y sopesarán durante este fin de semana si formalizar sus exigencias a través de algún escrito, que podrán remitir individualmente o de manera conjunta. También tienen abierta la vía del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, para registrar su propuesta. Los barones quieren además que el formato de la conferencia cambie para que haya turnos de réplica y no solo intervenciones de 10 minutos por presidente autonómico. Un uso que ha sido habitual en anteriores conferencias.

Mientras cierran los flecos del plan conjunto, ya hay una autonomía que amenaza con plantar a Sánchez si no da marcha atrás con los temas a tratar: la Comunidad de Madrid, que suele tomar la delantera en el pulso al presidente del Gobierno. Su dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no se presentó en La Moncloa en otoño pasado para la entrevista cara a cara con el jefe del Ejecutivo, aunque sí viajó a Santander durante la última Conferencia de Presidentes de diciembre. Pero ahora sopesa declinar la invitación de la cumbre prevista en Barcelona si Sánchez “hurta el debate” y busca solo “una foto” para “tapar los casos de corrupción y las vergüenzas” que “están afectando” al PSOE. Así se pronunció el consejero de Presidencia madrileño, Miguel Ángel García, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Pero la dureza de Ayuso no es compartida, de nuevo, por buena parte del resto de barones. En Madrid, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se mostró este viernes partidaria de acudir a Pedralbes pase lo que pase por una cuestión de ”institucionalidad". Eso sí, siguió la línea marcada por Génova al tachar al PSOE de “camorra” y restó credibilidad a la cumbre tal como está diseñada por el Ministerio. “Yo creo que llevamos el mismo camino y esta va a ser una conferencia inútil, en balde. Además, el presidente del Gobierno ya no se molesta ni en tratar de aparentar otra cosa”, dijo Sáenz de Buruaga en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

El frente común lleva fraguándose días, con distintas reuniones de los consejeros de Presidencia coordinadas por Génova. A la última de este viernes para forzar in extremis la agenda se suma otra convocada el miércoles pasado y previa a la cita con Torres. En ella estuvo presente el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo. “El Gobierno tiene que saber que los presidentes autonómicos tienen la posibilidad, la capacidad de introducir temas en el orden del día que el Gobierno tiene que aceptar”, señaló este viernes Bendodo. Y acusó a Sánchez de querer “secuestrar” el organismo de cooperación multilateral.

Una manifestación “sin logos”

Los presidentes autonómicos del PP tienen previsto así viajar así a Barcelona a la llamada del presidente —con la incógnita de Ayuso— dos días antes de hacer lo propio para acudir a Madrid a la manifestación convocada por Feijóo. El líder del Partido Popular ha dado instrucciones de que la concentración del 8 de junio “no tenga logos ni escenografía de partido” —informan fuentes de Génova—, para que “no sea un acto” de la formación, “sino un acto de país al que puedan acercarse personas de diferentes sensibilidades”. Así lo anunció Feijóo este viernes en Valladolid en el primer mitin de la campaña interna para las primarias del congreso del Partido Popular de julio. Vox ya ha rechazado sumarse a la protesta.

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Aunque, en esta ocasión, Pardo de Vera lo hecho como imputada. Y en el mismo día en el que estaba previsto que declarase ante el juez por su presunta participación en la contratación de Jésica R., antigua pareja del socialista José Luis Ábalos, exministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez. La cita en la Audiencia Nacional ha sido aplazada. No así su asistencia a la Cámara alta, donde Pardo de Vera se ha acogido su derecho legal de no responder en sede parlamentaria —por “recomendación” de sus “abogados”—, al constar como investigada en el proceso.

Sin embargo, la expresidenta de Adif ha roto su silencio en varios momentos. Primero, brevemente, con la senadora de UPN María Mar Caballero, quien le ha reprochado la callada por respuesta. Pero sobre todo frente al senador del PP Alejo Miranda, que ha aprovechado sus 50 minutos de intervención para hacer un relato de los hechos dándolos por sentados. En paralelo, la investigación judicial sigue su curso.

La primera pregunta de Miranda ha ido a la yugular y ha golpeado a los socialistas con la actualidad. Pues el parlamentario del PP ha comenzado su turno aludiendo a la militante y ex alto cargo socialista Leire Díaz como supuesta “fontanera” del PSOE, quien, según el PSOE, no actuó en su nombre ni trabaja en la organización.

—¿Guarda usted silencio porque Leire Díaz o los fontaneros del señor [Santos] Cerdán han procurado a usted silenciarla hoy? Contrasta mucho su silencio de hoy con el tono altivo de usted aquí hace un año.

Tras la cuestión inicial, Miranda ha hecho una diatriba de afirmaciones sobre la presunta implicación de Pardo de Vera en la contratación de Jésica R., a la que ha calificado como “concubina” y “chica de catálogo de Ábalos”. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, a cargo del caso Ábalos, subrayó que existían “indicios bastantes” de que la expresidenta de Adif “habría podido tener una relevante participación” en la contratación “irregular y caprichosa” de la mujer en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

Más allá de Jésica R., el senador popular también ha incidido en la supuesta “responsabilidad” de Pardo de Vera en la adjudicación, a la empresa Soluciones de Gestión, de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia. La expresidenta de la empresa pública de infraestructuras no está imputada por este segundo asunto.

Mientras Miranda lanzaba sus incriminaciones, la exdirigente de Adif no ha podido evitar mostrar, con gestos de desaprobación, su desacuerdo. Negaba con la cabeza, hacía aspavientos con las manos o mirada fijamente al parlamentario a modo de sorpresa. Tal ha sido su disconformidad que finalmente ha habido intercambio de palabras entre Miranda y Pardo de Vera. Este es un fragmento del cara a cara.

—¿Se considera una persona de confianza de Ábalos?

—Era la directora general con el Partido Popular y el ministro, en aquel momento Ábalos, no me conocía de nada cuando me nombró [presidenta de Adif].

—Hablemos de su contratación de mascarillas, las que usted adjudicó a la empresa de la trama.

—Usted probablemente no haya visto mi comparecencia en el Tribunal Supremo. El propio magistrado Puente dijo que mi declaración [sobre las mascarillas] en la Audiencia Nacional había sido lo suficientemente prolija (...).

—Opta por callar y tapar.

—Opto por acogerme a un derecho constitucional y le ruego que no tergiverse la realidad.

—¿Calla por miedo?

—Tengo miedo de este mundo, sí, y estoy muy triste, tengo que decirlo. Claro que tengo miedo. No reconozco lo que está pasando en este país.

Tras casi una hora de alegato, Miranda ha concluido.

—Lo de Jésica fue un claro caso de nepotismo. Lo que me queda claro es que usted es una gran colaboracionista. Ahora aparece en otro catálogo, el de los imputados. Y lo le deseo mucha suerte.

Las palabras del senador popular han recibido el reproche de la bancada socialista, para quienes las “conclusiones” de la comisión de investigación del caso Koldo por parte del PP “están escritas”. “¡Visto para sentencia!“, se ha escuchado al final entre los senadores del PSOE. ”Apoyamos las comisiones de investigación, pero no las vendettas", había reivindicado previamente el senador socialista José Francisco Hila.

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El encuentro, celebrado en el Ministerio de Política Territorial en Madrid, supone el primer choque entre el Ejecutivo central y las baronías populares antes del cónclave autonómico. La votación ha quedado 13 a 7 a favor de los populares.

Previo al encuentro, celebrado esta tarde en la sede del ministerio, los territorios del PP habían organizado sus filas ante la Conferencia, que se celebrará en Barcelona, seis meses después de la última, en Santander. Al no haberse alcanzado un acuerdo, por el momento, se mantienen los temas propuestos previamente por el Gobierno, como la vivienda y la formación profesional y universitaria, aunque desde el ministerio temen que el PP recurra a alguna fórmula para persistir en sus peticiones.

“Ya decidieron votar en contra esta mañana. Veníamos para hacer una propuesta constructiva”, ha lamentado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha asegurado que se han incorporado los temas solicitados por el PP salvo el de la “no delegación de competencias en fronteras” y el retirar la proposición de ley de reforma de la Justicia.

El ministro también ha reconocido que las comunidades del PP han pedido cambiar el formato de la Conferencia, pero ha insistido en que una de las peticiones de los populares —los turnos de diez minutos de palabra por presidente— ya existen como uso habitual desde antes de la última conferencia, en Santader, aunque eso no venga recogido formalmente en el reglamento. “Lamento que no haya voluntad de acuerdo. Lo que no incluimos es porque no se puede incluir, ha añadido”.

Antes, el consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz, ha comparecido para criticar la posición del Gobierno. “Una conferencia sin debate, sin que haya propuestas, sin que se pueda replicar. Formato inservible y fraude. El ministro no ha estado dispuesto a la petición de que se cambie el formato. Volvemos al modelo de Cantabria con folio en blanco, parece que es lo que se va a repetir”, ha censurado Sanz. “No se quiere hablar de los problemas reales que han sufrido los españoles. Es una tomadura de pelo, celebrar una conferencia de presidentes en contra de la mayoría de comunidades”, ha añadido.

“Lo que ha llevado a votación es solo la propuesta de temas del Gobierno”, asegura el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, que apela al “reglamento” “indubitable” para aceptar los temas que habían solicitado. “Lo va a tener que meter. No hay opción”, asevera. Según su versión, “el cambio de formato” se ha rechazado de plano.

Por la mañana, a escasos metros del ministerio, en la sede del PP de la calle de Génova, los consejeros de Presidencia de las 11 comunidades y las dos ciudades autónomas presididas por el PP se habían concentrado esta mañana con la secretaria general, Cuca Gamarra, y con el vicesecretario Elías Bendodo para diseñar una acción conjunta. Los consejeros han comido luego en el cuartel general de la formación y después han acudido caminando en grupo hasta el edificio del Ministerio.

“Hemos asistido a un espectáculo lamentable por parte de las comunidades del PP. Hoy Cataluña ha acudido con una actitud constructiva y positiva. Creo que esta estrategia de degradar las instituciones en base a la confrontación a la que nos tiene el PP no ayuda en nada”, ha afirmado Albert Dalmau, consejero de la presidencia de la Generalitat tras la reunión. Pese a todo, Dalmau dice seguir trabajando con la mano tendida: “Nuestra obligación es acercar posiciones”.

Vivienda y formación profesional

El Gobierno anunció que en la Conferencia de Presidentes se abordarán los asuntos de vivienda y la formación profesional y universitaria. Pero los consejeros no se conforman y han insistido este miércoles en incorporar a la agenda temas como la okupación, la financiación autonómica, el control de fronteras y la inmigración. También anunciaron que solicitarían al ministro Torres “cambiar el formato” de la conferencia para que no sea un “monólogo” de Sánchez, para lo que exigen, si es necesario, que la jornada se alargue hasta las 24.00 horas de ese día. “Puede pedir que le abran el espacio aéreo y coger el Falcon para dormir en La Moncloa esa noche”, ironizaron antes de la reunión con el Gobierno.

El reglamento del órgano multilateral establece que los temas a tratar en la conferencia de presidentes los fijará el comité preparatorio “con la conformidad de su presidente —el ministro de Política Territorial— y de 10 comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía”. Pero no configura cómo se desarrollará el formato, más allá de decir que será a puerta cerrada, indica el artículo 6, relativo al “funcionamiento”. “El sistema que fije el orden de intervención de los presidentes autonómicos será acordado por las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía en el seno del Comité preparatorio”, añade el apartado 2 del mismo precepto.

Desde el PP se quejan de que la última Conferencia de Presidentes, celebrada en el pasado mes de diciembre en Santander, se basó en una mera exposición de Sánchez ante la galería para dar la apariencia de “dialogante” con los barones populares. Pero añaden que, en realidad, no hubo lugar para el debate ni para expresar sus preocupaciones reales, prosiguen dichas fuentes. “No estamos aquí para dar palmas”, señalan. La cita llegó después de que el presidente del Gobierno hubiera recibido uno por uno a todos los presidentes autonómicos durante el pasado otoño en el palacio de La Moncloa. Salvo la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se negó a acudir, aunque sí se desplazó a Santander.

A juicio de varias fuentes populares presentes en la Conferencia de Presidentes de Santander, el formato diseñado fue demasiado constreñido y corto. Según rememoran, Sánchez dio la palabra uno por uno a los presidentes autonómicos con un límite de 10 minutos. Consideran los Ejecutivos autonómicos que esa fórmula no permite el intercambio de opiniones y limita el debate. Varios destacan además que al vicepresidente melillense, Miguel Marín —que acudió en nombre del presidente, Juan José Imbroda, que no puedo viajar por motivos personales—, Sánchez le cortó la palabra cuando había sobrepasado en 20 segundos su tiempo. Y subrayan la posibilidad de que se amplíe la duración de la cumbre.

La estrategia de las comunidades del PP arrancó hace días, con reuniones también telemáticas, para fraguar un frente común. Los territorios tenían hasta el viernes para proponer, si así lo estimaban oportuno, añadir al orden del día de la cumbre prevista en el Palau de Pedralbes de Barcelona los temas a debatir. El Gobierno ya había indicado que sobre la mesa estarían los asuntos de vivienda y de educación. Pero el PP ha consensuado otros siete puntos que, junto al cambio de formato, exigen meter en la agenda.

Los siete asuntos

El primero es la “lucha contra la okupación”, según la documentación remitida por los consejeros de Presidencia al Gobierno, un asunto al que la derecha otorga una gran importancia pese a que los datos oficiales desmienten la alarma social. Respecto a la financiación autonómica, el PP quiere introducir en la agenda el debate sobre la reestructuración de la deuda —reiterando su rechazo a la condonación pactada por Hacienda y ERC (extensible a todos los territorios) y el trato singular a Cataluña acordado por el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa—, así como la aprobación por real decreto de las entregas a cuenta.

Otra de las exigencias de los presidentes del Partido Popular es tratar la “indelegable competencia exclusiva” del Estado en control de fronteras e inmigración. Esta petición se introduce después de que en marzo el Gobierno y Junts acordasen la delegación de la gestión de la competencia de inmigración.

El pacto se suma al pendiente traslado de los menores migrantes no acompañados a la Península y al que se opone el PP —cuatro de sus comunidades lo han impugnado en el Constitucional— porque considera que se beneficia a Cataluña. El Gobierno prevé la actuación de la policía y la Fiscalía para obligar a las comunidades a acoger a estos jóvenes, y emprenderá acciones legales contra las comunidades que se nieguen a colaborar en su reubicación. Este miércoles se ha celebrado además, y en paralelo, una Conferencia Sectorial de Infancia sobre el tema.

Al margen de la espina catalana, los presidentes del PP han pedido abordar otras cuestiones como la seguridad en el modelo energético después del apagón del 28 de abril, con el foco puesto en las “inversiones técnicas en las redes de REE [Red Eléctrica Española] y energías de respaldo”, que los populares utilizan como ariete contra La Moncloa. Otro apartado con mucha miga política es “el grave déficit de las infraestructuras críticas” tras los retrasos que sufrió hace unas semanas la red ferroviaria de alta velocidad.

La falta de profesionales sanitarios y la financiación de la educación de cero a tres años son otras de las demandas consensuadas por los barones populares. Murcia marca perfil propio al pedir que se hable de “la cuestión del agua y la necesidad de un Pacto Nacional del Agua”. La Generalitat de Carlos Mazón propone los mismos puntos que las demás comunidades del PP pese al desastre de la dana. Canarias, donde Coalición Canaria cogobierna con los populares, requiere que Gobierno y presidentes autonómicos traten en la Conferencia de Presidentes la “elaboración de un Plan Migratorio Estructural en el Estado” y que se modifique la legislación de régimen local “para posibilitar a las entidades locales adoptar acuerdos que limiten la adquisición o uso de viviendas por personas no residentes”.

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El aspirante era José Luis Bayo. De 45 años, expresidente de Nuevas Generaciones de Valencia y exvicesecretario de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Bayo avanzó hace una semana sus intenciones de postularse al cargo y abrió una web para recabar los avales. Este miércoles, sin embargo, se ha caído de la dupla de candidatos.

Bayo había convocado a mediodía a los medios en la sede de Génova de Madrid para registrar las firmas ante la comisión organizadora del congreso, pero precisamente en la noche del martes —tras afirmar a este periódico que tenía 500 firmas— difundió un comunicado asegurando que la página web lanzada a tal efecto había sido “hackeada”. Aun así, Bayo, que dice tener negocios en Madrid, ha viajado en la mañana de este miércoles de Valencia a la capital para acudir al cuartel popular. Allí ha hablado con el presidente de la comisión, Antonio Serrano, y le ha comunicado el supuesto sabotaje de la página. Serrano, según ha relatado Bayo, ha indicado que al no poder presentar los avales en el soporte adecuado no podían validarse.

Tras el presunto problema, Bayo ha cejado en su empeño de concurrir a las primarias. No sin antes criticar, en la puerta de la sede del PP, que fuera del “aparato” de Génova y con el plazo dado de una semana para concitar los apoyos es “materialmente imposible para recoger los 100 avales”. De esa forma, y a pocas horas de que finalice el plazo, Feijóo se ha erigido como el único candidato para el congreso. “Del 30 de mayo al 15 de junio presentará un proyecto ilusionante que pasa por la necesidad de un rearme moral de un país harto de tanta corrupción y en el que solo prosperan los elegidos por el Gobierno mientras se trabaja en contra de la mayoría”, señalan fuentes de la dirección popular en un comunicado.

En abril de 2022, el expresidente de la Xunta de Galicia también fue el único candidato después que ningún aspirante lograra las firmas mínimas. Sin embargo, el jefe de los populares se sometió igualmente a la votación de la militancia para reforzar su liderazgo tras la abrupta salida de Pablo Casado, que en 2018 había vencido a Soraya Sáenz de Santamaría con el actual sistema de elección. Este jueves la comisión organizadora tendrá que proclamar oficialmente a Feijóo como candidato y se decidirá si se somete en esta ocasión también a la votación de la militancia en una primera vuelta y a la de los compromisarios, en una segunda.

Tras el mitin interno del líder popular en Valladolid este viernes, Feijóo se desplazará el sábado por la mañana a Zaragoza y por la tarde en Castelldefels. El domingo se sumará en Madrid a otro acto de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con motivo de mitad de la legislatura de la baronesa madrileña.

El jefe del PP quiere modificar las primarias para eliminar la doble vuelta y que los compromisarios no puedan corregir el voto de las bases, como pasó en el congreso de 2018 en el que Pablo Casado ganó a Soraya Sáenz de Santamaría. En el entorno directo de la líder madrileña insisten en que se conserve la fórmula de “un militante, un voto”, pero coinciden con el líder popular en el rechazo a las primarias “asamblearias”. En cualquier caso, y como recordó Feijóo durante la reunión de la Junta Directiva que aprobó la convocatoria del congreso, el nuevo sistema operará ya a futuro, cuando la discusión sobre el liderazgo no le ataña.

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La estrategia coordinada de los dirigentes autonómicos del PP —que preside 11 comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla— trata de resucitar el sentimiento de que el procés no ha muerto y de que Pedro Sánchez sigue atado —sostienen— por sus socios independentistas. El plan popular de cara a la conferencia se ve reforzado ahora, consideran en Génova, por el aplazamiento este martes de la votación en la UE de la oficialidad del catalán, euskera y gallego. “Europa ha dicho a Pedro Sánchez que la UE no es moneda de cambio con el independentismo que le llevó a la Moncloa y que le mantiene en el poder”, señalan fuentes del gabinete de Feijóo.

El plazo que las autonomías tenían para presentar propuestas terminó el viernes. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres —que este martes ha retomado la actividad tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un cáncer—, estará este miércoles presente en la reunión del comité preparatorio, tras la cual se cerrará el orden del día definitivo. El reglamento del órgano multilateral establece que los temas a tratar en la conferencia de presidentes los fijará el comité preparatorio “con la conformidad de su presidente —el ministro de Política Territorial— y de diez comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía”.

Las comunidades del PP han hecho un frente común para añadir al orden del día de la cumbre prevista en el Palau de Pedralbes de Barcelona siete puntos. El primero es la “lucha contra la okupación”, según la documentación remitida por los consejeros de Presidencia al Gobierno, un asunto al que la derecha otorga una gran importancia pese a que los datos oficiales desmienten la alarma social. Los juzgados recibieron 2.309 denuncias en 2024 por okupación de vivienda habitual según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Mientras el PP se niega a intervenir el mercado aplicando la ley de vivienda y basa su respuesta a la crisis habitacional a combatir la okupación y una fiscalidad más baja al sector inmobiliario, el PSOE acaba de registrar proposición de ley en el Congreso para subir el IVA de pisos turísticos, encarecer la vivienda vacía y gravar a los extranjeros que compren casa. También quiere ampliar las bonificaciones a los caseros de toda de España en el tramo estatal del IRPF que rebajen sus alquileres conforme al índice de precios oficial sin necesidad de que esas viviendas se encuentren en zonas declaradas como tensionadas. Las medidas anunciadas a pocos días del cónclave marcan el camino sobre el cuál se moverá el Gobierno.

Pero la senda a la que apuntaba el Ejecutivo central se topa este miércoles con la jugada a la contra de los populares, que en la capital catalana azuzarán con cuestiones relacionadas con las cesiones de Sánchez al independentismo. Respecto a la financiación autonómica, el PP quiere introducir en la agenda el debate sobre la reestructuración de la deuda —reiterando su rechazo a la condonación pactada por Hacienda y ERC (extensible a todos los territorios) y el trato singular a Cataluña acordado por el PSC y ERC precisamente para la investidura de Illa—. Así como la aprobación por real decreto de las entregas a cuenta.

Otra de las exigencias de los presidentes del Partido Popular es tratar la “indelegable competencia exclusiva” del Estado en control de fronteras e inmigración. Una petición que se introduce después de que en marzo el Gobierno y Junts acordasen para la delegación de la gestión de la competencia de inmigración.

Un pacto al que se suma el pendiente traslado de los menores migrantes no acompañados a la península y al que se opone el PP —cuatro de sus comunidades lo han impugnado en el Constitucional— porque considera que se beneficia a Cataluña. El Gobierno prevé la actuación de la policía y la fiscalía para obligar a las comunidades a acoger a estos jóvenes, y emprenderá acciones legales contra las comunidades que se nieguen a colaborar en su reubicación.

Al margen de la espina catalana, los presidentes del PP han pedido abordar otras cuestiones peliagudas como la seguridad en el modelo energético después del apagón del 28 de abril, con el foco puesto en las “inversiones técnicas en las redes de REE [Red Eléctrica Española] y energías de respaldo”, que los populares utilizan como ariete contra La Moncloa. Otro apartado con mucha miga política es “el grave déficit de las infraestructuras críticas” tras los retrasos que sufrió hace unas semanas la red ferroviaria de alta velocidad.

La falta de profesionales sanitarios y la financiación de la educación de cero a tres años son otras de las demandas consensuadas por los barones populares. Murcia marca perfil propio al pedir que se hable de “la cuestión del agua y la necesidad de un Pacto Nacional del Agua”. La Generalitat de Carlos Mazón propone los mismos puntos que las demás comunidades del PP pese al desastre de la dana. Canarias, donde Coalición Canaria cogobierna con los populares, requiere que Gobierno y presidentes autonómicos traten en la Conferencia de Presidentes la “elaboración de un Plan Migratorio Estructural en el Estado” y que se modifique la legislación de régimen local “para posibilitar a las entidades locales adoptar acuerdos que limiten la adquisición o uso de viviendas por personas no residentes”.

Comunidades socialistas

Frente a la estrategia seguida por el PP, las comunidades del PSOE plantean distintos temas acordes a sus intereses. Así, Cataluña refuerza que se debate sobre políticas de vivienda además de la modernización y transformación de los servicios públicos, “abarcando ámbitos como la digitalización, la agilización y simplificación de los procesos administrativos”. Asturias tiene interés en las escuelas de cero a tres años como las comunidades del PP, pero también quiere hablar de la inversión en defensa y seguridad y de la “respuesta coordinada” a la crisis arancelaria provocada por la guerra comercial de Donald Trump. Castilla-La Mancha está conforme con la iniciativa del Gobierno de centrarse en vivienda y formación profesional, pero pide que se amplíe a la financiación autonómica. “Ya que estamos en Barcelona, sería oportuno”, recalcó este martes su presidente, Emiliano García-Page. Navarra no ha hecho propuestas adicionales. Euskadi, con un gobierno de coalición del PNV y el PSE, reclama tiempo para la transición energética y descarbonización de la industria.

La última conferencia de presidentes se celebró de forma presencial el 13 de diciembre en Santander. La anterior tuvo lugar en marzo de 2022 en la isla canaria de La Palma. Los asistentes aprobaron en ella la modificación del reglamento para que hubiera dos reuniones anuales. El Gobierno justificó el incumplimiento del reglamento hasta la cita en Cantabria por un calendario que no dio tregua con elecciones autonómicas y municipales en mayo de 2023, generales en julio de ese año y un primer semestre de 2024 con comicios en Galicia, País Vasco, Cataluña y elecciones al Parlamento Europeo.

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La investigación recoge 51 intervenciones online indebidas de él y 23, de ella, de marzo a octubre de 2024, a “cargos, funcionarios y trabajadores de la secretaría general del Senado, así como a los documentos contenidos en los mismos”. Pero el texto también reitera que, en todo caso, las “abundantes descargas de documentos, incluyendo algunos de carácter personal” tenían como único fin recabar datos sobre el puesto de jefe de departamento, para el que tanto ellos como otros dos trabajadores habían presentado su solicitud. El relato de los hechos es el siguiente.

Puesto de jefe de departamento. La Cámara alta había abierto una convocatoria para optar al puesto de jefe de proyecto en el área de Desarrollo de la Dirección de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la secretaría general del Senado. A ese cargo se presentaron como aspirantes tanto el matrimonio despedido como otros dos trabajadores. Estos últimos, sin embargo, con menos “posibilidades” de lograr la plaza —calificada desde un inicio como “convulsa”— al contar con menor antigüedad y experiencia que el marido, según detalla el texto.

Accesos indebidos a portafirmas. En octubre, el instructor del expediente advierte que, desde marzo de 2024, los inculpados habían accedido a “portafirmas de determinados cargos, funcionarios y trabajadores de la secretaría general del Senado, así como a los documentos contenidos en los mismos”. El portafirmas es una aplicación del Senado para firmar documentos de forma electrónica. Eso sí, la investigación reconoce que se alberga “mucha información relevante” en dicha “herramienta”. Y señala que los dos informáticos habían consultado “documentación confidencial relativa a distintos ámbitos y personas concretas” a través de esos portafirmas “frecuentemente”.

Entre esos accesos, el expediente constata 51 intromisiones de él y 23, de ella, de marzo a octubre de 2024. Pero “los accesos indebidos guardan relación con la resolución de dicho concurso”, incide el expediente, en alusión al proceso de selección a jefe de proyecto. “Las actividades del Senado no se han visto perjudicadas en ningún extremo”, concluye.

Qué buscaban si él era el favorito. Lo incongruente del caso es que el marido, con más de 20 años de experiencia, estaba por encima objetivamente de los otros aspirantes. ¿Para qué buscar más datos y correr el riesgo? La tesis del instructor es que los dos habían concurrido a la plaza bajo la siguiente treta: lo que él pretendía supuestamente era apartarse del proceso de selección para que ella fuese la escogida en caso de encontrarse esta por encima de los otros dos. Es decir, en segunda posición, por detrás de su marido. Pues él tenía mayor cualificación y ostentaba ya otro cargo con funciones “directivas”. Así acaparaban dos altos puestos. En caso contrario, si ella estaba por debajo de los otros aspirantes, él se habría mantenido en su solicitud para ser el adjudicatario y de esa forma el ascenso al menos quedara en la familia.

La hipótesis, elevada a la letrada mayor de la Cámara alta, se basa en que entre los ficheros descargados hay fundamentalmente documentos que se refieren a los “méritos y puntuación” de los cuatro aspirantes. Por lo que, además, también habrían utilizado la información recabada para que ella tratase de conseguir más puntos y superar así a los otros dos mientras duraba el proceso de selección si se encontraba por debajo de los contrincantes. Unos datos que, destaca el expediente, no están al alcance los aspirantes en los procesos de selección corrientes.

Un proceso largo. Tras apercibir las intromisiones y ponerlas de manifiesto en octubre pasado, la Cámara alta abrió el proceso sancionador. Ha sido un proceso largo, en el que los dos trabajadores, que tomaron entonces una baja médica, presentaron alegaciones negando los hechos, denunciando falta de imparcialidad por el instructor y culpando a sus compañeros de otros accesos indebidos. En esas respuestas, ambos presentaron un listado detallado de nombres a cuyos portafirmas se había accedido desde otras dos direcciones IP distintas a las suyas, aportando pruebas, como coartada para justificar sus propias intromisiones. Esto es, afirmando que cualquiera en su puesto podía entrar sin mayor problema ni fraude.

Entre los nombres afectados —74, desde una dirección de IP, y 15, desde otra—, se encuentran la letrada mayor, el presidente del Senado, dos vicepresidentes, dos secretarios, varios senadores y varios trabajadores de la Cámara alta. En buena parte de los casos, también hay descarga de documentos y no un mero acceso a portafirmas. El Senado, por contra, afirmó la semana pasada en una segunda versión oficial —y contradiciendo un primer comunicado—, que los senadores no se habían visto afectados por las intromisiones. En cualquier caso, esos accesos no tendrían por qué haber sido indebidos, sino por el mero ejercicio normal de su trabajo de asistencia informática. Y así lo ha constatado el Senado, esta semana, con otra auditoría interna a tal efecto, certificando que no fueron ilícitos.

Pese a las alegaciones defendidas por los sancionados, el proceso siguió su curso. El instructor persistió en sus acusaciones y además constató nuevos intentos de accesos indebidos posteriores a octubre. La “premeditación, reiteración y reincidencia” provocó que la decisión tomada en un primer momento de suspensión de empleo pasara directamente al despido de ambos. La letrada mayor apoyó la resolución en base a las pruebas aportadas por el instructor y destacó la “naturaleza vicarial de la Administración” del Senado “—también de la parlamentaria— al servicio del interés general, que siempre ha de estar por encima de los intereses particulares de sus empleados”. Por lo que de los actos constatados se “deriva un perjuicio para la propia institución parlamentaria, así como un daño al interés general”.

Perdón y despido confirmado por la Mesa. Finalmente, y tras el intento de exculparse a sí mismos, el 30 de abril el matrimonio remitió una carta al Senado en el que reconocen los hechos de haber accedido indebidamente, piden perdón y niegan que hubiera pruebas contra sus compañeros. “Asumimos nuestra responsabilidad por lo sucedido y expresamos nuestro más sincero arrepentimiento”, indican en la misiva. “En ningún momento existió voluntad de causar perjuicio al buen nombre, funcionamiento o integridad del Senado. Desde el inicio del expediente, nos encontramos en una situación de incapacidad temporal motivada por circunstancias que exceden el ámbito de nuestra vulnerabilidad emocional. En el desarrollo de nuestra defensa, reconocemos que no hemos prestado al instructor del expediente la colaboración deseable, condicionados tanto por el temor propio de la situación como por el asesoramiento recibido de nuestra defensa letrada”, añaden. Y piden mantenerse en su puesto.

Pese a la carta, la letrada mayor mantuvo la propuesta de resolución de despido. La Mesa del Senado es quien tiene la última palabra y el pasado día 21, en una reunión extraordinaria, decidió por unanimidad despedir a los dos trabajadores —con cuatro votos a favor del PP y tres del PSOE—.

Consecuencias técnicas y bronca política. El problema interno, al que el despido y la segunda investigación paralela han dado carpetazo, tiene no obstante consecuencias técnicas y reputacionales para el Senado. Pues el expediente reconoce que los cuatro informáticos podían acceder a los portafirmas de sus señorías, aunque para un fin distinto, relacionado con su cometido laboral y no se apercibió con celeridad que ese uso estaba se estaba utilizando perniciosamente . Además subraya el “perjuicio para la propia institución parlamentaria”.

El conflicto laboral ha derivado además en una bronca política entre PP y PSOE: los populares, con mayoría absoluta en el Senado, acusan a los socialistas de alimentar “bulos” sobre espionaje político. Y los segundos cargan contra los primeros por “minimizar” las repercusiones del entuerto y piden una auditoría externa para “reforzar” los sistemas. La Mesa también acordó derivar el asunto a la Fiscalía para su examen.

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El Partido Popular otorga total credibilidad a los hechos relatados y arremete con fiereza. “Es de tal gravedad que son comportamientos más propios de una organización de carácter mafioso que de un partido político”, ha aseverado Sémper, acusando al presidente del Gobierno como responsable último de las supuestas coerciones al instituto armado y tacha al PSOE de Pedro Sánchez de “aparato de presión institucional dispuesto a reventar el Estado de derecho”.

Pero el Partido Socialista, por su parte, ha negado la vinculación establecida entre Díez y Ferraz. “Ninguna de las personas que aparecen en esa grabación está en nómina en el PSOE, y decir lo contrario solo busca un salto más en esta ofensiva diaria contra los socialistas”, aseguran fuentes de la formación en un comunicado difundido a primera hora, y en el que desmienten “categóricamente” la información. “El PSOE se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que crea oportunas, ante una publicación que considera difamatoria y claramente destinada a realizar un daño reputacional al partido”, añaden.

Los populares, sin embargo, dan por ciertos los hechos. “Solo quien teme lo que la Guardia Civil pudiera haber descubierto, investiga a la Guardia Civil”, ha agregado el portavoz del PP en alusión a investigaciones como el caso Koldo y a la presunta implicación del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. El dirigente socialista compareció la semana pasada brevemente ante los medios de comunicación para defender su inocencia frente un supuesto informe de la UCO que le vincularía con el amaño de contratos de obra pública, relacionado con la trama.

El PP solicitará la comparecencia de Díez a la comisión de investigación sobre el caso Koldo impulsada con su mayoría absoluta en el Senado. “Nadie en el PSOE ordena investigaciones ni hace dosieres sin que lo sepa su secretario de Organización”, ha sostenido Sémper, calificando a Díez como “persona de máxima confianza” de Cerdán.

En otra rueda de prensa paralela, celebrada tras la reunión de la comisión Ejecutiva Federal del PSOE, la portavoz socialista, Ester Peña, ha trasladado el “total respeto” de su formación “al trabajo de la UCO”. Pero ha reiterado su rechazo a la información de El Confidencial, insistiendo en que “ninguna de las personas que aparecen en la grabación está en nómina del Partido Socialista ni lo ha estado nunca”.

“Lo que nos está sucediendo en las últimas semanas es que no se habla de los informes de la UCO, sino que se habla de algo que alguien dice que aparece en un documento relacionado con la UCO y de aquello nunca se supo”, ha señalado Peña. “El daño reputacional a personas honestas se hace día a día, el daño que se intenta hacer a la organización política se hace día a día, pero realmente no existe nada que de verdad acredite todas esas difamaciones y todos esos datos. Por lo tanto, nosotros seguimos respetando a la UCO y a todos los órganos que de verdad se dedican a estudiar cuestiones reguladas en nuestro país con tantos casos que hay abiertos también del PP”, ha agregado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha pronunciado para manifestar su confianza en los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y sobre María Leire Díez Castro, ha añadido: “Yo me remito al comunicado del PSOE”. “No demos por probado lo que tú has dado por probado”, ha respondido a una pregunta de la prensa sobre la información publicada este lunes.

Las asociaciones profesionales de guardias civiles han publicado este lunes notas de prensa en apoyo al trabajo de la UCO y al teniente coronel Antonio Balas. Jucil, que cuenta con más de 15.000 miembros, ha manifestado “su profunda preocupación ante la purga sistemática que el Gobierno del PSOE ha llevado a cabo en los altos mandos de la institución desde su llegada al poder en 2018″, a pesar de que “la UCO ha sido históricamente el cuerpo policial que ha demostrado mayor independencia y valentía en la lucha contra la corrupción y la mala praxis”. Del mismo modo, AUGC ha afirmado que, en un Estado de Derecho, “resulta inaceptable cualquier intromisión real o presunta que pueda interpretarse como un intento de condicionar o limitar la actuación de los cuerpos policiales en su labor investigadora”.

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC), con menor representación, ha destacado que, “revelaciones como las conocidas en las últimas horas, no solo comprometen” la independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “sino que generan desconfianza ciudadana hacia instituciones fundamentales”. Aprogc ha sido otra asociación que también ha publicado un comunicado para apoyar “sin fisuras” a la UCO.

Un empresario acusado

Los audios publicados recogen el contenido parcial de una reunión celebrada por videoconferencia, donde participaron, entre otros, María Leire Díez Castro y el empresario Alejandro Hamlyn. Este último nombre resulta clave. La tesis de El Confidencial es que Díez Castro quería que Hamlyn le facilitara información comprometedora de un mando de la UCO. En esa línea, este mismo lunes, el empresario ha concedido una entrevista a la web Estrella Digital donde añade: “Me ofrecieron impunidad si acusaba a la Guardia Civil y al fiscal Anticorrupción”.

Todo ello se pone sobre la mesa este lunes, en un momento fundamental para Hamlyn. El empresario debía acudir esta mañana a la Audiencia Nacional para ser juzgado por liderar una “organización criminal” dedicada al fraude de hidrocarburos, por la que la Fiscalía reclama que se le impongan más de 89 años de cárcel. Sin embargo, el empresario no se ha presentado a la cita y su abogado, José Antonio Choclán, ha alegado que se encuentra retenido en Dubái por las autoridades, debido al impago de una deuda.

Choclán, que también ejerce la defensa del comisionista Víctor de Aldama en el llamado caso Koldo, ha insistido en que Hamlyn quería acudir a la vista. Sin embargo, la Fiscalía no le cree y desliza que pretende obstaculizar la actuación de la justicia. “¿El señor Hamlyn no ha venido porque no quiere o porque no puede? Esa deuda, al cambio, es de 3.000 euros. Y esa prohibición de salida se levanta en el mismo momento en que se pague. Ha podido pagar los 3.000 euros [durante un mes] y venir, y no lo ha hecho”, ha recalcado la representante del ministerio público, que ha pedido al tribunal que dicte una orden de busca, captura e ingreso en prisión de Hamlyn. La Abogacía del Estado ha apoyado esa iniciativa.

De momento, ante la incomparecencia del empresario, los magistrados han decidido aplazar el inicio del juicio hasta el próximo 30 de junio. El tribunal ha pedido a Choclán que su cliente facilite una dirección para notificarle personalmente la fecha y ha abierto la puerta a que, en el caso de que no se presente ese día, se dicte una orden de detención contra él.

En esta causa, la Fiscalía pide que se imponga más de 89 años de prisión a Hamlyn por encabezar una trama alrededor de la petrolera Hafesa Energía, acusada de perpetrar un fraude de más de 154 millones de euros entre 2016 y 2019, por no pagar el IVA derivado de la comercialización y venta de combustibles. “Soy un empresario independiente que ha levantado su grupo desde cero. Han intentado utilizarme como arma política. Cuando me negué a colaborar en su montaje contra la Guardia Civil, reactivaron el proceso penal contra mí”, se defiende el empresario en esa entrevista de Estrella Digital.

En el banquillo de los acusados se sienta otra veintena de personas. Entre ellas, José Norberto Uzal, al que se señala como número dos de Hamlyn en la trama. Antes de ocupar el puesto de consejero delegado de Hafesa, José Norberto Uzal fue director general de Administración Local de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia que encabezó Alberto Núñez Feijóo, actual presidente del PP. Ocupó ese puesto entre 2009 y 2013. La Fiscalía también pide más de 89 años de prisión para él.

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Según adelantó el pasado sábado el diario Abc, el PP ha convencido al ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, para que se oponga a la aceptación de las lenguas cooficiales españolas, pero este habría puesto como condición no quedarse solo en este rechazo, por lo que el PP estaría intentando que más países europeos se sumen al frente del no.

El secretario general del PP de Cataluña, Santi Rodríguez, ha justificado las gestiones de su partido con los socios europeos acusando al Partido Socialista de estar “instrumentalizando la lengua por intereses políticos”. Tras reprochar a los socialistas que llevaran el debate a Europa para “garantizarse los siete votos de Puigdemont y mantenerse en el Palacio de la Moncloa”, ha asegurado que esta medida no beneficiará el uso social del catalán. Según Rodríguez, si “el Gobierno negocia con otros países para que respalden la oficialidad del catalán”, los populares tienen derecho a hacer lo mismo para reclamar lo contrario, informa Màrius Lamor. “Si está habiendo llamadas [del PP para que países de la UE voten en contra de la oficialidad del catalán] es porque debe haber también llamadas en sentido contrario. [...] El que actúa por un determinado interés político tiene que asumir que otros puedan hacer exactamente lo mismo que hacen ellos”, ha argumentado.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, no ha querido aclarar la posición de su partido ni tampoco confirmar sus gestiones con otros partidos europeos. “A Pedro Sánchez no le interesa el catalán, lo que le interesa es sobrevivir él e intentar contentar al independentismo”, ha subrayado. “Mañana ya veremos y esta es nuestra posición. Lo que estamos viendo al final es todo deslavazado, es un intento absurdo y de la peor manera posible de presionar a países socios”, ha añadido Sémper, pasando de puntillas sobre la cuestión.

Fuentes de Génova aseguran desconocer las gestiones que ha reconocido su responsable en Cataluña. “Nuestra política internacional es mucho más seria y rigurosa que la de Pedro Sánchez. Lo que queremos es que se respete la legalidad en la Unión Europea y que no presione a nuestros socios europeos con fines partidistas para contentar a los socios parlamentarios del presidente. El mayor ataque que se le está haciendo al catalán es el de Pedro Sánchez”, ha sentenciado Sémper.

Rueda no lo ve prioritario

El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, ha confirmado que la oficialidad del catalán, gallego y euskera se mantiene “para adopción” en la reunión que mantendrán este martes los ministros de Exteriores europeos, a la que él no asistirá personalmente, ya que lo hará el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro. Será el último quien, en palabras del ministro, defenderá “una propuesta sólida, muy trabajada y mejorada”, que tendrá en cuenta las reservas expresadas por varios países con los que se negocia hasta última hora. Según fuentes gubernamentales, se ha buscado una fórmula de implantación gradual y parcial de las tres lenguas, que se iniciará en 2027 con la traducción de los reglamentos europeos e incluirá el compromiso de que el Estado español sufrague el coste de estas medidas y no sirvan como precedente para lenguas minoritarias habladas en otros países de la UE.

Albares se ha mostrado convencido que todos los partidos españoles están hablando con sus fuerzas hermanas en Europa para conseguir el reconocimiento de unas lenguas que hablan 20 millones de españoles y forman parte “de la identidad nacional española, que es plurilingüe”. “No me cabe en la cabeza que pueda ser de otra manera”, ha añadido irónicamente.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, quien ha comparecido con Albares tras reunirse ambos en Madrid, ha reconocido que habían abordado esa cuestión “largo y tendido” y que su homólogo español le había explicado sus argumentos, pero no ha querido adelantar cuál será mañana su posición, alegando que debe debatirla con el Gobierno de su país y esperar a conocer la propuesta que acabe presentando la presidencia de turno de la UE, que este semestre ostenta Polonia.

La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha elogiado el trabajo hecho por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el ministro José Manuel Albares a la cabeza, de cara a lograr el reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE, informa Camilo S. Baquero. “Lo que haremos es esperar, con prudencia, la resolución de mañana en el Consejo de Asuntos Generales de la UE. Y en función de esto, todo el mundo deberá explicar lo que ha hecho y lo que no ha hecho”, ha apostillado durante la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del partido, evitando así cargar directamente contra el lobby contrario a la medida que está haciendo el PP.

Por su parte, la número dos de Esquerra Republicana, Elisenda Alamany, ha insistido en que si se decide llevar a votación la medida ante el Consejo sea “para ganarla”. “El PSOE tiene una labor que debe cumplir y, sobre todo, el PP debe dejar de boicotear y animar a sus colegas de países europeos para que limiten la presencia de una lengua que que queremos que sea expresada con toda la normalidad en las instituciones europeas”, ha dicho en una atención a medios en Barcelona.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha declarado que, aunque la Xunta aboga por darle cuanta “más difusión” posible al idioma gallego, su uso en la Unión Europea no es una “prioridad” si la decisión supone un coste de más de 40 millones de euros, informa Efe.

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Las palabras de Feijóo llegan apenas unos días después de que este periódico adelantase que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende regularizar de manera extraordinaria a cientos de miles de inmigrantes que se encuentren en España desde antes del pasado 31 de diciembre. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ya confirmó el martes pasado que su partido rechaza ahora la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que impulsó dicha medida, a pesar de que en abril del año pasado los populares votaron a favor de iniciar su trámite parlamentario. De todo el arco parlamentario, solo Vox se mostró en contra.

“Necesitamos mano de obra, sí, eso no significa que puedan entrar centenares de miles de personas irregularmente en nuestro país”, ha subrayado este lunes Feijóo, que sí se ha posicionado a favor a que “cuando una persona tiene una oferta de trabajo y hay una empresa que está dispuesta a contratar a esa persona, esa persona cumpliendo las leyes españolas y sometiéndose a nuestro ordenamiento jurídico” opte a dicho puesto. Aunque sin especificar si se refiere a la modalidad de contratos de trabajo firmados en los países de origen, una apuesta que también ha hecho el Ejecutivo de Sánchez. Sí ha sido tajante el líder del PP a la hora de afirmar que su partido tratará de retornar a quienes, ya residiendo en España, “no tienen contrato de trabajo, si no tienen ningún tipo de antecedente penal y si cumplen los requisitos y valores que se exigen a cualquier español”. Y ha reiterado que La Moncloa fomenta el “efecto llamada” más que ningún otro Estado de la UE.

No es la primera vez que Feijóo desliza una propuesta en esa dirección. Durante la campaña de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, el líder del PP proclamó como parte de su programa que “las personas que quieran formar parte de la Unión Europea han de adquirir un compromiso: de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa”. El jefe de la oposición planteó esta sugerencia dos meses después de que, tras años de negociaciones, el Parlamento Europeo aprobase el texto en el que se fijaban ya las reglas de la política migratoria y de asilo de la UE.

El endurecimiento de las medidas del PP sobre inmigración, que hasta ahora habían sido meras propuestas lanzadas en campaña, actos de partido o debates parlamentarios, se plasmará así definitivamente negro sobre blanco en la ponencia política del próximo congreso. Un documento que marcará el devenir de los populares. Génova tiene ya dibujado el borrador del texto, cuyo contenido final estará listo en torno a mediados de junio. Los escritos han sido puestos en manos del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; del dirigente de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco; de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y de la eurodiputada y afín a Isabel Díaz Ayuso, Alma Ezcurra, como responsables de su diseño último.

Pacto con Vox

La restricción de las medidas en materia de inmigración por parte del Partido Popular se produce además en medio de la pugna con Vox, que desde un inicio ha buscado acaparar la bandera de la antiinmigración desde posiciones ultras. La formación de Santiago Abascal abandonó abruptamente en julio pasado los cinco gobiernos autonómicos que compartían después de que el PP aceptara el reparto no obligatorio de menores migrantes por la Península. No así el obligatorio a través de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería promovido por el Ejecutivo. Este lunes, Feijóo no ha querido comprometerse a que no pactará con Vox el Gobierno de la nación en caso de que los números sumen tras las elecciones generales, que en principio no se prevén hasta 2027.

“Pretendo gobernar en solitario”, ha alegado al ser preguntado en varias ocasiones sobre la eventual encrucijada. “Vamos por un buen sendero, pero quiero 10 millones de votos, el objetivo es conseguir 10 millones de votos”, ha dicho. Una cifra a la que ya apuntó este sábado, durante la romería de O Pino (A Coruña). En las elecciones del 23 de julio de 2024 se quedó en ocho millones.

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Las palabras de Feijóo desde O Pino, tratando de mezclar ilusión y ataques al Gobierno, llegan como colofón a una semana en la que se ha convocado formalmente el congreso de julio. Un trámite tras el que ha tenido que escuchar al ala dura pidiendo que “dé la batalla cultural” y al expresidente José María Aznar puntualizando que para ganar elecciones hay que hacerlo desde “el entusiasmo de los propios” y no solo desde “el rechazo al adversario”. El líder del PP se ufana en responder a las demandas con mensajes de esperanza mientras Génova ya tiene dibujadas las líneas maestras de la ponencia política que saldrán del cónclave.

“Me comprometo a que este país sabrá con claridad lo que puede esperar de nosotros, me comprometo a escuchar a todos y después a decidir en conciencia”, ha anticipado este sábado ante unos 4.000 asistentes al acto de O Pino, según datos de la formación. Entre gritos de “¡oa, oa, Feijóo a La Moncloa!“, y tras recibir 2.000 avales gallegos para su candidatura de manos del presidente de la Xunta y su sucesor, Alfonso Rueda, el líder del PP se ha desgañitado para apuntalar la trascendencia del cónclave. Y se ha enchufado ya el modo campaña con un discurso con tono de mitin, como así diseña Génova el cónclave: en clave electoral, aun sin elecciones generales en el horizonte.

“No va a ser un congreso de trámite, vamos a ir con ideas, proyecto y un verdadero propósito. Es un punto de inflexión, mostrar a España que ¡el cambio sí merece la pena, que la honestidad sí merece la pena, que la dignidad sí merece la pena!”, ha señalado como recado hacia quienes afirman que el congreso está dirigido y que solo supone un escaparate de cara a la galería. Para dar el golpe en la mesa, el jefe de los populares ha aprovechado “la casualidad” de estar en Galicia y jugar en casa, donde se siente cómodo, logró cuatro mayorías absolutas y alejado de las presiones de Madrid. “Me comprometo a que reconoceréis al Feijóo de las grandes victorias. Galicia es el corazón del Partido Popular. Y este corazón late con fuerza hoy”, ha proclamado.

A las coerciones desde dentro de su propio partido se suman además los dardos de Vox, que tras la convocatoria del congreso tratan de hurgar entre las eventuales disensiones de los populares y han lanzado que el cónclave se va “quedar en nada”. “No vamos a gobernar porque ahora le toque al PP, vamos a abrir un nuevo tiempo en España, entre todos vamos a derribar democráticamente ese muro”, ha subrayado Feijóo.

Además hubo tiempo para cargar contra el Gobierno, con el foco puesto puesto en los supuestos casos de corrupción, más aún después de que la jueza haya sentado en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez. “¡No nos conformamos! ¡Por más que lo intenten no nos resignamos! Millones de españoles están esperando por un proyecto que en el que confiar, un rearme moral del país, el que meta dinero en la caja se tiene que ir a la calle. Cuando una nación va por un lado y el gobierno por otro, se produce una pérdida de dinero, de confianza y de tiempo", ha espetado desde el municipio coruñés.

La “casualidad” ha querido también que Feijóo vuelva a O Pino después de que el año pasado pisara la romería junto a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, durante la campaña de las elecciones europeas en las que también venció al PSOE aunque sin conseguir un desplome de los socialistas pese a la amnistía, que acababa de tramitarse. El líder del PP trató de seducir a la dirigente europea, en plena ofensiva por la medida de gracia a los encausados por el procés, pero no consiguió que Von der Leyen la mencionase en ningún momento pese al pulpo y a la empanada que suceden al discurso político. La amnistía tampoco ha estado este sábado presente en el discurso de Feijóo, sí las palabras “ilusión”, en reiteradas ocasiones, y corrupción.

