El presidente del Gobierno no puede, sin embargo, pretender desvincular su futuro del de Santos Cerdán como hizo en el caso del exministro Ábalos, porque ha defendido su inocencia hasta el último segundo y porque Santos Cerdán ha participado en buen número de las iniciativas políticas del presidente del Gobierno, empezando por las conversaciones con el partido de Puigdemont a propósito de la ley de Amnistía. Si los indicios sobre su corrupción resultan sólidos, el presidente Sánchez está obligado a implicarse en la búsqueda de una salida a la crisis.

Quizás no parezca el momento más adecuado para reivindicar la solidez de la estructura constitucional española, pero lo cierto es que el sistema democrático de 1978 está siendo capaz de resistir ataques muy profundos y de ofrecer salidas a las distintas crisis. La vía más apropiada debería ser la moción de censura, dado que los gobiernos, según la Constitución española, entran y salen de acuerdo con las mayorías parlamentarias. Si esa vía está cegada por las circunstancias políticas particulares, queda en manos del propio presidente hablar con los responsables de los distintos grupos parlamentarios y ofrecer una salida. Las elecciones anticipadas, por mucho que Sánchez las haya rechazado de nuevo estos días, es una salida verosímil. La presentación de la moción de confianza sería otra.

Es evidente que el Partido Popular insistirá ahora más que nunca en la convocatoria anticipada. Núñez Feijóo está convencido de que su mejor oportunidad de alcanzar la presidencia es en medio de la extremada campaña de ruido y bulos que lleva alentando desde hace meses. Es cierto que el presidente Sánchez puede presentar unos datos económicos buenos y que el Tribunal Constitucional está a punto de dictar su resolución a favor de la ley de Amnistía, que ha permitido llevar a un socialista a la Generalitat. Pero también que no cuenta con unos Presupuestos, que las relaciones con sus anteriores socios de Gobierno son inestables y que se encuentra sumido en un fuerte enfrentamiento con parte de los jueces y fiscales de este país, radicalmente opuestos a la ley de Amnistía y a las reformas previstas por el ministro de Justicia.

Si las presiones de sus antiguos aliados le llevaran finalmente a adelantar las elecciones, la campaña electoral se desarrollaría en medio de un clima extremadamente polarizado y con el populismo de extrema derecha mejorando sus expectativas, según la mayoría de los sondeos de opinión. El PSOE partiría en desventaja, con varios grupos a su izquierda intentando aprovechar la circunstancia, pero también con la posibilidad de centrar su campaña no sólo en sus logros económicos, sino también en el hecho de que el Partido Popular tendrá dificultades para recuperar voto en Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, en los dos primeros casos por la asimilación que hacen muchos votantes entre PP y Vox, a causa de la continua defensa que hace Isabel Díaz Ayuso del nacionalismo español como único legítimo, y en el último a causa del lastre que supone el actual presidente, Carlos Mazón, que es capaz de querer repetir candidatura.

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Al final, la resolución no prosperó, pensarán algunos, y eso es lo único importante. Pero no es así, el aislamiento de Estados Unidos es importante. El sistema multinacional creado por Naciones Unidas funcionó y Europa recuperó su naturaleza como defensor de ese foro de discusión. Que Francia y el Reino Unido, miembros permanentes del Consejo de Seguridad (junto con Dinamarca y Grecia, miembros temporales), dejaran solo a Washington, es decir, que Europa se uniera a los países africanos, asiáticos y americanos que levantaron su voz es importante y debería mostrar el camino para otras actuaciones. Europa puede reclamar y defender el sistema multinacional de regulación de las relaciones internacionales que representa la ONU y enfrentarse todas las veces que sea necesario al Gobierno de Trump. Si lo hace sin flaquear, como en esta ocasión, Europa, la Unión Europea, estará demostrando que tiene un papel que jugar en el mundo.

El próximo jueves día 12 se cumplen precisamente 40 años desde la firma del tratado de adhesión de España a la entonces Comunidad Europea y desde entonces Europa ha experimentado una formidable transformación, ha perdido parte del paradigma con el que nació, de raíz más socialdemócrata y socialcristiana, a manos de la revolución conservadora de los años setenta y de la terrible crisis económica de los años ochenta. Su futuro, ahora en esta nueva crisis internacional, parece difuminarse, pero en realidad está cada vez más claro, ligado no al éxito de su lucha por los aranceles con el Gobierno de Trump, sino precisamente a su capacidad para demostrar que puede negociar en Naciones Unidas con China, con Rusia y con el resto del mundo. Que no es Europa la que está aislada, sino que sigue formando parte esencial del sistema internacional.

¿Y qué papel tiene España en esa Europa, 40 años después de su adhesión? Precisamente, el ingreso de España fue el primer gran diseño de política exterior de este país. Por fin, universalizábamos las relaciones diplomáticas con el mundo entero y entrábamos en Europa con nuestro propio bagaje. La política exterior española (diseñada en gran parte por Fernando Morán) se basaba en tres capítulos: el Mediterráneo, América Latina y nuestro papel en la Unión. Los dos primeros capítulos sufrieron un gran desgaste en estos años: el Mediterráneo, por el fracaso de las primaveras árabes y el problema de la autodeterminación del Sáhara Occidental. América Latina, en parte por responsabilidad nuestra y en parte por la de esos mismos países, atraídos algunos de ellos por ideas extremas. Nuestro papel en Europa como potencia media y como nuestra gran prioridad quedó comprometido con la irrupción de José María Aznar y su declarado atlantismo. Rodríguez Zapatero exhibió un europeísmo más bien teórico, pero fue su sucesor en la presidencia del Gobierno Mariano Rajoy, quien definitivamente relegó la dimensión europea de la política española hasta niveles casi inexistentes. A Rajoy simplemente los temas europeos le parecían ajenos y poco interesantes. No fue hasta la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa cuando las cosas empezaron a mejorar. Sánchez ha recompuesto en gran medida esa dimensión europea de la política exterior española y ha logrado recuperar para España el papel que defendió casi inmediatamente después de su ingreso: un interlocutor serio, realmente interesado por los asuntos europeos, capaz de presentar propuestas y de ayudar a profundizar los debates.

Lo que desgraciadamente parece imposible de conseguir es que esa dimensión europea forme parte de la política interior de este país. Bien al contrario, Alberto Núñez Feijóo, como líder del Partido Popular, ha echado por la borda cualquier posible diálogo. Sánchez tiene que trabajar solo.

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Fijar prioridades sigue siendo necesario. Los periodistas de todo el mundo, por ejemplo, podemos encontrar un punto de encuentro si exigimos que se nos deje entrar en Gaza para dar un testimonio profesional de lo que allí ocurre. De hecho, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España acaba de hacer público un manifiesto, difundido en español, inglés, francés y árabe, para que profesionales de todo el mundo apoyen esta petición:

La desaparición y relativización de las prioridades clásicas del movimiento feminista ha sido uno de sus peores errores. Este mes de junio se cumplirán cuatro años desde que Estados Unidos y la OTAN empezaron la retirada de todas sus fuerzas de Afganistán y desde que el nuevo Gobierno talibán empezó su metódica persecución de las mujeres y niñas. En estos cuatro años, la comunidad internacional ha sido incapaz de proteger a un colectivo que supera los más de 20 millones de seres humanos, mujeres y niñas, sometidas a un terrible régimen de esclavitud. Peor aún, el movimiento feminista internacional no parece haber colocado entre sus prioridades la lucha contra esta situación ni ha ejercido la presión necesaria sobre gobiernos y entidades multinacionales que podrían obligar al Gobierno afgano a modificar su postura.

Debilitado por los retrocesos en materia de igualdad que van apareciendo en los propios países donde el feminismo parecía más desarrollado y también por una fragmentación interna sobre aspectos ideológicos que no ha hecho más que crecer en las dos últimas décadas, fundamentalmente por la relación entre el feminismo y el movimiento queer y trans, las mujeres y niñas afganas han quedado fuera de la reivindicación feminista cotidiana. Han quedado sepultadas en beneficio de un debate ideológico, cuando hasta hace muy poco el feminismo había dejado claro que los derechos humanos y civiles de las mujeres eran su objetivo prioritario, no negociable, ni sometido a ningún tipo de discusión relacionado con el ámbito de las ideas, conceptos o sistemas de creencias.

En el momento en el que los talibanes volvieron al poder, un 25% del Parlamento de Kabul estaba formado por mujeres y más de 100.000 ocupaban puestos en los ayuntamientos locales. Todo eso ha desaparecido. La única esperanza de las adolescentes y las madres que intentaron educarlas en libertad era la fuerza que representan las mujeres de todo el mundo. Pero esas mujeres las dejaron, para vergüenza de todas, en el más absoluto abandono. ¿Dónde se organizaron y se siguen organizando grandes manifestaciones de apoyo? ¿En cuántos Parlamentos se presentaron mociones exigiendo respuesta internacional? Absorbido por otras cuestiones, difícilmente comparables, el feminismo no ha hecho nada efectivo.

La fragmentación del movimiento feminista ha permitido que consideraciones culturales interfieran incluso en los conceptos de igualdad y derechos. La escritora Najat el Hachmi escribía el pasado 23 de mayo en este periódico expresando su amargura porque la posible prohibición del velo en las escuelas públicas de Cataluña se deba a una propuesta de Junts, un partido que sólo quiere disputar los votos al grupo ultra Aliança Catalana, en lugar de tener su origen en una reflexión del movimiento feminista. Quizás la prohibición del uso del velo sea polémica, pero ese debate se despacha con demasiada rapidez, sin tener en cuenta las voces del movimiento feminista en países como Irán, Egipto o Marruecos, según las cuales el aumento del uso del velo, incluso entre las segundas y terceras generaciones de inmigrantes en países europeos, no forma parte de un movimiento cultural, sino que es producto de una campaña muy intensa diseñada por hombres musulmanes empeñados en atajar los movimientos a favor de los derechos de las mujeres. Campañas que debían ser combatidas de manera prioritaria. Pero no, la prioridad no son ellas.

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Bernhard Pörksen es profesor de Estudios de Medios en la Universidad de Tubinga y acaba de publicar un interesante ensayo en la revista Der Spiegel sobre cómo cubrir las informaciones relacionadas con la extrema derecha. “Ignorar deliberadamente ciertos puntos de vista inhumanos”, escribe, “no es censura, sino lo que conocemos como civilización”. Privar de difusión a puntos de vista repugnantes es razonable. No se pueden ignorar, pero sí se puede privarlos de mayor difusión.

El fenómeno de la posverdad, la creación de realidades “paralelas”, es todavía más peligroso y difícil de combatir que las noticias falsas. La posverdad manipula aún más el debate público porque interfiere con contribuciones altamente elaboradas que desvían la atención hacia asuntos que no tienen interés público pero que ayudan al objetivo fundamental de todo el entramado: lo que el filósofo francés Bruno Latour denomina “erosión de un mundo común”. La pérdida de un suelo sobre el que todos estemos instalados, al margen de nuestras creencias particulares, y sobre el que se discuten diferentes propuestas, interpretaciones o convicciones. La falta de ese suelo común, su degradación o desgaste, es el principal producto y objetivo de la posverdad.

La propaganda ha sido siempre un elemento importantísimo para regímenes autoritarios. Hannah Arendt explica en su libro Los orígenes del totalitarismo que “antes de que los líderes de masas tomen el poder de ajustar la realidad a sus mentiras, su propaganda se caracteriza por su extremo desprecio por los hechos como tales, pues, en su opinión, los hechos dependen enteramente del hombre que puede fabricarlos”.

Con el paso de las décadas, el problema, bien detectado y explicado por los expertos en los movimientos totalitarios del siglo XX, lejos de atajarse, se ha ido expandiendo, gracias sobre todo al soporte digital. Los medios digitales dan una dimensión enorme a esa realidad paralela, desconocida hasta ahora. Y sobre todo, el fenómeno de la posverdad empieza a ser utilizado por todo tipo de movimientos políticos, no necesariamente totalitarios, que perciben su utilidad como herramientas para alcanzar sus objetivos. El uso de la posverdad, la negación de un suelo común de debate, la erosión de un mundo común, se ha instalado en la política de una manera desmesurada, quizás inconsciente de su alcance, pero suicida.

¿Qué pueden hacer los periodistas frente a ese acoso de realidades paralelas? Quizás lo primero sea recordar el dicho según el cual tenemos derecho a nuestras propias creencias, pero no a hechos propios. Los periodistas dan testimonio de lo que observan y comprueban y tienen como objetivo colocar en la agenda del debate público (con un mismo suelo) temas que creen, de acuerdo con su formación y profesionalidad, que interesan o deben interesar a sus lectores, oyentes o espectadores, porque afectan realmente a su vida y a sus compromisos como seres humanos. Los periodistas, afirma el profesor Pörksen, deben privar de difusión a puntos de vista repugnantes. A relatos de posverdad.

La obligación de los periodistas de luchar por evitar la expansión de posverdades es una cuestión de profesionalidad. Es posible que muchas personas que se autocalifican de periodistas ignoren ese principio básico, pero eso simplemente testifica su alejamiento de este oficio. Los profesionales saben que una ficción compartida no deja de ser una ficción y que abandonar los hechos para convertirse en altavoces de creencias es, en palabras de Timothy Snyder, abandonar la libertad.

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Que se sepa, el Consejo General del Poder Judicial no se ha sentido concernido por esta pésima imagen de la Justicia, ni está estudiando los medios para ponerle remedio. Silencio y calma. Aquí no pasa nada. Tampoco parece que el Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo de la Constitución y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, esté calibrando el alcance de esta catástrofe ni pensando cómo conseguir que el Tribunal Supremo (empeñado en una destructiva guerra de competencias) y los partidos dejen de minar intencionada y brutalmente su credibilidad.

Los principales líderes de los partidos políticos tampoco parecen concernidos por estos descorazonadores resultados. El Partido Popular centra sus esfuerzos en su estrategia de brutal acoso al presidente Sánchez y ahora, además, en la realización de su congreso nacional, en julio. El momento elegido es bueno: atrae la atención sobre el PP en un momento complicado para el Gobierno y permitirá, si sale de acuerdo con lo previsto, apuntalar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, hasta ahora no totalmente asentado. Pero por mucho que se esfuerce por dar imagen de unidad y de estar preparado para hacer frente a sus ansiadas elecciones generales anticipadas, no habrá conseguido su objetivo si sigue sin resolver su principal dilema: cuál es y cuál será su relación con Vox. Todos los precedentes autonómicos demuestran que el PP asume las posiciones ideológicas extremistas de Vox para llegar al gobierno y ese sigue siendo su principal lastre a la hora de desmovilizar a la izquierda y atraer voto centrista.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Paso a paso y sin ningún sentido de la responsabilidad. Como se llega a la barbarie, como explicó José María Ridao en su libro La elección de la barbarie. El paso se ha acelerado en los últimos siete años por la negativa del Partido Popular a aceptar la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez al frente de una coalición con grupos independentistas y de izquierda. La brutal acometida del PP, que no tiene nada que ver con la clásica oposición y resistencia de carácter institucional que prevé la Constitución para los oponentes políticos del gobierno de turno, obliga al presidente Sánchez a hacer frente a obstáculos permanentes no derivados de su acción de gobierno, criticable en muchos aspectos, sino de actuaciones judiciales, acusaciones diversas, bulos y ataques orquestados basados en hechos externos a su actividad política. La situación se complica porque parte del Gobierno parece agotado, con ministros incapaces de neutralizar ese ambiente político y de revitalizar la vida institucional. El Gobierno necesita un nuevo impulso, reforzar las herramientas con las que hacer frente a la estrategia de demolición del PP. Sería el momento de considerar una renovación del gabinete, pero el presidente parece reacio a tomar esa decisión y, cuanto más tarda, más dificultades encuentra.

No ayudan a fijar los términos del debate político los medios de comunicación que, en términos generales, participan de esa batalla, bien intencionadamente, bien por incapacidad para huir de la trampa. Asombra, por ejemplo, que los medios públicos que denuncian correctamente la publicación de comunicaciones privadas sin interés público las reproduzcan una y otra vez, durante horas, actuando como formidables altavoces de lo que quieren denunciar. Es una muestra más de la enorme dificultad que encuentran los medios de comunicación, incluso los más profesionales, para hacer frente a las trampas que colocan los expertos en controlar el temario de la discusión pública.

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Para hacer su trabajo, la Unión Europea necesita el acuerdo interno y el liderazgo conjunto de Francia y de Alemania. Un liderazgo que bien ejercido concitaría la ayuda inmediata de otros países, desde Polonia o España a Países Bajos. Pero, si eso es así, lo primero que deben acordar Francia y Alemania es cómo hacer frente al Gobierno de Israel para impedirle, mediante todos los instrumentos que haga falta, que continúe con el despiadado ataque a los palestinos y su violación permanente del derecho internacional. El historiador israelí Ilan Pappé, crítico desde hace años con Benjamín Netanyahu, afirmó hace pocos días que “en un genocidio no hay dos bandos”.

La Corte Penal Internacional todavía no se ha pronunciado sobre la demanda presentada por Sudáfrica contra el Gobierno israelí sobre la calificación exacta de genocidio, pero cada día hay menos dudas sobre el nombre que merece la persecución que ejerce sobre la población gazatí, sometida a hambre y fuego, expulsada de sus casas y tierras, expulsada de las escuelas, privada de asistencia sanitaria y humanitaria. La Corte ya advirtió a Israel sobre la gravedad de estos hechos y reafirmó la prohibición de anexión de territorio extranjero, basada en el derecho internacional, pero aun así, la Unión Europea en cuanto tal permanece en un insoportable silencio. La sucesora de Josep Borrell como alta representante para Asuntos Exteriores, la ex primera ministra estonia Kaja Kallas, se ha limitado bochornosamente a ofrecerse al Gobierno israelí para “ayudar a distribuir la ayuda humanitaria”. Kallas se muestra hasta el momento como un ratón silencioso comparada con los esfuerzos de su antecesor para, aun sin tener el apoyo de los países miembros, recordar a Netanyahu la obligación de respetar el derecho internacional y denunciar la masacre a que se somete a los palestinos.

Lo que importa ahora es saber qué hará Alemania. El nuevo canciller, Friedrich Merz, ya ha dicho que, bajo su mandato, no detendrá a Netanyahu, pese a la orden de arresto internacional, pero eso no quiere decir que esté dispuesto a invitarle. Alemania ha sido siempre una fuerte defensora de la Corte Penal Internacional y ha sido Alemania la que ha recordado en repetidas ocasiones que los Estados pueden retirarse voluntariamente de muchos tratados internacionales, pero no del cumplimiento de la ley internacional universal. Si Alemania quiere realmente dar un nuevo impulso internacional a la Unión tendrá que afrontar la realidad de lo que está haciendo Israel. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, el primer democratacristiano en 60 años que ocupa ese cargo, normalmente reservado a liberales o verdes, pronunció con motivo del 80º aniversario de la liberación de Auschwitz un discurso en el que expresó, una vez más, su apoyo total a Israel. Solo en el último párrafo dejó abierta una pequeña puerta: “Nuestra estrecha amistad con Israel y la comprensión práctica de nuestra responsabilidad hacia él no significan que debamos observar impasibles las acciones del Gobierno israelí. Al contrario, debemos permitir que nuestra política hacia Israel se guíe por estos principios: ¿cómo podemos garantizar la seguridad de Israel a largo plazo y cómo podemos ampliar el grupo de Estados en el mundo que ven con buenos ojos a Israel? Para nosotros, la base siempre será el derecho internacional. Y eso también significa que, más pronto que tarde, debe surgir una perspectiva realista de que israelíes y palestinos convivan pacífica y prósperamente. Ambas partes deben negociar de buena fe la definición precisa de las fronteras de 1967”. Algo completamente en contradicción con la última decisión israelí de ocupar permanentemente Gaza.

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En el caos político y económico provocado por los cambios radicales introducidos por quien era el principal aliado de la Unión, Estados Unidos, Europa se presenta como el principal defensor del multilateralismo y de la existencia de reglas internacionales, frente a quienes quieren actuar simplemente con el poder de la fuerza. Es un papel esencial, importantísimo, capaz de introducir cierto orden y sentido en un momento de gran confusión e incertidumbre. No ceder ni renunciar a ese modelo multilateral internacional debe ser una de las principales tareas de la Unión Europea en su compromiso con el resto del mundo. Todo el respaldo ciudadano, de organizaciones civiles y de personas individuales, que se pueda ofrecer a ese modelo será imprescindible para garantizar su pervivencia. La Unión Europea es una construcción rarísima, sin equiparación con ninguna otra del mundo, capaz de mantener un núcleo de políticas comunes, en las que se comparte soberanía (mercado único, moneda única, comercio, agricultura), un poder ejecutivo (Comisión), un Parlamento común y un Tribunal de Justicia al que se someten todos los países miembros. Una construcción magnífica, original, llena de problemas, es cierto, pero extraordinariamente inteligente.

Las dos partes de la Unión, la que tiene soberanía compartida y la intergubernamental, atraviesan un momento decisivo. “Más Europa”, reclaman muchos de los convocantes de la manifestación y, sin duda, hace falta que la Europa comunitaria termine de consolidar sus avances, especialmente en lo relativo a la moneda única, carente aún de una imprescindible política fiscal común y de políticas económicas coordinadas. Pero también es fundamental proteger la parte puramente intergubernamental, amenazada por la actitud de un escaso grupo de pequeños países miembros como Hungría o Eslovaquia, con gobiernos ultraderechistas, que aprovechan la regla de la unanimidad para frenar cualquier posible profundización. La única manera de sortear esos vetos es apostar de manera decidida por la cooperación reforzada entre aquellos países miembros que quieran avanzar en proyectos comunes. Y para eso, es imprescindible que Francia y Alemania recuperen su papel impulsor y coordinado. Sin París y Berlín no se podrá avanzar, y con ellos coordinados será posible que otros países como Polonia, o la propia España, se sumen a esos nuevos proyectos.

El más inmediato es la llamada Europa de la Defensa, que es obvio que no puede desarrollarse si se exige unanimidad, pero que puede avanzar si se plantea en el plano intergubernamental. Esa vía es aún más aconsejable para poder unir a los acuerdos a países como el Reino Unido, pero también a Canadá o, incluso, a Japón o India.

El futuro de España no se puede aventurar sin saber cómo va a evolucionar la Unión Europea en los próximos años. La fórmula elegida para la construcción europea no tiene precedente en la historia de las ideas políticas. Nadie puede predecir el camino que recorrerá la Unión, pero de lo que no cabe duda es que lo conseguido hasta ahora es ya algo extraordinario. En estos 68 años, desde la firma del Tratado de Roma, ha conseguido mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos hasta límites nunca soñados y destruir los fundamentos de varios siglos de luchas entre Francia y Alemania. Los riesgos de caer en la parálisis son ahora grandes, enfrentados a antiguos aliados, a una nueva guerra en Ucrania y a las propias presiones de países como Hungría, dispuestos a bloquear cualquier avance. Toda la ayuda que podamos aportar los ciudadanos, manifestando nuestro orgullo por lo que significa la Unión, está más que justificada. ¡A la calle, europeos!

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Relatos en prensa local (cada vez más interesante y necesaria) recogen testimonios de este tipo de desplazados internos. En Nuevo Hampshire, por ejemplo, dan cuenta de profesores incómodos con una ley estatal, aprobada ya en 2021, que prohíbe la enseñanza de “conceptos divisorios”, es decir, temas relacionados con el racismo estructural en sociedades blancas, o similares. En ese Estado incluso existe una web donde denunciar a los profesores que, según padres o alumnos, incurren en semejante pecado mortal, que puede llevar a su despido. En Idaho se cuenta que uno de cada cuatro médicos obstetras ha cambiado o piensa cambiar de Estado. Lo importante es que no se trata de casos muy puntuales, sino de una corriente subterránea que está apareciendo en los 13 Estados que han abrazado políticas educativas, sociales o de salud pública profundamente regresivas.

Desde el punto de vista de Europa, los movimientos más interesantes se registran en la comunidad científica, donde las decisiones de la Administración de Trump causan miedo creciente. Las órdenes de Trump provocan caos en agencias y organismos encargados de investigaciones científicas de todo tipo no solo por los recortes que introduce en su financiación, sino por las nuevas normativas que impiden desarrollar trabajos o tomar decisiones en las que aparezcan palabras malditas como “género”, “persona transexual”. Los editores responsables de 28 revistas especializadas en problemas de adicciones han firmado un manifiesto conjunto en el que llaman la atención de sus lectores “sobre los cambios abruptos y drásticos en la política científica que está implementando el actual Gobierno estadounidense”.

La incomodidad de buena parte de la comunidad científica estadounidense está siendo observada con mucha atención en Europa. Un país de seis millones de habitantes como Noruega, que no es parte de la Unión Europea —­entre otras cosas por su riqueza petrolera—, acaba de aprobar un plan financiero de más de ocho millones de euros para la contratación de investigadores “de otros países”, alusión encubierta a EE UU. La ministra del ramo lo dejó claro: “Es importante que Noruega sea proactiva en un contexto tan complejo para la libertad académica, sometida a presión en Estados Unidos”.

La rápida reacción de ese pequeño país es solo una muestra del movimiento que recorre el mundo académico e investigador de toda Europa, convencido de que es una oportunidad para repatriar talentos emigrados en su momento en busca de las facilidades de investigación y excelentes salarios de Estados Unidos y que ahora empiezan a considerar “otras posibilidades”. Y no solo talentos europeos, sino talento latinoamericano y estadounidense que tampoco cierra las puertas a emigrar a otros países más tolerantes.

Nada de todo eso será posible si, como escribían en un reciente artículo en EL PAÍS el profesor Andreu Mas-Colell y sus colegas del Instituto Einaudi, de Roma, la Unión Europea no incorpora rápidamente en sus perspectivas financieras un capítulo que permita ofrecer “paquetes retributivos atractivos”, flexibilidad institucional y paciencia estratégica para mantener el rumbo. Todo combinado con una cooperación intraeuropea, que lleve a la figura del “profesor europeo”. Al fin y al cabo, por mucho que las instituciones científicas de la UE no se encuentren hoy entre las primeras del mundo, ha sido Europa la que ha desempeñado un papel fundamental en otras coyunturas críticas en el desarrollo de lo que se puede calificar de “megaciencia global”.

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El movimiento tecnócrata y su relación con el ansiado y añorado “sueño americano” fue estudiado sobre todo en un libro publicado hace ya muchos años por un profesor de la Universidad de Berkeley llamado William E. Akin. El libro ha sido objeto últimamente de algunas relecturas y críticas, pero especialmente por la catedrática de Historia Americana de la Universidad de Harvard Jill Lepore, responsable de un curioso podcast de la BBC titulado X Man: The Elon Musk Origin Story (el hombre X: la historia de los orígenes de Elon Musk).

Akin recuerda en su libro que la tecnocracia tuvo un breve pero brillante momento de gloria defendiendo que la fabricación y distribución de productos era un problema técnico que debía tener soluciones técnicas. Para cada problema de la vida social existía también siempre una respuesta técnica adecuada. Por muy breve periodo de tiempo, esa tecnocracia ocupó más primeras páginas de los periódicos estadounidenses que el socialismo, el comunismo o el fascismo. “Por un momento, fue posible que gente sensata creyera que América elegiría conscientemente convertirse en una tecnocracia”, escribió. Entre noviembre de 1932 y marzo de 1933, The New York Times, por ejemplo, publicó 100 artículos sobre ese movimiento, explica, por su parte, Lepore.

La catedrática de Historia Americana se asombra de lo poco novedosas que resultan las propuestas de Elon Musk y su DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) si se comparan con las de su abuelo (que fue quien emigró a Sudáfrica, donde nació Elon Musk). Los tecnócratas de la época pensaban que se podía reemplazar a la totalidad de los funcionarios y representantes políticos electos por ingenieros y tecnólogos, hasta crear esa especie de tecnocanato, donde fuera posible que todo funcionara y la prosperidad inundara todos los rincones del país. Algunos de los tecnócratas de aquellos años treinta también pensaron que sería buena idea incorporar a México y Canadá como nuevos Estados de la Unión (se conoce que Groenlandia todavía era poco conocida).

El trabajo de Lepore incluye fantásticas anécdotas. En el tecnocanato ideado por Haldeman, los individuos no tendrían nombres, sino números. Uno podía llamarse, por ejemplo, 1x1809x56. Elon Musk está tan influido por lo que le contaron o averiguó de su abuelo ­Joshua que uno de sus propios hijos se llama, en teoría, X Æ A-12 (a saber cómo le llaman su madre o sus profesores). Los tecnócratas de los años treinta creían que la democracia era un sistema político fracasado y no parece tampoco que Elon Musk le tenga especial aprecio (recuérdese su saludo nazi, brazo en alto).

Aquel movimiento tecnocrático acabó desapareciendo, sobre todo porque llegó al poder el demócrata liberal F. D. Roosevelt, que en poco tiempo puso en marcha el new deal, capaz de insuflar esperanza a las clases más afectadas por la Gran Depresión. Roosevelt y su secretaria (ministra) de Trabajo, Frances Perkins, pusieron en marcha una nueva legislación laboral, con un salario mínimo, ayudas a parados y a agricultores agobiados por hipotecas y préstamos, así como nuevas regulaciones fiscales y financieras. Es decir, pura política.

Es conocido que el presidente Roosevelt firmó en los primeros días 99 órdenes ejecutivas, una marca que Donald Trump, que parece obsesionado con destruir todo lo que simbolizó aquella presidencia, se ha empeñado en romper no solo con nuevas propuestas, sino simplemente anulando órdenes anteriores a su llegada a la Casa Blanca.

Otra anécdota que cuenta la profesora Lepore: al abuelo Haldeman, que nació en Minnesota, Estados Unidos, pero creció en Canadá, donde se metió en política, le fue denegado en una ocasión el acceso a Estados Unidos por tratarse de “un extranjero que podía perjudicar la seguridad pública”.

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El problema no es que los europeos no apoyen la Unión, sino que están esperando una respuesta más firme que la que están proporcionando en estos momentos Von der Leyen o los restantes miembros de la Comisión. La debilidad de la presidenta, incapaz de dar una repuesta fuerte, sin vacilaciones, a las amenazas comerciales de Estados Unidos y a las brutales declaraciones de Trump (“están viniendo a besarme el culo”) provoca desconcierto entre muchos europeos que no comprenden por qué se acepta sin más que Estados Unidos pueda romper todas las normas internacionales y modificar unilateralmente los aranceles, no solo sin ningún tipo de negociación previa dentro de los organismos multilaterales creados para esas circunstancias, sino sin tan siquiera una explicación razonada.

Si la debilidad del mensaje de Von der Leyen es llamativa, también lo es el silencio de la vicepresidenta Teresa Ribera, responsable de la política verde y de la importante cartera de Competencia dentro de la Comisión. Es cierto que Ribera mantuvo casi siempre en España un perfil muy técnico, con muy pocas intervenciones de raíz política, pero su silencio en su nuevo papel en Bruselas es más inexplicable porque muchas de las cosas que están sucediendo afectan a sus competencias. Si se pretende retrasar la propuesta de la Ley Europea del Clima o se aguan los objetivos de reducción de emisiones (90% para 2040) para hacer frente a la crisis, sería ella quien debería alzar la voz y plantarse. Como también es competencia suya vigilar que las grandes compañías tecnológicas estadounidenses respeten la normativa digital de la Unión, amenace o no Trump con todos los males del infierno. Ribera ocupa un cargo esencial dentro de la Comisión y debería estar dispuesta a un mayor protagonismo político dentro de esta guerra.

Quien sí está reclamando un mayor protagonismo dentro de la UE es el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con su viaje a China y sus declaraciones a favor de una mayor apertura del mercado europeo a los productos chinos (llamó la atención su posicionamiento respecto a los coches eléctricos, por ejemplo). No es fácil descifrar cómo acogieron ese viaje Alemania o Francia. Aunque en Alemania todavía no ha tomado posesión el nuevo canciller, Friedrich Merz, es obvio que tanto Ursula von der Leyen como Pedro Sánchez mantienen contacto con el político alemán. Merz es esperado como agua de mayo en sectores de la Comisión que no comprenden bien la actitud pasiva de Von der Leyen y creen que el nuevo canciller podría insuflarle más energía a su compatriota.

Mas indescifrable desde el punto de vista de la política exterior parece aún el sentido del viaje del ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, a Washington para entrevistarse con su colega estadounidense. Desde el punto de vista de la política interior, sin embargo, el viaje es valioso porque coloca a Cuerpo como el interlocutor español para todo el dossier de aranceles y seguramente le impulsa como personaje político de primer orden y con opciones a la vicepresidencia primera en cualquier eventual reajuste de gobierno. El protagonismo en la crisis lo desempeña, sin duda, el propio presidente Sánchez, muy activo en el plano internacional, pero es seguro que Carlos Cuerpo ocupará un papel más relevante que el discreto desempeñado hasta ahora, al igual que toma fuerza la experiencia política del ministro Luis Planas, que acompañó sorprendentemente al presidente en el viaje a Vietnam y China, y que es, además, superespecialista en temas europeos.

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La propuesta de Urkullu, se supone que aprobada por el PNV y quizás tanteada en otros ambientes, tiene una virtud indudable: ya no se habla de un inviable referéndum de autodeterminación y se reconoce que la única vía de reforma de la estructura territorial de España, el llamado Estado de las autonomías, es el dialogo y el acuerdo. Siempre es bueno que se reconozca que ni la violencia ni las acciones unilaterales, ampliamente derrotadas, pueden lograr ese objetivo.

La confusión se introduce cuando propone que esa reforma territorial (cuyo alcance no se precisa) se logre sin reformar la Constitución, mediante un pacto de “reinterpretación” no se sabe muy bien entre qué interlocutores. ¿Se trata de una negociación entre “el Estado” y las tres comunidades que se consideran históricas (Euskadi, Cataluña y Galicia)? ¿Y a quién representa el interlocutor nombrado por el Gobierno? ¿A 14 de las 17 comunidades que integran ese Estado? ¿Se acepta además que Andalucía no forma parte de las comunidades “históricas”, en contra de la opinión del PSOE? ¿Qué pasa si el representante de Galicia, con gobierno popular, no quiere asistir? Si al final, lo que se pretende es volver a una mesa entre partidos políticos que ayude a aclarar en qué consisten exactamente los cambios que los partidos nacionalistas quieren introducir en la estructura territorial del Estado, puede ser útil, pero siempre será mejor no denominarla “convención” porque las palabras ambiguas no suelen hacer avanzar el conocimiento.

En cualquier caso, el principal problema de esa “convención” es que si lo que se pretende es llegar a un pacto para reformar leyes que supongan una reinterpretación de la Constitución, ya existe un lugar donde pactar, el Parlamento, y un lugar donde se decida si esa “reinterpretación” es viable o no, el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no llevar ese debate, perfectamente legítimo, a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados? Algunos recuerdan que buena parte de la propia Constitución de 1978 se negoció entre representantes de dos partidos (uno en el Gobierno, UCD, y otro en la oposición, PSOE) fuera del Parlamento, en reuniones privadas y secretas a las que se fueron incorporando después representantes de otros partidos. Muy cierto, sucedió así, pero, precisamente, porque no existía una Constitución escrita, que fijara claramente las estructuras del Estado ni los mecanismos democráticos para reformarlos. Ahora esos mecanismos están perfectamente claros y han sido testados con eficacia.

El debate en la comisión correspondiente del Congreso podría además facilitar el buen fin de las “reinterpretaciones constitucionales”, porque, de una manera o de otra, solo llegarán a buen puerto con el acuerdo del principal partido de la oposición, el PP. Es obvio que la actitud del Partido Popular ha sido tan irracional que no es fácil contar con que pueda participar constructivamente en un debate parecido, pero, en realidad, es el Partido Popular el que más necesita esos acuerdos para poder volver a contar con que algún día la derecha vasca y la catalana le aúpen al Gobierno de España, sin Vox. Algún día, algún dirigente del PP hará lo necesario. Y algún día los nacionalistas comprenderán lo que hace muchos años les explicó Javier Pradera: “Tenéis que daros cuenta de que, dentro de cien años, la comunidad de La Rioja será una comunidad histórica”.

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El silencio que rodea lo que está ocurriendo en Gaza es quizás uno de los hechos más terroríficos de este siglo XXI. ¿Cómo se explica que el asesinato de 14 trabajadores de la Cruz Roja (la Media Luna Roja) y de Naciones Unidas ocurrido el pasado 23 de marzo no haya levantado un verdadero clamor internacional y provocado la inmediata reacción contra el Gobierno israelí, responsable de esos asesinatos? No caben dudas sobre lo ocurrido: los cuerpos, y sus vehículos, fueron encontrados por un convoy enviado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA). Todos los muertos estaban a su vez intentando localizar a otros dos trabajadores paramédicos desaparecidos un día antes. Según declaró Jonathan Whittall, uno de los responsables de OCHA, los médicos, enfermeros, conductores de ambulancia y trabajadores sociales recibieron disparos “uno a uno”. Su colega, el director de la OCHA, Tom Fletcher, afirma: “Sus vehículos estaban bien identificados como pertenecientes a Naciones Unidas y a la Cruz Roja”. Según los reporteros de The Guardian, dos testigos les dijeron que algunos de los cuerpos aparecieron con las manos atadas.

Omer Bartov negó en un artículo publicado en 2023 que lo que estaba ocurriendo en Gaza fuera un genocidio, sino, quizás, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Cambió de opinión, sin embargo, en agosto de 2024, después de una estancia en Israel. Lo que más le inquietó fue el terrible adormecimiento de la población israelí, que fue capaz en su día (1982) de salir a la calle para protestar por la masacre de Sabra y Chatila y que hoy parece tener “una absoluta incapacidad para sentir empatía por la población de Gaza”. La mayoría, asegura, ni siquiera quiere saber lo que ocurre en Gaza, y este deseo se refleja en la cobertura televisiva. La mayoría de la población israelí se mueve hoy por un sentimiento de rabia y miedo, un deseo de restablecer la seguridad a cualquier precio y “una desconfianza total en las soluciones políticas, las negociaciones y la reconciliación”.

Bartov se reunió con grupos de jóvenes soldados que habían participado en acciones militares en Gaza. “A diferencia de la mayoría de los israelíes, estos jóvenes habían presenciado la destrucción de Gaza con sus propios ojos. Me pareció que no solo habían interiorizado una visión particular que se ha vuelto común en Israel —a saber, que la destrucción de Gaza como tal fue una respuesta legítima al 7 de octubre—, sino que también habían desarrollado una forma de pensar que observé hace muchos años al estudiar la conducta, la cosmovisión y la autopercepción de los soldados del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Habiendo interiorizado ciertas visiones del enemigo —los bolcheviques como Untermenschen [infrahumanos]; Hamás como animales humanos— y de la población en general como menos que humanos e indignos de derechos, los soldados que observan o perpetran atrocidades tienden a atribuirlas no a sus propias fuerzas armadas, ni a sí mismos, sino al enemigo”.

El dolor que expresa el profesor Bartov es compartido, sin duda, por una parte seguramente muy minoritaria de la población israelí, cada día más preocupada por el efecto de este adoctrinamiento en sus jóvenes soldados. Dolor ante la posibilidad de que la sociedad israelí termine con los años responsabilizando a los mandos y a los políticos que ordenan esas acciones sin comprender que son los soldados quienes sufren las consecuencias y quienes son también responsables de esas acciones. Sus hijos, los profesores de sus niños, los funcionarios, dependientes, obreros o empresarios tendrán responsabilidad en la erradicación de Gaza y algún día no podrán decir que solo respondieron a ataques o que se enfrentaron al enemigo. ¿Eran el enemigo los médicos, enfermeros, conductores de ambulancia y trabajadores sociales de la Cruz Roja y de Naciones Unidas?

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Los precedentes, no solo en Derecho, sino en política son cosa seria, porque abren puertas que están cerradas y las abren de par en par. Sentado el precedente, es muy probable que las futuras nuevas mayorías se aprovechen de ese vano y se escurran por él tantas veces como les convenga. Así que Washington era un político muy sensato.

Es de esperar que el Gobierno de Pedro Sánchez se lo piense muy bien antes de decidir no presentar ante el Congreso de los Diputados, aunque sea con mucho retraso, un proyecto de presupuestos para 2025, tal y como establece el artículo 134 de la Constitución. Es verdad que existen precedentes de prórroga anual de presupuestos, algo que ocurrió en varias ocasiones durante los gobiernos de Mariano Rajoy, por ejemplo, pero una cosa es prorrogar las cuentas del año anterior porque las nuevas no han sido aprobadas y, otra, no presentarlas y directamente prorrogarlas. Eso consistiría, no ya el aprovechamiento de un precedente, sino una violación directa de la norma constitucional. Un precedente nuevo y muy peligroso.

En realidad, recurrir a un precedente sería presentar los presupuestos, no conseguir que los apruebe el Congreso y aun así, no presentar la dimisión. De eso sí que el PP ha dejado establecidos varios precedentes que la nueva mayoría socialista puede presentar y utilizar. Es cierto que el rechazo de proyecto de ley de presupuestos supondría un descalabro político importante para Sánchez, pero no que estuviera obligado directamente a presentar la dimisión. Los usos democráticos aconsejaban esa dimisión, pero esos usos fueron cambiados en su día en virtud de la excepcionalidad alegada por el PP.

El precedente tiene mucha fuerza, aunque no es siempre decisivo. El Tribunal Supremo estadounidense, por ejemplo, ha cambiado en ocasiones el sentido de sentencias de mayorías anteriores, a veces para darle un empuje más progresista y, a veces, para dárselo más conservador. Pero la nueva mayoría —explicaba la jueza Amy Coney Barrett, nombrada por Donald Trump en su primer mandato— tiene la obligación de explicar por qué la visión constitucional de sus predecesores es defectuosa y de defender por qué la suya no. Para justificar la prórroga del presupuesto anterior y seguir en La Moncloa, Sánchez dispondría de suficientes argumentos, desde la incierta situación internacional hasta la estabilidad que necesita la buena marcha de la economía.

Por último, un proyecto de ley de presupuestos para 2025, aunque no tuviera futuro (y habría que negociarlo hasta el último suspiro), ayudaría a dar a los ciudadanos, y a los grupos parlamentarios, información sustancial sobre uno de los temas candentes: cómo alcanzar los porcentajes de gasto en seguridad (es decir, en defensa) comprometidos con la Unión Europea sin retocar, “ni en un euro”, dijo el presidente esta semana, del gasto social. Más teniendo en cuenta que el incremento del PIB, una excelente noticia, implica que el 2% comprometido supone cantidades finales superiores a las actuales, por mucho que, según el propio presidente Sánchez, se haya ido produciendo ya parte de ese incremento, de manera más o menos solapada (algo de lo que ningún gobierno debería vanagloriarse).

Cuando un político afirma que se siente legitimado para llevar a cabo una acción determinada “porque existen procedentes”, debería tener cuidado en recordar si alude a precedentes que justamente rechazó en su momento. Utilizar los agujeros abiertos por el gobierno del partido adversario no ayuda a prestigiar su propia acción, sino a desconcertar a los ciudadanos. En política, cuanto menos se aluda a precedentes, mejor, porque en la mayoría de los casos se trata de malditos precedentes.

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Cierto que el presidente Trump no vería mal que desapareciera, como desapareció en su día la Sociedad de Naciones, empeñado como está en volver a un mundo de simple y feroz ejercicio de poder, con áreas de influencia delimitadas por él mismo. Cierto que Putin ha vulnerado la integridad territorial de Ucrania y que pretende meter al resto del país, a empujones, en su propia área de influencia. Todo eso es verdad, pero aun así, Naciones Unidas es un foro que debería ser defendido con uñas y dientes por Europa y el resto del mundo, porque en él Estados Unidos, Rusia e Israel quedan en evidencia una y mil veces. Trump puede abandonar la ONU, pero allí seguirá estando seguramente China y 191 países más. Cada vez que esos países votan y Estados Unidos veta se demuestra que la norma sigue ahí, que Estados Unidos, Israel o Rusia la ignoran, pero que sigue existiendo esa Carta fundacional, y que hay países importantes que quieren seguir respaldándola.

Aunque no parezca importante, lo es, y mucho, que más de 190 países de todo el mundo digan “no” a esa ruptura del orden internacional acordado en 1945, un orden internacional que nació al servicio de Estados Unidos, y que hoy puede resultar, curiosamente, de mayor interés para China. Trump, Putin y Netanyahu tendrán siempre en ese foro internacional quien les diga que están rompiendo el orden pactado, que no tienen razón, y que el principio de integridad territorial y de dignidad del ser humano sigue siendo válido.

El bloqueo que llevan a cabo Trump y Putin, y la incapacidad de Europa para, por lo menos, denunciar los crímenes del Gobierno israelí, han colocado en una posición muy difícil al actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, que permanece prácticamente inmovilizado. Quizás hubiera hecho falta en estos momentos un personaje con más carácter y empuje al frente de la ONU, pero el mandato de Guterres no acaba hasta finales de 2026. Ojalá tome el relevo alguien con personalidad y nervio. Dado que hasta ahora ha habido nueve secretarios generales todos hombres, sería razonable que esta vez fuera elegida una mujer. Candidatas con experiencia y carácter hay suficientes. Según la Carta de Naciones Unidas el nombramiento lo hace la Asamblea General, a propuesta del Consejo de Seguridad (15 miembros, cinco con derecho a veto).

Por muy mal que percibamos en estos momentos el papel de la ONU, conviene recordar el consejo de quien fue su segundo secretario general, el sueco Dag Hammarskjöld, en una época especialmente dura de la Guerra Fría, animando a los países miembros a no renunciar a ese nuevo orden multilateral basado en normas y defensa de la dignidad humana, nacido en 1945: “Nunca midas la altura de una montaña hasta que hayas alcanzado la cima. Y entonces podrás ver lo baja que era”. Hammarskjöld fue un diplomático extraordinariamente activo que se implicó en la descolonización de África y que luchó por mejorar la condición de vida de los palestinos en Oriente Próximo. Murió en el ejercicio de su cargo, en 1961, en un nunca bien aclarado accidente aéreo. Poco antes, frente a la Academia sueca, pronunció un importante discurso: “Creo que deberíamos morir con decencia para que al menos la decencia pueda sobrevivir”.

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El hecho es que las circunstancias internacionales obligan a producir un cambio fundamental en la política de defensa de este país. La UE necesita aumentar su gasto militar para tener suficiente capacidad disuasoria frente a quienes pretenden alterar o destruir su modo de vida, pero, precisamente por eso, no tendría sentido que fueran los mismos europeos, empezando por los españoles, los que, aplastados por las presiones, destruyeran ese modo de vida, que se resume en tres palabras: Estado de bienestar. Ese es el debate abierto en Europa. Nada de eso se producirá en España, asegura el presidente del Gobierno, pero donde tiene que adquirir ese compromiso no es ante los periodistas, sino en la sede de la soberanía popular, es decir el Congreso de los Diputados.

El gran debate europeo es cómo conciliar las dos urgencias, ser capaz de disuadir cualquier ataque sin diluir el Estado de bienestar, que garantiza esa cohesión europea. Las presiones serán formidables y sería inconcebible que el debate se hurtara al Parlamento español. Promoverlo es responsabilidad de Pedro Sánchez. Después, cada grupo aguantará su vela. Por el momento, se ignora la del principal partido de la oposición, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, no termina de anunciar una posición clara. La única postura clara en este momento es la de Podemos, rechazo del gasto militar, un lema que puede convertirse en su bandera electoral, aunque no está de más recordar que Bertrand Russell, que mantuvo una postura rotundamente pacifista en la I Guerra Mundial, hasta el extremo de que fue encarcelado seis meses por ello, cambió de posición en la II: “La izquierda quiere mandar una delegación al Etna y pedirle que no entre en erupción”, escribió.

La cuestión es que estamos a mitad de la XV legislatura y todo parece indicar que, desgraciadamente, en esta segunda etapa, pese a todo, el protagonista no va a ser el Parlamento, sino el Tribunal Constitucional, pendientes todos no solo de los términos de su sentencia sobre la ley de amnistía, sino también sobre el articulado de la llamada ley del solo sí es sí o sobre la posibilidad de delegar funciones exclusivas del Estado. Va a haber mucho más debate en el Tribunal Constitucional que en el Congreso de los Diputados. Como escribió el exministro Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona en su reciente libro De derecho, política y democracia. 1962-2024: “El cambio climático en nuestro país consiste en una degradación del diálogo político, en un encono y unos enfrentamientos verbales parlamentarios que causan sonrojo”.

La Moncloa cree que la legislatura puede llegar a término incluso sin nuevos Presupuestos y sin mayores debates. Opina que puede resistir basándose en los avances sociales del primer periodo (mejora del salario mínimo, subida de pensiones, incremento del gasto sanitario) y en la intensa actividad internacional del presidente del Gobierno. Es posible, pero la lista de los serios problemas que persistirán durante el resto de la legislatura es larga. El principal es el deterioro de las instituciones democráticas: Tribunal Supremo (enfrascado en una pelea con el Tribunal Constitucional), la Fiscalía General del Estado (sometido su titular a una insólita investigación judicial), el Banco de España (con otro exministro al frente, muy capacitado, pero rechazado por la oposición). Incluso es un problema democrático el deterioro del principal partido de la oposición, el PP, hundido en el agujero negro en el que le ha metido Carlos Mazón. Todo ello acompañado por el mencionado deterioro del Congreso, que es capaz de ir aprobando leyes (25 hasta el momento), pero incapaz de promover un debate político ordenado.

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La mayor prueba que pasó la confianza de los españoles en la UE tuvo lugar cuando la crisis financiera de 2008, que provocó enormes recortes en el gasto social para garantizar el pago de la deuda a los bancos europeos (un artículo que se introdujo en la Constitución sin debate y casi a hurtadillas bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero). La crisis de la covid y los fondos Next Generation permitieron, sin embargo, recobrar parte de esa confianza, que se sitúa hoy en el 70%.

Ahora, los europeístas españoles van a tener que pasar por otra importante prueba, si, como está previsto, se pone en marcha un gran proyecto de rearme, cara a la defensa de Ucrania y la seguridad de toda Europa. De momento, existe una gran indefinición sobre la manera en la que se supone que se va a financiar esa enorme inversión: ¿se permitirá la emisión de más deuda en cada país? ¿Se emitirá más deuda europea? ¿Se aumentarán los impuestos? ¿A quiénes? ¿Se recortarán gastos? ¿Cuáles? Lo lógico sería pensar que la posición en Bruselas de cada país en estos extremos debería ser respaldada previamente por los respectivos Parlamentos. Muy difícil parece en España, donde ni siquiera se ha producido un debate específico en el Congreso de los Diputados sobre la crisis de Ucrania y la posibilidad de que las mayores garantías para su defensa no sean asumidas por el conjunto de la Unión sino por un grupo de países miembros. ¿Hasta dónde puede llegar la implicación de España en esa defensa? ¿Formará parte del grupo más comprometido, incluso con el envío de tropas para el mantenimiento del posible acuerdo de paz (o de alto el fuego), o se limitará a los aspectos financieros y de abastecimiento de material?

En teoría, el debate en el Congreso de los Diputados no debería ser bronco, dado que los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, mantienen posiciones parecidas, como se observa cotidianamente en el Parlamento Europeo, donde los grupos Popular y Socialdemócrata coinciden ampliamente. Es muy posible que la Democracia Cristiana del futuro canciller alemán, Friedrich Merz, acepte implicarse con el envío de tropas de interposición. Alberto Núñez Feijóo no está en posición de discrepar de Merz, con quien necesita imperiosamente anudar buenos lazos. El debate parlamentario español no se desarrolla, sin embargo, ni mucho menos, por los mismos cauces que en Bruselas. Por un lado, Feijóo podría aprovechar para atraer a votantes de Vox, desconcertados por el apoyo a Putin y el abandono a los ucranios, en su mayoría cristianos devotos de la Virgen y de Jesucristo. Por otro, el líder del PP no parece dispuesto a dejar pasar ninguna ocasión, ningún debate, ningún momento para pedir la dimisión de Sánchez y colmarle de todo tipo de críticas, por más que ya esté convencido de que el presidente va a acabar la legislatura. Por su parte, Sánchez acaba de convocar en la Moncloa al líder de la oposición, junto a los demás grupos parlamentarios (excepto Vox) para explicarles la situación, pero este tardío gesto no implica el menor “acercamiento estratégico”. “Ni va a pasar ni tiene sentido que pase”, asegura un antiguo ministro del PP: “Ni Feijóo va a hacer un gesto de buena voluntad ni Sánchez se puede olvidar de la mayoría que le sustenta en el Gobierno, es decir, de los votos de Sumar y Podemos”.

Según el Eurobarómetro publicado en la primavera de 2024, el 68% de los españoles pensaba que la Unión Europea es “un espacio de tranquilidad en medio de un mundo agitado” y apoyaba políticas comunes de seguridad y defensa (84%), emigración (84%) y energía (81%). Será muy interesante observar qué cambios registra la próxima encuesta.

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Parece difícil que el actual Tribunal Supremo pueda dar una sorpresa semejante y convertirse en el freno de los excesos del presidente Donald Trump, pero aun así algunos sectores del mundo jurídico y académico de Estados Unidos no pierden la esperanza. Al fin y al cabo, solo hay dos medios para poner límites al poder de Trump (y de su valido, Elon Musk). El primero, que algunos senadores y congresistas republicanos que deben revalidar su mandato a finales de 2026, crean que sus electores les exigirán distanciarse de la desmesura de la Casa Blanca y actúen en consecuencia; o que el actual presidente del TS, John Roberts, de 70 años, un conservador moderado nombrado por Bush, luche por influir en sus colegas, algo difícil porque ya perdió mucha influencia cuando en 2012 decidió, en el último minuto, apoyar la reforma sanitaria de Obama, odiada por sus colegas conservadores.

Aun así, la llama de la esperanza se mantiene. Como explican los profesores Miguel Beltrán y Julio V. González en su Análisis de las sentencias básicas del Tribunal Supremo (BOE), “la vida cotidiana, los derechos y libertades de los ciudadanos de Estados Unidos han sido diseñados, sentencia a sentencia, por los tribunales y muy singularmente por el Tribunal Supremo”. Es decir, no se sustentan en leyes aprobadas por el Congreso, sino en decisiones de esa Corte Suprema. En los próximos meses es muy posible que lleguen a ese TS asuntos tan diversos como la anunciada deportación de millones de personas por su mera condición de inmigrantes no documentados; la abolición de la ciudadanía por nacimiento; los despidos, no ya de los jefes de departamentos de la Administración pública, sino de miles de funcionarios considerados como “enemigos”; la prohibición de acceso a medicamentos abortivos, aun en los Estados donde esa práctica médica sigue siendo legal; o la eliminación del derecho de los medios de comunicación a tener acceso a fuentes públicas de información.

El actual TS (nueve miembros, de los cuales Trump nombró tres, otros tres corresponden a la época de Bush hijo, dos a la de Obama y uno a la de Biden) ya adoptó una decisión asombrosa al establecer la impunidad del presidente de EE UU frente a cualquier investigación de índole penal por decisiones tomadas en ejercicio de su cargo, pero aun así, sigue constituyendo la esperanza de muchos juristas de que el Ejecutivo no avasalle la jurisprudencia de anteriores etapas del tribunal, esencial en la historia de la consolidación de los derechos civiles. “Es inútil buscar ayuda en el Congreso, dado el control republicano, así que el control (las barandillas, si las hay) tendrá que venir del Tribunal Supremo. La necesidad es acuciante”, escribe Linda Greenhouse, profesora de Derecho en Yale y antigua corresponsal jurídica de The New York Times.

Algunos casos parecen casi evidentes, pero en estos momentos nada debería darse por supuesto. Por ejemplo, está la demanda interpuesta por la Agencia Associated Press (AP, una de las grandes instituciones informativas de EE UU, fundada en 1846) por prohibir que su corresponsal en la Casa Blanca asista a las ruedas de prensa del presidente Trump hasta que la agencia no acepte cambiar la denominación del golfo de México por golfo de América. Hasta ahora el pool que cubría las conferencias del presidente era elegido por la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca, pero Trump ha decidido reclamar ese derecho, lo que ha provocado la inmediata protesta de la asociación. Ya se sabe lo que piensa Trump de los derechos de los periodistas: ante una multitud en Texas en 2022, sugirió que la amenaza de ser violado en prisión podría ser suficiente para obligar a un periodista a identificar una fuente anónima: “Cuando esta persona se dé cuenta de que pronto será la novia de otro prisionero, dirá: ‘Me gustaría mucho decirles exactamente quién fue”, relata la revista de la Facultad de Periodismo de Columbia. Sea como sea, es muy posible que el caso de AP termine siendo examinado por el Tribunal Supremo. Hasta ahora su jurisprudencia ha estado inequívocamente a favor de la libertad de prensa, pero nada puede darse por seguro. ¿Moverán al menos un dedo para frenar tanta desmesura o moverán la cola?

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De eso se habla en los parlamentos de nuestros vecinos, de cómo mantenerse unidos y defender el multilateralismo, de cómo actuar rápidamente para hacer frente a los desafíos tecnológicos o de cómo mantener contra viento y marea la dimensión social de Europa, tan a menudo manoseada por la derecha. Conviene escuchar al propio Mario Draghi, que esta semana en el Parlamento Europeo recordó que, si se observan los hechos, “para tener un mayor crecimiento de la productividad y una economía en pleno auge no es necesario destruir el modelo de protección social (…). Queremos crecer más y mantener nuestro modelo de protección social, sobre todo porque es esencial en tiempos de profundos cambios tener una sociedad cohesionada”.

Mientras, en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha convocado aún una sesión para informar al Congreso de los Diputados de sus conversaciones con sus colegas europeos ni de la posición que está adoptando el Gobierno de España, tanto en esas reuniones informales como en los encuentros formales de la OTAN y la UE. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se queja de esa falta de información, pero ha sido incapaz de explicar cuáles son sus posiciones, sino que se mueve en una extraña nebulosa, paralizado a la hora de exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deje de entrometerse en temas de política exterior que le competen a él, o de ordenarle que deje de comprometer al PP con las políticas de Donald Trump, claramente perjudiciales para los intereses de España, no solo por los anunciados aranceles comerciales, sino también por su desprecio del idioma español y su maltrato a emigrantes latinos.

La posición del PSOE y del propio Sánchez está clara, un alineamiento sin fisuras con los valores más clásicos de la Unión Europea y un apoyo notable a las propuestas y decisiones de la Comisión, dirigida por la democratacristiana Ursula von der Leyen. Sánchez, que puede convertirse hoy formalmente, según lo que suceda en las elecciones alemanas, en el representante más importante de la socialdemocracia en la OTAN y la UE, intenta reproducir en la UE la alianza básica entre socialdemocracia y democracia cristiana, pero esos esfuerzos brillan por su ausencia en el escenario español. Claro que el líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, no facilita las cosas y no ha modificado ni un ápice su línea de confrontación total con el presidente del Gobierno, que se reduce a un único mensaje: váyase.

Núñez Feijóo tiene que darse prisa en alinearse con sus colegas del Partido Popular Europeo (PPE) porque corre el riesgo de caer en el mismo error que cayó en su momento Manuel Fraga Iribarne, quien, en su afán por discutirle todo a Felipe González, llegó a proponer la abstención en el referéndum sobre la entrada de España en la OTAN, lo que le acarreó en Europa la etiqueta de irresponsable y cimentó, por el contrario, el papel internacional de González. Si Núñez Feijóo no reacciona rápidamente y renuncia a confrontar con Sánchez en temas de política europea, puede volverse un socio incómodo dentro del PPE.

La inquietante situación internacional podría ayudar a Núñez Feijóo a distanciarse de Vox, atrapado en su pública apuesta por Trump. Santiago Abascal no podrá sacar todo el rendimiento que espera de los resultados de Alternativa por Alemania este domingo porque es posible que una parte de sus votantes no entiendan ni aprueben el apoyo incondicional de AfD a Rusia y su invasión de Ucrania. Tampoco Podemos puede estar seguro del apoyo de algunos de sus votantes a su política exterior, porque su exigencia de alto el fuego a cualquier precio en Ucrania puede interpretarse ahora nada menos que con apoyar las políticas de Trump respecto a Rusia.

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El mensaje favorito de los partidos populistas de extrema derecha es que nada de eso se puede conseguir porque los inmigrantes están inundando nuestros países. Los encuestados están de acuerdo en su mayoría con este mensaje. Pero, según Kellner, el resultado es muy distinto cuando se pregunta si se les debería expulsar o impedir que los inmigrantes trabajen en los hospitales, en labores agrícolas, en la construcción, en las escuelas, como dependientes o camareros o como investigadores en las universidades. Entonces responden claramente que no se les debe expulsar.

Así que se puede explicar a los ciudadanos que las políticas de los partidos populistas “son estúpidas y no funcionarán”, prosigue Kellner. “El problema es que un mensaje de ese tipo sólo es creíble si proviene de personas a las que los votantes respetan. Lamentablemente, eso se aplica a muy pocos políticos tradicionales. Los partidos tradicionales necesitan, sobre todo, revivir su reputación de honestidad y competencia. Sólo entonces podrán derrotar al populismo”.

Recuperar la reputación de honestidad requiere que los ciudadanos tengan la percepción y el convencimiento de que esos políticos luchan contra la corrupción y fomentan la transparencia. Y ahí es donde aparece un problema serio en España. Según los últimos datos de Transparencia Internacional, una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política, España ha bajado cuatro puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción y se coloca en el puesto 16º entre los 27 países de la Unión Europea y en el 46º en un total de 180 países analizados. Datos palmariamente malos.

La primera constatación en España es que la lucha contra la corrupción no es un punto de encuentro entre los partidos tradicionales, es decir, entre los que, de una forma u otra y hasta ahora, han encabezado la formación de gobiernos y previsiblemente lo harán en los años próximos. En España sería imposible organizar un seminario dirigido conjuntamente por diputados del Partido Popular y del PSOE. Imposible, porque no se trata de un objetivo común, sino de uno de los principales instrumentos que unos y otros se tiran a la cabeza como herramientas de la lucha por el poder. El resultado de esa brutal instrumentación es que España no dispone del marco normativo necesario para luchar contra la corrupción política ni contra los crímenes corporativos. El problema no es que en España haya más corruptos que en Dinamarca, sino que en Dinamarca poseen desde hace años la legislación necesaria y las prácticas imprescindibles para prevenir, primero, y detectar rápidamente después esos posibles casos de corrupción política y empresarial.

En España es escandaloso el retraso en la trasposición de las directrices europeas, y lo es porque nadie, ni en el PP ni en el PSOE, está dispuesto a dejar de lado todas sus diferencias y todos sus inmediatos intereses electorales, y trabajar juntos para aumentar el nivel de confianza de los ciudadanos. Se busca que el ciudadano no confíe en “el otro”, en lugar de encontrar el punto de encuentro que permita sanear el conjunto, tanto en el ámbito estatal como en el las comunidades autónomas (en dos de ellas, Baleares y Valencia, incluso se acaban de eliminar las agencias anticorrupción). Es cierto que el actual Gobierno diseñó un plan de transparencia con mejoras sustanciales, pero en realidad ese plan está paralizado, zarandeado en la lucha política electoral. La realidad es que aún no se ha podido nombrar la Autoridad Independiente de Protección del Informante. ¿No hay en España ningún candidato o candidata con suficiente prestigio para ocupar ese puesto, fundamental a la hora de conseguir información? Así no se puede seguir.

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Ya no se trata de una crisis de la socialdemocracia, como se comentaba hasta hace poco, sino de una crisis del liberalismo, o más claramente una crisis del orden internacional basado en reglas. Una crisis muy virulenta. Un eurodiputado de derechas como Esteban González Pons, que actuó de portavoz del PP en Bruselas, calificó a Trump de “macho alfa al mando de una manada de gorilas”, y llamó la atención sobre algo particularmente acertado: el poder de Trump se fundamenta en crear un caos circundante. Es a ese caos intencionado a lo que Europa tendrá que hacer frente, y de nada servirán las serviles alabanzas a Trump de Isabel Díaz Ayuso o Esperanza Aguirre. Alberto Núñez Feijóo debería darse prisa en escuchar a González Pons, si quiere que se le oiga en Bruselas, porque, de momento, la única voz española que suena en la Unión es la de Pedro Sánchez, con un discurso fuertemente europeísta y un papel cada día más interesante.

Se supone que Estados Unidos es un país con una fuerte tradición liberal, incluso que ese es uno de sus legados políticos más importantes. Al fin y al cabo, su Constitución recogió muy pronto los principios básicos de ese liberalismo: los derechos civiles, la tolerancia de las diferencias políticas, la creencia en la dignidad e integridad de la personalidad humana, la aceptación de la diversidad y del compromiso. Cuesta pensar que todo eso se puede borrar de un plumazo sin que provoque un fuerte movimiento de resistencia. Ya hay algunos ejemplos, insuficientes pero esperanzadores: algunos tribunales federales se han negado a que se suprima el derecho a la nacionalidad de los nacidos en suelo de Estados Unidos, ha habido funcionarios que se han negado a permitir que los empleados de Musk accedieran a información confidencial, aun a costa de ser despedidos, y se sabe de rectores de universidades que comienzan a organizarse para mantener a aquellos estudiantes que van a ver suprimidas sus becas, obtenidas en desaparecidos fondos en defensa de la diversidad. (¿No debería la UE ofrecer rápidamente refugio a tanto talento?).

A la espera de que esa ansiada reacción estadounidense coja fuerza, importa mucho lo que ocurra en Europa en los próximos meses. Importa lo que ocurra el próximo día 23 en Alemania: saber hasta dónde llega la ola de la ultraderecha (AfD) en la que se refugian los nostálgicos del nazismo; cuál es el nivel de apoyo que mantiene la socialdemocracia y si el candidato de la CDU ha aprendido la lección que le dio su partido recientemente y no aceptará nunca más el apoyo, ni tan siquiera indirecto, de la AfD.

Importa saber cómo reaccionará la Comisión Europea si el próximo día 15 Elon Musk no facilita la información complementaria sobre su plataforma X (antes Twitter) que se le ha exigido. “Estamos adoptando medidas adicionales para arrojar luz sobre el cumplimiento de los sistemas de recomendación de X con las obligaciones en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA)”, dijo la vicepresidenta ejecutiva encargada de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen. Y si Mark Zuckerberg ha recibido el mensaje de la Comisión: “Tomamos nota del anuncio de Meta en relación con sus prácticas de moderación de contenidos en EE UU. No tenemos comentarios al respecto. Pero recordamos que en la UE se aplica la Ley de Servicios Digitales”, es decir, no se pueden suprimir esas prácticas, dijo a Efe el portavoz de la Comisión Europea de soberanía tecnológica, Thomas Regnier.

Importa saber hasta qué punto Donald Trump presionará a Europa y con qué instrumentos para que las grandes multinacionales tecnológicas de sus amigos se comporten a su antojo en la Unión y hasta dónde la UE estará dispuesta a hacer respetar con rigor sus propias leyes. La amenaza al orden internacional liberal que se presentaba hasta hace poco como no occidental (China y Rusia) ha pasado a tener otro protagonista, inesperado, Estados Unidos. Ahora no es una amenaza externa, sino interna e impredecible

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La Unión Europea se mantiene como el gran frente contra las autocracias. Europa todavía es distinta, escribía hace días Anne Applebaum. Acaba de aprobar una ley con normas para los servicios digitales y los grandes magnates de las tecnológicas tienen que pasar por el Tribunal de Justicia de la Unión. Casi todo el mundo en la UE piensa que Donald Trump traerá graves complicaciones y que esta vez la Unión tendrá que reaccionar para agilizar sus mecanismos de decisión y para enfocar sus recursos hacia los nuevos desafíos industriales, tecnológicos y de defensa. Tiempos difíciles para todos, y muy especialmente para la vicepresidenta de la Comisión, la española Teresa Ribera, que representa el muro de contención contra quienes piensan que la agenda verde debería ser rápidamente recortada para liberar fondos.

Es cierto que Europa es distinta y que debería luchar con todas sus fuerzas para seguir siéndolo. El futuro de la UE no pasa por acomodarse a las nuevas reglas de Estados Unidos, sino, precisamente, por defender el sistema multinacional que Donald Trump pretende arrasar. En esta nueva etapa es muy posible que Estados Unidos provoque desorden e inestabilidad. Los europeos, desde hace ya muchas décadas, odian el desorden y defienden dos principios sobre los que levantaron la Unión: respeto a la integridad territorial y resolución pacífica de las controversias. Quieren calma, pero es muy posible que eso no dependa ya de sus propias fuerzas. Lo que si dependerá de ellos es mantener la estructura de la Unión Europea y su capacidad para aumentar su seguridad sin, por ello, renunciar sus políticas verdes, de cooperación y de ayuda internacional.

Se aproxima un momento fundamental: las elecciones que se celebrarán en Alemania el próximo día 23 de febrero. Hacía muchos años que no existía un ambiente de tanto desasosiego. En las elecciones alemanas concurre un partido de clara vocación autocrática, Alternativa para Alemania (AfD por sus siglas alemanas), que defiende el abandono de la UE, la desaparición de las políticas verdes y de género, la aproximación a Rusia y una violenta política de expulsión de inmigrantes, entre otras propuestas angustiosas. El problema no es que AfD pueda ganar las elecciones, que no lo hará, sino en qué posición queda (segunda, dicen ahora los sondeos, aunque aún es pronto para cálculos seguros y los socialdemócratas tienen fama de recuperar posiciones en los últimos minutos).

Según esos mismos sondeos, ganará las elecciones el candidato de la CDU, Friedrich Merz, un hombre peculiar, un conservador que nunca soportó a su colega Angela Merkel, hasta el extremo de marcharse del partido unos años. Merz ha asumido una política de inmigración casi tan dura como la de AfD y dice estar dispuesto a sacarla adelante sin renunciar a los votos de AfD, es decir, rompiendo el cinturón que ha funcionado hasta ahora en Alemania, según el cual todos los partidos se negaban a aprobar leyes que dependieran del apoyo del partido donde se refugian los nostálgicos del nazismo. Merz asegura que nunca negociará, “ni muerto”, llegó a precisar, con Alice Weidel —la exótica dirigente de AfD, lesbiana, casada con una inmigrante de Sri Lanka, que parece un trampantojo, una ilusión con la que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es—, y se defiende afirmando que una cosa es que AfD vote alguna de sus propuestas y otra dar respetabilidad a ese partido. Pero eso es exactamente lo que muchos comentaristas alemanes piensan: que sacar adelante una ley con el apoyo de AfD es concederle la peligrosa normalización que durante tantos años se le ha negado. Incluso un sector de la CDU no quiso este viernes apoyar a Merz.

Por encima de todo, las elecciones alemanas van a ser el banco de pruebas en el que comprobar si los medios profesionales de aquel país son capaces de luchar con éxito contra la alteración de la jerarquía de noticias que provocan las redes, manipuladas como nunca por intereses ajenos al periodismo. Si son capaces de contar el asesinato de un niño a manos de un inmigrante enfermo mental recordando cuántos asesinatos cometieron ese mismo mes alemanes de pura cepa. O si logran recordar que la cultura tiene más que ver con la ignorancia que con las maneras de comer. Como decía el profesor de Princeton, Dan-el Padilla Peralta, dominicano y negro, experto en Roma y Atenas, “¿por qué los clásicos son cosa de los blancos?”. ¿Por qué Kant no es parte de un sirio culto y sí lo es de un alemán iletrado?

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Quien así habla no es un político de izquierda, sino el líder del pequeño, y en su día influyente, Partido Liberal británico, Ed Davey, el heredero del “viejo gran hombre”, Gladstone. Davey coincide en buena parte con el discurso de un socialdemócrata, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez que pidió esta semana en el Foro de Davos medidas contra plataformas “que han dado lugar a una enorme concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos, a costa de nuestra cohesión social, nuestra salud mental y nuestras democracias”. No será fácil, dijo Sánchez, porque son personas que no juegan con las mismas reglas: “Pero tenemos razón, somos más y lo hemos hecho antes”.

La aparente abulia con la que los propios estadounidenses contrarios a Trump han recibido sus primeras órdenes ejecutivas ha despertado inquietud en medio mundo. Al fin y al cabo, Donald Trump ganó sólo por 77 millones de votos, frente a los 75 millones de Kamala Harris. Es cierto que en esta ocasión no se ha organizado, por ejemplo, una gran marcha de mujeres como la que recorrió Washington a los pocos días de la primera etapa de Trump, pero todavía es muy pronto para pensar que este segundo mandato, rodeado además de personalidades como Musk o el estrafalario Robert Kennedy, no va a encontrar pronto un movimiento de resistencia en el propio Estados Unidos.

“Hay esperanza en la forma en que tantos estadounidenses han encontrado un lugar en sus propias vidas para defender con fuerza los derechos civiles y la sociedad civil contra el autoritarismo y su arma principal, el miedo”, escribió en 2024 el representante demócrata de Maryland, Jamie Raskin, un profesor de Derecho Constitucional, que daba ya casi por segura la victoria de Trump y prologaba un libro titulado Cómo los autócratas buscan el poder: resistencia a Trump y al trumpismo.

Es poco probable que todos los movimientos de resistencia que nacieron en el primer mandato de Trump y en los últimos años vayan a desaparecer. En Estados Unidos existe una formidable cantidad de movimientos sociales, activistas políticos, ciudadanos comprometidos en sus comunidades, que forman parte del American soul (alma americana) y que difícilmente van a dejar de hacer oír su voz. Una parte de quienes rodean a Donald Trump en la Casa Blanca son racistas declarados y prácticamente todos ellos firmes partidarios de revivir la fuerza del machismo. ¿Permanecerá callado el movimiento Black Lives Matter? ¿Desaparecerá Me Too? Si algo representó el movimiento Ocuppy Wall Street fue su rechazo a las megafortunas y a la sistemática evasión fiscal del sector más rico de la sociedad. Centenares de abogados estadounidenses se ofrecieron gratuitamente en su momento para ayudar a los inmigrantes en riesgo de expulsión. Es posible que muchos movimientos evangélicos (las confesiones religiosas con mayor número de seguidores en Estados Unidos) apoyen a Trump, pero, por muy minoritarios que sean los episcopalianos, el sermón de su obispa en Washington dejó clara cuál será la posición de las Iglesias más tradicionales: ni católicos, ni protestantes anglicanos o presbiterianos apoyarán muchas de sus decisiones.

Es de resaltar que el movimiento de resistencia en la música surgió ya en el mandato anterior, cuando muchos cantantes de todos los géneros se negaron públicamente a que Trump utilizara sus canciones en actos públicos. Incluso el grupo británico Gorillaz, que llevaba seis años sin sacar un video musical, revivió entonces lanzando su famosa Hallelujah Money, contra la influencia corruptora del poder o el dinero que rodeaba al nuevo presidente. En esta nueva campaña electoral se ha ampliado el número de músicos que han amenazado con denuncias judiciales si Trump utilizaba sus canciones, y ya no procede fundamentalmente del folk o el rock and roll sino de cantantes como Celine Dion. Aun así, imposible olvidar la canción de U2: “You are rock and roll. You and I are rock and roll. Came here looking for American soul”.

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Me tocó a mí, precisamente a mí, que había conocido el arranque del periódico en papel, dar los últimos pasos hacia la suscripción digital, cuando me hice cargo de la dirección. En 2020, ya estaba todo preparado para el Día D cuando estalló la epidemia de covid. En teoría, la imperiosa necesidad de información veraz en un momento tan grave hubiera sido el mejor empujón para pedir a los lectores que pagaran su suscripción, pero tanto la empresa, como la dirección, como la Redacción estuvimos de acuerdo en que, precisamente por eso, porque la información veraz sobre la epidemia se había convertido en un servicio público vital, debíamos retrasar el lanzamiento del modelo de suscripción.

Cuando, superado lo peor de la epidemia, se puso finalmente en marcha, el día en el que arrancamos, muchos teníamos el corazón en un puño porque éramos conscientes de que se abría una nueva e importantísima etapa en el futuro de EL PAÍS, la garantía de su desarrollo empresarial, pero también de la independencia de su Redacción. Aquel día, 1 de marzo de 2020, hablé con Joaquín Estefanía, que había sido también director de EL PAÍS y que me acompañaba en aquella nueva aventura, y de aquella conversación nació el artículo que decidí escribir para dirigirme a todos los lectores. Se llamaba “Hacer EL PAÍS no es fácil”, el mismo lema con el que se inició la andadura del periódico en 1976. No iba a ser fácil hacer EL PAÍS en 1976, en pleno arranque de la democracia y la Transición, y no iba a ser fácil hacer EL PAÍS en 2020, en un país, España, que se había convertido en una democracia consolidada, pero que estaba sometido, como otros países del mundo occidental, a cambios extraordinarios y radicales.

Vivíamos, vivimos, en una sociedad que se mira a sí misma y mira al exterior con perplejidad e incertidumbre, a veces con miedo y a veces, también, con esperanza. Pero las aspiraciones de los seres humanos son muy parecidas. “La mayoría aspira a lo mismo —escribí entonces—, ser razonablemente feliz, vivir en paz, en una sociedad que le proteja en la enfermedad y la vejez, donde poder disfrutar de la naturaleza y desarrollar sus propias habilidades: quizás, amar y ser amado, quizás, tener hijos”. Para lograr esos objetivos estoy firmemente convencida de que todos debemos mantener algo fundamental e irrenunciable: la libertad y los derechos civiles, y que para ello lo primero es disponer de información veraz y opiniones plurales. Necesitamos poder combatir contra los movimientos de distracción masiva que pretenden que los ciudadanos no tengan los datos ciertos necesarios para crear su propia opinión. Eso es lo que ha venido defendiendo EL PAÍS en formato digital y en papel, y eso es lo que han recompensado ustedes con 400.000 suscripciones en menos de cinco años. Gracias.