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La exresponsable de la empresa pública de infraestructuras ferroviarias está imputada por dos delitos de malversación y tráfico de influencias. El Partido Popular ya había anunciado el pasado mes de abril que Pardo de Vera —que hace un año ya compareció ante la comisión del caso Koldo impulsada por el PP en el Senado con su mayoría absoluta—, tendría que volver a la Cámara alta. La decisión se tomó después de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, a cargo del caso Ábalos, subrayase que existían “indicios bastantes” de que la expresidenta de Adif “habría podido tener una relevante participación” en la contratación “irregular y caprichosa” de Jésica R. en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Entonces, el alto tribunal envío sus conclusiones a la Audiencia Nacional para que esta decidiera si imputaba a Pardo de Vera.

La novedad es la hora de la segunda comparecencia de Pardo de Vera en el Senado. Según la agenda de la Cámara alta, la exresponsable de la empresa pública de infraestructuras ferroviarias tenía previsto comparecer a las 10.30 del próximo jueves. Pero ese día ha sido requerida por la Audiencia Nacional. El Partido Popular mantiene la fecha pero cambia el horario y va a hacerle pasar el trago de tener que responder a los senadores por la tarde cuando por la mañana ya tendrá que hacerlo ante la Audiencia Nacional. La expresidenta de Adif puede no contestar a las preguntas, como así ocurrió recientemente con Patricia Úriz, expareja de Koldo García. Pero el silencio no es óbice para que los parlamentarios de PP, Vox o la senadora de UPN descarguen su furia pregunta tras pregunta.

“La hemos vuelto a citar para que aclare las dudas, que son bastantes, acerca de la contratación irregular de Jéssica Rodríguez y la falta de control sobre sus horas de trabajo”, señala la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en un comunicado. “Pardo de Vera tiene que seguir dando explicaciones y ahora, además de hacerlo por segunda vez ante el Parlamento, también se lo requiere un juez. Pardo de Vera estaba bajo sospecha por las contrataciones en obra pública. Ahora le sumamos su responsabilidad en el fraude en la contratación y falta de control” en la contratación de Jésica R., añade García

Antes que Pardo de Vera, en la comisión también comparecerán el lunes la exgerente de Desarrollo Rural y Política Forestal de Tragsatec María Caridad Martín y el martes, el controller Financiero y de Personal de Tragsatec, que supervisaba los fichajes horarios de Jésica R., Sergio Bote. Quien sigue sin ser llamado a comparecer en la comisión es el presidente Pedro Sánchez, pese a que el Partido Popular lo incluyó en la lista hace un año. Mientras que otros dirigentes socialistas, como los ministros Ángel Víctor Torres u Óscar Puente lo han hecho en varias ocasiones.

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De un lado del ring, el PP acusa a los socialistas de esparcir bulos y de hacer un uso político del asunto. Del otro, el PSOE censura la falta de diligencia de la presidencia de la Cámara alta y sostiene que los populares quieren minimizar la gravedad de las consecuencias del caso. “Esta sí que es la factoría del bulo y de la desinformación, la que ha puesto en marcha el PSOE en relación con el caso del despido de dos trabajadores”, lanzó la portavoz del Partido Popular en la Cámara alta, Alicia García, este viernes, al tiempo que achacó a su adversario el estar “desnortado y desesperado”. “Si este incidente se hubiera producido en el Congreso, ya tendríamos la petición de dimisión de la presidenta encima de la mesa por parte del PP o hablarían de chapuza”, contestó su homólogo socialista, Juan Espadas, que aseguró que los populares actúan “de forma tóxica en sus intervenciones”.

En las reuniones extraordinarias de la Mesa y de la Junta de Portavoces estuvieron presentes tanto el instructor del expediente sancionador de los trabajadores como el director de TICS del Senado para informar del caso, según especificaron los servicios del Cámara alta en un comunicado. “Ni infiltración masiva de datos, ni hackeo, ni espionaje, ni acceso a datos o comunicaciones de los senadores”, dijeron en la cita a puerta cerrada. “No ha habido acceso ni a ordenadores ni a equipos ni tampoco se han usado claves de senador alguno”, añadieron. “Era obligación del Senado actuar pronto y con diligencia, pero también lo es, hacerlo con responsabilidad y verdad”, sentenció el presidente de la Cámara alta, el popular Pedro Rollán.

Pero las quejas de los socialistas siguen con el foco puesto en el supuesto oscurantismo con el que el Senado ha tratado el asunto, denunciado internamente en octubre del año pasado y conocido ahora. También por la publicación del contenido de la carta de despido uno de los trabajadores. Como adelantó este periódico, dicha carta indica que “se constatan como hechos probados los siguientes: Accesos indebidos (...) de J. A. R., desde la dirección IP de su ordenador y a través de los usuarios admindeleg y adminpf —de que disponía por razón de su puesto de trabajo— a los portafirmas de determinados trabajadores, funcionarios y cargos de la Secretaría General del Senado —entre ellos, miembros de la Mesa, diversos senadores y la Letrada Mayor—; accesos que se produjeron desde el mes de marzo de 2024 y a través de los cuales se realizaron numerosas descargas de documentos, incluyendo algunos de carácter personal". El portafirmas es una aplicación para firmar documentos de forma electrónica.

La Fiscalía habrá de pronunciarse

Con esas quejas sobre la mesa, el PSOE exige un análisis independiente. De momento, los hechos han sido trasladados a la Fiscalía, como así acordó la Mesa por unanimidad en otra reunión extraordinaria celebrada el miércoles tras el pleno. Y en la que el caso vio la luz. Durante esa jornada se vivía la resaca de otro episodio que puso a socialistas y a populares con las armas arriba. Fue durante la sesión de control del martes, cuando el senador del PP Francisco Bernabé entregó una bolsa de arena supuestamente tóxica para protestar por los residuos de la bahía de Portmán en La Unión (Murcia) a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, acercándose hasta en su escaño. Un gesto que fue denunciado por los socialistas en la comisaría de la Cámara alta.

Algunos miembros del grupo popular muestran en privado su rechazo ante el episodio. Bernabé ideó la escena por sí mismo, aunque recibió el visto bueno de los responsables del grupo, según fuentes del PP. De hecho, su portavoz, quitó hierro al acto este viernes, aprovechando la rueda de prensa convocada por el despido de los informáticos. “Por una bolsita de arena de Portmán cerrada perfectamente interponen una denuncia en comisaría, pero que los murcianos tengan 60 millones de toneladas de residuos mineros en las arenas de Portmán parece que les importa un pimiento”, dijo García. “Es inaceptable que justifique la actitud y las acciones de su senador Bernabé en el pleno dejando una bolsa de residuos que él denominó tóxicos y contaminantes junto a la Vicepresidenta del Gobierno y que encima quiera que le riamos la gracia”, respondió el socialista Espadas.

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Este jueves, un día después, tanto el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, como los servicios de la institución, de mayoría absoluta del PP, han asegurado que el motivo del hackeo se debe a que buscaban información para “un proceso de promoción para poder optar a una plaza de funcionario”. Y que por eso habían “accedido a carpetas de interés personal de la promoción”. Pero, por otra parte, la Cámara alta ha afirmado, en otro comunicado remitido en la tarde de este jueves, que los informáticos no habían intervenido cuentas de senadores. “No se produce acceso por parte de estas dos personas a ningún ordenador, archivo o portafirmas de ningún senador”.

La carta de despido de uno de los trabajadores, a la que ha accedido EL PAÍS, incorpora como motivo del cese laboral, sin embargo, el siguiente hecho probado. “Se constatan como hechos probados los siguientes: Accesos indebidos (...) de J. A. R., desde la dirección IP de su ordenador y a través de los usuarios admindeleg y adminpf —de que disponía por razón de su puesto de trabajo— a los portafirmas de determinados trabajadores, funcionarios y cargos de la Secretaría General del Senado —entre ellos, miembros de la Mesa, diversos senadores y la Letrada Mayor—; accesos que se produjeron desde el mes de marzo de 2024 y a través de los cuales se realizaron numerosas descargas de documentos, incluyendo algunos de carácter personal".

El despido se abordó en una reunión extraordinaria de la Mesa del Senado en la tarde de este miércoles tras el pleno. La cita estaba prevista desde el viernes para tratar el problema de un expediente disciplinario abierto hace meses a dos trabajadores, J. A. R. y a N. M. G. Una vez conocido el caso, el órgano de Gobierno de la Cámara alta aprobó por unanimidad, con cuatro votos a favor del PP y tres del PSOE (que conforman la Mesa) despedir al matrimonio “por falta disciplinaria muy grave”, como así expusieron los servicios de la Cámara alta en su primer comunicado.

Junto al hemiciclo, el presidente del Senado ha trasladado más datos. “Estos dos trabajadores, en el momento en el que tuvieron conocimiento de una primera propuesta que consistía en una rescisión del contrato de tres meses de empleo y sueldo, presentaron una alegación. En la que compartían que había más trabajadores del departamento de informática que podrían haber accedido a expedientes de sus señorías. En ningún caso eso es así, se ha podido verificar. Pero por celo y prudencia se ha puesto en conocimiento de la fiscalía para que tome las decisiones que considere oportunas”, ha añadido. Rollán ha concluido sus declaraciones a los medios remitiéndose a una nota de prensa que posteriormente han difundido los servicios de la Cámara alta, pasadas las 15.30 de la tarde.

La relación que hacen de los hechos más destacados es la siguiente: “En octubre de 2024, los sistemas de control de la Cámara alta tienen conocimiento del acceso de dos personas de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, a información específica sobre los procesos de promoción interna y selectivos de personal laboral a través del portafirmas electrónico de altos cargos de la Secretaría General, en ningún caso de senadores. Todos los accesos son de carácter administrativo en beneficio de su posible promoción interna, sin apreciarse ningún interés político. Accedieron, además, a ficheros de trazabilidad de firma, donde la única información que se obtiene es quién accede y la hora, pero no el contenido”.

Pero esta versión choca con el primer comunicado enviado el miércoles, en el que aseguraban que las cuenta digitales de los senadores sí se habían visto afectadas. De hecho, durante la reunión de la Mesa se distribuyó a los miembros un listado de nombres afectados, como el del socialista Guillermo Fernández Vara. También con el contenido de la carta de despido. Los servicios del Senado se justifican en la nota de hoy, así: “El listado de senadores que aparecen en el expediente ‘afectados’ a los que se ha hecho referencia en algunas informaciones, fue aportado por uno de los afectados como alegación en su defensa, para justificar que el acceso de funcionarios a aplicaciones y portafirmas es habitual, si bien todos los accesos que constan en ese listado son lícitos y en desarrollo de las funciones del personal de la dirección para solucionar las incidencias habituales”.

También señalan que “una vez constatada en la instrucción la existencia de nuevos accesos indebidos, a los ficheros que contienen la trazabilidad (logs) del portafirmas de todos los usuarios del sistema (cargos de Secretaría General, Senadores/as y miembros de la Mesa), ficheros estos que contienen la información sobre quién ha accedido en cada momento al portafirmas, sin incluir información adicional sobre documentos concretos, se eleva una nueva propuesta de despido para ambos trabajadores”.

El PSOE desconfía

En la cúpula del grupo socialista dudan de que el proceso de selección sea el motivo del acceso no autorizado, pues algunos de los senadores afectados no disponían de datos relacionados con el mismo, destacan. ”No se lo cree ni él. ¡Tendrá que explicar muchas cosas!“, indican fuentes socialistas sobre las explicaciones dadas este jueves por Rollán. Y siguen sembrando sospechas sobre un posible ”espionaje". Tampoco entienden por qué la Cámara alta, presidida por el PP con mayoría absoluta, no ha desvelado los motivos del expediente disciplinario hasta ahora. “Hasta el día de ayer, 21 de mayo, el expediente tenía carácter reservado”, responde el Senado en su comunicado.

El PSOE ha presentado un escrito en el que solicita más información y el contenido detallado del expediente disciplinario. El portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha criticado en una entrevista en TVE que los hechos se hayan “ocultado durante meses” y destaca que “se quería pasar de puntillas” por parte de la presidencia de la Cámara alta “sobre esta cuestión”. A los socialistas se ha sumado Esquerra, que también han mandado otra solicitud de más información a la presidencia del Senado.

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Durante su alocución el Parador de Alcalá de Henares (Madrid), Feijóo se ha felicitado de que la convocatoria del congreso de su partido “genere interés y expectativa”, aunque Génova no pretende abordar temas punzantes. Y se ha reivindicado con una metáfora recurrente en el líder popular, que en las campañas electorales suele hacer escala en su municipio de origen, Os Peares (Ourense).

—Nací en un pueblo pequeño que tiene tres ríos y cuatro puentes. A mí el tema de los puentes es un tema que siempre me ha interesado y el tema de los muros es un asunto que creí que estaba zanjado con la Constitución del 78. Y veo que no.

Los puentes que pretende construir Feijóo en contraposición a Sánchez tras el congreso del PP de momento suenan a la misma canción que ha ido entonando desde que fue investido líder de los populares hace tres años. “Quiero hacer más España y menos separatismo. Más prosperidad y menos intervencionismo y más libertad y menos imposiciones. Todos los españoles debemos ser iguales y tener el mismo acceso a los servicios públicos”, ha indicado este jueves. Lo que sí va in crescendo es el nivel de virulencia en sus acometidas hacia el jefe del Ejecutivo basadas en menciones hacia el supuesto autoritarismo de Sánchez. “El Gobierno es un Gobierno de vigilancia. No puede crear comisiones para ver lo que ustedes publican. No puede coger un algoritmo y, a algunos medios que antes tenían publicidad institucional, resulta que ya no la tienen. Y unos que tenían 20, ahora resulta que tienen 40. ¡Hombre, no, eso ya se acabó en el año 77, ¿no?!”, ha sostenido.

La ausencia de Presupuestos por parte de La Moncloa, que gobierna con las mismas cuentas públicas desde 2022 —de la legislatura anterior— han servido a Feijóo para marcar las distancias con Sánchez. Tanto, que se ha retado consigo mismo en caso de que en un futuro sea investido presidente del Gobierno, carrera que pretende reforzar con el congreso de julio. “Yo tengo que presentar el Presupuesto y no lo aprueban, convoco elecciones, que quede para la hemeroteca”, ha sentenciado. Y ha echado más leña al fuego al censurar que la falta de Presupuestos complica la subida del gasto en Defensa ante la convulsa situación geopolítica que pretende el jefe del Ejecutivo con la oposición de “cinco ministros” de Sumar.

“Esto tiene que cesar”

Sobre la coyuntura internacional, el líder de los populares se ha reafirmado en sus declaraciones de este miércoles sobre Israel, cuando resituó al PP ante la invasión del Gobierno de Netanyahu sobre Gaza. Feijóo ha vuelto a culpar a Hamás del inicio de la ofensiva y a exigir que Israel detenga su ofensiva contra la Franja. Pero continúa sin respaldar a la Unión Europea, que esta semana ha empezado a tomar medidas contundentes contra Israel. “Que la Unión Europea haga lo que considere oportuno”, ha dicho el líder del PP tras el acto a los medios de comunicación. “El Gobierno de Israel está siendo absolutamente desproporcionado en sus actividades militares contra la población civil Palestina y desproporcionado impidiendo ayuda humanitaria e incumpliendo el derecho internacional y esto tiene que cesar”, ha apuntado Feijóo, “tenemos un problema desde hace décadas y no lo vamos a resolver poniéndose a favor o en contra. Lo vamos a resolver con una posición proporcional, ajustada a la historia y propositiva”, ha añadido.

“Hay que investigar, afecte a quien afecte”

La intervención de Feijóo en Alcalá de Henares ha coincidido con el viaje de Sánchez a Valencia, adonde ha viajado este jueves para reunirse con las víctimas de la dana. “Desde que se fugó de Paiporta, ya era hora de que tuviese algún interés por Valencia”, ha terciado el líder del PP, acusándole de “estrangular” económicamente a la Generalitat Valenciana en el proceso de reconstrucción. El presidente del Gobierno ya había vuelto a la comunidad en enero, a otro encuentro con alcaldes en la delegación del Gobierno de Valencia. “Hay que investigar, afecte a quien afecte”, ha subrayado Feijóo, que el lunes se vio con el president Carlos Mazón en la Junta Directiva previa al congreso de julio. Génova ha dejado al PP valenciano fuera de la elaboración de las ponencias y del cónclave.

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Las cuentas afectadas por el acceso no autorizado pertenecen a políticos de distinto signo, en principio 29 senadores, señalan fuentes de los grupos parlamentarios. El socialista Guillermo Fernández Vara está entre ellos. Fuentes del PSOE aseguran que si el Senado ha trasladado el caso a la Fiscalía ha sido a instancia de su grupo —“la convocatoria de la Mesa se hizo con el objeto de despedir a las dos personas identificadas como las autoras de la infiltración masiva en las identidades digitales de los senadores”, señalan los socialistas— y además acusan un “posible espionaje” con motivaciones espurias. El PSOE pone el foco en el caso de un senador afectado por estos hechos que forma parte de la comisión del caso Koldo por lo sensible de los documentos que guarda en su dispositivo. Fuentes socialistas se quejan, además, de que los servicios de la Cámara no hayan difundido hasta ahora los motivos que llevaron a abrir el expediente disciplinario.

En un comunicado, los servicios del Senado han confirmado el despido de dos trabajadores eventuales de la Cámara alta, J. A. R. y a N. M. G., “por la comisión de la falta disciplinaria muy grave establecida en el artículo 33.4 a) de dicho Convenio, consistente en “el fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas”. También han revelado la puesta en conocimiento del ministerio fiscal de “los hechos que han motivado la apertura del expediente disciplinario a J. A. R. y a N. M. G. (accesos indebidos, esto es, por razones ajenas a sus cometidos profesionales, a los portafirmas de miembros de la Mesa del Senado, Senadores, y diversos cargos e integrantes del personal de la Cámara, así como la descarga de documentos contenidos en los mismos, inclusive de carácter personal), por si los mismos pudieran ser constitutivos de delito o falta penal”.

“Una investigación exhaustiva”

El Grupo Socialista pide “una investigación exhaustiva” que mida el alcance del acceso no autorizado a los equipos, además de la “vulneración de los derechos digitales de los senadores”, unas pesquisas que “debido al alcance y gravedad de los hechos” entienden debe llevar el ministerio público. Subrayan el hecho de que la entrada en los dispositivos se ha producido “mientras están en funcionamiento diversas comisiones de investigación” a las que pertenecen, entre otros, parlamentarios del PSOE. Por último, el Grupo Parlamentario quiere que se aclare qué contenido del trabajo de los senadores ha sido “objeto de espionaje”.

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Aagesen volvió a los pasillos del Senado a primera hora de la mañana, cuando en los corrillos de la Cámara alta todavía estaba candente el incidente de este martes protagonizado por ella y Francisco Bernabé. El senador popular se acercó a su escaño y le entregó una bolsa de arena negra durante la sesión de control en señal de queja por los sedimentos tóxicos de la bahía de Portmán en La Unión (Murcia). Los socialistas denunciaron los hechos. La vicepresidenta tercera seguía hoy, apenas unas horas más tarde, en la diana de PP y Vox, pero ahora con el foco puesto en el apagón. El grupo del Partido Popular y el de los ultras se aferraron a los argumentos de que La Moncloa esconde la verdad sobre la caída generalizada de la energía y la incompetencia del Ejecutivo para sacar adelante la comisión de investigación.

“España se apagó. No es una metáfora, no es un titular exagerado. Si lo fuera, sería una metáfora perfecta de lo que está pasando en nuestro país, que está dejando de funcionar”, resumió el senador del PP José Ramón Díez de Revenga para defender la idoneidad de la comisión. “Y Pedro Sánchez quiere que siga apagada. Vamos a conocer antes el origen de los votos de Eurovisión que las causas del ‘Gran Apagón’ que dejó España a oscuras”, remachó. Vox se sumó a sus pretensiones por poca del senador ultra Ángel Pelayo Gordillo. “La vicepresidenta tercera ha venido en un tono monocorde a no responder lo que se le ha preguntado”, señaló sobre la comparecencia previa de Aagesen. “Hemos hecho el ridículo internacionalmente. España necesita explicaciones”, añadió el parlamentario extremeño.

La del apagón es la cuarta comisión de investigación activada en el Senado por el PP, que se suma a otras tres en marcha: sobre el caso Koldo, sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y sobre la dana. Y todas con el foco puesto sobre la acción del Gobierno de Pedro Sánchez. En lo que atañe a la devastadora gota fría de la Comunidad Valenciana, la comisión de investigación de la dana avanza a paso lento, ya que solo se ha interrogado por ahora a expertos técnicos. El Partido Popular sigue cuatro meses después sin agendar las comparecencias ni de Sánchez ni de otros cargos con competencia estatal pese a haber incorporado sus nombres en la lista registrada al inicio de los trabajos. Tampoco han requerido a la Cámara baja todavía a Carlos Mazón, incorporado al dosier porque el propio presidente valenciano lo pidió.

Esa circunstancia ha sido utilizada por el PSOE y por otros grupos, habituales socios del Gobierno, que han hecho resonar el nombre del president valenciano para ensombrecer al apagón objeto de debate. “¿Una nueva comisión de investigación y Mazón sin comparecer en la comisión de investigación de la dana? ¡A ver cuándo lo llaman!“, ironizó el senador de Compromís Enric Morera. ”Todavía no han sabido explicar qué ocurrió entre El Ventorro y la hora a la que apareció Mazón", reprochó el portavoz del PSOE, Juan Espadas. Y restó “credibilidad” a una comisión que ya tiene “las conclusiones hechas” —indicó— pues varios senadores del PP habían apuntado durante el pleno a los supuestos ataques del Gobierno contra la energía nuclear como gran parte del problema. “¿Qué es una comisión de investigación y para qué sirve? La teoría dice que debería ser para fiscalizar”, dijo la parlamentaria de Esquerra Sara Bailac. ¡Cómo va a servir si lleva cuatro meses en marcha y todavía no ha comparecido Mazón!“. Tanto ERC como Junts y PNV coincidieron además en que la comisión era prematura porque —consideran— hay que esperar a los futuros informes y análisis de los expertos.

La dana, en el Congreso

La comisión sobre la dana también ha echado a andar este martes en el Congreso de los Diputados. Es la tercera investigación parlamentaria sobre la tragedia valenciana, tras la mencionada del Senado —impulsada y controlada por los populares, que solo citan a técnicos de segundo y tercer grado y sin políticos y que busca echar la culpa exclusivamente al Gobierno de Pedro Sánchez— y la de las Cortes Valencianas, que controlan también PP y Vox. En esta comisión del Congreso, que presidirá el PSOE, con una vicepresidencia primera para Izquierda Unida y otra para los populares, es previsible que comparezca el líder popular valenciano, Carlos Mazón, al contar la izquierda con una mayoría en la Mesa, informa Manuel Viejo.

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—¿Querría esto para sus hijos? ¿No? ¡Pues nosotros tampoco!

Bernabé, senador electo por Murcia, ha lanzado la proclama mientras sostenía con la mano una bolsa de arena negra, al tiempo que era aplaudido por la bancada popular. El gesto ha sido jaleado por una treintena de personas venidas desde La Unión que seguían la sesión desde la tribuna de invitados. En línea con la protesta del PP, han apoyado las palabras de Bernabé con un aplauso silencioso sacudiendo las manos en el aire, pues no se permite a los invitados aplaudir en el hemiciclo. Los senadores del Partido Popular, desde sus escaños, han exhibido a su vez carteles con la consigna Portmán, sellar no es regenerar. Acto seguido, Bernabé ha abandonado su sillón y se ha dirigido hasta el escaño de la vicepresidenta, a la que ha entregado la bolsa de arena, que ha dejado depositada sobre su mesa. El Partido Socialista ha presentado una denuncia en la comisaría del Senado por los hechos ocurridos. “No tienen fin. No tienen límites. No tienen vergüenza”, censura el PSOE en un comunicado en redes.

Según Bernabé, dicha arena corresponde a tierras tóxicas procedentes de los residuos de la bahía de Portmán. En su escrito recogido por la policía, los socialistas solicitan a los agentes “su auxilio judicial a fin de que adopten las medidas necesarias para hacerse cargo de la bolsa de arena depositada en el escaño de la vicepresidenta del Gobierno...”. El gesto ya había generado las protestas de los senadores socialistas durante el debate. El senador de PSOE Alfonso Gil ha tomado la palabra y ha trasladado la crítica de su grupo. El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha continuado la sesión sin más. La jornada ya había arrancado caliente con la portavoz del PP, Alicia García, cargando contra el Ejecutivo por la ausencia de 13 ministros en la sesión de control. “Del apagón de las infraestructuras al apagón de la verdad del Parlamento”, ha espetado la parlamentaria popular a Aagesen.

La vicepresidenta tercera ha defendido la actuación de su Ministerio sobre la bahía de Portmán y se ha remitido a las explicaciones dadas por su secretario de Estado, Hugo Morán, hace un mes. Fue en la comisión de seguimiento de los trabajos del proyecto para la regeneración medioambiental impulsado por su departamento en la zona. “Va a implicar sí o sí un sellado de unos volúmenes de aportaciones de la actividad minera que son imposibles de trasladar. En ningún momento puede plantearse la alternativa de sellado sí o sellado no”, alegó Morán. Aagesen ha añadido este martes en el Senado que su Ministerio actúa con las “mejores herramientas de análisis disponibles” en Portmán “para reducir el riesgo para la población y para mejorar el medioambiente”.

La denuncia de los socialistas por el episodio protagonizado por Bernabé pide además a la Policía Nacional custodiar la bolsa y analizar el contenido de la arena “a los efectos de identificar la toxicidad de la sustancia y, en su caso, implementar las acciones oportunas a fin de salvaguardar la seguridad personal de los miembros y trabajadores del Senado que hubieran estado en contacto con la bolsa o que pudieran estarlo más adelante”. Además solicitan a los agentes que valoren “los hechos producidos para indagar si ha existido riesgo o puesta en peligro para la persona destinataria de la bolsa”.

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La trayectoria de Bayo, empresario de profesión, como militante en el PP arrancó cuando se afilió al partido a los 18 años, relata. Fue presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Valencia. Época en la que coincidió con Pablo Casado en el mismo cargo, pero en Madrid; con Santiago Abascal, también presidente de NNGG en el País Vasco, y con Juan Manuel Moreno como máximo líder del mismo órgano a nivel nacional. “Empecé muy joven, he coincidido con muchos, pero hoy me ha tocado este papel de díscolo. Asumo ese papel, no tengo problema”, relata. También ocupó el puesto de vicesecretario de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Desde hace una década no ostenta ningún cargo político. Hoy lanzará la página web para recabar avales y empezará una campaña en redes sociales.

La Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano entre congresos, aprobó este lunes el calendario del cónclave de julio, presentado este martes por el presidente del comité organizador, Alfonso Serrano —tras la primera reunión preparativa—, que ha mostrado “el máximo respeto” por aspirantes como Bayo. Tras el 28 de mayo, la comisión organizadora proclamará a los candidatos una vez examine los avales aportados. Luego, entre el 30 de mayo y el 25 de junio se celebrará la campaña interna de cara a las primarias. En caso de confirmarse más candidatos al margen de Feijóo, este se verá obligado a implicarse en dicha campaña. En abril de 2022, por contra, el expresidente de la Xunta de Galicia fue el único candidato después que ningún aspirante lograra las firmas mínimas. Sin embargo, el jefe de los populares se sometió igualmente a la votación de la militancia para reforzar su liderazgo tras la abrupta salida de Pablo Casado, que en 2018 había vencido a Soraya Sáenz de Santamaría con el actual sistema de elección.

Bayo también intentó en 2018 ser candidato, pero se quedó en 47 avales. “La otra vez presenté 400 y pico avales y me los tiraron atrás porque decían que no había pagado. A esto ya hemos jugado, no espero juego limpio, lo que espero es al menos no volver atrás”, subraya. Ese “atrás” al que se refiere Bayo es el anterior sistema de primarias en el que los delegados designaban al líder directamente. En el congreso de 2017, y con el empuje de Ciudadanos —formación que abogaba por primarias en los partidos—, se planteó la posibilidad de primarias absolutas. Finalmente, se cambiaron los estatutos populares para establecer un sistema de dos vueltas: una primera con votación directa de los militantes y una segunda con votación a través de los compromisarios. El número de compromisarios del XXI congreso del próximo julio es de 3.264, de los que 584 son natos y 2.630, electos.

“Encima de no hacerlo más participativo en 2017, ahora queremos volver a como estábamos antes, Deberíamos ir a un partido más democrático, ¿el partido de quién es, de las élites o de las bases?”, critica Bayo. La crítica alude al objetivo de Feijóo, que junto a otros barones como el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, busca ahora cambiar el sistema de primarias. El modelo que prefiere el líder popular es eliminar esa doble vuelta instaurada en 2017, que los militantes elijan a los compromisarios y que esos compromisarios voten al presidente del PP. “¿Por qué necesito un comisario político? Puede que los compromisarios no piensen lo mismo que los militantes que los han elegido”, se queja Bayo, que exige votación directa de “un militante, un voto”.

Esa exigencia de “democratizar” la formación internamente se extiende desde las primarias a otros ámbitos, como los debates sobre aborto o eutanasia, que considera han de estar sobre la mesa el próximo 4, 6 y 7 de julio. Y para la conformación de listas electorales o designación de altos cargos. “Hay tecnología suficiente para que todos los afiliados puedan participar, ahí podremos saber todos lo que piensan las bases”, añade. En diciembre de 2024, el PP superaba los 806.000 afiliados, según datos de Europa Press. Cualquiera puede inscribirse para participar en el proceso electoral del congreso de julio hasta el 3 de junio y podrá aspirar a ser compromisario. En 2022, se inscribieron para votar en las primarias que encumbraron a Feijóo 36.974 afiliados.

El PP valenciano, “en ebullición”

“El Partido Popular en la Comunidad Valenciana es un partido a punto de estallar, en ebullición”, apunta Bayo, quien no entiende cómo Génova sigue respaldando en público en Mazón tanto por su ausencia durante la jornada de la dana como por la gestión posterior de la catástrofe. “Aguantar a Carlos significa que Vox suba, no lo entiendo. ¿Por qué hicimos dimitir a Paco Camps por seis trajes y no a Carlos con 228 muertos?”, añade, al tiempo que reclama que el congreso regional del PP valenciano se convoque en julio, cuando tocaba según los estatutos, como reclama también el sector que apoya al expresidente Camps. Pero fuentes de Génova apuntan a que, tras el verano, primero se harán cargo de los congresos de aquellas comunidades donde hay elecciones autonómicas el año que viene, Castilla y León y Andalucía.

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En las próximas semanas se comprobará si de verdad Feijóo permite una discusión interna a fondo de los temas más espinosos que afrontan los conservadores, como el aborto y la eutanasia o la relación con Vox, pese a que la impresión de su dirección y de los barones populares, tras las primeras conversaciones con el líder en privado, es que esos asuntos conflictivos se evitarán.

Ante la Junta Directiva Nacional, reunida este lunes, el líder popular ha afirmado que sí pretende un intenso debate, reconociendo las distintas sensibilidades que conviven en el PP. “Solo a los políticos pequeños les incomodan los debates o la opinión de sus compañeros; a mí, no”, ha subrayado ante la plana mayor en un discurso en abierto. “El debate nos estimula y nos ilusiona”, ha transmitido a los suyos. Es consciente de que las dos almas tienen opiniones diferentes sobre el rumbo ideológico del PP y también que la sensación que ha dado que ya tenga preparada una ponencia política, antes de que la elaboren los ponentes, es la de que quiere dirigir la discusión para evitar discrepancias. “En esta sala no todos pensamos igual. No vamos a esconder nuestras diferencias”, ha dicho hoy en cambio Feijóo.

Los halcones del PP piden a Feijóo que derogue todas las leyes del Gobierno de Pedro Sánchez si llega a La Moncloa, y más claridad en las ideas, ante el riesgo de que el actual líder popular sea una prolongación de la visión más tecnócrata de su predecesor en el cargo Mariano Rajoy. A estos, el líder del PP les ha respondido de forma velada prometiendo posiciones nítidas. “Vamos a mojarnos porque quien quiere gobernar de verdad no huye ni se esconde, va de cara”, ha reflexionado en su discurso ante la Junta Directiva, máximo órgano entre congresos, reunido hoy para aprobar la convocatoria del congreso y los integrantes del comité organizador, además de los encargados de las dos ponencias, política y de estatutos. “Vamos a discutir a fondo, construir ideas, de revisar propuestas, decir lo que pensamos y decidir”, ha enfatizado Feijóo. “Tengo palabra, lo que prometo se hará. Y si no, me lo reivindicaréis”.

El líder ha propuesto este lunes a la Junta Directiva los equipos que pilotarán la organización y las ponencias del congreso, en una composición que ha “tratado de contentar a todos”, según se interpreta de puertas adentro, pero sin conseguirlo del todo. El ala dura ha recibido con molestia el poco peso que tendrá sobre todo en la ponencia política, que dirigen los presidentes de línea moderada Juan Manuel Moreno Bonilla y Alfonso Fernández Mañueco. La eurodiputada Alma Ezcurra, del PP de Madrid, es la dirigente más próxima a Ayuso en este equipo, que completa la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, pero este sector ha echado en falta otros perfiles como el de Cayetana Álvarez de Toledo.

En la ponencia de estatutos, la que dirimirá la controversia sobre las primarias, Feijóo ha dejado fuera tanto a Moreno Bonilla como a Ayuso. Son los más interesados, en tanto que potenciales sucesores a futuro del líder, en el sistema de elección del presidente del partido. Otros dos barones dirigirán este grupo, el murciano Fernando López Miras y la extremeña María Guardiola. El secretario general del PP de Madrid y mano derecha de Ayuso, Alfonso Serrano, dirigirá la organización del congreso, mientras el PP de Madrid guarda sus cartas sobre si planteará alguna batalla ideológica o sobre las primarias. Entre los nombres designados para la comisión organizadora del congreso destaca el de Ana Millán, afín a Ayuso y elegida como vocal en la cuota de la Comunidad de Madrid pese a que la exalcaldesa de Arromolinos está siendo investigada por contratos irregulares.

De momento, la composición de los equipos decidida por Feijóo no ha recibido contestación interna. “Feijóo lo ha organizado a su manera y el partido lo acepta”, interpreta un líder territorial, que cree que “tiene su lógica” porque Feijóo cuenta con auctoritas ya que el partido está “en mejor situación que cuando llegó” a la presidencia, hace tres años.

El político gallego ha pedido hoy el apoyo a los suyos para que le ratifiquen como líder de los populares en el próximo congreso con una confesión. Cree que no haber conseguido gobernar en las elecciones generales de 2023 le ha hecho mejor político. “He vivido la experiencia de ganar y quedarnos a las puertas. Fue una gran lección. Soy mejor que el político que había alcanzado todos sus objetivos a la primera”, ha enfatizado. Su objetivo con el congreso, les ha dicho, es decirle “adiós” a Pedro Sánchez en las siguientes elecciones, sean cuando sean. “Adiós, ego; adiós, Sánchez”, ha ironizado.

El único debate que de momento se ha abierto en el PP es el de su modelo de primarias, que tanto Feijóo como el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quieren cambiar para limitar el voto directo de la militancia a los candidatos. El sistema influye a todos los territorios porque una reforma se aplicaría en todos los congresos autonómicos y provinciales que se celebrarán tras el nacional en cascada.

Este lunes, en la Junta Directiva, solo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado abiertamente a favor de un cambio del sistema, aunque sin clarificar su apuesta a futuro. “Las primarias no suelen funcionar muy allá en los partidos. Sí soy partidario de democratizar desde el punto de vista de participación de los afiliados, pero tengo un cierto escepticismo en cómo funcionan las primarias”, ha defendido Almeida, en línea contraria a la presidenta de su Comunidad que, aunque todavía no se ha mojado de forma clara, es la mayor interesada en conservar el voto de la militancia.

En la Junta Directiva se ha podido ver este lunes también al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha sido el dirigente más rodeado por las cámaras y los micrófonos de los periodistas. El president ha evitado pronunciarse sobre su exclusión de los equipos que elaborarán las ponencias en el congreso. “Yo vengo a dar todo nuestro apoyo a un congreso que tiene que ser el paso definitivo para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno”, ha defendido en cambio Mazón.

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Tanto el presidente de Aragón, Jorge Azcón, como el de la Región de Murcia, viajaron el lunes a Madrid para acudir a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en la que Feijóo anunció el inminente congreso nacional del PP previsto para los 5 y 6 de julio. Azcón no dio lugar a elucubraciones y aseguró que habla “mucho menos en los últimos días” con su antiguo socio de Gobierno. “¿Se está enfriando? ¿Esperamos al 2026 para los Presupuestos?“. Preguntaron los periodistas. El barón aragonés se marchó sin responder entre risas. La interlocución está congelada, confirman fuentes del gabinete de Azcón. ”No vamos tampoco a desechar todavía ninguna opción", se defendió la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, este miércoles. Pero reconociendo acto seguido el hielo entre ambas formaciones.

En Murcia, la temperatura está algo más alta, pues las cuentas están desde hace un mes listas para recibir el visto bueno de Vox. Ahora, el Gobierno de López Miras solo espera un gesto definitivo de los ultras después de haber aceptado en público consignas contra el Pacto Verde o la inmigración y de que por el momento no les pidan ya una declaración institucional como la que tuvo que hacer el president Carlos Mazón, que abrió camino al resto de barones para fraguar más pactos. Génova azuzó también a sus presidentes para que buscaran el entendimiento, pues la falta de Presupuestos en cinco comunidades —Aragón, Región de Murcia, Baleares, Extremadura y Castilla y León— choca con los ataques de Alberto Núñez Feijóo centrados en que Pedro Sánchez —sostiene— tiene una mayoría parlamentaria tan poco viable que ni siquiera puede presentar cuentas en el Congreso.

“Todo lo que han pedido ya hemos dicho públicamente que estamos dispuestos a aceptar. No sabemos dónde está obstáculo, no sabemos qué ha ocurrido en este mes y pico”, indican fuentes conocedoras de las conversaciones, que apuntan a la dirección nacional de Vox como la responsable de que no muevan ficha.

En esa línea se pronunció el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, el jueves, que en su estrategia de presión apeló directamente a Génova. “La Región de Murcia fue la última en conformar gobierno porque Feijóo quiso utilizarla para decirle a Sánchez que no siempre pactan con Vox. Ahora ha vuelto a involucrarse de esta manera en los presupuestos y tiene parada su ejecución. Le pedimos al PP que sea claro. Si no va a aceptar lo ya comprometido con Vox, nosotros vamos a decir que no. Es su responsabilidad”. Enfrente, el consejero de Hacienda murciano, Luis Alberto Marín, pidió este miércoles a los de Abascal que “impere la cordura” para dar el visto bueno a sus Presupuestos.

El problema tanto para Aragón como Murcia es además el calendario. Desde que se acuerdan las Cuentas han de transcurrir al menos dos meses hasta que se tramitan y se sancionan. Pasado ya la mitad de mayo, un pacto supondría entrar prácticamente en verano. Y, en septiembre, de nuevo, arrancar de nuevo la configuración de Presupuestos para 2026 con una nueva ardua negociación sobre la espalda. En Murcia, sin embargo, señalan que pese a lo ajustado de las fechas, las Cuentas son necesarias.

Entretanto, en el Ejecutivo murciano alegan que los de Abascal siguen pidiendo “cada día una cosa nueva”. En la misma semana en la que parecía que todo estaba ya hecho en Murcia, el presidente de EE UU, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles a productos extranjeros. Según la última encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la SER, Vox ha perdido casi un punto en estimación de voto tras los aranceles y el PP ha reducido a la mitad la fuga de votantes hacia el partido de Abascal. Esa “ventana de oportunidad” que se abrió por el contexto internacional, como reconocían fuentes de Génova, podría entrecerrarse si se da un paso en falso con nuevos acuerdos. Y más aún teniendo el congreso del PP a principios de julio, en el que, a priori, debería de clarificarse la distancia de Feijóo con los de Abascal.

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El rostro de López Miras, que siguió el resultado de la votación desde la tribuna de invitados del Congreso tras defender la iniciativa en el atril, era un poema al final de la jornada. Habían perdido una votación que pudo quedar en empate porque solo se ausentó Núñez Feijóo. De hecho, el grupo popular apoyó la medida en bloque, incluidos los diputados de Castilla-La Mancha que tienen dificultades para justificarla en su territorio. Faltó el voto del líder, que por la mañana había acudido al foro Líderes en directo, organizado por el Consejo General de Economistas de España, pero que por la tarde no tenía agenda oficial. “La votación estaba perdida. La presencia de Feijóo no habría cambiado el resultado”, alegan fuentes de su gabinete. El Congreso echó abajo la iniciativa —que también cuenta con el respaldo de los ejecutivos populares de Andalucía y Comunidad Valenciana—, con 171 noes, 170 síes (PP, Vox y UPN) y cuatro abstenciones (Podemos).

Además del presidente del PP, tampoco votaron este martes Pedro Sánchez, las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, y el diputado del Grupo Mixto y exministro socialista José Luis Ábalos. En caso de que Feijóo hubiera votado, se habría producido un empate, que se resuelve repitiendo dos veces más la votación hasta que, al tercer intento, decae. Pero si de algo está plagada esta legislatura, y la anterior, es de votaciones impredecibles. Y de eso sabe bien el PP con el ejemplo máximo de su exdiputado Alberto Casero votando a favor de la reforma laboral del Gobierno por error, salvando in extremis una norma de tal trascendencia. Es más, en el debate del trasvase del Tajo-Segura, los populares murcianos apuntaban a que el PSOE de Murcia debía ponerse de su lado para no “traicionar” a los ciudadanos de la Región, por lo que cada escaño era fundamental. Además de que el Ejecutivo murciano revistió de boato la sesión con presencia del barón del PP y de numerosos cargos autonómicos, que incluso fueron recibidos en audiencia por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Vox usa contra el PP la ausencia de Feijóo

El episodio ha sido utilizado por Vox contra los populares, cuyos diputados y dirigentes han salido en tromba desde ayer por la tarde contra Feijóo por su ausencia durante la votación. “A Feijóo le importa tanto que el agua llegue a Murcia que no viene ni a la votación del trasvase Tajo-Segura que trae el Gobierno del PP en Murcia. El líder de los populares vuelve a dar la espalda a los agricultores y ganaderos murcianos”, aseveró el grupo de Vox en redes sociales. “El Partido Popular trae al Congreso una proposición de ley para aumentar el caudal del trasvase Tajo-Segura al objeto de garantizar agua para Murcia. Y para defenderla se trae nada menos que al Presidente de la Región”, escribió el diputado ultra Carlos Flores en X. “Vox señala a través de su portavoz todas y cada una de las carencias de la propuesta. Pero aún así votamos a favor. El PSOE y sus socios en contra. La propuesta es derrotada por un solo voto de diferencia, con el presidente popular, Núñez Feijóo, ausente del hemiciclo”, añadió el parlamentario.

A Feijóo le importa tanto que el agua llegue a Murcia que no viene ni a la votación del trasvase Tajo-Segura que trae el gobierno del PP en Murcia.

El líder de los populares vuelve a dar la espalda a los agricultores y ganaderos murcianos. pic.twitter.com/hCQlayyBn9

— Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) May 13, 2025

Votaciones de los martes

Según se desprende del recuento de los datos del Congreso, Feijóo ha faltado, en este período de sesiones, en más de una decena de fechas. En febrero: el 11, el 18, el 19 y el 25. En marzo: 11, el 18, el 20 y el 25. En abril, el 8. Y en mayo, el 6 y el 13. Todas esas jornadas fueron martes, día de la semana en la que en el Congreso se vota las tomas en consideración de iniciativas legislativas. Todos salvo el 19 de febrero (miércoles) y el 20 de marzo (jueves). En el equipo del líder del PP se quejan de que la Cámara baja no suele conceder el voto telemático al jefe de la oposición.

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En su batalla desde el flanco sureste de la Península, la Región de Murcia va de la mano con los Ejecutivos de Andalucía y Comunidad Valenciana (ambos del PP), y recibe la oposición frontal de Castilla-La Mancha, aunque los diputados populares de esa comunidad han votado a favor de la iniciativa. En Madrid, López Miras consiguió este martes su foto en el hemiciclo rodeado de una nutrida delegación de cargos de su región, que siguieron su intervención desde la tribuna de invitados. Pero se quedó solo en la defensa de la norma. Ni siquiera Vox, antiguo socio de Gobierno y con quienes negocian los Presupuestos regionales, se decantó de su lado.

—Me dirijo a ustedes con la satisfacción de que las cosas que afectan al conjunto de los españoles deben abordarse en Las Cortes y no desde la unilateralidad.

El presidente de la Región de Murcia centró su defensa de la proposición de ley aprobada en la Asamblea de su comunidad —y debatida en el Congreso por afectar a otras comunidades autónomas y porque la política de aguas es competencia estatal— con el argumento de que cualquier decisión que toma Pedro Sánchez rompe el “consenso” de acuerdos previos, como el materializado en 2014 sobre el trasvase del Tajo-Segura. Una década después, en enero de 2023, el Ejecutivo de coalición promovió la planificación hidrológica de las 12 cuencas de los ríos que son de su competencia, con una estrategia vigente hasta 2027. Y con el rechazo de Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Así, por primera vez, el Ministerio para la Transición Ecológica fijó un caudal ecológico para el Tajo, como le exigían cinco sentencias del Tribunal Supremo, la normativa europea y la Ley de Aguas desde hace 22 años. Pero establecer ese caudal —es decir, ese caudal de agua que como mínimo debe circular por el río— tiene consecuencias más allá de la cuenca: en Alicante, Murcia y Almería.

La iniciativa trasladada ahora por la Asamblea murciana al Congreso —y que salió adelante en 2023 en Murcia con los votos a favor de PP y Ciudadanos— consta de un artículo único que pretende devolver los niveles a la situación anterior a esta modificación introducida por el Ministerio entonces por liderado por Teresa Ribera. El texto debatido subraya que la Región de Murcia ha sufrido con ese cambio un “recorte de más de 100 hectómetros cúbicos de agua al año” y “la eliminación de al menos 15.000 hectáreas de regadío”.

Contradicción en el PP de Castilla-La Mancha

El escollo para los populares, que pretendían con esta votación “retratar al PSOE de Murcia” —indicaban en privado—, radica en que los diputados del PP castellanomanchegos pueden entrar a su vez en una contradicción. “El Partido Popular de Castilla-La Mancha va a pelear constantemente por conseguir agua para esta tierra”, afirmó este lunes el líder de la formación en la comunidad, Paco Núñez, en Toledo, junto a la secretaria general, Cuca Gamarra. Eso sí, tanto la dirigente popular ayer como López Miras hoy coincidieron en exigir al Gobierno un nuevo “pacto nacional del agua” que “responda a una planificación conjunta sin divisiones territoriales”.

El primero en tomar la palabra en el Congreso tras el presidente de la Región de Murcia, fue el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, que entró a degüello contra el barón popular, por su asistencia a la Feria de Abril. “¿Qué tal la feria de Sevilla? ¿Ha bailado usted mucho? No le voy a preguntar por los agricultores del noroeste murciano afectados por la granizada ese mismo día, con alerta naranja prefirió irse a beber manzanilla, en eso coincide con el señor Mazón, ante la catástrofe, Ventorro y sevillanas". Una acusación que provocó las protestas de la bancada popular y que López Miras reprochó con gestos desde el escaño.

El barón del PP también tuvo que enfrentarse a sus antiguos socios en el Ejecutivo autonómico. “Esta reforma no desactiva la ley de aguas. No elimina el caudal ecológico, por eso habrán conseguido el voto de sus diputados de Castilla-La Mancha. Plantear esta reforma es una temeridad y es un engaño”, aseguró la diputada ultra Lourdes Méndez. Mientras que el PSOE metió el dedo en la llaga de sus acuerdos anteriores con la formación de Santiago Abascal. “Negar el cambio climático es abandonar Murcia a su suerte con un futuro con sequías cada vez más frecuentes. Basta ya de mentiras, el PSOE no va a cerrar el trasvase, el Partido Socialista tiene una hoja de ruta para garantizar el trasvase”, zanjó el parlamentario del PSOE y secretario general en la Región de Murcia, Francisco Lucas.

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El líder del PP ha decidido adelantar el congreso, que él mismo había emplazado al año que viene, para que el PP esté preparado ante “un nuevo ciclo electoral a punto de arrancar”. Se refiere, según fuentes de su equipo, a las elecciones autonómicas en Castilla y León y Andalucía, que están previstas para el primer semestre del año que viene, aunque en Génova sostienen que la “inestabilidad” del Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha logrado presentar Presupuestos Generales, también ha pesado porque la cúpula no descarta un adelanto de las elecciones generales. “España necesita con urgencia un tiempo nuevo y tenemos que estar listos para liderar”, ha instado Feijóo a los suyos. El líder del PP defiende que adelantar el congreso tiene “el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de Gobierno definitiva, sólida y decidida”.

Feijóo tomó la decisión con su equipo más directo, su gabinete procedente de la Xunta de Galicia, y la llevó con el máximo hermetismo. Solo se la comunicó a los expresidentes del Gobierno del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, hace unos días. Al resto, barones y miembros del comité de dirección, no se lo contó hasta este mismo lunes, en llamadas privadas que ha ido haciendo desde primera hora de la mañana. “Esta es mi decisión, meditada desde hace tiempo que hago pública hoy”, ha confirmado este lunes ante el Comité. Desde el pasado jueves, sin embargo, cuando el digital Okdiario adelantó que Feijóo barajaba convocar el congreso, el partido era un hervidero de quinielas, que el equipo del líder despejaba de puertas adentro diciendo que la decisión solo la conocía el presidente del PP.

Ayuso se ha adelantado en pedir el congreso esta misma mañana ante el “runrún” interno, según ha afirmado la presidenta en un desayuno informativo programado antes del Comité Ejecutivo Nacional. La líder madrileña ha vuelto a marcar el paso informativo a Feijóo, pero poco después de que el líder del PP anunciara sus planes se ha apresurado a darle su apoyo como presidente de los populares, descartando así que tenga intención de postularse para ocupar su puesto. “Feijóo es el cambio imprescindible para España”, ha remarcado Ayuso en un mensaje en sus redes sociales. Nadie espera en el PP un desafío al liderazgo de Feijóo, pero el partido sí aguarda un intenso debate ideológico, con asuntos divisivos como el aborto o la eutanasia, además de una discusión sobre el sistema de primarias, al que siempre se ha opuesto el actual líder popular.

El adelanto del congreso tiene partidarios y detractores, aunque en público todos han cerrado filas con el líder. Algunos dirigentes creen, en cambio, que es una “torpeza mayúscula” abrir el melón orgánico en un momento en el que Pedro Sánchez está “acorralado”. Otros, en cambio, sí lo ven oportuno ante la posibilidad de que el presidente socialista adelante las generales este año. “No está desatinado. Hay que buscar una ventana de oportunidad, porque si después de verano no hay Presupuestos tampoco para el año siguiente, Sánchez podría convocar para diciembre de 2025″, estima un veterano. “Feijóo sabe que tiene una última oportunidad en esas elecciones para llegar a La Moncloa, nadie va a discutir su liderazgo, así que el congreso tendrá que ser más ideológico y de renovación del equipo”, apostilla. Se da por hecho que el cónclave implicará una remodelación interna importante con un cambio de las caras que rodean al líder popular.