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El rechazo actual a los actos del programa “España en libertad”, que intenta que las nuevas generaciones recobren parte de la memoria del pasado de España, se debe más a la estrategia general del Partido Popular de impugnar toda la actividad del Gobierno de Pedro Sánchez que a una incompatibilidad concreta por los actos programados, que no existe. Sería difícilmente concebible, por ejemplo, que los Reyes o Alberto Núñez Feijóo se negaran a acudir a la tumba de Antonio Machado el próximo 26 de julio, cuando se cumplirá el 150º aniversario de su nacimiento. Si acaso se programase ese homenaje del país entero a uno de sus poetas más queridos y aclamados, ¿acaso podría Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, negarse a unirse a ese homenaje al poeta sevillano que murió en el exilio? ¿Renunciaría él o Núñez Feijóo a acudir a Colliure (Francia), junto a los representantes de otros muchos partidos políticos o de la vida cultural española? Difícil de concebir.

Pero la memoria histórica significa también recordar, junto a ese nuevo y debido homenaje, que otro reconocimiento que se intentó en 1966, aún viva la dictadura, terminó con una carga policial. Aquel otro intento de homenaje a Antonio Machado se hizo en Baeza (Jaén), donde había sido profesor. Todo el mundo, incluso en la Diputación jienense de la época, parecía estar de acuerdo, hasta el extremo de que llegó a levantarse en el paseo de las Murallas la base sobre la que se pensaba instalar el busto de Machado esculpido por Pablo Serrano. Pero en el último momento llegó una prohibición gubernativa y los centenares de personas que se desplazaron ese día a Baeza tuvieron que huir de una violenta carga policial. ¿Por qué deben desconocer los jóvenes que muchos de quienes asistieron a aquel acto tuvieron que pagar multas gubernativas y que al menos en un caso, el del crítico Moreno Galván, agentes judiciales procedieron al embargo de bienes de su propia casa para asegurar el abono de la sanción?

La memoria histórica ayudaría también a hacernos conscientes a todos de que la vida de las personas no está resumida solo por sus últimos actos, sino también por su recorrido a todo lo largo de su existencia. La vida de Juan Carlos de Borbón, por ejemplo, no está resumida únicamente en sus años y actos como defraudador de Hacienda y sería injusto que se ignorara todo aquello que también representó. Que se ignorara que en momentos todavía muy difíciles (tres años después se produjo el intento de golpe militar) quiso hacer público su homenaje al último jefe legítimo del Estado o su reconocimiento al exilio español, que se produjo también en aquella temprana visita a México. El rey emérito cumplió en su día con mucho rigor sus obligaciones políticas y justo es reconocérselo, ahora que algunos piensan que debería terminar muriendo en el exilio. Don Juan Carlos ha cometido, sin duda, hechos muy reprobables, pero también fue un hombre que entendió muy pronto y muy certeramente que la única posibilidad de mantener la Monarquía como forma de Estado era implicarse e impulsar en lo que pudiera la transición democrática, y eso fue exactamente lo que hizo. El ahora rey emérito tuvo un cuidado extraordinario en mantener la institución fuera del debate político y se exigió a sí mismo y a su entorno familiar un absoluto silencio sobre temas de debate político, de forma que fuese imposible atribuirle preferencia por un partido u opción política determinada. Él mismo limitó inteligentemente desde el primer momento su papel, de manera que no se pudiera confundir su decidida voluntad de impulsar el proceso constitucional consensuado entre todas las fuerzas políticas con sus simpatías por una u otra opción. Quizás ahora no se valore la importancia de aquella decisión, pero la memoria histórica también debería servir para recordar aquellos momentos y ayudar a organizar su regreso a España. Nadie debe exiliarse en una democracia y don Juan Carlos, tampoco.

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El Consejo General del Poder Judicial, con su recobrada legitimidad al ser renovados sus miembros por el Congreso de los Diputados, tras cinco años de bloqueo, intenta ahora poner un poco de orden, por lo menos abriendo expedientes a aquellos cuya facundia no ayuda a preservar la imagen de la Justicia, sino a ponerla en entredicho. Ha abierto expediente, por ejemplo, a un juez que menospreció a la exministra de Igualdad, Irene Montero, y a otro, por atacar en sus redes sociales al presidente del Gobierno. Bien está, aunque habrá que estar atentos a cómo se cierran esos expedientes y con qué argumentos. No se sabe que haya llamado la atención a ese magistrado al que le parece que debería haber actuaciones médicas en los casos de homosexualidad y que, para colmo, lo justifica como si eso fuera un criterio científico o profesional aceptado y no la mera charlatanería de determinadas sectas.

La excesiva locuacidad de jueces y magistrados es un problema casi endémico en la carrera judicial, aunque el verdadero mal endémico no es el excesivo desparpajo de algunos de ellos, sino algo más inquietante: las continuas filtraciones que se producen en los juzgados de lo Penal en España. La última muestra ha sido la filtración de la grabación de la declaración del exministro Ábalos en una sala del Tribunal Supremo. Inquietante porque, según la denuncia presentada, se produjo antes de que esa declaración llegara al ministerio fiscal y a las partes, luego no puede proceder más que de un lugar: el juez concreto que tomó la declaración y los funcionarios de la Administración de Justicia que trabajan con él.

El caso del Supremo llama la atención, precisamente porque se trata del más alto tribunal, al que se supone que llegan los profesionales más capacitados y con mayor experiencia, y los más preocupados por la imagen de la Justicia, pero las filtraciones son extremadamente frecuentes en juzgados de instrucción, audiencias provinciales o en la Audiencia Nacional. Los tribunales españoles son manifiestamente incapaces de guardar reserva de sus actuaciones, tal y como establece la ley, según la cual esas actuaciones no tendrán carácter público hasta que se abra el proceso oral. Si el juez cree que debe mantener una mayor transparencia por la relevancia social del caso que instruye o juzga, lo suyo no es que actúe mediante filtraciones, sino mediante comunicaciones públicas.

Es curioso que cada vez que el ámbito jurídico trata de este mal endémico, reconocido sin empacho por revistas profesionales y estudios académicos, se hable de la necesidad de atajar el problema impidiendo a los medios de comunicación que publiquen esas filtraciones mediante fuertes multas o sanciones. No se habla de pedir responsabilidades a los jueces y funcionarios de donde procedió esa información y que son quienes tenían la obligación de reservarla. A los periodistas solo se les puede exigir que la información que transmitan sea veraz y de interés público. Es decir, que no publiquen las filtraciones que les llegan por el mero hecho de ser una filtración, sino que examinen con atención su contenido y determinen su valor o interés informativo para una sociedad afectada por un delito grave. Esa es la obligación profesional del periodista y del medio que acoge su trabajo. Pero la de los jueces es otra bien distinta, y es a ellos a los que la ley exige discreción y reserva, incluso aunque las actuaciones no hayan sido declaradas expresamente “secretas”.

El magistrado del Tribunal Supremo en cuya sala se ha producido la filtración de la declaración de un testigo debería dar explicaciones públicas rápidamente y, en cualquier caso, el Consejo General del Poder Judicial debería pedírselas. Y quizás los magistrados del Supremo podrían empezar el año haciéndose el buen propósito de aplicarse con algo más de rigor la norma general de prudencia y contención, y de controlar un poco a aquellos de sus colegas que tanto parecen disfrutar vulnerándola a diestro y siniestro.

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En España el franquismo duró muchos años y el dictador murió en la cama, pero eso no quiere decir que no hubiera cientos, miles de hombres y mujeres españoles que a lo largo de todos esos años intentaron liberar al país de aquella dictadura y que pagaron su determinación y valentía a veces con su vida, a veces con la cárcel, el exilio o el destierro. La inmensa mayoría procedía del movimiento sindical y de partidos políticos de izquierda clandestinos, pero también hubo hombres y mujeres que se reclamaban como parte de una derecha democrática y europeísta que aportaron su lucha a esa causa común, personajes como Dionisio Ridruejo, Joaquín Ruiz-Giménez, Jaime Miralles, Joaquín Satrústegui u Óscar Alzaga. Todos esos hombres y mujeres españoles que lucharon para nuestro propio y nunca alcanzado Día de la Liberación se merecen que exista un momento al año en que se los recuerde y se les muestre agradecimiento.

La iniciativa del Gobierno de poner en marcha este año una serie de eventos bajo el lema España en Libertad tiene sentido si lo que pretende es ese objetivo. No lo tendrá si se pretende vincularlo con el día preciso de la muerte de Francisco Franco, de imposible y desagradable evocación, o busca profundizar en el radical enfrentamiento entre la izquierda y el Partido Popular que se produce en España desde hace ya años. La cifra redonda de 50 años tiene siempre resonancias conmemorativas, pero en realidad España en Libertad debería ligarse más a las primeras elecciones libres celebradas en junio de 1977, que marcan el auténtico proceso de Transición, mucho más que la desaparición física del dictador.

No conmemorar ni evocar la muerte de Franco no significa echar al olvido su figura. Ni Pétain, ni Mussolini, ni mucho menos Hitler, pueden ser olvidados. Son figuras históricas que marcaron periodos siniestros en la vida de sus países y que provocaron inmenso dolor e ignominia. Los jóvenes que se echaron a la calle en Ámsterdam para recibir a los soldados canadienses sabían exactamente por qué los abrazaban. Los jóvenes españoles deberían saber a quiénes abrazar y por qué mostrar desprecio hacia la figura de un militar perjuro que se apropió de todos los poderes y persiguió sin piedad a quienes le contradijeron, hacia el responsable de una guerra civil que causó tanta muerte y desolación.

La derecha democrática española perdió una gran ocasión para ayudar a establecer un espacio común de memoria entre todos los españoles cuando no aprovechó sus años en el Gobierno para marcar sus diferencias con el franquismo y reivindicar a sus propios héroes. Cuando no tomó la iniciativa de trasladar los restos de Franco fuera del Valle de los Caídos a una tumba familiar. Pudo hacerlo en los años 1990 y 2000, cuando la extrema derecha aún no era capaz de sustraerle voto. Ahora que Vox intenta recobrar el legado de Franco, conviene recordar que quienes de verdad lo conocieron, los españoles vivos en 1977, le dieron decididamente la espalda. En las primeras elecciones libres, el franquismo, los herederos de aquel legado, obtuvieron solo 1,5 millones de votos, 200.000 menos que el Partido Comunista, mientras que la derecha que se reclamaba demócrata y ajena a su herencia lograba 6,3 millones de votos.

El Partido Popular perdió después la ocasión de colaborar y enraizarse en la memoria democrática española. Quizás ahora podría retroceder y, sin miedo a Vox, reclamar también para sí la España en Libertad que quiere rememorar el Gobierno de Pedro Sánchez. Creer que solo la aprobación de la Constitución merece el homenaje de los españoles es un error. La Constitución de 1978 logró unos niveles de consenso imprescindibles para consolidar el proceso democrático en marcha y abrió un fructífero periodo de estabilidad. Pero esa Constitución, y esa estabilidad, no hubieran sido posibles sin la recuperación previa de las libertades y la decisión que tomaron todos los españoles en aquel momento de repudiar claramente el franquismo y la figura del dictador. Mantenerse al margen en esa conmemoración es un error. Núñez Feijóo se equivoca cuando asegura que recordar la muerte de Franco le da “mucha pereza”. Conmemorar la muerte del dictador es absurdo, pero olvidar lo que significó, “por pereza”, es dañino.

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Nunca un gobierno de un país democrático ha cerrado de una manera tan completa un territorio. Nunca el periodismo internacional ha quedado tan silencioso e inutilizado. Las fuerzas israelíes se sienten probablemente muy protegidas al evitar que circulen imágenes o relatos sobre sus actividades. Pero al mismo tiempo la decisión de su Gobierno les ha hecho perder completamente la credibilidad. Imposible dar verosimilitud a nada de lo que cuentan. Imposible creer nada de lo que dicen ni dar la menor fiabilidad a las acusaciones que formulan contra aquellos que matan.

¿Los cinco periodistas palestinos muertos esta semana en las cercanías de un hospital de Gaza tenían algo que ver con la rama militar de Hamás o eran simplemente reporteros y han sido asesinados exactamente por su condición de tales? Da igual que el medio para el que trabajaban estuviera financiado o no por Hamás. No hay ninguna prueba de que ellos tuvieran ninguna otra actividad que no fuera la de simples periodistas, solo disponemos de la nota del Gobierno israelí, es decir, de una fuente contaminada e increíble. Son, pues, crímenes de guerra que deben ser investigados y sus autores, castigados. Quizás pasen años, pero los nombres de los militares responsables de los asesinatos de los periodistas palestinos, más de 143 desde octubre de 2023, deberían quedar guardados; las organizaciones profesionales del mundo democrático no deberían renunciar nunca a su castigo.

Según pasan los meses y las fuerzas militares israelíes siguen bombardeando Gaza, tanto al norte, como en zonas consideradas de protección humanitaria, con su enorme lista de víctimas civiles, resulta más difícil contradecir a quienes llevan tiempo denunciando que el Gobierno de Netanyahu se ha embarcado en una auténtica operación de limpieza étnica. Impedir la entrada de suficientes alimentos y de suministros médicos, dinamitar conducciones de agua, bombardear campamentos civiles con el pretexto de perseguir a uno o dos militantes de Hamás, sólo tiene explicación si lo que se pretende es crear un clima de terror que lleve a los gazatíes a aceptar cualquier solución que acabe con su espantoso sufrimiento. La operación desencadenada por el Gobierno de Israel tras el brutal ataque de Hamás del pasado 7 de octubre de 2023 y el secuestro de más de 200 ciudadanos israelíes, nunca ha sido una guerra (el enemigo no ha tenido nunca ni aviación, ni tanques ni artillería pesada) sino una acción de castigo que, en cuanto tal, cumplió sus posibles objetivos hace muchos meses. Continuar con una acción armada de tal intensidad en un espacio ya arrasado tiene más explicación como parte fundamental de un proyecto de limpieza étnica en toda regla.

Ese proyecto exigiría también la desaparición de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), creada en 1949, y sometida ahora a un ataque furibundo por parte del Gobierno de Netanyahu. La UNRWA no solo es clave para el mantenimiento de los palestinos, es el símbolo del compromiso de la comunidad internacional con este pueblo y su desaparición supondría una carga de profundidad contra el propio sistema de la ONU. Cerrar la UNRWA sería un paso a favor de la barbarie y una muestra de la fragilidad del sistema internacional. Un paso, no a favor del pueblo de Israel, sino de unos dirigentes que están dispuestos a devorar la ONU y a implicar a EE UU y a media Europa en su loca cabalgada para imponer su visión de un Israel expandido por, lo que para ellos es, una zona vital de influencia.

Empieza un nuevo año. Nada tiene por qué suceder así. La barbarie, la destrucción de un sistema internacional que con todas sus imperfecciones merece ser defendido, puede ser elegida o puede ser combatida.

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El problema es que Núñez Feijóo pretende reclamar su propio derecho a las alianzas y, al mismo tiempo, lanzar todos los días instrucciones a su partido para que “redoble los esfuerzos para desalojar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno”. El problema es que acepte hablar de política con Junts fuera del Parlamento, pero se niegue a aceptar el menor debate político en el Congreso y que, contra la más elemental prudencia, se empeñe en alentar todas las iniciativas judiciales que puedan afectar no ya al Partido Socialista, sino a la propia familia de Pedro Sánchez. Desalojar significa hacer salir a alguien de algún lugar, apartarle con violencia, o deponerle de su empleo o dignidad, impidiéndole el ejercicio de ellos. Ese vocabulario, creador de buena parte de la crispación que sufre la política en este país, debería ser desterrado para siempre. A un presidente del Gobierno en un país democrático no se lo desaloja. Se le ganan elecciones o se lo censura con una mayoría parlamentaria.

El Partido Popular y Núñez Feijóo consideran ahora, afortunadamente, a los diputados de Junts interlocutores válidos. ¿Para lograr qué? De momento, para evitar, junto con Vox y el PNV, que las grandes compañías eléctricas, que han obtenido enormes beneficios en el último ejercicio, ingresen unos 1.500 millones de euros más en el erario público. En el futuro, quizás, para cualquier movimiento parlamentario que ayude a debilitar al presidente Sánchez. La novedad es que, si los diputados de Junts ya no forman parte de lo que el PP consideraba un peso muerto en el Parlamento, ¿por qué van a serlo los del BNG o los de Bildu? Es una buena noticia que el PP reconozca, por fin, la legitimidad de todo el Parlamento.

El Partido Socialista y el presidente Sánchez intentan, por su parte, mantener abiertas las negociaciones con Junts para dar estabilidad al Gobierno, por lo menos durante 2025, lo que implicaría lograr que se aprueben los Presupuestos Generales para ese año. La legislatura no acaba, en teoría, hasta 2027, pero 2026 sería ya un año “de salida”, en el que primarían, sin más, las estrategias electorales de unos y otros. Si Junts le niega el respaldo para aprobar los Presupuestos de 2025, Sánchez no estaría obligado a adelantar las elecciones (el Gobierno de Mariano Rajoy prorrogó los suyos en varias ocasiones), pero sí quedaría debilitado y daría nuevas fuerzas a Núñez Feijóo. A cambio, la capacidad de influencia de Junts quedaría también bastante desactivada.

Lo más interesante en estos momentos es saber qué estará dispuesto a negociar el presidente para lograr esos Presupuestos. En el mejor de los casos, la resolución del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía no llegará antes del próximo verano y, si es positiva para el Gobierno, no será posible aplicársela a Carles Puigdemont antes de esas fechas. Quiere decirse que Junts tiene que decidir si apoya los Presupuestos con Puigdemont todavía en Waterloo y qué precio exigirá. Hay distintas facturas posibles (admitir que Puigdemont como expresidente de la Generalitat tiene derecho a escolta, aceptar el debate sobre la moción de confianza, adelantar los acuerdos de financiación), pero la más llamativa es la posible entrevista entre Sánchez y Puigdemont. El presidente ha afirmado en varias ocasiones que no se entrevistará personalmente con el expresidente de la Generalitat hasta que haya sido amnistiado y pierda su condición de prófugo. Aceptar ahora un encuentro en algún lugar de Suiza, como al parecer exige Junts, tendría un coste personal y político muy alto, pero con Sánchez no es fácil saber qué le merece la pena y qué no. Lo que está más claro es que esa entrevista no le merece la pena al PSOE: la foto le haría seguramente más daño que la prórroga de los Presupuestos.

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Hace ya años que la ALA denuncia que las bibliotecas públicas o de centros escolares hacen frente no a movimientos espontáneos de padres preocupados por las lecturas de sus hijos, sino a un movimiento dirigido por intereses políticos muy concretos. “Las listas de libros que quieren que sean prohibidos forman parte esencial de una agenda política”, insistió la ALA ya en 2022. Es la agenda de un importante sector del Partido Republicano y de un grupo de multimillonarios de ideas profundamente reaccionarias, dispuestos a gastarse cientos de millones en movilizar a políticos y padres para que participen en actos muy parecidos a las hogueras de 1930. Ese sector republicano y esos millonarios tendrán asiento preferente el próximo día 20 de enero en el acto de toma de posesión de Donald Trump y es lógico que la señora Hohl y los bibliotecarios estadounidenses estén preparándose ya para organizar la defensa y pedir ayuda.

En la Rusia de Putin las cosas van incluso peor. Según un artículo publicado en la red de revistas culturales Eurozine por cuatro periodistas rusas, la Duma (el Parlamento) está considerando imponer restricciones para que las bibliotecas no den acceso a libros que se consideren “beneficiosos para agentes extranjeros”, lo que supone, según el artículo, libros que “promuevan propaganda occidental” o que puedan ser considerados “literatura extremista”, entre la que se cataloga toda la que tenga que ver con la homosexualidad o los movimientos LGTB. Lógicamente, los primeros preocupados son los bibliotecarios, muchos de los cuales, como en Estados Unidos, se preparan para hacer frente a presiones o incluso sanciones y buscan la manera de salvaguardar esos libros.

Los bibliotecarios y bibliotecarias rusos (parece que las mujeres son mayoría en el oficio) no pueden pensar, como los estadounidenses, en recurrir a los tribunales. La ALA, por ejemplo, recauda fondos para ayudar a las pequeñas bibliotecas de pequeñas ciudades a contratar abogados y dar la pelea, llegando hasta donde haya que llegar para contrarrestar las órdenes de las autoridades. En Rusia, Natalia, una bibliotecaria entrevistada en el artículo mencionado, se plantea otra cosa muy distinta: ¿qué pasaría si formaran una red y les dieran los libros censurados a determinados lectores para que los guardaran en sus bibliotecas personales hasta que mejoren los tiempos? “La gente nos pregunta: ¿Ya habéis dado algo de baja? Dejadlo en nuestras manos”. Según Natalia, “todavía no hemos llegado a la temperatura de 451 grados Fahrenheit, así que los libros no se queman; simplemente, se descartan y se envían a reciclar”. Algunos bibliotecarios se han apresurado ya a colocar los libros que traten, aunque sea remotamente, de homosexualidad en estantes reservados para mayores de 18 años, pero no están seguros de que vaya a ser suficiente y se preguntan si deberán esconderlos, fuera del alcance de los lectores, sea cual sea su edad. Por ejemplo, ya ha sido retirado de todas partes Un verano en el campamento, una novela que tuvo gran aceptación entre los jóvenes, escrita a cuatro manos por una autora rusa, Elena Malisova, y otra ucraniana, Katerina Silvanova, ambas acusadas de ser “agentes extranjeros” e incluidas en una lista que elabora el Ministerio de Justicia.

En Rusia no solo se persigue a los libros, que van a parar, cada vez más, a las llamadas “colecciones cerradas” en las bibliotecas, sino también a los autores. Es bien conocida la causa que se abrió en 2013 contra el popular escritor de novela negra Borís Akunin, que se encuentra en el exilio. Pero no es el único. Malos tiempos para la escritura en dos grandes países que representan una parte formidable de la historia de la literatura.

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Otra escuela propone menos seguridad moral y más autocrítica. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué estamos haciendo mal? El centroizquierda se ve a sí mismo como el único auténticamente democrático, es decir, marca unas fronteras para la democracia muy estrechas y convenientes y ha perdido el contacto con la clase trabajadora. El centroderecha, “impresionado por los resultados de la extrema derecha”, está dispuesto a cerrar los ojos a claras violaciones de los usos y normas democráticas.

Meyer-Resende no ofrece muchas salidas. Simplemente insiste en dos obligaciones: no normalizar la violación de las normas y “no olvidar que si nuestro campo es prodemocracia, debe incluir mucha opiniones distintas”.

Son dos ideas básicas que pueden promover un debate enriquecedor y ayudar a muchos ciudadanos a analizar los acontecimientos que se le van viniendo encima con un mínimo de rigor. Daniel Ziblatt y Steven Levitsky, autores del famoso ensayo Cómo mueren las democracias, lo ha señalado también: el mayor peligro es la erosión de las normas democráticas con el ataque a instituciones que las defienden. Normalizar la falta de independencia de sectores del poder judicial o propiciar la confusión entre medios de comunicación profesionales, que ajustan su trabajo a unas reglas conocidas, y redes y plataformas que se limitan a “mover” contenidos, son riesgos que deben ser combatidos, porque tanto el poder judicial independiente como los medios de comunicación profesionalizados sirven como “barandillas que impiden que las sociedades democráticas caigan por el precipicio hacia el autoritarismo”.

En tiempos de peligro, los foros que promueven la conversación, el intercambio de ideas, son también fundamentales, barandillas que ayudan a mantener un cierto equilibrio. En un mundo en el que las plataformas han logrado algo tan extraño y novedoso como que no exista debate entre verdad y mentira, sino que sean realidades paralelas, “hechos alternativos” que se pretenden del mismo valor, es importante facilitar lugares donde se incluyan opiniones diversas, pero no se discutan los datos comprobados. Importante que los ciudadanos accedan a un pluralismo de ideas, pero donde no se permitan confundir las dos cosas. En el que no se normalice la violación de las normas democráticas como si fueran hechos alternativos, lógicos, naturales y razonables. Lugares donde lectores abrumados por lo que pasa a su alrededor no terminen por pensar que no puede ser verdad lo que están viendo y duden de la realidad. Lugares donde se los ayude a comprender que no es normal lo que están viviendo. Victor Klemperer, un profesor judío de aguda mirada, se dedicó a observar y a anotar en varios tomos de un diario todo el proceso de deshumanización que le rodeó en la Alemania de la II Guerra Mundial. Klemperer no podía creerse lo que estaba viendo y se preguntaba si debía dudar de su raciocinio, en lugar de cuestionar la realidad. Pero es la realidad la que empieza a superar lo imaginable y son los foros de debate, los lugares donde circulan las ideas, donde encontrar los instrumentos para poder censurar esa realidad, sacudirse toda la presión para normalizar lo que no es, ni debe ser nunca, propio de una democracia.

Como saben todos los directores de periódicos y responsables de suplementos literarios o de pensamiento (de ideas), editar es elegir. No se trata de salvar a nadie ni a nada, sino de elegir aquello que mejor permitirá a los lectores interpretar lo que sucede a su alrededor, en medio del desorden y la superabundancia informativa, y hacerlo dejando claro la única base sólida sobre la que se realiza esa elección: no olvidar que la pluralidad de ideas es la esencia de la democracia y que esa pluralidad no implica normalizar la violación de usos democráticos.

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Este año 2024 el diccionario Macquarie, el más antiguo de Australia, considerado como la referencia nacional, ha elegido una palabra que no es nueva, pero que refleja muy bien la conversación en medio mundo: “enshittification”, traducido libremente por “enmerdar”. Nacida para explicar el deterioro de las redes y plataformas, se aplica ahora para describir un patrón de calidad decreciente. Se enmierdan, se están enmerdando los servicios que se prestan a los ciudadanos y no es nada inevitable, sino producto de la búsqueda exacerbada de beneficios. Este año la expresión más popular es “nos están enmerdando”. Parece perfectamente válida para España, Europa y sus circunstancias.

La dichosa palabra enshittification la acuñó en 2022 un periodista, escritor de ciencia ficción y activista tecnológico canadiense llamado Cory Doctorow (Toronto, 1971) y el diccionario Macquarie la define así: “El deterioro gradual de un servicio o producto producido por una reducción en la calidad del servicio prestado, especialmente de una plataforma en línea, y como consecuencia de la búsqueda de beneficios”.

Su “inventor”, si se le puede llamar así, dio a principios de este año en Berlín la llamada Conferencia Marshall McLuhan (en recuerdo del famosísimo sociólogo de la comunicación, también canadiense) y se expresó con mucha crudeza: “Todos estamos viviendo el enshitoceno, una gran ‘ensuciación’ (palabra que no existe en castellano), en la que los servicios que nos importan, de los que dependemos, se están convirtiendo en gigantescas pilas de mierda”.

Para Doctorow, especialista en redes y furioso con eso en lo que se han convertido, “la degradación de internet transformó la salvaje y confusa red en cinco sitios web gigantes llenos de copias de texto de los otros cuatro. Esto no era inevitable: era el resultado previsible de decisiones políticas tomadas en nuestro tiempo por individuos con nombre y apellido”.

Aunque el término enshittification nació aplicado a las grandes plataformas tecnológicas, se puede usar, y se usa, en relación con la degradación de servicios o de situaciones políticas, en general. Doctorow explica que ayuda a sacar del reino misterioso de las “grandes fuerzas de la historia” decisiones que están dentro del mundo material, decisiones específicas tomadas por personas concretas. “Decisiones que podemos revertir y personas cuyas direcciones y tamaños de horcas podemos conocer”, ilustra, con su habitual lenguaje agresivo.

El debate político se está “enmerdando” en muchas partes del mundo, y desde luego en España, de forma deliberada y con objetivos muy concretos. Se ha enmerdado la defensa de los derechos humanos, con la idea de que los inmigrantes pueden ser desposeídos de ellos en determinadas circunstancias; se enmierda la denuncia de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, desposeyendo prácticamente de la condición de ser humano a pueblos enteros, como los palestinos, si se dan determinadas circunstancias. Se enmierda el debate sobre cómo impedir que se fuerce a niñas a contraer matrimonio o que se pretenda callar a las mujeres hasta en conversaciones en la calle, alegando costumbres y culturas.

Se enmierda el debate político en países democráticos negando la legitimidad a gobiernos que la han obtenido de forma legal y reglamentaria. Se enmierda reduciéndolo a la opción “ellos o nosotros”, en lugar de “esto o esto otro”. Se produce enshittification en el deterioro de la Universidad o sanidad pública; cuando se veta en el Parlamento Europeo a la persona más cualificada y competente para trabajar en la Comisión. Ocurre hasta en medio de catástrofes como lo ocurrido en Valencia, con las redes hirviendo con bulos y con políticos como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, creyendo que es posible olvidar su ausencia y mantenerse en el cargo, si consigue ensuciar lo suficiente el escenario.

¿Cuál será la palabra de 2025? Quizás pudiera ser NO.

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Quizás si hoy se volviera a pedir a 100 estadounidenses “reflexivos” que explicaran su motivación en la vida, las cosas serían diferentes. Quizás la rotunda victoria de Donald Trump signifique que la histeria ha ganado espacio y que una nueva derecha extrema que no cree ni en el Estado de derecho ni en la igualdad de oportunidades ha conseguido convencer a la mayoría de que los “otros”, los inmigrantes (como antes los “comunistas”), son los culpables de su indignación. A la vista de los nombramientos que está llevando a cabo Trump, parece que quienes pensaron que una cosa sería su oratoria demagógica y otra sus políticas reales están radicalmente equivocados y su gobierno va a llevar a cabo lo que anunció: deportaciones masivas, destrucción de políticas sociales y proteccionismo radical.

Las cosas pueden ser aún distintas en Europa. La nueva Comisión acaba de tomar posesión (ignorando la lamentable maniobra de Alberto Núñez Feijóo), con una estructura semejante a la que ha venido funcionando durante décadas, es decir, un acuerdo entre el Partido Popular Europeo, los liberales y los socialdemócratas, aunque se haya abierto la puerta a dos comisarios próximos a la derecha populista. No tendría importancia si el Partido Popular Europeo y sus socios mantienen a rajatabla los dos principios fundamentales de la democracia liberal: el respeto al Estado de derecho y el impulso a la igualdad de oportunidades. Solo si son capaces de defender esos dos principios frente al arrastre del propio Trump y de los variados gobiernos europeos que flaqueen en ese camino, el futuro de la Unión estará asegurado.

La Comisión Europea debe tener el valor de defender los valores básicos que crearon la Unión y negarse a colaborar con la ola proteccionista que hundirá el comercio de los países menos desarrollados. Y, sobre todo, debe ser capaz de poner pie en pared frente a quienes fomentan el miedo a los migrantes, un miedo inducido por quienes rechazan el principio de igualdad ante la ley. El flujo migratorio es resultado de un proceso y no puede afrontarse como un problema con solución inmediata. Ni es un problema ni tiene solución mágica: exige tratarlo como lo que es, un fenómeno que se desarrolla por fases y que debe ser asumido en consecuencia.

La nueva Comisión cometerá un error garrafal si acepta enfangarse en ese debate. No existe ninguna invasión, existe un intento conocido desde hace siglos que consiste en encontrar chivos expiatorios cuando no se quiere o no se puede hacer frente a problemas que sí son reales. La falta de vivienda o el parón o incluso retroceso experimentado por el principio de igualdad que forma parte de la mentalidad europea no es consecuencia de la inmigración, sino de decisiones adoptadas por quienes controlan el mundo del dinero y las finanzas. La Comisión ha empezado con mal pie, avalando la deportación de inmigrantes a terceros países. Afortunadamente la estructura institucional de la Unión incluye un tribunal europeo que debería ser escuchado. Creer que se ayuda a socialdemócratas o a cristianodemócratas a mantener a raya a Alternativa para Alemania cediendo a su lenguaje y su demagogia será una nueva equivocación. “La tolerancia se convierte en un crimen cuando se aplica al mal”, escribió Thomas Mann en La montaña mágica, que celebra este año su centenario.

“No hace falta que nos recuerden que vivimos en una época de confusión. Muchos de nosotros hemos cambiado nuestras creencias por amargura y cinismo, o por un pesado paquete de desesperación, o incluso por una temblorosa dosis de histeria”, escribió Murrow. La Unión Europea conoce ese camino. Y la Comisión, cuál es su principal cometido: cerrarlo a cal y canto.

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Lo que se avecina ahora es un periodo en que ese trabajo puede ser todavía más importante, a la vista de la debilidad de los gobiernos de los países que han constituido hasta ahora su núcleo central: Alemania, Francia y el Benelux. La Comisión hace frente a un momento que muchos consideran decisivo para el futuro de Europa, en el que tiene que reforzar la capacidad competitiva de sus empresas, su capacidad de defensa, el bienestar de sus ciudadanos y su papel en el mundo. Y además lo tiene que hacer en un momento en el que el populismo de derecha recoge de una manera inquietante el malestar de amplias capas de la población, que se sienten traicionadas tanto por la socialdemocracia como por la democracia cristiana, cuando Donald Trump ocupa la presidencia de Estados Unidos y cuando las relaciones con Rusia atraviesan su peor momento en décadas, como consecuencia de la invasión de Ucrania.

Por eso es tan preocupante que algunos partidos políticos estén utilizando su influencia en el Parlamento Europeo para debilitar la imagen de esa nueva Comisión y socavar el prestigio mismo de la institución. El caso español es especialmente incomprensible porque España, como país, la gobierne el partido que la gobierne, necesita una Comisión cualificada, experta, con gran poder de iniciativa y en la que la voz de España y sus necesidades puedan ser escuchadas y atendidas. Por supuesto que el PP español, como cualquier otro partido, no está obligado a votar en el Parlamento Europeo a una comisaria o comisario de su misma nacionalidad por el hecho de serlo. Pero sí está obligado a que su rechazo se argumente en su falta de capacidad para el puesto al que aspira. Y en este caso es obvio que la negativa del Partido Popular a respaldar a Teresa Ribera como vicepresidenta segunda de la Comisión se basa fundamentalmente en su intento de debilitar al Gobierno de Pedro Sánchez y de ocultar de cualquier manera posible la dramática responsabilidad de Carlos Mazón en los sucesos de Valencia. No tiene nada que ver con la capacidad de la señora Ribera, cuyos conocimientos han sido repetidamente contrastados a lo largo de muchos años y su trabajo en el Consejo de Ministros europeo como titular española de la cartera de Transición Ecológica ha sido unánimemente reconocido.

La señora Von der Leyen sabe además a estas alturas que forzar la renuncia de Teresa Ribera supondría echar al traste todo su esquema actual y abrir un enorme agujero de desconfianza con socialdemócratas y liberales. Von der Leyen necesita dejar bien claro desde el primer momento hasta qué punto quiere hacer de esta Comisión un verdadero motor de la UE, con la ayuda de socialdemócratas y liberales, o si, como propone Feijóo, cierra esa puerta y la deja abierta a “mayorías variables”, sabiendo que, en algunos casos, no le bastará con el grupo de la italiana Meloni, ni tan siquiera con el del húngaro Orbán, sino que tendrá que tragar acuerdos puntuales con Alianza por Alemania.

Quizás sería también el momento para que el nuevo presidente del Consejo, un cargo de muy reciente creación (2009), y con un carácter más representativo que ejecutivo, adquiera más relieve político. Charles Michel, el belga que ha ocupado el cargo los últimos años, ha desempeñado una labor más bien insignificante. Afortunadamente le sustituirá un político con muchísima experiencia, el portugués António Costa, que fue capaz de armar un complicado Gobierno de coalición en su país y que lo presidió con eficacia. El señor Costa podría construir una presidencia del Consejo más atractiva y activa, ayudando a levantar consensos y a lograr que las condiciones de vida de los ciudadanos y sus esperanzas entren a formar parte con más fuerza en el debate interno de la Unión. Ojalá Von der Leyen y Costa acierten, colaboren y asuman su gran responsabilidad. Con Teresa Ribera a su lado.

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Empezando por el final, es obvio que la UE no está en condiciones de reemplazar a Estados Unidos en la defensa de Ucrania. La política de apaciguamiento con Putin anunciada por Trump, que se traducirá en presiones sobre Kiev para que acepte la cesión a Rusia del Donbás y otros territorios, se llevará a cabo quiera o no Bruselas. La única duda es hasta qué punto esa realidad puede llevar a la Unión a adoptar progresivamente las medidas necesarias para fortalecer su seguridad. El trabajo empieza ahora. O no, si se permite que dirigentes europeos como Orbán o Meloni bloqueen la tarea.

En cualquier caso, el debilitamiento de la OTAN hará más pequeña a Europa, pero no hará más grande a América (como augura el principal lema trumpista). Estados Unidos es el socio más fuerte de la Alianza, pero el socio más pequeño no es un ratón. Si las dos partes se debilitan, el que mayor satisfacción obtendrá será China.

La Unión Europea está en mejor posición con vistas a la ola proteccionista en el comercio que anuncia Trump. Estados Unidos tiene unos 335 millones de habitantes. La UE, 450 millones, susceptibles de ampliación con nuevas incorporaciones. Es decir, Europa dispone de un mercado interior muy grande y de una capacidad adquisitiva media bastante razonable, suficientes para tener una cierta capacidad reactiva.

Es difícil prever cómo reaccionará el movimiento feminista en Estados Unidos y en Europa, bastante dividido por la batalla sobre la autodeterminación de género. Quizás la urgencia que plantearán muchas de las decisiones discriminatorias de los seguidores de Trump haga que el movimiento feminista se una en torno a la defensa de lo básico. Será interesante saber si se opta de nuevo por una mujer (¿Michelle Obama?) para liderar al derrotado Partido Demócrata o se recurre a un hombre. Y en Europa, ver hasta qué punto la herida abierta por las nuevas leyes transgénero, y la triste evidencia de que son más niñas y jóvenes mujeres que hombres quienes dicen sentirse mal en su cuerpo, permite acercar posiciones. Nada lo augura, de momento.

El debate sobre cómo hacer frente a la aparición de líderes autocráticos y el debilitamiento de las instituciones democráticas se planteará seguramente no solo en la izquierda, sino también en la derecha tradicional. Si se escucha a Pablo Iglesias, en la izquierda “toca radicalizarse” y rehuir cualquier idea de que se debe “salvar a Sánchez para que no gobierne el PP con Vox”. En el PSOE, por el contrario, se confía aún en que el temor a Vox permita cohesionar grupos muy diversos. Y en la derecha más clásica, representada por el PP, interesa la reacción de José María Aznar, que ha advertido sobre el peligro de los partidos conservadores de dejarse “absorber” por una sola persona.

Mussolini arrastró a Italia detrás de sí en una época en que no existan las redes, pero sí la misma sensación que tienen ahora clases medias y trabajadoras de Estados Unidos y de Europa de que están a punto de perder su estatus. Se suponía que la información ayudaría a que esos sectores de la población comprendieran que su miedo y su furia proceden del expolio al que les han sometido las nuevas clases de ultrarricos, capaces de impedir que se les exija el pago equilibrado de impuestos y la regulación de sus empresas. La información les haría saber que en Estados Unidos ellos han pasado de poseer el 37% de la riqueza del país en 1990 a menos del 26% en 2020. Pero ese mensaje no ha llegado. Al contrario, las nuevas redes han conseguido, mediante sistemas de desinformación organizada nunca conocidos hasta ahora, ocultar esa realidad y desviar la atención. Han sido armas de desinformación masiva.

El último disco del grupo The Cure, una de las bandas de rock más clásicas, se titula Songs of a Lost World (Canciones para un mundo perdido). “I know, I know that my world has grown old and nothing is forever” (lo sé, sé que mi mundo se ha hecho viejo y que nada es para siempre). Pero sigue existiendo la obligación de luchar contra lo que Walter Benjamin explicaba como la tendencia de los seres humanos a, cuando piensan que no pueden caer más bajo, abrir directamente la puerta al desastre.

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Volver a lo básico. No dejar de hablar. No ser capaces de dejar de ver lo que los alemanes dejaron de ver en los años treinta. Reclamemos lo básico: respeto por los tratados internacionales.

Israel firmó en 2007 la Convención de los Derechos del Niño, cuyos Estados miembros nombran cada cuatro años un comité, integrado por 18 expertos en derecho internacional. Actualmente, lo preside la profesora sudafricana Ann Skelton. El vicepresidente es el islandés Bragi Gudbrandsson. El pasado mes de septiembre dicho comité hizo público un informe sobre la situación en Gaza. A esa fecha, informó, 16.775 niños palestinos habían muerto, 21.000 estaban dados por desaparecidos (muchos probablemente enterrados bajo los escombros), más de 6.000 estaban gravemente heridos y 17.000 estaban solos, separados de sus familias, quizá desaparecidas en su totalidad. La cifra, a 3 de noviembre, no ha hecho más que aumentar.

“Han muerto más niños en esta guerra que mujeres y hombres”, dijo la señora Skelton. Bragi Gudbrandsson fue extremadamente claro: “No creo que hayamos visto antes una violación tan masiva de los derechos de los niños como la que hemos visto en Gaza. De las seis violaciones más graves, hay tres sobre las que no queda duda de que Israel está cometiendo: matar y mutilar a niños, atacar hospitales y escuelas y denegar el acceso humanitario a esos niños, es algo casi único en la historia. Este es un momento extremadamente oscuro en la historia”.

Es muy probable que este informe no haya hecho la menor mella en el Gobierno israelí, presidido por Benjamín Netanyahu, pero debería haberlo hecho en la sociedad israelí en su conjunto, por mucho que esté conmocionada por los terribles y feroces asesinatos de 1.200 compatriotas y el secuestro de otros 250, ocurridos en octubre de 2023. Parte de la responsabilidad por esa falta de reacción recae en los medios de comunicación israelíes que, con la valiente excepción del diario Haaretz, ocultan esas informaciones, pero aun así es una ceguera incomprensible, porque esa sociedad dispone de multitud de medios tecnológicos para acceder a información fiable y porque son precisamente los pocos supervivientes del Holocausto judío quienes más están alzando su voz horrorizada contra la acción del ejército israelí.

Hace mucho tiempo que Israel mantiene una relación distante con Naciones Unidas, pero ha empeorado sustancialmente en el último año y va a empeorar aún más si lleva a cabo la prohibición de que la UNRWA tenga actividad en su territorio. La antigua ministra francesa de Asuntos Exteriores Catherine Colonna escribió ya en un informe encargado por la propia Naciones Unidas que “en estos críticos momentos, UNRWA tiene un papel vital en la prestación de ayuda humanitaria en Gaza”. Prohibir la acción de UNRWA es convertir Gaza en un campo de exterminio. Hay que recordar que el mismo ejército israelí destruyó el intento de Estados Unidos de crear una segunda vía a través de la organización World Central Kitchen, que preside el español José Andrés. El cocinero negó que el ataque y asesinato de sus siete cooperantes hubiera sido un error: “El Gobierno israelí estaba informado de nuestros movimientos. Debe poner fin a esta matanza indiscriminada. Dejar de restringir la ayuda humanitaria, dejar de matar a civiles y cooperantes y dejar de utilizar los alimentos como arma”.

La aparición de algunas voces exigiendo que Israel sea suspendido como miembro de la ONU no servirá de nada, porque esa decisión corresponde al Consejo de Seguridad donde Estados Unidos dispone de veto. Pero quizás la Asamblea General pueda aprobar la retirada de credenciales a los integrantes de la delegación israelí, como se hizo en septiembre de 1974, cuando se les retiró a los diplomáticos sudafricanos “hasta la desaparición del apartheid”.

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“El núcleo de populistas como Berlusconi o Haider es el ciudadano trabajador, ligeramente conservador y respetuoso de la ley, que, en silencio, pero con creciente ira, ve su mundo siendo pervertido por progresistas, criminales y extranjeros”, escribe el profesor holandés Cas Mudde. “Frente a la ira que provocaron la austeridad en servicios públicos y salarios estancados de los años ochenta, el populismo se apodera de muchos partidos de derecha clásica, que fueron en buena parte responsables de aquella crisis y que ahora caen de lleno en ese frenesí simplista de la política como nosotros (buenos) versus ellos (malos), lo que justifica la difamación de los oponentes y se yuxtapone a los principios básicos del pluralismo o las instituciones que buscan el consenso”, mantiene la profesora, también holandesa, Saskia Ruth-Lovell.

En España, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha conseguido escapar de ese movimiento y de esa tentación. Arrastrado por un tsunami judicial, que él alienta y alimenta, no ha logrado elaborar una estrategia conservadora única. Al final, el clima escandaloso en el que se mueve descentra cualquier posibilidad de armar un discurso político. Núñez Feijóo no parece capaz de cambiar esa corriente, por mucho que a veces parezca que le resulta incómoda. El voto de sus eurodiputados en Bruselas en apoyo de la propuesta de la extrema derecha de crear campos de internamiento para demandantes de asilo fuera de las fronteras europeas ha sido el último ejemplo de esa incapacidad para remar contra corriente.

El presidente del PP no tiene problemas de liderazgo interno, en el sentido de que otros barones le disputen en estos momentos el cargo, pero sí un problema de proyecto, personal y político. No ofrece alternativas ni tiene, lo que es aún más dañino para su imagen de autoridad, un equipo que pueda inspirar confianza de gestión.

Se ha señalado en muchas ocasiones que el presidente del PP no tiene a su lado a ningún economista con prestigio o experiencia. En su partido, son muchas las voces que consideran que es un error que no se decida a designar a una persona que inspire respeto y reconocimiento en el mundo económico y que le acompañe en esta travesía. Una travesía que no será corta, porque nada hace prever que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera convocar elecciones anticipadas, sobre todo si finalmente logra que se aprueben unos nuevos Presupuestos.

Desde el punto de vista político, Feijóo tampoco se ha rodeado de pesos pesados. El actual portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, es lo que en jerga parlamentaria se llama “un jabalí”, un diputado al que se le ha encargado la misión de atacar siempre y en todo caso. Cuca Gamarra es un personaje más interesante, con experiencia de gestión como alcaldesa de Logroño, y con más capacidad de debate político, pero se encuentra atrapada en el mismo circo populista. Elías Bendodo, que también tiene un amplio currículo político, fue alejado en su momento del núcleo duro del presidente de su partido, sin mayores explicaciones.

El posible relevo de Núñez Feijóo no está a la vista. Nadie le disputa el cargo y muy pocos podrían estar en disposición de hacerlo. Quizás el único político del Partido Popular que ha conseguido escapar por ahora del escenario del radicalismo populista es el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ofrece una cierta imagen de transversalidad y que mantiene casi intacta su popularidad. En cualquier caso, nunca sería Isabel Díaz Ayuso, la más genuina representante del populismo de derecha extrema, que limita su papel político a la Comunidad de Madrid, por más que en ocasiones parezca asediar a Feijóo. Ayuso se enfrenta también a problemas judiciales, pero sobre todo está al frente de una comunidad que durante años fue un verdadero nicho de corrupción. Su predecesora, Esperanza Aguirre, escapó por los pelos, pero Isabel Díaz Ayuso ya no podría esgrimir la misma excusa si reviviera aquella hidra de siete cabezas.

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Obviamente, los problemas de Pedro Sánchez y del Partido Socialista no se solucionarían con una derrota de Trump. Son problemas propios, serios y difíciles de resolver. Básicamente están relacionados con la falta de acción y mensaje político. El presidente Sánchez busca gobernar y sacar adelante un presupuesto, pero tiene una enorme dificultad para hacer pasar en la opinión pública mensajes políticos, la idea de un proyecto. Cierto que el primer problema es el tipo de oposición que realiza el Partido Popular, que no ofrece alternativas de gobierno, sino que trata solo de impedir que se gobierne y mantiene un continuo acoso personal. Sánchez considera esa actitud una deslealtad institucional. Pero también es cierto que el presidente hace mucho tiempo que no ofrece explicaciones sobre su política y sobre sus acciones (el intervalo de cinco días de reflexión que se tomó el pasado mes de abril no desembocó en un proyecto claro ni en la apertura de un debate político). “El presidente no puede hacer todo el trabajo él solo, pero no deja espacio a ningún ministro ni a dirigentes del partido para que ejerzan algún tipo de liderazgo ideológico. Le faltan “muletas” y no las acepta y eso empobrece el liderazgo político del PSOE”, explica un diputado que apoyó desde muy pronto a Sánchez.

La opinión de que nadie tiene encomendado, ni en el gobierno ni en el partido, un trabajo esencialmente político está bastante extendida entre los cargos intermedios del PSOE. “Sería más fácil hacer frente a las maniobras del PP y a los auténticos problemas internos que nos vamos encontrando, como el caso Ábalos, que es muy preocupante, si existieran voces con peso político capaces de llegar a la opinión pública. Pero no existen”, explica ese mismo diputado. Para él, el congreso federal no planteará especiales dificultades a Sánchez, aunque es posible que algunas delegaciones “se hagan notar”, sobre todo teniendo en cuenta que los congresos territoriales se llevarán a cabo inmediatamente después. La mayor expectativa la levanta Andalucía, donde existe un claro malestar y donde Susana Díaz no ha perdido todas las posiciones. Sánchez no dispone esta vez de la experiencia política de Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, ni de suficientes caras conocidas y prestigiosas dispuestas a hacer el trabajo interno necesario. En cualquier caso, las únicas dificultades pueden llegar a través de los “papeles” que se preparan para los debates del congreso federal, pero nunca por enfrenamientos personales.

Dado el hermetismo habitual del presidente del Gobierno, nadie sabe bien hasta qué punto está dispuesto a hacer cambios en el gobierno y en la ejecutiva del partido. Pero son bastantes las voces que estiman que Pedro Sánchez no ha hecho una auténtica crisis de Gobierno desde hace demasiado tiempo. A raíz de la clara derrota en las elecciones municipales y autonómicas y de las inmediatas elecciones generales, se limitó a recomponer su mayoría parlamentaria y a introducir algunos cambios mínimos, pero el gabinete sigue siendo prácticamente el mismo de antes de esas derrotas, al menos en su columna vertebral. “No tiene a nadie que haga gestión política”, admite otro dirigente local, que se proclama “sanchista”. Critica lo que califica de incapacidad de Sánchez para dar autonomía a un verdadero equipo, pero también lamenta muy especialmente la actitud del expresidente Felipe González. “Nadie le pide que elogie al presidente si no le agrada, pero su papel como gran dirigente socialista sería un mensaje político: hay que luchar contra la crispación en política. Él, que tanto la sufrió, sabe perfectamente la capacidad destructiva de la democracia que tiene esa táctica”.

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Haití está sumido en el caos, sometido a la violencia de pandillas armadas que han provocado en lo que va de año 4.789 homicidios y 2.490 secuestros. Dado que en la isla no existe ninguna fábrica de armas ni de munición, todo el armamento de que disponen esas pandillas llega desde Estados Unidos, y muy específicamente, desde Florida. Por más que las organizaciones internacionales piden a Estados Unidos que impida ese tráfico, parece que nada se hace, al menos con la suficiente eficacia. Así, pues, los inmigrantes haitianos en Estados Unidos no se comen las mascotas de sus vecinos, pero algunos traficantes de armas estadounidenses inundan Haití con miles de pistolas y rifles automáticos con los que no se mata a mascotas sino a personas, miles.

Las relaciones de Estados Unidos con Haití han sido siempre desgraciadas. En 2010, el expresidente estadounidense Bill Clinton hizo algo insólito: pidió perdón por haber obligado a Haití a reducir los aranceles a la importación de arroz norteamericano, que llegaba subvencionado por Washington y que destruyó la producción nacional. “Quizás fue bueno para algunos de mis productores de arroz en Arkansas, pero no funcionó. Fue un error”. Lo fue. Haití perdió la capacidad de producir uno de los cultivos más importantes para la alimentación de su población. Solo porque el presidente de Estados Unidos quería ayudar a los productores de Arkansas a deshacerse de sus excedentes. “Debo convivir con las consecuencias de lo que hice”, dijo, compungido, Bill Clinton, pero quienes vivieron con las consecuencias fueron esos millones de haitianos a los que hundió en la miseria. Ese mismo Clinton había ayudado a reponer en el cargo de presidente democrático de Haití a Jean-Bertrand Aristide, el político y sacerdote salesiano expulsado del poder por un golpe militar. Clinton conocía bien el país. Pasó allí parte de su luna de miel, cuando en 1975 se casó con Hillary Rodham (entonces, gobernaba el hijo del dictador, Jean-Claude Duvalier). Pero nada impidió que destruyera su capacidad agrícola de un plumazo.

Todo fue muy mal con Estados Unidos muy pronto. En 1914, Washington envió una cañonera con marines para, pura y simplemente, robar el oro del Banco Nacional de la República de Haití. Ocho marines entraron en la sede del banco, robaron oro por valor de medio millón de dólares de la época y se volvieron a Estados Unidos, donde depositaron los lingotes en el National City Bank. El Banco Nacional de Haití era propiedad de accionistas norteamericanos, así que cuando necesitaron el dinero recurrieron, sin más, a la cañonera. Las relaciones de Haití con Francia tampoco fueron mejores. Como cuenta la BBC, “hace 220 años, Haití se convirtió en la primera nación independiente de América Latina, la república negra más antigua del mundo y la segunda república más antigua del hemisferio occidental después de Estados Unidos. Todo esto se logró tras la única revuelta de esclavos exitosa en la historia humana”. Sin embargo, para que se reconociera su independencia, Haití tuvo que pagar 150 millones de francos (unos 21.000 millones de hoy) a Francia en concepto de indemnización por las propiedades ¡y los esclavos! que habían perdido los franceses. Un caso único en el que el colonizado no recibe indemnización, sino al contrario. Se podría pensar que la ONU o la comunidad internacional repararían tanto desatino. Pero Duvalier padre, el sangriento dictador, se mantuvo en el poder 14 años, hasta su muerte en 1971, sin que nadie le incomodara, todos encantados con su régimen de terror frente al comunismo caribeño. Tras el terremoto de 2010, la ONU intentó ayudar a recomponer el país, pero con muy mal pie: los cascos azules llevaron consigo una feroz epidemia de cólera y fueron acusados de violaciones y abusos.

Así que, si se mira hacia atrás, no han sido los haitianos los que se han comido las mascotas de nadie, sino todos los demás quienes se han comido sus recursos.

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En la nueva Comisión 2024-2029 que acaba de nombrarse, el puesto ha desaparecido y en su lugar existe una vicepresidencia ocupada por la socialdemócrata rumana Roxana Mînzatu, bajo la curiosa denominación Personas, Habilidades y Preparación. De ella dependerán (todavía más extraño) otros dos comisarios, encargados, uno de Mediterráneo (competencia compartida, obviamente, con la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad) y otro de Gestión de Crisis e Igualdad. En la Unión Europea se van escamoteando, en su organigrama y en los documentos que produce, con jergas aparentemente modernas, todas las referencias claras a derechos de los trabajadores y asuntos sociales. ¿Personas, Habilidades y Preparación? ¿Qué tiene de malo hablar de empleo, trabajadores, derechos sociales, acción social…?

El primer tratado constitutivo de la Comunidad del Acero y del Carbón entre Alemania y Francia (9 de mayo de 1950) se refiere, por encima de todo y como prioridad esencial, a la salvaguardia de la paz. Pero pocas líneas más abajo trata del compromiso que adquiere la Alta Autoridad de promover “los avances en la igualdad de las condiciones de vida de la mano de obra de esas industrias” (en los dos países). En 1950 ya existían los obreros. Desaparece poco a poco la palabra, como desaparecen los derechos de los trabajadores, desplazados ahora en la mayoría de los textos legales por el nuevo “derecho de los consumidores”.

Es verdad que, en la Unión, lo único obligatorio han sido siempre los aspectos relacionados con el capital: no se puede sobrepasar un déficit determinado, no se puede mantener una deuda excesiva, se debe favorecer la libre circulación del dinero y servicios financieros. Todo lo relativo a paro, desigualdad o vivienda ha formado parte de un llamado Pilar Social, que era siempre voluntario. Aun así, durante décadas, la derecha de raíz democratacristiana colaboraba con los socialdemócratas e incluso impulsaba en solitario medidas para lograr mejoras sociales. Poco a poco, esa derecha europea ha ido desapareciendo e incluso Ursula von der Leyen, que dice proceder de esa tendencia ideológica y que, en su momento, defendió la implementación de un Pilar Europeo de Derechos Sociales, se adapta ahora mucho mejor a la imagen de una nueva derecha conservadora mundial que prefiere hablar de “Personas, Habilidades y Preparación” antes que de desigualdad o salarios mínimos. Y la socialdemocracia, perdidas casi por completo sus raíces sindicales, a su vez enormemente debilitadas, participa muy a gusto en ese nuevo e insoportable lenguaje.

Habrá que esperar a las audiencias en el Parlamento Europeo con los nuevos miembros de la Comisión, previstas a partir del 4 de noviembre, para averiguar hasta qué punto la señora Mînzatu es capaz de explicar sus competencias y su relación con la antigua cartera social. Y al discurso final de Von der Leyen, donde explicará su programa y, de paso, dónde fue a parar aquel Pilar de Derechos Sociales.

Quizás sea también la ocasión de oír hablar a los eurodiputados sobre el elefante en el salón: los impuestos y los paraísos fiscales. El último informe de la Fiscalía Europea contra el Fraude, que dirige Laura Kövesi, rumana de 51 años, tiene un tono bastante irritado. Cada vez más, la señora Kövesi se encuentra con que para proteger el presupuesto de la Unión debe ocuparse de casos de tráfico de armas, tráfico de emigrantes, corrupción… Y lo que más le saca de quicio: el fraude continuado del IVA. “Estoy harta de oír a ministros de Justicia y a gente que trabaja en finanzas que me dice ‘bueno, tenemos un desfase del 10%’. Lo aceptan como si nada, pero ese gap solo se explica por un fraude”. Claro que, según ella, “es muy fácil cometerlo: se necesita un abogado, un contable y alguien con un buen traje”.

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El Pacto para el Futuro debería resultar esperanzador por cuanto asegura que el consenso internacional debe basarse en el multilateralismo y en la defensa de la dignidad humana, pero lo cierto es que provoca un sentimiento de angustiosa impotencia. Resulta estremecedor leer su contenido mientras se difunden las noticias sobre lo que ocurre en Sudán o en Ucrania y, muy especialmente, sobre las acciones del ejército de un país creado por la ONU y considerado democrático como Israel. En Gaza desde hace casi un año y en el Líbano desde hace pocos días, las fuerzas armadas de Israel, movilizadas tras un atentado terrorista de Hamás, han provocado decenas de miles de civiles muertos, entre ellos niños y mujeres, así como el asesinato de decenas de periodistas y personal de Naciones Unidas, y la destrucción de infraestructuras civiles, como conducciones de agua, escuelas y hospitales. La formulación de los objetivos y propósitos del pacto choca tan radicalmente con la realidad y la falta de medios de Naciones Unidas para modificarla (los cascos azules españoles en el sur del Líbano son la mejor muestra), que es lícito preguntarse si tiene sentido impulsar un documento semejante en estos momentos.

Aun así, el pacto merece ser leído y guardado, para no olvidar completamente cuál es la razón de ser de la ONU y del derecho internacional. Entre otros, estos son los compromisos de la comunidad internacional: “Condenamos en los términos más enérgicos los efectos devastadores de los conflictos armados en civiles, la infraestructura civil y el patrimonio cultural, y estamos particularmente preocupados por el impacto desproporcionado de la violencia en las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, y otras personas en situaciones vulnerables en conflictos armados”. Anoten también que genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluidos ataques deliberados contra civiles e infraestructuras civiles, están prohibidos por el derecho internacional.

Y copien y guarden las decisiones adoptadas para garantizar el futuro de las nuevas generaciones. Y consulten la lista cuando necesiten saber lo que es lícito y lo que no lo es. Es larga, pero esclarecedora: “Los países firmantes del pacto decidimos: a) Adoptar medidas concretas y prácticas para proteger a todos los civiles en zonas armadas y en conflicto; b) Acelerar la implementación de nuestros compromisos en materia de niños; c) Restringir o abstenerse del uso de armas explosivas en áreas pobladas cuando se pueda esperar que su uso cause daños a civiles o bienes, incluidas escuelas, instalaciones médicas y lugares de culto; d) Permitir el acceso y la asistencia humanitaria rápida y sin obstáculos; e) Respetar y proteger al personal humanitario y a las Naciones Unidas, incluido el personal contratado nacional y localmente; f) Respetar y proteger a los periodistas, profesionales de los medios de comunicación y asociados; g) Redoblar nuestros esfuerzos para poner fin a la impunidad y garantizar la rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional humanitario, los crímenes más graves según el derecho internacional, incluidos el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras atrocidades”.

Según informó el pasado 19 de septiembre el Comité sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, desde que empezó la ofensiva israelí en Gaza, el 7 de octubre hará un año, han muerto más de 16.756 niños, al menos un millón han sido desplazados, 21.000 están dados por desaparecidos, 20.000 han perdido a uno o ambos progenitores y 17.000 se encuentran solos o separados de sus familias. Según la Federación Internacional de Periodistas, han muerto más de cien profesionales de medios palestinos, además de otros 16 periodistas heridos, cuatro desaparecidos y 25 detenidos, contabilizados por el Comité para la Protección de los Periodistas. Según datos de Aid Worker Security Database, han muerto en Gaza más de 196 trabajadores humanitarios, la mayoría empleados de Naciones Unidas. La pregunta es: Y ahora, ¿qué?

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Es también posible que González Urrutia, pese a que ha sido reconocido como presidente legítimo de Venezuela por el Parlamento español y por el Parlamento Europeo, pensara que lo mejor para él y para su salud (aunque quizás no para su causa) sería exiliarse en España, con su familia.

Lo que no parece, en absoluto, razonable es que el papel en el que González Urrutia “acata” la victoria de Nicolás Maduro, condición impuesta por éste para permitir su salida del país, se firmara en la residencia oficial del embajador español y con su presencia física. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirma que nadie de su departamento participó en ninguna negociación con el Gobierno de Maduro ni permitió que se coaccionara a su protegido en las instalaciones diplomáticas españolas (lo que sería verdaderamente ofensivo). No se entiende entonces por qué autorizó que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, y el presidente del Congreso venezolano, Jorge Rodríguez (el mismo que horas antes pedía a gritos que su Gobierno rompiera totalmente sus relaciones con España) entraran en la residencia del embajador para presentar a González Urrutia semejante papel.

Si González Urrutia estaba dispuesto a firmar algo así, desde luego el último lugar para hacerlo era en la residencia del embajador y mucho menos en su presencia. El político venezolano era libre de salir de la residencia, con las debidas garantías de seguridad, y desplazarse a donde quisiera para firmar, si esa era su voluntad. El embajador español estaba obligado a proteger dentro de sus instalaciones a quien España había concedido asilo y no podía ser testigo de un acto semejante, que vulnera todos los principios democráticos.

Lo ocurrido no debió suceder, no cabe ninguna excusa, y es responsabilidad del ministro Albares explicar en sede parlamentaria por qué aceptó la entrada de los hermanos Rodríguez en la residencia del embajador. No ayuda que Delcy Rodríguez fuera, precisamente, la protagonista de un serio incidente nunca bien explicado en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando el entonces ministro Ábalos permitió que aterrizara en España, pese a estar incluida en la lista negra de altos cargos del régimen bolivariano a quienes la Unión Europea impedía entrar en el espacio Schengen. Tampoco ayudará al necesario esclarecimiento de lo ocurrido la desatada respuesta del Partido Popular, que acusa al Gobierno español de alentar el “golpe de Estado” en Venezuela. Así no se podrá celebrar un debate parlamentario exigente, sino que todo se quedará, una vez más, en acusaciones desatadas, sin medida y por lo tanto poco fructíferas.

Lograr que González Urrutia se exiliara coloca en ventaja al Gobierno de Maduro. La alternativa, meterle en la cárcel, hubiera provocado aún mayor indignación y enfrentamientos en las calles venezolanas y la inmediata actividad diplomática de Estados Unidos y de Europa para lograr su liberación. Es mucho más útil para Maduro meter en la cárcel a dos españoles de mucha menor relevancia política, a los que podrá liberar en su momento gracias a mediadores agradecidos. Mientras tanto, logra mantenerse en el Gobierno, distraer la atención sobre sucesos menores y agotar a sus oponentes.

Son técnicas muy bien aprendidas de su admirado Gobierno cubano, especialista en mantener presos políticos que los diplomáticos extranjeros, españoles sobre todo, se esfuerzan en sacar poco a poco de la cárcel. Aunque Cuba es precisamente ahora mal ejemplo: atraviesa uno de sus peores momentos, con una crisis económica tan fuerte que ni tan siquiera tiene azúcar suficiente para abastecer a su población. La zafra, desaparecidos muchos ingenios azucareros, oxidada la mayoría de la maquinaria por falta de atención y recursos, sin petróleo y sin mano de obra, no alcanzará este año las 350.000 toneladas de la campaña anterior, ya de por sí catastrófica.

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La extrema derecha preside los gobiernos de Italia y Hungría, y forma parte de coaliciones en Croacia, Eslovaquia, Finlandia y Países Bajos. El Gobierno sueco se sostiene gracias al apoyo externo de un partido de extrema derecha. En el Parlamento Europeo hay tres grupos distintos de extrema derecha y solo a uno de ellos, los “soberanistas” de Alternativa para Alemania (AfD), se le aplica claramente esa etiqueta. Los otros dos, liderados, uno por la italiana Meloni y el polaco Kaczynski, y otro, por el húngaro Orbán y la francesa Le Pen, pretenden ser identificados como “conservadores nacionalistas”. En el que dirige Orbán, se integra Vox.

Una de las principales características políticas de la última década en Europa es la aceptación de situaciones de prolongadas crisis como aparentemente normales. Un estudio de varios autores publicado en la Revista de Lengua y Política, editada por una editorial académica independiente con sede en Ámsterdam, recuerda que el antisemitismo fue “normal” en los años veinte y treinta del siglo pasado. Es decir, explican, el subproducto más destacado de la extrema derecha es la identificación apresurada de aquellos que son aparentemente “culpables”, los chivos expiatorios, de esas crisis prolongadas. Sucesos perturbadores que en etapas anteriores habrían provocado respuestas duras y claras, en defensa de los valores democráticos, forman ahora parte de una “nueva normalidad”, que se asume sin muchos aspavientos. Temas que eran tabúes se vuelven normales y se cambia el límite de lo decible.

La normalización de la extrema derecha genera exclusión, y en estos momentos el “antisemitismo” (que no ha desaparecido totalmente) se ha transformado en el rechazo a los inmigrantes y juega el mismo papel promoviendo la desigualdad y redefiniendo los valores centrales de la democracia: el Estado de derecho, fundamentalmente. Se pretende aplicar a los emigrantes leyes diferentes, cuando un valor fundamental de la democracia es que los derechos y obligaciones deben ser los mismos para todos los residentes en un mismo país. “Poco a poco se extiende una nueva normalidad que excluye a grupos sociales supuestamente culpables de los problemas sociales”, sostiene el artículo mencionado.

Uno de los principales éxitos de la extrema derecha (y uno de sus mayores peligros) es que ha conseguido que algunos de sus partidos dejen de llevar esa etiqueta. Conseguir que se lo identifique como “conservador nacionalista” es uno de los principales objetivos de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su estrategia parece tener éxito. Su programa se diferencia del de Alternativa para Alemania en que Meloni defiende la permanencia de Italia en la UE y en la OTAN, pero comparten su visión de la inmigración, los derechos de la mujer o la renacionalización y centralización del poder. El primer ministro húngaro, Vik­tor Orbán, se diferencia de Meloni en que apoya a Putin, pero se une a ella en casi todo lo demás. Todos ellos tienen también una lucha común en el campo de las políticas culturales, de la memoria (poco a poco, Mussolini no fue tan funesto, los seguidores de Hitler tan criminales ni los colaboracionistas húngaros tan odiosos) o de género (todos ellos rechazan el derecho de la mujer al aborto). Muchos analistas han escrito sobre la manera en la que la extrema derecha logra “secuestrar el lenguaje”.

La importancia de luchar contra la normalización de lo que no es normal, ni debería serlo, exige recordar también que la invasión de Ucrania por decisión del presidente ruso, Putin, una ofensiva que arrancó hace casi tres años, es un hecho gravísimo que exige respuesta. Y que la masacre que provoca el ejército israelí desde hace casi un año en Gaza, con la destrucción deliberada de todas las infraestructuras viarias, educativas, sanitarias y comunitarias y el asesinato de más de 10.000 niños y 50.000 civiles, no responde a una respuesta “normal” a un atentado previo, sino a lo que seguramente llegará a calificarse como genocidio o crimen de lesa humanidad.

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El texto es, sin lugar a dudas, deliberadamente ambiguo y puede implicar pasos en muchos sentidos, federalizantes o no, según como se desarrolle finalmente. Por ahora nadie en el PSOE ni en el Gobierno ha dado mayores pistas. Tampoco los portavoces de ERC, por mucho que reclamen el “cumplimiento exacto de lo acordado” porque, en realidad, no han firmado nada muy exacto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su obligada comparecencia esta semana ante el Senado, se limitó también a leer párrafos del acuerdo, sin añadir concreciones, posiblemente porque ella tampoco sabe exactamente cómo va a decantarse toda esa ambigüedad, ni desde el punto de vista técnico ni del político. En lo que tiene razón es en que el documento no responde al modelo del concierto vasco ni al cupo como asegura el Partido Popular. Es otra cosa, aunque no se sepa todavía bien cuál.

El propio presidente del Gobierno hizo una mínima mención al tema en su comparecencia en el Instituto Cervantes, limitándose a garantizar que la reforma del sistema de financiación autonómica implicará que todas las comunidades recibirán más recursos, porque se duplicará el Fondo de Compensación Territorial. Es un dato, pero eso no implica necesariamente una reforma federal, sino que el Estado central derivará más recursos propios a las CC AA (ahora hay dinero para poder hacerlo, gracias a los fondos europeos). La pregunta que habría que responder es ¿qué porcentaje de la recaudación total de impuestos (IRPF y sociedades, fundamentalmente, porque el IVA es casi totalmente competencia europea) irá a parar a las comunidades autónomas y ayuntamientos y qué porcentaje al Estado central? En Alemania, por ejemplo, un Estado de estructura federal, en el que los länder recaudan todos los impuestos, se sabe que el 45% se destina a cada Estado federado, el 45% al Estado central y el 10% a la financiación de los municipios.

El documento PSC-ERC contiene algunas líneas imprescindibles para poder hablar de federalización: prevé la extensión del modelo que se pacte a todas las comunidades que lo deseen y establece que la comunidad catalana “recauda y administra” los impuestos, pero no que pueda fijarlos (es decir, que la capacidad normativa sigue siendo solo del Estado). Pero faltan muchos otros elementos. En teoría, el debate socialista sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, Cataluña incluida, debería encuadrarse en el marco del documento conocido como Declaración de Granada, que firmaron los dirigentes del PSOE en 2013 y que sigue en vigor, salvo que el próximo congreso federal lo desautorice. Y ese documento, que se denomina Reformar la estructura territorial del Estado con los principios y técnicas del federalismo, considera que “los cambios que necesita el Estado de las autonomías no pueden solventarse mediante simples modificaciones legales. Si queremos hacerlo de verdad, es obligatorio abrir el camino de la reforma constitucional”.

“Cualquier paso en el camino de una estructural federal”, añade el documento, “exige la reforma del Senado e incluir el principio de lealtad federal entre el Estado y las comunidades autónomas, así como impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación entre administraciones”.

No existe en la actualidad la menor posibilidad de abrir una negociación multilateral, con el Partido Popular incluido, para proceder a esa reforma constitucional. Pedro Sánchez cree que, puesto que la “necesidad obliga” y conseguir que Salvador Illa presida la Generalitat y mantener su propio Gobierno a flote son objetivos que merecen la pena, es posible abandonar aquel proyecto y atajar mediante un acuerdo bilateral con ERC sobre un aspecto concreto, la financiación, que después pueda extenderse a todas las otras comunidades. Es un paso arriesgado y ambiguo. Quizás lo primero que hay que dejar claro es que se tratará de una negociación muy larga. Y, que si se resuelve en poco tiempo, quizás sea una mala solución.

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No se comprende por qué la comunidad internacional no ha dado aún ese paso, porque es difícilmente discutible que los más de 100 edictos emitidos por las autoridades talibanas desde su regreso al poder en 2021 para restringir o eliminar los derechos de las mujeres y niñas a la educación, sanidad, libertad de expresión, empleo, representación política, cultura, libertad de movimientos, esclavitud sexual (obligación de contraer matrimonio al margen de su voluntad), etcétera, entran de lleno en lo que se considera un atentado contra los derechos de la humanidad entera, un gravísimo delito reconocido desde el juicio de Núremberg (los dirigentes nazis no fueron condenados por genocidio, un delito que Naciones Unidas no reconoció hasta un año después por insistencia de un extraordinario jurista polaco llamado Raphael Lemkin, sino por crímenes de lesa humanidad, definidos por otro jurista polaco, Hersch Lauterpacht). (Nota aparte: La historia de los dos abogados puede seguirse en un maravilloso libro de Philippe Sands, Calle Este-Oeste, de la editorial Anagrama).

Si el régimen de apartheid que imperó en Sudáfrica fue considerado por la Asamblea General de Naciones Unidas a partir de 1973 como crimen contra la humanidad y si el Tribunal Penal Internacional declaró igualmente crimen contra la humanidad cualquier tipo de apartheid, ¿cómo no se ha reconocido ya el mismo delito en la situación que padecen mujeres y niñas afganas? Aplicarlo en este caso acarrearía consecuencias que pueden ser beneficiosas para ellas. No es lo mismo que los firmantes y promotores de esos edictos sepan que serán juzgados y enviados a prisión en un país extranjero por largos años, que todos sus bienes serán confiscados y que, aun cuando permanezcan en su propio país, no podrán nunca participar en una negociación, tratar con ninguna organización internacional ni viajar fuera de sus fronteras. Sobre todo, la declaración de crimen de lesa humanidad ayudaría a que las mujeres y niñas que consigan salir de Afganistán reciban inmediatamente, sin ninguna otra exigencia, la consideración de asiladas políticas. Es verdad que, en algunos países europeos, esa consideración prima facie ya existe, pero no así en el país más importante, Turquía, donde más mujeres afganas huyen y donde ya se han dado bastantes casos de mujeres deportadas de nuevo a Afganistán, sin que la comunidad internacional haya hecho nada para protegerlas de un destino tan cruel. Si el TPI hubiera declarado ya la existencia de un crimen contra la humanidad, el Gobierno turco, firmante del Estatuto de Roma, tendría que impedir esas deportaciones.

Hace solo una semana, por primera vez, la Unión Europea, o por lo menos su Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, planteó esa posibilidad. Josep Borrell declaró que la nueva ley afgana que prohíbe a las mujeres hablar en público (¿tampoco hablar en voz alta en la calle?) “puede equivaler a persecución de género, que es un crimen contra la humanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que Afganistán es Estado Parte”. Bienvenida la declaración y gracias al señor Borrell por intentar abrir el debate, pero “¿puede equivaler…?”. ¿Qué más se necesita para establecer que existe persecución por género? ¿Se toleraría que se aplicara en cualquier país del mundo un régimen parecido de restricciones y prohibiciones a un grupo de hombres definido por su raza o religión?

Borrell será sustituido pronto por una mujer, la ex primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, pero no hay motivos para creer que la señora Kallas vaya a reclamar al TPI la declaración de crimen contra la humanidad para la persecución que padecen las mujeres afganas. Quizás la única forma sea que las ciudadanas europeas, españolas y de cualquier otro país socio, la inundemos de mensajes exigiendo que tome medidas inmediatas para abrir ese proceso. Una dirección posible para dirigirse a ella es esta: https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_en. Intentémoslo.

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¿Todo esto por qué? Hamás atacó una población israelí el 7 de octubre y mató a más de 1.000 hombres, mujeres y niños que acudían pacíficamente a un festival musical. Violaron a mujeres y se llevaron rehenes. El Gobierno israelí asegura que sus ataques tienen por objetivo recuperar a esos rehenes y destruir a Hamás. Ninguna de las dos cosas las ha conseguido hasta ahora y, según los expertos, ninguna de las dos cosas podrá conseguirlas con estas masacres. Solo la negociación puede devolver a los rehenes con vida, pero esas conversaciones no avanzan y algunos familiares sospechan que su propio Gobierno las paraliza.

El Parlamento israelí ha vuelto a votar, por enorme mayoría, contra la posible creación de un Estado palestino, tal y como pretenden las resoluciones de Naciones Unidas. Votaron en contra 68 diputados (laboristas y Likud juntos) y 9 a favor. En ningún momento el Gobierno israelí (ni los conservadores ni los socialdemócratas) ha explicado cómo piensan organizar las cosas cuando acabe su ataque sobre Gaza (y también el acoso contra habitantes de Cisjordania). No habrá dos Estados, entre otras cosas porque ya hay medio millón de colonos israelíes fuertemente armados en territorios que pertenecen a Palestina y que no piensan marcharse (y nadie, por lo que se ve, piensa exigírselo).

Así que, ¿qué otras posibilidades hay? Solo dos. Una, la total limpieza étnica, expulsar a todos los palestinos del territorio que los extremistas israelíes quieren hacer suyo (del río al mar), es decir, deportar a unos cinco millones de personas. Parece difícil que los países limítrofes lo consientan. Solo queda, pues, la segunda solución: crear zonas especiales donde se obligue a vivir a los palestinos, sometidos a unas condiciones extremas de control, falta de infraestructuras y medios, y donde no se acepte ni tan siquiera la presencia de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos que se ha encargado, mal que bien, todos estos años, de procurarles comida, asistencia sanitaria y educación y que el Gobierno israelí califica ahora de organización terrorista. (Afortunadamente, más de 100 países que habían dejado de financiar a la UNRWA han vuelto en los últimos meses a proporcionarle fondos, el Reino Unido entre ellos. El Gobierno español nunca dejó de hacerlo).