Feijóo fue elegido presidente de los conservadores en un congreso extraordinario celebrado en abril de 2022 en Sevilla tras la guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Un cónclave que, por su carácter excepcional desde el punto de vista orgánico, no permitía una discusión ideológica ni cambios estatutarios. El último congreso ordinario del PP se celebró en febrero de 2017, cuando se eligió a Mariano Rajoy, así que las ponencias vigentes son las de ese año. Ahora, el congreso de julio de 2025 tendrá carácter extraordinario pero sí renovará las ponencias, porque aprobará una política y otra de estatutos.

Previo al anuncio, varios presidentes autonómicos del PP habían apuntado a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional, en la sede de la calle de Génova, que el líder de partido convocaría el congreso nacional por la “situación convulsa” que vive el país. “El presidente es quien tiene la potestad y es una decisión del presidente”, ha defendido el dirigente aragonés, Jorge Azcón. “La situación política es suficientemente convulsa... que requiere que el Partido Popular esté preparado de una forma inminente”, ha añadido. “El presidente tomará la decisión que sea más oportuna para los intereses del partido ahora mismo en España y dada la situación política que se está viviendo, una situación política muy complicada”, ha expresado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Los barones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Extremadura, María Guardiola, han reiterado su apoyo a la decisión de Feijóo, ya fuera en un sentido o en otro. “Confío en Alberto Núñez Feijóo, va a hacer lo mejor para el PP y para los españoles”, ha subrayado Mañueco.

El congreso nacional activará el calendario orgánico de todo el partido, y tras julio empezarán a celebrarse en cascada los congresos autonómicos, provinciales y locales del PP. El patio interno está revuelto en algunas plazas, como la Comunidad Valenciana ―con el president, Carlos Mazón, muy cuestionado― y Cataluña, donde Génova pensaba en un recambio para el líder, Alejandro Fernández, que al final pospuso sine die. Feijóo pone en marcha al PP por si tiene que ir a elecciones pronto, aunque Pedro Sánchez sigue insistiendo en que su intención es agotar la legislatura y convocar a las urnas en 2027.

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¿Cómo funcionan este tipo de convenciones? ¿En qué se diferencia la fechada por Feijóo de las anteriores? ¿Cuándo fue el último?:

Qué es el congreso nacional del PP. Es el órgano supremo del Partido Popular y puede ser de dos tipos: ordinarios o extraordinarios, ya sea por expiración del mandato temporal (cada tres años, el ordinario) o como consecuencia de situaciones especiales no vinculadas a ese hecho (el extraordinario). En este caso, Feijóo ha calificado el congreso del próximo mes de julio como extraordinario y ha sido convocado —ha señalado— porque “España necesita con urgencia un tiempo nuevo” y en el PP tienen que estar “listos para liderar” el rumbo del país. El último ordinario fue en febrero de 2017, con Mariano Rajoy al frente, y el último extraordinario —número 20—, en 2022, cuando Feijóo fue confirmado en Sevilla como líder de la formación tras la abrupta salida de Pablo Casado.

Diferencias por la ponencia. La diferencia entre este congreso extraordinario —número 21— y los anteriores extraordinarios radica en que Feijóo ha pedido que se debatan dos ponencias, una política y otra estatutaria. Los estatutos de la formación, sin embargo, establecen las ponencias solo para los congresos ordinarios. Ese movimiento del líder del PP, hecho a conciencia, supone abrir el melón del debate ideológico en diversos asuntos que los populares habían relegado, como su posición sobre el aborto, la eutanasia o los vientres de alquiler.

“Los debates no nos preocupan. Si nos preocupara el debate no haríamos un congreso extraordinario pero con ponencias”, aseguran fuentes de su gabinete. Las discusiones supondrán un dilema importante para los populares, pues muchas de las decisiones marcarán el nivel de distancia con los postulados de Vox, su socio de gobierno aún en cientos de Ayuntamientos.

El intríngulis de las primarias y reelección de Feijóo. Antes de convocar este congreso, Feijóo había manifestado su deseo de modificar el sistema de primarias del PP, para lo que se necesita una reforma estatutaria en el seno de un congreso. El líder del PP quiere volver al modelo de votación por delegados y dejar atrás el sistema actual, de dos vueltas, en el que primero vota la militancia y luego los compromisarios, como ocurrió en el enfrentamiento entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado en julio de 2018. Es decir, de apostar por esa vía, Feijóo dejaría sin voz en el proceso de elección.

En cualquier caso, de acometerse dicha reforma, ese sistema se utilizará ya en próximos congresos y no en este, cuando Feijóo someterá su candidatura a un nuevo proceso de reelección. También puede haber cambios en su comité de dirección, que se reunirá el mismo domingo 6 de julio —en teoría ya reformado—, cuando concluya el congreso. En 2022, fue elegido con el 98,35% de los votos de los compromisarios y sin rival en contra. Los compromisarios se eligen también durante el propio congreso. Hace tres años, 3.109 compromisarios acudieron a Sevilla para unas primarias que en realidad no fueron como tales porque no había habido más candidaturas y después de que la militancia apoyase a Feijóo con un 99,63% de los votos válidos. Génova no descarta otras candidaturas en esta ocasión.

Qué viene ahora. El congreso tiene que convocarlo la Junta Directiva Nacional, que Feijóo ha agendado para el próximo lunes 19. Tras esta reunión de dentro de una semana, Génova pretende ir anunciando paulatinamente los nombres de los integrantes del Comité Organizador, así como de los responsables de las ponencias. En 2022, el presidente del Comité de Organización fue Esteban González Pons.

Próximos congresos regionales. El congreso nacional introduce otras patatas calientes para los populares —los congresos regionales pendientes—, que según fuentes del PP se irán convocando tras la celebración del nacional de julio. La vista está puesta sobre todo en los congresos de Castilla y León y de Andalucía, cuyas elecciones autonómicas están previstas para el primer semestre del año que viene. Aunque el verdadero quebradero de cabeza es el congreso del PP valenciano, que estaba pensado inicialmente para este julio pero que será aplazado por la crisis por la dana. También farragoso es el cónclave de Cataluña, por las tiranteces de Génova con el líder territorial, Alejandro Fernández. Y más tras la publicación de su libro A calzón quitao.

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Al acto acudirán los presidentes autonómicos de Andalucía, Juan Manuel Moreno; Extremadura, María Guardiola; Aragón, Jorge Azcón; de Casilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de la Región de Murcia, Fernando López Miras. No así la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o el gallego, Alfonso Rueda, por problemas de agenda, según confirman sus respectivos equipos. Pese a las ausencias, la representación de los barones será más nutrida que en la última cita del 24 de marzo, cuando solo acudieron tres.

Sobre la hipótesis de que convoque el congreso, hay quienes se muestran escépticos, aunque sin desechar la posibilidad. “Si lo hace, es que va muy en serio con los cambios, porque tras una filtración así todo se suele parar”, aprecia un miembro del comité de dirección.

Como publicó este diario, en el orden del día de hoy aparece el apartado “nombramientos”. Pero hay quienes creen que Feijóo no será capaz de acometer modificaciones profundas como sería la propia convocatoria del congreso por varios factores. “El lío valenciano”, en alusión al president Carlos Mazón; una nueva ponencia política que entre de lleno en las relaciones con Vox o nombramientos de calado que podrían desatar recelos. Génova tampoco apunta a cambios drásticos.

“No vamos a subir en encuestas ni ganar votos por lo que cambiemos de aquí a las elecciones. Hay que no meter la pata y dejar que Sánchez se desangre”, entiende un parlamentario. Lo que sí auguran los cargos es que Esteban González Pons pierda la vicesecretaría Institucional, como avanzó EL PAÍS, para ocuparse de su puesto como jefe de la delegación popular en Bruselas después de que Dolors Montserrat haya sido elegida secretaria general del PPE.

Entretanto, Génova continuará con su línea de oposición frontal a todo lo que venga desde el Ejecutivo, al que ve más debilitado —sostienen— tras el apagón y los problemas ferroviarios. “El Gobierno se ha visto desbordado. Se ha producido un colapso generalizado en el Gobierno, que se ha visto incapaz de gestionar esta crisis”, aseveró el vicesecretario Elías Bendodo este domingo en Málaga. “¿Saben lo que siguió funcionando a pleno rendimiento en Málaga el día del apagón?, la cabina del peaje de la autopista Costa del Sol”, sostuvo el dirigente. Los populares estuvieron además representados en la manifestación contra el presidente Pedro Sánchez del sábado para exigirle que convoque elecciones por su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado. “El Gobierno está en una situación francamente delicada porque no tiene una mayoría parlamentaria que sustente la acción del Gobierno. Estamos ante un Gobierno fallido”, señaló a los medios.

Por otro lado, el PP anunció este domingo la solicitud de comparecencia de la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo para el próximo 22 de mayo y del director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez, el día 19. Y este viernes 16 está previsto que acuda el ahora ministro y expresidente de Paradores, Óscar López.

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Sobre el atril han tomado también la palabra el exdirigente de Ciudadanos Marcos de Quinto; la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o el fundador de Vox Alejo Vidal-Cuadras, quien se ha dirigido a los presentes a través de un vídeo. “España está en peligro”, ha lanzado De Quinto. “La oposición no puede seguir actuando como si no pasara nada”, ha añadido el exdirigente de Cs, azuzando a PP y Vox, presentes en la concentración y a favor de la convocatoria. De Quinto ha cargado además contra la “política medioambiental” del Gobierno tras el apagón, asegurando que el Ejecutivo de coalición destruye lo que “sirve”, como “las presas y las centrales nucleares”.

Por parte de la formación popular han acudido el portavoz parlamentario en el Congreso, Miguel Tellado, o la diputada de la formación Cayetana Álvarez de Toledo, muy aclamada entre el público. El partido ultra ha estado representado por su portavoz nacional, José Antonio Fúster, o el diputado Javier Ortega Smith. “El Gobierno está en una situación francamente delicada porque no tiene una mayoría parlamentaria que sustente la acción del gobierno. Estamos ante un Gobierno fallido”, ha aseverado Tellado en declaraciones a los medios antes del acto. “Tenemos un objetivo común: abrir una nueva etapa de nuestra historia que haga emerger a nuestra nación tras siete años de un presidente que actúa por interés personal”, ha sentenciado Vidal-Cuadras desde la pantalla.

Los asistentes han portado numerosas banderas de España constitucionales y alguna previa a la ley Fundamental. “Solamente por lo que miente tiene que irse a tomar por culo”, señalaba sobre el presidente uno de los manifestantes de unos 70 años mientras bajaba la calle de Génova. “¡Traidor, dimisión!”; “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” o “¡Viva la libertad!“, eran algunas de las proclamas que se escuchaban entre los concentrados y que se mezclaban con las canciones que amenizaban la protesta, como Libre de Nino Bravo o Granada de Agustín Lara.

Para los manifestantes consultados, el apagón no ha supuesto un “punto de inflexión” en sus protestas, pero sí ha sido un factor “más” que se suma al país “bananero” que está promoviendo ―sostienen― Sánchez. Así lo veía Juliana Alcalde, de 54 años, directiva de recursos humanos bilbaína residente en Madrid. “Nadie se responsabiliza de nada, no hay dimisiones. Vengo para protestar contra la corrupción, contra el derroche, la malísima gestión de la dana... no es cuestión de ser de derechas o de izquierdas”, ha afirmado mientras su pareja le sacaba fotos. “Me enteré de la protesta por las redes. He venido porque estamos ya hartos de la situación, de Bildu, de la división que provoca Sánchez. Es independiente del apagón, pero es una muestra más de la deriva del Gobierno, venimos resignados porque aunque protestamos no cambia nada”, ha declarado Víctor García, de 23 años, jiennense residente en Madrid que estudia el Máster de Abogacía. “Es necesario que la gente reaccione, Sánchez es un individuo sin escrúpulos que solo piensa en su interés”, ha apreciado Fernando (no quiere dar su apellido), conductor jubilado de 74 años censado en la capital, aunque originario de Castilla y León.

La lluvia, que había amenazado la protesta, ha caído solo en momentos puntuales, provocando la imagen de decenas de paraguas abiertos con la bandera de España. “Los zurdos quieren quedarse con todo el dinero”, apuntaba otro manifestante mientras se veía a lo lejos el manteo de dos muñecos de Sánchez y de su esposa, Begoña Gómez. “No aceptamos convertirnos en una democracia bolivariana. Exigimos la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones”, ha proseguido Fernando García-Capelo, desatando los aplausos del público al final del acto. “¡Viva el Rey, viva la Constitución, viva España!”, ha exclamado para clausurar la concentración en torno a las 13.10, que ha terminado con el himno de España como colofón.

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De este modo, solo Extremadura y Madrid, las únicas que no habían pedido hasta ahora la desescalada y habían anunciado públicamente que dejaban la decisión en manos del Gobierno, se mantienen en el máximo nivel de emergencia recogido en la Ley de Protección Civil. El nivel 3 supone que el Gobierno, a través del ministro de Interior, sea quien asuma la coordinación de las actuaciones necesarias para paliar los efectos del suceso que ha provocado la emergencia, así como la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse para ello.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había defendido su postura horas antes: “Si no sabemos las causas, no podemos hacerlo. Es pronto. Quien tiene la información es quien debe decirnos cuándo desactivar este nivel. ¿Quién nos dice que esto no puede volver a ocurrir?“. Por su parte, María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, había señalado que, en su opinión, la situación de emergencia nacional seguía ”activa” y que eran los “responsables” de la información del apagón, en alusión al Ejecutivo central, quiénes deberían ser quienes decidan “cuándo decae este nivel de emergencia”.

Grande-Marlaska toma la decisión tras constatarse en las reuniones de este martes del Comité de Coordinación “la positiva evolución de la situación generada por el apagón” que había permitido la recuperación “prácticamente total del suministro eléctrico” antes del mediodía de este martes; la vuelta a “su nivel de actividad habitual ” de los servicios esenciales, salvo el ferrocarril; y la ausencia de incidentes de orden públicos provocados por el incidente.

Interior destaca que los representantes de las seis comunidades autónomas que pidieron rebajar el nivel de emergencia en sus territorios que han participado en la reunión del Comité confirmaron que los servicios públicos en sus regiones ya funcionan con normalidad, que se han recuperado las telecomunicaciones y que sus servicios de gestión de emergencias (las conocidas como Salas del 112) se encuentra plenamente operativas, a pesar de que algunas quedaron incomunicadas durante el apagón.

De hecho, en las últimas horas los presidentes de la mayoría de las seis comunidades habían constatado esta vuelta a la normalidad. Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ya había anunciado a primera hora de la mañana que el servicio eléctrico había sido restablecido al 100% en todo el territorio autonómico. “Por tanto, y a la vista de que estamos en condiciones de recuperar la normalidad, he solicitado al Gobierno central que desactive el nivel 3 del Plan de Emergencia”, había dicho entonces. Similar argumento utilizaba después el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el equipo del socialista Emiliano García-Page, máximo dirigente de Castilla-La Mancha. Esta comunidad rebajó luego, a primera hora de la noche, el nivel de emergencia a 1, tras normalizarse la situación.

Sus pasos fueron seguidos posteriormente por el Ejecutivo de La Rioja, quien en una nota admitía que el nivel 3 de emergencia no era ya necesaria “toda vez que Red Eléctrica ha confirmado el restablecimiento del suministro eléctrico en la totalidad de la región”. El ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla anunciaba la misma decisión a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter) de su consejero de Presidencia, Antonio Sanz, al considerar que se había producido “el restablecimiento del suministro eléctrico y la normalización en las infraestructuras críticas y esenciales”. El último en sumarse fue la Comunidad Valenciana, presidida por el popular Carlos Mazón, quien no solicitó esta medida durante la dana del 29 octubre que costó la vida a más de 200 personas. Ahora su ejecutivo justificaba el cambio en que el apagón había sido “generalizado en todo el territorio nacional”.

En las reuniones el Comité han participado, de manera presencial o telemática, distintos responsables de Interior así como de Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra, y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de representantes de los ministerios para la Transición Ecológica, Transportes, Transformación Digital, Sanidad, Agricultura y Defensa. También han asistido miembros de las Delegaciones del Gobierno de las ocho comunidades autónomas que solicitaron la declaración de emergencia de interés nacional, así como los consejeros de emergencias de estos territorios.

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Desde Valencia, adonde viajó este viernes para participar en el Congreso del Partido Popular Europeo, Feijóo ha subido de tono las primeras críticas que ya este lunes manifestó por la “falta de información” por parte del Ejecutivo sobre el apagón. “El Gobierno, lamentablemente ayer, otra vez, no ha querido asumir el mando, ha dejado que los presidentes autonómicos pidan a demanda la emergencia. Si un apagón eléctrico no conlleva la declaración de emergencia inmediata, ya no hay ningún supuesto posible para que el Gobierno asuma el mando, se ha acreditado una vez más que tenemos un país excelente y un Gobierno sobrepasado”, ha censurado el jefe de la oposición en otra entrevista en Telecinco. “Aunque se haya restablecido la electricidad, hay que saber qué ha pasado, tener la explicación adecuada. Llevamos 20 horas y todavía no hemos tenido una explicación de qué ha pasado en nuestro país, por qué se ha caído la luz y las comunicaciones”, ha reiterado Feijóo.

El PP ha llevado también sus críticas contra el Gobierno al congreso del PPE, que pese a la emergencia nacional se ha mantenido en Valencia, aunque el propio Feijóo ha tenido que renunciar a intervenir en la bienvenida del cónclave porque seguía pendiente del apagón. Ante el plenario formado por varios primeros ministros europeos y cargos comunitarios como la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el vicesecretario del PP Esteban González Pons ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mentir con la caída del suministro. “Es una pena, España merece rigor e información veraz, y que ningún desastre atribuible a la negligencia o al mal Gobierno vuelva a suceder”, se ha quejado González Pons, que ha intervenido en lugar de Feijóo. El vicesecretario del PP ha comenzado su discurso refiriéndose al apagón y delante de sus colegas europeos ha defendido que a los españoles los salvó ayer “el Estado” pero no el Gobierno. “Ayer fuimos puestos a prueba. España se fue a negro, pero los españoles no. España es una nación que tiene un Estado, pero no un Gobierno”, ha censurado. “Cada vez que ocurre algo indeseable como ayer, es el Estado el que salva a los españoles, no el Gobierno. Mi país merece un presidente que no piense solo en sí mismo y en su familia”, ha cargado también contra Sánchez. El dirigente popular, de origen valenciano, se ha referido también a la dana, de la que hoy se cumplen seis meses, sin mencionar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El barón popular ha excusado su presencia este martes en el cónclave del PPE para atender las necesidades de la población tras el apagón.

El PSOE ha emitido un comunicado en el que acusa al líder del PP de pretender “sacar partido político y personal” de la crisis. “Es de una indignidad pocas veces vista, aunque sea habitual en el PP”. Los socialistas tildan a Feijóo de “oportunista político” y de actuar “en la deslealtad institucional que en la política de altura”, informa José Marcos.

Ocho comunidades autónomas solicitaron este lunes la declaración de emergencia para que el Ministerio de Interior asumiera el mando de las competencias: Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Todas, salvo la castellano-manchega, están gobernadas por el PP. La primera fue la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, seguida de la dirigente extremeña, María Guardiola, y del barón andaluz, Juan Manuel Moreno. El presidente, en su comparecencia institucional, accedió conceder el nivel 3 de emergencia en dichos territorios y en el resto que así lo pidiesen.

Pero ese movimiento no ha sido visto con buenos ojos por Génova. “Adif y transporte ferroviarios no dependen de las comunidades autónomas. [Los presidentes autonómicos] no tenían información de cuántas personas podían verse afectadas del abastecimiento, de cuándo se iba a restablecer ese servicio... Los hospitales, quirófanos, educación, UCIs, servicios de atención domiciliaria... no sabíamos si entrada la noche iba a haber algún tipo de pillaje en algunos barrios. La imagen que estamos dando al resto de Europa y del mundo es lamentable”, ha dicho Feijóo. Galicia, la Región de Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha y Andalucía ya han pedido este martes abandonar el nivel 3 de emergencia nacional.

El líder del PP ha explicado que este lunes se puso con contacto por teléfono con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro. Y participó en una videoconferencia con los presidentes autonómicos del PP para analizar la crisis. Feijóo ha utilizado ambas conversaciones en contraposición a su no interlocución con Sánchez. Según ha relatado, el jefe de los populares intentó ponerse en contacto con el presidente pasadas las 13.00 horas, pero no le fue posible. Y el jefe del Ejecutivo hizo lo propio a la inversa desde las 18.00. Pero la conversación no se produjo. “Son las diez menos diez y no tengo todavía contacto con el presidente”, ha enfatizado. Sí ha reconocido que el ministro Félix Bolaños se comunicó ayer con su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, quien también estaba en Valencia para el Congreso del Partido Popular Europeo. Y con quien estuvo reunido presencialmente en la capital del Turia junto a otros miembros de la cúpula del PP español.

Energía nuclear

Feijóo se ha entrevistado esta mañana con el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, además de con otros dirigentes europeos. Los populares han aprovechado la coyuntura del apagón masivo para continuar con sus reivindicaciones sobre la energía nuclear. “Se acredita la imperiosa necesidad de tener energía de respaldo, cualquier país sensato no se le ocurriría cerrar lo que funciona, esa batería permanente que garantiza la energía nuclear, si después de lo que ha ocurrido ayer, el Gobierno no rectifica y no prorroga la vida de las centrales nucleares, estamos ante un absoluto disparate”, ha dicho. Mazón se ha pronunciado en la misma línea sobre las nucleares.

La prolongación de la vida útil de las centrales nucleares era precisamente una de las condiciones impuestas por Génova ante un eventual respaldo al decreto de aranceles extraordinario que se vota la semana que viene. De hecho, los vicesecretarios del PP Paloma Martín y Juan Bravo —interlocutores del ministro de Economía, Carlos Cuerpo—, se desplazaron ayer por la mañana a la central de Almaraz para criticar su futuro cierre. Por lo que, tras el apagón, este asunto cobra especial significado antes de su debate en el Congreso.

Entretanto, el PP valora impulsar medidas parlamentarias tanto en el Congreso como en el Senado, como el registro de una comisión de investigación sobre la gestión de la crisis energética. De hacerlo en la Cámara alta, los populares tendrían el control total de una comisión a tal efecto gracias a su mayoría absoluta. “El Gobierno tiene que dar algún tipo explicación, han anunciado una investigación interna, suena a tomadura de pelo. Tendrá que haber una comisión en Las Cortes”, ha el portavoz en la Cámara baja, Miguel Tellado, sobre la comparecencia de esta tarde de Sánchez, en la que ha anunciado una investigación interna. “Cuando se politiza lo técnico, estas son las consecuencias”, ha señalado Tellado en alusión directa a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, exministra socialista del Ejecutivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

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—Voy a reiniciar la luz del tren, no se asusten—.

El maquinista anunciaba por megafonía que la estación de Pueblo Nuevo no tenía electricidad, lo que impedía la circulación por la falta de tensión. Y utilizó el clásico recurso de apagar y encender. No funcionó. Nadie tenía cobertura, el conductor tampoco podía comunicarse con el servicio de Metro. Pasada ya media hora, muy nervioso, el maquinista entró en el primer vagón con una linterna en la mano y pidió que algún pasajero joven le ayudase.

—Yo no puedo abandonar el tren, necesito que algún pasajero joven vaya hasta la estación a decir que estamos parados—.

La gente se miraba con incredulidad y con cara de a ver quién iba a ser el voluntario. Un chico de unos 20 años se propuso y se lanzó a la vía. El nerviosismo empezaba a cundir dentro los vagones, también el calor.

—Siéntense que ahora les canto otra canción—.

Uno de los músicos que suele ir cada día en el Metro bromeaba y entretenía a los pasajeros. Pasados otros diez minutos, a lo lejos, a través de la puerta del maquinista, la luz de la linterna del joven comenzó a acercarse de vuelta al vagón.

—Me han dicho que no podemos bajar, que se ha ido la electricidad en toda la estación.

Al comentario del chico siguió el de otra pasajera.

—¡No habrá sido un apagón en toda España!—.

La hipótesis, en ese momento imposible, de la mujer, provocó las risas de otros pasajeros. Pero la inverosímil conjetura se volvió una realidad cuando aparecieron dos trabajadores del Metro.

 —Ha sido un apagón a nivel nacional—.

El anuncio desembocó en estupefacción y en alusiones a la rocambolesca teoría de la pasajera, que al final llevaba razón, ante la sopresa del resto. Posteriormente, dos agentes de la Policía Nacional subieron al vagón y explicaron que se trataba de un problema que afectaba a “España, Portugal y el sur de Francia”. Una mujer de unos 40 años, que afirmaba haber pasado por Atocha durante los atentados del 11-M, empezó mostrar signos de ansiedad y a elucubrar sobre las posibles causas.

Transcurrida ya una hora del freno del tren, el maquinista sacó unas escaleras amarillas de debajo de los asientos para proceder a la evacuación. Abrieron las puertas y, con la ayuda de los trabajadores de Metro, las instalaron en dos entradas del primer vagón. Los pasajeros de los vagones siguientes comenzaron a llegar al primero. Una vez allí, dejaron pasar a una señora de unos 80 años, menuda, cargada de bolsas, para que fuera la primera en abandonar el convoy. El resto de los pasajeros fueron bajando uno a uno, de manera colaborativa, echándose una mano entre todos, pues las escaleras no eran estables.

Ya en la vía, los afectados anduvieron en fila india, alumbrándose con las linternas de los móviles y de los trabajadores de Metro. Muchos trataban también de documentar la escena con sus dispositivos a través de fotos y vídeos.

—Ya estamos viviendo otro momento histórico—.

Los comentarios de ese tipo se repetían entre los desalojados, experimentando otra escena distópica más. Tras avanzar a tientas por las vías, llegaban a la estación de Pueblo Nuevo. A un lado y otro del canal esperaban unos seis trabajadores de Metro más, que ayudaban a los pasajeros a subir hasta el andén. La primera mujer, la mayor, tuvo que ser alzada prácticamente en volandas. Una vez fuera, los pasajeros empezaron a ser conscientes de que lo que había ocurrido en su túnel era de una envergadura mucho mayor de lo que esperaban. Incluso para la señora a la que se le ocurrió que era cosa de toda España.

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En paralelo, Interior ha concedido a ocho comunidades autónomas —Andalucía, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana— la declaración de “emergencia nacional”, tras haberlo solicitado.

“La preocupación va creciendo y la desinformación se va acumulando. No creo que sea razonable que en un país como el nuestro, tres horas después no tengamos información detallada”, ha dicho Feijóo antes de la comparecencia de Sánchez. “Nos hemos intentado poner en contacto con el Gobierno desde la una y pico de la tarde y necesitamos saber. Sin llamar a la tensión social, sí llamamos a la responsabilidad. El Gobierno tiene que ser responsable de una ausencia de información sin precedentes”, ha añadido el líder del PP. “Deben movilizarse todos los recursos del Estado para evitar que haya situaciones indeseables y que la ciudadanía sienta todo el respaldo de su Gobierno en un momento de tanta incertidumbre como esta”, ha agregado por la noche, tras reunirse con otros miembros de la dirección del PP en Valencia, entre los que se encontraba su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado.

La interlocución con las formaciones políticas ha corrido a cargo del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En torno a las 19.30, Bolaños ha asegurado a través de la red social X que estaba “hablando con los portavoces de los grupos parlamentarios para compartir la información” de la que dispone La Moncloa.

Feijóo ha cancelado toda su agenda oficial para la tarde de este lunes en Valencia. El líder del PP tenía previsto un encuentro con participantes del Congreso del Partido Popular Europeo y una cena con los parlamentarios de todos los estados miembros. En una nota remitida los medios, Génova ha comunicado por otro lado que el jefe de la oposición “intensificará los contactos con alcaldes y portavoces para conocer de forma precisa el nivel de incidencia de esta grave situación” y “en las diferentes cámaras de representación”. Fuentes del PP europeo indican el Congreso por ahora va a celebrarse. “Nada indica lo contrario”, informan.

La primera reacción del Partido Popular, minutos después del apagón, fue de confrontación contra el Gobierno. “No tenemos información, pero la red europea de operadores eléctricos ya dijo que España era el país con mayor riesgo de apagón. No tenemos información suficiente de las causas, pero nos llevan a la reflexión de que el Gobierno, en vez de solucionar los problemas, se dedica a protegerse de la corrupción”, ha dicho Paloma Martín, vicesecretaria de desarrollo sostenible del Partido Popular, desde la central nuclear de Almaraz, adonde había acudido junto al vicesecretario de Economía, Juan Bravo, para enfatizar su mensaje en contra del cierre de las nucleares.

Interior declara la emergencia de interés nacional en ocho comunidades

El apagón eléctrico generalizado ha movilizado a los Gobiernos autonómicos de las distintas comunidades, que han activado planes especiales para atender la crisis, en colaboración con la Administración central. Antes de la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, varios dirigentes como el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la de Extremadura, María Guardiola, habían solicitado a La Moncloa que declarase el estado de emergencia nacional. Sánchez ha respondido posteriormente que se concede la declaración de emergencia a las tres comunidades que lo han solicitado y se hará lo propio con otros territorios que se sumen a la petición. A primera hora de la noche, Interior ha informado de que la solicitud había llegado de un total de cinco comunidades: Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja y Madrid. Luego lo han solicitado Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Ante la situación que afecta a todas las comunidades autónomas y para garantizar la mejor coordinación entre todas. https://t.co/hIhJX0v05c

— Carlos Mazón (@carlos_mazon_) April 28, 2025

“Hemos solicitado al Gobierno de España la declaración de nivel 3 por emergencia de interés nacional y la activación del ejército para colaborar en esta crisis”, ha escrito Díaz Ayuso a través de la red social X. “Una emergencia nacional, como la que estamos experimentando, requiere coordinación del Estado. Por ello, desde la Comunidad Autónoma de Extremadura, solicitamos al Gobierno de España que active el plan 3 de emergencia. Es preciso una respuesta de país coordinada”, ha añadido Guardiola, también a través de X. En el caso de la Junta de Andalucía, no han pedido la actuación del ejército, pero se han sumado a la petición de emergencia nacional.

El sistema español de protección civil prevé tres niveles de emergencia. El nivel 3 es el previsto para las denominadas emergencias “de interés nacional”. Son aquellas que requieren la aplicación de la ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio —la que se aplicó durante la pandemia de la covid, aunque no en el grado requerido para decretar el confinamiento, según sentenció el Constitucional—. Pero también puede aplicarse “cuando sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico”.

En Canarias, que han esquivado el apagón en la península Ibérica, el Gobierno regional ha declarado a las 15.15 la situación de alerta para garantizar el seguimiento de las posibles afectaciones a los suministros básicos. El Ejecutivo aplica de esta manera el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), informa Guillermo Vega.

Las islas cuentan con seis sistemas eléctricos distintos de pequeño tamaño. Cada uno no solo está aislado de la Península, sino también entre ellos (a excepción de Lanzarote y Fuerteventura y Tenerife y La Gomera, que están conectadas).

Barones populares como el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, o el de Aragón, Jorge Azcón, han comparecido ante los medios para mandar mensajes de “tranquilidad” a la población. “Hemos constituido el gabinete de crisis con motivo del apagón eléctrico”, ha anunciado López Miras, cuyo Gobierno ha activado el Plan de Emergencias en el nivel 1, que implica que “todos los servicios de emergencias de la Región de Murcia están activados y a disposición de la emergencia”. El Ejecutivo regional está “en contacto con todos los ayuntamientos” para que requieran esos servicios. “La prioridad es garantizar el suministro eléctrico a los centros sanitarios de la Región de Murcia y también tenemos preparado si fuera necesario el suministro de combustible para esos centros. El 112 ha recibido 900 llamadas y se ha reforzado con más medios. López Miras pide evitar los desplazamientos innecesarios.

“Desde Red Eléctrica nos dicen que el apagón va a durar aún unas cuantas horas”, ha asegurado al borde de las tres de la tarde el presidente de Aragón, Jorge Azcón. “La prioridad pasa por la seguridad de todas las personas y lo más importante es que reduzcamos la actividad, que las personas se queden en su casa y utilicen lo menos que puedan la telefonía, que consuman la menor energía que sea posible”. El dirigente popular ha señalado que los principales problemas que ha atendido el servicio de emergencias 112 tiene que ver con personas atrapadas con ascensores, pero no mayores problemas. “Estamos movilizando todas las plantillas de policía local, bomberos y los principales ayuntamientos de la comunidad autónoma”, ha anunciado.

Dirigentes socialistas como el presidente asturiano, Adrián Barbón, ha enviado también a través de la red social X un mensaje pidiendo a los ciudadanos mantener “la calma” junto a una imagen del comité de crisis que ha instaurado el Gobierno del Principado.

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De esta manera, y tras la séptima manifestación convocada este lunes reclamando su dimisión por la gestión de la dana, Mazón eludirá el contacto directo con la gente, como ha estado haciendo en estos últimos seis meses, desde que las catastróficas inundaciones del 29 de octubre causaran 227 muertos y un desaparecido en la provincia de Valencia, mientras el jefe del Consell estaba ausente del puesto de mando que coordinaba la emergencia, el Cecopi.

Desde entonces, Mazón ha ido adaptando su relato al contexto político, social y judicial, desvelando datos e información sobre su polémica gestión de la dana que había ocultado durante meses con la finalidad de evitar su imputación y confirmar su discurso. En este sentido, el president aseguró el 26 de febrero que llegó al Cecopi a las 20.28 horas del 29 de octubre, es decir, 17 minutos después de que se lanzara el mensaje masivo de alerta a los móviles de la ciudadanía que la jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción del caso, ha situado en el centro de su investigación y ha calificado de “tardío” y “erróneo” en su contenido al no pedir que se pusieran a salvo en altura. Si se hubiera lanzado antes de las 20.11, se podrían haber salvado muchas vidas, señala la magistrada, que el pasado jueves ofreció por tercera vez declarar voluntariamente al jefe del Consell, aforado y, por tanto, responde ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). A esa hora la mayoría de las víctimas ya había fallecido, añade en uno de sus últimos autos.

Mazón afirmó entonces que no cambiaba su versión porque “las 20.28 es después de las 19.30″, la hora de llegada al Cecopi que se había apuntado desde la Generalitat desde un principio, “a partir de 19 horas”, según indicó él mismo días después de la dana. La Generalitat filtró una imagen de su llegada cuatro meses después, pero aseguró hace dos semanas que se habían borrado a los 15 días (en aplicación de la ley) las imágenes grabadas el 29 de octubre por las cámaras del Palau de la Generalitat, pedidas por la oposición del PSPV-PSOE y Compromís en Les Corts. Presidencia sostiene que ese día fue al Palau tras una larga comida con la periodista Maribel Vilaplana en el céntrico restaurante El Ventorro de Valencia. Tras días de ocultación sobre su paradero, el 7 de noviembre el propio Mazón señaló a este periódico que el fatídico 29 de octubre estaba en “una comida de trabajo, al lado del despacho”. El 26 de diciembre, la Generalitat alegó que Mazón almorzó en calidad de líder del PP, no como president, para justificar que no iba a entregar la factura.

La alarma masiva condiciona el relato presidencial. El pasado 16 de abril se rescató una entrevista del programa Salvados, de La Sexta, de principios de diciembre, con el presidente de la diputación de Valencia, Vicent Mompó, del PP. En ella explicaba que estaba en el Cecopi junto a la entonces consejera de Interior, Salomé Pradas (cesada e imputada, junto a su número dos, Emilio Argüeso), cuando hablaron por teléfono con Mazón sobre “el tema de la alerta”. Mazón negó de inmediato el titular de una información sobre esta entrevista y Mompó salió para matizar: “Lo que dije en Salvados de ninguna manera implica que el presidente Mazón tuviera capacidad operativa o participara en decisiones sobre el envío del Es-Alert”. Este martes, Mompó declara ante la jueza de la dana como testigo y, por tanto, está obligado a contar la verdad.

A lo largo de estos seis meses son numerosos los mensajes en redes sociales, sobre todo en X, que rescatan de la hemeroteca y la videoteca manifestaciones de Mazón y de su equipo que o bien contradicen lo dicho con posterioridad o bien ponen en entredicho el relato de la Generalitat. “La revolución metereológica que se produjo desde las seis de la tarde nos la iban trasladando desde Confederación y desde AEMET”, afirmó Mazón ante las cámaras de Antena 3 el 1 de noviembre.

Tres días después, tras la accidentada visita encabezada por los Reyes a Paiporta, el president cambió su discurso y avanzó su relato de la dana. Aseguró en la Cope que no se envió antes el Es-Alert porque la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desactivó hasta “tres veces la alerta hidrográfica; a la una, a las tres y las cuatro”. El Ministerio de Transición Ecológica, del que dependen las confederaciones, desmintió al poco la información. Desde este momento y hasta hoy, el Consell ha puesto en su foco al Gobierno y la CHJ, acusándola de no haber alertado del desbordamiento del barranco del Poyo, además de a la AEMET.

Corresponsabilizar al Gobierno

La Generalitat siempre trata de corresponsabilizar al Gobierno de la gestión de la emergencia y Mazón reitera que él no formaba parte del Cecopi (tampoco Mompó, que participó de toda la reunión). Numerosos internautas han reproducido las declaraciones del actual president cuando era el jefe de la oposición a propósito del grave incendio de Bejís de agosto 2022, en el que hubo más de una decena de heridos, cuando un tren atravesó las llamas. “Los protocolos de incendios [y] los protocolos de Emergencias en la Comunitat Valenciana están meridianamente claros y que la responsabilidad de haber evitado que ese tren hubiera salido y de haber avisado (...) es de la Generalitat Valenciana, cuyo máximo responsable está dando la callada por respuesta”, dijo Mazón en alusión al socialista Ximo Puig, a la sazón presidente. La jueza de Catarroja insiste en sus autos en que la gestión es “competencia autonómica”, si no se declara la emergencia nacional, como indica el Estatut d’Autonomia y el plan de Inundaciones del Consell.

El pasado 12 de febrero, el propio Mazón divulgó en su cuenta de X el audio sesgado, incluido en una noticia, de la conversación telefónica mantenida al mediodía del 29 de octubre entre una trabajadora de la AEMET y una responsable del 112, en el que la primera quitaba importancia a la situación meteorológica. En la grabación completa, sin embargo, la profesional incidía en que los avisos rojos iban a seguir vigentes y que “lo peor” se iba a producir entre las 15.00 y 18.00 horas. La AEMET, que no graba sus comunicaciones, ha denunciado ante la Fiscalía la “filtración manipulada” de la conversación con el 112, dependiente de la Generalitat.

El 3 de marzo, ante previsiones meteorológicas adversas con aviso rojo en el interior de Castellón, Mazón y la Generalitat hicieron todo lo que no se hizo el 29 de octubre: el president visitó el Centro de Emergencias a primera hora, se anunció el envío de forestales para vigilar la crecida de barrancos y se envió la alerta ciudadana con celeridad.

El 16 de abril, Mazón aseguró que habló con Pradas “durante todo el día” de la dana. El listado telefónico aportado bajo notario por la exconsejera al juzgado, no obstante, pone de manifiesto que ni le cogió el teléfono cuando estaba comiendo con la periodista, ni tampoco en los momentos más tensos del Cecopi. El listado también desveló una llamada con Pradas que Mazón obvió en su intervención del 24 de febrero en Madrid, en la que enumeró sus comunicaciones del 29 de octubre: la de las 20.10, un minuto antes de que se enviase la alarma masiva a la ciudadanía.

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En el mismo contexto, el portavoz popular ha anunciado que su partido llevará a la Comisión Constitucional de la Cámara baja una proposición no de ley para “defender la independencia de los medios” y ha asegurado que su formación parará “los pies” al jefe del Ejecutivo en caso de que el “plan de acción por la democracia” cuele “por la puerta de atrás algún elemento” que vaya contra la normativa y principios de la UE.

“Si hay una máquina del fango es la de Sánchez”, ha remachado el popular, en referencia a la expresión que el presidente del Gobierno ha venido utilizando en los últimos meses y tras conocerse que su esposa, Begoña Gómez, estaba siendo investigada para referirse a los medios de comunicación que difunden bulos y desinformaciones. Pero ni Tellado ni su partido han confirmado si apoyarán o no al menos una parte del plan, que afecta a la transposición de una directiva europea. “No conocemos el texto, vamos a ver qué texto se nos presenta”, ha expresado el portavoz del PP, quien, acto seguido, ha vuelto a descalificar la acción del jefe del Ejecutivo. “Que no cuente con el PP para la censura, para maniatar a medios de comunicación que están destapando escándalos sobre su partido y su familia. Los medios de comunicación no tienen ningún problema de regeneración democrática, lo tiene Sánchez”, ha reiterado el portavoz parlamentario.

Antes de la presentación de las medidas, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, criticó que el PP se oponga, sin conocerlas, a las medidas de regeneración democrática y contra la desinformación del Gobierno, cuando, ha asegurado, hace poco apoyó medidas muy similares en Bruselas.

El tercer partido de la Cámara, Vox, ha calificado el plan como “un paso más en ese asalto a las libertades de los españoles” y lo acusa de “volar por los aires todos los contrapoderes del Estado”, en palabras del secretario general de la formación ultra, Ignacio Garriga, tras reunirse con los miembros de su grupo parlamentario en las Cortes Valencianas. Para él, Pedro Sánchez ya “asaltó todo lo que podía asaltar”, como “el Poder Judicial” y el “Tribunal de Cuentas” y ahora, afirma, les ha tocado “a los profesionales del periodismo”, a los cuales “va a someter a la censura y a lo que él llama los bulos y demás”. “A partir de ahí nosotros no nos moveremos de donde estamos en la defensa de la libertad”, aseguró, recoge Servimedia.

ERC espera a disponer del texto completo para valorar el plan, aunque, por lo ya difundido este martes, lo califican “declaración de intenciones muy tibia” y “por ahora, una pura decepción”. “Veremos cómo se concreta todo en la tramitación parlamentaria, pero lo observamos con preocupación”, apuntan los republicanos, socios parlamentarios habituales del Gobierno, que acusan que “por ahora no hay concreción sobre cómo quedarán” los cambios de los artículos del Código Penal que puedan afectar a los derechos de libertad de expresión y de creación artística. “No sabemos si esto incluye la derogación de los delitos contra la Corona”. Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza, esgrimen que en el plan “solo se menciona modificar un artículo para acabar con las sanciones por el uso y difusión de imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y no es cierto que esto signifique reformar nada, sino que es aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional”, censuran. Para la fuerza independentista catalana quedan fuera una reforma integral de la norma, que supondría prohibir las balas de goma, revisar y eliminar sanciones por falta de respeto y desobediencia y las llamadas devoluciones en calientes de inmigrantes. La reforma de ley de secretos oficiales, apuntada en el plan, “tampoco se detalla”, ni tampoco, entiende ERC, “se depuran las cloacas del Estado, tomando las medidas legales, penales y administrativas que procedan para castigar a los responsables y ejecutores de actuaciones ilegales o ilícitas, o para separarlos de los cargos susceptibles de reincidencia en caso de prescripción del delito”.

También es escéptico el PNV, aliado habitual de la mayoría progresista que apoya al Gobierno en el Congreso, para el que la mayoría de las medidas anunciadas por el Ejecutivo español son “inconcretas”. Fuentes del PNV han indicado que ahora se disponen a “esperar para ver en qué se traducen exactamente muchas de ellas” y, por lo tanto, no se atreven a realizar una valoración en profundidad del plan “porque no ha sido consensuado y se desconoce el contenido exacto del mismo” y advierten de nuevo que en su opinión esta “no es una legislatura para legislar, y menos para lanzar medidas sin hablarlas con quienes dan soporte parlamentario”. Una crítica recurrente del PNV en lo que va de mandato. El Grupo Vasco defiende que “lo importante es la actitud de las personas y la conciencia social, y algunas medidas del plan podrían tener efectos contrarios a los que se dice propugnar”. Y es ahí cuando entra a analizar algunas propuestas concretas. Para el PNV lo relacionado con la reforma de la Ley Mordaza la tachan de “ridícula después del amplio acuerdo al que varios grupos llegaron en la pasada legislatura y que fue tumbada por Bildu y ERC”. Sobre la propuesta para la ley de Secretos Oficiales sostienen que “si se basa en el anteproyecto de 2022, implicaría que los plazos para desclasificar documentos llegarían incluso a doblar los propuestos en la Proposición de Ley del Grupo Vasco que está en trámite en el Congreso” y que llevan registrando sin éxito varias legislaturas y que se ha visto afectada y frenada por varias convocatorias electorales. Informa Javier Casqueiro.

Fuentes de EH Bildu han señalado que, a falta de “un análisis profundo” de las 31 medidas, estas van “en la buena dirección”, en especial las que aluden a hacer frente a los bulos y la desinformación, mejorar la transparencia y “poner en marcha medidas de apoyo a medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano”. Las mismas fuentes objetan, en cambio, que no aprecian “ninguna novedad relevante” en los anuncios sobre la denominada ley mordaza y que están “a la espera de conocer más detalles sobre la reforma de la Ley de Secretos Oficiales”, porque “en el caso de que suponga recuperar los plazos y la propuesta que hizo el Gobierno hace dos años”, no contará con el apoyo de los abertzales, que confían en incluir en la tramitación parlamentaria “aportaciones para que el plan sea más ambicioso”.

El diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha advertido este martes en el Congreso de que sus cuatro parlamentarios, incluidos ahora en el Grupo Mixto, no apoyarán el plan de regeneración democrática del Gobierno si este no incluye algunas de sus demandas. “No sabemos lo que se va a aprobar, porque no nos lo han contado, pero una simple transposición de una directiva europea no es una regeneración democrática”, ha adelantado Sánchez Serna en su intervención antes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. “Hace falta una ley de medios que democratice el espacio radioeléctrico, con la ley de los tres tercios que reparta ese espacio entre medios públicos, privados y organizaciones comunitarias y sociales; (…) una ley que recoja una declaración de intereses de los grandes presentadores y los grandes directores de programas que fijan la línea y hablan todos los días, por ejemplo, de okupación, cuando son multipropietarios; y una ley que recoja el derecho a la rectificación de los bulos”, ha enumerado. “Sin esas medidas de regeneración, este plan se va a quedar vacío, como un titular más, y no podrá contar con el voto de los diputados de Podemos”, ha amenazado.

Por su parte, fuentes de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que cuenta con un diputado en el Grupo Mixto, alertan de que el plan, del que apuntan que falta por conocer detalle para valorarlo de manera más completa, pretende “generar desconfianza y falta de credibilidad de manera generalizada en lo que publican los medios y no es del agrado del presidente [del Gobierno]”. Otra formación del mismo grupo parlamentario, Coalición Canaria, que cuenta con una única parlamentaria, ha remitido a poder estudiar las medias recién anunciadas antes de anunciar su posición. El BNG remite a un análisis exhaustivo del documento, aunque celebra que el Ejecutivo haya incluido algunas de sus demandas, señalan fuentes de la formación galleguista, “como la derogación de los delitos contra los sentimientos religiosos o la obligatoriedad de celebrar debates [electorales]”.

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Sánchez ordenó rectificar a Interior en menos de 24 horas para apaciguar a su socio de coalición, Sumar. También para mantenerse en su posición tras el inicio de la guerra sobre Gaza como uno de los jefes de Gobierno más cercano a los palestinos y más beligerantes con el Gobierno de Benjamín Netanyahu. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido a primera hora en una entrevista en RNE la actuación del Ejecutivo. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer: respetar la legalidad internacional y vincularnos a los tratados internacionales de armas”, ha enfatizado. Díaz, líder de Sumar en la coalición y quien ha trabajado desde el miércoles en coordinación con La Moncloa para que Interior rectificara la compra a Israel, ha añadido que si bien los contratos “tienen que ser cumplidos” también existen “causas de nulidad”. “La decisión está ampara por la legalidad, con todos los informes preceptivos y por tanto, con la tranquilidad debida”, ha reiterado.

El PP cree que el Ejecutivo tendrá que abonar igualmente el importe de la compra, aunque sin recibir nada a cambio. Sin embargo, fuentes de La Moncloa aseguran que eso no es así, o al menos no es su cálculo. De hecho insisten en que se ha buscado una fórmula para evitar ese problema que había detectado la Abogacía del Estado. Interior alegará que hay un organismo, la junta de material de doble uso, que va a denegar la entrada de esa munición, y por tanto se rescinde el contrato porque no se podría recibir el pedido. Con este argumento, ante la previsible batalla jurídica, el Gobierno confía en que no tendrá que pagar los seis millones de euros o como mucho alguna penalización, pero en ningún caso el coste completo de unas balas que no recibirá. Este organismo alegará causas de interés nacional, y por tanto eso tendrá que discutirse jurídicamente, pero el Gobierno confía en poder ganar esta partida que solo acaba de empezar, informa Carlos E. Cué.

El PP está convencido de que se pagará todo. “Nos encontraremos frente a una responsabilidad contable por menoscabo de los caudales públicos con incumplimiento de las normas presupuestarias que exigen entrega de algo”, critican en ese sentido desde el Partido Popular, que aboga por mantener la “normalidad en las relaciones diplomáticas y comerciales con los países democráticos entre los que se encuentra Israel”. Así se ha explicado Borja Sémper en declaraciones a los medios este viernes, aunque el portavoz de la formación no ha especificado qué haría el PP si ocupara La Moncloa de cara a futuros contratos con Israel. “Lo primero es cumplir con los contratos con los que se compromete el Gobierno de España”, ha dicho. “Queremos saber cuántos componentes vienen de Israel”, ha añadido Feijóo, que además ha cargado contra La Moncloa por, ha asegurado, comprar gas ruso a Vladímir Putin tras la invasión a Ucrania, estableciendo un paralelismo en la polémica con la compra de armas de Israel. “Es curioso que los mismos que se rasgan las vestiduras por comprar un fungible, que es una bala para una pistola de la policía o de la guardia civil, permitan una compra masiva de gas ruso”, ha sentenciado.

El Partido Popular pretende atacar a la coalición en este asunto desde todos los flancos. Ya en la tarde de este jueves el grupo parlamentario popular en el Congreso registró una solicitud de comparecencia de Grande-Marlaska para que “rinda cuentas en la Comisión de Interior”. Pero la formación de Feijóo no fue la única. También los grupos de ERC, EH Bildu y BNG presentaron otra solicitud de comparecencia conjunta en la Cámara baja. “Denunciamos el incumplimiento de los compromisos adquiridos para finalizar toda transacción de material militar frente al ataque y genocidio perpetrado contra el pueblo palestino y reclamamos aclarar las responsabilidades derivadas por estas actuaciones”, criticaron en un comunicado a tres bandas las formaciones nacionalistas.

Mientras arrecian las críticas contra el movimiento unilateral de Interior, Sánchez rehúsa cesar al ministro y mantendrá a Grande-Marlaska pese a desautorizarlo, con el objetivo de salvar la estabilidad de la coalición. A pesar de que esta crisis aparentemente no tendrá consecuencias políticas graves, esto es: dimisiones —está por ver qué hace el propio Grande-Marlaska en Interior, donde se han tomado las decisiones—, varias fuentes del Ejecutivo coinciden en el gran enfado que tenía el presidente con Marlaska y su equipo el miércoles, al enterarse de que el contrato que habían prometido revocar se había mantenido y se había publicado oficialmente en Viernes Santo, en un vano intento por esconder la noticia, que finalmente fue revelada por la Cadena SER.

“El Gobierno detectó un problema y lo ha resuelto, se ha corregido”, ha esgrimido Óscar López, que ha salido en defensa del responsable del Interior. “Marlaska es un excelente ministro, uno de los mejores ministros del Interior que ha tenido España, y además una persona extraordinaria”, ha resaltado el secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital, informa José Marcos. López ha incidido en el mensaje de que el Gobierno está “comprometido con la paz” y “es uno de los gobiernos del mundo que más ha apoyado a Palestina”, a la que reconoció como Estado el año pasado.

Otro ministro, Óscar Puente, ha eludido pronunciarse sobre el ministro del Interior y si debe presentar su dimisión por la crisis que suscitó la compra de munición a la empresa israelí. Lo que sí ha resaltado el titular de Transportes a la salida de un acto en Valladolid es que España “es un país comprometido con la paz y el pueblo palestino”.

Pese a no suponer, de momento, consecuencias políticas directas en forma de destitución o dimisiones, el entuerto pone en una situación de debilidad a La Moncloa frente a la oposición. Y los populares continuarán metiendo el dedo en la llaga. “El contrato que se tiene que rescindir es el de Pedro Sánchez en La Moncloa”, ha ironizado Sémper. En paralelo, la vicepresidenta segunda ha cuestionado en RNE las críticas del PP y de Feijóo sobre la actuación del Ejecutivo en este caso y le ha invitado a repasar su trayectoria en la Xunta, donde “rescindió algún contrato público”. Díaz también ha afirmado que quiere “pasar pantalla” y después del giro del Gobierno sobre el contrato no reclama la dimisión de Grande-Marlaska.

Críticas en la Guardia Civil

En el seno de la Guardia Civil también han surgido críticas a la decisión del Gobierno de rescindir unilateralmente la compra de 15 millones de balas a una empresa israelí. La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha expresado este viernes a través de un comunicado su “profunda preocupación” por la forma en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha resuelto la polémica al considerar que tendrá un “enorme impacto” no solo a nivel operativo, sino también en la formación en tiro de los agentes, informa Óscar López-Fonseca. “El problema no es solo la munición que no llegará, sino lo que nos costará su ausencia. Hablamos de un gasto de 6 millones de euros que, una vez más, no pagarán los responsables políticos, sino que saldrá de los medios asignados a los guardias civiles. Lo próximo será que nos pidan ‘disparad poco, que sale caro”, ha afirmado Daniel Fernández, portavoz nacional de IGC.

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Mientras prosiguen los interrogatorios a expertos en la comisión de investigación, el PP no ha agendado aún ninguna comparecencia de responsables políticos, pese a haber presentado hace semanas una lista que incluye al presidente Pedro Sánchez y varios ministros, aunque a nadie de la Generalitat salvo al president Carlos Mazón. Los nombres citados este miércoles por el PP eran los del catedrático de Derecho Civil de la Universidad de València y exmagistrado del Tribunal Supremo, Javier Orduña, y del presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Juan Valero de Palma. Ambos han seguido la pauta marcada por otros comparecientes llamados a instancias del Partido Popular al poner el acento en las “obras hidráulicas” proyectadas pero no ejecutadas, que a su juicio hubieran mitigado los daños de la dana de la Comunidad Valenciana, que dejó 227 muertos y un desaparecido.

El más crítico con el Gobierno central ha sido el exmagistrado del Tribunal Supremo. “Son obras vitales, es decir, sirven para salvar vidas”, ha asegurado en su intervención. Aunque, eso sí, Orduña ha reconocido que dichas infraestructuras podrían haberse ejecutado por parte de todos los Ejecutivos centrales que han pasado por La Moncloa desde 2005. “Desgraciadamente, el último Gobierno es el socialista, pero ha habido muchos años. No estoy hablando de ningún partido político en general”, ha señalado el catedrático.

“Lo que no se puede es por razones ideológicas, por prejuicios, descartar las presas, siguen siendo necesarias”, ha agregado posteriormente el presidente de Fenacore en una intervención mucho más corta que la anterior porque en la sala se celebraba posteriormente otra comisión de investigación promovida por los populares, la del caso Koldo, con la intervención del hermano del exasesor del exdirigente socialista José Luis Ábalos. El presidente de Fenacore ha empleado un tono más conciliador que su antecesor y ha pedido a los partidos “centrarse en la reconstrucción y preparación para futuras danas”.

Otro de los puntos de fricción ha sido la declaración de emergencia nacional. El jurista cargó contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no haber asumido el mando único. Pero finalmente reconoció que Mazón podría haber declarado el estado de emergencia catastrófica al amparo del artículo 12.4 de la ley de Protección Civil. La semana pasada, la jueza Nuria Ruiz insistió en un auto en cuanto a si procedía una declaración de emergencia nacional que “ni se declaró estatalmente, ni se propuso por la Administración valenciana, de la que forman parte los dos investigados. Existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía esta declaración, ni el 29 de octubre ni tampoco los días posteriores”. Orduña se ha referido a la actuación de la magistrada directamente. “No quiero polemizar con la jueza. Esa pasividad tendrá que ser analizada en todos los eslabones. El ministro de Interior tendrá que responder”, ha sentenciado.

Tanto el PSOE como las formaciones de izquierdas han vuelto a criticar que el PP no haya aceptado en la comisión de investigación a responsables políticos de la Generalitat. Este miércoles, en concreto, han puesto el foco en la trayectoria de Orduña, que tras la dana había censurado la actuación de la administración central. El exmagistrado del Supremo atribuyó “asegurar la vida de las personas durante la dana” como “competencia del Estado”. “No acabamos de entender por qué está llamado [a esta comisión de investigación]”, ha resumido el senador socialista Alfonso García.

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El pleno se antojaba más jugoso aún en una semana en la que la Cámara alta aglutina toda la atención por no haber actividad en el Congreso. Finalmente, el presidente Pedro Sánchez opacó el golpe con su anuncio sobre el aumento del gasto en defensa en una comparecencia ofrecida en La Moncloa minutos antes de que arrancase la sesión promovida por los populares, que transcurrió entre un incesante murmullo de los senadores que sí ocuparon su escaño. La propuesta fue aprobada con 146 votos a favor (PP, Vox, UPN y Agrupación Socialista de la Gomera) y 13 abstenciones (Junts, PNV, Más Madrid, Compromís, Eivissa i Formentera al Senat, BNG y Geroa Bai).

“¡El PSOE perdió las elecciones generales, imagínense si hay cambio desde entonces!”, señaló la senadora del PP Arenales Serrano durante el último turno de palabra del debate, recordando que los Presupuestos en vigor fueron refrendados en la legislatura pasada con un equilibrio de fuerzas distinto previo a los comicios del 23 de julio de 2023. “Inventan eso de la mayoría social, no progresista, ni parlamentaria, para la investidura. Para que me entiendan en mi casa, mis sobrinos de Valladolid, ¡hicieron un acuerdo para el sillón, no para la gobernación!”, añadió Serrano en una de las pocas intervenciones enérgicas del debate, cuando había cesado el ruido en las bancadas y después de que algunos compañeros del Partido Popular entraran en el hemiciclo para escucharla. Y aplaudirla.

La moción presentada por el PP tiene carácter meramente político, pero no vinculante. Y ataca al Gobierno apoyándose en el artículo 134.3 de la Constitución, que dice: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Así, y ante la resistencia del Ejecutivo de intentar una propuesta de Cuentas públicas por la falta de apoyos, el PP se ha valido una vez más de su altavoz del Senado —la Cámara que controla por completo con mayoría absoluta y utiliza como contrapeso a la mayoría de investidura—, para enfatizar la “debilidad parlamentaria” del PSOE. “Esta situación resalta la falta de proyecto político de Pedro Sánchez y supone un grave menoscabo de la función parlamentaria de control y del derecho de los ciudadanos a conocer y valorar el rumbo económico del país”, censura el escrito registrado por la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Aunque tenía asegurada la mayoría asegurada, el Partido Popular aceptó incorporar una enmienda parcial presentada al texto por el grupo de Izquierda Confederal, que pedía ampliar el objeto de la moción a instancias del senador de la Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea. El grupo —integrado por Más Madrid, Eivissa i Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai—, ha pedido “un planteamiento completo y realista sobre varias materias concretas”: incremento derivado de los compromisos internacionales en materia de defensa; cobertura de las necesidades derivadas de la coyuntura provocada por el conflicto arancelario, impulso efectivo a las políticas de vivienda asequible y los compromisos asumidos con las comunidades autónomas, con especial atención a la reparación de los daños provocados por la dana en la Comunidad Valenciana.

“Ya hemos trasladado públicamente que el gobierno debería presentar Presupuestos”, señaló la senadora de PNV María Dolores Etxano, una de las formaciones que se abstuvo en la votación. Aunque la parlamentaria vasca pidió acto seguido al PP “responsabilidad” a la hora de negociar las Cuentas y les instó a no “polarizar” el debate con mociones como la presentada este martes. “La mayoría absoluta del Senado no le sirve para gobernar en el Estado”, remachó la senadora del BNG María Carmen da Silva.

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“Hay muchas informaciones que en esa sede judicial vamos a conocer”, señaló este martes Cuca Gamarra, la número dos del PP, tras la declaración de la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé. Aunque las palabras de la secretaria general del PP resuenan en el cuartel de Génova en sentido contrario. En el gabinete de Feijóo ni siquiera quieren entrar a valorar las últimas pruebas que apuntalan la ausencia de Mazón durante los momentos más críticos del 29 de octubre a raíz del listado telefónico aportado bajo notario por la exconsellera Salomé Pradas. Y tratan de desviar el foco hacia otras cuestiones “de política nacional”, como la investigación contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, y la reciente declaración del ministro Félix Bolaños en esa causa.

La dirección del PP ha salido airosa de cara a la galería estos días, pues el calendario de Semana Santa ha vaciado la agenda de los miembros de la cúpula desde el miércoles pasado. Está previsto que el portavoz nacional, Borja Sémper, tenga que responder a las últimas novedades ante la prensa, este lunes, tras la reunión del comité ejecutivo. Sémper ya se quitó de en medio en otoño pasado para no defender a Mazón justo después del paso de la gota fría.

El president Mazón envió a principios de semana una carta al presidente Pedro Sánchez en la que le plantea “la urgente necesidad” de mantener una reunión para tratar la recuperación tras la dana, que podría ser en el Palau de la Generalitat. El señalamiento a la Administración central es parte de la estrategia de defensa de los populares para salir de este atolladero. En su última comparecencia, el lunes, Feijóo aseguró que desconocía la misiva enviada. “Lo que sí tengo es una constatación de hechos: ante todos los daños producidos por la dana, el Gobierno no ha puesto ni un euro a la Administración de la Generalitat Valenciana. No solamente no les interesa lo que se ha producido durante la dana, sino que tampoco les interesa la reconstrucción posterior”, aseguró el líder del PP.

“Para mí es muy importante aceptar que ninguna de las dos administraciones estuvo a la altura de lo que se pedía de ellas en ese momento”, afirmó Feijóo en una entrevista en Okdiario publicada este viernes. Sobre las futuras elecciones autonómicas de 2027 en la Comunidad Valenciana y el futuro de Mazón, respondió: “Trabajaremos en esa candidatura y, si creemos, por el contrario, que es necesario reforzarla, trabajaremos en el otro plan de reforzamiento a la candidatura”. Aunque, en cualquier caso, respaldó al president: “Nosotros estamos apoyando al presidente Mazón y lo vamos a seguir haciendo. Primero, porque ha sido coherente y segundo, porque ha sido valiente”.

Mientras la dirección del PP tira balones fuera, al nerviosismo interno de los populares le cae más leña al fuego con las últimas revelaciones. Cuando Pradas estaba ya desbordada por la emergencia, con el Cecopi convocado, Mazón le canceló una llamada a las 16.29, hora a la que comía con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro. Hasta en los cuadros más conservadores, como el entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, consideran que Mazón no estaba el 29 de octubre donde tenía que estar, señalan fuentes de este gabinete. Unas críticas que comparten otros cargos.

Con todo ese caldo en ebullición, Feijóo tendrá que acudir al congreso del Partido Popular Europeo previsto para los días 29 y 30 en Valencia, aunque hace un mes trató de cambiar la ubicación. Entonces todavía se desconocían todas las pruebas desveladas posteriormente. Y aún quedan dos semanas por delante, por lo que aún hay margen para que emerjan más indicios contra Mazón. La decisión del PSOE de cambiar el pleno del Congreso de esa semana a la siguiente para que los populares no tengan problemas para viajar a la capital del Turia supone un dardo envenenado para el PP, que ya no cuenta con ninguna excusa para no secundar el acto por todo lo alto. La Generalitat avanzó que el máximo responsable de la Comunidad Valenciana estará presente, por lo que Feijóo tendrá difícil esquivar la incómoda imagen en medio de un clima de alto voltaje. Su última foto fue a finales de enero en la Feria Internacional de Turismo de Madrid.

Entidades cívicas, sociales y sindicales han convocado una nueva manifestación en Valencia contra Mazón el próximo lunes 28 de abril, la séptima marcha, que se desarrollará un día antes que comience el congreso del PPE y de que se cumplan seis meses de la tragedia que dejó 227 muertos y un desaparecido. También el 29 de abril declarará como testigo el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, quien aseguró a La Sexta que tanto Pradas como él mismo consultaron con el president, no presente en el Cecopi, el envío de la alerta a los móviles, que finalmente llegó a las 20.11, un minuto después de que Mazón y Pradas hablasen por teléfono. Una llamada que el jefe del Consell ocultó cuando relató en Madrid las 16 conversaciones que había mantenido ese día, como avanzó eldiario.es. Además, según adelantó el mismo medio, asociaciones de víctimas de la dana han pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, una reunión durante la celebración del Congreso del PPE, al que acudirán numerosos altos cargos europeos en medio de la contestación social.

El oxígeno ganado por Mazón con el pacto con Vox para los presupuestos autonómicos ha durado poco con las consecuencias colaterales del proceso judicial. En cualquier caso, la difícil relación entre Feijóo y el president se mantuvo tras el acuerdo con los ultras, pues Génova desligó su continuidad de la aprobación de las cuentas públicas. El callejón sin salida de los populares sigue teniendo el mismo problema: Vox tiene la llave para investir a otro candidato distinto para acabar con el dolor de cabeza del líder del PP. Como desveló EL PAÍS, la dirección nacional del PP sondeó a distintos sectores del PP sobre fórmulas para apartar al president, cuando ni quiera estaban todas las cartas sobre la mesa. Ahora la situación es más delicada aún.

Lo que está claro desde hace tiempo es que a priori el congreso del PP valenciano en el que se designaría al líder territorial no será cuando estaba previsto, en junio. Aunque Génova no aclara su fecha. “Lo orgánico pasa a un segundo plano porque la prioridad allí es la gestión pública en estos difíciles momentos”, explicaron en un comunicado.

En el plan de exculpar, el PP nacional y el valenciano continúa cargando las tintas contra el Ministerio de Transición Ecológica, de quien depende la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Y más, después de que la delegada del Gobierno declarase ante la jueza Nuria Ruiz que se enteró del desbordamiento del barranco del Poyo por una llamada de la alcaldesa de Paiporta. “Es muy clarificador que reconociera que la Confederación no informó de lo que estaba ocurriendo en el barranco del Poyo. Sin información, uno no puede saber ante lo que se está enfrentando, esa es la clave de todo”, afirmó Gamarra el martes. Bernabé se defendió este jueves explicando que la CHJ aporta “toda la información cada cinco minutos”, en alusión a los datos de caudal que llegan a los centros de emergencias autonómicos, como el de L’Eliana de Valencia, donde se reunió el Cecopi.

Entretanto, la comisión de la dana del Senado se retoma este miércoles con la comparecencia del catedrático de Derecho Civil de la Universidad de València y exmagistrado del Tribunal Supremo, Javier Orduña Moreno, y del presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, Juan Valero de Palma. Los populares, con mayoría absoluta en la Cámara alta, siguen intentando presionar desde ese fortín para señalar a La Moncloa poniendo el acento en sus competencias. Por el momento no se han agendado las comparecencias solicitadas de responsables políticos de la Administración central.

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Pero la consecución de hechos de aquella jornada, las sucesivas revelaciones del proceso judicial tutelado por la magistrada de Catarroja y las comunicaciones que cruzaron las distintas administraciones durante la jornada abocan a una conclusión contraria: el máximo responsable de la Comunitat Valenciana no estuvo al frente del timón en el peor momento de su historia. En un nuevo auto emitido este miércoles, la magistrada Nuria Ruiz señala la “manifiesta pasividad” del Ejecutivo autonómico respecto al envío de la alerta. En paralelo, tanto el Partido Popular valenciano como Génova siguen descargando las culpas en La Moncloa.

Mañana del 29 de octubre. Las llamadas de los ciudadanos pidiendo auxilio empiezan a acumularse en el servicio del 112 de Emergencias, de competencia autonómica, en la sede de L’Eliana. Ese es el mismo recinto donde Pradas mantenía reuniones con los técnicos y donde más tarde se celebrará el Cecopi. La Agencia Española de Meteorología (Aemet) emite un aviso rojo a las doce del mediodía y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) avisa por mail a las 12.07 sobre el riesgo de desbordamiento de los barrancos Magro y Poyo.

A las 12.45, como se desveló en unas imágenes de TVE grabadas aquella jornada, la exconsellera comunica a su equipo que la delegación de Gobierno ha ofrecido los servicios de la UME. La propuesta la había hecho la responsable de la autoridad central, Pilar Bernabé, en una conversación telefónica previa, como el lunes confirmó ella misma ante la jueza. Después, a las 12.52, Pradas llama a Mazón, pero el president cancela la llamada. Tras no poder comunicarse con el jefe del Consell, la exconsellera telefonea al jefe de gabinete de Mazón, a las 12.53 (también fue cancelada) y a las 13.19, ahí sí hablan durante un minuto.

Mazón había presidido la reunión de su Gobierno a las nueve de la mañana. Minutos antes envió un mensaje en su cuenta de X donde pedía “prudencia en las carreteras” ante la dana. Después, sobre las 10.45, acudió al acto de recepción del certificado Aenor a la Comunidad Valenciana. A las 12.30, se marchó a la presentación de la Estrategia de Salud Digital de la región, donde se encontraba cuando cancela la llamada de Pradas.

Luego, a las 13.14, compareció en el Palau de la Generalitat Valenciana. Aseguró que el temporal se desplazaría hacia Cuenca. El presidente tuiteó después esta intervención en su perfil de X a las 13.18. El presidente autonómico borró el mensaje al día siguiente, tras la llegada del temporal a Valencia.

A las 13.45 tuvo un encuentro con empresarios y los sindicatos. En este evento, según desveló eldiario.es con información de testigos presenciales, Mazón confesó que estaba “molesto” con la suspensión de las clases por la Universidad de Valencia al considerarla exagerada. 15 minutos después, a las 14.00, la Diputación de Valencia, que depende del PP, envió un correo electrónico a sus trabajadores donde se les remitía que se fueran a casa para evitar riesgos.

Largo almuerzo. En este momento, Pradas, al frente de la emergencia, y el jefe de gabinete de Mazón han hablado ya por teléfono y la gravedad de la situación continúa in crescendo. A las 14.00, la exconsejera llama a la delegada de Gobierno y le solicita la intervención de la UME en Utiel. A las 14.44, el secretario de Emergencias, Emilio Argüeso, envía un WhatsApp a un grupo común con altos cargos. “Se está poniendo la cosa muy fea. Está lloviendo con gran intensidad. Los barrancos están a punto de colapsar”, alerta el número dos de Pradas. Sin embargo, en ese contexto, el president mantiene el almuerzo de El Ventorro, donde come con la periodista Maribel Villaplana hasta las 17.30, según la versión de su entorno. Mazón ocultó con quién comió durante nueve días, donde se difundieron diferentes versiones.

Con la comida ya empezada, Pradas está en el municipio de Carlet, adonde se ha desplazado tras hablar con su alcaldesa, Laura Sáez. Es allí donde, en torno a las 15.00, decide convocar el Cecopi para las 17.00. La exconsellera se entera de que ya hay un desaparecido en L’Alcudia. Fue informada tras recibir una llamada poco antes por parte del alcalde de la localidad. Pradas explicó ante la jueza que el Cecopi no se convocó hasta entonces porque no se había llegado al nivel 2 de emergencias, declarado a las 14.55 por parte de la Generalitat. A las 16.29, cuando Mazón seguía en El Ventorro, la exconsellera vuelve a llamarle por teléfono. Sin éxito: la llamada es cancelada. Después, lo intenta con su jefe de gabinete nuevamente, con quien sí habla 35 segundos, a las 16.48, y 36 segundos, a las 16.56.

Cecopi y tarde de la tragedia. A las 16.41, el 112 recibe el primer mensaje de alerta de los cientos recibidos sobre el barranco del Poyo, según el sumario. En este momento Pradas aún no ha hablado por teléfono con Mazón. En su lugar se ha comunicado con su jefe de gabinete. Finalmente, consigue hablar con el president a las 17.37, durante dos minutos. La llamada se produce tras la comida —siempre según la versión de la periodista que comió con el presidente que proporcionó a EL PAÍS—. Pradas y Mazón vuelven a hablar 45 minutos después, a las 18.16 durante siete minutos. Nueve minutos después, mantienen otra conversación de 43 segundos, a las 18.25, y otra de 33 segundos, a las 18.30. En contraste, la consejera de Emergencias habla hasta en 11 ocasiones durante todo el día con la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé.

Sobre su paradero tras terminar la comida del El Ventorro, Mazón ha difundido diferentes versiones. Según él mismo explicó, se dirigió al Palau y ahí siguió las informaciones de la dana desde su despacho. Las imágenes de la supuesta entrada y salida de Mazón del Palau de la Generalitat no se pueden comprobar porque se borraron 15 días después.

Mientras se produce el intercambio de llamadas entre Mazón y Pradas, la reunión del Cecopi sigue su curso. En dicho encuentro está presente el representante de la Aemet, José Ángel Núñez, que va relatando por mensaje a sus compañeros qué ocurre dentro del organismo de coordinación de la emergencia. A las 17.26, indica: “Situación crítica, embalse de Forata casi desbordándose. Están pensando en evacuar”. A las 17.43, escribe: “Su preocupación está en la zona del embalse de Forata”. A las 19.12, cuenta: “Van a enviar un mensaje masivo a móviles a las zonas afectadas: que estén conectadas y atentos, que se está pensando evacuar”. Y a las 19.28, señala: “El Júcar está subiendo mucho de caudal, están en máximos históricos. Ya a las 19.15, según la única grabación disponible de la reunión que publicó la SER, un técnico explica a los presentes las características del mensaje de alerta a la población.

En esos minutos cruciales, Pradas tampoco consigue hablar con Mazón. La exconsellera lo llama a las 19.20 y a las 19.36. Pero ambas son canceladas. La Generalitat arguye que estaba hablando con el “secretario de Infraestructuras [que estaba conectado en el Cecopi y le está explicando la situación] y con el secretario de Presidencia”. El president no ha acreditado aún documentalmente sus llamadas. Finalmente, Pradas y Mazón hablan a las 19.43 durante 48 segundos y a las 20.10, durante un minuto. Esta llamada se produce un minuto antes de que se envíe el mensaje de alerta a los ciudadanos. Pradas alega que no esperó al president para ordenar el envío del mensaje. Aunque en diciembre, el presidente de la Diputación dijo en La Sexta que la exconsellera y él mismo trataron el asunto con el jefe del Consell.

¿A qué hora llegó Mazón al Cecopi? El presidente, nuevamente, difundió dos versiones. La primera, donde dijo que había llegado “pasadas las siete de la tarde”. Y la segunda, semanas más tarde, donde afirmó que había llegado al Cecopi a las 20.27. Esta imagen sí fue proporcionada por la Generalitat.

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Lo cierto es que de momento estos 1.000 millones de euros sí ha sido abordado con el PP y otros grupos, lo cual da cuenta de un nuevo ambiente político y un cambio significativo de la relación entre los dos grandes partidos a cuenta de un asunto muy sensible, la respuesta a los aranceles de Trump, en la que el PP quiere distanciarse de Vox. La Moncloa reclama al PP que vaya más allá y rompa definitivamente con el partido de Santiago Abascal, pero Feijóo cree que es compatible alejarse de Vox en este asunto pero a la vez seguir negociando con ellos varios presupuestos autonómicos además del de la Comunidad Valenciana, que ya han pactado.

De este primer tramo de 1.000 millones de euros, unos 750 millones se destinarán a garantizar la liquidez de las empresas y otros 250 millones a avalar nuevos proyectos de inversión. El ICO gestionará estos avales, que podrán cubrir hasta el 80% del préstamo, y habrá una sola condición muy clara para acceder a ellos: que las empresas estén realmente afectadas por losa aranceles de Trump. Para ello, su volumen de exportaciones e importaciones a EE UU tendrá que ser superior al 5% del volumen de facturación de la empresa. También podrán acceder empresas que no sean directamente exportadoras sino proveedores de otras que sí lo son, algo frecuente en el mundo del automóvil, por ejemplo.

El Gobierno asegura que esta medida estaba “hablada con los grupos”, según señaló la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el PP confirma esta información. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se comunicó con el principal interlocutor de los populares, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, este lunes, por mensaje, para avanzarle que el secretario de Estado hablaría con él. Más tarde, Bravo e Israel Arroyo mantuvieron una conversación. “Ellos nos cuentan y se agradece que nos cuenten. Y nosotros proponemos mejoras”, señalan fuentes del PP, que en todo caso no hablan de un pacto sobre esta cuestión en concreto ―que además no ha de votarse en el Congreso― sino más bien apuntan a que han recibido la información. Pero nada más. Y ponen el foco en la necesidad, demandan en el PP, de negociar un plan integral, con la vista puesta en el decálogo de propuestas que anunció Alberto Núñez Feijóo hace ocho días. En ese camino, insisten, no hay avances en las conversaciones para la convalidación del real decreto, cuyo apoyo sigue en el aire. También ha habido contactos este martes con la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín. “No desviemos el foco, nos proponen y nos cuentan lo que van a hacer, pero un aval es una capa de un plan. Tenemos que entrar a hablar del plan, no debemos generar más deuda. Y no todas las empresas pedirán los préstamos”, puntualizan.

Pese a los contactos, y a que fuentes del PP subrayan que no pretenden “confrontar” en este asunto, en público la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha vuelto a cargar contra el Gobierno. “El ministro cuerpo está en Estados Unidos, pero el problema es que está allí intentando arreglar el desaguisado de Sánchez con un viaje imprudente a China, que ha hecho por su cuenta”, ha señalado en una comparecencia en Málaga. “Lo que el Partido Popular sigue poniendo encima de la mesa y exigiendo es un plan de competitividad, pero también reformas estructurales, necesidad de rebajas fiscales, diplomacia inteligente”, ha agregado Gamarra. Ahora habrá que ver cómo avanzan los contactos en los próximos días y sobre todo qué vota el PP cuando el decreto llegue al Congreso”.

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Interior puso en marcha en 2014 una operación de extorsión a directivos de la Banca Privada de Andorra (BPA) para conseguir pruebas de la fortuna que ocultaba en esa entidad Pujol. La extorsión, según las pruebas acumuladas durante la investigación judicial de este caso, dio resultado y la información obtenida por el Ministerio, a cuyo mando estaba Jorge Fernández Díaz, fue filtrada a un medio de comunicación antes incluso de presentar denuncia contra el exdirigente independentista catalán.

La BPA fue intervenida por las autoridades andorranas un año después de la filtración de la cuenta de Pujol. Su filial en España, Banco de Madrid, fue intervenida también en 2015 por el Banco de España. Una jueza andorrana imputó hace casi un año al expresidente Mariano Rajoy; a los exministros Montoro y Fernández Díaz; al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, por supuestas coacciones al Gobierno del Principado de Andorra y por un delito de falsedad documental para obtener datos bancarios de la entidad donde Pujol guardaba parte de su dinero. Pero la justicia española denegó la comisión rogatoria solicitada por no considerar suficientemente fundadas las acusaciones. La denuncia de los propietarios del banco de Andorra señala conversaciones con policías, agregados de Interior de la embajada de España en Andorra, donde les piden información reservada de uno de sus clientes, el expresidente Pujol, a cambio de parar supuestamente medidas disciplinarias contra el banco.

“Usted sí que es un prófugo de la justicia”, ha espetado el diputado de Junts Josep Pagès en referencia a la causa abierta por la jueza andorrana y en respuesta a las reiteradas ocasiones en las que Montoro ha tildado al expresident Carles Puigdemont de prófugo de la justicia, criticando que el Gobierno de Pedro Sánchez negocie con el líder de la formación independentista. El exministro de Hacienda ha negado en rotundo las coacciones al banco andorrano, aunque sí ha hecho una mención expresa a las cuentas de los Pujol y de su familia, al inicio de su intervención. “En Cataluña no se pueden pagar los servicios públicos, pero sí hay políticos que se los pueden pagar porque tienen cuentas abundantes en un país vecino, Andorra, para no pagar impuestos en España”.

Pero ha rechazado el traspaso de datos. “Si la policía tuviera un indicio, tiene que activar a Hacienda, y si Hacienda tuviera un indicio, tiene que activar a la policía. Pero no hay un procedimiento de que Hacienda, conociendo unos datos, se los facilite a la policía (...) ¿Cómo vamos a tener datos en Hacienda de cuentas no declaradas?”, se ha defendido el exministro del ramo. “¿Cómo es posible que informaciones que solo podía tener la administración tributaria estaban en informes apócrifos?”, le ha contestado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

Respecto a sus viajes probados a Andorra —junto a otros excargos como Rajoy—, y las reuniones con miembros del Gobierno andorrano, el exministro de Hacienda ha justificado que se produjeran por cuestiones políticas. Según su versión, mantuvo dichas citas cuando el Ejecutivo del país vecino cambió el sistema de tributación tanto del IRPF como del Impuesto de Sociedades para abordar el asunto y “normalizar la relación económica”. “Nos está haciendo perder el tiempo”, le ha indicado la diputada de ERC Pilar Vallugera.

Montoro ha comparecido este lunes en la comisión después de que ya lo hicieran otros exdirigentes del PP: Rajoy y la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal. Y, como ellos, ha querido dar su propia definición de lo que entiende como Operación Cataluña. Como sus compañeros en anteriores sesiones, el exresponsable de Hacienda también ha mencionado las leyes de desconexión y el referéndum ilegal del 1-O. Pero Montoro ha ido un paso más allá, acorde a su cargo. “Yo sí he conocido una Operación de Cataluña, la del rescate, la del Fondo de Liquidez Autonómica. Y, en el [año] 17, la intervención total del presupuesto de Cataluña”, ha recordado antes de aludir a la intervención del Gobierno autonómico bajo el artículo 155 de la Constitución. Un movimiento del que ha dicho no sentirse “orgulloso”. “La peor crisis que yo he vivido es la de Cataluña”, ha asegurado.

“Usted fue el arquitecto legal de una operación ilegal. No se persiguieron delitos, se construyeron culpables”, le ha reprochado el diputado del PSOE Manuel Arriba. La Mesa de la Comisión ha acordado el señalamiento de dos nuevas comparecencias: la de la exvicepresidenta Soraya Saénz y el expresident Artur Mas, el próximo 5 de mayo.

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El PP va con todo y pone el foco en uno de los hechos que destaca el informe. Los agentes señalan que el comisionista Víctor de Aldama habría presionado al exministro José Luis Ábalos para el rescate de Air Europa. Aldama informó a Koldo García —entonces asesor de Ábalos— de que Javier Hidalgo —entonces consejero de Globalia, grupo al que pertenecía la compañía aérea— “está muy jodido” y “acaba de llamar a Begoña”, supuestamente en referencia a la esposa de Sánchez. Durante la declaración como testigo en septiembre en la Audiencia Nacional, Hidalgo fue preguntado por unas reuniones que mantuvo con Aldama el 24 junio y 16 julio de 2020, en pleno rescate, y en las que supuestamente también participó Gómez. El directivo de Globalia afirmó que no las recordaba.

La operación se decidió finalmente en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde niegan cualquier mediación de la trama. Bartolomé Lora, vicepresidente del organismo (nombrado para ese cargo en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy) explicó los pormenores del rescate en la comisión de investigación del Senado impulsada por el Partido Popular. El informe del miércoles de la UCO que da por sentado que Aldama logró que Ábalos influyera en el rescate de Air Europa aclara que es la SEPI quien gestiona las solicitudes, pero incluye esta matización: “Si bien es finalmente el Consejo de Ministros quien aprueba la ayuda”.

Para el PP no hay duda de las conexiones entre La Moncloa y el rescate a luz de las últimas revelaciones de la Guardia Civil. “Esta atmósfera es irrespirable”, ha señalado Feijóo. “Sabemos cuál es nuestra obligación, siendo respetuosos con la presunción de inocencia, pero clarificando lo que dicen los sumarios. Esto no es la política, esto es la antipolítica”, ha zanjado antes de presenciar un partido de fútbol de categoría infantil en Torrejón de Ardoz. El líder del Partido Popular ha aprovechado el festivo escolar de este lunes santo para asegurar que Sánchez ni se preocupa de la “conciliación” de las familias ni de otros asuntos como la “defensa” o los “aranceles” anunciados por el presidente de EE UU, Donald Trump, porque está ocupado en los problemas de “corrupción” del Gobierno.

Cuerpo viajará a Washington

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, viajará a Washington esta semana para reunirse con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y con otras autoridades, instituciones multilaterales y representantes empresariales del país, en medio de la tregua de 90 días por los aranceles. Un viaje que se produce después de que Sánchez se trasladase la semana pasada a China, que mantiene el pulso con la Casa Blanca. Feijóo ha reiterado hoy las críticas de los populares por la expedición al país asiático en medio de la guerra comercial. “La Comisión [europea] está siendo prudente, diplomática y firme, cosa que no está haciendo nuestro Gobierno, que frivoliza con las relaciones internacionales”, ha señalado en esa línea.

El jefe de la oposición ha evitado valorar el anuncio del viaje de Cuerpo a la capital estadounidense. Sobre el decreto de medidas extraordinarias impulsado por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias de la andanada de aranceles, Feijóo ha asegurado que “no hay novedades” en las negociaciones con el Gobierno tendentes a dar o no su apoyo a la iniciativa.

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El viaje de Sánchez llevaba fraguándose desde hace meses. Su gabinete empezó a preparar la visita mucho antes de que se desatara la crisis por la andanada arancelaria de EE UU. El presidente del Gobierno dio una instrucción clara a su equipo internacional nada más volver del salto anterior a Pekín, en septiembre de 2024: “Quiero ir a China todos los años, buscad fecha para el siguiente”. La Moncloa mantiene además que el tour oficial se hizo con el plácet de la Unión Europea.

Pero ni con esos argumentos se han aplacado las críticas de los populares, que han hecho de la visita un nuevo caballo de batalla en su estrategia de confrontación contra Sánchez. Pese a la tregua inicial por la guerra comercial, el PP ha pasado ahora al ataque contra el Ejecutivo por la expedición al país asiático. Y después de dejar en el aire su apoyo al real decreto de medidas extraordinarias contra los aranceles impulsado por el Ejecutivo, alejando un pacto de Estado en un momento geopolítico crucial. Génova mantiene que fueron engañados por un acuerdo en paralelo con Junts, que el Gobierno niega. “Feijóo, también en política internacional, en vez de sumar, resta. En vez de apoyar, sabotea, en vez de pensar en el bien común, está al suyo, a lo de siempre, capaz de perjudicar a los que ahora más lo necesitan”, ha subrayado este domingo la portavoz del PSOE, Esther Peña.

Las aseveraciones de hoy de Gamarra echan así más leña al fuego a los reproches de los populares contra el viaje de Sánchez a China, que la secretaria general ha tildado de “imprudente” y desarrollado fuera del marco de la UE. Respecto a la tesis del PP de relacionar la visita con “los intereses” de Rodríguez Zapatero, dicha teoría fue ya deslizada el miércoles por Feijóo. “Todo parece indicar que el presidente del Gobierno lo que hace en materia de política comercial y en política exterior es lo que le dice el expresidente Zapatero”, apuntó el líder del PP en una comparecencia desde Bruselas junto al presidente del PPE, Manfred Weber, tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar la crisis arancelaria desatada por la Casa Blanca. Y después de que varios medios publicasen informaciones sobre supuestos negocios del expresidente socialista en China tras secundar el foro de Boao.

La respuesta de Zapatero

Rodríguez Zapatero respondió el pasado día 2 a las informaciones. “Pertenezco al consejo asesor del foro de Boao, que preside Ban Ki-moon, exsecretario general de Naciones Unidas”, se defendió en una entrevista en La Sexta, en la que se le preguntó expresamente si estaba vinculando con un lobby chino, como afirman determinados medios. “Sí, a todos, tengo varias minas en China”, ironizó. “China es un gran socio comercial (...) Mantengo que hay que tener una buena relación con Asia... con China por supuesto. No nos gusta su sistema político, pero no intenta implantar su modelo político a los demás, como hacía la Unión Soviética”, añadió el expresidente.

En otra entrevista en El PAÍS, publicada el 7 de abril, el dirigente socialista contestaba así a la cuestión sobre si China es la alternativa a EE UU: “La alternativa es Europa. La UE necesita ganar confianza en sí misma. Vamos a ver si se cumple [el axioma de] que avanza con cada crisis. Debe ofrecer al mundo un proyecto de reconstrucción de la comunidad política internacional que no sea imperialista, sino multilateral, un liderazgo compartido, que es el único racional. Mientras EE UU ha gastado seis billones de dólares en guerras en lo que va de siglo, con resultados muy pobres, China ha protagonizado el progreso económico y social más importante de la historia”.

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“Los aliados deben de permanecer dentro de la Unión Europea y somos un continente transatlántico [sic] y, en consecuencia, se debería haber pospuesto ese viaje. Dentro de la Unión tenemos que mantener una política internacional más unida que nunca. Y por eso no era el momento oportuno para hacer este viaje”, añadió el líder del PP desde Lorca (Murcia). La Moncloa ha insistido en que el periplo de Sánchez a extremo oriente está coordinado con la Comisión Europea.

Las palabras de Feijóo de la tarde de este viernes se suman a las de su compañero de filas y presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, por la mañana. En un desayuno informativo compartido por el dirigente andaluz y el presidente del Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Moreno Bonilla criticó que no era un “momento adecuado” para el viaje oficial del presidente por la tregua de 90 días a los aranceles de Donald Trump. Por su parte, García-Page se situó del lado de La Moncloa, aunque afirmó que la gira se movía en “zona deslizante”.

Los dirigentes de PP y PSOE llegaron al desayuno informativo organizado en el hotel Eurostars Madrid Tower dándose palmaditas en la espalda. En una charla distendida ante un centenar de oyentes ambos, popular y socialista, exhibieron sintonía en sus ataques al Gobierno central por las concesiones a los independentistas. Ante un centenar de oyentes en un auditorio —casualmente— llamado sala Barcelona, los mandatarios intercambiaron impresiones durante un coloquio centrado en turismo.

“En términos de oportunidad política, [el viaje] no es lo más razonable”, insistió Moreno Bonilla en el acto, organizado por el grupo hotelero Hotusa. “Es jugar a la ruleta rusa”, remachó el barón popular, en compás con el argumentario de la dirección nacional del PP.

García-Page se mostró en este asunto del lado del presidente del Gobierno —con quien difiere en otros temas— y subrayó que la visita había sido agendada con anterioridad a la guerra comercial desatada por el presidente de EE UU. “Conociendo a Trump, ¿cuál es el momento adecuado?”, replicó el presidente de Castilla-La Mancha al dirigente andaluz. “Trump va a conseguir que el sueño americano sea un cuento chino”, ironizó García-Page. “Colocarte en la diana de una administración caprichosa como es la administración Trump, no es razonable”, contestó Moreno Bonilla. “Tiene riesgos, tiene riesgos, es zona deslizante”, le reconoció acto seguido García-Page.

Buena sintonía

El buen entendimiento entre ambos mandatarios viene de atrás. “Hay que pactar algo en lo que no coincidamos”, bromeó en ese sentido García-Page tras más de una hora de charla en la que se puso de manifiesto su coincidencia en varias materias. El acercamiento es especialmente significativo respecto a su lucha por un nuevo sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014. Aunque Castilla-La Mancha sí votó a favor del modelo de condonación de la deuda pactado por Hacienda con ERC y debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales de febrero, y en el que los consejeros del PP se levantaron de la mesa. Aun así, García-Page ha continuado este viernes con su rechazo a las concesiones del Gobierno central, de su partido, a las formaciones independentistas, sobre todo con la vista puesta en la convalidación este jueves del decreto de distribución de menores migrantes no acompañados acordado con Junts.

“No deciden cosas de Estado, sino contra el Estado”, censuró el dirigente socialista sobre la formación de Carles Puigdemont. “A mí me ha dicho personalmente que odia España”, aseguró García-Page. “Un señor que manda desde Bruselas se merece que la decisión última esté lo más cerca de casa, en Bruselas. Y creo que es lo que va a acabar pasando”, indicó el presidente de Castilla-La Mancha sobre el futuro judicial del expresident, apuntando a que será finalmente la justicia europea quien se pronuncie. Unas declaraciones que llegan un día después de que el Tribunal Supremo confirme que no aplicará la amnistía al expresidente catalán por el delito de malversación. En cualquier caso, García-Page sostuvo que las negociaciones con los partidos independentistas son la tónica general en los Gobiernos centrales de todo signo político. “Se están tomando decisiones al margen de la mayoría, le pasa al PSOE y le pasa al PP”, zanjó.

Para Moreno Bonillo, por contra, las cesiones han sido mucho más “nocivas” en esta legislatura “Es indigno que un señor decida a 2.000 kilómetros el futuro de la vida diaria de los españoles”, dijo el presidente de Andalucía. “En política migratoria, ¿cómo [Puigdemont] le dice a los andaluces cuántos migrantes tiene que asumir? Es una anomalía democrática”, añadió el barón popular en referencia al modelo de distribución de niños y adolescentes migrantes, en cuyas negociaciones ha estado involucrada la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Sumar. Durante el coloquio, y como resumen de su rechazo a la norma, Moreno Bonilla llegó a decir que se enteró “el otro día” que “existía una ministra de Juventud e Infancia”.

El resto de charla continuó entre alabanzas a las bondades del turismo para la economía de ambas comunidades autónomas. Aunque, en el final, encontraron el espacio para conjugar todo. “Hay mucha gente que no sale de su pueblo”, dijo García-Page sobre aquellos que nunca viajan. “Los independentistas”, respondió con sorna Moreno Bonilla. “Los independentistas no salen de La Rambla [de Barcelona]”, continuó el chascarrillo García-Page con fin a la charla en la sala con el nombre de la capital catalana.

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La alerta a los móviles de los valencianos llegó pasadas las ocho de la tarde, ocho horas después de que las lluvias torrenciales comenzaran a desbordar barrancos y ríos, y 13 horas después de que la alerta roja meteorológica se declarara en la provincia. Mazón respondió a las críticas por la tardanza alegando que el envío tenía que seguir unos protocolos. Luego le echó la culpa a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a la propia Confederación, ambas dependientes del Gobierno, a las que acusó de no avisar. Sin embargo, ambas instituciones informaron de forma continua, tal y como muestran los correos electrónicos que remitieron a la administración autonómica, sus bases de datos sobre caudales y embalses y los mensajes en las redes sociales.

La consellera valenciana responsable de emergencias, Salomé Pradas, afirmó este jueves que hasta aquella tarde no sabía que se podían enviar avisos a móviles. “A las ocho de la tarde (...) es cuando un técnico nos informa de que existe un mecanismo que se denomina ES-Alert, que no está por ahora reglado, que no está en nuestros planes autonómicos, que es todavía un borrador que está en el Comité de Protección Civil por aprobar”, dijo en À Punt. Sin embargo, la propia Generalitat reconoce en sus documentos, elaborados después de este verano, que el sistema ya está activo. También aludieron a que los continuos avisos por parte de la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar no fueron verbales, sino a través de mail. Tampoco estas recibieron llamada alguna de la Generalitat.

Esta es la secuencia de lo que ocurrió en las horas previas al envío de la alerta a los valencianos:

12.23. La consejera de Interior, Salomé Pradas, recibe una primera llamada de la delegada del Gobierno ese día. Quedan en mantener el contacto para estar al tanto de la evolución del temporal. En esa conversación no se plantea nada específico referido a la Unidad Militar de Emergencias.

12.30. Mazón hace unas declaraciones en las que asegura que la gota fría remitirá: “Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana”.

12.48. La delegada del Gobierno vuelve a llamar a Pradas, que le comunica la preocupación que hay por la situación en la población de Carlet, situada a unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia.

13.00. En torno a esta hora, la consejera acude a Carlet con el secretario de Emergencias, Emilio Argüeso, para comprobar por sí mismos la delicada situación. Allí ya había un equipo de Bomberos forestales activados y los tres visitan el barranco de Benimodo.

14.00. La consejera llama a la delegada y le solicita la intervención de la UME en Utiel.

14.30. Pradas, que sigue en Carlet, realiza varias llamadas. Entre ellas, al alcalde de L’Alcúdia, Andreu Salom, quien le informa de que hay un desaparecido en su municipio.

15.00. Con toda esa información, Pradas convoca una reunión del Cecopi, órgano de coordinación de emergencias, que se constituye cada vez que hay situaciones adversas. Se solicita oficialmente la intervención de la UME a la Delegación del Gobierno. Mazón es informado de la convocatoria del Cecopi. Ese día, asegura, mantiene una comida cerca de su despacho. “Era una comida de trabajo”, explicó este jueves. Su agenda oficial de ese día acaba a las 13.45, antes de esa hora se ha reunido con representantes de los sindicatos para abordar la negociación de los Presupuestos de la comunidad.

15.54. La Confederación Hidrográfica del Júcar comunica que en la próxima hora se prevén caudales superiores a los 1.000 metros cúbicos por segundo en el río Magro.

16.18. Emergencias emite un mensaje a través de la red social X el que pide mucha precaución a los ciudadanos: “No hay que confiarse ya que muchas zonas del litoral no llueve o lo hace de forma débil, pero a la costa llegan los ríos y ramblas muy crecidos. Evita circular y aléjate de estas zonas costeras y no atravieses cauces de ríos”.

16.55. La Confederación Hidrográfrica del Júcar comunica que en la próxima hora se prevén caudales superiores a 1000 m3/s en el río Magro por el alivio de la presa, y que varias poblaciones se pueden ver afectadas: Montroi, Algemesí, Real, Alfarp, L´Alcúdia.

17.00. Comienza la reunión del Cecopi. Según fuentes presentes en el encuentro, la consejera responsable, Salomé Pradas, no estaba presente, pero se incorpora a los pocos minutos. Se conectan, telemáticamente, varios miembros de la Confederación del Júcar y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Asisten, entre otros, el secretario autonómico y el director general de Emergencias, el jefe de los bomberos y la directora de Tráfico. A esa hora, el caudal en barranco del Poyo es de 325,52 metros cúbicos por segundo.

17.03. La UME anuncia la salida para ayudar en la comarca de la Plana Utiel Requena.

17.35. Emergencias envía alerta hidrológica por el Magro y el Júcar a partir de confluencia en Algemesí. Según fuentes de la Generalitat, Emergencias alerta a todos los municipios ribereños por la crecida de un caudal que puede producir desbordamientos.

17.40. Los representantes de la Generalitat piden interrumpir la reunión durante media hora para tomarse un periodo de reflexión. Pese a que la consejera de Interior, Salomé Pradas, afeó a los miembros de la Confederación del Júcar no haber acudido presencialmente a la reunión, el plan especial de inundaciones dice que la presencialidad no es obligatoria si no se reclama expresamente.

17.56. La Confederación del Júcar comunica que el embalse de Forata ha empezado a verter y que se prevén caudales superiores a los 1.000 metros cúbicos por segundo en el río Magro.

18.00. El caudal en el barranco del Poyo se dispara hasta los 1.725,89 m3 por segundo y, unos minutos después, remite una notificación a Emergencias con la declaración del Escenario 2 del Plan de Emergencia de la Presa de Forata que implica que existe peligro de rotura o avería grave de la presa y no puede asegurarse con certeza que la situación pueda ser controlada mediante la aplicación de las medidas y medios disponibles.

18.30. Con la reunión ya retomada, los representantes de la Confederación hablan por primera de la posibilidad de enviar la alerta a los móviles para advertir a la población. Según fuentes del Gobierno. Su planteamiento cae en saco roto.

18.46. El caudal del barranco del Poyo se eleva a 1686 m³/s “con tendencia ascendente”. A esas horas, ya estaba en Paiporta, tal como ha reconocido la alcaldesa, lo que significa que antes había arrasado, al menos, Torrent y Picanya. Minutos después, la CHJ comunica que el embalse de Forata está vertiendo cientos de miles de litros de agua en el río Magro. Pese al envío de correos electrónicos a Emergencias, la Generalitat afea que los asistentes a la reunión del Cecopi no advirtieran de lo que estaba pasando.

A partir de las 19.00. En algún momento, a partir de las siete de la tarde, dos horas después de la convocatoria oficial, aparece el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que, según ha señalado, estaba en una “comida de trabajo”. Este viernes, EL PAÍS ha desvelado que comió en el céntrico restaurante del Ventorro hasta las 18.00. El almuerzo lo mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana.

También pasadas las 19.00, la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, se asomó al balcón y vio que todas las plantas bajas se estaban inundando, llamó a la delegada del Gobierno. “Le dije por, venid a Paiporta, que en Paiporta se está muriendo mucha gente, que nos ahogamos, que se ha desbordado el barranco”, cuenta, y afirma que la delegada le dijo que estaban reunidos en el Cecopi y atendía la llamada de auxilio.

19.33. El embalse de Forata sigue vertiendo al río Magro. Los representantes de la CHJ preguntan, retóricamente, si aún no se ha lanzado la alerta a los móviles.

20.00. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llama por teléfono a la consejera Salomé Pradas desde Colombia. Según fuentes de la Generalitat, para decirle que no puede asegurarle que la presa de Forata pueda aguantar, y que hay un alto riesgo de que se rompa. Según fuentes del Gobierno, no habla de la presa. Solo llama para poner a su disposición todos los medios que precise.

Tras esta conversación, según la consejera Pradas, “un técnico nos informa que existe un mecanismo que se llama ES-Alert que no está reglado, que no está en nuestros planes autonómicos, que es un borrador, pero cuando nos dan esas informaciones sobre la presa decidimos activarlo”. Al margen de que el sistema se presentó públicamente en 2022, en septiembre de 2023 se utilizó en Madrid ante el riesgo de dana, no sin críticas; la Generalitat sí lo tiene contemplado en sus protocolos.

Pocos minutos después de las ocho de la tarde, se envía la alerta: “Por las fuertes lluvias y como media preventiva, se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia. Estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales”.

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El Ejecutivo autonómico ha respondido a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que centraliza todas las pesquisas, que el responsable de activar el botón rojo de los mensajes fue el Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado). Según la Generalitat, este órgano convocado para la tragedia estaba dirigido durante la riada por la entonces consejera de Interior y Justicia y máxima responsable de Emergencias, Salomé Pradas, que fue cesada cuatro semanas después de la catástrofe por el presidente valenciano, Carlos Mazón. Y en él figuraba también como miembro del comité la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, según la respuesta del Consell a la jueza a la que ha tenido acceso este periódico.