Los extremistas de Israel (y una parte de la población que no quiere mirar ni oír) están convencidos de que es posible un nuevo sistema de apartheid. El régimen racista de Sudáfrica resistió entre 1948 y 1990, pero Israel dispone de muchos más medios económicos y de una tecnología muchísimo más potente. Seguramente los defensores de este sistema creen que son muy capaces de crear un apartheid, no menos cruel pero sí más sofisticado.

Nadie puede decir que no está oliendo la carne quemada de los palestinos ni el sollozo insoportable de varias generaciones de jóvenes y niños sin esperanza. Están muy cerca. Ayudar a Israel sería ayudarle a renunciar a su espantoso proyecto. Fracasarán. Y centenares de miles de israelíes tendrán que hacer frente largo tiempo a la vergüenza y la culpa.

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Hubo finalmente que proceder, en mayo de 2007, a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para dejar escrito lo que parecía obvio, que las resoluciones del TC no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. El TC, por su parte, se esforzó en aclarar que no le corresponde valorar la forma en la que los órganos del Poder Judicial, en particular el TS, interpretan y aplican las leyes, en tanto, eso sí, “no violen las garantías constitucionales”.

Se suponía que el Tribunal Supremo tendría especial cuidado precisamente en no violar la espina dorsal de la Constitución, las garantías y la separación de poderes. Por eso es tan demoledora la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al caso de los ERE andaluces: porque el Tribunal Supremo avaló sentencias que vulneraban esas garantías y cruzó los límites de la cordura al aceptar que un proyecto de ley, mientras era discutido en el Parlamento y cuando ya era aprobado, podía llevar aparejados delitos de prevaricación o malversación. Siendo así que, mientras estaba en debate, era solo competencia del Parlamento y cuando ya estaba aprobado, del propio Constitucional.

El Tribunal Constitucional, es de suponer que deseoso de evitar una nueva guerra jurisdiccional, está teniendo un cuidado extremo en sus sentencias relacionadas con los ERE, como demuestran los tres importantes artículos publicados por Tomás de la Quadra-Salcedo en este periódico, para dejar claro que el TC no interfiere en la capacidad del Supremo para interpretar las leyes y al mismo tiempo dictaminar que el Supremo violó de manera grosera las garantías constitucionales de una serie de encausados, todos ellos cargos políticos socialistas, a los que ahora habría directamente que pedir perdón. El prestigio del Supremo, capaz de reconocer a la Audiencia de Sevilla una competencia totalmente ajena a su ámbito jurídico, según el Constitucional, queda afectado.

El sistema democrático español ha aguantado crisis severas, porque finalmente esas crisis han encontrado siempre el suelo firme de la Constitución. Cuando una institución fallaba, otra ayudaba a detectar el problema y empujaba para volver a levantarla. La larga crisis del Consejo General del Poder Judicial, que seguramente no ha sido ajena a los problemas sufridos por el Tribunal Supremo, parece ahora encarrilada, aunque solo en parte. Los nuevos vocales propuestos han pasado estos días por la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados, pero ha sido un trámite totalmente insatisfactorio. Primero, porque todos los candidatos llegaron a su “examen” parlamentario conocedores ya de la votación que les llevará al CGPJ, por acuerdo previo entre los dos principales partidos, PP y PSOE. Pero también porque la estructura de la comparecencia es absurda: el candidato expone en 10 minutos su currículo y da dos pinceladas sobre lo que cree que debe hacer el Consejo. A continuación, los portavoces de los grupos parlamentarios (9) le formulan, uno detrás de otro, una serie de preguntas, más o menos racionales, encaminadas, se supone, a determinar el grado de independencia y los criterios del candidato, Y finalmente éste responde en ¡¡cinco minutos!! a todas ellas. Obviamente, ni responde ni se da por aludido. Todo el proceso es lamentable. Seguramente entre los candidatos electos hay personas con grandes ideas y propuestas para mejorar y proteger el ejercicio de la judicatura, pero es imposible saberlo.

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Es verdad que una isla como Fuerteventura, con 120.000 habitantes, o El Hierro, con 11.000, no tienen instalaciones ni medios razonables para acoger la llegada, en un periodo de tiempo demasiado corto, de varios miles de menores, procedentes en su mayoría de Marruecos y, en menor medida, de otros países africanos. Pero España tiene 48 millones de habitantes, y en una lista de 200 países de la OCDE ocupa el número 15 por PIB. Somos el quinto país de Europa en riqueza. España tiene 62 ciudades con más de 100.000 habitantes, así que repartir 3.000 (que es lo que pide Canarias) supondría aceptar 48 menores en cada una de ellas. Todo el circo montado sobre dónde acogerles de manera eficiente y humanitaria sólo tiene una explicación: se está utilizando como arma en un enfrentamiento político asqueroso y deshonesto, basado en mentiras con objetivos bastardos.

España acogió en pocos meses a más de 200.000 refugiados ucranios, como debe hacerse, sin polémica, aprovechamiento sectario ni escándalo. Obviamente, fueron repartidos por diferentes puntos del país. Con discreción y eficacia. ¿Por qué 3.000 menores obligan a múltiples reuniones públicas y broncas variadas en radios, televisiones y redes? Porque así lo quiere Vox y porque el PP y el PSOE (que gobiernan en prácticamente todas las comunidades autónomas) no han sido capaces de reunirse y solucionar el tema con sensatez y tacto. Como muy bien ha explicado el portavoz de la extrema derecha, Jorge Buxadé, “la inmigración es un asunto esencial” (para Vox), pero nunca lo fue para el Partido Popular, autor, cuando estaba en el Gobierno, de dos regularizaciones de inmigrantes sin papeles, y de un programa político sin trazas de racismo ni xenofobia. Intentar asimilar al PP y Vox en el tema de la inmigración es una de las peores ideas que se le puede ocurrir a la izquierda. Todos los esfuerzos deberían ir en dirección contraria, encontrar la manera de apoyar al sector del Partido Popular que quiere dejar ese tema fuera del debate público. Alberto Núñez Feijóo aseguró esta semana que las comunidades gobernadas por el PP (11, con más de 30 millones de habitantes) aceptarán el reparto de 400 menores como si fuera una heroicidad, cuando la línea normal que ha seguido el PP durante muchos años le hubiera llevado a aceptar 2.000. Y si sinceramente quiere evitar que este circo se reproduzca en el futuro, debería ser el primer interesado en reformar la ley para hacer esos repartos obligatorios y automáticos.

Los ciudadanos deberían estar mucho más atentos a las condiciones en que se acoge a esos menores que a su reparto geográfico. Es imprescindible poner toda la atención en la vigilancia de los centros de acogida, gestionados muchas veces por empresas u organizaciones que firman contratos muy razonables y que reciben de 2.000 a 3.000 euros por menor y mes, pero que no cumplen ninguna de las condiciones pactadas. Bastaría con que las comisarías más cercanas se encargaran de elaborar un informe trimestral para conseguir poner fin a ese verdadero escándalo de maltrato y falta de interés.

España es uno de los pocos países donde no se organiza y alienta otra forma de acogida de menores que es la familiar, más frecuente en Estados Unidos y Europa. Es un sistema que exige también una red de control, pero la mayoría de los especialistas asegura que ofrece resultados de integración mucho más interesantes.

Si nada de eso es posible, sólo nos quedará confiar en que la selección nacional de futbol gane la Eurocopa y el Mundial de 2026.

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Trump no puede ser juzgado por haber presionado a Mike Pence para que se negara a avalar los resultados electorales que dieron la victoria a Biden en 2021, ni por intentar que las autoridades de Georgia cambiaran un determinado número de votos demócratas. Nadie perseguiría a Joe Biden si dedicara estos meses a intentar manipular las próximas elecciones o contratara a un sicario que le rompiera las piernas a su contrincante. No es probable que lo haga, porque Biden, por muy viejo y titubeante que esté, cree en la democracia. Otra cosa sería Trump, si vuelve a ser presidente y disfruta desde el principio de su mandato de semejante coraza jurídica. Tendría cuatro años enteros para maquinar contra sus adversarios, para hacerse aún más millonario con ayuda de Putin o de quien proceda y, como él mismo aventuró, para “agarrar por el coño” a cualquier mujer que le llame la atención.

La Corte Suprema (CS) de Estados Unidos ha tenido épocas brillantes y épocas sombrías. Esta no es la primera dañina, aunque, quizás, sí la más oscura. Como escribe Thomas Kerck, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Siracusa (Nueva York), “si bien los tribunales pueden ser baluartes de defensa de la democracia, esto no significa que lo sean en todos los casos. También pueden ser fuentes importantes de control social y represión. Pueden utilizarse para neutralizar a los líderes políticos y para hacer que los poderosos sean inmunes a los procesos judiciales. Los sistemas judiciales pueden ser penetrados y los jueces pueden ser cooptados”. Para Kerk, eso sucede cuando grupos claves de actores políticos ya no consideran útil mantener sus compromisos con la transferencia pacífica del poder. En ese momento, “no debemos esperar que los jueces sean defensores útiles de la democracia. De hecho, pueden ser utilizados para socavar el régimen”.

Afortunadamente, el Supremo de Estados Unidos ha tenido épocas muy brillantes, tanto que sus sentencias son estudiadas en todo el mundo como fuente de argumentos en defensa de la democracia y, muy especialmente, del derecho a la libre expresión y libertad de prensa. Los periodistas le deben mucho a Oliver Wendell Holmes, por ejemplo, y a su sentencia Schenck contra Estados Unidos, según la cual la protección a la libertad de expresión no debe ser recortada, a menos que exista “un peligro presente de mal inmediato”. Bien aplicada hoy día, habría ayudado a mantener en libertad a Julian Assange, que nunca supuso un peligro ni cierto ni inminente para la seguridad de Estados Unidos.

Curioso que los momentos más espectaculares de la Corte Suprema norteamericana hayan coincidido con presidentes que no habían sido jueces anteriormente (en el actual, de sus nueve miembros, solo uno, Elena Kagan, procede directamente del mundo académico). John Marshall, considerado casi el padre fundador de la CS (la presidió entre 1801 y 1835), fue diplomático. Earl Warren (responsable de que la Corte Suprema fuera, no solo garantía de la separación de poderes, sino también de los derechos de los ciudadanos individuales) fue antes político y gobernador de California, y Thurgood Marshall (el primer negro en llegar a ese tribunal) era un conocidísimo activista pro derechos humanos, que defendió como abogado acabar con la segregación racial en las escuelas públicas. Curioso también que las épocas más brillantes del Tribunal Constitucional de España hayan estado presididas por catedráticos y no por jueces.

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Es exactamente lo que va a ocurrir, si nadie lo remedia, con el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, que con todo desparpajo ha manifestado, en repetidas ocasiones, su rechazo frontal a la ley de amnistía aprobada por el Congreso, calificándola de “ruptura del marco constitucional y desprecio al marco constitucional que esto supone”. ¿Imparcial? ¿Habrá que recordar que en su día un magnífico constitucionalista llamado Pablo Pérez Tremp fue recusado para examinar el recurso de inconstitucionalidad contra el estatuto de Cataluña porque había participado en un libro, con 10 firmantes más, sobre ese tema?

El problema con el señor Macías no es que tenga “afinidad” con el Partido Popular, que la tiene, ni tan siquiera que haya despreciado públicamente al Gobierno (“Ni el Derecho ni el Estado va con este gobierno”), sino que, antes incluso de que llegue al TC el recurso del PP sobre la mencionada ley ya sabemos todos lo que piensa y lo que va a votar, pase lo que pase. El señor Macías no debería ni acercarse a la sala del TC donde se debata ese asunto.

¿Por qué propone el PP como miembro del Constitucional a una persona con semejantes antecedentes? Lamentablemente, es posible que lo haga precisamente por eso. ¿Por qué acepta el PSOE a semejante candidato? Lamentablemente, porque sabía que de eso dependía el acuerdo final sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial. Un mal menor disculpable. Pero el PSOE lleva mucho tiempo pensando que no pasa nada por desentenderse de la imagen de las instituciones y que lo importante es respetar el cupo de cada cual, al margen del currículo de los integrantes de cada uno de esos cupos. Tan poco le preocupa la imagen de las instituciones que ellos mismos propusieron hace poco como nuevo miembro del TC a un exministro de Justicia de su gobierno, sin esperar siquiera a que se cumpliera un mínimo plazo de dos años entre una cosa y otra.

La brutalidad del PP en su desprecio por las instituciones se compagina bien con la capacidad del PSOE para desentenderse de su defensa. (¿Cómo es posible que el Rey viaje en visita oficial sin estar acompañado por un ministro que se responsabilice de sus declaraciones y actos? El Gobierno tiene 22 ministros y sólo la falta de interés en el tema puede llevar a semejante situación).

La renovación del CGPJ es una gran noticia porque el deterioro y escándalo a que estaba sometido impedía el funcionamiento normal de los tribunales de Justicia. Pero el nuevo Consejo tiene un difícil trabajo por delante. Ha sido elegido con la fórmula más clásica de cupos bipartidistas, 10 para ti y 10 para mí, aunque parece que en esos cupos se ha logrado incorporar a juristas de amplio currículo y valía. Excelente noticia. Ahora tendrán que demostrar que, efectivamente, pueden tener afinidades ideológicas, pero que están dispuestos a trabajar con rigor para recuperar la imagen y el prestigio del órgano de gobierno de los jueces.

El Tribunal Constitucional, por su parte, deberá decidir hasta qué punto está dispuesto a que se deteriore la suya. “Lo único que debería importar es el prestigio de ese Tribunal”, reclamó su primer titular y eso no será posible si acepta que se le utilice para provocar desgastes políticos entre fuerzas parlamentarias. La raíz última de los males del Tribunal, escribió el gran jurista Francisco Rubio Llorente, es el uso que hacen las minorías parlamentarias del recurso de inconstitucionalidad para continuar allí el debate político. “De ahí, su afán por contar con ‘magistrados sensibles’ a sus planteamientos, cuantos más mejor, y de ahí también la visión que nuestra sociedad tiene de él como un órgano político”. Ojalá la mayoría de los miembros del actual TC hayan leído a Rubio Llorente, a Francisco Tomás y Valiente o a Manuel García Pelayo. No es nada seguro.

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Sea como sea, lo llamativo es que alguien crea que se ha ganado 56.000 millones de dólares en un año. Y que ese alguien, al mismo tiempo, sea un feroz enemigo de los sindicatos y de que los trabajadores de sus múltiples compañías se asocien para pedir mejores sueldos. Elon Musk es exactamente así. Hace menos de un año, en Nueva York, dijo textualmente: “No estoy de acuerdo con la idea de los sindicatos”. Le molesta la mera idea de que existan y hace cuanto está en su mano para combatirlos, en Estados Unidos y en el mundo.

Hace meses le salió un mínimo y aguerrido contrincante: los trabajadores de una de las empresas de Tesla en Suecia. Llevan en huelga varios meses, con apoyo de otros grupos de trabajadores de su país, reclamando el derecho a negociar en bloque sus salarios. Tanto han peleado que, en la misma junta en la que Musk recibió su increíble bonus, el Fondo de Pensiones Noruego, que tiene unos 162 millones de dólares colocados allí, pidió que la empresa no interfiera en los derechos de sus trabajadores. “La libertad de asociación… y el derecho a negociar colectivamente son derechos humanos fundamentales que están protegidos por normas internacionales”, explicó pacientemente su portavoz. Pero a Elon Musk no le gustan los sindicatos. Punto. Y, por supuesto, a la mayoría de sus accionistas, obnubilados por la promesa de que la empresa valdrá pronto en Bolsa unos 20 billones de dólares, ni se les pasa por la cabeza llevarle la contraria. Puede que incluso se unan a su ídolo en su apoyo declarado a Donald Trump en las próximas elecciones norteamericanas. (A propósito, habrá que tener cuidado, porque es posible que buena parte de los vídeos que circulan con la imagen de un Joe Biden medio demente y robótico sean falsificaciones difundidas en las redes).

Y en esas estamos. En un mundo surrealista en el que un empresario se lleva 56.000 millones de bonus y en el que las 10 personas más ricas del mundo (Musk es el segundo o el tercero, depende del día, con 193.000 millones de dólares de fortuna personal) acumulan algo así como 1.319.000 millones de dólares (1,3 billones), según Forbes.

Franklin D. Roosevelt, el brillante presidente de Estados Unidos (entre 1933 y1945), tenía ya bien calados a los millonarios de su época (mucho menos supermillonarios que los de ahora). En un discurso que pronunció en la Convención Nacional Demócrata de 1936 se explayó contra ellos: “Admiten que la libertad política es asunto del Gobierno, pero creen que el orden económico no es asunto de nadie”. Roosevelt ironizó: “Era natural y quizás humano que los príncipes privilegiados de estas nuevas dinastías económicas, sedientos de poder, intentaran controlar el propio Gobierno. Crearon un nuevo despotismo y lo envolvieron en el manto de la libertad económica… Las horas que trabajaban hombres y mujeres, los salarios que recibían, las condiciones de su trabajo, todo esto había escapado al control del pueblo y fue impuesto por esta nueva industria”.

Elon Musk es uno de esos nuevos príncipes privilegiados que exigen que las condiciones del mundo del trabajo escapen al control de los gobiernos. Y mucho mejor si retrocedemos un par de siglos y desaparece la idea misma de los sindicatos, y todavía mejor si desaparecen la Unión Europea y los sindicatos europeos, tan dispuestos a apoyar a los decididos mecánicos suecos. David Dayen, director de la revista estadounidense Prospect, escribe: “El espíritu antidemocrático, antipatriótico y restrictivo de la libertad que animó a los enemigos ricos de Roosevelt está más que presente en los enemigos superricos de la Administración de Biden”. Quizás tenga razón la estupenda periodista mexicana Marcela Turati, que un día nos pidió a los periodistas que dejáramos de escribir sobre los pobres, algo que ya no parece movilizar a nadie, y empezáramos a hacerlo de los ricos, de su modo de vivir y de sus ideas, que, cuando se conozcan, quizás subleven a multitudes.

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Y sin embargo, en Europa, si se analizan los datos, en realidad, esa ola extremista no ha sido tan alta como se predecía. Sus 178 eurodiputados (de los 705 con que cuenta la Cámara) son sólo 14 más que los que obtuvo en 2019, eso sí, teniendo en cuenta que entonces se contabilizaban en su lado a los euroescépticos británicos.

No hay ninguna razón por la que la derecha conservadora europea renuncie hoy a sus acuerdos con los socialdemócratas, liberales o verdes. El principal riesgo es que la victoria democrática no sirva para nada si el Parlamento se limita en los próximos años a la estúpida estrategia de gritar ¡que viene el lobo! (En el mismo sentido, sería buena idea que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dejara de hacer propaganda a Alvise cada vez que quiere atacar al PP).

La convicción democrática, activa, potente, es el elemento fundamental de esta nueva legislatura, pero debe traducirse en hechos. “Hay un aspecto fundamental en el que el periodo de entreguerras y el nuestro guardan una incómoda semejanza”, escribe el gran historiador Mark Mazower. “Seguramente, no deberíamos pensar tanto en quién se ha vuelto fascista, sino en quién ha perdido la fe en el gobierno parlamentario, su sistema de mecanismos de control y equilibrio y sus libertades básicas”.

El desprestigio de las instituciones democráticas es el gran riesgo y la gran palanca de la extrema derecha, como los fue en los años veinte-treinta del siglo pasado para el fascismo italiano o el nacionalsocialismo alemán. Conseguir que los ciudadanos perciban al Parlamento Europeo como inútil, extender la sospecha de que nunca actuará en contra de los “verdaderos poderes” de los grandes grupos financieros o de las monstruosas empresas tecnológicas, y asegurar que solo volviendo a “recuperar” el Estado-nación, con gobiernos fuertes y autoritarios, se podrá controlar el futuro, es el mejor instrumento de que disponen los representantes de esa internacional de extrema derecha y sus fanáticos financiadores. Pero para luchar contra esa percepción, lo primero es que no sea verdadera, que el Parlamento Europeo y las instituciones democráticas europeas, con el Partido Popular, los socialdemócratas, liberales y verdes, demuestren su fortaleza y su capacidad de acción frente a esos formidables y reales problemas. Y que se nieguen en redondo a normalizar el vocabulario, los mensajes y las propuestas de esa extrema derecha. Que se siga considerando escandaloso lo que es escandaloso, por ejemplo, la supeditación de los derechos humanos y sociales a los intereses de una pretendida nación abstracta. O la repugnante idea antiinmigración de que “solo los miembros de la nación pueden ser ciudadanos del Estado”, propuesta que formaba parte, precisamente, del punto 4 del programa nazi en 1920.

Es verdad que la democracia liberal clásica nunca ha buscado movilizar a sus poblaciones, pero entre la movilización permanente que intentan los populistas y la apatía que demuestran los demócratas hay un trecho que se podría acortar. Para lograr esa movilización es imprescindible que la Unión Europea lleve consigo no solo libertad, sino también igualdad y justicia social. Que los ciudadanos perciban que la mejora de su vida se logra mucho más rápidamente, con democracia y con una Unión Europea ágil y eficaz, pacíficamente. Será una tarea especialmente difícil si el núcleo franco-alemán no consigue reanimarse. La victoria de Le Pen en las europeas y el segundo puesto de Alternativa para Alemania (AfD en siglas originales) tienen que ser enfrentadas inmediatamente. Macron lo ha entendido así, convocando elecciones legislativas. El canciller alemán, Olaf Scholz, que afronta un mapa en el que AfD ha vuelto casi a dibujar la frontera de la antigua RDA, prosoviética, parece aún conmocionado. Las instituciones europeas y los nuevos políticos que integren los principales cargos (la presencia del portugués António Costa como presidente del Consejo sería una gran noticia) son los primeros interesados en apoyar la movilización democrática alemana.

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Pronto habrá ocasión de comprobar hasta qué punto las nuevas herramientas digitales encuentran el modo de burlar esas leyes. Por el momento, hay demasiados ejemplos de interferencias maliciosas en política que no han podido ser atajadas. Basta con recordar el audio viral del líder laborista británico, Keir Starmer, en el que insultaba a sus empleados y que tuvo millones de visitas en X (Twitter), después incluso de hacerse público que era falso. O los audios falsos publicados dos días antes de las elecciones en Eslovaquia, atacando al líder liberal.

Según el último informe del Reuters Institute for the Study of Journalism, la inteligencia artificial es tan novedosa y su desarrollo va tan rápido que es todavía difícil entender cómo afectará al ejercicio del periodismo. Algunos directivos de medios citados en este informe “albergan la esperanza de que se fortalezca la posición del periodismo ante la inminente avalancha de contenidos sintéticos poco fiables”. A otros les preocupa que el público pierda la confianza en toda la información, lo que socavaría aún más las democracias de todo el mundo. Y finalmente, otros, compartiendo lo que en su día advirtió Hannah ­Arendt, creen que el peligro no es que la gente se crea noticias falsas, sino que simplemente ya nadie crea en nada.

Quizás por eso, por la enorme incertidumbre sobre lo que esas nuevas herramientas tecnológicas van a implicar, para bien y para mal, en el ejercicio del periodismo, es cuando más útil resulta recordar cuáles son los fundamentos de este oficio. Al margen del medio en el que trabaje, la primera obligación de un periodista es, simplemente, la verdad, entendida como la comprobación de los hechos y los datos. Su esencia es, pues, la disciplina de la verificación. Albert Camus añadía a la obligación de no mentir, la de reconocer lo que no se sabe.

Pero periodismo no es solo la comprobación de los datos. Implica además algo fundamental: fijar una agenda pública. Es decir, el primer trabajo de un periodista profesional es decidir qué publica y qué no, y por qué. Y el argumento primordial es elegir para su publicación o difusión aquello que afecta a lo público, es decir, lo que afecta a las actividades propias de la ciudadanía, el espacio donde la sociedad reflexiona sobre sí misma, sobre las propuestas y acciones colectivas. Camus sumaba a la tarea del periodista “reconocer el totalitarismo y denunciarlo”.

Según el Press Council británico, es de interés público “detectar y exponer graves fechorías, detectar o exponer una seria conducta antisocial. Proteger la seguridad y la salud pública. Evitar que los ciudadanos sean confundidos por declaraciones o hechos de un individuo”. (Especialmente si su conducta no se ajusta a lo que predica).

En periodos de gran incertidumbre, cobra además aún mayor importancia la línea editorial de cada medio, porque es ahí donde se dicen explícitamente las cosas sobre las que ese medio cree que hay que hablar colectivamente.

La mayoría de los expertos alertan estos días a los periodistas sobre el riesgo de convertirse, casi sin advertirlo, en cooperadores necesarios de delitos o manipulaciones interesadas con objetivos políticos o económicos. Reproducir las acusaciones de un chantajista es un caso clásico, pero hay muchas ocasiones en que la mera reproducción de las continuas denuncias, sin datos, de políticos implica ofrecerles un impresionante altavoz para sus intereses particulares. Bastaría preguntarse por qué dice lo que dice. Distinguir si esa declaración afecta a lo público o simplemente servirá para llamar la atención al público, igual que podría hacerlo la vida amorosa de un actor, pero colocándolo en un espacio informativo preferente. Es la mezcla de los dos campos (lo público y lo que llama la atención al público) la que produce mayor confusión y deteriora más la función del periodismo. Y eso no es culpa de las herramientas.

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Quizá sería buena idea que la biografía de algunos de los fundadores de la Comunidad Europea fuera lectura obligada para los estudiantes de los 27 países miembros. Son personajes apasionantes, excelentes referentes de lo que significa Europa. Por ejemplo, Robert Schuman (ministro francés de Exteriores, nacido en Luxemburgo y considerado alemán en su infancia), Alcide de Gasperi (italiano, fundador de la Democracia Cristiana, nacido en una zona integrada en el Imperio austrohúngaro) o Walter Hallstein, el primer presidente de la Comisión Europea (soldado de la Wehrmacht durante la guerra que fue hecho prisionero y trasladado a un campo de internamiento en Estados Unidos).

Unos eran religiosos y otros agnósticos. Y algunos, como Monnet, eran las dos cosas, a su manera. Enamorado de la mujer de uno de sus empleados, italiana, tuvo una hija con ella que la ley entregó al marido “legal”. La mujer, Silvia, huyó a Moscú, donde los buenos contactos de Monnet le consiguieron inmediatamente la nacionalidad soviética y el divorcio y donde contrajeron matrimonio civil. Recuperaron a la niña, gracias a una de sus abuelas, y se instalaron en Estados Unidos. Al final de la guerra, regresaron a Francia, ya con una segunda hija, pero no pudieron casarse por la Iglesia hasta que el marido italiano murió. Y entonces decidieron celebrar la boda nada menos que en la catedral de Lourdes. Monnet tenía 86 años y Silvia, 67.

¿Quién presidirá el próximo Parlamento Europeo? Proceda de la socialdemocracia, sea liberal o conservador, lo importante sería que fuera alguien con una personalidad y unas convicciones europeístas tan fuertes como las de aquellos fundadores o como la de la mujer que presidió el primer Parlamento Europeo elegido por sufragio universal, en 1979, Simone Veil. Una superviviente de Auschwitz, que militó en partidos de centroderecha, pero que dejó claro que votaría siempre a favor de un socialista, si la alternativa era el entonces Frente Nacional, de Jean-Marie Le Pen. No bastará con que el nuevo presidente ayude a cerrar el camino a la extrema derecha europea, las circunstancias son tan difíciles que se precisaría a alguien capaz de dar un nuevo gran impulso político a la Unión.

Las memorias de Jean Monnet acaban casi con un grito: “Continuad, continuad, continuad”. La UE está a punto de formalizar una nueva ampliación, hasta los 35 miembros, y necesita imperiosamente modificar los mecanismos de funcionamiento intergubernamentales, para limitar el actual derecho de veto de todos y cada uno de los miembros. Necesita también dejar de hablar de los valores europeos y pasar a la acción, positivarlos, retomando el hilo del proyecto de Constitución de 2004, fracasado en su día, con todo merecimiento por su innecesaria complejidad. Los valores europeos —defensa de la democracia, del Estado de derecho, de los derechos humanos y de la justicia social— necesitan urgentemente quedar recogidos en un texto de vocación constitucional que los ciudadanos puedan entender y asumir. No porque la extrema derecha esté aumentando su voto, sino porque los que no son de extrema derecha necesitan escuchar propuestas atractivas y movilizadoras. Europa tiene que recibir un nuevo impulso en su carril político, y para eso será fundamental el Parlamento Europeo que se elige hoy. Ojalá haya en sus filas suficientes herederos de Delors, Schuman, Monnet, De Gasperi, Hallstein o Simone Veil.

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Es verdad que la capacidad de influencia del presidente de turno de la Unión es limitada. Pero no inexistente: Hungría representará al Consejo Europeo en las negociaciones con el Parlamento; fijará el orden del día de las reuniones de jefes de Estado o de Gobierno, así como del consejo de Exteriores, y actuará como mediador entre Estados. Todo eso en los seis meses en los que, precisamente, los países miembros estarán formando la nueva Comisión y designando los puestos más importantes. Suficiente como para que en algún momento se pensara en correr el turno y negarle a Hungría la presidencia, aunque al final se optara por guardar las formas.

Viktor Orbán provoca inquietud en Bruselas, sobre todo si se confirma que varios de los partidos ultras que estuvieron en la reunión de Madrid aumentan considerablemente su número de europarlamentarios. La única buena noticia es que Fidesz, el partido de Orbán, fue expulsado del Partido Popular Europeo (PPE) en 2021 por sus políticas claramente antidemocráticas (de hecho, Hungría ha sido sancionada por la Comisión y se le retiene parte del dinero al que podría acceder de fondos europeos). Quizás no sea Orbán, pues, la persona más indicada para intentar llevar a cabo la alianza por la que suspira la primera ministra italiana, Georgia Meloni, entre el PPE y su propio grupo (Conservadores y Reformistas Europeos, ECR). Pero Orbán tampoco será un obstáculo, desde luego.

Esa eventual alianza entre el grupo de Meloni (al que pertenece Vox) y el PPE es el punto quizás más endemoniado para la campaña del Partido Popular español. Alberto Núñez Feijóo necesita un resultado lo suficientemente arrollador como para volver al Congreso de los Diputados eufórico y con ese fin está dispuesto a atacar con todo lo que tiene al PSOE y a Pedro Sánchez, sin cortapisa o restricción. Pero, por lo menos de momento, y dado que la economía va, sin discusión, bien, solo dispone de dos cañones: un nacionalismo español radical y la presunta corrupción “en Moncloa”. Dos temas que se confunden con los que está usando Vox. Justo lo que menos necesita el PP. Los populares son conscientes de que para lograr el resultado electoral que ambicionan necesitan que Vox no avance. Difícil empresa si sus campañas propagandísticas se solapan. Y muy difícil si Feijóo no puede asegurar a lo largo de estos días que Vox no será su aliado en el Parlamento Europeo. Difícil convencer a los votantes de Abascal que cambien de papeleta si al final pueden ser aliados. Y difícil convencer a los votantes de izquierda para que se queden en casa si lo que se vislumbra es Vox.

Quizás por eso, algunos de los expertos populares están pidiendo que se busquen temas, conservadores, obviamente, pero capaces de diferenciarse de los de Vox. FAES publicó el pasado día 27 un documento con la imprecisa firma —Grupo de Análisis de FAES— en el que realiza un duro análisis de las políticas de Donald Trump “que ignoró o escarneció en su campaña de 2016 todos los tópicos conservadores para ofrecer en su lugar un estridente llamamiento populista” y que “ha devorado al Partido Republicano”. Frente a Trump, el documento proclama que los conservadores defienden las instituciones y pasa a atacar a Vox, asimilándolo al populismo trumpista. El Grupo de Análisis de FAES afirma que Vox solo sirve para afianzar a los socialistas en su voto, pero al asimilarlo, en cierta forma, a Trump, está realizando una comparación de alto riesgo, porque, como el propio texto explica, “Vox nació con la vocación de suplantar al PP”. Afortunadamente no parece que llegue a esos extremos, pero es la propia ambigüedad del PP la que le está dando aire en estas elecciones.

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Ha sido esa incontinencia verbal del presidente Milei (y el conflicto diplomático provocado con el Gobierno de España) lo que ha hecho que pasaran casi inadvertidas las importantes cosas que sucedieron en la reunión Europa Viva 24, que juntó en Madrid, el pasado fin de semana, a grupos de extrema derecha de toda Europa y de América. Importantes sobre todo porque afectan al futuro de Europa y al intento que se está llevando a cabo, a toda velocidad, de acercar a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y a la jefa de la oposición en Francia, Marine Le Pen, que actualmente dirigen dos grupos distintos del Parlamento Europeo —­Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, por sus siglas en inglés) e Identidad y Democracia (ID), respectivamente—. Los primeros, con Meloni como gran referente, luchan por romper el eje central que ha venido funcionando hasta ahora en el PE, es decir, la alianza entre democratacristianos, socialdemócratas y liberales. Meloni lo dejó muy claro en Madrid. “Estamos en vísperas de unas elecciones decisivas porque, por primera vez, las elecciones europeas podrían acabar, por fin, con las mayorías antinaturales y contraproducentes existentes. Tenemos que mantenernos enfocados, mantener los pies en la tierra y la mirada en el horizonte; es hora de la movilización”.

Meloni ha hecho grandes esfuerzos, fructuosos, por acercarse a Ursula von der Leyen, y busca con urgencia que la opinión pública desligue a Fratelli d’Italia de la extrema derecha y pase a identificarla con un nuevo “populismo de derechas”, que provoque menos rechazo.

En la reunión de Madrid estuvieron también presentes el presidente de la Unión Conservadora Americana, Matt Schlapp, y el vicepresidente de la Heritage Foundation, Roger Severino, dos fundaciones que apoyan y financian los movimientos ultras con base cristiana en todo el mundo y que verían con muy buenos ojos la aproximación entre Meloni y Le Pen con vistas a una alianza ultra en el PE. Uno de los principales obstáculos para esa aproximación es la presencia del partido alemán AfD en el grupo parlamentario europeo de Le Pen. Quizás eso explique la rapidez con la que la política francesa ha anunciado esta misma semana que rompía sus relaciones con los alemanes como consecuencia de unas escandalosas declaraciones nazis de su candidato. Una decisión que adoptó también inmediatamente la Liga, de Matteo Salvini, integrada en ID.

Marine Le Pen se dirigió a sus anfitriones de Vox, en Madrid, como si fueran miembros del mismo grupo en el Parlamento Europeo. “En esta lucha política, vengo a deciros lo importante que es la solidaridad entre nuestros diputados”, aseguró. Uno de los puntos fundamentales de la campaña de Reagrupamiento Nacional francés es el cierre de fronteras a la inmigración, pero también un debate que será decisivo en la próxima legislatura europea: mantener o suprimir el derecho a veto de todos y cada uno de los países. Le Pen defendió en Madrid con dureza el derecho a veto como uno de sus grandes objetivos, y aunque Meloni no hizo mención al tema, muchos empujan a ese acuerdo.

De lo que se trata, dijo con su habitual rudeza el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en el mensaje que envió grabado a Madrid, es “de ocupar Bruselas”. No se trata de destruir la Unión Europea, sino de rehacerla para que se ajuste a la visión de la extrema derecha o del “populismo de derechas”: un grupo de naciones que comercia dándose facilidades y que no aspira a aumentar sus lazos porque abomina de una eventual federación europea. Para eso quieren ocupar Bruselas y para eso intentaron ponerse de acuerdo en Madrid.

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Ni tan siquiera Vox es realmente nuevo, aunque tampoco se trate de un simple heredero de Fuerza Nueva, sino que parece cada vez más la sección española de una nueva internacional ultra, con estructuras organizadas en toda Europa y ayuda financiera de grandes think tanks estadounidenses. Es decir, algo mucho más peligroso de lo que fue nunca el partido de Blas Piñar.

Las elecciones autonómicas catalanas han certificado la desaparición de la nueva política española, y por mucho que sus protagonistas busquen culpables fuera de sus filas, lo cierto es que ha sido un triste proceso provocado por sus propias malas decisiones. El regreso a la antigua política tampoco es una noticia que pueda provocar grandes alegrías, porque la situación dentro de España y en Europa no es precisamente la misma que la que afrontaron aquellos políticos. La sociedad española y la sociedad europea atraviesan un estado de ánimo muy diferente: dentro de cada país existe un claro desánimo democrático y, a escala internacional, el mapa ha cambiado sustancialmente, con dos guerras muy cercanas y un claro enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Y si los electores no lo remedian, las elecciones europeas nos trasladarán a un escenario político europeo de bloques, también antiguo y peligroso, dirigido por políticos más bien rancios.

Lo más atractivo del resultado de las elecciones catalanas es que da por cerrado un debate que ha impedido casi cualquier otra discusión política en España: la mayoría independentista en Cataluña ha quedado desactivada. ¿Hubiera sido posible lograrlo sólo con indultos y sin amnistía? Imposible saberlo y, además, ahora poco importa. Lo importante es que esa desactivación se ha producido y que, ocurra lo que ocurra a partir de ahora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede asegurar que gracias a sus políticas el nacionalismo en Cataluña no tiene mayoría ni en escaños ni en votos por primera vez en 40 años y se ha cerrado una peligrosa crisis institucional.

Quizás sea posible hablar ahora de otras cosas. Se supone que el Partido Popular no acudirá a las elecciones del día 9 con un único punto en su programa: la unidad de España. Lo normal sería que se pronunciara sobre muchas de las cosas sobre las que se ha mantenido en silencio: bonos europeos para sufragar la defensa europea, límites del control del déficit, hasta qué punto aceptar alianzas puntuales con la extrema derecha. Quizás sería bueno que sus estrategas recurrieran al podcast que mantiene un antiguo ministro popular, Gabriel Elorriaga, charlando semanal y calmadamente con un exministro socialista, Jordi Sevilla. Elorriaga no parece pensar que basta el ruido de las trompetas para que caigan las murallas de Jericó.

En el plano práctico, es imposible saber cómo se resolverá la situación política en Cataluña hasta que pasen las elecciones el día 9. La única pista la dará la negociación para la elección de presidente o presidenta de la Cámara. Pero solo después del recuento europeo se podrá avanzar de verdad en esa negociación. La opción más probable es que ERC apoye la investidura de Salvador Illa y pase a la oposición. Esquerra ha anunciado la celebración de un congreso en noviembre para resolver su complicada situación interna y no parece muy lógico que Oriol Junqueras, que aspira a hacerse con la dirección, ni nadie, quiera celebrar ese congreso después de otro fracaso en una repetición electoral. Pero ERC no siempre actúa con lógica.

El éxito del PSC y el nombramiento de Salvador Illa no son suficientes para asegurar un futuro sólido a Pedro Sánchez al frente de La Moncloa. Habrá que esperar también al resultado de las europeas. Es posible que los socialistas y socialdemócratas no experimenten una bajada tan pronunciada como se anunciaba si el electorado se moviliza contra el fuerte aumento de la extrema derecha. Todo es posible.