“Indicar que, dado que a las 17:00 horas del día 29 de octubre se constituyó el Cecopi, la dirección del plan la ejercía la entonces consejera de Justicia e Interior, dentro de un ‘Comité de Dirección’, formado por la citada consejera y la delegada del Gobierno”, dice el texto. El documento prosigue: “Dicho Cecopi, en el que se abordó y debatió la emisión del aviso, fue convocado a las 15:00 horas para reunirse a las 17:00”. La respuesta detalla una relación de hasta casi una treintena de instituciones encabezadas por la delegación de Gobierno y organismos estatales como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica.

La Generalitat ha entregado esta documentación al juzgado in extremis después de que la magistrada solicitara por segunda vez al Consell -tras darle cinco días de plazo- el dato clave. En su primer requerimiento, el Ejecutivo valenciano facilitó al juzgado decenas de documentos, que no incluían la identidad del “funcionario o técnico” que activó los SMS masivos. La Consejería de Emergencias e Interior evita dar los nombres de los dos funcionarios (un redactor y un validador), que activaron el mensaje y redactaron su contenido y se ciñe a los artículos del Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones. Señala que este dispositivo tiene, entre otros fines, “determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia, las medidas de protección a la población que deban de adoptarse”. El escrito está firmado por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, que no ha respondido a las llamadas de este periódico.

La alerta de Es-alert llegó a los móviles a las 20.11 horas del día de la dana, cuando la provincia de Valencia estaba inundada tras los desbordamientos del barranco del Poyo y el río Magro, había decenas desaparecidos y el 112 se encontraba colapsado.

Pradas reconoció el 7 de noviembre que desconocía la existencia de este sistema hasta que un técnico le informó sobre las 20 horas del 29 de octubre. Es-alert funcionaba desde 2023, tal y como el propio Ejecutivo de Mazón había informado en un comunicado.

La respuesta de la Generalitat al juzgado coincide con la estrategia de defensa de Mazón de diluir su responsabilidad. El presidente llegó al Cecopi tras una larga sobremesa de una comida que no suspendió el día de la dana.

El vicepresidente segundo y consejero para la Recuperación de la Generalitat, Francisco José Gan Pampols, afirmó el pasado 5 de febrero que este organismo constituido por la dana, en alusión al Cecopi, “tiene dos codirectores y un mando único, y un codirector es corresponsable”. “Pero eso no significa un órgano colegiado, no significa colegiada la decisión: la decisión al final es única. Lo que pasa es que hay dos personas que tienen la misma capacidad para dar informes, exigir responsabilidades... y una que finalmente tomó la decisión”, precisó el alto cargo.

La información remitida por el Consell a la instructora de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que desarrolla su trabajo con la ayuda de cinco fiscales, se suma a un reguero de diligencias para tratar de depurar las responsabilidades de la mayor tragedia que ha asolado a la Comunidad Valenciana.

Junto a la Generalitat, la jueza ha pedido también información a otros organismos que participaron en la gestión de la tragedia, como la CHJ. La magistrada solicitó a esta entidad datos sobre el caudal del valenciano barranco del Poyo, epicentro del desbordamiento.

Tras tomar declaración a los familiares, la magistrada decidió esta semana en un emotivo auto requerir un examen psicológico forense de carácter voluntario para los parientes de los desaparecidos que desarrollará el Instituto de Medicina Legal de Valencia.

Las diligencias de la jueza de Catarroja se abrieron inicialmente por 76 fallecidos (ya hay 227 muertos). Y aglutinan las denuncias de decenas de víctimas. En la causa hay personadas –al menos- siete acusaciones particulares, que representan a familiares de fallecidos, y dos populares, que ejercen Podemos y el sindicato CGT, tras abonar sendas fianzas de 6.000 euros, según fuentes judiciales. El partido de ultraderecha Vox también trata de personarse en la causa.

Las organizaciones de víctimas también han aterrizado en el procedimiento. La Asociación de Damnificados Horta Sud (380 miembros) presentó una querella suscrita por cien familias contra cinco altos cargos del Ejecutivo valenciano y la máxima autoridad de la CHJ, Miguel Polo. Sos desaparecidos, que aglutina a más de 150 familias, prepara otra denuncia contra los responsables políticos.

La Asociación de Víctimas de la Dana 29 de Octubre, que se ha presentado este viernes y reúne a una veintena afectados de las comarcas valencianas de Horta Sud, La Ribera y Los Serranos, prepara otra querella contra Mazón, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero.

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La primera en intervenir ha sido la senadora de UPN, María Mar Caballero. “Querría saber si verdaderamente estamos ante la señora Patricia Úriz. Me sorprende que se pueda comparecer disfrazado o tapado de manera que no se pueda saber quién es la persona que comparece”. Las quejas de Caballero han sido respondidas por el presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez —que suele actuar de manera imparcial en esta comisión— pidiendo un receso para consultar a los letrados de la Cámara ante una situación inédita. La bancada del Partido Popular también prefería que interviniese a rostro descubierto, pero la abogada de Úriz ha rogado que su defendida continuase con la cara oculta porque el padre de su hija pequeña —Koldo García— “no puede salir a la calle”; y, para proteger a la “menor”, solicitaban preservar la intimidad de la madre.

Los servicios jurídicos han permitido continuar a Úriz con las gafas y el pañuelo porque se había identificado a los guardias previamente. “Tenemos que creernos que es la señora Úriz. La letrada me acaba de confirmar que tendría la obligación de pedir el DNI, pero eso no lo voy a hacer”, ha explicado el presidente de la comisión. Después del parón, la senadora de UPN ha enunciado su primera pregunta, a la que ha seguido el único momento en el que se ha escuchado la voz de Úriz. La compareciente ha sacado un folio escrito con las palabras que iba a leer y pronunciar. “Tal y como he comunicado previamente a través de mi abogada me acojo a no mi derecho a no declarar, ya que los hechos que se investigan en esta comisión son idénticos a los que se están investigando en un procedimiento judicial en el que estoy siendo investigada. Muchas gracias”, ha alegado sujetándose el pañuelo sobre la boca en todo momento.

Aun con su silencio, la senadora de UPN y el parlamentario de Vox Ángel Pelayo Gordillo han lanzado una tras otra preguntas a Úriz sin respuesta. Hasta que ha llegado el turno del PP. El Partido Popular ha exigido entonces la identificación de la compareciente en la sala, aunque ya hubiera mostrado el documento de identidad a los policías al entrar. “Lo voy a hacer en ese cuarto, para preservar el derecho a su imagen con la letrada”, ha accedido el presidente de la comisión. Fuentes populares alegan en privado que lo han hecho para evitar problemas con las otras dos formaciones políticas, que habían censurado que no mostrase su DNI nuevamente. “No le diré buenos días a la persona que nos acompaña porque no se le ha requerido el documento ni se ha descubierto. Puede haber sido sustituida por otra persona”, había ironizado el senador de Vox.

Tras mostrar su DNI en un cuarto contiguo, ha continuado el interrogatorio por parte del PP. “¿Se tapa la cara por vergüenza? Para robar no tuvo vergüenza. Por respeto a todos los españoles, le solicito que se quite el pañuelo que lleva en la cabeza. Se lo vuelvo a repetir”, ha insistido, sin embargo, la senadora del Partido Popular, Ana Beltrán. La casualidad ha querido que sea Beltrán —quien en el pasado fue de las pocas en el Partido Popular que apoyó públicamente al exlíder del PP, Pablo Casado, en el enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso—, la senadora popular que hoy haya preguntado a Úriz. Y lo ha hecho utilizando además los mismos argumentos que en su día usó Casado contra Ayuso.

Beltrán ha rememorado los duros momentos de la pandemia para cargar contra Koldo García, Víctor de Aldama y la propia Úriz por, “sin moral”, “enriquecerse aprovechándose de sus cargos” valiéndose del “sufrimiento ajeno” como una “oportunidad de negocio”. Fuentes del grupo señalan que no ha habido un motivo concreto para que Beltrán interviniese hoy. Aunque la senadora ha hecho referencia a que conoce bien los movimientos de Úriz como portavoz del PP en el Parlamento de Navarra, donde residieron García y Úriz, entre 2011 y 2019.

El senador del PSOE Alfonso Gil solo ha utilizado su turno de palabra para recordar que justo este jueves el novio de Ayuso, Alberto Amador, acude a los juzgados de Castilla. Pero que dicho caso no se podrá “investigar políticamente” en una comisión de investigación por negarse el PP con su mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. “La ciudadanía tiene que conocer la doble vara de medir y las decisiones que toman los partidos”, ha dicho el senador socialista.

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“Quiero aclarar a todos los espectadores que lo que tenemos hoy es lo de siempre, lo mismo”, dijo Bolaños dirigiéndose a la grada. “Todo lo que dice se corresponde con un mundo que no existe. No es capaz de leer el momento político”, añadió el ministro contestando a la senadora del PP, en la misma jornada en la que el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto con el que España pretende mitigar las consecuencias de las decisiones del presidente de EE UU, Donald Trump, para España y en medio del armisticio por la guerra comercial. Con tono irónico, y recochineo, Bolaños recomendó a la senadora del PP la canción de El fin del mundo de La La Love You —por hablar continuamente de los peores augurios del país— y el tema de Dramas y comedias de Fangoria —por teatralizar en exceso, según el dirigente socialista—.

“¡Frivolidad! ¡Frivolidad!”, respondió en ese momento al ministro una parlamentaria popular desde de la bancada contraria. En su turno de palabra, la portavoz del PP reprochó a Bolaños la aprobación de una partida de 2.000 millones de euros para Defensa “por la puerta de atrás y de espaldas a los españoles” en el Consejo de Ministros de este martes, además de acusar al Gobierno de ataques a la justicia y al sistema bicameral. “Esto no es democracia, es pura autocracia”, lanzó García desde el escaño. “Estos 145 senadores estamos todos a una. Somos la garantía democrática del poder legislativo y vamos a recurrir todos y cada uno de sus excesos”, añadió la senadora provocando los aplausos en pie de la bancada popular, en una sesión en la que el presidente del Senado, Pedro Rollán, hizo varias llamadas al orden tanto al Partido Popular como al PSOE. “Les animo a que reproduzcan los vídeos de grabación del Senado, señorías”, espetó Rollán a los parlamentarios del PSOE después de que Bolaños se quedara sin tiempo, pero intentara seguir hablando con el micrófono ya apagado, provocando las quejas de los socialistas.

Poco después de la intervención de Bolaños, un comunicado emitido por la dirección del PP enrarecía la tregua por los aranceles porque el Gobierno había pactado “unilateralmente con el independentismo un cupo arancelario que reparte de manera desigual los recursos de todos los españoles”. Enfrente, el Ejecutivo negaba que el real decreto establezca cuotas regionales, e insistía en que el reparto será en función de las necesidades de las empresas más expuestas al shock de los aranceles. En el Senado, el paréntesis de la confrontación entre populares y socialistas era ya un espejismo.

Tras Bolaños, la diana del PP cambió al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y, como en la mayoría de ocasiones que se menciona a ETA en el Senado, tomó la palabra Marimar Blanco —hermana del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda terrorista en 1997—. “Usted ha pasado de luchar contra el terrorismo y de impartir justicia a conceder privilegios a quienes se niegan a condenar los asesinatos”, aseveró la senadora del PP. “Ahora, para coronar su carrera de traición, financiado con los impuestos de todos y cada uno de los españoles, a un partido que siente orgullo de ser los herederos de ETA”, agregó en referencia a EH Bildu. “Mire, señora Blanco, se lo he dicho más de una vez y me duele decírselo. Deje de ser monotemática. Usted, su familia y las víctimas merecen mucho más”, zanjó Grande-Marlaska.

Otro de los momentos que causó mayor revuelo en el hemiciclo se produjo durante una pregunta dirigida a la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, por parte del senador Juan José Sanz, quien incidió en la formación de la dirigente socialista, estudiante de un colegio “concertado” de “religiosas”, para criticar la futura normativa que pretende limitar la creación de universidades privadas. “Soy nieta de una mujer que no sabía leer ni escribir en una época de en este país en la que había una dictadura que ustedes defienden”, se defendió Morant, provocando de nuevo la exaltación de los populares y la llamada al orden del vicepresidente del Senado, Javier Maroto, que afeó a Morant que “el debate” lo dirigía él, después de que la ministra reclamase el silencio de las señorías del PP.

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Vox apremia a los presidentes autonómicos del PP que necesitan de su apoyo para aprobar los presupuestos —Región de Murcia, Aragón, Baleares, Extremadura y Castilla y León—, a los que pide una comparecencia expresa aceptando como propias las demandas de los ultras en materia de inmigración y en el rechazo a las políticas verdes de la Unión Europea, replicando así en sucesivas declaraciones institucionales la protagonizada por el president valenciano, Carlos Mazón, asumiendo los postulados de los ultras para cerrar el acuerdo. “Pedimos algo muy sencillo, necesitamos un poco más, un pronunciamiento solemne, una cosa asentada, bien escenificada y bien hecha”, exigió el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, en rueda de prensa, este lunes.

El partido de Abascal intenta que los barones populares doblen el brazo para apuntarse nuevos tantos tras el acuerdo en la Comunidad Valenciana, donde la complicada situación de Mazón por la dana propició un contexto favorable para los ultras. Sin embargo, la coyuntura del resto de dirigentes es muy distinta. Tanto, que López Miras, con el pacto a punto de caramelo, se permitió el lujo de retarlos en público para descargar la responsabilidad sobre sus hombros. “Si no se aprueban los presupuestos será por intereses ajenos a Murcia. Que dependan de la forma en la que se teatraliza es demasiado superficial y frívolo. Estoy convencido de que Vox es mucho más serio que eso”, ironizó este martes.

El presidente murciano lleva días haciendo gestos a los ultras, incluso en la Asamblea regional, con pronunciamientos expresos contra la inmigración ilegal y contra determinados aspectos del Pacto Verde europeo. Este martes continuó en las concesiones al asegurar que prefiere que los niños y adolescentes no acompañados estén “con su familia” en sus países de origen en lugar “a 100 de kilómetros de su casa en un centro de menores”, ahondando en la idea lanzada por Génova tras el acuerdo de Mazón de que existen fórmulas avaladas por Bruselas para devolver a los menores, cuando el portavoz popular, Borja Sémper, negó un giro ideológico y se remitió al Pacto sobre Migración y Asilo, así como a la reciente propuesta para crear un sistema europeo de devoluciones.

Apenas unas horas después del desayuno informativo, la portavoz parlamentaria de Vox contestó a López Miras que la comparecencia solicitada no es “ninguna teatralización y el que se crea que lo que pide Vox es un teatro está muy equivocado”. En el entorno del presidente murciano se niegan en principio a ofrecer una declaración institucional como la que pide Vox. Pero no cierran la puerta del todo si se trata de “repetir” las proclamas reiteradas en los últimos días.

Empuje de Génova

Mientras continúa el pulso, Génova empuja a sus barones a presentar presupuestos para que su ofensiva contra el Gobierno central, que de momento pretende dejar las cuentas públicas estatales para el año que viene, no se resienta. “Todos los presidentes autonómicos están intentando tener presupuestos. Manteniendo por supuesto nuestro programa electoral, vamos a intentar tener Presupuestos, pero no depende solo de nosotros”, ha abundado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el desayuno informativo junto a López Miras. En el Congreso, el Grupo Popular ha registrado una proposición no de ley para que los socios del Ejecutivo se pronuncien sobre si entienden que Sánchez debe al menos presentar Presupuestos aunque no cuente con los apoyos suficientes.

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“Creo que las comunidades autónomas deben tener Presupuestos. Y dentro de nuestra política fiscal. Y de que Europa está ordenando el Pacto Verde, la inmigración, nos vamos a mover ahí”, ha razonado Feijóo, que subraya que en Bruselas ya hay “modulaciones del Pacto Verde europeo” porque “se habla de Pacto Verde y competitividad” y que se ha formulado un “pacto de inmigración mucho más limitativo que la anterior”. Los conservadores europeos han ido poniendo distancia con el acuerdo que permitió en 2019 encumbrar a una de sus dirigentes, Ursula von der Leyen, como presidenta de la Comisión Europea, por la presión de la extrema derecha. El fallido rechazo del PPE a la Ley de Restauración de la Naturaleza, el aplazamiento de la entrada en vigor de la ley de deforestación o la dilución de la ley de biodiversidad aparecen como ejemplos de ese distanciamiento.

En materia de inmigración ha ocurrido algo parecido, pero el PP en España ha mantenido posiciones cambiantes. El verano pasado, Vox rompió los gobiernos con el PP porque estos aceptaron el reparto voluntario de menores migrantes. Desde entonces, los populares rechazan un nuevo reparto, mientras sí respaldaron en septiembre del año pasado la regularización de medio millón de inmigrantes irregulares con condiciones, en línea con la iniciativa legislativa popular que se tramita en el Congreso. Esta misma semana, la Conferencia Episcopal ha urgido a PSOE y PP a una regularización general para medio millón de inmigrantes.

El problema es que los ultras van exigiendo al PP nuevas condiciones. En Murcia, Vox ha reprochado al presidente murciano, el popular Fernando López Miras, que la Administración regional facilite la enseñanza de religión musulmana en los colegios públicos y concertados. En realidad, se trata de una obligación legal derivada de la Ley de Educación de 2006 y del Acuerdo de Cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España. Se estima que más del 10% de la población de Murcia profesa la religión musulmana. De momento, ni el PP de Murcia ni Génova se han pronunciado sobre esta exigencia. Fuentes del Gobierno murciano aseguraron ayer que el acuerdo con Vox está ya cerrado, a expensas solo de una declaración pública de López Miras como la de Mazón.

También resulta dudosa la oportunidad de los acuerdos en las autonomías del PP con la extrema derecha, precisamente en un contexto en el que Feijóo trata de distanciarse de Vox por su entreguismo a Donald Trump. Este miércoles, el líder del PP ha pedido a Sánchez que contacte con los presidentes autonómicos para poner en marcha “un plan de contingencia” frente a los aranceles de Trump. El líder popular se ha mostrado especialmente duro con la guerra comercial del presidente de EE UU, a escasas horas del calificado por la Administración estadounidense como “Día de la Liberación”. “No es el día de la liberación, es el día de la preocupación. Si la Administración norteamericana rompe el tratado de libre comercio y empieza a poner aranceles, necesita una respuesta igual de contundente y proporcional, si persisten en atacar los productos europeos, tenemos que responder en la misma proporcionalidad (...) Es una decisión absolutamente equivocada”, ha dicho Feijóo en una entrevista en Antena 3.

Ante la andanada de aranceles que pretende aplicar la Casa Blanca, el jefe de la oposición ha solicitado al presidente Pedro Sánchez que telefonee a los presidentes autonómicos y ponga en marcha un “plan de contingencia” común para hacer frente a las consecuencias económicas. El líder de los populares ha subrayado asimismo su “independencia” frente a la posición de Vox, que se ha mantenido del lado de Trump desde la toma de posesión pese al ataque a los intereses de productos europeos y españoles, manteniendo un “silencio cómplice”, ha afirmado Feijóo. En paralelo, fuentes de Génova sostienen que “hay una ventana de oportunidad” para desmarcarse de la formación de Santiago Abascal en este asunto geopolítico.

En paralelo, Feijóo ha vuelto a alejar la posibilidad de un acuerdo con el Gobierno para un aumento del gasto en defensa que reclama la Unión Europea. El líder popular considera, en todo caso, que hay dinero en las arcas públicas, recortando de otras partidas, para destinarlo al gasto militar. “Con 140.000 millones más de recaudación [en impuestos], encontraríamos ese dinero en el Presupuesto. Hay dinero en el Presupuesto del Estado, sí, déjeme ver las partidas, pero sobra dinero en capítulo I, capítulo II, capítulo IV, claro que sobra dinero”, ha argumentado. El capítulo I se refiere al gasto en personal, el capítulo II al gasto estructural de esos ministerios y el IV a transferencias planteadas a órganos políticos. Fuentes del equipo directo de Feijóo han precisado que el PP cree que “antes de gastar más, hemos de gastar mejor, y eso pasa por reducir gastos burocráticos, asesores o altos cargos”.

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El también presidente de la Xunta de Galicia ha recibido 2.619 votos a favor de los 2.663 válidos emitidos este fin de semana. No ha tenido ni un voto en contra, pero sí 44 en blanco. “Gracias por elegirme presidente del PP, pero esta elección es solo el principio. Lo importante de verdad ahora es seguir juntos para que los españoles nos eligan para su futuro”, ha dicho Feijóo tras ser confirmado como presidente.

Los populares entierran con la elección de Feijóo la etapa política de Pablo Casado, que en la tarde de este viernes anunció que abandona su escaño en el Congreso de los Diputados y cualquier responsabilidad en la formación de la que ha sido presidente desde julio de 2018 hasta este cónclave. “Lo mejor es que dé un paso al lado”, sentenció durante su intervención.

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La portavoz del Ejecutivo, que además es ministra de Educación, ha acusado a Feijóo y Ayuso de orquestar una nueva confrontación con el Ejecutivo que parte de una premisa falsa: el rechazo del Gobierno de coalición progresista a las universidades privadas. “Es mentira”, ha sentenciado la ministra, que ha instado a la presidenta madrileña a incrementar el presupuesto de las universidades públicas. Madrid, que cuenta con 13 universidades privadas, es la comunidad que menos dinero invierte por alumno en sus seis universidades públicas (un 21% menos que la media) de España, pese a su enorme renta per cápita regional (36,5% más). Con esta premisa, Alegría ha diferenciado las universidades privadas con años de experiencia de aquellas “que lo único que tienen de universidad es el nombre y que suelen ser fondos de inversión”. “Lo único que buscan es generar negocio. Tienen un número muy escaso de estudiantes, prácticamente no ofertan un número claro de grados universitarios ni de másteres. En definitiva, es sencillamente un negocio para expender títulos”, ha apostillado.

El PP ha optado por ignorar los nuevos criterios de apertura de los centros privados que impulsa el Gobierno, como que los campus lleguen a los 4.500 alumnos en sus primeros cinco años de andadura, y que sus promotores cuenten con experiencia en la gestión universitaria. Feijóo considera que se trata de un ataque generalizado de Sánchez contra las universidades privadas, algo que niegan tajantemente en La Moncloa. Desde 1988 no se abre una universidad pública en España y se han inaugurado 26 privadas. “Hay bastantes más chiringuitos en el Gobierno de Sánchez que en el ámbito de la educación superior”, ha afirmado Feijóo a su llegada a un desayuno organizado por La Razón en Madrid después de que Sánchez se refiriese el lunes como “chiringuitos” a determinadas “academias” que no pueden ser consideradas universidades y que expenden títulos auspiciados por gobiernos autonómicos que habrían optado por “ahogar” a las públicas. Génova sostiene que lo que busca La Moncloa con este movimiento es “enfrentar” nuevamente a dos bandos: los alumnos de la pública y de la privada para polarizar el debate político, según varias fuentes de la dirección popular.

“Solo puedo mostrar respeto porque en el ranking de universidades, en las primeras hay privadas”, ha afirmado Feijóo. “Es verdad que no conozco en profundidad las privadas como Sánchez porque yo estudié una pública. Quizás lo dice porque en alguna universidad con la que tuvo contacto puede entender que no tenía la calidad universitaria suficiente. Pero eso es un problema de Sánchez, no mío”, ha ironizado aludiendo a la formación del presidente, que se licenció en una universidad privada y se doctoró en otra. El portavoz del PP, Borja Sémper, había exigido ya este lunes a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que rectificase sus declaraciones del fin de semana —que acusó a los alumnos de las universidades privadas de “comprarse el título”—, y pidiese “perdón a las familias que hacen un esfuerzo enorme por la universidad privada”. “Que nadie intente llevarnos a esa confrontación de universidades públicas contra universidades privadas, porque entonces estarán sencillamente mintiendo y engañando”, ha discrepado Alegría.

Previamente, Ayuso se ha sumado a la estrategia de Feijóo tachando los planes del Gobierno como un “ataque ideológico” con el objetivo “de llevarlo todo al guerracivilismo para que España se parta en dos de forma permanente”. En esa línea, Díaz Ayuso ha defendido la colaboración público-privada como la fórmula que ha permitido a la Comunidad de Madrid levantar 12 hospitales, ha dicho durante el V Foro Wake up Spain, organizado por Invertia y El Español. Atacan a las privadas “porque quieren que nada mejore y que nada vuele libremente”, ha añadido. “La universidad privada no resta alumnos a la pública porque a la universidad pública se accede libremente por una nota de corte”. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la universidad pública hay 205.000 alumnos y en la privada 103.000 “que son jóvenes que luego tendrán arraigo en la ciudad donde pasaron los mejores años de su vida”.

“Es sectario y es no estar en el mundo, atacar a las universidades privadas. Muchas veces los alumnos no son familias ricas y es un suicidio atacarlas”, ha insistido la baronesa del PP. “Somos el país de las clases medias y ese es nuestro mejor tesoro”.

Dimisión de Montero

Feijóo ha pedido además la dimisión de Montero por otras declaraciones de este sábado, las referentes a la sentencia de Dani Alves, que le declara no culpable. “Todo parece indicar que es una instrucción de Sánchez para deslegitimar la independencia judicial”, ha dicho Feijóo. El jefe de la oposición ha exigido la dimisión de la número dos del Gobierno y, en caso contrario, que sea el presidente quien la cese. Feijóo ha deslizado que si Sánchez no destituye a la vicepresidenta segunda es porque sus declaraciones forman parte de una “estrategia” y “hoja de ruta” del Gobierno para “deslegitimar” el poder judicial porque el jefe del Ejecutivo está “ahogado” en causas de corrupción, en alusión velada a la imputación de su esposa, su hermano, del exministro José Luis Ábalos y del fiscal general del Estado.

En esa “hoja de ruta”, el presidente querría “deslegitimar a los jueces” anticipándose a eventuales futuras sentencias en su contra, sostienen los populares. “Fíjense en Francia. Por temas similares o menores de algunas actitudes o conductas que afectan a la propia presidencia del Gobierno es inhabilitada la candidata a la presidencia de la República Francesa. Dejemos que los jueces actúen, hay posibilidad de apelar y recursos. Esta es la grandeza del Estado de derecho”, ha afirmado Feijóo.

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“Esta es una propuesta muy similar a la que hicieron en el Congreso y que nosotros la rechazamos. Nosotros no cambiamos de opinión como Sánchez, nosotros actuaremos en consecuencia con nuestra posición en el congreso”, señala la portavoz popular en el Senado, Alicia García. “Dialogaremos con todos para que se reforme el Reglamento del Senado de manera integral, tal y como hemos propuesto, con el mayor consenso posible, pero sin renunciar a nuestros principios”, añade la parlamentaria y miembro de la dirección popular con la vista puesta en el inminente debate de su propuesta, que supone modificaciones profundas del funcionamiento de la Cámara alta. Y en una jornada que se prevé de alto voltaje. En el Congreso, el PSOE propició la reforma del reglamento de la Cámara baja en verano de 2023 para autorizar el uso de las lenguas cooficiales como cesión a las fuerzas nacionalistas previa a la investidura del presidente Pedro Sánchez.

En el caso del Senado, Cámara de representación territorial, la institución modificó su reglamento en 2005 para permitir las lenguas cooficiales, pero solo en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, mediante traducción simultánea de catalán, valenciano, euskera y gallego. Pero ese reducido uso se amplió un poco en 2010 con una nueva reforma del reglamento —apoyada por todos los grupos menos por el PP—, extendiendo en su artículo 84 la posibilidad de utilizarlas también durante el debate de las mociones en el pleno, que suelen celebrarse los martes por la tarde-noche y los miércoles.

También se amplió entonces el marco para que, junto a los textos en castellano, las iniciativas legislativas se publiquen a su vez en la lengua cooficial correspondiente. Los escritos presentados por los senadores en el registro y los dirigidos por los ciudadanos y otras instituciones al Senado pueden redactarse asimismo en castellano y en lengua cooficial. Por último, se amparó su uso en la primera intervención del presidente del Senado ante el pleno. Como ejemplo, el nuevo presidente de la Cámara alta, el popular Pedro Rollán, dio las “gracias” en catalán, euskera y gallego en su primer discurso, en agosto de 2023.

Pero las formaciones nacionalistas exigen ahora dar un paso más. Según el comunicado conjunto, su objetivo es “corregir la grave vulneración de derechos” que supone la prohibición del uso total de las lenguas cooficiales en el Senado, además de perseguir con esta iniciativa “el normal y pleno desempeño de las y los representantes públicos en la cámara de representación territorial”, junto con la “promoción de la riqueza derivada de la pluralidad lingüística, así como el derecho de la ciudadanía a ser atendida en la lengua oficial que elija”. De momento, la oposición del PP, que controla la Cámara alta con su mayoría absoluta, es frontal.

Jurisprudencia del Constitucional

El Tribunal Constitucional ha llevado a cabo una importante tarea de definición y delimitación del marco jurídico de las lenguas cooficiales en España, establecido en el artículo 3 de la Constitución y en los respectivos Estatutos de Autonomía, y cuya jurisprudencia se incluye en el Informe de diagnóstico sobre el grado de cumplimiento del uso de las lenguas cooficiales en la Administración General del Estado, elaborado por el Ministerio de Política Territorial en 2019 y actualizado en 2020. En dicho estudio se recogen como lenguas cooficiales en las respectivas comunidades autónomas el euskera, el gallego, el valenciano, el catalán y la lengua occitana, denominada aranés en Val d’Aran (Cataluña).

De su examen se desprende además que las instituciones públicas han de velar siempre por el uso de las lenguas cooficiales respecto a trámites o servicios que no excedan la comunidad autónoma —con la salvedad de la justicia, de particularidades concretas—, así como en los debates parlamentarios que se dan en las mismas. Para el resto, no es un requisito obligatorio, aunque buena parte de las páginas web oficiales permiten la traducción.

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Tras culpar al Ejecutivo central de haber “abandonado” a la Comunidad Valenciana en los días posteriores a la tragedia, y en el turno de preguntas del senador del PSOE Juan Antonio Sagredo (alcalde de Paterna), Gómez-Perretta ha sostenido que el president autonómico no tenía capacidad para gestionar la crisis. “Mazón tenía que haber cedido desde el minuto uno el mando, creo que el señor Feijóo también lo ha comentado”, ha respondido el experto. “Si el señor Mazón se equivocó y no cedió el mando y eso supuso que al día siguiente no tuviéramos una intervención del Estado, lo admito. Pero, al segundo día, cuando esto se ve que no funciona, no podemos estar viendo si cede el mando al cuarto día... los valencianos nos merecíamos una atención mayor por parte del Estado”, ha agregado. En su momento, el Gobierno sopesó declarar “emergencia nacional”, pero renunció para no despojar a Mazón de sus competencias.

Sobre las infraestructuras proyectadas desde 2010 y no ejecutadas ni en el Gobierno de Zapatero, ni de Rajoy ni de Sánchez, el arquitecto Gómez-Perretta ha considerado que “hubiera sido una catástrofe totalmente distinta” y el agua no habría alcanzado la altura que alcanzó. “Nos hubiésemos mojado los pies”, ha ilustrado el experto técnico.

“A cada Gobierno hay que atribuirle su responsabilidad, entre 2010 y 2016 se podría haber actuado”, ha continuado. Pero ha criticado directamente al Gobierno del Botànic porque, según leyó el arquitecto “en prensa”, ha dicho, la Confederación Hidrográfica del Júcar reconoció que los proyectos planificados eran incompatibles con parte del contenido de ley de la Huerta del anterior Gobierno de Ximo Puig.

En una comparecencia posterior, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana Javier Machí ha seguido la misma línea que su antecesor al considerar que dichas obras no acometidas habrían “laminado” antes el cauce del río, habrían provocado la “disminución de la punta de los caudales” y la gente “habría tenido tiempo (...) para reaccionar”. Aunque no ha acusado tanto a la ley de la Huerta como a quienes han gestionado su implementación.

Ante las insistencias del senador popular Luis Santamaría, que ha preguntado en “qué porcentaje” esas infraestructuras dependientes del Ministerio de Transición Ecológica habrían salvado vidas, Gómez-Perretta ha sido cauto. “No me puedo atrever, porque depende de otras circunstancias, por ejemplo, los vehículos que iban por vías secundarias y accedían a la A-3 no sabía que estaba rota, ¿quién les avisó? Nadie”, ha sentenciado el experto. “Se habrían salvado vidas, eso es de cajón”, ha zanjado más tajante Machí. “El problema se hubiera trasladado a otro sitio”, ha añadido.

Compromís y el PSOE han defendido que dichas actuaciones tampoco se materializaron con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, lo que provocó, a su juicio, su retraso. “No se hicieron las obras necesarias porque Rajoy dejó caducar la declaración de impacto ambiental. ¿Y qué se tuvo que hacer? Cumplir con la ley y hacer una nueva declaración de impacto ambiental: la ha hecho el actual Gobierno”, ha añadido el parlamentario de Compromís. “En 2018 se encuentra que un proyecto que debía estar ejecutado se había paralizado. Desde ese momento se han rescatado los proyectos y actualmente están fase de tramitación medioambiental. El compromiso del Gobierno actual es retomar estas actuaciones”, ha remachado la senadora socialista Eva María Redondo.

Tanto el senador de Compromís Morera como el socialista Sagredo han persistido además en sus críticas contra el espíritu de la comisión promovida de los populares, que han descartado ahondar en las responsabilidades de la Generalitat Valenciana, alegando que ese extremo debe ser analizado en la comisión de investigación de la dana de Les Corts, controlada también por el PP, en la que han cedido la presidencia a Vox, que de momento no ha fijado el calendario. “El homenaje [a las víctimas y voluntarios] sería traer hoy aquí a los responsables de las emergencias, usted es un responsable de obra”, ha señalado Morera al arquitecto Gómez-Perretta. “La operación Salvar al soldado Mazón se está convirtiendo en una serie de catastróficas desdichas”, ha remachado Sagredo, después de que este lunes el primer compareciente de la comisión desmontara varios argumentos del Partido Popular contra el Gobierno central. Según la formación de Feijóo, la falta de limpieza por parte del Ministerio de Transición Ecológica agravó los daños personales y materiales de la dana en la zona cero. Pero el profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia Juan Bautista Marco descartó que fuese así. También defendió que con un único sensor en el barranco del poyo era “suficiente”.

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“¿Qué efectos podría haber tenido una limpieza más frecuente del barranco del Poyo?”, ha preguntado el senador del PP por Jaén Francisco Javier Márquez, tratando de asentar uno de los argumentos de los populares contra el Gobierno central en la responsabilidad de las consecuencias de la tragedia. Según la formación de Feijóo, la falta de limpieza por parte del Ministerio de Transición Ecológica agravó los daños personales y materiales de la dana en la zona cero. “¿Ha contribuido el arrastre de cañas, vegetación y materiales de obra al colapso de infraestructuras? ¿Cuál es la importancia que ha tenido en este tema?”, ha incidido en la misma línea Márquez.

“En mi opinión, nula”, ha contestado tajante el arquitecto Marco. “El problema de las cañas sale recurrentemente, pero la velocidad a la que ha llegado el agua ha sido de nueve metros por segundo, lo normal son cuatro metros por segundo (...) Las cañas se tumban y se rompen. No tiene ninguna trascendencia”, ha explicado el profesor. Ante la respuesta desfavorable, el senador del PP ha insistido. “El agua, con la violencia que va, arrastra todo, pero ¿colapsan los puentes esa vegetación, los troncos?”, ha repreguntado Márquez.

“Los puentes se caen por otras cosas. Prácticamente todos los que se han caído han caído por los estribos, no por los tableros, los tableros han aguantado perfectamente”, ha respondido, sin embargo, el profesor, que ha asegurado que el único sensor instalado para controlar los niveles del barranco era “suficiente”. “Está puesto en el mejor sitio, el más fiable. Cuantos más, mejor, pero con los que hay, suficientes”, ha señalado Marco.

Ni Marco ni después Francés han querido valorar las actuaciones concretas de la Generalitat de Mazón ni del Gobierno central durante la jornada de la gota fría, pero sí han censurado la falta de “coordinación” de las instituciones en genérico. “Los sistemas de alerta ayudan a disminuir las pérdidas de vidas humanas”, ha dicho también sin referirse a un aspecto concreto Francés, quien sí se ha quejado de la demora en la ejecución de las acometidas planteadas ya desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por el de Mariano Rajoy y hasta ahora. “Quien tiene que tirar del carro es del Estado”, ha enfatizado.

Ambos expertos han apuntado además a que la ley de la huerta del anterior Ejecutivo valenciano, presidido por el socialista Ximo Puig, podría haber frenado algunas actuaciones relacionadas con la prevención. Eso sí, Francés, que ha participado en el plan de acción territorial de riesgo de inundaciones (Patricova) de la Comunidad —que se puso en marcha en 2003 y se revisó en 2015— ha asegurado que nunca ha recibido “presiones” para la redacción de la norma. Una afirmación que ha realizado después de que otro senador del PP, Jose ramón Díaz, señalara que la legislación del Ejecutivo socialista había protegido más a un “nido de águilas” o a “una tortuga” que a “las personas”.

Como conocedor del Patricova, y ante las preguntas de la senadora socialista Cristina Moreno, Francés ha descartado que —tras el pacto para los Presupuestos autonómicos alcanzado entre Mazón y Vox, en el que el jefe del Consell asume los postulados de los ultras—, el “grueso” del plan de acción territorial de riesgo de inundaciones vaya a verse afectado. “Se puede actualizar el Patricova sin la Agenda 2030, no somos tan catastrofistas”, ha indicado el experto, aunque ha reconocido que dicha actualización se haría “con más dificultad”.

Tanto el PSOE como los grupos a su izquierda han cargado durante la sesión contra la “farsa” de una comisión en la que el PP ha rechazado la comparecencia de todos los dirigentes de la Generalitat salvo Mazón, porque lo pidió él mismo. “Esta comisión se inicia siendo una farsa. La responsabilidad es inequívoca, es del Consell de Mazón”, ha censurado la senadora socialista Rocío Briones. “Se está pervirtiendo y dañando la memoria de las víctimas. Estamos una comisión que no va a servir porque el PP se ha negado a que comparezca aquí ningún responsable de la Administración valenciana”, ha añadido el senador de Compromís Enric Morera.

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“Es una cosa extrañísima que no había pasado nunca. De fondo, es un juego perverso”, señalan otras fuentes del gabinete de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. En el lado opuesto, los populares acusan al Gobierno de “prevaricar” haciendo uso del órgano de gobierno de la Cámara baja con un movimiento que consideran inconstitucional. “La gravedad de esta actuación no tiene precedentes, por ser contraria a las normas del proceso parlamentario”, se quejó el presidente del Senado, Pedro Rollán, en una dura carta dirigida a Armengol un día antes del debate. No era la primera vez en esta legislatura que la cuarta institución del Estado y la tercera se cruzaban misivas con posiciones encontradas.

Los puentes entre las dos sedes del Parlamento están completamente volados tras año y medio de legislatura por una distribución de fuerzas endiablada: con PSOE y Sumar sostenidos por los socios de investidura —y peleando cada negociación— en el Congreso y con el PP con total control sobre el Senado gracias a su mayoría absoluta. La inestabilidad en las votaciones, en muchos casos imprevistas, se acentúa con un Junts asestando golpes o fraguando pactos a conveniencia —e in extremis—. Un gazpacho parlamentario que ha desembocado en episodios con los partidos mirando con lupa el Reglamento de las Cámaras, retorcido a su antojo, además de continuos recursos ante el Tribunal Constitucional por escenarios hasta el momento inexplorados. Y con la bronca llevada hasta el extremo en el hemiciclo.

Está previsto que, este martes, las actas de la reunión de la Mesa del Congreso de la semana pasada, en la que PSOE y Sumar levantaron las enmiendas que afectaban al presupuesto, revelen cómo fueron las tensas conversaciones. El siguiente capítulo llegará próximamente, cuando la parte socialista del Gobierno use el mismo argumento para tratar de imponer un veto a las proposiciones de ley impulsadas por Sumar y PP que pretenden eximir al Salario Mínimo Interprofesional de la tributación al IRPF, alegando que afectaría a las cuentas públicas. Algo a lo que se opone el departamento de Hacienda. Mientras, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se enfrentará a la contradicción de levantar ese veto votando junto a los populares en la Mesa de la Cámara baja cuando su formación apoyó al mismo tiempo esta semana lo contrario: el veto al movimiento del PP y de los independentistas bajo el mismo razonamiento de que las enmiendas afectaban a las cuentas públicas.

Algunos conflictos han acabado ya con recursos ante el Tribunal Constitucional. La primera decisión del órgano de garantías llegó hace 10 días, cuando declaró inconstitucional la reforma del Reglamento de la Cámara alta que el PP aprobó en noviembre de 2023 para dilatar la tramitación de la ley de amnistía. En dicha resolución, los magistrados piden aplicar “rigor” y “sentido común” en otra reforma del Reglamento que los populares promueven ahora y que supone una modificación profunda del rol de la Cámara alta. El Constitucional destaca además la preeminencia del Congreso sobre el Senado en el proceso legislativo conforme a la Constitución. La toma en consideración de la propuesta de reforma del PP se debatirá el 8 de abril. Un pleno que se espera de alto voltaje con la oposición frontal del PSOE, que en el Congreso también ha promovido dos reformas durante esta legislatura: para introducir las lenguas cooficiales, como parte de las cesiones a los socios de investidura, y una última para poner coto a los activistas ultras en la Cámara baja, que ha contado con el apoyo de todas las formaciones excepto PP y Vox.

Arranca la comisión de la dana en el Senado

Entretanto, este lunes arranca en el Senado, fortín del PP, la comisión de investigación de la dana. Los primeros en comparecer serán el profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de València Juan Bautista Marco y el catedrático de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de València Félix Ramón Francés. A los que se sumarán este martes el arquitecto director del estudio de arquitectura Perretta, Julio Gómez-Perretta de Mateo, y el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana Javier Machí Felici.

Los populares pretenden incidir en las infraestructuras competencia del Gobierno central y en la responsabilidad exclusiva de La Moncloa, dejando fuera de la comisión a los dirigentes de la Generalitat Valenciana. A excepción del president, Carlos Mazón, porque el jefe del Consell pidió motu proprio acudir al Senado. El PP ha negado al PSOE, sin embargo, la solicitud de asistencia de la periodista con la que comió el barón popular el día de la dana. Por contra, llamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el Congreso, otra comisión de investigación sobre la tragedia de Valencia sigue su curso, con la agenda marcada por el Gobierno y sus socios. El PSOE ya ha anunciado que pedirá la comparecencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En las próximas semanas se espera además en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado, impulsada por el PP, la comparecencia de las mujeres a las que se ha relacionado con el exministro José Luis Ábalos. Se trata de Jessica R., Claudia M., Andrea T. y Nicole N. Los populares las subirán al banquillo de la Cámara alta y las someterán al interrogatorio de los senadores después de haberlas referido a ellas de manera reiterada en el hemiciclo como las “prostitutas” del exdirigente socialista.

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Tras ataques contra la prensa, las instituciones del Estado, los “parásitos” de los políticos, los impuestos y el presidente Pedro Sánchez, Alvise concluye: “El boca a boca es lo más importante. Así que, cuando nos disolvamos, cambiemos España, persona a persona, con los móviles”.

Andrés, de 26 años —que no revela su apellido—, es el joven que gritó en medio de la masa. Según su relato, estudió hasta segundo de bachiller, ha ejercido como asesor inmobiliario y hace un mes volvió a casa de su madre en Madrid tras un año en Paraguay desarrollando negocios “ayudando a empresas a pagar impuestos”. En su móvil, Andrés sigue los perfiles sociales de Alvise y de Quiles, además de formar parte del grupo de Telegram donde el líder de SALF moviliza a sus seguidores. “Habla con claridad, es solo sentido común lo que él quiere. Estamos en un país en el que nos han vendido. Hemos vuelto a recuperar la esperanza con Alvise. Desde el minuto uno, cumple todo lo que dice”, afirma sobre el líder de SALF, a quien votaría en unos comicios generales porque promueve la bajada de impuestos, la reducción del número de políticos, porque está en contra del “hembrismo” —así tacha las medidas feministas que han provocado “494” derechos más de las mujeres sobre los hombres, que ahora están en “inferioridad”— o porque se opone a la inmigración irregular —hasta arriba de “ayudas”—.

Andrés y su móvil se mueven en un caldo de cultivo que en los últimos meses ha provocado el crecimiento sostenido del número de jóvenes de entre 18 y 34 años que en unas elecciones generales se decantarían por las formaciones ultras de Vox o Se Acabó la Fiesta. Según el último barómetro de 40dB. para EL PAÍS y la Ser, el 24% de los españoles de 18 a 24 años cogería la papeleta del partido de Santiago Abascal (la primera opción tras la abstención en esa franja) y el 3%, la de Alvise (en última posición). Entre los 25 y los 34 años, Vox baja al 21% (en segundo lugar por detrás del PSOE) y SALF se mantiene. “Es un fenómeno que llevamos viendo desde hace un tiempo y que va a más”, indica Belén Barreiro, directora de 40dB., quien puntualiza que ese alto grado de penetración de la ultraderecha se identifica con los jóvenes varones en mucho mayor grado que en las mujeres, tanto en el voto como en el posicionamiento respecto a distintos temas. “En cada barómetro se estudia el posicionamiento por género, y los jóvenes hombres están comprando el pack completo sistemáticamente en actitudes contra la inmigración, el cambio climático, el feminismo o pro Trump”.

Para informarse de ·todo lo que pasa a nivel político, Andrés lo hace a través de su dispositivo con las cuentas en redes sociales del propio Alvise o de Quiles. Mientras, carga contra los medios tradicionales: “Las noticias son un hervidero de desinformación y de miedo que quieren tener a todo el mundo asustado y pensando que el Estado es el único que los va salvar. Nos llaman fascistas, pero son ellos los que no nos dejan hablar. Toda la gente de provecho nos informamos en las redes sociales”. La primera vez que Andrés votó, optó por el PSOE. Luego dejó de votar y ahora se inclinaría por SALF. “Con la gente que me movía de chavalín era de izquierdas. El PSOE nos hablaba de clase obrera, pero nos suben los impuestos cada dos por tres”.

La mayoría de expertos consultados apuntan a un cóctel de factores para explicar ese crecimiento: empuje de la ola ultra internacional; voto contestatario contra el Gobierno de Pedro Sánchez; reacción a las políticas feministas y ensalzamiento del hombre heterosexual “emprendedor”, liberal y contrario a la gravación fiscal frente a condiciones laborales y de vida precarias. Los consultados subrayan que ese totum revolutum penetra en los jóvenes sobre todo a través del bombardeo continuo en sus móviles. Esas ideas son propugnadas en la red por Abascal y por otros líderes internacionales como el presidente de EE UU, Donald Trump, pero además por un ejército de youtubers e influencers que amplifican el mensaje en redes o través de think tanks.

Entre dichas cuentas hay nombres como Pedro Buerbaum, Wall Street Wolverine, Capitan Bitcoin o Roma Gallardo, que inundan el móviil de los jóvenes agitando el ideario ultra y antiwoke o proclamando la consigna del “hombre hecho a sí mismo” en la manosfera (red de foros, webs, blogs, canales de YouTube y perfiles en redes marcados por la defensa de una masculinidad cargada de misoginia). También con canales de noticias digitales ultras como EDATV. Con 858.400 seguidores en X, Wall Street Wolverine tiene como tuit destacado una entrevista al diputado de Vox José Figaredo y publicaciones anteriores con datos que diferencian los delitos entre españoles y extranjeros. En el caso de Andrés, el simpatizante de SALF, sigue entre otros influencers a Llados, que se centra en el culto al cuerpo: “Mi trabajo en la inmobiliaria fue creciendo cuando empecé a seguir las pautas de Llados: levantarte pronto, hacer deporte, cuidar tu alimentación. Tu cuerpo es una máquina. De no estar facturando nada a montar una empresa en Paraguay”.

Un reciente Eurobarómetro indica que la mayor parte de los jóvenes europeos recurre prioritariamente a las redes sociales para informarse de temas políticos y sociales, por delante de los medios de comunicación tradicionales. En España, el 49% de los españoles entre 16 y 30 años dice informarse a través de las redes sociales (sobre todo Instagram), más proclives a propagar las fake news. “La extrema derecha es la que mejor ha sabido instrumentalizar las redes sociales, con un tipo de mensaje con lenguaje cercano, sencillo, que se naturaliza muy bien con pocos caracteres. Todavía los partidos políticos tradicionales van muy retrasados, la ultraderecha lo tiene muy claro y fueron alumnos aventajados porque estaban al margen del sistema, empezaron a utilizar las redes los primeros como medio de movilización y adoctrinamiento”, señala Anna López, doctora en Ciencia Política, que alude a las últimas elecciones alemanas como ejemplo de movilización de los ultras en TikTok enfocados en el electorado joven. “Además, antes la rebeldía propia de los jóvenes consistía en ir contra el capitalismo y ahora es sinónimo de abrazar los partidos de ultraderecha, porque encuentran en ellos los únicos que canalizan los problemas y la falta de confianza en las instituciones; es su forma de protestar, el voto antisistema”, agrega López.

Desde el bajo propiedad de sus padres donde reside solo, Juan Ruiz bucea en Youtube, Google e Instagram para informarse. Ni paga la suscripción de periódicos de los conocidos como tradicionales ni ve el telediario; buena parte de la información que consume le llega por enlaces a medios digitales en abierto y editorialmente conservadores a través de su teléfono móvil. De 33 años, licenciado en Políticas y camarero en un hotel de Granada, Ruiz —nombre ficticio a petición propia— no votó en las últimas elecciones, pero de hacerlo ahora optaría por Vox como la única capaz de promover un “cambio de Gobierno” y de “trayectoria” en el país.

Con una familia repartida entre izquierdas y derechas, Ruiz votó en sus primeras elecciones al PSOE, luego al PP y en las últimas ni siquiera votó por decepción con la clase política. “Al principio en el colegio todos los amigos éramos de izquierdas”, recuerda. Vox se amolda ahora a sus preferencias en busca de “más libertad en el tema económico a la hora de emprender negocios”, porque está a favor de “reducir el Estado” y por el rechazo a una izquierda que “quiere que seamos todos iguales”. “Hay que respetar las ideas de cada uno”, sentencia. Eso sí, este camarero no se identifica ni con las políticas racistas ni contrarias a los derechos LGTBI que promueve Abascal. “No puede gustarte el pack completo”, apostilla. En su caso, empezó a seguir en Internet a prescriptores de “cuentas más liberales” y en favor de la “autoorganización” sobre todo con la irrupción del coronavirus.

“Tras la pandemia, TikTok pegó un bum. Y las cuentas de derechas tuvieron un impacto muy importante, metieron mucho dinero y supieron moverse”, apunta Adrià Junyent, politólogo y secretario de Juventud de Comisiones Obreras. “La extrema derecha ha sabido resignificar el término libertad, han ganado la batalla cultural, la disputa por la narrativa y la han ganado en la gente joven porque están en las redes sociales”, insiste Enrique Javier Díez, catedrático de la Universidad de Educación de León. “Antes se decía ‘tienes que ser machote’ y ahora se dice ‘tienes que ser emprendedor’. Es como ser el mejor en el fútbol, competir con los demás, estar en primera línea, tú eres responsable de tu futuro”, subraya.