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El miedo a perder ese teórico centro ha llevado también en las últimas semanas a cambiar de lenguaje al mismísimo Carles Puigdemont. Un sector de Junts, las antiguas “fuerzas vivas” que alimentaron a Convèrgencia y a Jordi Pujol durante décadas, sueñan con atraer al expresident a su espacio, de manera que se convierta en el héroe de la retirada de que hablaba Josep Maria Fradera en este mismo periódico (9 de mayo). Está por ver que Puigdemont, por mucho que haya compartido la necesidad de controlar momentáneamente su lenguaje, esté dispuesto a perder su aura de líder independentista irredento. Por el momento, ha firmado un acuerdo para rechazar a los independentistas racistas de Aliança Catalana, algo que no estaba tan claro hace poco.

En cualquier caso, el líder de Junts per Catalunya se ha mostrado “muy emocionado” por el apoyo expreso que le ha prestado Jordi Pujol, olvidando, como todo el mundo parece haber olvidado en Cataluña, que Pujol sigue pendiente de juicio por asociación ilícita y blanqueo de capitales. (Carlos Jiménez Villarejo se preguntaba esta semana a qué espera la Audiencia Nacional para fijar la fecha del juicio oral de Pujol, que lleva la friolera de tres años en la agenda. Pujol lleva una década sometido a un proceso penal).

A quienes hayan seguido los últimos debates televisivos entre los candidatos en estas elecciones catalanas (muy interesantes tanto por el tono como por el contenido) les habrá llamado la atención la presencia de Josep Rull como portavoz de Puigdemont. Rull estuvo en la cárcel como responsable de Junts per Catalunya y partícipe en los hechos de octubre de 2017, pero antes fue miembro de la Ejecutiva Nacional de Convèrgencia, portavoz parlamentario de Pujol y, en 2014, primero, secretario general del partido en sustitución de Oriol Pujol Ferrusola, imputado por un presunto caso de corrupción, y por último, coordinador de ese partido, de hecho fue quien lo dio por cerrado. Es decir, es un experto en todo lo que significó Convèrgencia y los largos años de gobierno de Pujol.

Otro partido que espera los resultados de este domingo con verdadera ansia es el Partido Popular. No porque su número de escaños vaya a resultar decisivo para la configuración del Govern, sino por algo realmente peligroso para Génova. La remota, pero no excluida, posibilidad de que Vox obtenga más votos que su candidato. Alejandro Fernández ha hecho un buen papel en los debates, pero se enfrenta al ataque virulento de Vox con el arma de la inmigración. Hasta qué extremo no estará preocupado el PP, que Alberto Núñez Feijóo introdujo en un mitin en Cornellà de Llobregat confusas menciones al peligro de que los inmigrantes “ocupen nuestras casas y nuestras propiedades”, un mensaje claramente xenófobo, propio de Vox, del que había huido hasta ahora.

La posibilidad de que Vox supere al PP sería una pésima noticia para la democracia española y dificultaría enormemente el funcionamiento del partido, dando nuevos bríos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que reivindicaría los resultados de su propio lenguaje y su mensaje fuertemente extremista y vinculado a Vox. Es decir, lo contrario del centrismo revivido por Illa y la confirmación de futuras campañas basadas en la competición por bloques.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado directamente a los ciudadanos a participar de una “regeneración democrática”, pero en la práctica, afortunadamente, se ha limitado a encender una vela sobre dos problemas concretos que afectan a la calidad de la democracia en España y que requieren políticas concretas: el descrédito de la justicia y la manipulación extrema de la realidad que llevan a cabo determinados medios de comunicación o grupos de intereses a través de las redes sociales. Son dos problemas difíciles, con tratamiento muy delicado, porque rozan consensos institucionales, pero importantes porque afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Es un dato comprobado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva bloqueado cinco años por decisión del Partido Popular y que ese bloqueo está provocando serio daño al funcionamiento de los tribunales. Por ejemplo, ¿quién analizará qué ha pasado en un juzgado de Málaga para que se pusiera en libertad a uno de los dirigentes mafiosos más peligrosos de Europa, en contra del fiscal y en mitad de la tramitación de una orden de extradición?

No existe el menor indicio de que el PP pueda facilitar un acuerdo en el futuro inmediato. El presidente provisional del Consejo, Vicente Guilarte, ha anunciado que dimitirá, como su predecesor, en unos meses. Según Guilarte, el comisario europeo que, a petición del PP, intentó mediar, “alucinó”, palabra textual, en las reuniones celebradas.

Así que, ¿qué se hace? ¿Se deja todo como está hasta que el PP tenga mayoría suficiente como para cambiar, entonces sí, la ley a su gusto? La perspectiva y la impotencia parecen haber amargado la existencia al presidente del Gobierno, hasta el extremo de llevarle a pensar que procedía movilizar a la opinión pública con una comparecencia televisiva y una inusual apelación personal, aunque sin ofrecer, de momento, una solución. Existe la posibilidad de cambiar la ley orgánica que exige mayoría de 3/5 para elegir a los vocales que nombra el Congreso y establecer una nueva norma, con mayoría absoluta que, quizás, permitiría superar el veto del PP. Es una salida polémica, debería considerarse provisional y, desde luego, debería dar como resultado la elección de nuevos vocales con garantías de no corresponder a cuotas de partidos, sino de contrastada independencia y solvencia.

Manuela Carmena, que antes que nada es jueza, lleva meses proponiendo otra salida, quizás la más rápida y razonable: que se convoque sin más al pleno del Congreso que, de acuerdo con la Constitución, debe elegir a los vocales entre la lista proporcionada por las asociaciones profesionales de jueces, aunque no exista acuerdo previo entre los grupos parlamentarios. Lo que está bloqueado, explica, no es el CGPJ, sino el Congreso, que no ha sometido a votación dicha lista como era su obligación. Quizás esa vela iluminaría bien el problema. ¿Qué harían las asociaciones de jueces ante semejante desautorización de todos y cada uno de sus candidatos?

En cuanto a la manipulación de la realidad con que abruman algunos medios a los ciudadanos, de nuevo el problema no es tanto de los medios, sino de la justicia y de los partidos. Siempre han existido medios manipuladores, aunque ahora tengan una repercusión inconcebible debido a las redes sociales. Cuando cometen delitos de injurias o calumnias pueden y deben ser denunciados y condenados. Quizás sería oportuno aumentar el importe de las multas. Es muy probable que si un periodista difamador tuviera que pagar 150.000 euros de multa por cada condena, en lugar de los 14.000 que paga ahora como máximo, se lo pensase más.

El tercer problema para abordar, quizás irresoluble, es la estrategia de algunos partidos, muy especialmente del PP actual, de meter en el espacio público, en el Parlamento o en ruedas de prensa, “denuncias” falsas que proceden de esos medios. Es una estrategia repugnante, difícil de contrarrestar. Nadie puede multar a un diputado por proferir calumnias en la Cámara o por reproducir las que han sido publicadas en las redes, por muy falsas que sean. Es una pena no creer en el infierno, para pensar, por lo menos, que arderán en el averno.

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Con su dimisión, Pedro Sánchez conseguiría desplazar totalmente el foco del debate político hacia el Partido Popular y sus brutales maneras de ejercer la oposición. Conseguiría también movilizar a su propio voto, algo alicaído a raíz de algunas polémicas decisiones de su Gobierno. Aunque haya tomado la decisión por motivos fundamentalmente personales, como es la voluntad de defender a su mujer, lo cierto es que esa dimisión tendría consecuencias enojosas para el PP. Alberto Núñez Feijóo quedaría en una situación difícil: ha pedido repetidamente ante la opinión pública que Pedro Sánchez dimitiera, pero, una vez logrado ese objetivo, no está claro qué ventaja obtiene él.

El camino hacia las elecciones será muy complicado desde el primer momento, no solo por la radicalización y dureza que han alcanzado los mensajes políticos, sino también por la complejidad de los procedimientos previstos. Las elecciones generales no pueden ser convocadas, por ley, antes del 29 de mayo y tendrían lugar después de las autonómicas catalanas y de las elecciones europeas, el 9 de junio próximo. Mientras todo esto se lleva a cabo, un Gobierno en funciones tendría que hacerse cargo de los asuntos de trámite. Primera pregunta, ¿quién lo presidiría? En casos anteriores, ha sido el presidente saliente quien ocupó esa interinidad, pero es poco probable que Sánchez tenga pensado seguir varios meses en la Moncloa.

Convocar nuevas elecciones debería ser el primer objetivo del Partido Popular, pero para asegurarse de que esos comicios se llevan a cabo lo más rápido posible tendría que pasar un mal trago: conseguir que el Rey propusiera a Alberto Núñez Feijóo como candidato para una nueva investidura en el actual Congreso de los Diputados, una votación que seguramente perdería. Tras esa votación, podría empezar a correr el plazo de dos meses que prevé la ley para llamar a las urnas, pero nunca es plato de gusto presentarse a unas elecciones habiendo demostrado que no es capaz de suscitar la confianza de nadie más que de Vox.

El Partido Socialista, que afronta la dimisión de Sánchez en shock (aparentemente, el presidente no ha permitido que ningún cargo del PSOE compartiera su reflexión), tiene que decidir muy rápidamente una nueva estrategia. Aplazar la reunión de la Comisión Federal de Listas en la que tienen que aprobarse los listados para las elecciones europeas puede dar una pista de que necesita hacer cambios a toda velocidad y, quizás, “rescatar” nombres para las generales o el periodo de interinidad.

Lo primero es decidir si pide al Rey que confíe el encargo de formar gobierno a un nuevo candidato socialista (que, muy probablemente, conseguiría el apoyo de la mayoría de la cámara), o si directamente renuncia a ello y coloca a Feijóo ante su responsabilidad: pidió usted la dimisión del presidente; acepte ahora perder una votación en el Congreso y abra el periodo de convocatoria de elecciones. En el primer caso, el nuevo presidente o presidenta podría intentar completar la legislatura o aprovechar el impacto emocional de la dimisión de Sánchez, y acudir inmediatamente a las urnas.

La única ventaja de abrir de nuevo la vía electoral es que los ciudadanos tendrían la oportunidad de expresar su cólera contra el actual estado de cosas, por la manera en que se viene ejerciendo la oposición, por la manipulación desorbitada de medios de comunicación de los que no se conoce de dónde sacan el dinero y por jueces que ignoran las sentencias del Tribunal Supremo y aceptan querellas de grupos como Manos Limpias que se apoyan en “la mera aportación de recortes de prensa o similares sin más constatación o acreditación”. Una oportunidad para que los ciudadanos recuerden a sus nuevos representantes que tienen una serie de obligaciones en el Parlamento, que si no les gustan los proyectos de ley del Gobierno de turno existen unas cosas que se llaman enmiendas y que los debates parlamentarios no están organizados para ignorar los problemas del país sino para ponerlos de relieve, explicarlos y proponer soluciones.

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Los catalanes esperan que el resultado de las elecciones autonómicas del 12 de mayo ayude a mejorar esa situación. Pero “¿con quién despertará ese día más optimista la sociedad catalana: con un nuevo acuerdo independentista y Carles Puigdemont como president de la Generalitat, o con el socialista Salvador Illa al frente de un Gobierno de voluntad socialdemócrata?”, se pregunta Xavier Prats, ex alto funcionario español en la Comisión Europea, retornado a Cataluña y temeroso de que el independentismo cierre en falso debates imprescindibles.

La segunda derivada de las elecciones es cómo influirá este resultado en la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Y quizá la respuesta sea que menos de lo que se cree. Si dan los números ―y los números quedan lejos de ese escenario, según la encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la SER―, es posible que el Gobierno Junts-ERC sea inevitable. Pero incluso en este caso eso no pondría en peligro a Sánchez, aunque sí le presionaría aún más. El candidato socialista, Salvador Illa, dice tener un pronóstico “informado” distinto: ERC no prestará apoyo a Junts en ningún caso. No está tan claro qué haría Junts si quedara en la oposición. Sobre todo si se desata una batalla interna por la sucesión de un Puigdemont en retirada.

“Aquí ya hubo un Govern ERC-Junts y colapsó rápido”, recuerda Illa. El candidato socialista explica que en Cataluña no ocurrió lo que ocurrió como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que reinterpretó el Estatuto de Autonomía, que es la explicación que sostienen los herederos de Convergència, sino porque “los independentistas se subieron a una ola de populismo que recorrió toda España y Europa”. El independentismo populista consiguió llegar a la máquina del poder, pero provocó una explosión. Illa cree que la decisión de los socialistas de “interactuar” con los independentistas ha sido correcta y ha dado buenos resultados. El procés ha terminado, los independentistas ya no piden, ni en el plano retórico, un referéndum unilateral, aunque Junts sigue teniendo un problema con su lenguaje, y todos se amoldan más al modelo PNV (se podría decir que incluso EH Bildu, con su gran resultado del pasado domingo, se acercó a ese modelo, rejuveneciéndolo).

Illa cree que si Junts no queda en posición de reclamar una mayoría independentista, como espera, entrará en crisis, mientras que en ERC las cosas seguirán claras: Oriol Junqueras manda. Y Junqueras decidirá lo que le permita estar más cómodo: entrar en un tripartito o apoyar al Gobierno del PSC desde fuera, con un acuerdo de investidura o de legislatura. Illa buscará por encima de todo la estabilidad.

Sea como sea, ninguno de los candidatos, ni el propio Puigdemont, habla por ahora de otra cosa que no sea “gestionar bien el autogobierno”. Los independentistas asumen claramente que en estas elecciones no hay proyecto secesionista a la vista y que se trata, de nuevo, de negociar un buen acuerdo de financiación. Los más moderados dejan abierta la puerta a un nuevo Estatuto de Autonomía. “Todo se puede. Dependería de qué se negociara y cómo. Que no nos hagan perder tiempo”, dice Xavier Trias, antiguo conseller de Jordi Pujol y que hoy concurre en un puesto simbólico en la candidatura de Puigdemont.

El procés, que ha tenido profundamente alarmada a una parte de la sociedad catalana y encantada a otra, se da por enterrado. Algunos llevan el razonamiento hasta el final: no es posible la independencia, afirma, rotundo, el profesor Andreu Mas-Colell, que acompañó el procés en parte de su recorrido. Otros envuelven el mensaje en celofán: no se dan las condiciones, aseguró el pasado domingo Puigdemont. Oriol Junqueras, que participa en la campaña aunque no se puede presentar a las elecciones porque está inhabilitado (incluso tiene prohibido dar clases), reconoce que, sin renunciar al objetivo, no se trata de algo que se pueda alcanzar de la manera que se intentó. (Junqueras apoya la candidatura de Pere Aragonés, pero es muy posible que se vea a sí mismo como el mejor candidato para las siguientes elecciones. Acaba de cumplir 55 años).

Puigdemont juega con una idea ambigua, lo que llama “restitución”, como si fuera Fray Luis de León volviendo a la cátedra de Salamanca: “Decíamos ayer”. El primero que rechaza esa idea es Oriol Junqueras: “No sé qué es eso de la ‘restitución’. En democracia, gana quien gana”, ha dicho. Y Mas-Colell, en un artículo publicado en el diario Ara, escribe: “No hay nadie en el mundo que piense que, tras una declaración de independencia unilateral, la aplicación del 155 y la convocatoria de nuevas elecciones fuese un acto ‘injusto, ilegal e ilícito’, adjetivos que usó Puigdemont”).

Aunque tengan razón los sondeos y finalmente se pueda formar un Gobierno presidido por los socialistas, existe un sector de la sociedad catalana que, si bien ya no haría nada para descomponer el Estado (España), tampoco le tiraría un cable si estuviera en peligro. Son personas que se sienten ofendidas, por ejemplo, por el hecho de que en el protocolo oficial vaya antes el delegado del Gobierno que un conseller, y dicen sentirse “incómodas”. Esa es la expresión que más se repite en ámbitos independentistas de Cataluña. No es fácil describir en qué consiste: respeto total por la lengua catalana y las instituciones propias, desde luego, pero, quizás, también conseguir que Cataluña crezca económicamente por encima de la media del resto de España, recupere su papel predominante en lo económico y se plante con personalidad en ámbitos europeos. En palabras de Trias, “no se trata de ser independientes, se trata de no ser dependientes de Madrid”.

En pleno arranque del procés, quienes se negaron a respaldar la proclamación de independencia empezaron a sufrir el vacío en sus entornos. ¿Alguno de esos amigos independentistas se les ha acercado a pedir perdón? No, responde un periodista catalán que sufrió aquellos ataques como si fuera un traidor. “Quieren hacer esa transición con la mínima autocrítica posible, pero no se puede volver a la vía pragmática sin esa crítica”, explica. “Fueron malos gobiernos y deberían recordar el grito de los segadores de 1640: Visca la terra, mori el mal govern”, reclama, irónico.

Para Alejandro Fernández, el candidato del PP, es, en cierto sentido, como cuando los independentistas vascos reclaman ahora: “Dejemos atrás la historia, olvidémonos de ETA… pero recordemos el bombardeo de Gernika”. No es posible, afirma. “Cataluña no es el País Vasco, por supuesto, pero los independentistas catalanes están consiguiendo trasladar el procés al conjunto de España”, opina Fernández. ¿Él hará su campaña contra Illa o contra Puigdemont? “No quiero hacer una campaña obsesiva contra Illa. Quiero dejar una puerta abierta con él”, responde. ¿Aceptaría un día el PP un Estado federal? “¿Por qué no? Habría que ver qué se proponía exactamente, pero clarificar el tema de las competencias, desde luego”, señala Fernández. El dirigente del PP, que ha tenido problemas con la dirección nacional de su partido por negarse en redondo a aceptar contactos con Junts, quiere dejar algo claro: “No se puede cambiar la forma del Estado en España sin el concurso del Partido Popular. Pase lo que pase en las elecciones. ¿Está claro?”. Como el agua clara.

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Resulta que si se les pregunta, esos ciudadanos están más preocupados por el deterioro de los sistemas públicos de salud (en España se ha batido el récord de 850.00 personas en las listas de espera para someterse a una operación quirúrgica), por los puestos de trabajo y por su seguridad que por la presencia de inmigrantes. Y si se escucha a los jóvenes, les sigue inquietando bastante más el cambio climático que la presencia en su ciudad de personas de otro color o religión, por mucho que se intente esconder el tema de la amenaza climática para beneficiar a unos grupos empresariales empeñados en retrasar unas imprescindibles medidas de adaptación que pueden reducir sus márgenes de beneficio.

(La posibilidad de que Teresa Ribera, una de las mejores expertas en el cambio climático, encabece la lista europea del PSOE sería un movimiento decisivo del presidente Sánchez, para reclamar protagonismo español en la futura Unión, pero dejaría un hueco importante en su propio Gobierno).

En el nuevo Eurobarómetro destaca una cosa: el pesimismo de Francia. Es curioso que ese país, que forma parte del núcleo duro de la Unión, que fue fundamental en la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de donde procedían dos de sus principales inspiradores, Jean Monnet y Robert Schuman, haya sido también el responsable de hundir la Europa Común de Defensa, que tanto echa ahora de menos, y cuya existencia negó en 1954, con un voto negativo en la Asamblea Nacional, y también el país que impidió la promulgación de una Constitución Europea, rechazada en el referéndum de 2005 por el 52% de los ciudadanos franceses. Hoy es igualmente el país que menos confianza tiene en el futuro de la Unión: un 52% es pesimista, frente al 42% optimista. Una cifra bastante distinta del optimismo español (63% optimista, frente al 31% pesimista) o el incluso aún mayor de los italianos (66% optimistas y 32% pesimistas, quizás porque, como ironizaba un analista de ese país, los italianos no confían en las estructuras del Estado propio y esperan que la Unión les proporcione unas más sólidas).

El 70% de los españoles encuestados afirman que es “muy probable” que vayan a votar el 9 de junio para elegir a los representantes de España en el Parlamento Europeo, pero es posible que ese porcentaje sufra variaciones dependiendo del resultado de las previas elecciones autonómicas, sobre todo las catalanas, que se desarrollarán poco antes, el 12 de mayo: no se movilizarán de igual manera los votantes si el resultado favorece un Gobierno catalán presidido por el socialista Salvador Illa que si pone en pie un Gobierno exclusivamente independentista. En cualquier caso, los españoles no se diferencian mucho de la media europea a la hora de enumerar los temas que preferirían ver tratados durante la campaña de las elecciones europeas (¿y quizás también en las campañas autonómicas o españolas?). Una vez más, esos temas son la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el apoyo a la salud pública, la creación de nuevos puestos de trabajo y, al mismo nivel, la defensa y seguridad de la Unión. ¿Qué ofrece la extrema derecha en estos capítulos como para que más europeos estén pensando en darle su voto? Nada, pero ni los políticos de otras tendencias ni los medios de comunicación son capaces de exponerlo. No encuentran la manera de salir de esa trampa, y se discute su discurso, en lugar de cambiar el debate.

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Mayo del 68 acabó de manera muy característica, con una huelga general que pretendía controlar a los otros dos movimientos más espontáneos, estudiantil y obrero, y con unas elecciones, en junio, en las que la izquierda clásica, que se había quedado atónita con la revuelta, sufrió una considerable derrota, a manos de la derecha conservadora (el partido de Georges Pompidou llegó a los 354 escaños, el de François Mitterrand se quedó en 57, y el Partido Comunista Francés, en 34). Pero nada acabó ahí. Las consecuencias fueron múltiples y algunas de ellas se echan mucho de menos en la actualidad, por ejemplo, el júbilo de participar en la vida pública. La filósofa Hannah Arendt describió así, en aquel momento, lo que consideró una de las características más notables: “Lo primero que me llama la atención es su determinación de actuar, su júbilo en la acción (…) Resultó que la acción política es divertida”. Esa alegría y diversión parece haber desaparecido de la vida política actual, no solo en Francia, sino en todas partes, España incluida, donde es casi imposible introducir algo de humor en el debate político y, desde luego, donde los políticos de cualquier tendencia parecen más amargados que jubilosos.

Volviendo a Piketty y a la influencia que tuvo Mayo del 68 en la lucha contra la desigualdad, sus estudios demuestran que la ruptura con el periodo precedente fue “neta y de largo alcance”. “El poder de compra del salario mínimo”, escribe, “había progresado apenas el 25% entre 1950 y 1968. Impulsado por el fuerte aumento de los salarios bajos, la masa salarial avanzó durante los años 1968-1983 mucho más rápido que la producción, lo que llevó a una fuerte disminución de la cuota del capital en el ingreso nacional. Todo esto a través de la reducción de las horas de trabajo y alargando las vacaciones pagadas”. Es a partir de 1998, y claramente después con la crisis financiera de 2008, cuando la tendencia iniciada con Mayo del 68 se derrumba y la desigualdad se hace galopante, favorecida por una feroz respuesta austericida.

Con algo de humor, la estupenda periodista mexicana Marcela Turati proponía hace tiempo que los periodistas dejaran de escribir de la vida de los pobres y empezaran a fijarse en la de los superricos. La pobreza no parece que provoque reacción, decía, pero es posible que la superriqueza provoque furia. La concentración de la riqueza ha pasado a ser monstruosa: 264 personas poseen hoy día el equivalente a lo que poseen 3.000 millones de personas en el mundo. No importa, opinan algunos, siempre que esos 3.000 millones tengan lo suficiente para vivir. Pero no es cierto que semejante concentración de dinero no tenga efectos en la vida de esos 3.000 millones y en la de todos los demás habitantes de la Tierra. Basta ver cómo ha funcionado una empresa como la fabricante de aviones Boeing para darse cuenta: aumentar el valor de las acciones (y en consecuencia el bono de los gestores) se convirtió en el objetivo principal, animados por cientos de analistas que alababan esa buena gestión. Tan buena que sufrieron dos accidentes y una puerta saltó por los aires en pleno vuelo. Tan buena que la mayor empresa de arrendamiento de aviones del mundo ha exigido ahora que los objetivos financieros “pasen a un segundo plano” y que la empresa se centre en la seguridad de los seres humanos. Mayo del 68, derrotas pírricas, victorias aplazadas, escribió Carlos Fuentes.

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Lo mismo sucede en Europa, aunque no en todos los países con la misma fuerza. España es, en estos momentos, uno de los lugares donde más ha desaparecido el espacio político, según reconoció esta semana el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aunque, lamentablemente, no anunció ninguna iniciativa para remediarlo, pese a disponer de instrumentos para ello (el Partido Popular gobierna 14 de las 17 comunidades autónomas).

Lo razonable sería que el debate incluyera temas como el control democrático de la economía, o la situación de la sanidad pública, no como un problema técnico, sino como un proyecto que une a un país. Ni tan siquiera, ahora que se acaba de abrir el periodo de presentación de la declaración de la renta, se habla de impuestos como un tema esencialmente político. Andreu Missé recomendaba hace poco el libro Los ricos no pagan IRPF, de los expertos fiscales Carlos Cruzado y José M. Mollinedo. Es un trabajo notable que pone de manifiesto que el 75% de las actuaciones del Ministerio de Hacienda para descubrir fraudes se siguen centrando en particulares y autónomos, para descubrir una deuda media de mil euros, mientras que el control del impuesto de sociedades “sigue siendo un erial”. Eso sí es un tema político que merece un buen debate al que todos estemos atentos. Podíamos empezar a hablar, como propone Michael J. Sandel, de lo que nos debemos los ciudadanos unos a otros y en qué consiste el sentimiento de comunidad.

El espacio político en España es cada día más reducido, está casi prácticamente eliminado, sustituido por un ruido formidable sobre la moral, como si en las elecciones no se fuera a decidir cuál es el programa político más valorado, sino a señalar quién es el político que actúa más ajustado a los preceptos de la moral. Y ya decía Karl Popper que está muy bien moralizar la vida pública, pero no hacer política con la moral. Y eso es más bien lo que está ocurriendo en la vida pública española.

Por supuesto que los políticos deben asumir sus responsabilidades. Las penales las establecen exclusivamente los tribunales. Y las políticas se reclaman en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez no consiguió ser presidente del Gobierno en su primera ocasión porque fuera más honesto que Mariano Rajoy, sino porque presentó una moción de censura y obtuvo la mayoría necesaria. Lo que planteó Sánchez fue que el PP como organización acababa de ser considerado por un tribunal participante a título lucrativo de delitos de corrupción. Ese fue el argumento que le permitió alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria, ser elegido presidente del Gobierno y convocar inmediatamente elecciones generales, con el resultado de una mayoría de gobierno que le permitió prorrogar su mandato. Si el actual jefe de la oposición quiere provocar el adelantamiento de las elecciones, dispone del mismo mecanismo constitucional, la moción de censura. La dificultad, enorme, es lograr el apoyo de una mayoría parlamentaria que debería reunir, como mínimo, el voto del PP con los de Vox, PNV y Junts.

Abrir el debate público a estos temas tan necesarios no implica eliminar el de la Ley de Amnistía, que es un elemento político de primer orden y que está pendiente del dictamen del Tribunal Constitucional. No se trata de minusvalorar esa polémica, pero sí de resaltar la extraña desaparición de cualquier otro tema, sobre todo de aquellos que, por su propia naturaleza, podrían ayudar a construir el sentimiento de pertenencia a una comunidad, una manera distinta de hablar de patriotismo, pero con los mismos efectos.

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Cox acababa de publicar un artículo criticando la política de inmigración que practicaba el Gobierno del primer ministro conservador David Cameron y lamentaba que su propio partido, socialdemócrata, no tuviera ideas claras ni propuestas razonadas en ese tema. La diputada laborista, que había sido ejecutiva de Oxfam y acababa de entrar en política, era también muy crítica con la política de inmigración que promovía la Unión Europea. Es muy posible que hoy estuviera aún más horrorizada por el intento de deportar a terceros países a demandantes de asilo que trata de legalizar el Gobierno conservador de Rishi Sunak (parado una y otra vez por la Cámara de los Lores) y con las recientes propuestas de la Comisión Europea avalando esas prácticas. Aun así, lo cierto es que murió apoyando la permanencia de su país en la Unión y confiando en que dentro de Europa podría defender mejor sus ideas.

El miedo al inmigrante ha sido, dicen los analistas, uno de los motivos del incremento de voto a Chega, el partido portugués de extrema derecha. En sólo cinco años, Chega ha pasado de tener un único diputado a convertirse en la tercera fuerza política en el Parlamento, una tendencia que también se ha visto en otros países europeos. Urge encontrar la forma de actuar frente a ese rumbo, y que esa fórmula no consista en asumir parte de su mensaje, sino en propuestas contrarias, creíbles y razonables. El pacto migratorio aprobado por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea el pasado mes de diciembre es un paso, pero insatisfactorio porque no incluye ningún poderoso mensaje político que combata ese miedo, sino que en cierta medida lo justifica. Hay que comprender el poder del miedo y su efecto en las elecciones, explican los impulsores del acuerdo, y tienen razón, pero eso no implica justificarlo, sino encontrar la manera de afrontarlo y desactivarlo.

No es cierto que todo sea incierto. Depende de lo que hagamos. Los futuros posibles se pueden elegir, escribió el historiador Tony Judt. “Hay varios futuros posibles, según el tipo de políticas y de instituciones que elijamos”, insiste Thomas Piketty. Se pueden hacer muchas cosas en Europa para salir de la situación actual y para frenar el miedo al otro que se extiende desde hace años por el continente y que es parte del hocico de la bestia. Existen los datos y distintos caminos, democráticos y factibles, para afrontar las maniobras insidiosas que atribuyen a la inmigración todos los motivos del creciente malestar que afecta a las sociedades occidentales. Pero se trata de una pelea absolutamente política y las elecciones de junio serán parte importante de ella. Jo Cox, una representante política, la estaba dando a favor de esa otra Europa que creía posible.

Es muy probable que, si continuamos dejando que el miedo al inmigrante se extienda por nuestros países, llegue un día en que todo el Parlamento Europeo tenga que ponerse en pie y pedir perdón por el trato dado a decenas de miles de personas que llegaron a nuestras puertas y a las que no reconocimos ningún derecho. Ahora, pedir disculpas se ha convertido en una especie de ceremonia ritual, sin contenido, que practican primeros ministros y autoridades de muchos países ante los auténticos atropellos cometidos por ellos mismos o por sus predecesores. Pero pedir disculpas tuvo otro significado. Desmond Tutu, el obispo sudafricano antiapartheid, decía que cuando se pedía perdón por algo, quedabas obligado a marcar ese hecho para siempre en tu memoria. Es una idea antigua. Confucio decía que no sirve aceptar que te has equivocado si no lo recuerdas continuamente.

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En su primera etapa, Trump tuvo a su lado a personajes muy conservadores, pero muchos de ellos eran políticos con años de experiencia y hasta el final hubo en la Casa Blanca personas opuestas, por ejemplo, a la toma del Capitolio. Eso puede no suceder en una segunda etapa. Por lo menos, si hay que hacer caso al Mandate for Leadership. The Conservative Promise. 2025. Presidential Transition Project, un libro de 887 páginas, editado por la mencionada fundación, con un plan exhaustivo para politizar, de arriba abajo, toda la Administración estadounidense.

The New York Times publicó el pasado 29 de febrero un artículo muy revelador. El autor, Carlos Lozada, que se ha leído todas las páginas del libro, llegaba a la conclusión de que, aunque Trump no lo ha hecho suyo formalmente, muchos de los autores de sus diferentes capítulos son personas muy próximas al expresidente y tienen muchas posibilidades de ocupar puestos de responsabilidad si Trump ganase en noviembre. Es decir, el plan diseñado, según el propio texto, para arrancar a las doce de la mañana del 20 de enero de 2025 (hora de la toma de posesión del nuevo presidente) examina minuciosamente cada departamento, oficina o agencia y cada proyecto que debe ser desmantelado y erradicado. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el cambio climático.

El actual presidente de la fundación, Kevin D. Roberts, visitó España en julio de 2023, para “pasar revista” a distintos organismos vinculados a la derecha española. El señor Roberts y la fundación no ocultan que uno de sus grandes objetivos en España es lograr el máximo entendimiento entre el PP y Vox, así como que esa derecha unida entorpezca todo lo que pueda la política exterior de la Unión Europea. Una de las tareas que absorbe más recursos de la Fundación Heritage es fortalecer las instituciones académicas que “se propongan dar una sólida formación en las ideas conservadoras” y atraer estudiantes hacia sus postulados ideológicos. Es conocida su vinculación con la Universidad Francisco Marroquín, que tiene campus en Guatemala, Panamá y Madrid (calle de Arturo Soria), pero también ha cultivado sus contactos con la Universidad Francisco de Vitoria, que pertenece a la organización Regnum Christi, conformada jurídicamente, entre otros, por la Congregación de Legionarios de Cristo, y con determinados diplomas del CEU-CEFAS, algunos de cuyos mejores alumnos reciben becas de tres meses para mejorar su formación en la propia sede de la Fundación Heritage.

La visita del señor Roberts tenía también por objetivo entregar el Steven Sass Economic Freedom Award a Javier Fernández-Lasquetty, que de­sempeñó diversos cargos en el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre y que ha sido hasta hace poco consejero de Hacienda, Economía y Empleo en el de Isabel Díaz Ayuso. Actualmente es presidente del consejo de administración de Cofares Diversificación, una empresa enfocada en la logística hospitalaria, un espacio que conoce bien, puesto que fue siempre un gran defensor de la privatización de la sanidad madrileña. Al recibir el premio, se vanaglorió del trabajo hecho por el Gobierno de Aznar. “El presidente llegó al Gobierno con un 43% de gasto público y lo dejó en un 38%. Ni Thatcher ni Reagan hicieron tanto”, explicó Lasquetty, quien mencionó más de 10 veces a Díaz Ayuso.

Simplemente recordar que las elecciones (vascas, catalanas, europeas y estadounidenses) tienen siempre consecuencias.

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De momento, el anuncio realizado por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, llevó a Sánchez a renunciar a la aprobación de los Presupuestos Generales para 2024, hasta ahora uno de sus objetivos más importantes. Quedan prorrogados los de 2023, lo que nunca es bueno para la solvencia de un gobierno, aunque el récord se mantiene con los de 2016 del Gobierno del PP, que se prorrogaron durante tres años consecutivos (la prórroga de 2018, obra ya del Gobierno de Sánchez).

Sánchez hace frente a tres procesos electorales obligados: elecciones vascas, el 21 de abril; las catalanas, el 12 de mayo, y las europeas, el 9 de junio. Será muy difícil que pueda seguir adelante si en las catalanas el PSC no consigue la mayoría, no solo de votos (eso ya pasó en las autonómicas precedentes: 625.000 votos frente a 603.000 de ERC y 568.000 de Junts per Catalunya), sino de apoyos para alcanzar la presidencia de la Generalitat. Cuenta con un buen candidato, Salvador Illa, un socialista que conecta con el modelo más clásico de político socialista, licenciado en Filosofía y alcalde de su pueblo, que fue inesperadamente ministro de Sanidad durante la pandemia y que salió razonablemente bien del cometido (por mucho que ahora pueda sufrir algún desgaste por el caso Koldo). Sánchez le ha ofrecido todo su apoyo, aunque algunos de los responsables del PSC preferirían que el presidente se mantuviera alejado: un sector de los militantes está muy irritado con la ley de amnistía y lo estará aún más si Puigdemont consigue regresar a Cataluña en esas fechas.

Para el PSC es mucho mejor activo Josep Borrell, que mantuvo una brillante oposición a los independentistas en 2017 y que ahora, como responsable de la política exterior de la Unión Europea, critica duramente la masacre israelí en Gaza, algo que le aproxima a muchos jóvenes. Illa afronta un reto difícil: movilizar el electorado a la izquierda y a la derecha del voto clásico del PSC. En Comú ha provocado el adelanto electoral porque cree que puede mejorar sus expectativas, arañando a los socialistas, pero está por ver que sus votantes aprecien el movimiento. En cualquier caso, todo va a depender de Salvador Illa. Si alcanza la Generalitat, el resultado de las inmediatas elecciones europeas, presumiblemente discretas o malas para el PSOE, tendrá menos impacto y Sánchez tendrá mejores expectativas de cumplir la legislatura. A sus ojos, la ley de amnistía quedará, por fin, justificada. Si Illa no lo consigue, la ley estará todavía más tocada y las elecciones generales serán una opción creíble.

El Partido Popular no aspira a ser un actor importante en estas elecciones, aunque tiene en su mano un elemento que sí lo es. El calendario de puesta en marcha de la ley de amnistía y del posible regreso a España, en libertad, de Carles Puigdemont. El Congreso envió el texto ya al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y donde los populares han modificado el reglamento para poder retrasar el trámite dos meses. Si fuera así, impediría el regreso de Puigdemont antes de las elecciones o antes de la investidura. Pero algunos dirigentes del PP creen ahora que cuanto antes regrese Puigdemont a Cataluña y más espectacular sea el recibimiento, más se desmovilizará el sector del PSC que ha seguido todo el desarrollo de la ley de amnistía con profundo desagrado. No comparte esa teoría su candidato en Cataluña, Alberto Fernández, que no pertenece al círculo de Feijóo y que abomina de los contactos furtivos del PP con el dirigente de Junts. Fernández, que estaba en la cuerda floja como dirigente del PP, es, sin embargo, el mejor candidato posible para los populares en estos momentos y aspira a atraer voto procedente del casi desaparecido Ciudadanos y de Vox.

Los independentistas llegarán, como es habitual, enfrentados. Aragonés ya ha recordado que Junts quedó tercero en las pasadas autonómicas. En el fondo, lo único que de verdad importa es saber cuántos de ellos quieren mantener vivo el procés. Entonces sabremos también qué ha estado pasando.

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El deterioro del cuerpo central de la ONU —y conviene resaltar el fracaso de las llamadas misiones de paz, como la que está a punto de cerrarse en la República Democrática del Congo— viene acompañado por un deterioro paralelo de algunas de las organizaciones que nacieron a su amparo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Mundial de Comercio (OMC). La OMS desempeñó un papel bastante limitado durante la crisis de la covid. La Unión Europea, aunque reaccionó algo tardíamente, fue desde luego mucho más eficaz. La OMC, por su parte, sufre una crisis existencial con la caída de la globalización y la renacionalización de las políticas comerciales. El deterioro, o incluso retroceso, es también apreciable en todo lo relacionado con la Plataforma de Beijing, la iniciativa más importante aprobada por la ONU para promover la igualdad de género en todo el mundo.

Para colmo, la figura del secretario general, desempeñada por António Guterres, ha perdido brillo en los últimos años. Es verdad que el secretario general de la ONU no tiene poderes ejecutivos, pero también que, precisamente por eso, es muy importante que se mantenga muy activo, con una política de gestos que plantee a las potencias la necesidad de dar respuestas. Y eso es lo que no ha existido durante el mandato de Guterres. De hecho, durante la crisis de Ucrania, el secretario general de la ONU estuvo prácticamente desaparecido (ni tan siquiera se hizo presente en Kiev o Moscú). Solo ha recuperado una cierta presencia internacional en la crisis de Gaza, exigiendo el alto el fuego humanitario.

Frente a este deterioro, ha surgido un grupo de 70 mujeres que han ocupado cargos relevantes en el sistema de Naciones Unidas y que critican que los organismos internacionales en general tengan una infrarrepresentación femenina. Según uno de los estudios realizados por este grupo (llamado GWl Voices) desde 1945 hasta hoy, solo el 13% de los cargos electos en organizaciones internacionales ha sido ocupado por mujeres. En Naciones Unidas, por ejemplo, desde 1945 se han elegido 74 hombres y 4 mujeres para ocupar el puesto de presidente de la Asamblea General. Por eso, promueven que exista una rotación por género, igual que existe actualmente por regiones geográficas, y proponen que el próximo secretario general sea una mujer (por primera vez en 80 años). Madame, la secretaria general es el lema.

Entre sus principales promotoras se encuentran Helen Clark, que fue primera ministra de Nueva Zelanda y administradora del programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD); Susana Malcorra, exministra de Asuntos Exteriores de Argentina y jefa del gabinete del anterior secretario general de la ONU, Ban Ki Moon; Irina Bokova, política búlgara que fue directora general de la Unesco, o Cristina Gallach, política española que fue secretaria general adjunta de Naciones Unidas para la Comunicación. Todas ellas, y sus 66 compañeras, son buenas conocedoras del funcionamiento de Naciones Unidas, y todas ellas promueven la necesidad de revitalizar la organización con reformas que empujen el papel de la ONU como promotora de la paz, los derechos humanos, y como agente en los desafíos del cambio climático, nuevas tecnologías, desarrollo sostenible y seguridad. Son fuertes y decididas y quieren luchar contra el deterioro de la ONU. Con Madame, la secretaria general al frente.

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Las opiniones públicas parecen entregadas totalmente a la contemplación de una polarización política que aumenta año a año, hasta el extremo, como explica Ivan Krastev (Instituto de Ciencias Humanas de Viena) en una reciente entrevista, de que el mayor problema para las democracias “es que cada elección está empezando a parecer un cambio de régimen”.

En cada vez mayor número de países, los partidos que han perdido las elecciones actúan “como si nunca hubieran visto el resultado de las urnas”, dice Krastev. Sucede en Estados Unidos, donde los republicanos bloquean todo lo que está a su alcance; en Polonia, donde el PIS, los ultranacionalistas que perdieron las elecciones hace pocos meses, combaten, milímetro a milímetro, al Gobierno de Tusk, o en España, donde el PP, cuando solo han pasado tres meses de la formación del Gobierno de Pedro Sánchez, ya exige su dimisión. La actitud “puede que tengas una mayoría, pero eso no significa que te dejemos gobernar” se está convirtiendo en la nueva realidad en la política europea, advierte el analista búlgaro.

Todos estos problemas internos son serios, pero están actuando como una cortina de humo que impide que los ciudadanos presten la necesaria atención a los dos problemas internacionales que realmente pueden cambiar radicalmente sus vidas: Ucrania y Gaza. En los dos lugares se juega el derecho internacional y el de dos pueblos a organizarse libremente, aplastados por otros Estados que ni tan siquiera les reconocen como tales. El Gobierno de Rusia cree que Ucrania es parte de su imperio y el de Israel, que los palestinos no tienen los mismos derechos humanos que los judíos y que pueden ser expulsados de su tierra. La derrota de los ucranios y de los palestinos supondría la desestabilización del marco institucional creado tras la II Guerra Mundial e ignorarlo colocaría a Europa (y seguramente a Asia) en el escenario más peligroso posible. De manera abrumadora, las mismas personas que creen que Rusia ganará la guerra, también creen que no habrá Unión Europea dentro de 20 años, explica Krastev.

Ayudar a los ucranios a defenderse es tan urgente como cualquier problema de política interna. En el caso de los palestinos, no se trata de que se defiendan, algo que no está a su alcance frente al inmisericorde ejército israelí, sino de evitar que sean aplastados por un régimen de apartheid que Israel ha ido levantando ante los distraídos ojos de Europa y que, si se consolida, destruirá la razón de ser de la misma Unión Europea cara al mundo. Hoy es urgente lograr que la definición de antisemitismo no incluya la crítica a las políticas del Estado de Israel (algo que reclama, con mucha razón, Josep Borrell), sino que implique “la hostilidad o la violencia contra los judíos por el hecho de ser judíos (o contra las instituciones judías por el hecho de ser judías)”, como afirma la Declaración de Jerusalén sobre Antisemitismo, firmada en 2020 por 200 especialistas. “Antisemitismo es negar el derecho de los judíos a existir y florecer, colectiva e individualmente, como judíos, de acuerdo con el principio de igualdad, en el Estado de Israel”, explica ese texto, donde el concepto de igualdad es fundamental.

La compasión parece ser el sentimiento con el que los europeos miran a Ucrania y a Palestina. Pero la compasión, como escribió Susan Sontag, es una emoción inestable y precisa traducirse en acción o se marchita. No es fácil ser optimista sobre la capacidad de los europeos para actuar frente a las dos mayores y reales amenazas que sufren. Lo importante, de nuevo, es saber lo que los historiadores demuestran una y otra vez: nada está predeterminado.

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No es fácil encontrar explicaciones estrictamente políticas a ese enfrentamiento que protagoniza el expresidente. Resulta evidente que el distanciamiento de la dirección del PSOE se viene produciendo desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero y de la progresiva desaparición de los dirigentes que protagonizaron el enorme empuje político de la primera década socialista. Aun en el año 2000, y aunque se sabía que González nunca había sido partidario de llegar a acuerdos formales con el Partido Comunista, el expresidente se mantuvo firme al lado del pacto electoral suscrito por los responsables del PSOE y de Izquierda Unida del momento, Joaquín Almunia y Francisco Frutos, con el propósito de llegar a La Moncloa con un gobierno conjunto. Felipe González llegó incluso a respaldar la propuesta (ampliamente derrotada después en las urnas) con una frase sin matices: “Yo estoy de acuerdo con el pacto porque soy electoralista, porque hay que ganar elecciones para gobernar”.

El distanciamiento con Zapatero se palió en parte gracias a los buenos oficios de Alfredo Pérez Rubalcaba, que mantenía una enorme influencia en el PSOE y que fue capaz de aplacar la progresiva irritación del expresidente con las nuevas maneras de hacer política de sus sucesores. Rubalcaba insistió y logró que González participara en algunos actos de las campañas electorales de Zapatero y que defendiera públicamente su gestión. Su desaparición rompió probablemente los muros de contención y la ruptura total se produjo con la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaria General del PSOE, aupado por las bases y en contra de la estructura orgánica del partido y del rechazo expreso de González.

Felipe González puso un gran esfuerzo durante todos sus años en la política activa en conseguir que se valorara la institucionalidad como uno de los grandes objetivos democráticos. Arrastró a su partido, en 1979, a abandonar el marxismo y afirmarse en una senda socialdemócrata, precisamente para asegurar la institucionalidad de la participación del PSOE en el proceso democrático que se iniciaba. Sin embargo, a la hora de abandonar la política activa, no se planteó la posibilidad de encontrar un espacio no partidista, de protección del sistema democrático, en el que frenar los impulsos de crispación, y en el que hubiera podido expresar hoy, en un cauce adecuado, las objeciones que le suscita la eventual iniciativa de Pedro Sánchez de ofrecer una amnistía. (Una eventual ley de la que, todo sea dicho, ni Sánchez ni ninguno de sus portavoces oficiales ha dicho hasta ahora una palabra). Optó por preservar su influencia política fuera de cualquier marco institucional, algo difícil, que podía descarrilar fácilmente.

La verdad es que las relaciones de Felipe González con su partido fueron siempre peculiares, quizás porque más de la mitad de los 23 años en los que fue secretario general del PSOE (1974-1997) fue también presidente del Gobierno (1982-1996), lo que significa que su influencia fue casi absoluta, pero más en su orientación ideológica que en su organización interna, cuya obediencia siempre dio por supuesta. González como presidente, por ejemplo, no solicitó autorización previa de su partido para ofrecer en 1993 un gobierno de coalición a Jordi Pujol, dirigente del principal partido nacionalista catalán del momento y si esa coalición no llegó a formarse fue por la negativa nacionalista.

Es difícil renunciar al poder después de muchos años y que no te consideren, y te consideres tú mismo, un hombre de Estado, dijo en una ocasión Bruno Kreisky, canciller de Austria de 1970 a 1983. Lo difícil es cómo traducir ese teórico papel, sin tener el instrumento institucional adecuado, explicó.

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Saldrá mal si, a la postre, sale reforzado el independentismo, si el PSC pierde voto en las próximas elecciones catalanas o si los portavoces independentistas pisan de nuevo las líneas rojas, digan lo que digan los documentos firmados.

Saldrá mal si todo esto empuja a Núñez Feijóo a manos de los sectores más duros de su partido y su líder no actúa en sentido contrario, alejando su mensaje del de Vox. Saldrá mal si el PP, arrastrado por quienes creen que las naciones se crearon en el Génesis, alimenta el ultranacionalismo español. Si no comprende que utilizar un lenguaje tan brutal como vienen usando aleja cualquier posible aproximación de sectores de la sociedad que pueden compartir la inquietud ante la política de Sánchez, pero que no soportan esa violencia verbal: “Asistimos a la abolición del Estado de derecho”, “se destruye el orden constitucional”, “el principio del fin de nuestra democracia”.

Se constata también que el actual equipo directivo del PSOE es un mal negociador. Es verdad que administran un gran caudal político sin ayuda, mejor dicho, con la antipatía de los mejores próceres del partido, pero también que no han sabido atraer a su proyecto a las mejores cabezas políticas del entorno socialista. También lo es que las negociaciones se llevan a cabo necesariamente con discreción. Sin embargo, en este caso no se ha tratado de discreción, sino de vacío. La discreción podía haber sido compatible con un potente y articulado mensaje político, que ha brillado por su ausencia. Ni el presidente en funciones ni sus portavoces han prestado la más mínima atención a sus electores. Esa falta de comunicación ha hecho todavía más difícil de comprender algunos de los acuerdos a que se ha llegado, no solo la polémica ley orgánica de Amnistía (por ejemplo, las quitas de deuda autonómica necesitan mucha pedagogía), así como los insoportables agobios de última hora para único disfrute de un personaje tan repelente para los socialistas como Carles Puigdemont.

Sea como sea, antes de acudir a la investidura es imprescindible que los ciudadanos conozcan, clara e íntegramente, cuáles son los acuerdos que permitirán a Pedro Sánchez formar gobierno durante los próximos cuatro años. Que el texto de la proposición de ley de Amnistía se conozca tan tarde no supone ninguna ventaja para los socialistas, no solo porque ha dejado espacio para multitud de especulaciones, sino porque, además, ha perjudicado su imagen, presentándolos como negociadores acorralados. Esa confusa negociación ya no tiene remedio, pero ahora el Partido Socialista está obligado no solo a explicar el contenido de la amnistía, sino también el de todos los compromisos a que haya llegado en nombre del futuro Gobierno. Y hacerlo rápidamente y de pe a pa.

En el caso de la proposición de ley de Amnistía, y precisamente porque la amnistía solo puede ser consecuencia de una decisión del Congreso de los Diputados, no sería de recibo que se tramitara con lectura única ni tan siquiera con un procedimiento de urgencia. Es en ese foro donde los portavoces independentistas deben aceptar el debate y donde explicar sus objetivos y los procedimientos que consideran válidos para alcanzarlos. Y donde el PP debe explicar de una vez si aspira a gobernar solo con Vox como aliado. No bastará con lo que se diga en la sesión de investidura, importará lo que se hable, paso a paso, y sin tanta fanfarria, en el debate parlamentario.

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La primera de todas las incógnitas, inmediata, es saber si el PSOE es capaz de sacar adelante, antes del próximo 7 de marzo, la ley de Amnistía, sin ninguna nueva concesión a Junts. Carles Puigdemont dispone de un nuevo dato para aumentar la presión sobre los necesitados socialistas. Repentinamente, el Partido Popular le ha ofrecido el indulto para todos aquellos independentistas catalanes a los que no alcanzó la medida de gracia aprobada por el Gobierno de Sánchez en junio de 2021. Es decir, incluido el propio expresident, huido de la justicia española. En mitad del debate sobre la ley de Amnistía, el PP ha hecho suyo el espacio de los indultos.

La decisión de Alberto Núñez Feijóo se dio a conocer en mitad de la campaña electoral gallega y el éxito indiscutible alcanzado por el Partido Popular en esos comicios convalidó la sorprendente maniobra. Al revalidar la mayoría gallega, el presidente popular puede ya acudir a unas futuras elecciones generales —o presentar una moción de censura— con los indultos plenamente incorporados a su programa y sin debate interno alguno.

En cualquier caso, la oferta de indultos acerca, sobre el papel, la posibilidad de que el Partido Popular se plantee, tras las elecciones europeas del próximo mes de junio, una moción de censura contra Pedro Sánchez. Sobre todo, si esos comicios europeos vuelven a dejar en una posición de debilidad al PSOE. Los acuerdos que mantienen a Sánchez en La Moncloa son frágiles y lo serán aún más tras las elecciones vascas, en las que los riesgos no dependen tanto del resultado que obtenga el Partido Socialista de Euskadi, sino de las alianzas posteriores. Se supone que el PSE apoyará antes un Gobierno vasco con el PNV que con su principal oponente, Bildu. Pero los votos de Bildu son también necesarios para el PSOE en el Congreso y, en ese momento, quizás subirán de precio.

Según el análisis que hizo el propio presidente en la reunión de la Ejecutiva Federal de esta semana, tanto los malos resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas, que dejaron reducido a su mínima expresión el poder territorial del PSOE, como el de las elecciones gallegas se deben a la debilidad de la estructura del partido, carente de “liderazgos fuertes” en las comunidades autónomas. Es un análisis seguramente correcto, pero, de alguna forma, debilita su propio liderazgo interno por no haber sabido atajar el problema en los seis años que lleva al frente del PSOE. Sus detractores, incluso, le responsabilizan de haberlo profundizado al imponer candidatos en algunas de esas federaciones.

En el mejor de los casos, el Gobierno entraría en otoño con un presupuesto aprobado y con muy difíciles negociaciones para sacar adelante cualquier otra ley. En el peor, haciendo frente a una moción de censura que Feijóo tendría que negociar con Junts (dando por seguro que Vox no podría negarse a echar a Sánchez del Gobierno). El presidente tiene en su mano algunas herramientas para reforzar su liderazgo, como la remodelación del Gobierno dando por fin entrada a voces socialistas potentes. Tiene un amplio margen porque, tras las últimas elecciones, mantuvo sin tocar a los 12 ministros que ocupaban las carteras más importantes. Pero tiene también en contra el creciente ataque de socialistas a los que sólo su ciego rechazo visceral a Sánchez les está impidiendo aflorar dentro de su partido una crítica verdaderamente eficaz.

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Assange fue el creador de un portal llamado Wikileaks a través del cual se hicieron públicos en 2010 miles de documentos clasificados, gracias a los cuales vieron la luz crímenes de guerra, torturas y casos de corrupción. Los documentos fueron facilitados a un grupo de medios de todo el mundo (entre ellos EL PAÍS) para su análisis y difusión. En ningún caso las informaciones publicadas supusieron un riesgo para la seguridad de personas protegidas por la ley. Fuimos decenas de periodistas en todo el mundo (yo misma pertenecí al equipo de este periódico que realizó ese trabajo) quienes expurgamos esos miles de documentos y quienes firmamos esas informaciones. Y todos estuvimos de acuerdo en que se trataba de hechos que la sociedad tenía derecho a conocer.

La extradición de Assange y su casi segura condena en Estados Unidos (la pena puede ser de 175 años) son una amenaza para todo el periodismo serio que se realiza en el mundo y como tal deberían ser asumidos por las asociaciones profesionales y por la sociedad en su conjunto, a la que se quiere privar de uno de sus derechos más importantes: el derecho a saber y a exigir responsabilidades. La sociedad necesita personas que hagan el trabajo que hizo Julian Assange. Los periodistas necesitamos acceder a documentos como los que Assange nos facilitó. Cerrar el camino de los whistleblowers (informadores, denunciantes) es la mejor manera de proteger a delincuentes de alto rango.

Ahora mismo, es posible que para llegar a conocer cuáles han sido y están siendo las decisiones del Gobierno israelí, cuáles sus objetivos y cuáles los medios que ordena emplear para alcanzarlos, para que la propia sociedad israelí pueda debatirlo y la comunidad internacional valorar hasta qué punto son compatibles con las leyes que rigen el orden mundial, sea necesario que surjan personas dispuestas a denunciarlas desde dentro o personas capaces de acceder por medios tecnológicos a esa documentación.

Mas aún cuando, en el caso israelí, existe una tajante prohibición de acceso a Gaza de periodistas internacionales, prohibición que no tiene que ver con la protección de esos enviados especiales. Primero, porque la decisión corresponde al periodista interesado y al medio que lo respalda y los gobiernos deben limitarse a ofrecer la máxima ayuda que puedan. Segundo, porque la inmensa mayoría de los periodistas palestinos que han muerto en Gaza en los pocos meses que dura la operación de castigo israelí (más de 60 reporteros, según la Federación Internacional de Periodistas) no han muerto en mitad de bombardeos indiscriminados o en medio de enfrentamientos bélicos, sino, según denuncian sus medios, en ataques específicos dirigidos contra ellos y sus familias.

Algún día, las organizaciones profesionales de periodistas deberán abrir una profunda investigación sobre esas muertes, como deberían abrirla las asociaciones de médicos sobre el asalto a los hospitales gazatíes, y necesitarán para ello acceder a documentos clasificados y a la ayuda de personas como Julian Assange. A lo largo de la historia, no han sido pocos los jueces, sobre todo anglosajones, que, a la hora de procesar a periodistas de investigación, funcionarios o hackers que han vulnerado la ley para acceder a ese tipo de documentos, han considerado, por encima de todo, si la conducta de esa persona servía al interés público. Es una desgracia que poco a poco ese espíritu haya ido debilitándose y que ahora un tribunal británico pueda hacerlo desaparecer.

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En su último discurso, António Guterres reconoció que el Consejo de Seguridad, el principal instrumento para la paz de la ONU, está paralizado, incapaz de hacer frente a la barbarie que se desarrolla desde hace meses en varios puntos del mundo y muy especialmente en Gaza. Ni el angustioso discurso de Guterres ni prácticamente la ONU en pleno han sido capaces de imponer un alto el fuego, vetado por Estados Unidos. El Gobierno de Israel lleva cinco meses imponiendo un castigo brutal a una población civil inerme, con el resultado de cerca de 100.000 víctimas; 28.000 muertos, 11.000 de ellos niños, y 67.000 heridos y mutilados, de los cuales, 27.000 son menores. Naciones Unidas no ha sido capaz siquiera de lograr la llegada de suficiente ayuda humanitaria para los dos millones de habitantes de la Franja, ni de defender sus propias organizaciones sobre el terreno. Colegios, centros de refugiados e instalaciones de la ONU, hospitales, bombardeados y arrasados, periodistas asesinados en sus casas. De todos ellos debería responsabilizarse Naciones Unidas, y por todos ellos exigir responsabilidades. Pero ni tan siquiera ha sido capaz de proteger a su agencia para refugiados en Palestina, UNRWA. Produce un mínimo consuelo saber que el Gobierno español ha sido coherente con sus obligaciones humanitarias, aumentando incluso su aportación económica a la Agencia.

Sea como sea, de lo único que va a dejar memoria la ONU es de su completo naufragio, y son inconscientes quienes crean que algo así no tendrá dolorosas consecuencias, también para ese mundo que no quiere darse por enterado de lo que está sucediendo.

“Nuestro mundo ha entrado en una era de caos”, se lamentó Guterres. Pero lo que sucede en Gaza no responde a una era caótica, ni tan siquiera al brutal atentado terrorista de Hamás, sino a un plan perfectamente organizado por parte de un Gobierno extremista y ultranacionalista que planea hacerse con territorios mediante la expulsión de sus actuales habitantes, y hacerlo con total impunidad.

El informe publicado en la revista Foreign Affairs por Aluf Benn, director del extraordinario periódico israelí Haaretz, deja perfectamente claro cómo Benjamin Netanyahu lleva mucho tiempo planeando la ocupación y “limpieza étnica” de Gaza y Cisjordania, y cómo ha ido arrastrando a la sociedad israelí a esos planes, de la manera en que la historia demuestra que se hacen esas malvadas cosas, paso a paso.

Solo esa indiferencia cruel explica que la sociedad israelí aceptara en 2018 la propuesta de Netanyahu de definir por ley a Israel como el “estado nación del pueblo judío”, de manera que solo los ciudadanos israelíes judíos tienen reconocidos determinados derechos, mientras que los ciudadanos árabes israelíes pasan a pertenecer a un grupo subordinado.

Decenas de miles de israelíes judíos, con la memoria viva, se opusieron a esa ley y siempre despertará admiración que haya israelíes valientes que en un ambiente de acoso proclamen que debería existir un único Estado Israelo-palestino, con iguales derechos para todos sus ciudadanos, una idea que procede de los años cuarenta y cincuenta, pero que siempre ha tropezado con la violenta oposición de los sectores religiosos y nacionalistas más radicales. Israel no nació como un Estado religioso, pero, ojo, sí lo hizo en la sala de partos de esa misma ONU que está a punto de demoler y que fue el lugar donde se firmó su partida de nacimiento y se guarda el registro.

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Hace pocos años, por ejemplo, otro economista, que fue asimismo alto ejecutivo del Banco de Inglaterra, Charles Goodhart, propuso un cambio radical en el marco regulatorio de las entidades bancarias. Nada de multar a las entidades por sus comportamientos irregulares. Los bancos no hacen nada, lo hacen las personas. Así que hay que hacer responsables directamente a los altos ejecutivos. “Si el director ejecutivo de un banco supiera que la fortuna de su propia familia seguiría en riesgo durante toda su vida posterior por cualquier falla en el comportamiento de un empleado durante su periodo en el cargo, contribuiría más a mejorar la cultura bancaria que cualquier conjunto de sermones y juramentos requeridos”, aseguró.

Hay también muchos premiados economistas que están muy de acuerdo en que hay que imponer altos impuestos en las herencias desproporcionadas. No se trata de que unos padres no puedan dejar dos pisos, o unos ahorros limitados, a sus hijos. Se trata de que, a cuenta de ese deseo, se han dejado de gravar fuertemente herencias que han alcanzado volúmenes exagerados. No hay nada que justifique que las nuevas generaciones no arranquen de un nivel más parecido, coinciden.

En general, esos economistas están de acuerdo en que los sistemas tributarios se basan fundamentalmente en la noción de que los ricos aceptan los impuestos a cambio de que se garantice el derecho a la propiedad.

Parece un acuerdo razonable, pero el trato puede quedar en peligro si se produce una desigualdad muy exagerada.

Igual de cuento chino es defender que los altos ejecutivos se merecen incentivos excepcionales porque si no se les paga con esas cantidades se irán a trabajar a Abu Dabi. Un viejo consejero de un banco inglés lo resumió muy bien: “Nuestro CEO no se irá a ninguna parte porque no es un futbolista y le gusta mucho ir al club a tomar tragos con sus amigos, pasear al perro por las arboladas y húmedas calles de su barrio y pasar los fines de semana en la casa de campo de sus amigos”.

Hoy día, dice el Economic Policy Institute, no es raro que un CEO de una gran empresa o banco gane entre 30 y 40 millones de dólares al año, algo que no tiene nada que ver con su rendimiento y sí mucho con sus relaciones con los consejeros. El resultado es un incremento brutal de la desigualdad. Más todavía cuando se producen cosas tan absurdas como la decisión de Tesla de pagar 56.000 millones de dólares a Elon Musk. Un pequeño accionista (nueve acciones) no tragó y demandó al Tesla “por enriquecimiento excesivo e injustificado” de su CEO.

Resulta que esta semana una jueza de Delaware (que no es cualquier sitio, sino que funciona en Estados Unidos como una especie de paraíso fiscal interno, con más de 200.000 empresas domiciliadas, y que tiene unos jueces superespecializados) ha decidido que el pequeño inversor tiene mucha razón y que esos 56.000 millones de dólares de incentivo son un disparate.

El pequeño accionista protestón se llama Rich Tornetta y como muchos pequeños héroes se trata de alguien testarudo. El señor Tornetta tiene además una curiosa historia, porque hace años tocaba la batería en un grupo de heavy metal, mejor dicho, de un grupo de trash metal, él no va más de lo duro. No debió tener mucho éxito porque no consta que grabara más que un disco, allá en 2008. De todas formas, si quieren verle en acción basta con visitar The Pit, “tu hogar para noticias, opiniones y cultura del heavy metal”. El señor Tornetta podría iniciar un nuevo espectáculo titulado: “El hombre que le quitó 56.000 millones de dólares a Musk”.

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Esos institucionalistas desesperados escuchan al mismo tiempo, día a día, noticias estremecedoras que les impulsan a descartar las dudas. ¿Cómo discrepar si, según los mejores sondeos, Donald Trump va a ganar las próximas elecciones en Estados Unidos, sin cambiar un ápice su grosero y agresivo mensaje populista y nacionalista? ¿Cuándo la extrema derecha alemana, en camino ascendente, propone expulsar a millones de residentes legales y rebajar los vínculos de Berlín con la Unión Europea? Tampoco parece que las expectativas sean alentadoras en la UE. Según el sondeo del solvente Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, por sus siglas inglesas) en las elecciones al Parlamento de junio de este año se producirá un giro hacia la derecha en muchos países, con partidos populistas de derecha radical ganando votos y escaños en toda la UE, y partidos de centro izquierda y verdes perdiéndolos. Es probable, calculan, que los populistas antieuropeos encabecen las elecciones en nueve países (Austria, Bélgica, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Holanda, Polonia y Chequia) y ocupen el segundo o tercer lugar en otros nueve (Bulgaria, Estonia, Finlandia, Alemania, Letonia, Portugal, Rumania, España y Suecia).

Es decir, casi la mitad de los escaños en el próximo Parlamento Europeo pueden estar ocupados por eurodiputados fuera de la llamada “súper gran coalición” de los tres grupos (socialdemócratas, liberales, democratacristianos), que hasta ahora han mantenido una línea política común de expansión y fortalecimiento de las instituciones comunitarias. Por primera vez se corre el riesgo de que una coalición populista de derecha (formada por conservadores radicales y eurodiputados de extrema derecha) arrastre a los democratacristianos y alcance en el europarlamento una mayoría que le permita controlar la Comisión. Es probable, dice el ECFR, que este brusco giro a la derecha tenga consecuencias significativas para todas las políticas a nivel europeo, particularmente en cuestiones de emigración y medioambientales. La nueva mayoría se opondría probablemente a la segunda etapa del ambicioso New Green Deal que la UE desarrolla frente al cambio climático.

Queda la esperanza de que el descalabro de la izquierda no sea tan fuerte como se predice y, sobre todo, de que la derecha de raíz democratacristiana incluida en el Partido Popular Europeo (PPE) mantenga su rechazo a cualquier vínculo con la extrema derecha, aunque ello le impida el acceso al control del Parlamento, y prefiera, como hasta ahora, acuerdos parciales con los liberales y el grupo socialista. Habrá que confiar en que la poderosa democracia cristiana alemana, por mucho descalabro que sufra en las elecciones de junio, mantenga ese compromiso, pero sigue aclarar su posición su actual jefe de filas en el PE, Manfred Weber. Como tampoco está clara la que adoptaría en ese caso el Partido Popular español, que por mucho que abomine del PSOE, no puede ignorar que cualquier retroceso en el desarrollo de la Unión perjudicaría los intereses de España, esa nación que tanto dice defender.

Quizás si se evita la coalición del PPE con los grupos de extrema derecha, sea posible aún la recomposición de la imagen del PP español como un grupo moderado. Si el PPE cae en Bruselas, los populares españoles estarán condenados al abrazo de Vox.

Y seguirá la guerra santa.

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Todo el suceso, conocido como el escándalo de las oficinas de correos (The Post Office Scandal), ofrece varias enseñanzas: los sistemas informáticos fallan, algunos ejecutivos de grandes empresas no dejarán de hacer verdaderas canalladas hasta que se les haga penalmente responsables, es decir, hasta que vayan a la cárcel; igual que los abogados de las empresas que ayudan a ocultar la maldad de sus jefes aunque sean conscientes de que destrozan las vidas de centenares o miles de personas.

La historia no ha acabado porque ahora los jueces, que admiten que todo ha sido un espanto, no están seguros de que el Gobierno pueda anular todas sus erróneas sentencias con una única ley, una especie de amnistía a la británica. Y porque el pago de las indemnizaciones prometidas va llegando tan tarde que algunos de los afectados han muerto.

Las víctimas son los llamados subpostmasters, responsables de pequeñas oficinas de correos en pequeñas localidades, gente que se enorgullecía de ser miembro de Post Office y a la que, de repente, al poco de usar un nuevo software, empezaron a no cuadrarles las cuentas. Unos 900 de ellos fueron denunciados, procesados y condenados por robo y fraude. Algunos fueron a la cárcel. Todos perdieron el trabajo y quedaron marcados (la vida en las pequeñas localidades británicas no debe de ser fácil si tus vecinos creen que has robado al benemérito Post Office).

Los jueces, que no sabían absolutamente nada de informática, creyeron a pie juntillas a los técnicos de la empresa responsable. Pero ¿cómo puede ser que no advirtieran que era imposible que de repente todos los subpostmasters del país se hubieran puesto a robar, sin ser parte de ninguna mafia? ¿Cómo es posible que los ejecutivos de la empresa propietaria de ese software de mierda (Fujitsu) testificaran en contra de esas desconcertadas y abrumadas personas, cuando sabían perfectamente que el sistema producía cientos de errores en la contabilidad? ¿Cómo es posible que los abogados de Fujitsu y de las oficinas de correos se prestaran a ello? ¿Cómo es posible que los políticos no leyeran las informaciones que se iban publicando y pidieran una investigación seria? ¿Cómo es posible que ninguno de ellos hiciera algo al ver pasar ante sus ojos a 900 hombres y mujeres aterrorizados y desconcertados, seguros de que no habían robado ni un chelín, pero culpabilizándose de haber, quizás, cometido errores que merecían castigo?

Todo es perfectamente posible y es incluso muy probable que se repita en otros lugares o en otros momentos, de esa forma o de otra parecida. ¿No nos acordamos ya de ese sistema informático en los Países Bajos que detectaba familias inmigrantes que estafaban al Estado a diario? Allí fue una abogada española la que investigó, pero también fueron los periódicos los que empezaron a publicar lo que ocurría. El primer ministro pidió perdón: un algoritmo equivocado, dijo. Ya está.

En realidad, ¿en qué consisten esos escándalos? En el desprecio a la gente pequeña, explica el escritor Kenan Malik en The Guardian. En que la ilegalidad útil es bien recibida por los ejecutivos de muchas grandes corporaciones. Y en que hay que ser conscientes de que un software puede ayudar a salvar vidas, pero otro puede llevarte a la horca.

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No está claro, pues, por qué se asegura que los baby boomers van a provocar una catástrofe, al menos en España, como no se les ate corto. Al fin y al cabo, en su mayor parte están jubilados y aunque conservan el formidable poder de su voto, este no es homogéneo ni es tan mezquino que responda sólo a la promesa de actualización de las pensiones. Si tiene tanta fuerza es, fundamentalmente, por la desmovilización electoral de las generaciones más jóvenes.

Es cierto que esa generación de los baby boomers ha alcanzado los niveles de vida material más altos hasta ahora conocidos, pero es difícil atribuir ese hecho a ningún privilegio, sino más bien a su propio esfuerzo. Es la generación que promovió en el mundo el desarrollo tecnológico más acelerado, la que profundizó las instituciones multilaterales que habían puesto en pie sus padres, con mucho sufrimiento, la que plantó cara en las calles a la guerra de Vietnam, promovió la educación universal y la sanidad pública hasta niveles desconocidos, y la que acabó definitivamente con el colonialismo y marcó el mayor empuje del movimiento feminista. Cierto que también es la generación que se planteó la mejora del nivel de vida como un objetivo capaz de arrasar con cualquier otra meta, la que permitió la progresiva desregulación del mundo financiero, la que no acabó con la pobreza y la que hizo de la comunicación instantánea un lugar donde se globalizó la mayor manipulación política vista hasta entonces.

Las generaciones más recientes les reprochan que el mundo que han levantado les impedirá a ellos mismos alcanzar un nivel de vida similar. Pero el futuro no está escrito ni para una ni para dos generaciones. ¿Quién hubiera podido avanzar en 1964 el prodigioso cambio que protagonizarían las mujeres en el mundo desarrollado? Quizás las nuevas generaciones necesiten preguntarse qué cosas están dispuestas a reclamar. Si la batalla por la conservación del medio ambiente es uno de sus objetivos, deberían preguntarse por qué no disputan el espacio político necesario para ello.

Resulta además curioso ese empeño en fomentar un enfrentamiento entre los más jóvenes de hoy y los mayores de 65 años, como si no existieran un par de generaciones intermedias, especialmente la que tiene ahora de 45 a 60 años, que es la que está gestionando realmente el mundo, político, empresarial y financiero, y, precisamente, la que no parece capaz de hacer frente al aumento del autoritarismo dentro de sus democracias. Es la generación de la italiana Meloni, de Macron, de Feijóo o de Sánchez. Y también, la de las enormes fortunas, responsables de un impulso a la desigualdad que no se había visto en un siglo.

No se trata de pronosticar alegremente que la llamada Generación Z (1995-2012) será capaz de resolver los problemas que quedaron sin afrontar por la generación de los baby boomers y siguientes, pero sí de decir que no es posible pronosticar que quedará aplastada por ellas. Por supuesto que hay que actuar políticamente, frente a datos y hechos que en cada momento exigen respuesta, pero nada está escrito, sobre todo si la generación Z decide protagonizar su tiempo: bastó que acudieran a las urnas en masa para sacar a Polonia de los rieles del autoritarismo. Bastará que acudan a votar en las elecciones europeas de junio para que se corte el paso al totalitarismo. Bastará que asuman su propia responsabilidad. En el fondo, los baby boomers, en palabras de Pedro Salinas, conscientes de sus derrotas, confían en su victoria.

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Por ejemplo, Carles Puigdemont cierra 2023 con una nueva amenaza. Si el PSOE no cumple en un año sus compromisos, “irá a una moción de censura”. Quiere decir que pedirá al Partido Popular que presente una moción de censura con su propio candidato al frente, porque no es posible que crea que Junts puede pedir a Alberto Núñez Feijóo que vote al candidato independentista. Todo ello merecería que Puigdemont diera una explicación, bastante larga, a sus seguidores. Sobre todo, si mientras tanto los catalanes han votado en unas elecciones autonómicas adelantadas (segundo semestre del año) y han decidido que sea el socialista Salvador Illa su nuevo president (el gran sueño de Pedro Sánchez) o que Junts siga siendo una fuerza política menor (aunque no lo parezca, ahora es nada menos que la quinta). Todo es posible, aunque como contaba Artur Mas esta semana en La Vanguardia, ya están todos los que pueden presionar advirtiendo a ERC y a Junts que tienen que llegar a un acuerdo como sea, no para proclamar la independencia, desde luego, ni celebrar un referéndum, ni tan siquiera adelantar elecciones, sino para lograr en comandita un concierto económico a la vasca.

Las cosas se han ensuciado tanto que es posible que Núñez Feijóo no necesitara dar explicaciones a los populares de por qué está sentado a la espera de que le llame un prófugo independentista y le diga: “Ahora, Alberto, ¡adelante¡”, pero aun así, en caso de que se convoquen desde La Moncloa elecciones generales anticipadas, el PP tendría que explicar cuál es su plan para Cataluña, se supone que poco agradable para Junts y para ERC y sin concierto que valga. Puestos a dar explicaciones, el PP lo mismo debería aclarar cómo se le ha ocurrido que él también necesita un mediador para cumplir la Constitución y renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y ya en vena, definir su posición respecto a Vox, aunque quizás ya esté para entonces sobradamente aclarada, en el caso de que los populares europeos hayan decidido llegar a acuerdos con la extrema derecha en las previas elecciones parlamentarias europeas (junio de 2024). Ojalá no sea así y la Unión Europea no tenga que dar explicaciones al resto del universo durante décadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, necesita tomarse mucho más en serio este año lo de dar explicaciones. Este 2023 terminó con un balance de lo logrado, un decreto ley ómnibus con las primeras medidas económicas del nuevo año y tres nombramientos significativos: un ministro de Economía, Carlos Cuerpo, gran conocedor de Bruselas y mano derecha de Nadia Calviño, la ampliación de las competencias de Escrivá para que se ocupe de la imprescindible reforma de la administración pública y el ascenso de María Jesús Moreno, número dos del PSOE, a vicepresidente primera, un movimiento interesante cara a la recomposición socialista en Andalucía. En la conferencia de prensa, se prodigó lo que se supone que es la idea central de todo su mandato: mientras yo consiga estar en el Gobierno, habrá importantes medidas sociales. Es una oferta, pero no una explicación de su política. Tampoco la hubo en la humorística presentación de su libro Tierra firme (claro que también están ausentes del propio libro). Sánchez lleva esquivando una explicación sobre su política territorial desde hace mucho tiempo y todo tiene un límite. El diálogo y serenar Cataluña es un objetivo político, pero no una estrategia y eso, el diseño para dirigir todo este asunto, es lo que hasta ahora nunca ha explicado con claridad. Las sesiones parlamentarias de 2024 podrían ser la ocasión, inexcusable ya, para describir las evidencias sólidas en las que se van a basar sus inmediatas decisiones. Es, dicen los politólogos, la condición para suscitar la confianza, casi tanto como la regularidad en el cumplimiento de las tareas y ofertas electorales. Seguramente muchos seguidores del PSOE preferirían que Sánchez se diera prisa.

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Omer Bartov, nacido en Israel, profesor de la Universidad de Brown, que ha dedicado su vida al estudio de los actos de asesinato en masa, explicó en la revista The Chronicle of Higher Education que si Israel continúa con su rumbo actual, con su gobierno actual, “es de temer que las futuras generaciones de israelíes hereden un país ‘autoritario, parecido a Esparta’, cuyo sentido de identidad nacional esté fundamentalmente ‘basado en el derramamiento de sangre”.

La mayoría de los israelíes, dicen las encuestas, apoyan al Gobierno de Netanyahu y la actuación de sus Fuerzas de Defensa (FDI), pero cada vez hay más voces dentro de Israel atemorizadas por el deterioro humano de esos soldados que disparan contra personas medio desnudas y con bandera blanca, que pasean sobre los escombros de un edificio recién bombardeado, sabiendo que bajo sus botas se encuentra aún a hombres y mujeres, niños, vivos, atrapados y aterrorizados, soldados y oficiales que dirigen un misil contra una vivienda en la que saben que solo vive un médico con su familia o un trabajador de Naciones Unidas. Soldados y oficiales que observan tranquilamente cómo se desangra un periodista y que humillan a los civiles detenidos. Esos soldados y oficiales volverán pronto a Israel y serán los maestros de sus hijos, el amable funcionario tras la ventanilla, el camarero que sirve el café al turista… (Una lista con los nombres de 40 oficiales que han planeado y llevado a cabo la operación está ya en el Tribunal Penal Internacional, según el exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth.)