En relación con el fútbol, y más allá de los influencers de la manosfera, han surgido también cuentas en la red social X que propugnan los mismos valores pero a través del deporte estrella. ESnomanu, Clonazepam, RevenRV o CapitanBitcoin son algunos de los ejemplos de lo que se conoce como “twitter fútbol”. Clonazepam, por ejemplo, se define en su perfil así: “Despertando machos de este Matrix hembrista que vivimos” y “CEO de la comunidad Incel Hispana”. El acrónimo anglosajón incel proviene de la expresión inglesa involuntary celibate (célibe involuntario), que según el diccionario de Cambridge se refiere a un miembro de una comunidad de Internet que no puede encontrar parejas sexuales a pesar de desearlas, y que expresan odio hacia las personas a las que culpan de ello: las mujeres.

La reacción negativa a las políticas feministas ―en España particularmente desde 2018― es otro de los principales motivos para el aumento de los jóvenes hombres ultras. Y la conversación en los móviles atestigua la tesis. La experta en comunicación, incidencia y gestión de proyectos sociales, Anxela Iglesias, apunta a otra derivada: la falta de referentes alternativos. “Muchos chicos jóvenes se sienten desconcertados e inseguros en sus relaciones sociales y afectivas, necesitan hablar y a menudo solo encuentran espacios tóxicos para hacerlo en internet y en las redes”, explica Iglesias a raíz de las investigaciones de la entidad Lainterseccion.

Entre los seguidores de Clonazepam está Luis García. De 22 años e informático que teletrabaja desde casa de sus padres en Tarancón (Cuenca), con quienes convive, es otro ejemplo de joven pro formaciones ultras. García —nombre ficticio a petición del entrevistado— votó en las elecciones europeas a SALF porque “vio que tenía más apoyo”, pero en unas generales se decantaría hoy por Vox como opción más viable para acabar con el Gobierno de Sánchez. Siempre fue de derechas, pero considera que el PP es “cada vez más de centro”.

Entre los podcasts que García escucha a través de Spotify se encuentran algunas de las entrevistas de Pedro Buerbaum, uno de los influencers que dan pábulo a teorías de la conspiración, que atacan la Agenda 2030, el feminismo y los migrantes o desdeñan los impuestos. A su espacio digital de entrevistas se sumó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en julio pasado en la búsqueda del voto joven. Frente al éxito de Vox entre la Generación Z, los populares caen en picado en esa franja de edad: de 18 a 24 años, solo el 8% apunta al PP como su papeleta, según el último sondeo de 40dB.

El malote de clase es el de Vox

Javier Carbonell, profesor asociado del Instituto de Estudios Políticos de París, añade otro elemento a la ecuación: “Todos los jóvenes en total están peor, pero si las mujeres están peor, se las señalan porque ellas han perdido en capacidad adquisitiva, pero han ganado en libertad, pero el chico ha perdido en todo”. Un 58% de las mujeres entre 25 y 34 años tenía un título superior en 2023 frente al 46% de los hombres, según datos del INE, por lo que la brecha retributiva se está revirtiendo en edades tempranas, con trabajos y vidas más precarias en los hombres. Y muchos culpan al Gobierno actual y a la izquierda, que, según sostienen, no resuelven sus problemas, indica Carbonell. “En 2016 se miraba hacia los nuevos partidos como Podemos, ahora, a Vox”.

El catedrático de Educación Enrique Javier Díez recuerda en ese sentido un episodio reciente que vivió en un instituto de un pueblo de la cuenca minera de León, donde preguntó a qué partido votarían los alumnos. Tres levantaron la mano y gritaron: ‘¡Vox!’. “Ahora, el malote de clase es el de Vox”, se lamenta Díez.

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El portavoz de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, también apuntó este jueves a que el Gobierno de Fernando López Miras acudirá al Tribunal Constitucional. Tanto Aragón como Murcia dicen estar desbordadas en sus recursos de acogimiento y están pendientes de recibir el apoyo de Vox a sus Presupuestos autonómicos, aún por aprobar. Génova dio este lunes a Azcón y a López Miras un empuje para que cierren cuanto antes un acuerdo sobre sus cuentas con la formación de Santiago Abascal, amparando los mismos “parámetros” del pacto sellado por el president Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana como marco para las próximas ententes.

En Aragón, Azcón ha materializado su oposición frontal a la norma con la aprobación de la autorización de ese futuro recurso ante el tribunal de garantías impulsado por el Ejecutivo autonómico incluso antes de que se celebre en abril una nueva conferencia sectorial en la que el Ministerio de Juventud e Infancia desgranará a los territorios los pormenores de la distribución. El Gobierno central ha dado de plazo desde este miércoles y hasta el 31 de marzo para que las comunidades aporten los datos con un “autodiagnóstico” sobre el estado de sus recursos de acogimiento para acudir a la conferencia sectorial de abril con la foto y el mapa completos. Eso sí, el presidente de Aragón se ha sumado al resto de dirigentes autonómicos populares que asumen que cumplirán la ley cuando sea un hecho.

“Vamos a respetar el Estado de derecho y sabemos lo que significan las leyes desde la entrada en vigor. Lo que buscamos es que las medidas cautelares para la no entrada en vigor permita que podamos hacer un acuerdo más justo y más sensato”, ha dicho Azcón en una comparecencia conjunta en Zaragoza junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien ya este jueves moduló su posición al asegurar que cumplirá con la ley. Una afirmación que también compartieron tanto la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como el gallego, Alfonso Rueda. “Somos Gobierno, los gobiernos tenemos la obligación de cumplir las leyes. Y tenemos la obligación de preservar la institucionalidad que es lo que nos hace ser respetados por los ciudadanos y es lo que nos ampara”, ha añadido en la misma línea Moreno hoy. El Ejecutivo andaluz está “estudiando” asimismo un posible “recurso” legal. También se lo plantean Madrid y Galicia.

Traslado de 4.000 menores

Tanto la dirección del PP como los barones hacen así equilibrios para cargar contra el reparto de menores migrantes mientras aceptan que no habrá insumisión. Azcón y Moreno han continuado este viernes con sus ataques al acuerdo del Gobierno y Junts. También el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, quien ha pedido al Ejecutivo “colaborar” con los territorios. “Y, si no lo hace, tendrá el rechazo del Partido Popular en las comunidades donde gobernamos”, ha señalado Sémper en Santander.

El contenido del real decreto es visto con buenos ojos tanto por el Ejecutivo de Canarias (integrado por Coalición Canaria y el PP canario) como por el de Ceuta (del Partido Popular). A priori se estima el traslado de 4.000 menores de Canarias, donde hay acogidos unos 5.800, y de otros 400 de Ceuta, donde se hacinan unos 420, al resto de territorios (también a Melilla), de los que 10 están gobernados por el PP. En Castilla-La Mancha, su presidente, el socialista Emiliano García-Page —muy crítico con la dirección de su partido por los pactos con los independentistas—, también ha anunciado que exploran la posibilidad de recurrir una medida que considera “insultante”.

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En la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, asumió que tendrá que aceptar los 700 migrantes no acompañados que llegarán desde Canarias porque no dispone de competencias “ni en migración, ni fronteras, ni en seguridad”. “Así que cumpliré con la ley me guste o no”, dijo en respuesta a una pregunta de Vox este jueves. La formación ultra había exigido que Ayuso se posicionara claramente y dijera “no vamos a admitirlos en Madrid” a quienes consideran una “oleada de criminales que nos mandan de Marruecos”. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, horas más tarde durante un almuerzo informativo organizado por siglo XXI en Madrid. “Nosotros cumplimos la ley, aunque no nos guste. Si no nos gustan [las leyes], las recurriremos, pero mientras estén en vigor, las cumpliremos”, afirmó el dirigente gallego, quien además deslizó que la Xunta aportará los datos solicitados por el Ministerio.

“Cuando me llame el Gobierno, le diré ‘tengo aquí los datos’: 868 plazas, todas ocupadas, estamos acogiendo 938″, ha asegurado Rueda, sin distinguir entre menores migrantes y no migrantes. En Sevilla, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también ha tenido que responder a Vox en el Parlamento autonómico. “No somos fanáticos de nada”, ha contestado el barón popular después de que el diputado de la formación de ultraderecha Manuel Gavira pidiera a su Gobierno ni un menor “más” sea acogido en Andalucía.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, advirtió ya este miércoles de que existían “sanciones” a disposición del Gobierno en caso de se produjera una insumisión que de momento parece lejos. En cualquier caso, tanto los barones populares como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han reiterado este jueves en sus feroces ataques contra el pacto sellado entre el Ejecutivo y la formación independentista. " Este acuerdo al que han llegado Junts y el PSOE es un acuerdo con tintes racistas y xenófobos. No se pueden repartir menores inmigrantes en función del color político que gobierna en cada comunidad autónoma. Eso es una falta de respeto, en primer lugar, a los menores. Y, en segundo lugar, a los principios básicos de no arbitrariedad y de igualdad”, ha señalado Feijóo en Bruselas. Los criterios incluidos en el documento tienen en cuenta la población de la comunidad autónoma y su renta per cápita, pero también el esfuerzo que ya hayan realizado en la acogida de niños y jóvenes extranjeros.

“Hacen una pinza con Sánchez”

El choque de PP y Vox en la Asamblea de Madrid llevó a Ayuso acusar a Vox de hacer “una pinza con Sánchez”. “No puedo evitar que vengan incumpliendo la ley. No tengo competencias y los menores extranjeros, o no, son tutelados por la Comunidad y necesitan financiamiento como los demás cumpliendo la ley”, dijo Ayuso, que reprochó a Vox haber sido más clara que nunca antes sobre su rechazo al reparto. “Sí a la emigración, pero no a la emigración irregular y descontrolado y menos tratar a los emigrantes como números para contentar al supremacista y huido de la justicia Puigdemont”, añadió desde la tribuna. “A ver si la Unión Europea despierta de una vez y que sepa qué tipo de gobierno tenemos”, remató.

Este jueves, la Asamblea de Madrid volvió a ser el ring de boxeo habitual en el que la oposición pregunta por las residencias y Ayuso contesta sobre Koldo y Ábalos. Y si el tema es su reciente viaje a Londres, en la Asamblea se escucha algo de putas y cocaína. El único punto de acuerdo este jueves fueron los minutos de silencio dedicados a los fallecidos durante la covid y a los cuatro jóvenes fallecidos en Cantabria en un accidente de tráfico. A partir de ahí, se reprodujo el enfrentamiento habitual.

Impregnando cada pregunta de la oposición al Ejecutivo estaba la reciente imputación de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Amador, el hombre más citado uno y otro jueves en la Asamblea, ya había sido imputado anteriormente por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil, pero será el 10 de abril cuando acudirá al juzgado para hablar de los negocios del empresario con el gigante sanitario Quirón.

El tipo de debate emprendido en la Asamblea puede resumirse con el intercambio de golpes entre Ayuso y la portavoz socialista María del Mar Espinar en los primeros minutos de la sesión. Espinar volvió a reclamar la cifra oficial sobre fallecidos en las residentes durante la pandemia, pero mientras esta llega ofreció la suya: “7.291″. “Se le olvida una cifra”, contestó Ayuso: “265, las cuentas de Ábalos descubiertas por la Guardia Civil”. Y Espinar volvió a contestar: “Los protocolos se aplicaron mientras los suyos se lo llevaban crudo y su novio hacía chanchullos para que usted pasara de un pisito en Malasaña a un aticazo en Chamberí”. Ese fue el tono y así discurrió la sesión entre preguntas sin apenas atención sobre muertos que siguen en las fosas o la restricción de pantallas para los jóvenes en los centros públicos de educación.

La Asamblea de Madrid fue una réplica del tono que cada semana se vive en el Congreso durante la Sesión de control al Gobierno. En esta ocasión, ni siquiera faltó la invocación al grupo Prisa y a la reunión entre Óscar López y Vivendi en París, tal y como arrancó Feijoo su intervención el miércoles. “Su jefe López, acosando las empresas y usando el poder de la Moncloa para arremeter contra los medios de comunicación”, dijo Ayuso, que se refirió a la imputación de su pareja como “los negocios de un particular con el que, aunque les duela, no tengo nada que ver”. “Ustedes esconden a Ábalos porque fue él quien puso a Sánchez al frente del PSOE y le arregló las primarias…”, siguió. Y de ahí Begoña, el hermano de Sánchez, las saunas, el gobierno criminal…

A la misma hora que intervenía Ayuso, Salvador Illa celebraba un evento en Madrid para presentar su modelo económico, que Ayuso describió como un acto “para ver cómo se ríen de los autónomos, el contribuyente y la empresa madrileña a la que le van a robar todo su esfuerzo para intentar que les vaya un poquito mejor en Cataluña”.

Desde el PSOE, Mar Espinar, criticó el “despotismo bananero” con la que Ayuso maneja Telemadrid y las “presiones” de la semana pasada a TVE para que emitiera un video suyo con una declaración institucional previo a la emisión del documental. Sin embargo, añadió Espinar, “uno de cada cuatro madrileños decidieron informarse por la televisión”, dijo en referencia a la audiencia récord de un 25% que alcanzó la emisión en Madrid de 7.291, un documental sobre los fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia.

El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, impidió las protestas de la bancada socialistas cuando se habló de “gobierno criminal”. “Si ustedes llaman criminales al Gobierno de Ayuso y dicen que se han asesinato de 7.291 personas, tendrán que aguantar que llamen al Gobierno de España gobierno criminal”, zanjó.

Durante el turno de Más Madrid, Manuela Bergerot, hija de exiliados argentinos, defendió el reparto de migrantes y acusó a VOX de “xenófobos”, “felpudos”, “arrastrados” y “pagafantas” del PP. Cuando se refirió a Ayuso, la sesión terminó como empezó. Con Amador cerrando el primer round. “No solo vive con un delincuente fiscal y defraudador, ahora también con un imputado por corrupción”, le dijo Bergerot a Ayuso. “Se está ganando un cuadro de honor en la corrupción del PP junto a Aguirre, Zaplana, Granados y Mazón. Disfrútelo mientras pueda”.

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El pleno se enfangó de nuevo varios minutos, hubo llamadas al orden y la bancada del PP amagó de pie y con palmeos con no permitir la intervención de la ministra de Sanidad sobre la relevante creación de la Agencia Estatal de Salud Pública; se escucharon insultos contra Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que estaba en la tribuna de invitados. Tellado llegó a tildar de “ilegal, inconstitucional” y dijo que, “probablemente”, era una prevaricación que el presidente en funciones de las Cortes se acogiera al programa acordado en la Junta de Portavoces y la Mesa de la Cámara, hiciera referencia al funcionamiento habitual en este tipo de situaciones y no permitiera aplazar la discusión de una serie de enmiendas vetadas por el Gobierno sobre la ley de desperdicios alimentarios. El PP ha votado contra la Agencia de Salud Pública en rebelión a lo sucedido —previamente había apoyado su creación—. La ministra Mónica García y portavoces de otros grupos lamentaron “el espectáculo bochornoso y vergonzoso de odio” dado por el PP.

El PP reclamó la tarde del miércoles, cuando el pleno había comenzado el martes, que uno de los puntos incluidos para discutir este jueves sobre la ley de prevención de pérdidas y el desperdicio alimentario se aplazara para otra sesión. Ese proyecto, sin embargo, se convirtió en otra cosa y distintos grupos intentaron introducir 110 enmiendas en el Senado sobre otros conceptos, relacionados algunos hasta con la protección del lobo o la solución a las purinas en granjas ganaderas catalanas. Ese proyecto regresó al Congreso este jueves tras aceptarse 46 de esas modificaciones del Senado, donde el PP disfruta de mayoría absoluta, y vetar el Gobierno solo cuatro, de acuerdo a su prerrogativa constitucional, porque suponían algún tipo de alteración de los Presupuestos y como se ha hecho en numerosas ocasiones antes.

La Presidencia del Congreso, ante este panorama y con esos precedentes, se negó a cambiar el orden del día aprobado por la Mesa y ratificado por la Junta de Portavoces en la mañana de este pasado martes, unas horas antes de que empezase oficialmente el pleno ese día a las tres de la tarde, pese a que luego, este mismo jueves, se forzó otra reunión de otra Junta de Portavoces en la que una teórica mayoría alternativa solicitó ese aplazamiento por distintas razones, en este caso con una posición coincidente por motivos diferentes del PP, Junts y ERC. El PP porque quiso introducir un cambio para reducir el tipo del IVA a los alimentos básicos y ERC y Junts, inquietos por la posible afectación a la vida útil regulada de las plantas de cogeneración para el tratamiento de purines en las explotaciones ganaderas de Cataluña. La Presidencia de la Cámara argumentó que la modificación exigida se tramitó según su criterio tarde y mal y porque sostiene, como más tarde esgrimió el portavoz del PSOE, Patxi López, que existe una “tradición” democrática de no alterar los órdenes del día ya programados y aceptados previamente salvo que haya unanimidad y “para proteger a las minorías”.

El pleno había comenzado con más de 10 minutos de retraso porque el PP intentó en la apertura de la sesión forzar ese aplazamiento. Tellado se levantó de su escaño para reclamar en virtud de los artículos 72.2 y 68.1 del Reglamento del Congreso que se modificará la agenda de temas a tratar para abordar el escrito con su petición registrado en la tarde del miércoles. El presidente en funciones, el socialista Gómez de Celis, le concedió ahí medio minuto a Tellado para explicarse, pero luego le señaló que su demanda y el tema en cuestión se abordarían más tarde, cuando estaba ya previsto y fijado. Tellado ya ironizó ahí con que Gómez de Celis se había levantado mal y protestó de pie desde su escaño durante varios minutos con el micrófono apagado. Gómez de Celis le llamó al orden una vez (a la tercera el diputado señalado es expulsado), toda la bancada del PP se levantó de sus escaños para solidarizarse con Tellado y el presidente del Congreso aguardó unos minutos hasta reanudar la sesión con la intervención prevista del diputado y portavoz del BNG, Néstor Rego.

Cuando más tarde se iba a debatir sobre la citada ley de prevención y desperdicios alimentarios, Miguel Tellado volvió a pedir la palabra y repetir sus argumentos, acusando a los cinco miembros de la Mesa del Congreso del PSOE y Sumar de haber adoptado una decisión que es “ilegal, inconstitucional y probablemente estén prevaricando”, al presidente en funciones de estar al servicio del Gobierno y de no tener en cuenta los informes del secretario general de la Cámara y letrado mayor. Fuentes de la Mesa indican que lo que el letrado Fernando Galindo indicó es que “chocan dos derechos constitucionales: la tradición que manda tramitar las enmiendas del Senado, pero también el derecho constitucional del Gobierno de vetar lo que afectan a los Presupuestos”. La Mesa decidió decantarse por el segundo de esos derechos porque, de otra forma, el Senado que ahora controla el PP podría mandar enmiendas continuas sobre cambios en el Presupuesto. “De fondo es un juego perverso. Una cosa extrañísima que no ha pasado nunca”, apuntan dichas fuentes.

Tellado, en cualquier caso, protestó airadamente, se negó a sentarse ante los requerimientos del presidente de la Cámara y recabó durante muchos minutos el mismo comportamiento de casi toda la bancada del PP incluso cuando ya estaba en la tribuna de oradores la ministra de Sanidad, Mónica García, para defender la Agencia de Estatal de Salud Pública que debe servir para estar mejor preparados ante una posible nueva pandemia y que había sido respaldada hasta ahora por todos los partidos menos por Vox. El PP reunió acto seguido a su dirección para valorar si se desmarca de esa votación al final de esta mañana en signo de rebeldía ante lo ocurrido durante el pleno. Los populares defienden que el Gobierno no les presentó con anterioridad a los cuatro componentes de ese partido en la Mesa el escrito con sus vetos, porque no lo acompañó de los informes de los letrados, porque supone “una modificación del dictamen del Senado” y “una alteración de manera extemporánea, sin competencias para poder hacerlo, vulnerando la ley y la Constitución”.

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El Gobierno, según señalan varios ministros en los pasillos del Congreso, asume que los presidentes del PP darán una batalla legal, pero asegura que no se atreverá a no cumplir la ley y rechazar los menores que les correspondan según los criterios de reparto que contempla el real decreto que salió ayer del Consejo de Ministros. “Eso sería prevaricar y ellos lo saben. Hay muchas formas de hacerles cumplir, pero no hará falta, ellos no van a querer prevaricar. Saben que no pueden”, resume un ministro.

La batalla política va a seguir, pero una vez que el Gobierno tiene una mayoría para convalidar el decreto sin el PP, gracias al pacto con Junts, en La Moncloa están tranquilos y creen que el problema está en vías de solución después de ocho meses de negociaciones. Además, el Gobierno confía en que los barones sufran la presión del PP de Canarias, que está en el Ejecutivo de esta comunidad, que apoya el acuerdo.

Ahora queda ejecutar el decreto, que ya está en vigor, con o sin acuerdo con las autonomías. Las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para enviar los datos sobre los menores que acogen y sus plazas de acogida al Ministerio de Juventud para que este marque el número de camas idóneo que debería tener cada una y afine así las reubicaciones y la financiación que les corresponderán. El decreto ley, en cualquier caso, aún necesita un desarrollo reglamentario que puede llevar meses.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avanzado que habrá una nueva conferencia sectorial en abril para comunicar a los Ejecutivos territoriales la distribución definitiva. “Las leyes están para ser cumplidas. Espero colaboración”, ha apuntado Rego.

Génova descarta por ahora una acción coordinada de oposición a La Moncloa, tanto en lo que respecta a la entrega de esos números de “autodiagnóstico” como en la resistencia a aceptar a los niños y adolescentes. Pese a que se mantienen en su rechazo. En caso de negarse a entregar dicha documentación, el Ministerio de Juventud e Infancia se remitirá a los últimos datos facilitados. “Usaremos los de finales de 2023”, ha indicado Rego al respecto.

Fuentes del gabinete de Feijóo insisten en que las comunidades no “tienen más plazas” para acoger a más menores y en que no se da “suficiente dinero” para sufragar el esfuerzo de acogida. En cuanto a la financiación, Rego ha apuntado a la “condonación de la deuda” como una de las fórmulas para aumentar los fondos y ha cargado contra los “regalos fiscales” de territorios como Madrid mientras con la otra mano piden más dinero para una competencia, el acogimiento de menores, que es autonómica. Sobre la tribuna, Feijóo ha evitado el tema en el choque con Sánchez, a diferencia de Abascal.

El acuerdo para el reparto de menores no acompañados no satisface a ERC. Sin embargo, considera que es “el mejor peor acuerdo” posible. “La política al final muchas veces va de eso. Hay 4.400 niños hacinados en Canarias, había que encontrar una solución. No nos gusta esta. Sabemos lo que es Junts y el tufillo que tiene todo lo que hace. ¿Hay alternativa? No. Hay que darles una solución a esos niños”, ha justificado el portavoz parlamentario del partido, Gabriel Rufián.

Más tarde, ha explicado su modelo ideal: “Nos gustaría que cada cual acogiera en función de la población, los recursos y las capacidades que tiene y, sobre todo, que se dejara de tratar a los niños como si fueran paquetes. ¿Es hacerle el juego a Junts? Seguramente, pero un día más”, ha rematado Rufián, informa Paula Chouza.

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“La ley del suelo del PP es la mejor solución para escapar de la trampa de la vivienda donde nos ha metido Sánchez”, ha clamado la senadora popular y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, en la mañana de este martes, durante el debate de la toma en consideración del texto registrado por su grupo. Feijóo anunció el registro de su propuesta a finales de enero, dentro del “Plan de Vivienda” del PP promocionado a bombo y platillo por el principal partido de la oposición durante semanas, y que incluye además otros cambios normativos autonómicos aún por desarrollar en las comunidades donde gobiernan los populares. Tras ser aprobada en el Senado, la iniciativa sobre suelo viajará ahora a la Mesa del Congreso, de mayoría socialista, donde se sumará al resto de las 17 normas bautizadas por los populares como leyes Feijóo. Y cuyo camino será previsiblemente el mismo: obtendrá el freno de su tramitación por parte de la presidenta, Francina Armengol, haciendo uso de la preeminencia de la Cámara baja en la actividad legislativa, según establece la Constitución. Solo 15 leyes impulsadas por el Senado han sido luego aprobadas en el Congreso en toda la democracia.

“Creemos en un país donde los promotores puedan desarrollar su actividad sin que se les señale, un país en el que un tercio de un sueldo no vaya al alquiler, donde no te entierren a papeles cuando quieras hacer una inversión y donde los jóvenes puedan elegir entre ser dueños o inquilinos, libertad para elegir dónde y cómo quieres vivir”, ha finalizado el senador popular José Ramón Diez de Revenga sobre la tribuna su defensa a favor de la norma. Vox, por boca de su portavoz, Ángel Pelayo Gordillo, ha celebrado “las nuevas técnicas” que la iniciativa desarrolla.

La proposición de PNV y PSOE tenía como objetivo principal reformar el artículo 55 de la Ley del Suelo para dar respuesta a la demanda transversal de las entidades locales, también de los ayuntamientos del PP, para que los planes generales de ordenación urbana no decaigan por errores de forma que puedan ser subsanados. El texto del PP también incluye ese y otros asuntos relacionados con la ordenación urbanística, con una redacción en algunos preceptos prácticamente idéntica. Pero pretende acabar además con medidas estrella de la coalición. Una de las principales diferencias radica en que los populares añaden el artículo 22 bis, con el que pretenden derogar las zonas tensionadas, eliminar los topes al alquiler y reducir la suspensión de los desahucios de personas vulnerables de dos meses a uno. Sin embargo, estas tres últimas cuestiones tienen más que ver con la ley de vivienda y no estrictamente con el desarrollo de planes urbanísticos, materia en la que se centraba la iniciativa de PSOE y PNV —que se topó con los votos en contra de las fuerzas a la izquierda del PSOE y de Junts— y cuya inspiración está heredada del anterior Gobierno popular.

“No es nuevo”

“No es un planteamiento nuevo el que traen aquí, es el de Íñigo de la Serna en 2018″, ha recordado en esa línea el senador de EH Bildu Josu Estarrona. En el Senado, todos los grupos a la izquierda del PSOE se han vuelto a mostrar en contra y han centrado sus críticas bajo el mismo argumento de que promueve la “especulación”, además de porque el PP intenta terminar con puntos clave de la ley de vivienda de socialistas y de Sumar. “Desde que el PP ocupa las consejerías autonómicas, en mayo de 2023, el precio ha aumentado. Sus políticas donde gobiernan no están funcionando, pero es más fácil echar la culpa a los okupas”, ha añadido el parlamentario de Izquierda Confederal Juanjo Ferrer.

PSOE y PNV, por su parte, han recurrido a su norma ya debatida en el Congreso para ir contra la bancada popular. “El PP nos trae esta proposición de ley después de haber votado en el Congreso en contra de una proposición con el mismo objetivo, pudieron ser parte de la solución y votaron que no. Y unieron sus votos a quienes decían que se abrían las puertas a la especulación”, ha continuado el senador del PNV Igotz López“Han rechazado dos veces en el Congreso una ley del suelo, traen una nueva ley que se parece en parte a aquella, pero le endosan dinamita para romper con los cimientos del derecho a la vivienda”, ha agregado el parlamentario socialista Javier Izquierdo.

Junts ha seguido a contracorriente y se ha abstenido en la votación, aunque por motivos similares al voto en contra que infringió al PSOE en el Congreso. “Todo aquello que invada competencias no va a recibir el apoyo de Junts. No damos nada a cambio de nada, no nos casamos con nadie”, ha apuntado el senador de la formación independentista Francesc Xavier Ten.

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El futuro político del barón valenciano sigue dependiendo de la investigación judicial, subrayaron este lunes en el equipo directo de Feijóo. “Tener Presupuestos no cambia su posición; no son su solución”, zanjaron fuentes de la cúpula popular.

Con la respiración asistida de Vox, Mazón puede encastillarse en la Generalitat Valenciana en un momento de máxima debilidad. No obstante, el equipo del líder del PP le advierte de que en ningún caso considera que los Presupuestos le apuntalen al frente de la presidencia de la comunidad autónoma, donde sigue en el alambre. “Los Presupuestos no son una cuestión orgánica, sino institucional y económica. Hace 48 horas el problema de Carlos no eran los Presupuestos, no es lo que le ha tenido fuerte ni débil en ningún momento, no creemos que vayan a cambiar su contestación en la calle”, reflexionaron este lunes fuentes de la dirección popular tras el anuncio del preacuerdo presupuestario con los ultras.

Ni en privado ni en público, el PP quiso este lunes blindar la continuidad de Mazón, con quien Génova ya ha roto. En la rueda de prensa posterior al comité de dirección, el portavoz del partido, Borja Sémper, evitó precisamente responder a la pregunta sobre si conseguir los Presupuestos apuntalaba a Mazón al frente de la Generalitat, y se remitió a las palabras de Feijóo del pasado viernes, cuando el líder del PP vinculó el futuro del president a la investigación judicial. Esa tesis de Feijóo sigue vigente, insisten en el PP, y los populares tienen ya marcada una fecha en el calendario: la declaración de la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, investigada por la gestión de la dana, a quien la jueza citó ayer a declarar el próximo 11 de abril. De lo que Pradas diga ante la justicia sí que depende el tiempo que le quede a Mazón en la Generalitat, consideran amplios sectores del PP.

Pero el movimiento del barón valenciano, que ha pilotado el acuerdo con Vox, con quien siempre mantuvo una excelente relación, obligó a la dirección del PP a avalar un pacto que hace suyos los postulados de la extrema derecha sobre la inmigración y las políticas medioambientales de la Unión Europea. El líder de Vox, Santiago Abascal, se apresuró a felicitar a Mazón por asumir sus tesis. “Esa es la dirección correcta: enfrentarse sin complejos al Pacto Verde y a las políticas que favorecen la inmigración ilegal”, expresó ufano en un mensaje en sus redes sociales tras escuchar las palabras del barón autonómico del PP, cuyo discurso no difería de los que lanzan los ultras en estas dos materias. “No admitiremos repartos de inmigración ilegal. Nuestros centros están saturados”, dijo el president en su declaración institucional desde el Palau de la Generalitat. En la misma línea, solicitó a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana que haga público el número total de personas detenidas por pillaje durante la emergencia de la dana del pasado 29 de octubre y que las defina por su nacionalidad.

Mazón arremetió además contra el Pacto Verde europeo en unos términos en los que hasta ahora nadie se había expresado en el PP. Este acuerdo, bajo el que está subsumido tanto Feijóo como sus colegas del Partido Popular Europeo (PPE), permitió en 2019 encumbrar a una de las dirigentes del Partido Popular Europeo, Ursula von der Leyen, como presidenta de la Comisión Europea. “Llamamos a la acción en contra del Pacto Verde europeo”, clamó este lunes, en cambio, el president. Aunque los conservadores se han ido distanciando poco a poco de ese acuerdo, el portavoz popular tuvo que hacer malabares en su comparecencia en Génova para justificar el discurso del jefe del Consell. “La transición ecológica es defendida por el PP, la dictadura activista, en ningún caso”, defendió Sémper. “Hemos dicho que abogamos por bajar y reducir la burocracia y la hiperregulación, a favor de la transición ecológica, pero no a favor de perjudicar a nuestros agricultores”, insistió. “Los valencianos van a tener unos Presupuestos tras la dana sin renunciar a ninguno de los principios que ha tenido el PP históricamente”, alegó el portavoz.

La cúpula del PP se puso de perfil ante las exigencias que después hizo públicas Vox para dar luz verde a las cuentas públicas de la Comunidad Valenciana, entre las que reclama un “recorte histórico de la cooperación al desarrollo”, además de una reducción “significativa de las subvenciones a la promoción del valenciano”, entre otras medidas de una agenda de máximos. “Avalamos el discurso de Carlos de hoy y no entramos en partidas concretas o en cuestiones de ámbito autonómico. Génova no se mete en el Presupuesto en sí, pero sí lo hace en las cuestiones de fondo que afectan a la marca del Partido Popular”, respondieron en el gabinete del líder popular.

La autorización se produce aun cuando Génova se había mostrado contraria desde hace tiempo al “chantaje” de Abascal en las seis comunidades autónomas de las que depende para aprobar las cuentas públicas. Fuentes del gabinete de Feijóo aseguran que las otras cinco comunidades donde el PP depende de Vox —Aragón, Región de Murcia, Baleares, Extremadura y Castilla y León— están respaldadas de antemano por el líder popular para impulsar las negociaciones sobre las cuentas públicas con la ultraderecha y con los mismos “parámetros” que el texto valenciano.

El movimiento de Mazón amarrando sus Presupuestos con Vox sorprendió en sectores del PP, que interpretan que a Feijóo le será más difícil apartarlo ahora del cargo. Otras fuentes del partido creen, en cambio, que el líder del PP ha priorizado evitar que la Comunidad Valenciana caiga en manos de la izquierda ante el riesgo de que la extrema derecha rompiera la baraja y dejara caer al PP, pero que sigue teniendo las mismas herramientas para desalojar a su barón cuando considere. El president sigue amortizado políticamente para la mayoría del PP, tenga o no Presupuestos. Algunos barones populares creen que incluso el pacto presupuestario “puede hacer daño a Vox”. “Mazón es como el residuo de una central nuclear”, analiza un presidente del PP. “Si te acercas mucho a él, puedes contaminarte”.

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Las previsiones del Gobierno valenciano son presentar las cuentas autonómicas el próximo jueves y, tras la tramitación parlamentaria, sancionarlas definitivamente en torno al mes de mayo. “Les confirmo que estamos trabajando en un acuerdo que nos permita sacar adelante la ley de Presupuestos de 2025 con el apoyo del grupo parlamentario Vox. Es más, no solo un acuerdo de Presupuestos, sino un plan de impulso de la Comunidad Valenciana” para lo que resta de legislatura”, ha manifestado el president en una declaración institucional sin preguntas en las Cortes Valencianas tras participar en el Consell, que se había reunido a las 8.30.

El pacto con los ultras da oxígeno a Mazón y le permite seguir encastillado en la Generalitat, a pesar de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vinculó este pasado viernes su continuidad al desarrollo de la investigación judicial sobre la tragedia de la dana. De momento, la jueza de Catarroja que instruye la causa ha estrechado el cerco sobre el president, al que no podría citar como investigado porque es aforado, pero sí llamó en esa condición a su exconsejera de Interior, Salomé Pradas, y al exsecretario de Emergencias, Emilio Argüeso, que deberán prestar declaración el 11 de abril, al tiempo que ha excluido a altos cargos del Gobierno central.

En una extensa intervención, Mazón ha agradecido a Vox “su voluntad sincera” para superar los efectos de la dana. “Quiero agradecer esta altura de miras [a Vox] que no hemos encontrado en los grupos políticos de la oposición”, ha añadido el presidente valenciano, antes de asumir las tesis del partido ultra en materia de inmigración y de rechazo al Pacto Verde europeo. En primer lugar, el president se ha negado a acoger a más menores migrantes, como reclamaba Vox. “No admitiremos repartos de inmigración ilegal. Nuestros centros están saturados”, ha rechazado el president.

El político valenciano ha solicitado a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana que “haga público el número total de personas detenidas por pillaje” relacionadas con robos en domicilios durante la emergencia de la dana del pasado 29 de octubre. Y ha pedido que se aplique la resolución adoptada por las Cortes Valencianas el 11 de julio de 2024 que dice que se incluya en las estadísticas judiciales el país de origen de las personas condenadas.

El barón valenciano del PP ha arremetido con la máxima dureza después contra las políticas medioambientales de la Unión Europea, en la misma sintonía con los ultras. “Desde aquí apoyamos firmemente a nuestros agricultores ganaderos y pescadores, por eso rechazamos y llamamos a la acción en contra del Pacto Verde europeo y sus medidas que van directamente contra la esencia de nuestra economía y que no solo afectan al sector primario, sino también a la industria al desarrollo económico de la Comunidad Valenciana”, ha afirmado Mazón. “Que había que dar un cambio radical al mal entendido ecologismo del Botànic es una obviedad. Es evidente que algunas decisiones inspiradas en leyes europeas de medioambiente han dañado a los agricultores, ganaderos y pescadores, así como han debilitado nuestra competitividad. Por tanto, vamos a seguir diciendo que es inaceptable que se sacrifiquen los intereses de nuestros productores en aras de una agenda ambientalista en Europa mal concebida”.

El jefe del Gobierno Valenciano ha anunciado además una iniciativa ante el Comité de Regiones que genere nuevos apoyos para exigir que las inversiones en infraestructuras hidráulicas no estén condicionadas por criterios medioambientales obligatorios derivados de la aplicación literal del Pacto Verde y ha puesto de ejemplo la ley valenciana de la Huerta. “Con Vox eliminamos el Consell de l’Horta, un chiringuito creado por el gobierno de Ximo Puig que no solo impidió las obras en el barranco de la Saleta, sino que multiplicó el abandono de tierras”, ha precisado Mazón.

Además, el president ha censurado la actitud del Gobierno de España y ha acusado al ejecutivo de Pedro Sánchez de realizar una “actuación negligente” y de haber “olvidado a las víctimas”; y ha cargado también contra los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, por su “tacticismo político” y su “doble discurso inadmisible”.

Abascal felicita a Mazón

Apenas unos minutos después, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado las palabras de Mazón y le ha felicitado por asumir sus tesis. “Esa es la dirección correcta: enfrentarse sin complejos al Pacto Verde y a las políticas que favorecen la inmigración ilegal”, ha defendido Abascal en un mensaje en sus redes sociales. “Las dos cuestiones”, ha añadido, “tuvieron que ver con la tragedia de la dana en sus causas y en la amplificación de las consecuencias por el pillaje”. “Felicito al señor Mazón por el valor de denunciarlo públicamente. Tengo la seguridad de que con ese rumbo la Comunidad Valenciana tendrá los presupuestos que necesita para la reconstrucción”.

La dirección nacional del PP ha difundido un breve comunicado en el que celebra el principio de acuerdo alcanzado por Mazón con Vox para sacar adelante los Presupuestos regionales para 2025, e incluso dice avalar su contenido. Y en esos términos se ha pronunciado más tarde el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección, aunque haciendo malabares para respaldar los términos del pacto. “La transición ecológica es defendida por el PP, la dictadura activista, en ningún caso”, ha dicho Sémper para justificar al jefe del Consell, que durante su comparecencia se ha mostrado en contra del Pacto Verde europeo, bajo el que está subsumido tanto Feijóo como sus colegas del Partido Popular Europeo (PPE), con quienes además se verá las caras el jueves en Bruselas y que en abril acudirán a Valencia para el congreso del PPE.

“Hemos dicho que abogamos por bajar y reducir la burocracia y la hiperregulación, a favor de la transición ecológica, pero no a favor de perjudicar a nuestros agricultores”, ha insistido el portavoz nacional. “Los valencianos van a tener unos presupuestos tras la dana sin renunciar a ninguno de los principios que ha tenido el PP históricamente”, ha alegado el portavoz, que ha repetido varias veces que estos son los “presupuestos de la reconstrucción” que darán “estabilidad” a la Comunidad Valenciana, tratando así de desviar el foco de un acuerdo en el que Mazón asume los postulados de Vox. Sobre la devolución de menores que también ha aceptado el jefe del Consell, Sémper se ha escudado en dos documentos: el pacto europeo de migración y asilo —que según el portavoz “abre la opción de expulsión”— y el texto europeo sobre retorno suscrito por la Comisión, “en el que se habla de hacer más eficaz la política de retorno y refrendada por Sánchez”.

La autorización se produce aun cuando Génova se había mostrado contraria desde hace tiempo al “chantaje” de Abascal en las seis comunidades autónomas de las que depende para aprobar las cuentas públicas y después de que las últimas semanas hayan estado marcadas por el desencuentro entre la cúpula del PP y el barón valenciano. En cualquier caso, pese a la defensa en público de la entente, en privado fuentes de Génova no son tajantes y se circunscriben al “espíritu” del texto anunciado en su comparecencia por Mazón. “Tendremos oportunidad de ver la letra pequeña”, alegan en el gabinete de Feijóo, donde aseguran sentirse “cómodos” con los “parámetros generales” del pacto, pero desconocer las particularidades desgranadas posteriormente por Vox.

Empuje a otras comunidades

Fuentes del gabinete de Alberto Núñez Feijóo aseguran que las otras cinco comunidades donde el PP depende de Vox —Aragón, Región de Murcia, Baleares, Extremadura y Castilla y León— están respaldadas de antemano por el líder popular para impulsar las negociaciones sobre las cuentas públicas con la ultraderecha y con los mismos “parámetros” que el texto valenciano. “Confiamos en que el resto de comunidades autónomas tengan y logren llegar a acuerdos también presupuestarios que ayuden y que avalen esa estabilidad. ¿Qué ha cambiado en relación con el Partido Popular? Nada. No hemos tenido que modificar nuestra posición en los temas que consideramos que son capitales y fundamentales”, ha afirmado Sémper, empujando a sus barones a avanzar en las conversaciones con Vox. En el gabinete de Feijóo consideran que Aragón y la Región de Murcia, gobernadas por Jorge Azcón y Fernando López Miras respectivamente, son las dos autonomías con más posibilidades para cerrar ententes en materia de presupuestos con Vox.

A mediodía, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha defendido en la comparecencia posterior al pleno del Consell que las únicas concesiones que ha hecho el presidente en su discurso de la mañana son a los valencianos. Ha reconocido que las negociaciones con Vox para aprobar las cuentas autonómicas las ha pilotado Mazón y solo ha cedido a los intereses de los valencianos y a las políticas medioambientales que no perjudiquen a sus sectores productivos. “El que está cediendo a los postulados del separatismo más radical es el presidente Pedro Sánchez en la conferencia sectorial de inmigración que tiene lugar hoy”, ha remachado en alusión a la cesión de políticas migratorias a Cataluña.

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Sobre la continuidad del jefe del Consell, Feijóo ha asegurado este jueves que “no hay ninguna novedad” que le haga cambiar de opinión, pese al durísimo auto de la jueza de la Catarroja contra las tesis de la Generalitat. Aunque a renglón seguido ha sembrado dudas sobre el futuro: “Sigamos atentos a los hechos. Los hechos es que hay un auto que imputa a una exconsejera de un Gobierno y a un exdirector general. Todo en su momento”.

En el correo electrónico enviado este jueves a los miembros del PPE, Manfred Weber, líder de la formación popular europea, informa a los cargos que, “tras considerarlo”, se mantienen los preparativos del congreso en Valencia. Weber y Feijóo se vieron las caras el pasado jueves durante la cumbre del PPE en Bruselas, donde el líder del PP español anunció que estaban barajando la posibilidad de cambiar la localización del congreso del próximo mes de abril. La ubicación del cónclave se había decidido en julio pasado, antes de la devastadora dana y la posterior crisis política en torno Mazón por la gestión de la tragedia, acentuada con las revelaciones del sumario y el auto de la magistrada.

Según las previsiones del PP, más de una decena de primeros ministros europeos participarán en el acto. Con la coyuntura a la contra, Feijóo planteó el jueves pasado en Bruselas la posibilidad de cambiar de ciudad y dejó en el aire que el congreso fuera a celebrarse finalmente en Valencia. El jefe de los populares utilizó como justificación el hecho de que, al estar convocado entre semana, impediría a sus diputados y a él mismo como jefe de la oposición acudir a votar a su escaño en el Congreso y estar presentes en la sesión de control. “Se valoró esa posibilidad y se ha descartado”, arguyen fuentes del gabinete del jefe de la oposición.

Con ese pretexto sobre la mesa, fuentes del PP avanzan que en principio Feijóo acudirá solo a la inauguración, pero no confirman su asistencia al resto del cónclave por coincidir con el pleno, sesión de control y votaciones en el Congreso. De esa forma, el líder del Partido Popular español podría esquivar la foto con Mazón. Las mismas fuentes adelantan que los diputados populares con acta en la Cámara baja no estarán presentes en el acto de Valencia. Con el cerco cerrándose cada vez más sobre el president de la Comunidad Valenciana, Feijóo se ha ceñido este jueves a las imputaciones de la exconsellera Salomé y Pradas y del exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso. “Dejemos que las cosas transcurran y sigamos atentos a los hechos. Los hechos es que hay un auto que imputa a una exconsejera de un Gobierno y a un exdirector general. Todo en su momento. De momento no hay ninguna novedad que me haga cambiar de posición”, ha señalado Feijóo, que ha asegurado que “no hay ninguna novedad” que le haga virar de posición sobre la continuidad del jefe del Consell, ignorando el auto de la jueza de Catarroja que le invita a declarar voluntariamente (no podría obligarlo a hacerlo, al estar aforado).

“Referente de buena gestión”

En julio pasado, el Partido Popular anunció la elección de Valencia como sede del congreso del PPE por ser una “ciudad abierta y un referente de la buena gestión”. Pero todo el cóctel agitado con la gestión de la dana por parte de Mazón empañaba sobremanera la imagen de los cargos del PPE en Valencia en poco más de un mes. Entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y Friedrich Merz. Fuentes del PP valenciano vaticinaban, ya tras los primeros días de la tragedia, que la presencia de los líderes comunitarios en Valencia podría provocar además mayor contestación en las calles. Un riesgo aún mayor hoy después de cinco manifestaciones contra Mazón —la última el 1 de mayo—, con el añadido ahora de las últimas revelaciones del sumario y el auto de la jueza Nuria Ruiz Torraba de Catarroja.

Feijóo deberá bregar, además, con la posibilidad de que Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana y líder territorial del PP, pueda acudir también al cónclave. El jefe del Partido Popular asume ese riesgo en un escenario de máxima pulsión interna y en medio del debate sobre la continuidad del jefe del Consell. Génova ha llegado a la conclusión de que la situación, que se ha tornado insostenible con el avance del proceso judicial, no puede seguir así y que la cúpula popular debe hacer algún movimiento en el corto plazo, hasta el punto de que el equipo de Feijóo ya está sondeando a distintos sectores del partido, según han confirmado fuentes conocedoras de esas conversaciones a EL PAÍS, sobre fórmulas para apartar a Mazón y salir de la crisis. La duda está en si esa eventual decisión se tomará antes o después del congreso del EPP, una vez confirmada su localización en Valencia. “Fantástico”, ha dicho Mazón en Valencia tras confirmarse que el cónclave se mantiene en la capital valenciana, informa Ferran Bono.

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Veteranos y otros dirigentes con relación con el PP valenciano han recibido llamadas en las últimas horas desde el equipo del líder popular para sondearles por las posibles soluciones a la endiablada situación política en la que Mazón ha metido al PP. Pero de momento, aunque se está pulsando la opinión del partido, fuentes de la dirección popular descartan que se haya activado ya de forma oficial una operación para destituir a Mazón. E insisten en que, por ahora, no hay tomada ninguna decisión.

Los populares son conscientes de que la presión para que el president valenciano dimita es tan fuerte que condiciona toda su acción política. Cada portavoz del partido que se expone a las preguntas de los medios de comunicación es interrogado sobre Mazón, eclipsando cualquier otro asunto de su discurso de oposición. El malestar del PP se percibe, además, en que la energía con la que los dirigentes populares defendían al president ha caído en picado, con respuestas lacónicas y sin ampararle ya a capa y espada. En público, la postura oficial es que “no ha cambiado absolutamente nada” tras el contundente auto de la jueza de Catarroja, como reiteró este miércoles la vicesecretaria Ester Muñoz en el patio del Congreso. Pero, en privado, muchos admiten que lo ha cambiado todo.

“La estrategia se está desmoronando”, lamenta un dirigente popular sobre el último plan que había ideado el PP para ganar tiempo, que consistía en exigir a Mazón perfil bajo e intentar repartir culpas con el Gobierno central en las comisiones de investigación que se van a poner en marcha en las próximas semanas en las Cortes.

El problema es que la verdad judicial está arrasando con el intento del PP de imponer como verdad política en esas comisiones que también la Administración central fue corresponsable de la tragedia de la dana. La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, descarga en cambio toda la responsabilidad en el Gobierno autonómico: dice que la información sobre el fenómeno metereológico era “sobrada”, que el órgano de coordinación de emergencias, el Cecopi, se reunió “tarde”, y que lo que se investiga como una posible negligencia con relevancia penal es que la alerta a la población, que dependía de la Generalitat, fue “tardía y errónea”. Además, solo ha llamado a declarar como investigados a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, y a quien era su número dos, el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Ante la demoledora descripción que hace la magistrada de la “inactividad patente” de la Generalitat para hacer frente a la emergencia, hasta los mayores defensores de Mazón en la dirección del PP están virando de posición. En la cúpula se escucha ya que la opinión mayoritaria es que “algo hay que hacer”, y distintos sectores del partido esperan, por tanto, una decisión en el corto plazo de Feijóo, que hasta hace nada se descartaba. El corto plazo no significa, en todo caso, que pueda ser un movimiento inmediato, porque el problema de Feijóo sigue siendo que no hay una solución ideal. Todas las opciones son muy complicadas de ejecutar y con riesgo de fracaso.

El principal problema, además de que no se contempla que Mazón tire la toalla motu proprio, es que investir a un nuevo president exigiría el apoyo de Vox en las Cortes, y el PP espera que los ultras les reclamen “condiciones imposibles de cumplir”. En esas conversaciones de Génova con sectores del partido se baraja la posibilidad de forzar la dimisión de Mazón y que sea nombrado un president de transición, con otra dificultad añadida de que hay un problema de falta de perfiles en el grupo parlamentario popular valenciano. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el perfil idóneo para muchos en el PP, es también diputada y cumple con el requisito ineludible para ser investida, pero Génova duda de lanzarla al ruedo porque implicaría desvestir el santo de la alcaldía de Valencia y porque podría quemarse como candidata si asumiera ya el mando. Como otras opciones para asumir el cargo de forma interina aparecen los nombres de los diputados valencianos Juan Francisco Pérez Llorca, Elena Bastidas o Alfredo Castelló.

La posibilidad de convocar elecciones en la Comunidad Valenciana se descarta por la caída del PP en las encuestas, aunque el PSOE sube la presión y su líder en Valencia, Diana Morant, reclamó ayer un anticipo electoral. De momento, los socialistas descartan presentar una moción de censura sobre Mazón, lo que da algo de margen de tiempo al PP para seguir estudiando todas las fórmulas para salir del atolladero político en el que el barón valenciano ha metido a Feijóo.

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Pese a que en Bruselas hay cierto consenso entre los socialdemócratas y el PPE, que dominan la mayor parte de los gobiernos, en España la primera cita de la ronda, la que mantendrán Sánchez y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, llega precedida de un ambiente tóxico entre los dos grandes partidos, con una sesión de control en el Congreso especialmente desabrida, y con un intento evidente por parte de ambos de mostrar distancia. Ni Feijóo parece dispuesto a apoyar al Ejecutivo, al que reprocha que le dé muy poco tiempo —30 minutos, 10 más que al resto de grupos— y que no le haya enviado un documento detallado de lo que se va a tratar, solo un breve guion a través de un mensaje, ni Sánchez quiere depender de los votos del PP, por eso intentará sacar adelante el aumento del gasto en seguridad y defensa sin necesidad de llevar ninguna votación al Congreso, tirando del fondo de contingencias. “Ya sabemos que el PP, si puede tumbar una votación del Gobierno, lo hará por muy importante que sea. Ahora, si su voto no es decisivo, entonces sí puede sumarse, porque ya no le importa. Lo vimos con las pensiones, y puede volver a pasar con cualquier tema, incluido Ucrania”, resume un miembro del Gobierno.

En este ambiente de desconfianza, parece poco probable que haya acuerdo entre los dos grandes partidos, aunque en realidad las posiciones no deberían estar alejadas porque ambos defienden las líneas estratégicas de sus familias políticas europeas, que están básicamente de acuerdo en la necesidad de un rearme europeo aunque luego discrepen en los instrumentos, las dimensiones o los tiempos. Sánchez mostró desde Helsinki este miércoles, el día antes de la ronda, su compromiso con el cumplimiento del hito del 2% del PIB en defensa, aunque quiere esperar a explicar en España los detalles, probablemente en la comparecencia del día 26, después del Consejo Europeo de la semana que viene.

La Moncloa insiste en que la reunión con Feijóo y los demás líderes no está pensada para transmitirles decisiones ni pedir apoyo en el Congreso, sino para trasladar la información disponible y los escenarios posibles, aún demasiado abiertos, según la visión del Gobierno, como para concretar ninguna decisión. El envío de tropas, que sí exigiría una votación en el Congreso, no está aún encima de la mesa, insisten en La Moncloa, porque ni siquiera está claro si Rusia aceptará la tregua, que no paz, que han pactado EE UU y Ucrania. “Nadie está planteando desplegar tropas”, insistió el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, una figura muy relevante en el diseño de la estrategia de la política exterior de Sánchez.

El PP directamente tacha la reunión de “paripé” y, de forma simbólica, Feijóo no comparecerá en La Moncloa después de verse con Sánchez, como es habitual, sino que acudirá al Congreso a fijar su posición tras la cita. El líder de la oposición evitará hablar desde la sala de prensa de La Moncloa y, sin embargo, escogerá la Cámara baja para incidir con ese gesto en el mensaje de que Pedro Sánchez acude a la cita no como “presidente del Gobierno” sino como “secretario general del PSOE”. Porque después de cargar contra el Ejecutivo por la “falta de información” sobre Ucrania, Génova busca ahora meter el dedo en el ojo de la coalición por las reticencias de Sumar a elevar el gasto en defensa. “Nos ha sorprendido esta reunión en Moncloa porque Pedro Sánchez ni siquiera puede hablar en nombre de su Gobierno, solo puede hablar en nombre del Partido Socialista, nos convoca en Moncloa en lugar de convocarnos en este Congreso porque nos va a dar su opinión como secretario general del PSOE”, ironizó la vicesecretaria de Educación y Sanidad, Ester Muñoz, este miércoles.

Feijóo encarará la cita —tachada de “reunión informal” por Muñoz ante la falta de “información” y de un “plan”—, con un tono duro y sin los brazos abiertos, pese a que el Partido Popular, en consonancia con sus socios europeos del EPP, están a favor del aumento de la inversión en defensa hasta el 3% del PIB. “El Partido Popular es un partido de estado y por eso acudimos a esta reunión. Es difícil apoyarle, no sabemos a dónde va, no tiene ningún plan”, sostuvo Muñoz, que no aclaró si Sánchez contará con su voto a favor en caso de necesitarlo para elevar el gasto. La formación de Feijóo no frena su ofensiva doméstica ni siquiera en un momento crucial para la Unión Europea y trata de aprovechar la coyuntura internacional para exponer la falta de “estabilidad” del Gobierno y par “retratar” a los socios. En esa estrategia, además del gesto del líder del PP de comparecer en el Congreso este jueves, los populares llevarán la semana próxima a la Cámara baja una proposición no de ley para que los grupos se reafirmen en el “compromiso de España con la integridad territorial y soberanía de Ucrania”, para que se pronuncien sobre si hay que “cumplir con los compromisos adquiridos por España” con la OTAN respecto a la inversión de en defensa y para solicitar que las decisiones sobre dicho gasto hayan de debatirse y aprobarse por mayoría en el Congreso. Un debate que supone una mera declaración de intenciones y cuya votación no es vinculante

En cualquier caso, con la excepción de Podemos, que está en posiciones muy duras —Ione Belarra llegó a decir en la sesión de control en el Congreso que el Ejecutivo “lame las botas de Trump”— los demás grupos de izquierda sí muestran sus recelos ante el aumento del gasto en defensa pero no están en una guerra frontal con el PSOE. Con Sumar la situación se ha aplacado significativamente tras la reunión entre Sánchez y Yolanda Díaz, y en este grupo confían en que el Gobierno no necesitará ninguna votación que sí podría generar tensiones importantes entre los partidos que componen el grupo de Sumar. En los demás tampoco parece haber beligerancia, aunque muchos están en contra de aumentar el gasto. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, que verá a Sánchez justo después de Feijóo, se movió este miércoles para agrupar una cierta posición común entre los grupos de izquierda —Bildu, BNG— con la excepción de Podemos, que está en otro tono, para trasladar a Sánchez la idea de que “no hay que gastar más, sino gastar mejor”, aunque nadie niega, tampoco Sumar, que la situación geopolítica ha cambiado y la decisión de EE UU de quitar o al menos limitar el paraguas militar sobre Europa obliga a reaccionar. Otros partidos que también verán a Sánchez, como el PNV, que acudirá con su nuevo líder in péctore, Aitor Esteban, tienen posiciones más moderadas y sí parecen dispuestos a dar un respaldo muy claro al Gobierno. En cualquier caso, la ronda no parece definitiva, y aún vendrán decisiones y concreciones en la Unión Europea que podrían recomendar un nuevo contacto con los grupos cuando haya planes más definidos que llevar a cabo.

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La sentencia del Constitucional ha salido adelante con cuatro votos en contra, los de los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, José Mario Macías y Ricardo Enríquez, todos ellos pertenecientes al bloque conservador del tribunal. De ese sector, solo César Tolosa —elegido por el Consejo General del Poder Judicial en el cupo del PP— ha votado con la mayoría, a favor de anular la reforma.

El Partido Popular ha asegurado que acata la sentencia, pero al tiempo ha cargado contra la decisión del Tribunal Constitucional, recurriendo a su argumento de la “colonización de las instituciones” por parte del “sanchismo”, pasando por alto el voto de Tolosa. “Una decisión que el PP acata, pero que en ningún caso puede perjudicar a la calidad legislativa durante el trámite parlamentario de las leyes en el Senado”, señalan los populares en un comunicado. Enfrente, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, sostiene que el tribunal de garantías “pone las cosas en su sitio y al PP frente a un espejo”. Además, pide aplicar “rigor” y “sentido común” en otra reforma del reglamento que los populares han impulsado ahora. Y que supone una modificación profunda del rol de la Cámara alta.

“Papel preeminente”

El cambio normativo que anula ahora el Constitucional preveía que la Mesa del Senado pudiera decidir de oficio sobre la aplicación del procedimiento de urgencia para la tramitación de proposiciones de ley —las que emanan de los grupos parlamentarios, como la ley de amnistía—. Esta fórmula modificada en noviembre de 2023 permite al órgano de gobierno de la Cámara obligar a que una norma procedente del Congreso y declarada urgente por este se tramite por el procedimiento ordinario, con un plazo de dos meses. Con esta reforma, el PP consiguió retrasar unas semanas la entrada en vigor de la ley que perdonaba los delitos y las sanciones penales y administrativas del proceso independentista catalán.

El artículo contrasta con el artículo inmediatamente anterior del reglamento para los proyectos de ley —los que emanan del Gobierno—. El artículo 133.1 del reglamento del Senado prevé en estos casos que, una vez declarada la urgencia por el Gobierno o el Congreso de los Diputados, el Senado dispone de un plazo de 20 días para ejercer sus facultades legislativas respecto de los proyectos de ley aprobados por el Congreso de los Diputados. Este último precepto también faculta a la Mesa del Senado para decidir la tramitación urgente de un proyecto de ley en esa Cámara, aunque este haya entrado por la vía ordinaria.

El Constitucional estima el recurso del PSOE al entender que el precepto impugnado es contrario al artículo 90.3 de la Constitución, que reduce de dos meses a 20 días el plazo con el que cuenta el Senado para vetar o enmendar las iniciativas legislativas ya aprobadas por el Congreso cuando el “proyecto” haya sido declarado urgente “por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados”. En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado del sector progresista Juan Carlos Campo, el tribunal interpreta el término “proyectos” y “proyecto” del artículo 90 de la Constitución y llega a la conclusión de que ese término “incluye tanto los proyectos de ley, de origen gubernamental, como las proposiciones de ley, de origen parlamentario o popular”. Ese fue el núcleo de la discusión en el propio Senado, que acabó aprobando la reforma haciendo uso de la mayoría de que el PP goza en la Cámara.

El tribunal destaca que el texto constitucional diseña un procedimiento legislativo en el que el Congreso adopta un “papel preeminente” frente al Senado y este último actúa como cámara de segunda lectura. El fallo razona que una interpretación estricta del término proyecto que utiliza el artículo 90 de la Constitución —esto es, una interpretación que incluya solo las iniciativas legislativas gubernamentales— conllevaría la posibilidad de excluir al Senado de la tramitación de las proposiciones de ley, con la incidencia que tendría tal conclusión en la capacidad colegisladora de esa cámara. En la medida en que el artículo 90.3 de la Constitución debe interpretarse en el sentido de incluir tanto a los proyectos como a las proposiciones de ley declarados urgentes por el Gobierno o el Congreso de los Diputados, el Constitucional entiende que una disposición normativa que distingue entre proyectos y proposiciones de ley, atribuyendo la facultad de decidir sobre la tramitación por el procedimiento de urgencia de estas últimas tan solo a la Mesa del Senado, sería contraria al precepto indicado.

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—Nosotros respetamos las decisiones judiciales, creemos que es bueno que se sepa todo y, por tanto, esa es nuestra posición—.

Tellado ha tratado en un inicio de echar balones fuera ante las insistentes preguntas de los periodistas, centradas en indagar si Génova sigue respaldando a Mazón aun cuando el argumentario de la Generalitat y de la dirección nacional del PP caen por tierra con el auto de la jueza. “Nada cambia”, ha zanjado escueto.

La maraña en la que el jefe del Consell ha metido al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y a todo el partido tras las últimas revelaciones tanto propias como del sumario continuó enredándose este lunes con el auto de la jueza. La magistrada descarga en el Consell todo el peso de la responsabilidad de la alerta durante el día de la tragedia, imputa a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso la comisión de los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes y solicita a Mazón que declare voluntariamente al estar aforado. El contenido del texto supone una enmienda a la totalidad de la tesis de la dirección nacional del PP, que durante los últimos meses ha culpado al Ejecutivo central de las consecuencias del desbordamiento del barranco del Poyo en su estrategia de defensa del president. La solidez de su táctica se ha tambaleado durante los últimos días, además, por las críticas y la pulsión interna de la formación, que va en aumento al tiempo que el proceso judicial sigue avanzando, con varios barones en privado empujando para que Mazón dimita. Y con los cargos clamando que la situación se ha vuelto insostenible.

“Mazón es el presidente”

Tellado hablaba este martes tanto de puertas para fuera como para dentro, manteniendo un tono de apoyo a Mazón pero sin aspavientos. Así, con todo, la dirección nacional del PP no se mueve en su respaldo en público al presidente la Comunidad Valenciana y contiene el aliento ante los próximos pasos de la instrucción. En esa línea, tanto la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, como Tellado, han avalado que el jefe del Consell haya decidido no declarar voluntariamente.

“Solo a él le compete”, ha dicho Gamarra. “El auto judicial deja a Mazón en la misma posición que estaba porque no le afecta”, ha señalado Tellado, pasando por alto la mención expresa de la jueza a que el jefe del Consell, a quien no podría citar por estar aforado, declare voluntariamente.

Tras arrancar lacónico en palabras, el portavoz parlamentario del PP se ha ido tornando más explícito en su defensa a Mazón conforme los periodistas seguían preguntando sobre el auto, exponiendo las contradicciones del Govern y de Génova pregunta tras pregunta. “Mazón es el presidente, está volcado en la recuperación, me gustaría que en esa tarea el Gobierno le acompañase”, ha indicado Tellado, para después volver a cargar contra el Ejecutivo central. Y eso que el sumario estipula que “correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población, acordar las medidas pertinentes en el ámbito de protección civil, garantizar y minimizar las consecuencias de los efectos de unas precipitaciones que desbordaron ríos y barrancos, pusieron al límite las presas, y que produjeron una sucesión trágica de fallecimientos”. Además, el sumario constata que el teléfono del 112, de gestión autonómica, empezó a recibir llamadas de emergencia sobre el barranco del poyo desde las 16.40. La alerta se envió a los móviles a las 20.11 y Mazón acudió al Cecopi, organismo de control de la emergencia, a las 20.38 tras comer aquel día durante dos horas y media con la periodista Maribel Vilaplana.

Finalmente, Tellado ha obviado que la jueza haya rechazado imputar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, y además haya negado que exista una responsabilidad compartida entre el Gobierno central y el autonómico mientras evitaba las preguntas de Mazón tratando de desviar el foco hacia La Moncloa. “Hay una responsabilidad compartida a la que el Gobierno de España ha fallado. Yo recuerdo perfectamente cuáles eran las prioridades del Gobierno de España y del Partido Socialista el día de las riadas y el día siguiente: la toma de control del Consejo de Administración de Radio Televisión Española y contratar publicidad en redes sociales para echarle la culpa única y exclusivamente de lo que había ocurrido al presidente de la Generalitat Valenciana”, ha sostenido.

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La revolución tecnológica ha convertido a las redes sociales en herramientas imprescindibles en la comunicación política. Instagram y Tik Tok son los nuevos campos de batalla del universo digital. La retirada de controles decidida por Elon Musk en X ha provocado que el canal predilecto de los partidos e instituciones para comunicarse sea un campo abonado para la desinformación. Un terreno donde la ultraderecha se siente cómoda. “La extrema derecha es la que mejor ha sabido instrumentalizar las redes, los partidos políticos tradicionales obvian a un segmento de la población”, observa Anna López, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia. El último barómetro de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER sitúa a Vox como la primera opción política en intención de voto (24,3%) entre los potenciales electores entre 18 y 24 años tras la abstención (33,1%). El PSOE obtendría un respaldo del 20,9%, con el PP muy descolgado (7,9%).

‘La isla de las tentaciones’ y el baño de oro en La Moncloa

La adaptación de los dos grandes partidos a la nueva realidad es muy diferente. PSOE y PP han apostado por caminos distintos para innovar sus contenidos. La fuga de electorado del PP a Vox en el voto joven ha llevado a los populares a arriesgar en las redes sociales, un entorno donde la formación de Santiago Abascal y otros partidos ultras como Se Acabó la Fiesta, del agitador Alvise Pérez, llevan la delantera tanto en la presencia dentro de la comunidad digital como en el dominio pleno del uso del lenguaje. Génova reconoce que en los últimos meses ha aumentado el presupuesto y el personal, sin aportar cifras, para incrementar su potencia de fuego en las redes oficiales del partido y de sus dirigentes. Aunque su foco, subrayan en el gabinete de Alberto Núñez Feijóo, está puesto en las campañas generadas a través de Inteligencia Artificial.

El reciente final de La isla de las tentaciones inspiró al PP para generar con IA el vídeo que ha generado tanta controversia, en el que simulaba a sus protagonistas pero con el rostro de Sánchez, su esposa, Begoña Gómez, el exministro José Luis Ábalos o su exasesor Koldo García. Pero la iniciativa se les fue de las manos y se le volvió al PP como un boomerang. El PSOE subraya que una de las preocupaciones de la UE es que la IA se emplee para suplantar la personalidad de un individuo y rechaza emplearla como el PP está haciendo: el partido de Feijóo publicó un vídeo de la misma índole con los líderes independentistas Carles Puigdemont y Oriol Junqueras bañándose en oro en La Moncloa tras el anuncio de la condonación de deuda a las comunidades autónomas de régimen común.

Otra de las campañas del PP con la IA fue con un vídeo en el que recreaba a Ábalos con una voz de fondo que hacía afirmaciones sobre corruptelas que han sido desmentidas. En ese vídeo, el PP no aclara que las imágenes no son reales y concluye con un cartel del Ministerio de Hacienda. Los socialistas están usando la IA para la traducción simultánea de discursos y su transcripción, para facilitar las búsquedas de información en la red o para la generación de imágenes metafóricas en sus campañas que se identifican como realizadas con tecnología IA. Un ejemplo: un especulador que se enriquece con los precios de la vivienda. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE obliga a quien genere audios o vídeos que son deepfakes a que los identifiquen como contenido generado por IA. A partir de agosto de 2026 se podrán imponer sanciones, recuerdan en el Ministerio para la Transformación Digital.

El PSOE ha apostado más que el PP por Instagram, con la emisión de varios directos por los que han desfilado Alegría, Patxi López y otros cargos del partido, en los que se combinan preguntas sobre política y cuestiones más personales. “Esta segunda faceta es la que también queremos dar a conocer. Sacar al político del encasillamiento en el que los populismos quieren meterlo, y que la gente vea que están ante personas normales como ellos, que dedican su tiempo al servicio público”, explican en Ferraz. “Es una forma de hablar de tú a tú con ellos, de conocerles, de que te cuenten qué les preocupa, sus inquietudes. Al ser un directo, es un diálogo muy dinámico e interactivo y aunque de vez en cuando hay algún troll, los propios espectadores del directo les reprochan su comportamiento. Es decir, frente al discurso de la derecha, que dice que no podemos salir a la calle, este formato demuestra que no solo estamos en ella sino que somos más accesibles”, interviene Enma López. La secretaria de Política Económica y Transformación Digital se estrenó el 13 de febrero protagonizando el primer directo. “No podemos renunciar a ningún espacio, las redes son también el antídoto contra la proliferación de discursos de odio. Queremos contrarrestarlos con formatos que resultan atractivos y con contenido frente a los discursos vacíos y trumpistas. Es una oportunidad”, comparte Víctor Camino, diputado por Valencia y secretario general de Juventudes. Los usuarios conectados en cada uno de los directos en tiempo real han oscilado entre las 160 y 200 personas.

La otra línea en la que trabaja principalmente Génova y a la que también presta mucha atención el PSOE es la publicación de vídeos cortos, en movimiento y con mensajes sencillos en Tik-tok e Instagram orientados para la primera franja de edad de votantes. El estilo se asemeja al que ya utilizaba la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez. Además de ser la responsable del ramo, la dirigente popular es la más joven del comité de dirección del partido con 32 años y acompañó a Feijóo esta semana en el Mobile World Congress. El gabinete de Feijóo busca ahora que la fórmula ya impulsada por Núñez sea replicada por otros miembros de la cúpula y otros cargos de la formación.

“Hoy se cumple un año de la jugada maestra del PSOE”, arranca uno de estos vídeos, protagonizados por Tellado, en el que simula jugar a las cartas para cargar contra el Gobierno a cuenta del caso Koldo. Otro dirigente popular que sigue la estela de Núñez ha sido el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, que el 23 de enero publicó un vídeo similar para justificar que su partido iba a votar en contra del decreto ómnibus. La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital ha lanzado además las Noecharlas, un pódcast en vídeo en el que conversa con miembros del PP.

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Pero, además, en el vídeo se veía el mapa de la República Dominicana junto a la bandera del país y el juego de palabras con el nombre del programa tornado en La isla de las corrupciones. La publicación, que se ha vuelto también viral en redes sociales durante toda la jornada, no ha sentado nada bien al Gobierno del estado centroamericano. “El Gobierno dominicano expresa su más contundente rechazo al avieso e incomprensible ataque a República Dominicana en un video difundido en una plataforma digital identificada como perteneciente al Partido Popular de España. Es inaceptable la instrumentalización de la imagen del país, desnaturalizando sus símbolos patrios, y peor aún, para asuntos internos de la política española”, señala la cancillería en un comunicado. “El Gobierno dominicano ha sido reconocido internacionalmente por sus notables avances en el fortalecimiento del Estado de derecho y la transparencia. Lamentamos este agravio gratuito que no refleja la histórica relación de fraternidad entre ambas naciones”, apostilla.

Desde Bruselas, Pedro Sánchez se ha referido la noche de este jueves a la polémica del vídeo y ha pedido perdón a República Dominicana. “No he visto el vídeo, no he tenido tiempo, he visto la nota de prensa de un Gobierno amigo como es el de la República Dominicana”. “Siento mucha vergüenza y en nombre de España, lo siento profundamente. República Dominicana es un país extraordinario, amigo, con el que tenemos unos lazos culturales, históricos... y que aprecia España”, ha añadido en una comparecencia ante los medios. “Pido perdón a la República Dominicana y a los dominicanos. Tendrán que dar respuestas quienes lo han publicado”, ha concluido.

El Gobierno dominicano expresa su más contundente rechazo al avieso e incomprensible ataque a República Dominicana en un video difundido en una plataforma digital identificada como perteneciente al Partido Popular de España. Es inaceptable la instrumentalización de la imagen del…

— Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) March 6, 2025

Tras las quejas del Gobierno de República Dominicana en el comunicado emitido en X a las 22.13 horas, el PP ha borrado el vídeo, que había distribuido a través de las redes sociales oficiales de la formación. Y se ha disculpado. “Esta mañana se publicó en redes sociales un vídeo denunciando la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez. En ningún momento se ha intentado dañar la imagen de República Dominicana país con una larga tradición de amistad y cercanía con España”. No es la primera vez que el PP genera vídeos con Inteligencia Artificial, el de La isla de las corrupciones sigue a una larga lista de publicaciones editadas en las últimas semanas con el presidente Sánchez, su partido y sus socios en el ojo de mira.

Lucha mediática

La batalla mediática en redes sociales preocupa a Feijóo, sobre todo con la mirada puesta en los jóvenes, un caladero de voto que ve cómo se pierde en favor de los ultras. Según el último sondeo de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, Vox obtendría el 24% de los votos de los ciudadanos de 18 a 24 años frente al 8% del PP en esa misma franja. En paralelo, un reciente Eurobarómetro indica que la mayor parte de los jóvenes europeos recurre prioritariamente a las redes sociales para informarse de temas políticos y sociales, por delante de los medios de comunicación tradicionales. En España, las cifras aumentan: el 49% de los españoles entre 16 y 30 años (frente al 42% de media europeo) dice informarse a través de las redes sociales (sobre todo Instagram). En Instagram, la formación de Abascal tiene 772.000 seguidores frente a los 172.000 del PP. En X, los populares están por encima con 875.700 frente a los 618.800 de Vox.

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El líder popular ha encontrado en Merz un referente de peso entre los primeros ministros europeos de su propia familia política después del deterioro de su relación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los populares españoles llegaron a tener importantes tiranteces con Von der Leyen, el último a cuenta del bloqueo de Feijóo de la elección del equipo la presidenta con el veto a la española Teresa Ribera como vicepresidenta europea, que al final resultó elegida. Ese movimiento, según fuentes diplomáticas, no se entendió nada bien en Bruselas.

Feijóo y Merz mantuvieron una reunión privada, concertada en el seno de la cumbre del PP Europeo (PPE) y dentro de una ronda con otros dirigentes comunitarios. El jefe de los populares españoles compareció después en rueda de prensa con un discurso en el que no hubo mensajes de respaldo a Sánchez en su negociación con el resto de Estados miembros y se dedicó a sacar pecho de su relación con sus colegas del PPE.

La casi segura llegada de Merz a la cancillería alemana ha dado oxígeno a Feijóo en la arena internacional, después de las turbulencias que ha provocado en la derecha española, y especialmente para el PP, el segundo mandato de Trump en la Casa Blanca. Pese a mostrar su rechazo expreso las negociaciones en las que Ucrania y la UE quedaban fuera de la mesa, el Partido Popular sigue haciendo equilibrios e insistiendo también en no romper el vínculo con EE UU, al que define como un “aliado indispensable” de la UE. “Debe ser nuestro deseo y nuestra prioridad política y estratégica mantener el entendimiento con los Estados Unidos”, expresó Feijóo este jueves en Bruselas, para después matizar: “Es evidente que nos preocupa la situación y la posición actual de la administración norteamericana tanto en el ámbito de la seguridad como en el ámbito del comercio”.

El ascenso del presidente estadounidense, que invitó al líder de Vox, Santiago Abascal, a su toma de posesión, dejó al principio desdibujado al PP en política exterior. Los populares se movieron primero entre el desconcierto y la división ante la llegada de Trump. Algunos dirigentes, como Esteban González Pons, arremetieron contra el presidente estadounidense al principio casi en solitario —el vicesecretario llamó a Trump en un artículo “ogro naranja” y Feijóo se vio obligado a desautorizarle— mientras la dirección y el propio líder del PP se ponían de perfil, insistiendo en la importancia del vínculo atlántico.

Todo cambió cuando FAES, la fundación del expresidente José María Aznar, publicó un durísimo editorial contra Trump, al que llegó a llamar “el cliente de Stormy Daniels”, en referencia a la actriz porno con quien Trump mantuvo una relación y a la que compró su silencio al respecto, y partió peras con el mandatario de Estados Unidos. Aznar lo acusó de secundar “la victoria de un coronel de la KGB”, llamó a la Rusia de Putin “una cleptocracia mafiosa” y puso a Feijóo una pista de aterrizaje para desvincularse del trumpismo y, en consecuencia, también de Vox, de momento solo en la política exterior.

El giro de FAES se ha percibido con claridad en el PP de Feijóo, que ahora ha pasado a confrontar con el partido de Santiago Abascal en España por el alineamiento de los ultras con Putin. El líder del PP ha cuestionado la actitud de Trump con Zelenski y se ha unido al bloque de los líderes europeístas de la UE en el apoyo a Ucrania. “Mala noticia para el mundo lo que acaba de ocurrir en la Casa Blanca. Solo beneficia al causante de la agresión. Ucrania merece ser escuchada y tener apoyo para una paz justa”, dijo Feijóo en sus redes sociales tras la bronca en el Despacho Oval de Trump y su vicepresidente al mandatario ucraniano.

Declaración de PPE

Este jueves en la capital belga, Feijóo y Merz se sentaron uno junto al otro durante la cumbre del PPE, por ser ambos jefes de la oposición, ya que el dirigente alemán aún no ha tomado posesión de su cargo como canciller, informa Silvia Ayuso. Del cónclave salió una declaración conjunta, suscrita también por los populares españoles, que pide entre otras cuestiones alcanzar en los Estados miembros la inversión en Defensa del 2% del PIB, como se comprometieron con la OTAN, “a través de sus propios presupuestos nacionales”. El documento también está a favor, en línea con Von der Leyen, en promover la flexibilidad en las reglas fiscales para cumplir con dichos objetivos. El PP siempre ha abogado por la ortodoxia fiscal, pero finalmente se han sumado a sus colegas europeos ante la especial coyuntura.

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El argumento de Feijóo para excusar este posible cambio es que la mesa del Congreso de los Diputados se ha negado a modificar el orden del día tras una petición de su grupo. Y que, por ende, los diputados populares no podrían estar en Madrid para votar si acuden a Valencia al congreso del PPE. “Ante semejante falta de comprensión y considerando que el congreso [del PPE] es fuera de Madrid…”, ha comentado el líder de la oposición para sugerir que lo más probable es que finalmente el cónclave de los conservadores europeos no se celebre en la capital valenciana, sino en la capital española. “Solicitamos formalmente al Congreso un cambio para tener la seguridad en las votaciones, la respuesta ha sido negativa y de forma tajante, no están dispuestos a cambiar el orden del día ni el horario”, ha remachado desde Bruselas en rueda de prensa tras reunirse con el ganador de las recientes elecciones alemanas, Friedrich Merz, y en el seno de la cumbre del Partido Popular Europeo.

Bajo ese pretexto y pasando por alto las devastadoras consecuencias de la dana, Feijóo ha asegurado que el PP tiene que “tomar una decisión” tras la negativa de la Mesa, y en una respuesta que ha tachado de “falta de comprensión institucional”. Pero fuentes de la Mesa del Congreso arguyen que la petición del grupo popular, efectuada en la reunión del 4 de febrero, no fue solicitada en tiempo y forma. Las formaciones tenían el calendario provisional desde el 16 de enero, pero el PP no se pronunció hasta entonces. Armengol explicó que por parte de la presidencia no había “problemas” en modificar la agenda, pero que “un cambio así a esas alturas debía hablarse con los portavoces, y ninguno apoyó al PP”, añaden dichas fuentes.

Pese al más que posible cambio de sede del evento, Feijóo ha insistido en Bruselas en el mensaje central de defensa para continuar respaldando en público al presidente valenciano. “Ha remodelado el Gobierno y ha vinculado su continuidad a la reconstrucción”, ha dicho este jueves después de que este lunes señalara en Madrid que Mazón no estuvo “a la altura” en la gestión de la crisis. Una afirmación que llegó después de que el jefe del Consell cambiase de versión la semana pasada al revelar que no llegó al Cecopi, organismo de coordinación de la emergencia, hasta las 20.28. El giro de guion del presidente valenciano ha provocado un terremoto interno en el partido, tanto en la Comunidad Valenciana como en el ámbito nacional, y varios barones del PP han pedido, en privado, su destitución.

En julio, el Partido Popular anunció la elección de Valencia como sede del congreso del PPE por ser una “ciudad abierta y un referente de la buena gestión”. Pero todo el cóctel agitado con la gestión de la dana por parte de Mazón empañaba sobremanera la imagen de los cargos del PPE en Valencia en poco más de un mes. Entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y Merz. Fuentes del PP valenciano vaticinaban, ya tras los primeros días de la tragedia, que la presencia de los líderes comunitarios en Valencia podría provocar además mayor contestación en las calles.

Sobre el proceso penal tutelado por la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra, Feijóo ha amenazado con que el del caso “demostrará” que la Generalitat Valenciana enfrentó la dana “sin información” pertinente por parte de los organismos del Gobierno central, en alusión a la Aemet y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Tanto Mazón como Génova persisten en señalar al Ejecutivo central como responsables por, según su argumento, no haber advertido del desbordamiento del barranco del Poyo. En ese mensaje están anclados aun ahora, cuando el sumario reveló este martes que cientos de llamadas alertaron al 112, dependiente de la Generalitat, de dicho desbordamiento ya desde las 16.41.

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La posición de Feijóo, decidida tras un intenso fin de semana de presiones y de una nueva manifestación de 30.000 personas que reclamaban la dimisión de Mazón en Valencia (la quinta en cuatro meses), es mantener el apoyo al president vinculándolo a la reconstrucción de las zonas afectadas. El presidente valenciano volvió este lunes a ser abucheado al mediodía en Valencia, informa Ferran Bono. Se trató de una protesta muy minoritaria, pero volvió a pasar en otro acto público, esta vez la entrega de títulos de funcionario autonómico a personas con discapacidad, al que únicamente acudían los protagonistas y los familiares. Se escucharon gritos de “Mazón, dimissió” y “El president, a Picassent”, en referencia a la localidad donde se encuentra una prisión. Desde el escenario, el presidente pidió que se respetara el acto, y se negó a atender a los medios de comunicación en Alicante.

El líder del PP deja en el aire por cuánto tiempo seguirá respaldando a su barón, porque insiste en que el “futuro político” de Mazón está ligado a “cómo va evolucionando la reconstrucción”.

Ese tiempo es indeterminado, mientras la dirección nacional va midiendo cuánto le desgasta a la marca nacional esta situación. “Iremos viendo. Cada cosa a su tiempo”, apuntan fuentes de la cúpula. De momento, la dirección cree que la crisis valenciana no le está afectando en gran medida a escala nacional, aunque según la encuesta de 40dB. para EL PAÍS publicada este lunes el PP acumula cuatro meses de caída en estimación de voto ―justo los cuatro meses que han transcurrido desde la dana―. Según el barómetro, además, los socialistas han reducido su distancia con el PP a 2,6 puntos porcentuales, cuando hace poco era de más de cuatro. En paralelo, Vox sigue creciendo.

El momento al alza de Vox es uno de los motivos por el que los ultras no tienen ningún interés en ayudar al PP a que sustituya a Mazón por otro president. La extrema derecha tiene la llave porque, aunque Mazón tirara la toalla o Feijóo le forzara a dimitir (salvo si convocara elecciones, escenario que nadie quiere en el PP), las Cortes Valencianas deberían nombrar después al nuevo presidente. Y la mayoría absoluta ―50 escaños― requiere la suma de PP (40) y Vox (13). El PSOE tiene 31 actas y Compromís, 15. El PP cree que Vox no investiría a otro cargo popular al frente de la Generalitat valenciana, para seguir aprovechando el desgaste del PP; y por supuesto tampoco la izquierda. Así que para conservar el poder en una de las autonomías más pobladas, Feijóo está, de momento, atrapado con Mazón.

Algunas fuentes populares sugieren además que el barón valenciano se ha atrincherado. Que, aunque Feijóo quisiera, Mazón rechaza dimitir, así que la situación es todavía más enrevesada. El líder del PP dejó sin contestar, este lunes, a las preguntas de los periodistas sobre si había pedido en privado a su barón que tire la toalla, mientras cargaba en paralelo contra el Gobierno central por su supuesta ausencia el día de la dana, en el que Mazón llegó al órgano de control de las emergencias, el cecopi, a las 20.28 de la tarde. “Lecciones de un Gobierno, el día de las riadas, que se va la directora de Protección Civil a Brasil; un secretario de Estado de Medio Ambiente está en Cali; la vicepresidenta y ministra del ramo, en París; el presidente del Gobierno, en la India... lecciones ninguna”, afirmó Feijóo. “Si además añadimos que, a los cuatro meses, el objetivo del Gobierno es perseguir a la Generalitat, lecciones, ninguna”, insistió. “Y si, además, añadimos que pone a Ábalos en las listas de Valencia, lecciones ninguna. Ahora, vuelvo a insistir, ninguno de los dos Gobiernos ha estado a la altura”, remató el líder del PP marcando también distancias con el Ejecutivo popular.

El PP está muy incómodo con la crisis, que le impide centrar la agenda en otras cuestiones de su trabajo de oposición. Feijóo pone tierra por medio y estará fuera de Madrid gran parte de la semana: el martes asistirá al Mobile World Congress, que tendrá lugar en Barcelona; el jueves viaja a Bruselas, y el viernes se desplazará a Baleares para participar en un acto sobre el 8-M.

Pese a que la solución a corto plazo es mantener el apoyo a Mazón, el PP sigue discutiendo internamente. Dirigentes como Miguel Tellado, Juan Bravo o José Luis Martínez-Almeida han salido a respaldar públicamente al barón valenciano, mientras otros, como Esteban González Pons o Borja Sémper, que acudieron el sábado a Valencia a la primera mascletà de las fallas a la que no asistió Mazón, guardan silencio.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a quienes muchos miran como posible relevo del president, no se movió este lunes del argumentario popular: “Mazón es el presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y todos contamos con él para la reconstrucción”, sostuvo la regidora.

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A la pregunta de si había pedido en privado a Mazón que dimitiera, Feijóo ha respondido hablando del Ejecutivo central: “Lecciones de un Gobierno, el día de las riadas, que se va la directora de Protección Civil a Brasil; un secretario de Estado de Medio Ambiente está en Cali; la vicepresidenta y ministra del ramo, en París; el presidente del Gobierno, en la India... lecciones ninguna”. “Si además añadimos que, a los cuatro meses, el objetivo del Gobierno es perseguir a la Generalitat, lecciones, ninguna”, ha insistido. “Y si, además, añadimos que pone a Ábalos en las listas de Valencia, lecciones ninguna. Ahora, vuelvo a insistir, ninguno de los dos Gobiernos ha estado a la altura. Hay uno que ha pedido perdón, que es lo que procede, y hay otro que está lleno de soberbia y que lo que está haciendo no es la reconstrucción de Valencia, sino tratar de erosionar al Gobierno de la Comunidad Valenciana”. ¿Si no está a la altura tiene que dimitir?, han insistido los periodistas. “No vamos a cambiar cada diez días de postura, ha unido su futuro a la reconstrucción”, ha enfatizado Feijóo a la salida del congreso de autónomos ATA en Madrid, mientras en el PP hay dirigentes de peso que reclaman una salida rápida del president para evitar un mayor desgaste a las siglas populares.

La posición oficial del PP, decidida tras un intenso fin de semana de presiones y de una nueva manifestación de 30.000 personas que reclamaban la dimisión de Mazón en Valencia (la quinta en cuatro meses), es mantener el apoyo al president vinculándolo a la reconstrucción de las zonas afectadas. Los distintos cargos populares que se han pronunciado este lunes, además del líder del partido, han seguido ese argumentario, y en todos ellos se ha percibido una mayor distancia con Mazón.

El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha vuelto a dar la cara por el barón valenciano en una entrevista en Espejo Público, después ser el primero en responder antes los medios, la semana pasada, cuando Mazón cambió de versión tras revelar ahora que llegó al órgano de gestión de emergencias, el Cecopi, a las 20.28 del día de la catástrofe. Fue el primero y prácticamente el único miembro del comité de dirección en salir al paso del nuevo relato del president y de su fotografía entrando al Cecopi con gesto distendido. Este lunes, sin embargo, Bravo no ha sido tan tajante en su defensa del jefe del Consell y se ha limitado a enumerar una serie de datos relacionados con la reconstrucción para mantener el respaldo de la dirección nacional en público. “La posición del PP la tienen clara todos los españoles y sobre todo los valencianos y es la reconstrucción de Valencia. Intentar el hacer todos los esfuerzos para intentar recuperar cuanto antes la actividad”, ha alegado el diputado popular, tratando de desviar el foco hacia la Administración central.

El presidente valenciano tiene también algunos apoyos internos en el PP madrileño, como el alcalde de la capital, que lo presentó en la conferencia que Mazón protagonizó la semana pasada en Madrid. Este lunes, José Luis Martínez-Almeida ha vuelto a respaldarlo. “Está liderando la reconstrucción, asume responsabilidades y quien va a juzgarle son los valencianos. Lo que yo no voy a aceptar es que a Carlos Mazón lo juzgue el que no estaba en España y el que salió huyendo de Paiporta”.

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El nuevo paso judicial del PP se produce días después de que la expareja de Ábalos corroborara en el Tribunal Supremo que estuvo contratada en dos empresas públicas y que, pese a cobrar todos los meses, nunca trabajó realmente en ellas. Jessica R., que comparecía como testigo y, por tanto, obligada a decir la verdad, aseguró que consiguió esos trabajos tras darle su currículum al exministro y que no sabía quién pagaba el piso situado en Plaza de España de Madrid en el que vivió durante tres años, pero que cree que pudo ser Ábalos, imputado en la causa. La relación del exministro con Jessica R. forma parte de la investigación porque informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron que la trama pagó el alquiler de este piso.

Respecto a los puestos que ocupó en dos empresas públicas, la expareja de Ábalos precisó que los contratos los gestionó Joseba García, hermano de Koldo García, y que ella no acudía realmente a su puesto de trabajo ni trabajaba a distancia, pero que sí cobraba. Según aseguró, entonces no sabía que Ineco y Tragsasec eran empresas públicas, algo de lo que, afirmó, se acababa de enterar. Según contó, en Ineco la contrataron como auxiliar administrativa de Joseba García, se reunió con él y le dijo que le llamaría cuando la necesitase, pero que nunca lo hizo. Cobraba 1.060 euros al mes, pero “nunca” hizo nada relacionado con ese puesto, admitió. Con todos esos ingredientes, el PP anunció este domingo que “empleará desde ya todos los mecanismos institucionales a su alcance para esclarecer estos hechos y obtener respuestas en las próximas semanas”.

Un día después, los populares han comunicado este lunes que pedirán al Tribunal Supremo, en su calidad de acusación popular, que practique nuevas diligencias de investigación en varias direcciones: con el foco puesto sobre los contratos de Jessica R. en las citadas empresas de Ineco y Tragsatec; sobre la relación laboral de Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, en la empresa Ineco; sobre los viajes que realizó Jessica R. como acompañante de Ábalos cuando era ministro de Transportes, incluyendo información sobre los gastos generados y pagados tanto por Ábalos como por Koldo García durante dichos desplazamientos.

“En relación con los contratos de Jéssica R. y del hermano de Koldo García en Ineco se considera indispensable que se investiguen cuándo y dónde se publicaron las vacantes que cubrieron”, señalan los populares en el comunicado emitido este lunes, “qué requisitos se pedían para acceder a dichos puestos; qué personas, y sus perfiles, aplicaron a dichas vacantes, y qué personas entrevistaron a Jessica Rodríguez y a Joseba García”. Un mensaje en el que ha incidido, de soslayo, Alberto Núñez Feijóo. “El dinero de los españoles hay que gestionarlo con respeto, y no está para satisfacer caprichos ni corruptelas en intervenir en empresas privadas de prostitutas, para eso no está el dinero de los autónomos ni de el de todos los españoles”, ha dicho el líder del PP durante su intervención en la asamblea electoral de la Federación Nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos.

Comparecencias en Las Cortes

En paralelo, el PP anunció este domingo que esta semana solicitarán la comparecencia de los actuales titulares de los dos ministerios, Óscar Puente y Luis Planas, en la comisión de investigación abierta en el Senado por el caso Koldo. La mayoría absoluta del PP en la Cámara alta asegura que la propuesta saldrá adelante. A su vez, la formación de Alberto Núñez Feijóo pedirá que ambos ministros socialistas comparezcan también el Congreso de los Diputados para explicar la contratación presuntamente irregular de la joven con dinero público.

La agenda de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde el PP controla los tiempos por su mayoría absoluta, continúa este miércoles con la comparecencia del presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco González; del director del gabinete del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Antonio José Olivera Herrera; el jueves con la segunda comparecencia del responsable del departamento, Ángel Víctor Torres Pérez, y ya el viernes se espera la asistencia de Patricia Úriz Iriarte, pareja de Koldo García, que no acudió la anterior vez que se la citó para ello.

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Pero ahora comienza un camino que culminará cuando la quita —si el proceso sigue como pretende Montero— sea aprobada en el Congreso como proyecto de ley. Después habrá reuniones bilaterales para que los Gobiernos autonómicos acepten sus respectivas condonaciones. Y es ahí donde los barones tendrán que enfrentarse al verdadero dilema, más allá del gesto político de levantarse ahora de la mesa:

—¿Van a negarse a aceptar la condonación cuando se apruebe en el Congreso?

Ninguno de los consejeros cogió este miércoles el micro para decir expresamente “no”. Por contra, la responsable de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, respondió saliéndose por la tangente: “Estamos en contra de la condonación. Lo que queremos es un nuevo modelo, no es un problema de deuda, sino de financiación autonómica”. La responsable madrileña echó así balones fuera apelando a una de las demandas conjuntas de los populares: la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014.

Tras la foto conjunta, los consejeros hablaron uno a uno con los periodistas. Y varios de ellos evitaron garantizar expresamente que no vayan a adherirse a la quita en el futuro, cuando haya sido aprobada por el Congreso y la condonación sea una oferta en firme.

“Vamos a ver lo que va a ocurrir en cada momento”, señaló al respecto el consejero murciano de Hacienda, Luis Alberto Marín. “Tendríamos que mirar las condiciones”, indicó su homólogo cántabro, Luis Ángel Agüeros. “Quiero ver que se cumplan todos esos trámites, que legalmente tenga cobertura. Y si finalmente sale, pues ya veremos cómo se actúa”, alegó la extremeña, Elena Manzano.

En parecida línea, la responsable valenciana, Ruth Merino, se había pronunciada a su llegada al CPFF: “Vamos a tomar siempre la decisión que más beneficie a la Comunidad Valenciana. En este momento estamos centrados en el día de hoy”. Fuentes del Ejecutivo andaluz tampoco eran tajantes en privado, apuntando a que todavía queda tiempo para tener que tomar esa decisión. Una tesis que sostiene también la dirección nacional del PP, que tampoco garantiza que sus barones finalmente rechacen sanear por la vía propuesta por el Gobierno sus cuentas. La nota discordante la puso Baleares, que sí se mostró rotundo por boca de su consejero, Antoni Costa, al asegurar este que su comunidad se negará a la condonación, aunque sí están dispuestos a acudir a las reuniones bilaterales. La Comunidad de Madrid amenazó con acciones legales contra la futura norma.

Tras la reunión de este miércoles —y aprobación de la quita en el seno del CPFF—, el próximo paso, según ha detallado la vicepresidenta, es convocar reuniones bilaterales entre el ministerio y las comunidades para analizar la posición financiera de cada una, pues la situación de endeudamiento es muy heterogénea: hay algunas con pasivos muy elevados, otras que tienen el grueso de su deuda con el Estado y otras más con inversores privados. Mientras tanto, el Gobierno deberá empezar el itinerario legislativo en el Congreso, ya que la quita requiere aprobarse por ley orgánica. Si la propuesta superara el examen de las Cortes, Hacienda tendría que volver a reunirse con las comunidades para que los convenios se hagan efectivos o, en su caso, rechacen expresamente la quita, que es voluntaria.

“Una vez aprobada la ley, las comunidades deciden si quieren que se les aplique la ley; podíamos apostar lo que quieran a que se acogen”, ha dicho la ministra en la rueda de prensa posterior al CPFF. Según Montero, los consejeros del PP han abandonado la reunión porque no se “atreven” a votar en contra de una medida que en realidad les beneficia. De hecho, el CPFF no hubiera podido constituirse si los representantes del PP no hubiesen acudido a la reunión. Sin embargo, han optado por presentarse a la cita pero por levantarse sin ni siquiera llegar a debatir la propuesta de condonación, que constaba en el último punto de la orden del día.

“Si aceptaran esta propuesta se les agotaría el discurso de la confrontación”, ha agregado la titular de Hacienda, acusando a los representantes autonómicos de la oposición de “deslealtad” y “dejación de funciones”. También ha lamentado que las comunidades del PP no hayan presentado ningún proyecto de reforma del sistema de financiación autonómica —que, ha asegurado, va desligada de la condonación y se seguirá trabajando en ella—, pero que a la vez critiquen al Gobierno por no haberlo renovado. Ha argumentado que, una vez más, se debe a que los territorios gobernados por los populares ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos sobre la cuestión: “No hay una propuesta del PP, ni una posición común”.

“El PP se instala en el perro del hortelano, que ni hace ni deja de hacer”, ha añadido la ministra Montero, que ha definido la actuación de las comunidades del PP como “una cobardía, un esperpento, una deslealtad histórica”. “Los dirigentes del PP han defendido durante años una condonación”, ha recordado. “Ahora, que el Gobierno tiene la valentía de poner una propuesta sobre la mesa, van y se marchan. Increíble”, ha zanjado.

Los cálculos de Hacienda

El departamento de Montero ha calculado la condonación en función de distintos criterios. El importe de partida ha sido la diferencia entre el endeudamiento acumulado por las comunidades entre 2009 a 2013 (unos 109.000 millones), los años más duros de la crisis financiera, y el de la pandemia y la espiral inflacionaria, de 2019 a 2022 (cerca de 29.000 millones). El 75% de esa cifra ha sido repartido entre los territorios según el criterio de población ajustada, es decir el número de habitantes ponderado por factores geográficos y demográficos.

Tras efectuar esa primera distribución, Hacienda ha aplicado unos ajustes: ha elevado los importes para las autonomías con las deudas más elevadas, que de no aplicar la corrección se hubiesen quedado con un porcentaje de quita inferior a la media, y ha añadido una inyección adicional de dinero para compensar la infrafinanciación de algunos territorios -una ecuación en la que, sin embargo, no entra la Comunidad Valenciana, una de las regiones más castigadas por el sistema de financiación– y para premiar a las autonomías que en los últimos años han ejercido su competencia normativa al alza en el IRPF.

La instantánea final es una propuesta de condonación por 83.252, con Andalucía como la mayor beneficiada en términos absolutos (18.791 millones), seguida por Cataluña (17.104), Comunidad Valenciana 11.210 y Madrid (8.644).

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Sentados en torno a Montero, el consejero gallego de Hacienda, Miguel Corgos, tomó la palabra, mostró su rechazo al orden del día y anunció que todos los consejeros del PP abandonaban conjuntamente la sala. Los 14 cargos populares (de Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla) salieron en tromba. Después, los consejeros se agruparon en las escaleras del ministerio y desde allí han hicieron públicas sus críticas ante los medios de comunicación.

“Nos hemos retirado cuando se han empezado a tratar temas que son impropios de este Consejo... como es la norma que grava los rendimientos bancarios y la cesión parcial de la recaudación a las comunidades autónomas o la asunción de deuda por parte de la Administración General del Estado”, arrancó el consejero gallego como altavoz del grupo, y explicó que ni siquiera habían entrado aún a debatir sobre la condonación de la deuda, que rechazan. “La condonación se ha acordado en otro foro, las condiciones no las ha fijado la ministra de Hacienda, las ha fijado Esquerra. Rechazamos de plano un modelo negociado bilateralmente entre el Gobierno y Esquerra”, continuó. Los 14 consejeros habían acordado el gesto de protesta unas horas antes. El lunes todos se reunieron con la dirección nacional del PP en la sede de Génova.

📺 TV en DIRECTO | Montero, sobre el desplante del PP en la reunión de la condonación de deuda: "Como no se atreven a volver a sus territorios y contar por qué votan en contra, hacen dejación de funciones" https://t.co/lXjfX7V3wd pic.twitter.com/xuowTCoTOh

— EL PAÍS (@el_pais) February 26, 2025

Tras el plante, la vicepresidenta y ministra de Hacienda ha proseguido la reunión con los representantes de las tres comunidades gobernadas por el PSOE y, como observadores, los representantes de Navarra y País Vasco, autonomías a las que no afecta la quita porque no forman parte del régimen común.

Terminada la reunión, Montero ha tachado de “deslealtad inédita” el plantón de las comunidades en la rueda de prensa posterior al encuentro, en el que ha dicho que la decisión de los consejeros populares se debe más bien a que no querían quedar retratados rechazando una condonación que ha definido como “trascendente, generosa y valiente para las finanzas de las comunidades autónomas”, y que ha salido adelante aunque los consejeros populares hayan abandonado la mesa, pues solo se necesitaba del voto a favor de una comunidad. “Han preferido no votar en contra de algo que no pueden defender en su territorio”, ha zanjado.

La vicepresidenta primera ha insistido en que se trata de una “se trata de una dejación de funciones en toda regla” que nunca antes se había producido. “Más allá de cualquier otro relato es que evidentemente los políticos tienen que representar a aquellos que los han votado”, ha remarcado, añadiendo que lo ocurrido este miércoles refleja la “actitud irresponsable” del PP. “Cada vez nos sorprende menos (...). Feijóo lleva años pidiendo reforma sistema de financiación, pero luego rechaza la propuesta del presidente Sánchez de abordar la cuestión”.

El orden del día del CPFF incluía seis puntos, con la condonación de la deuda como protagonista y último asunto a tratar, sin hacer mención a la reforma del sistema de financiación, que lleva 10 años caducado y que los barones autonómicos exigen reformar de una vez por todas. Al recibir el programa de la reunión la semana pasada, los barones ya se levantaron en tropel, pidiendo incorporar el debate sobre la renovación del modelo, pues consideran que la quita supone un parche si no se cambia el sistema. Su cabreo aumentó más el pasado lunes, cuando Montero presentó la propuesta de quita para el conjunto de comunidades en una rueda de prensa en el Ministerio antes de debatirlo con los territorios. El líder del ERC, Oriol Junqueras, había anunciado con antelación el importe de quita que se le reconocía a Cataluña: 17.104 millones de euros sobre un total para el conjunto de territorios de más de 83.000 millones.

Tras el consejero gallego tomó la palabra su homóloga de la Comunidad de Madrid, uno de los territorios más beligerantes con Pedro Sánchez y con la quita. “Las 14 autonomías estamos diciendo que tiene que haber un nuevo modelo de financiación autonómica, especialmente aquellas que tienen problemas de financiación”, exclamó Rocío Albert, que justificó su presencia en el Consejo pese a las críticas por “lealtad institucional”. La tercera en tomar la palabra en primera fila junto a los consejeros gallego y madrileña fue Carolina España, la portavoz de la Junta de Andalucía, la comunidad más beneficiada por la medida: “Las deudas hay que pagarlas, no perdonarlas, porque las deudas no desaparecen”.

Los cálculos de Hacienda

El departamento de Montero ha calculado la condonación en función de distintos criterios. El importe de partida ha sido la diferencia entre el endeudamiento acumulado por las comunidades entre 2009 a 2013 (unos 109.000 millones), los años más duros de la crisis financiera, y el de la pandemia y la espiral inflacionaria, de 2019 a 2022 (cerca de 29.000 millones). El 75% de esa cifra ha sido repartido entre los territorios según el criterio de población ajustada, es decir el número de habitantes ponderado por factores geográficos y demográficos.

Tras efectuar esa primera distribución, Hacienda ha aplicado unos ajustes: ha elevado los importes para las autonomías con las deudas más elevadas, que de no aplicar la corrección se hubiesen quedado con un porcentaje de quita inferior a la media, y ha añadido una inyección adicional de dinero para compensar la infrafinanciación de algunos territorios -una ecuación en la que, sin embargo, no entra la Comunidad Valenciana, una de las regiones más castigadas por el sistema de financiación– y para premiar a las autonomías que en los últimos años han ejercido su competencia normativa al alza en el IRPF.

La instantánea final es una propuesta de condonación por 83.252, con Andalucía como la mayor beneficiada en términos absolutos (18.791 millones), seguida por Cataluña (17.104), Comunidad Valenciana 11.210 y Madrid (8.644).

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Fuentes parlamentarias del PP ya habían avanzado que su “filosofía” respecto a la comisión de investigación es que la depuración de responsabilidades autonómicas se dirima en la comisión de investigación abierta ya en Les Corts. Esa es su justificación para impedir que comparezca tanto la periodista Maribel Vilaplana como varios miembros cargos de la Generalitat. Y han centrado el objeto de la comisión impulsada en el Senado en la gestión de La Moncloa durante la gota fría. De hecho, fuentes del grupo del Partido Popular en la Cámara alta reconocen que su partido ha solicitado que Mazón comparezca en la Cámara alta —algo que no tendría sentido si se pretende fiscalizar la actuación del Ejecutivo central—, porque él mismo lo pidió en público.

Los populares también han solicitado, y aprobado hoy, que acuda a la comisión de investigación del Senado tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como varios ministros. Entre ellos, la entonces titular de Transición Ecológica y ahora vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, y responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska. “El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se sube al carro de las mentiras del señor Mazón”, ha denunciado la senadora valenciana del PSOE Rocío Briones. “Instrumentaliza el Senado como una extensión para tapar. Esta comisión de investigación nace muerta, esperaremos y nos veremos en el Congreso”, ha agregado la parlamentaria. Briones alude así a la otra comisión sobre la tragedia registrada por sus socios —y apoyada por los socialistas—, que el Congreso aceleró este martes, donde sí tienen margen de actuación sobre la agenda.

Respaldo de Génova

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ya había apuntado este martes a que las pretensiones del PSOE en el Senado serían desestimadas. El también vicesecretario popular defendió en rueda de prensa que su internción es que la comisión de investigación del Senado sirve para “fiscalizar ahí la actuación del Gobierno de España durante la dana”. “Cada ejecutivo tiene su legislativo para cumplir y ejercer las funciones de control al Gobierno”, subrayó antes de conocerse el cambio de versión de Mazón, que ahora dice que no estaba en el Cecopi cuando se envió la alerta. Pese al giro de guion del president, Génova sigue respaldando a Mazón en público hoy. En los pasillos del Congreso, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado este miércoles que el jefe del Consell “ha dado la cara”, “ha dado explicaciones”, ha “vinculado su futuro” a las labores de reconstrucción y “no ha salido corriendo”.

Hay cinco comisiones sobre la dana activas en este momento: Senado, Congreso, Cortes valencianas, Diputación de Valencia y Ayuntamiento de Valencia. El PP controla todas menos la de la Cámara baja. En Las Cortes Valencianas, el Partido Popular dio a Vox la presidencia del instrumento parlamentario y todavía está abierto el plazo de solicitud de comparecencias.

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Un día después de que FAES, la fundación que preside José María Aznar, publicase un artículo en el que aseguraba que la CPAC, la convención internacional en la que intervino Abascal la semana pasada, “tiene de conservadora lo que el Palmar de Troya de católico” y se refería a Trump como “el cliente de Stormy Daniels”, la actriz porno a la que pagó para que no revelara las relaciones sexuales que mantuvo con él, Vox contestó este martes. Lo hizo con un furibundo ataque a la propia FAES firmado por el jefe de comunicación de Disenso, la fundación que preside Abascal, aunque luego desapareciera su firma. “FAES dejó hace tiempo de dedicarse al pensamiento e hizo de la fábula y la mentira su brújula”, comenzaba el artículo, antes de acusar al laboratorio de ideas de haber caído en una “anomia moral que se suma a la alergia a la verdad”. Sin citarlo por su nombre, cargaba también contra el expresidente José María Aznar, de quien recordaba que “ha expresado su admiración por el tirano”, en alusión a Putin, “incluso después de la invasión y anexión ilegal de territorio de Ucrania en 2014″, en referencia a Crimea.

En realidad, Disenso no hizo más que amplificar el ataque lanzado el lunes por la noche por el propio Abascal quien, en su cuenta de X, reprodujo un tuit de Aznar de junio de 2016, en el que presumía de su “buena y vieja amistad” con Putin, con la apostilla: “¡Tápese, por favor!”. También la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, atacaba por el flanco abierto por su jefe al recordar que, en sus memorias, Aznar reconocía que con Putin “le unía una relación de respeto, de admiración y de amistad mutua”.

¡Tápese, por favor! https://t.co/9nSZFD92Nq pic.twitter.com/aGPDWAvBnP

— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) February 24, 2025

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado mucho más cauto que FAES y ha elegido cuidadosamente sus palabras hacia Vox. “El objetivo del PP es un cambio político, ¿cuál es el objetivo de otros partidos? Hacerse un hueco en la oposición. Ese no es el objetivo que le interesa a España, los votantes a los que nos vamos a dirigir son todos los que no quieren que Sánchez siga”, ha alegado este martes en un desayuno informativo. “Yo trabajo para un cambio de gobierno en mi país, hay otros partidos cuyo objetivo es discutir con los que estamos en la oposición”, ha añadido, en alusión a la formación ultra.

Feijóo ha insistido en que “Vox tiene que elegir entre sus dependencias internacionales y los intereses de los españoles” y le ha lanzado una pulla a Abascal al defender la postura que él mismo mantiene frente al nuevo inquilino de la Casa Blanca. “Ni insultemos ni rindamos pleitesía”, ha dicho, dando por sentado que lo primero lo hace el presidente del Gobierno y lo segundo, el líder de Vox.

Sin embargo, ha evitado contestar al emplazamiento de Pedro Sánchez para que diga si aplicaría el cordón sanitario a la extrema derecha como el nuevo canciller alemán. “El señor Sánchez no deja nunca que gobierne el que gane si no gana él. Si Sánchez fuese alemán, estaría gobernando el Partido Popular”, ha respondido, dando por hecho que los socialdemócratas alemanes apoyarán la candidatura de Merz como canciller.

Vox salió en julio pasado de los cinco gobiernos de coalición que mantenía con el PP, pero lo hizo por decisión propia, no porque los populares lo echaran. Actualmente los dos partidos de la derecha siguen gobernando conjuntamente en un centenar de ayuntamientos, aunque algunos gobiernos de coalición se han roto (como en Burgos), mientras en otros casos Vox ha pactado apoyar desde fuera los presupuestos (como en Sevilla).

De los presidentes autonómicos del PP, el que con más claridad ha apostado por distanciarse de Vox ha sido el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. El presidente de la Junta de Andalucía subrayó este lunes la necesidad de que su partido “marque distancia con Vox” porque, a su juicio, está “atrapado en una estrategia norteamericana, que nada tiene que ver con la realidad social y económica de los españoles”. Las palabras de Moreno, en una entrevista en la Cope, iban dirigidas a ocupar “el espacio de centralidad”.

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El dilema para los presidentes del Partido Popular vendrá cuando hayan de negarse expresamente a la condonación de la deuda una vez se publicase la norma habilitante en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y Génova evita garantizar en privado que, para entonces, ningún barón acepte la quita. “Esto tiene que ir al Congreso y todo”, alegan fuentes de la dirección del PP, dando una patada hacia delante, y conscientes de que el debate se postergará meses, más aún después de que Junts haya abierto la puerta a votar en contra en la Cámara baja.

En público, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha eludido responder hasta en dos ocasiones a sendas preguntas sobre si puede certificar o no que todos sus líderes territoriales rechazarán la condonación. Y se ha limitado a argumentar el voto en contra de mañana, algo que ya se da por hecho. “La realidad es que Sánchez sigue pagando La Moncloa con el dinero de todos los españoles. Lo que pretende es condonar a Cataluña enmascarándolo en una quita general. Eso el PP no lo podemos apoyar, por tanto los presidentes del PP votarán en contra”, ha dicho en rueda de prensa.

En esa línea, todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP votarán este miércoles no a la propuesta de Montero en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así lo avanzó Feijóo este lunes en rueda de prensa en la sede de Génova y lo ratificaron también los barones del PP. Pero ese voto en contra no puede impedir que la medida salga adelante, puesto el Gobierno central solo necesita un sí de otro Ejecutivo autonómico para que su propuesta sea aprobada. Y ya lo tiene hecho con Cataluña, de donde parte la propuesta, o con Castilla-La Mancha, que también aplaudió la oferta de Montero. Luego, la iniciativa tendrá que pasar por el Congreso, donde por ahora no tendría mayoría.

Rodeado de empresarios en un desayuno informativo en Madrid, Feijóo ha ofrecido este martes la fórmula de la reestructuración, es decir, en lugar de condonar, el PP propone renegociar las condiciones del pago de la deuda con condiciones más favorables en cuanto a intereses o plazos de devolución. “Si se quiere hablar de reestructurar una deuda, pero sin perdonarla, ese es un debate en el que estamos dispuestos a hablar”, ha dicho Feijóo en el Madrid Foro Empresarial. Sobre el estrado del hotel Wellington de Madrid, el acto ha arrancado con los socios cargando contra la reducción de la jornada y el control horario impulsados por el Gobierno de coalición. Luego, el líder del Partido Popular ha tomado la palabra, apenas unas horas después de que Montero, hubiera prometido 83.000 millones de condonación de deuda para todas las comunidades.

“No se condona nada. La deuda se traspasa a otro lugar”, ha esgrimido Feijóo. “La deuda que un catalán tiene como catalán por mala gestión, ahora la va a tener el español. Es falso que se condone un solo euro a nadie y es injusto”, ha agregado el jefe de los populares, que ha apuntado a la reestructuración como la solución que sí encaja en su partido. Una fórmula a la que fuentes de la dirección del PP ya habían apuntado durante las últimas semanas y vista con buenos ojos por los Ejecutivos autonómicos populares.

En este momento, las críticas respecto a la quita propuesta por Montero se centran en pedir la reforma del sistema de financiación autonómica, que debe ser revisado desde 2014, y en que Hacienda utiliza quita para mantener al presidente en La Moncloa. “Lamento profundamente este tipo de compra de la presidencia de España”, ha señalado hoy Feijóo. El jefe de la oposición ha censurado en esa línea que la legislatura se “empezó comprando con la amnistía” y a ahora sigue con la condonación de la deuda a las comunidades. “Lo que se hace es comprar el alquiler de La Moncloa con dinero público”, ha sentenciado.

La oferta de Montero implicaría para las comunidades del PP liberarse de 18.791 millones de euros en Andalucía, 11.210 millones en Comunidad Valenciana, 8.644 millones en Madrid, 4.010 millones en Galicia, 3.643 millones en Castilla y León, 3.318 millones en la Región de Murcia, 2.124 millones en Aragón, 1.741 millones en Baleares, 1.718 millones en Extremadura, 809 millones en Cantabria y 448 millones en La Rioja.

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Con Cataluña de su lado —que se beneficiará del perdón de 17.000 millones de euros en un pacto alcanzado con ERC—, Montero tiene asegurada la partida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cuestión distinta será qué responderán los presidentes del PP más adelante, cuando la oferta sea un hecho. Porque, ¿cómo justificar la renuncia al saneamiento de las cuentas? En cualquier caso, la respuesta a esa patata caliente queda para el futuro.

“Los presidentes del Partido Popular van a votar que no”, ha asegurado Feijóo este lunes en la sede de la calle de Génova. “Van a votar que no a la desigualdad, a que se premia la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la Presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas”, ha agregado. Fuentes de la dirección habían adelantado que los barones del PP rechazarán la “condonación de la deuda” y en su lugar pedirán la “reestructuración”. Esto es, renegociar con Hacienda los parámetros del pago de la misma, con condiciones más favorables. “Llevamos más de un centenar de subidas de impuestos, estas subida de impuestos es para comprar el apoyo de los independentistas”, ha remachado Feijóo, utilizando la oferta de Montero para poner el foco en el “infierno fiscal” que según los populares ejerce el Ejecutivo sobre los ciudadanos.

Andalucía, la más beneficiada

Con los términos ya claros, y tras la comparecencia de Montero, muchos de los Gobiernos autonómicos del PP han mantenido su oposición a la condonación de la deuda poniendo el foco en la necesidad de abordar la reforma del sistema de financiación autonómico, caducado desde 2014 y que muchos consideran injusto, para que la deuda no siga engordando año tras año. Y eso aunque su resistencia a la oferta de Montero implique luego perder la oportunidad de liberarse de 18.791 millones en Andalucía, 11.210 millones en Comunidad Valenciana, 8.644 millones en Madrid, 4.010 millones en Galicia, 3.643 millones en Castilla y León, 3.318 millones en la Región de Murcia, 2.124 millones en Aragón, 1.741 millones en Baleares, 1.718 millones en Extremadura, 809 millones en Cantabria y 448 millones en La Rioja.

La negativa de esta semana en el CPFF no tiene consecuencias considerando que Hacienda solo necesita un voto a favor —tiene garantizado el de Cataluña— para que la propuesta de condonación sea una realidad. Pero los barones tendran que negarse después a esa quita. Es ahí donde el no o el sí será crucial. “No estaría de acuerdo, perderíamos muchísimo de lo que tendríamos derecho si aceptamos que simplemente esto va de un tema de condonación”, ha dicho el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. “La deslealtad institucional y el desprecio de este Gobierno por las autonomías parece no tener límites”, ha señalado la consejera de Hacienda valenciana, Ruth Merino. “La Región de Murcia rechaza la medida aislada de condonar la deuda porque no soluciona nuestro verdadero problema que es la infrafinanciación lo que se resolvería con un nuevo sistema de financiación más justo y equitativo”, indican fuentes del gabinete del presidente murciano, Fernando López Miras. “No se puede tener más caradura y no se puede ser más arbitrario”, sentenció la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

“Andalucía no tiene un problema de deuda, tiene un problema de financiación”, ha puntualizado Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno y consejera de Hacienda. Desde el Ejecutivo andaluz siempre se ha hecho hincapié en que la condonación es una concesión a Cataluña, pero desde que Montero es también la nueva secretaria general de los socialistas andaluces, no se ha parado de incidir en esa diferenciación de trato en favor de las concesiones de los independentistas, recordando que cuando Montero era la consejera de Hacienda de la comunidad reclamó al Gobierno central el pago de la deuda histórica de 4.000 millones de euros. “Exigimos a la ministra Montero que se deje de trampas y que envíe a Andalucía el dinero que ella ha reclamado. Si ahora decimos que no [a la condonación], es porque no soluciona la infrafinanciación de Andalucía”Es una migaja que Andalucía no puede aceptar por dignidad. No vamos a consentir que se utilice a Andalucía para blanquear los acuerdos del Gobierno con los independentistas, con tal de que Pedro Sánchez siga un día más en el cargo”, ha añadido a última hora de este viernes, informa Eva Sáiz.

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Carlos Mazón ha concluido así su primera comparecencia en Madrid centrada exclusivamente en la dana. Durante su intervención de este lunes, el president ha hecho un discurso con cero autocrítica sobre lo ocurrido durante el 29 de octubre, cargando todas las culpas sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, defensa férrea de su gestión durante la fatídica jornada y asegurando que la alerta a los móviles se envió a las 20.11 y no antes porque el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llamó sobre las 20.00 al Cecopi —órgano de coordinación de emergencias—, para avisar sobre los riesgos de desbordamiento de la presa de Forata, pero no por el barranco del Poyo. “No soy una víctima sino un daño colateral del Gobierno”, ha afirmado en un desayuno informativo organizado en la capital por Nueva Economía Fórum, al que no ha acudido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que justo ha concedido a esa hora una entrevista en Telecinco.

“Jamás oculté la comida”, ha agregado Mazón sobre el almuerzo de más de dos horas que mantuvo con una periodista y por el que acudió tarde a la reunión del Cecopi. Sin embargo, su equipo no informó de esa “comida de trabajo” en la agenda oficial y solo la asumió tras la presión de los medios de comunicación ante ese vacío. Una cita sobre la que luego dio varias versiones hasta concretar que había comido con la periodista Maribel Vilaplana. Como parte de su estrategia para eximirse de toda responsabilidad sobre el envío tardío de la alerta, el president también ha negado que estuviera incomunicado y ha relatado que realizó 16 llamadas desde las 17.37 de aquel día. Una información que no ha querido facilitar a las Cortes valencianas ni que tampoco ha probado documentalmente, pues hasta ahora no ha aportado el listado de llamadas realizadas por su equipo en la Generalitat el día de la devastadora gota fría.

La primera de las llamadas, ha dicho Mazón, fue con la entonces consellera Salomé Pradas, que lideraba el Cecopi, a las 17.27, al menos más de dos horas y media tarde desde que llegó al restaurante El Ventorro. En ese momento, había numerosas zonas anegadas, el Cecopi sabía ya del colapso de avisos al 112 —dependiente del Ejecutivo autonómico—, y el Govern era conocedor de al menos un desaparecido. El president ha asegurado que volvió a hablar con la consellera a las 18.16, a las 18.25, a las 18.30 y a las 19.43. Y que también conversó por teléfono con el director de Comunicación de la Generalitat, a las 18.48; con el sindic del Partido Popular que estaba haciendo ronda de preparación sobre pueblos dos veces, a las 18.57, con el secretario autonómico de infraestructuras, Javier Sendra, a las 19.34; con la directora general de la secretaría del Gabinete, a las 19.43; con la directora general de organización y coordinación de Presidencia, a las 19.44; con el presidente de la Diputación de Valencia, a las 17.46, a las 18.25 y a las 18.27 y con el alcalde de Cullera, a las 18.28.

Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia —y con quien Mazón dice que habló en tres ocasiones por teléfono y se comunicó constantemente por “WhatsApp”—, urgió a Pradas mandar la alerta en pleno caos del Cecopi el día de la dana. “¡Enviadla de una puta vez!”, espetó durante la reunión. La alerta se envió finalmente a las 20.11 horas, unos 40 minutos después de que se incorporara al Cecopi el presidente de la Generalitat. El jefe del Consell ha insistido este lunes en que se mandó a esa hora por el aviso del secretario de Estado, Hugo Morán. Sin embargo, dos testigos relataron a La Vanguardia que Pradas no envió el mensaje porque esperó a que Mazón llegara a la reunión.

El president ha detallado las llamadas en Madrid tras negar esa información a Las Cortes valencianas. Primero aseguró que el contrato con la empresa de telefonía no contemplaba guardar esa información. Días después se hizo público que el pliego de condiciones del contrato para la adjudicación del servicio tiene una cláusula que desmentía el argumento utilizado por la Generalitat para negar a los socialistas el listado de llamadas. “Toda la documentación se entregará en las comisiones de investigación”, ha avanzado este lunes en Madrid. Hay cinco comisiones abiertas sobre la tragedia: Cortes autonómicas, Senado, Ayuntamiento de Valencia, Diputación valenciana y Congreso. “Si no hay recuperación no me sentiré legitimado, esta es la prueba de mi vida”, ha señalado sobre su cuestionamiento para seguir al frente del Gobierno valenciano.

Al acto sí han acudido miembros de la dirección nacional del PP como Miguel Tellado, Cuca Gamarra, Juan Bravo y Carmen Fúnez, en una escenificación del respaldo de Génova ante la ausencia de Feijóo. Desde su entrevista paralela en Telecinco, y también en alusión a la continuidad de Mazón como líder territorial en la Comunitat Valenciana, el jefe de los populares ha afirmado que “el PP tomará la decisión más oportuna”. “¿Por qué? porque nos interesa volver a gobernar en Valencia”, ha sentenciado Feijóo.

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“El apoyo del PP a Ucrania, a Zelenski y al pueblo ucraniano es incondicional y no se puede desviar la atención ni repartir culpas: esta guerra la causó el régimen de Putin. Los ciudadanos merecen una UE que reaccione y Europa debe priorizar su seguridad estratégica y su soberanía energética”, señalan fuentes del PP en un comunicado emitido este domingo, en el que han anunciado el encuentro de este lunes.

Feijóo se reunirá así este lunes con los exministros de Defensa María Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pedro Morenés y Eduardo Serra; los exministros de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo y Ana Palacio; el almirante general Fernando García-Sánchez; los analistas Florentino Portero y Mira Milosevic; y los diplomáticos Nicolás Pascual de la Parte y Ramón Gil-Casares. También estarán presentes en la cita la secretaria general del partido, Cuca Gamarra; el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons; la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el secretario de Política Internacional del PP, Ildefonso Castro. El jefe del PP ha querido dar a conocer que ha conversado en los últimos días con los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy “para recabar sus opiniones acerca de la situación actual del conflicto y su posible evolución a corto y medio plazo”.

El líder del PP se había mostrado de perfil respecto al dirigente de EE UU, Doland Trump, tras tomar el dirigente republicano posesión de su cargo. Pero las conversaciones del proceso de paz, en las que la UE han quedado fuera, desembocaron el jueves en el rechazo expreso de Feijóo hacia las condiciones impuestas por el “agresor”, en alusión a Vladímir Putin. El jefe de los populares exigió además la comparecencia de Sánchez en el Congreso para informar sobre Ucrania. Una solicitud que ha reiterado este domingo el vicesecretario del PP Elías Bendodo, quien ha pedido desde Málaga que el presidente registre “mañana a primera hora” la citada comparecencia, algo que por ahora el Ejecutivo no tiene programado.

Algunos en el PP ven en el discurso más armado de Feijóo en materia internacional de los últimos tiempos la mano del diplomático Ildefonso Castro, secretario de Política Internacional del PP desde el pasado mes de septiembre, el puesto inmediatamente por debajo de la vicesecretaría Institucional de Esteban González Pons. Castro, secretario de Estado de Exteriores con Mariano Rajoy y que mañana estará presente en la reunión de Génova, trabajaba desde hacía meses asesorando a Feijóo en política internacional, pero desde el pasado septiembre el líder del PP le dio galones internos como responsable del área. El movimiento sucedió después de que González Pons patinara justo ese mes acusando al Gobierno de Sánchez de “estar implicado en un golpe de Estado en Venezuela”, una acusación que desmintió poco después el candidato opositor asilado en España, Edmundo González.

Este lunes, Sánchez viajará a Kiev para entrevistarse con Volodímir Zelenski y “reiterar el apoyo de España” a Kiev. “¿Creéis que a él le preocupa la guerra de Ucrania o lo que ha dicho Trump sobre Zelenski?”, se ha preguntado Bendodo en referencia a las descalificaciones del presidente de EE UU, que tachó al dirigente ucranio de “dictador”. “No, él solo ve oportunidades para engrandecer su imagen y su figura, nada más”, ha añadido el vicesecretario popular, tratando de convertir el asunto en política doméstica.

“Los españoles merecen saber dónde está nuestro Gobierno, qué hoja de ruta va a plantear y con qué apoyos cuenta para impulsarla. Para ello, Pedro Sánchez debe comparecer en el Congreso, como ya ha solicitado el PP”, remachan los populares en su comunicado, aprovechando la coyuntura internacional para apretar las tuercas a La Moncloa. Feijóo se ha comprometido con el resto de líderes del Partido Popular Europeo a elevar el gasto militar de España a más del 3% del PIB, una postura que le permitirá ahondar en la “división” de la coalición, a juicio de Génova, por la resistencia de Sumar y de los socios de investidura de izquierdas a aumentar las partidas destinadas a Defensa.

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Manipulado con Inteligencia Artificial, Ábalos aparece en las imágenes sobre un fondo gris riéndose y haciendo aspavientos, junto a una voz en off que simula un anuncio publicitario de la Agencia Tributaria promoviendo el pago de impuestos. “Le pagaba pisos para encuentros con señoritas junto a Koldo y Ángel Víctor. No es magia, son tus impuestos”, dice la locución. La cuenta del PP introduce así, con esta publicación, unas aseveraciones sin pruebas y refutadas ya por Torres. El ministro compareció este martes para volver a negar las acusaciones que sobre él ha vertido en los últimos meses De Aldama esgrimiendo tres certificados emitidos en las horas previas por las compañías aéreas Binter e Iberia que, según insistió, demuestran que la noche del 9 al 10 de noviembre de 2018 —cuando según Aldama ocupó un apartamento en la calle de Atocha de Madrid junto a Ábalos y el exasesor de este, Koldo García—, él estaba realmente en Canarias. Pero los populares pasan por alto estos certificados, tanto en redes sociales como en las últimas declaraciones del portavoz parlamentario, Miguel Tellado, en el Congreso.

Tus impuestos 👇 https://t.co/QkHVLdVUrM pic.twitter.com/vSowH4TvYT

— Partido Popular (@ppopular) February 20, 2025

Lucha mediática en redes sociales

No es la primera vez que el PP utiliza la Inteligencia Artificial en una publicación de X. El pasado día 14, en la festividad de los enamorados por San Valentín, la formación editó otro vídeo en el que se ve al presidente Pedro Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez, almorzando. La voz del jefe del Ejecutivo está manipulada: “¿A ver este año qué le regalo yo a esta por San Valentín? (...) La ley Begoña”, dice el falso Sánchez en alusión a la proposición de ley presentada por el PSOE para limitar la acusación popular.

La lucha mediática en redes sociales preocupa a Feijóo, sobre todo con la mirada puesta en los jóvenes, un caladero de voto que ve cómo se pierde en favor de los ultras. Según el último sondeo de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, Vox obtendría el 20,7% de los votos de los ciudadanos de 18 a 24 años frente al 13,9% del PP en esa misma franja. En paralelo, un reciente Eurobarómetro indica que la mayor parte de los jóvenes europeos recurre prioritariamente a las redes sociales para informarse de temas políticos y sociales, por delante de los medios de comunicación tradicionales. En España, las cifras aumentan: el 49% de los españoles entre 16 y 30 años (frente al 42% de media europeo) dice informarse a través de las redes sociales (sobre todo Instagram). En Instagram, la formación de Abascal tiene 772.000 seguidores frente a los 172.000 del PP. En X, los populares están por encima con 875.700 frente a los 618.800 de Vox.

En ese empeño porque los miembros del PP sean más activos en sus cuentas de redes sociales juega un papel central la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez. Además de ser la responsable del ramo, la dirigente popular es la más joven del comité de dirección del partido con 32 años. Diputada en el Congreso y portavoz de la formación en Fuenlabrada (Madrid), Núñez lleva tiempo publicando vídeos cortos, en movimiento y con mensajes directos, pensados para un público de menor edad. Una fórmula que otros miembros de la cúpula, como Tellado o el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, tratan de replicar ahora en sus perfiles motivados por la estrategia de comunicación de Génova. Como ejemplo, Bravo publicó el 23 de enero un vídeo con esas características para justificar que su partido iba a votar en contra del decreto ómnibus.

El Gobierno vuelve a mentir.

Son ellos los que ponen en riesgo la subida de las pensiones mezclándolo con otras cosas.

2 opciones para arreglar su desastre:

1️⃣ Presentar otro decreto SOLO con la subida.

2️⃣ Votar a favor de nuestra Proposición, que contiene SOLO la subida. https://t.co/AnmnFzhMJA pic.twitter.com/CqZXwXlMo0

— Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) January 23, 2025

Sin embargo, algunas voces dentro del PP cuestionan en ocasiones este tipo de publicaciones: ya sea porque quienes protagonizan los vídeos tienen perfiles que no casan con el estilo de este tipo de contenido —señalan dichas fuentes—, como por no estar de acuerdo con el tono empleado desde las cuentas oficiales de la formación. El portavoz nacional popular, Borja Sémper, ha reiterado que las redes sociales “son un escenario absolutamente tóxico” cuyo lenguaje se aleja de lo que debe ser la “política”, aunque sin censurar expresamente mensajes concretos de su partido. En la batalla dialéctica que mantienen con el PSOE en el entorno digital se ha colado hasta una disputa utilizando la escena viral del programa de Mediaset La isla de las tentaciones.

Montoya sabe que sois Anita y que así tratáis a los españoles.

Gracias por venir, “cariños”. Un beso. https://t.co/zhPsTbuOes

— Noelia Núñez (@noelia_n) February 7, 2025

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La guerra en Ucrania la inició Rusia. Es una agresión contraria al Derecho Internacional.

La paz es bienvenida, pero no puede beneficiar al agresor.

La causa de Ucrania es la causa de Europa.

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 19, 2025

Tras participar en el foro ANFAC sobre el sector de la automoción en Madrid, Feijóo ha continuado este jueves con la línea de la publicación lanzada horas antes. Para el líder del PP, en el marco de la Unión Europea y en aplicación de los “principios de derecho internacional”, “un agresor no puede ganar una guerra”, ha dicho en referencia a las condiciones puesta sobre la mesa entre la Casa Blanca y el Kremlin para poner fin a la guerra de Ucrania dejando al margen tanto a la UE como a Kiev. “Si el agresor gana una guerra, hay una doble injusticia: la invasión inicial y una paz injusta”, ha respondido el jefe de la oposición a los medios. Con esta tesis, el líder popular se distancia también de las de Vox y el resto de derechas radicales englobadas en el grupo de Patriots.eu, donde el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, es proputinista.

Pero además, Feijóo converge con el presidente socialista en la defensa de Ucrania, ya que Sánchez acude este lunes a Ucrania para “reafirmar el apoyo de España” al presidente ucranio, Volodímir Zelenski. Sin mencionarle expresamente, Feijóo ha vuelto a lanzar dardos al jefe del Ejecutivo español aprovechando la escalada de tensión a nivel internacional al pedir al asegurar que “el insulto no lleva a ningún puerto” y que “la ruptura nos puede llevar al abismo”. Al mismo tiempo, no ha entrado a valorar el choque dialéctico del presidente de EE UU, Donald Trump, quien calificó de “dictador” a Zelenski.

Durante su intervención ante el auditorio de la Casa América, en Madrid, Feijóo ha pedido también “a los gobernantes actuales que combatan la sensación de no hay nadie al mando”, sin aludir a ningún responsable político en concreto, ni nacional ni internacional. “La primera obligación de la política es garantizar que la gente se sienta protegida, tener referentes políticos y referentes morales, y mostrar liderazgo más aún en un momento como este”, ha añadido. “Si se está hablando de seguridad europea y, por tanto, de seguridad española, de invertir recursos públicos para garantizar esa seguridad, se tiene que hablar de cuánto nos va a costar y de cómo se va a pagar, y se debe de hacer en la sede de la soberanía, los españoles merecemos explicaciones”, ha finalizado.

Feijóo se ha comprometido esta semana con el resto de líderes del Partido Popular Europeo a elevar el gasto militar de España a más del 3% del PIB, tal y como figura en un comunicado conjunto que suscribieron este martes los principales dirigentes del partido conservador, incluido el español, en una reunión de urgencia. “Necesitamos un aumento excepcional del gasto de defensa de los Estados miembros hasta más del 3% y sobre la base de los compromisos ya acordados”, recoge el texto del Partido Popular Europeo (PPE) que ha respaldado el PP español. El compromiso de la formación se ha sellado mientras buena parte de los socios de investidura de Sánchez se resisten a aumentar el gasto en Defensa. Un rechazo que Génova mira como otro factor más de la “debilidad parlamentaria” del Gobierno de coalición.

Abascal culpa a populares y socialistas de que Putin empezase la guerra

Santiago Abascal ha dado otra vuelta de tuerca a la polémica y, en un tuit de respuesta al de Feijóo, el presidente de Vox ha asegurado que aunque fuera Putin quien empezó la guerra, lo hizo porque los populares y socialistas le dieron los medios para ello. “La guerra de Ucrania la empezó Putin porque populares y socialistas le disteis los medios para hacer la guerra y le negasteis a las naciones europeas los medios para disuadirle”, ha replicado el líder del partido ultra, que esgrime otras justificaciones para Putin: que los populares y socialistas han “dejado a Europa desarmada”, que el presidente ruso lo hizo “con el dinero que le paga Sánchez (...) por el gas” o porque “se ríe” de las “políticas woke” y del “Pacto Verde”. Abascal se pregunta si el PP se va a alinear con Sánchez para culpar “al presidente Trump” de una “necedad e irresponsabilidad” propias y de los socialistas. “Me temo que sí”, se responde el dirigente de Vox a sí mismo.

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El barón del PP había pedido este lunes a los diputados del Partido Popular y del resto del hemiciclo que votasen a favor de la proposición de Sumar. “Esa propuesta que se vota hoy la hice yo en el debate de la comunidad, es una propuesta del PP en la comunidad”, se ha reafirmado este miércoles Azcón en Madrid. “Esa votación de 87 millones de euros es importante en el fondo y en la forma, cuantitativamente y cuantitativamente. Es de justicia absoluta y va a ser un indicativo de lo que los partidos están dispuestos a hacer con la despoblación”, ha agregado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

La iniciativa parlamentaria que se discutió en la tarde del martes es una proposición no de ley, que no es vinculante, solo tiene valor político. El texto cifra en 87 millones de euros la cantidad que Aragón dejará de percibir en 2025 conforme a la aplicación de los criterios del actual sistema de financiación autonómica, caducado desde hace más de una década. Y cuya renovación exigirán la semana que viene los barones del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles 26. “Estos 87 millones de euros no son una cuestión de dinero, sino de dignidad, por eso pedimos el voto en especial a los diputados aragoneses. Está en juego que por nacer en un sitio o en otro no se te condene de por vida”, proclamó Pueyo desde la tribuna, provocando el aplauso en pie de sus compañeros de bancada.

La postura de Chunta, y por ende de Sumar, es prácticamente igual a la de Azcón, que ya el pasado mes de octubre trasladó a Pedro Sánchez, durante su reunión en La Moncloa, la exigencia de ese fondo de compensación. El presidente aragonés solicitó entonces un encuentro con el departamento de Hacienda para abordar su principal queja. El Ejecutivo de Aragón y Chunta consideran que los criterios que se aplican en el sistema de financiación autonómico perjudican a su comunidad debido al alto grado de despoblación. De forma que, aun creciendo económicamente por encima de la media, recibe menos dinero porque el criterio principal es el número de habitantes. “Hablamos de un fondo de compensación de 87 millones porque se da la tremenda paradoja de que, aunque nuestra comunidad autónoma crezca económicamente por encima de la media de España, en este año 2025 las transferencias que hace el Gobierno de España a Aragón decrecen en 87 millones de euros”, señaló este lunes Azcón a escasas horas del debate en el Congreso.

Diferente sintonía de los socios

El choque en este caso se ha dado entre los socios de Gobierno. Desde el martes por la mañana las negociaciones con el PSOE habían sido muy complicadas (”durísimas”, en palabras de Pueyo tras la votación) y en Chunta reconocían grandes dificultades para alcanzar un acuerdo. A lo largo de todo el día hubo contactos, con propuestas y contrapropuestas entre las dos formaciones de Gobierno. El PSOE retiró la cifra de los 87 millones en su enmienda. Para el partido aragonés, la reformulación no era aceptable y desvirtuaba completamente el sentido de la proposición. Las negociaciones acabaron muy tarde, cerca de las once al teléfono, y sin acuerdo, según Chunta. “Elaboramos una propuesta conjunta con una posición coherente con [lo votado en] las Cortes de Aragón [donde PP y PSOE respaldaron una petición similar el pasado octubre]. Cuando estábamos a punto de firmar, Hacienda lo echa por tierra. El PSOE de Aragón no daba crédito. Necesitábamos una respuesta positiva de Hacienda antes de las nueve de la mañana. A las 8.55 nos planteamos que presentábamos el texto original”, ha explicado Pueyo tras el pleno. Fuentes parlamentarias socialistas matizan que se trabajó sobre varios textos, pero que en ningún caso el departamento de Montero iba a aceptar esa cifra, porque el PP no ha explicado de dónde sale. Finalmente, se decidió dividir la proposición en dos puntos, para poder votar por separado el referido a los 87 millones y una segunda cuestión que insta a “retomar de forma inmediata los trabajos para la reforma y actualización del sistema de financiación autonómica”. En este último punto, tanto PP como PSOE han votado a favor, pero el primero ha contado con el rechazo de los socialistas. “El PSOE ha desautorizado al PSOE de Aragón votando en contra de sus compañeros y de los aragoneses”, ha acusado Pueyo.

Durante del debate, la diputada del PSOE, Begoña Nasarre, acusó a Azcón de buscar el “ruido” al exigir esos 87 millones de euros cuando el PP ha impedido que salga adelante en el Congreso la “senda de estabilidad” y los ingresos a cuenta a las comunidades autónomas al rechazar la primera votación del decreto ómnibus, aseguró. Fuentes del grupo insisten en que Chunta le ha hecho el juego al PP al aceptar la cifra propuesta y subrayan que ellos buscan una financiación justa para Aragón dentro de un marco estatutario. La diputada del Partido Popular, Ana Alós, mostró su posición “a favor de que se compense a los territorios que sufren injusticias” como la despoblación, principal reivindicación del Ejecutivo de Aragón. “Señor Pueyo, usted también es Gobierno, tiene que decir a su Gobierno que reforme la financiación autonómica”, remachó la vicesecretaria popular.

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La comisión de investigación sobre la dana promovida en Les Corts Valencianes arrancará el 3 de marzo, pero por ahora se desconoce la petición formal de comparecencias por parte de los partidos, cuyo plazo termina el próximo 28 de este mes. Eso sí, el PP valenciano se ha mostrado partidario de llamar “a todo el mundo” y ha apuntado particularmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Sin embargo, en Madrid el grupo popular en el Senado pretende enfocar la comisión de investigación sobre la gota fría en la “responsabilidad” del Gobierno central, según arguyen fuentes parlamentarias. Así excusan que hayan dejado fuera de su lista de comparecencias —de 41 nombres—, a los cargos de la Generalitat y hayan circunscrito el plan de trabajo a las competencias estatales.

¿Por qué sí incorpora entonces el PP a Mazón al interrogatorio de la Cámara alta? Fuentes parlamentarias del PP señalan que ha sido incluido en su relación de cargos porque el president pidió expresamente acudir al Senado a dar explicaciones después de que los populares anunciaran en diciembre la creación de la comisión de investigación. El Partido Popular no aclararó en ese momento si llamaría o no al jefe del Consell, pero no tuvo problemas en asegurar que la exvicepresidenta tercera y exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera sí tendría que sentarse en el banquillo del Senado.

En el grupo parlamentario popular se muestran en cualquier caso abiertos a “reflexionar” sobre los nombres aportados por el PSOE y estudiarán su posible incorporación o no al plan de trabajo. El PSOE también ha exigido la lista de llamadas que realizó Mazón durante la jornada de la dana y los desplazamientos de su vehículo oficial. “El Partido Popular no parece querer saber la verdad porque esconde a los principales responsables. Esperamos que acepten nuestra propuesta”, ha dicho la senadora socialista Rocío Briones, en rueda de prensa. Los socialistas sí han pedido la comparecencia tanto de la consellera cesada Salomé Pradas, anterior responsable de Justicia e Interior (al frente del Cecopi), como del exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso, entre otros miembros de la Generalitat.

El PP puede aceptar todos los nombres o solo algunos. “Aquí es donde vamos a hacer la prueba del algodón, el Partido Popular tiene la osadía de presentar un plan de trabajo y no llama a los máximos responsables”, ha cargado el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas. En Les Corts Valencianes, el PP y Vox ostentan la mayoría de la mesa de la comisión, por lo que el PSOE tiene allí también las manos atadas.

Donde sí tiene margen de maniobra será en el Congreso, pues este martes la Cámara baja ha reactivado con el apoyo del PSOE otra comisión sobre la dana registrada por sus socios. La Mesa del Congreso ha admitido a trámite la propuesta planteada el 26 de noviembre por Sumar, el Grupo Mixto, ERC y Junts que podrá aprobarse finalmente en el pleno de la semana que viene ante la constatación de que el Partido Socialista también la avalará, pese a que había anunciado que esa primera iniciativa no le convencía y pretendía presentar la suya propia.

El portavoz socialista, Patxi López, ha desligado esa posición de una posible réplica a la comisión que promueve y controla el PP en el Senado. López ha asegurado que ya tenían planeado aceptar la propuesta la semana pasada antes de que se conocieran las intenciones de los populares en la Cámara alta y ha remarcado que ya no presentarán su propia iniciativa porque les vale con la reformulada por algunos de sus socios en el Parlamento. La portavoz de Compromís en el Congreso, Ángela Micó, ha abogado porque se acelere su creación lo antes posible tras admitir que habrá que ver cuándo será posible ponerla en marcha ante las cinco comisiones de ese tipo que están ahora en marcha (Senado, Corts Valencianes, Congreso, Diputación de Valencia y Ayuntamiento de Valencia). Micó, diputada valenciana, no ha quierido anticipar posibles comparecientes hoy pero tampoco ha descartado que al final soliciten algunos de los que no sean aceptados en la comisión del Senado.

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La comisión de investigación de la dana en el Senado, donde el PP controla los tiempos parlamentarios con su mayoría absoluta, sirve a los populares para azuzar la batalla de la Generalitat contra el Gobierno. Una lucha que ha ido in crescendo más de 100 días después del paso de la terrible gota fría. “Mientras el presidente Mazón ha mostrado disponibilidad a venir y está dando explicaciones desde el minuto uno, el presidente Sánchez se ha ocultado”, ha señalado en esa línea la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. La mesa de la comisión, presidida por el que fuera consejero de Economía de la Generalitat entre 2001 y 2011, el senador popular Gerardo Camps, arrancó el pasado 20 de enero con una intervención en la que el parlamentario pidió “honrar a las víctimas” (que suman 224 muertos) y que el debate se aleje de una intención “partidista”.

Algo que parece improbable tras las últimas declaraciones en público tanto de Mazón como del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acusa a La Moncloa de dejación de funciones en la atención de las víctimas tras las dana para desestabilizar al Govern —según el jefe de la oposición—. “Nunca he visto tanta irresponsabilidad, que ya es más que algo político. Es un problema moral. Yo sería incapaz de dormir en La Moncloa sabiendo lo que les está pasando a 800.000 ciudadanos en esa comunidad”, ha afirmado Feijóo este lunes en una entrevista en El Mundo. En paralelo, Mazón mantiene el hermetismo y niega información sobre dónde estuvo el 29 de octubre, día de la fatídica jornada.

Además de a Sánchez, el PP ha pedido también la comparecencia de otros miembros del Gobierno central. Entre ellos, la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la ministra portavoz, Pilar Alegría, la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y actual ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. A esa lista los populares han sumado a la predecesora de Aagesen y hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera; a la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé; al responsable de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. Cargos sobre los que el PP ha descargado con crudeza buena parte de la responsabilidad de lo acaecido durante la jornada de la dana.

Sin embargo, el PP no ha incluido en su lista a Salomé Pradas, la consejera cesada cuatro semanas después de la catástrofe por Mazón, entonces responsable de Interior y Justicia y máxima responsable de Emergencias. El hecho de que los populares hayan dejado a Pradas fuera del interrogatorio del Senado contrasta con el movimiento efectuado la semana pasada por la Generalitat. El Ejecutivo autonómico respondió a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que centraliza todas las pesquisas, que el responsable de activar el botón rojo de la alerta de los mensajes al móvil el día 29 de octubre, ya a las 20.11, fue el Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado). Pradas, según el mismo escrito de la Generalitat, estaba al frente de dicho organismo.

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El Partido Popular continúa en su línea de utilizar la política internacional de Donald Trump como ariete contra La Moncloa, pero sin entrar en el fondo de su posición respecto al presidente estadounidense, aunque el mandatario ataque directamente los intereses económicos de las empresas españolas. El momento que se abre es de negociación con la Administración Trump y tanto España como la Unión Europea tienen que jugar un papel fundamental. “Hay que explicar que el IVA no es impuesto nacional, nadie tiene que ver eso como un agravio”, ha continuado Bravo, que en cualquier caso sí ha tachado la acción de “establecer aranceles” como “una política económica desacertada”.

Tanto Bravo como posteriormente Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, han utilizado las relaciones internacionales con la Casa Blanca como arma para cargar contra el Gobierno central y contra Vox. “Si se desata una guerra comercial, la Unión Europea tiene que defender a los países miembros, ante una amenaza no son razonables los comportamientos de feroz confrontación que escuchamos del Partido Socialista ni el silencio cómplice de Vox”, ha remachado Tellado durante una rueda de prensa en Jaén.

A vueltas con el salario mínimo

La dirección nacional del PP sigue sin aclarar si impondría un umbral para que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tribute en el IRPF. “Igual que la jornada laboral, se debe pactar con los agentes sociales, cuando el Gobierno no se sienta con la patronal, estamos ante un Gobierno irresponsable que dinamita el diálogo social”, ha dicho Tellado. El PP sostiene que Hacienda se quedará “prácticamente con el 50% del incremento” del SMI, que pasa de los 15.876 euros a los 16.576 euros anuales. Y emplaza a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a demostrar que su enfrentamiento con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no es un “teatro”.

El martes, el partido de Alberto Núñez Feijóo registró dos proposiciones de ley en el Congreso y el Senado para pedir al Ejecutivo que la subida del salario mínimo no tribute en el IRPF. Antes, durante la reunión de diputados y senadores del PP en la Cámara baja, Feijóo criticó que el Gobierno “quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo” y que el aumento del SMI significa “un gran negocio para el Ejecutivo”. El líder del PP quiso sacar pecho ante sus parlamentarios afirmando que el año pasado “ya intentaron llenar las arcas del Estado a costa del incremento del salario mínimo y tuvieron que rectificar a petición del Partido Popular”, y exigió una nueva rectificación a La Moncloa para “dejar de alargar esta agonía a los más vulnerables”.

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Feijóo rechaza así de plano el pacto sobre niños y adolescentes migrantes pese a estar suscrito por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que cogobierna en el archipiélago junto al PP canario. Y pese a que su vicepresidente, el popular Manuel Domínguez, se ha mostrado abiertamente a favor de la medida.

Este viernes, un día después del anuncio del acuerdo, el PP ya se posicionó rotundamente en contra de los criterios de reparto por boca de su portavoz nacional, Borja Sémper. El también vicesecretario de Cultura tachó de “inaceptable” la fórmula, poniendo el foco en el País Vasco y Cataluña como diana de sus críticas, pues los populares justifican ahora su rechazo bajo el argumento de que ambos territorios estarían excluidos del reparto. Tanto el Ministerio de Infancia como el propio Clavijo niegan la mayor y señalan que, al aplicar los criterios de población y esfuerzo de acogida, Cataluña y País Vasco resultan con un menor porcentaje. Sin embargo, el Partido Popular pasa por alto dicha argumentación y amplifica el mensaje de que quedan fuera de esa distribución. Y acusa al Gobierno de Sánchez de repartir a los menores como “si fueran mercancías” y “sin molestar a los socios”, ha indicado Feijóo en Zaragoza, delante del cartel con el lema de los populares La Política que sirve.

En esa línea, el PP asegura a priori que votará en contra del acuerdo si este llega a someterse a debate en el Congreso. En privado, fuentes de Génova reconocen, en cualquier caso, que no promoverán la sublevación de los presidentes autonómicos de las 11 comunidades donde gobiernan los populares. Es decir, pese su oposición frontal, el gabinete de Feijóo avanza que no fomentará entre los barones la resistencia a acoger a los niños y adolescentes migrantes en sus territorios. “Nosotros hemos escrito un plan para luchar contra la inmigración, dejen de escurrir el bulto”, ha dicho el líder del PP este domingo, volviendo a aludir al documento firmado con Clavijo en septiembre. Y al que se aferra como su hoja de ruta en materia de inmigración, desoyendo y pasando por alto que el presidente de Canarias se atañe a la fórmula pactada con La Moncloa.

El jueves, Clavijo compareció con la ministra de Infancia, Sira Rego, con la que celebró el acuerdo sobre los criterios con los que van a tratar, tras meses de negociaciones, de efectuar el traslado extraordinario de 4.400 menores (4.000 desde Canarias y 400 desde Ceuta). Aún tienen que afinar el pacto, pero coinciden en combinar los criterios que se llevan aplicando desde 2022 en otros repartos puntuales —y que las comunidades autónomas aceptaron— con un modelo de distribución que Clavijo pactó con el PNV. Una ecuación que tendrá en cuenta la población, la renta per cápita, el desempleo y el esfuerzo de acogida, tanto reciente como histórico. Además, se contempla incluir variables que tengan en cuenta las circunstancias de los territorios frontera, como País Vasco y Andalucía.

La despoblación como variable de la financiación

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado el acto para reivindicar su frente propio en materia de financiación autonómica, con la vista puesta en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera del 26 de febrero. El Ministerio de Hacienda envió hace unos días un documento técnico a los Gobiernos autonómicos con las conclusiones de las peticiones que hicieron en diciembre de 2021 para la actualización del sistema, caducado desde 2014. Según la información recopilada, todas las comunidades “son partidarias de descartar” la variable de la despoblación, a excepción de Cantabria, Aragón y Castilla y León. Con esos resultados sobre la mesa, el Ministerio infiere que la despoblación “se descartaría” en el nuevo modelo. “Una de las batallas más importantes que vamos a dar en los próximos días es defender a los aragoneses, que la despoblación se incluya”, ha asegurado Azcón este domingo, apelando a Feijóo como adalid de la lucha.

“La despoblación ha de ser un criterio en cualquier sistema de financiación: la despoblación, la dispersión y el envejecimiento”, ha respondido el jefe del PP, recogiendo el guante. Azcón y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reactivaron hace unos días la conocida como Declaración de Santiago, impulsada por el propio Feijóo en septiembre de 2021, cuando aún era presidente autonómico. Un frente que unió a ocho comunidades de distinto signo (Galicia, Asturias, Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha) con el interés común de que la financiación autonómica se reparta, teniendo en cuenta sus problemas de dispersión y envejecimiento. Y que Azcón y Rueda impulsan de nuevo ahora ante el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Se quieren eliminar los criterios de equidad por la ideología del separatismo, comprar voluntades políticas”, ha incidido Feijóo, que asume el reto de que la unidad de los barones, con peticiones dispares por las distintas características de los territorios, no se rompa de cara a esa reunión. Una cita en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende ofrecer expresamente la condonación de la deuda a todas las autonomías.

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