Bartov distingue entre limpieza étnica, que “tiene como objetivo expulsar a una población de un territorio, a menudo de manera violenta”, y genocidio, que “tiene como objetivo destruir a esa población dondequiera que esté”, pero advierte que la retórica deshumanizadora que emplea Netanyahu se acerca a lo segundo y exhorta a la comunidad judía internacional a “alzar la voz, antes de que el liderazgo de Israel lo sumerja a él y a sus vecinos en el abismo”.

Otro historiador israelí, Avi Shlaim, profesor emérito de Relaciones Internacionales en Oxford, señala que en 2008 Israel lanzó la llamada Operación Plomo Fundido sobre Gaza. Es importante recordar, escribe en Prospect, que ya entonces una misión independiente de investigación encabezada por Richard Goldstone, un distinguido juez sudafricano, judío y sionista, estableció que Hamás y otros grupos palestinos eran culpables de lanzar cohetes y morteros con el objetivo deliberado de dañar a civiles israelíes, pero también que gran parte de los grandes daños provocados por las FDI “no estuvieron justificados por necesidades militares y se llevaron a cabo de manera ilegal y sin sentido”.

“El informe encontró”, dice Shlaim, “siete incidentes en los que se disparó contra civiles que salían de sus hogares ondeando banderas blancas; un ataque, ejecutado intencionadamente a un hospital; numerosos incidentes en los que se impidió a las ambulancias atender a los heridos graves; varios ataques a infraestructura civil sin importancia militar, para privar a los civiles de sus necesidades básicas”.

“El Gobierno de Israel ha traído muerte y destrucción a los habitantes de Gaza muchas veces”, escribe Shlaim, “pero esta vez ha planteado la posibilidad de algo mucho peor que antes: la limpieza étnica”. A la vista de que anteriores violaciones del derecho internacional no fueron nunca castigadas, esta vez el Gobierno de Netanyahu se ha lanzado por la pendiente. Muchas voces judías lo advierten: ayuden a pararles ahora.

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Será una decisión que tengan que adoptar, llegado el caso, los dirigentes del Partido Popular Europeo (PPE), empezando por su actual presidente y portavoz, el alemán Manfred Weber, pero también Alberto Núñez Feijóo. Y será una decisión de grandes consecuencias porque la renovación de la Eurocámara va a coincidir con un momento de especial inestabilidad en el mundo: cinco meses después de las elecciones europeas se celebrarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que, si los jueces no lo impiden, Donald Trump será, de nuevo, candidato.

En su primer mandato, Trump estuvo rodeado de un grupo de republicanos extremadamente conservadores, pero con experiencia (John Bolton, Jim Mattis, Mike Pompeo o Mike Pence). Todos ellos acabaron rompiendo de manera más o menos dramática con Trump. Bolton, uno de los arquitectos de la funesta invasión de Irak, aseguró recientemente a la escritora Anne Applebaum que, en el primer mandato, entre todos ellos consiguieron bloquear lo que creyeron que eran las iniciativas más peligrosas de Trump, como sacar a EE UU de la OTAN. Pero añadió: “El daño que hizo en su primer mandato pudo ser reparado; en un segundo mandato, será irreparable”.

No hay que tomarse a broma la extraña inquina de Trump contra la OTAN: los republicanos se pusieron discretamente de acuerdo hace pocas semanas con los demócratas para introducir una curiosísima legislación, que ya fue aprobada por el Senado, que dice : “El presidente no suspenderá, rescindirá, denunciará ni retirará a EE UU del Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington DC el 4 de abril de 1949, excepto por y con el asesoramiento y consentimiento del Senado, siempre que dos tercios de los senadores presentes concurran o conforme a una ley del Congreso”.

Ese es el momento especialmente peligroso al que tendrá que hacer frente Europa: un eventual segundo mandato de Trump en el que retire la ayuda económica y militar a Ucrania, reestablezca relaciones con Putin y suscite dudas sobre su compromiso en la defensa de sus aliados europeos. Si ese momento llega, la UE necesita estar sólidamente unida y tener claros sus objetivos respecto a Ucrania y en política exterior. Necesita tener una estructura económica común que le permita afrontar los enormes gastos que tendrá que asumir. Nada de eso parece factible si en ese momento el Parlamento y la Comisión están en manos de conservadores aliados con la extrema derecha. No porque los conservadores sean euroescépticos, sino porque la extrema derecha sí lo es, aunque haya cambiado aparentemente su mensaje, y no cejará de luchar por debilitar la Unión.

De todo eso es de lo que ha venido hablando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los seis meses de presidencia española. De esto es de lo que intentó hablar en su primera intervención en el Parlamento, el pasado miércoles. Pero no fue posible porque Manfred Weber, como portavoz del PPE, a petición de Núñez Feijóo, centró todo el debate en la ley de amnistía (habría que recordar que si Carles Puigdemont estaba allí sentado fue porque jueces europeos, seguramente conservadores, negaron la euroorden que pedía la justicia española). Faltan pocos meses para las elecciones, el 6 de junio próximo, y la campaña ya ha empezado. Lo que se va a decidir es más importante que la amnistía española: se va a decidir si el futuro de Europa es Orbán y Weber o lo que representan la democratacristiana Ursula von der Leyen y el socialdemócrata Pedro Sánchez.

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Si las cosas han llegado a un punto en el que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición no son capaces de saludarse en público, no se comprende bien por qué el rey Felipe VI no ha hecho ya uso de las competencias que le confiere la Constitución y los ha llamado al orden… y a una reunión conjunta en La Zarzuela. El artículo 56.1 del texto fundamental establece que el rey “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”, un trabajo discreto, pero importante, que reconocen prácticamente todas las constituciones del mundo democrático al jefe del Estado, sea rey o presidente de la República. El rey en una monarquía parlamentaria y el presidente en una república parlamentaria no pueden forzar a los políticos a que lleguen a acuerdos, ni mucho menos presionar en ningún sentido sobre esos acuerdos concretos, pero sí pueden obligar a los políticos a sentarse en su mesa, avergonzarles en público y animarles a hablar. Habrá que preguntarse si Felipe VI ha hecho esas gestiones con nulo resultado (con la responsabilidad que ello acarrearía a los políticos convocados) o si ni siquiera ha podido (o querido) ejercer esa función moderadora, tan necesaria en momentos de crispación.

Horas después del bochornoso desencuentro protocolario, el presidente del Gobierno propuso, en una entrevista televisiva, que PSOE y PP formaran una comisión de trabajo para tratar de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueada desde hace cinco años por decisión del PP; un nuevo modelo de financiación autonómica (sin la que las administraciones públicas seguirán funcionando rematadamente mal) y la supresión en la Constitución de la palabra disminuido, sustituida por discapacitado, tal y como proponen los interesados. El PP ha acogido con frialdad la propuesta, aunque no la ha rechazado de pleno. En cualquier caso, la comisión tiene que ir precedida de una entrevista entre los dos políticos que nos demuestre a los ciudadanos que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición no son víctimas de una constelación de errores cognitivos, emocionales y estratégicos que les incapacitan para la política y la conversación. No se trata de hipocresía, fingir sentimientos contrarios a los que se tienen, sino de plantear todas sus discrepancias dentro del marco previsto por el sistema y de aceptar que tienen una obligación pedagógica (valorar el diálogo y el reconocimiento del adversario) respecto a la ciudadanía.

El principal partido de la oposición no puede poner en duda la legitimidad de un gobierno nacido de una mayoría parlamentaria y el presidente del Gobierno no puede negar a su adversario el derecho a exigir que sea en el Parlamento donde se discutan, con detalle y tiempo, todas las decisiones que afectan a los ciudadanos. La proposición de ley de amnistía tiene que ser discutida, enmendada, si procede, y validada, si procede, por el Tribunal Constitucional. Y nada de lo que se acuerde en las conversaciones PSOE-Junts en Suiza puede ser traducido en decretos o leyes, sino en proposiciones o propuestas de ley, que transiten el procedimiento parlamentario habitual. De hecho, las negociaciones entre PSOE y Junts que se llevan a cabo con la desacostumbrada presencia de un mediador son institucionalmente irrelevantes. Es decir, son conversaciones entre dos partidos políticos que no tienen mayoría parlamentaria ni en el Congreso ni en el Parlamento autonómico correspondiente. Son, en realidad, interlocutores equivocados, que no representan ni al Estado ni a Cataluña. Mucho más productivas y lógicas hubieran sido conversaciones entre el Gobierno y la Generalitat de Catalunya, un formato donde una institución recoge las reclamaciones de otra.

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Hagan lo que tienen que hacer los dirigentes políticos. Y hagan algo más los jueces y magistrados, porque resulta asombroso que no hayan sido capaces de presionar, a través de las múltiples asociaciones que los agrupan, para acabar con una situación que, pese a su encomiable trabajo personal, está desacreditando como nunca su función.

Que se sepa, la lista de candidatos a la renovación del CGPJ que llegó hace cinco años al Congreso no salió de la sede de los partidos, sino que fue elaborada por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces por la Democracia y Ágora Judicial, junto con otros propuestos directamente por miembros en activo de la carrera judicial. ¿Nadie de entre ellos (si es que no han abandonado ya su candidatura) merece el apoyo del PP y la mayoría parlamentaria de 3/5?

La pérdida de prestigio de la Justicia es uno de los peores problemas con que se enfrenta una democracia. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados, dice el Talmud. La imagen de los miembros del CGPJ o del TS está, se quiera o no, seriamente deteriorada y es urgente que todos los grupos que defienden el sistema democrático se esfuercen por protegerla. Es imprescindible que la imagen de los miembros de la carrera judicial sea la de funcionarios imparciales, más o menos competentes, pero que no sirven a otros intereses que los de la Justicia. Pueden ser, por supuesto, de ideología conservadora, liberal, nacionalistas acérrimos, socialistas o lo que mejor les parezca, pueden ser del Opus Dei, agnósticos o budistas, pero no pueden tomar decisiones en virtud de ninguna obediencia, sectarismo o provecho. Porque en ese caso cometen prevaricación, duramente castigada en la ley y por sus colegas. Y si existen jueces de obediencia partidista o que fían su futuro profesional a sus relaciones sectarias, no deberían ser denunciados por los ciudadanos, sino por los sistemas de vigilancia interna de la propia judicatura. Son los jueces y magistrados los que deben perseguir, por encima de todo, la corrupción judicial. Si no lo hacen, por comodidad, por miedo o por falta de canales para ello, es el sistema el que falla, y ellos mismos los culpables.

El punto de fuga en pintura es el lugar en el que convergen dos o más líneas paralelas y que tienden hacia el infinito de una imagen. Aplicándolo a la imagen del Congreso y de la recién inaugurada legislatura, esas líneas hacen que todo confluya hacia la anunciada proposición de Ley de Amnistía, un debate que, tal y como está anunciado por la oposición, no permitirá dirigir el ojo hacia ninguna otra parte. Es, sin duda, importante, pero no debería cerrar otros caminos. El PP no puede llevar el debate a la calle permanentemente, como parece que es su elección momentánea, porque, entre otras cosas, es el partido que gobierna en más comunidades autónomas y no hay ciudadanía que resista que sus gobernantes les convoquen día sí y día también a protestar en la calle. No es un gran programa electoral intentar convertir el país en ingobernable y no hay posibilidad de forzar una moción de censura, por mucho que amenace Carles Puigdemont. A menos que quiera acabar sin amnistía, en la cárcel y sin autonomía catalana: otro gran programa electoral para las próximas elecciones catalanas.

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Quieran o no, los grandes grupos políticos del Parlamento Europeo (Partido Popular Europeo, socialdemócratas, liberales, Verdes) tendrán que explicar su posición y, por el momento, no hay buenas noticias. El camino hacia las elecciones europeas (junio 2024) no se está trazando sobre la esperanza y la confianza, sino sobre algo muy distinto, el miedo. Un miedo que fomentan grupos pequeños, pero cada vez más numerosos en toda Europa, y a los que los grandes partidos no saben cómo atajar, si no es apropiándose de parte de su mensaje. La última mala noticia es que Geert Wilders, un conocido dirigente ultraderechista y xenófobo, ha obtenido en las elecciones parlamentarias en Holanda el mejor resultado de su historia, precisamente con un mensaje sin trampa ni cartón: cerrar completamente las fronteras a los inmigrantes musulmanes e incluso expulsar a los sirios que obtuvieron asilo huyendo de la guerra.

Es curioso que los mismos que quieren cerrar las fronteras de Europa reclamen que se amplíe el número de socios a toda velocidad. Quizás piensan que la mano de obra barata que necesitan imperiosamente la van a poder obtener de Moldavia, Albania o Macedonia del Norte. ¿O quizás tengan suerte y la guerra de Ucrania dure lo bastante y puedan seguir beneficiándose de asilados de ojos claros?

La increíblemente desproporcionada respuesta de Israel al terrible atentado terrorista de Hamás y a la toma de rehenes (con más de 16.000 víctimas palestinas, de ellas 5.000 niños, y 30.000 heridos) ha sido acogida con un aborrecible silencio en la UE, quizás aplastados por esa misma corriente de miedo. ¿Dónde han quedado discursos como la iniciativa de paz para Oriente Próximo que mantuvo en los años 2000 el entonces ministro alemán Joschka Fischer? Para el socialdemócrata Olaf Scholz no existe ni tan siquiera el derecho a manifestarse a favor de un Estado palestino.

Habrá que agradecer que dentro del pequeño círculo de voces que condenan el terrorismo de Hamás, pero denuncian la terrible e indiscriminada violencia del Gobierno israelí, figuren dos importantes voces españolas, socialistas ambas: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (que ha viajado a Jerusalén junto con el primer ministro belga, un país con dos grandes comunidades judía y musulmana), y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. Pero, por muchas diferencias que existan hoy día entre el PSOE y el PP, por mucho enfado y rencor que se muestren sus líderes, lo cierto es que sería un destrozo importante para España que los dos partidos no pudieran encontrar una vía de diálogo dentro de la UE. La Unión necesita también de las voces del PP español para reforzar a sus colegas europeos más moderados, no a los más extremistas. El PP español nunca ha sido contrario a la inmigración reglada (de hecho, sus gobiernos han aprobado más regularizaciones de inmigrantes sin papeles que los socialistas), nunca ha temido a los árabes ni ha sido racista. Su actual líder, Alberto Núñez Feijóo, desarrolla una oposición brutal contra el Gobierno, pero no tiene mucho que ver con los grupos europeos más ultras, racistas y fanáticos anti-islam. Ojalá no se le olvide nunca.

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Israel, con un gobierno de extrema derecha al frente, afronta una crisis interna que intenta ocultar, pero que aterroriza a muchos de sus propios habitantes. La única alternativa que propone es integrar todos los territorios ocupados por la fuerza, lo que le llevaría, o bien a expulsar a todos sus habitantes palestinos, algo inaceptable para los países limítrofes, o a imponer un régimen de estricto apartheid a las poblaciones de Gaza y Cisjordania. Un régimen insoportable para la comunidad internacional y para una parte de la propia población israelí. La otra opción, aceptar la creación del Estado palestino, le sitúa ante la realidad que han ido creando sus últimos gobiernos: 500.000 colonos-soldados armados hasta los dientes y dispuestos, quizás, a provocar una guerra civil.

Los corredores humanitarios impuestos por EE UU no son un alto el fuego, pero quizá no esté lejos. También por primera vez en la historia, 400 funcionarios de su Gobierno han dirigido una carta al presidente Biden, exigiéndole que busque la inmediata paralización de las operaciones militares. ¿Por qué esa extraordinaria acción? Quizás porque la actitud israelí está empezando a perjudicar los intereses estadunidenses. Si el conflicto se extiende, EE UU tendrá que proteger dos frentes, Ucrania e Israel, y enviar armamento a los dos, mientras mantiene su propia fortaleza militar. Y, por otro lado, el atentado terrorista de Hamás ha hecho añicos los Acuerdos de Abraham, que muñió Trump, justo cuando se producía otro hecho nuevo: Arabia Saudí y su eterno enemigo, Irán, se sentaban al lado del primer ministro chino, algo sin precedentes, como recuerda Javier Solana en su libro Testigo de un tiempo incierto.

Mientras, la impotencia ante tanto sufrimiento se acumula en las opiniones públicas. “Todas las mañanas me despierto, miro las redes y encuentro a alguien tratando de convencer al mundo de que matar inocentes a veces, para algunas personas, dadas algunas tragedias históricas, está bien. Y todas las mañanas me pregunto por qué es tan difícil decir simplemente NO”. La escritora y politóloga Lea Ypi expresó así hace pocos días su terrible desazón por el intento de normalizar tanto el ataque terrorista cometido por Hamás el pasado 7 de octubre como lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Gaza (y Cisjordania) como si fuera la consecuencia lógica de aquel atentado. Pero no lo es. La respuesta del Gobierno israelí viola tantas reglas humanitarias que está dejando anonadadas a las más importantes Ongs del mundo. Lo dicen el Comité Internacional de la Cruz Roja, Unicef, Save the Children, Oxfam, Médicos Sin Fronteras y el secretario general de la ONU. Según un comunicado de la Organización Mundial de la Salud: “El reciente asalto al mayor hospital de Gaza y la destrucción que afecta a todos los hospitales de Gaza se ha vuelto insoportable y debe detenerse”.

El gobierno israelí está perdiendo, además, su guerra mediática. Imposible atribuir credibilidad a sus portavoces porque su ejército impide la presencia de periodistas internacionales en el terreno. Si la razón que esgrime es que no puede garantizar su seguridad, esa es una decisión que corresponde a los propios periodistas y a sus medios. La obligación militar no es garantizar la vida, sino ofrecer la mayor protección posible. Además, los pocos periodistas locales que continuaron informando están siendo asesinados uno a uno. Claro que también han muerto más de 100 empleados del Comité de Naciones Unidas para Refugiados, maestros, trabajadores humanitarios con expedientes inmaculados, que no podrán dar testimonio de lo que ocurre. Pero es sabido que si los periodistas no pueden ver, tampoco pueden oír y los portavoces se vuelven mudos.

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Las alusiones a la amnistía en esa primera intervención ocuparon solo 15 minutos de la hora y media larga que duró el primer discurso de Sánchez y se basaron en una constatación y una esperanza. La constatación: necesitaba los votos de Junts para seguir adelante con su proyecto. La esperanza: la amnistía ayudará a la convivencia (un término que exaspera a los independentistas que se niegan a aceptar que la rompieron con las leyes de transición) en Cataluña, pero también en toda España, un país que ofrece un futuro brillante a sus ciudadanos, catalanes incluidos. La explicación, tan necesaria y tan esperada, ocupó muy pocos minutos, pero tuvo la virtud de la sinceridad. Las circunstancias son las que son, dijo, y el futuro que nos espera, en España y en Europa, depende de que los cambios puedan seguir adelante. La ley de amnistía superará el control parlamentario y el control del Tribunal Constitucional. No hay más. Pero en el fondo, no se trata solo de la convivencia en Cataluña, intentó defender, sino de la convivencia democrática, en España y en Europa. Eso es lo que está en riesgo, vino a decir. Sigamos adelante. Confíen.

En su primera respuesta, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le negó en redondo la confianza en nombre de sus millones de votantes e intentó por todos los medios sacar a Sánchez de ese marco democrático y europeo y colocarle de nuevo en un escenario único: el acuerdo con los independentistas.

Núñez Feijóo no tendrá problemas de liderazgo dentro del Partido Popular, porque es un buen orador, muy eficaz, que conecta con sus diputados. Su grupo no quería verle presentar un programa de gobierno alternativo, sino un rechazo frontal de cualquier acuerdo con los grupos independentistas, y Feijóo cumplió perfectamente ese papel, negando el más mínimo crédito a Sánchez. El problema, como siempre con los dirigentes populares, es que no se limitan, como es su derecho y casi su obligación, a oponerse al candidato socialista, sino que rozan en muchas ocasiones la descalificación democrática. Esta vez, lo más chocante no fue el tono dramático, del que tanto intentaba escapar Sánchez, sino la afirmación de que la investidura del candidato socialista iba a ser producto de “un fraude” y de “la corrupción política”. Todos los esfuerzos que hace habitualmente Feijóo por separarse de Vox en la tribuna parlamentaria caen en saco roto cuando el dirigente popular se empeña en no aceptar que el voto de los independentistas en el Congreso de los Diputados es perfectamente democrático, válido y legítimo.

La decisión de Feijóo de que el debate girara exclusivamente en torno a los tratos de Sánchez con los independentistas le deja colgado de una rama seca: la constitucionalidad o no de la ley. Por su parte, la decisión de Sánchez de mantener el enfrentamiento progresismo/reacción augura una legislatura áspera. Sobre todo, porque también roza una rama seca: no está claro que los portavoces independentistas entren en ese escenario.

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Fuentes del Gobierno aseguran que se trata de garantizar las pensiones de casi 9,5 millones de afiliados a las AFJP, cuya capitalización ha sido afectadas por la crisis financiera y la baja del valor de sus activos. Pero muchos analistas mantienen que el Gobierno argentino se ha decidido simplemente a “meter dinero en la caja”, en un momento en el que los ingresos del Estado retroceden al mismo ritmo que cae el precio de la soja o del petróleo. “Entre encoger el enorme gasto público o echar mano de los fondos de jubilaciones, el Gobierno se quedó con la última opción”, escribe el editorialista de La Nación, Joaquín Morales, en un duro artículo titulado “¿Gastar menos o saquear? Saquear”.

La oposición ve un intento del Ejecutivo de buscar ingresos extra

La presidenta, que apareció arropada por varios gobernadores, sindicalistas y miembros de su gobierno en una carpa montada apresuradamente frente a la sede de Anses, aseguró que el sistema privado era "un despojo". Y relacionó su decisión de "reestatalizar" las AFJP con la crisis financiera internacional y con las intervenciones de otros gobiernos en empresas en peligro. "En todo el mundo, cuando aparecen pérdidas, aparece el Estado", afirmó.

Cristina Fernández de Kirchner aludió a la falta de solidaridad de los fondos privados y a una cierta "elusión" de impuestos en algunas sociedades, pero no dio ningún dato para avalar sus afirmaciones.

La presidenta tampoco ofreció las garantías que había pedido el Defensor del Jubilado para que los fondos privados no sean de "libre disposición del Gobierno" sino que se dediquen sólo a sostener el plan oficial de pensiones. El proyecto de ley deberá ser aprobado por el Congreso, donde se espera un debate muy vivo, pero donde es difícil que se rechace.

Entre las AFJP afectadas por la decisión del Gobierno figura Consolidar, controlada por el grupo español BBVA, la tercera del sector, con casi millón y medio de afiliados, según datos de la empresa. Prácticamente todas las AFJP están controladas por bancos y aseguradoras, que sufrieron en la Bolsa los primeros efectos del anuncio: el Banco Francés (BBVA) cayó ayer un 15,8% y el índice Merval un 9,6%.

A media tarde, y a instancias del fiscal, un juez federal inhabilitó durante siete días a todas las AFJP para operar con bonos o acciones, en un intento de impedir que la mayoría de ellas venda apresuradamente los bonos del Estado argentino que poseen, con la consiguiente depreciación de esos títulos. Según algunas precisiones facilitadas ayer, el plan del Gobierno es permitir que las AFJP sigan existiendo pero sólo como administradoras de fondos de pensiones voluntarios, complementarios del sistema estatal, que volverá a ser obligatorio

El anunció del regreso a un sistema único de pensiones y jubilaciones contó con el apoyo entusiasta de los principales sindicatos. Hugo Moyano, de la poderosísima CGT, que se entrevistó ayer con la presidenta, aseguró que "las AFJP han perdido cantidades importantes de dinero" por la crisis internacional.

La oposición, especialmente Elisa Carrió, de Coalición Cívica, fue mucho más dura. "No se trata de mejorar el sistema de pensiones sino de saquear los fondos de los jubilados para hacer caja". Según ella, el Gobierno busca desesperadamente dinero para hacer frente al pago de la deuda y otros gastos. Los fondos de las AFJP supondrán un ingreso extra para el Estado de 97.000 millones de pesos (22.700 millones de euros) y, en teoría, unos ingresos anuales de 3.500 millones de euros.

En el sistema de pensiones y jubilaciones argentino coexistían desde 1994 el sistema clásico de reparto (manejado por el Estado) y un sistema de capitalización, gestionado por firmas privadas. Desde hace unos pocos años, quienes habían elegido el sistema privado podían pasarse al estatal. El sistema público Anses garantiza una prestación mínima universal, de 326 pesos (menos de 80 euros), más el 1,5% del sueldo promedio en los últimos 10 años.

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El resto del texto del documento se ocupa fundamentalmente de analizar los “antecedentes” y la “oportunidad histórica”, con un relato extremadamente polémico y en modo alguno obligado. Es en ese terreno estrictamente político donde se plantean los mayores roces, aunque a lo largo de toda la negociación los portavoces del PSOE han dado la impresión de no sentirse nada incómodos en ese plano.

Sin embargo, no se comprende bien por qué era necesario que el PSOE aceptara que las reivindicaciones y demandas, no de los independentistas catalanes, sino de “la sociedad catalana” en su conjunto, “tienen un profundo recorrido histórico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta (1716) abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya”. Difícil aceptar que la sociedad catalana de 1716 se viera a sí misma como una nación.

No era necesario tampoco que el PSOE aceptara plasmar una incoherencia tan evidente, como decir en un párrafo que “las instituciones catalanas promovieron un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 —suspendido y posteriormente anulado por el Tribunal Constitucional— con una participación masiva en favor de la independencia de Catalunya” y, poco más abajo, que el PSOE niega toda legalidad y validez a ese referéndum y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Porque precisamente de lo que se trata es de que lo ocurrido el 1-O no puede ser reconocido como un referéndum en ningún caso, porque no cumplió ninguna de las condiciones precisas para ello. Y lo primero de todo, que no hubo masiva participación: solo el 42% de los posibles votantes.

No era necesario, asimismo, asegurar que los acuerdos a que se llegue en la futura negociación política deben responder, en exclusiva, a las demandas mayoritarias del Parlament de Cataluña, sin mencionar la obligación de que respondan también a las exigencias constitucionales (algo que se echa de menos en todo el documento). O relativizar la negativa a la negociación de un concierto catalán “a la vasca”, como exige Junts, diciendo que el PSOE “apostará” por medidas que permitan la autonomía financiera.

Es difícil moverse con comodidad en el texto del documento, no por su interpretación de una futura ley de Amnistía que, en cualquier caso, seguramente será analizada en su momento por el Tribunal Constitucional, sino por los continuos sobresaltos que provoca el relato de lo ocurrido, los “antecedentes” y la consideración de “oportunidad histórica” que se atribuyen los firmantes del acuerdo, un texto que obviamente no puede ser objeto de ningún recurso, porque se trata de un acuerdo entre dos partidos. Es ahí donde seguramente un sector de los militantes del PSOE se va a sentir emocionalmente más tocado, aunque ese malestar no se traduzca en nada concreto, dada la brutalidad del mensaje de rechazo del Partido Popular y de la violencia extremista de que están siendo objeto las sedes socialistas no solo en Madrid, sino en otros puntos de España. El acuerdo tendrá consecuencias a medio plazo buenas o malas, pero el gobierno que obtenga mayoría parlamentaria será, sin discusión, perfectamente legítimo. Probablemente ese sector prefiere pensar que buena parte del texto firmado por el PSOE responde a un ejercicio de necesidad que se irá acomodando con el paso de los meses a pensar que responde realmente a la convicción de los dirigentes del PSOE de que están frente a una auténtica ocasión histórica para resolver el llamado “problema catalán”.

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Para el acto de jura del príncipe Felipe no existía un precedente y hubo dudas sobre si debía intervenir el presidente del Gobierno (en aquel momento, el socialista Felipe González), algo que les parecía interesante tanto al rey Juan Carlos como al propio González, quizá para hacer hincapié en la neutralidad política de la institución monárquica. Fue la oposición de Peces-Barba a que el acto tuviera la menor significación partidista la que fijó el modelo absolutamente neutral que se seguirá el próximo martes. “En este acto no pintan nada ni el Rey ni el Gobierno”, llegó a decir el entonces presidente del Congreso de los Diputados. Lo que importaba era la forma exacta del juramento que debía prestar el príncipe, de forma que “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas” fueran por delante de la propia fidelidad al rey. La Monarquía española, pensaba Peces-Barba, no es propiedad de un rey, sino una institución creada por los propios ciudadanos.

Don Juan Carlos no juró nunca la Constitución, pero no cabe duda de que la promovió con todas sus fuerzas, porque comprendió perfectamente que la única manera de legitimar la Monarquía, puesta en pie por el régimen franquista, y apoyada por los sectores más rancios y católicos de la sociedad española, era encontrar un soporte genuinamente democrático. “Me acaban de legalizar”, dijo públicamente el día en que la Comisión Constitucional aprobó el artículo 1.3, según el cual la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.

Las serias acusaciones formuladas contra don Juan Carlos por su reiterada defraudación fiscal y por mantener parte de su fortuna en paraísos fiscales han perjudicado la imagen de la institución, que exige un trabajo de recomposición a cargo de Felipe VI y, a partir de ahora, también de la princesa Leonor. Felipe VI ha introducido algunas mejoras respecto a la transparencia de la Casa del Rey, pero existe todavía un margen de mejora respecto a la claridad que debe rodear todas las actividades de la Familia Real y una responsabilidad en ello mucho mayor que la asumida hasta ahora por el Gobierno de turno.

Si el rey emérito ha causado, sin duda, grave daño a la Monarquía, sería también justo reconocer que con su trabajo institucional como jefe de Estado puso en pie un modelo de difícil reproche. Don Juan Carlos basó su éxito y el de la institución en su capacidad para mantener alejada la Corona de cualquier tipo de contienda partidista y escrupulosamente ligada a la Constitución de 1978. Esa férrea neutralidad política del Rey logró dar a la institución una estabilidad muy notable y debería ser un punto de referencia en el nuevo papel que asumirá a partir de ahora la princesa Leonor.

El acto de juramento del próximo martes representa el compromiso entre la futura heredera de la Jefatura del Estado con la Constitución ante las Cortes generales. Lo lógico sería que asistieran todos los electos en las últimas elecciones, entre ellos, desde luego, los diputados de Podemos que promueven legítimamente la república, pero que se reconocen como ciudadanos españoles. Son los independentistas, que no aceptan ser ciudadanos del Estado español, los que ya han anunciado que no estarán presentes. Lo curioso es que pueden expresarse en contra del acto precisamente porque son ciudadanos españoles.

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Los periodistas que abrimos esa investigación en el diario El PAÍS, en septiembre de 2018, lo hicimos conscientes de que los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica española estaban muy extendidos, pero eran objeto de una espesa capa de ocultación y silencio. Quisimos ante todo dar voz a las víctimas, que se habían visto maltratadas durante años por la jerarquía eclesiástica y abandonadas en su dolor por una sociedad incapaz de hacer frente a una institución poderosa que se negaba, no solo a reconocer esa realidad, sino, lo más importante, a ponerle realmente coto. Porque lo que descubrió el equipo de periodistas que asumió el paciente trabajo de acumular datos y recoger testimonios fue que la jerarquía de la Iglesia, en la mayoría de los casos, y pese a tener amplia constancia de los abusos e incluso denuncias de familiares, se había limitado a trasladar a los clérigos abusadores, permitiendo incluso, en demasiadas ocasiones, que siguieran ejerciendo la docencia o su ministerio.

La investigación, que sigue activa, exigió —y exige— tenacidad y convicción de que se trataba de un trabajo necesario para el conjunto de la sociedad española. Y una dosis extremada de profesionalidad para asegurarse de que todos y cada uno de los datos que se iban a ir publicando habían pasado por repetidos controles de veracidad. Las entrevistas personales con las víctimas constituyeron una fuente de dolor para los propios reporteros, abrumados por la soledad en la que habían vivido todas esas personas y su necesidad de reconocimiento y reparación. Hay que decir que en la inmensa mayoría de los casos investigados, los periodistas de EL PAÍS se encontraron con muros de silencio y la rotunda negativa de numerosos obispos a confirmar las denuncias y ofrecer explicaciones sobre el destino de los abusadores. Una y otra vez, los periodistas ofrecieron sus datos a esa jerarquía con la esperanza de que las víctimas encontraran, por fin, apoyo y reparación. Desgraciadamente, en muy pocos casos se produjo ese alivio.

Esa falta de colaboración, resaltada también en el informe del Defensor del Pueblo, sigue siendo una de las peores constataciones a las que llegó este periódico. Hasta el extremo de que una de las partes fundamentales de la investigación de EL PAÍS pasó a ser el comportamiento cómplice de un buen grupo de esos obispos “negacionistas”. Su negativa a colaborar y sus repetidos intentos de obstaculizar la investigación (que nunca encontraron eco ni en la dirección ni en la empresa de este periódico) partía quizás de la obtusa creencia de que EL PAÍS estaba dando pie a un escándalo, cuando el escándalo era precisamente su ocultación. Incluso el Vaticano, y muy especialmente el papa Francisco, a quien el corresponsal de EL PAÍS en Roma entregó toda la documentación reunida por el periódico sobre cientos de casos concretos de abusos cometidos por curas y religiosos sobre niños y niñas a lo largo de décadas, mantuvo una actitud más interesada en la verdad y más compasiva.

Como la directora de El PAÍS que puso en marcha esta investigación, quiero dejar aquí constancia de mi admiración por el equipo de compañeros que mantuvo sin desmayo la búsqueda de datos y, en definitiva, la búsqueda de la verdad. Sin su trabajo de excelencia profesional, las víctimas no hubieran encontrado su voz y la sociedad española seguiría permitiendo la ocultación de hechos vergonzosos y crueles.

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Los resultados conceden a Cristina Fernández de Kirchner una fuerte concentración de poder, mayor aún que la que obtuvo en su primera victoria, en 2007, cuando sucedió a su propio marido, Néstor Kirchner, y con todo su respaldo, obtuvo un 45% de los votos. En esta ocasión, en la que acudió “en solitario” debido al fallecimiento, hace un año, de su esposo, el objetivo era superar el 50% del escrutinio, establecer una ventaja histórica sobre el segundo clasificado, que puede rondar los 40 puntos, la mayor desde la victoria del general Perón sobre el radical Ricardo Balbín, en 1973, y recuperar el control en el Congreso y el Senado, en los que el fuerte respaldo conseguido permite augurar un avance sustancial.

Poco después de depositar su voto, en Río Gallegos, la presidenta manifestó que sentía “una mezcla indefinida de muchas cosas. Pero si digo felicidad, mentiría”. Cristina Fernández se mostró emocionada al recordar a su marido, del que dijo que “fue un hombre que marcó la vida de la política en Argentina”. “Esta votación es la última parada de un proceso institucional que consolida la apertura de los partidos políticos a la sociedad”, añadió.

La oposición, muy debilitada, según los sondeos, no aspiraba siquiera a forzar una segunda vuelta. En los últimos días de campaña el esfuerzo se concentró fundamentalmente en evitar que el kirchnerismo lograra una mayoría absoluta en el Parlamento. Las elecciones presidenciales coinciden también con la renovación de parte de las dos cámaras, 130 escaños en el Congreso y 24 en el Senado, y de nueve gobernaciones de otras tantas provincias, entre ellas la más poderosa, Buenos Aires, que concentra algo más del 37% del electorado (11 millones sobre los 29 millones del total).

Una victoria de Cristina Fernández de Kirchner tan apabullante le dará a la presidenta un control formidable del poder

La principal incógnita para la oposición era el reparto de papeles y, sobre todo, quién quedaba situado en la segunda posición. Los sondeos a pie de urna confirman el avance logrado durante la campaña electoral por Hermes Binner, de 68 años, médico, gobernador de la provincia de Santa Fe, que habría arrebatado esa posición a la histórica Unión Cívica Radical y habría colocado a su coalición Frente Amplio Progresista en la parrilla de salida para 2015. El éxito de Binner retrata un electorado argentino claramente escorado hacia la izquierda y el centro izquierda, con los que también se identifica el potente sector kirchnerista del peronismo.

Para los radicales, tradicionalmente la segunda fuerza política del país, perder esa posición significa un duro golpe y la confirmación de que todavía no ha conseguido recuperar de la catástrofe que sufrió en la crisis de 2001. Ricardo Alfonsín, hijo de Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democracia tras la dictadura militar, ha asegurado que se abrirá un periodo de reflexión pero que se propone seguir al frente del partido.

En el caso de los peronistas críticos, que se presentaron divididos en dos candidaturas, la de Eduardo Duhalde y la de Alberto Rodríguez Saá, la campaña se desarrolló como una pelea interna para saber quién logra imponerse al otro. Los primeros resultados indican que ha sido Rodríguez Saá quien se ha llevado el gato al agua, con un 7,9%, superando a Duhalde (5,9%). Los dos peleaban por conseguir mantener alguna influencia en el Partido Justicialista, de cara a las elecciones de 2015, en las que, según la actual Constitución, Cristina Fernández no podrá ser candidata.

Para esa futura batalla es también importante el porcentaje final obtenido en la provincia de Buenos Aires por el actual gobernador, Daniel Scioli, que puede haber alcanzado igualmente un número de votos inédito, por encima del 50%, lo que le asienta como alternativa dentro del justicialismo. Para impedirlo, sectores del kirchnerismo que le detestan por considerarle conservador, promocionaron a otro posible candidato a gobernador, Martín Sabbatella. El segundo puesto fue, sin embargo, para el opositor Francisco de Narváez.

Una victoria tan apabullante como la que ha logrado Cristina Fernández de Kirchner, histórica, dará a la presidenta un control formidable del poder y ha despertado los temores de la oposición, que teme lo que algunos denominan ya una “galopada” kirchnerista en los “cien primeros días”. La presidenta, que no ha desarrollado a lo largo de la campaña ningún programa concreto, se ha limitado a asegurar que “profundizará el modelo" y continuará con las banderas del kirchnerismo.

Nadie predice un cambio sustancial en su manera de gobernar, aunque se especula con posibles ajustes, sobre todo en el área económica. Fernández de Kirchner tendrá también que tomar rápidamente medidas para atajar la inflación (y la manipulación de los datos oficiales que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC) dominado por el peculiar Guillermo Moreno. El actual secretario de Comercio ha sido acusado de participar en una paliza a un candidato opositor en el cinturón bonaerense.

En el plano político, la presidenta parece seguir apoyándose especialmente en los sectores más jóvenes de su partido, sobre todo La Cámpora, un movimiento que dirige su hijo Máximo y del que pueden salir en estas elecciones siete nuevos diputados, así como diversos cargos administrativos.

Cristina Fernández pasó las últimas horas antes del inicio del escrutinio oficial en Río Gallegos, la ciudad patagónica en la que esta censada, para visitar las obras del mausoleo en el que reposarán los restos de su marido y que tiene previsto inaugurar el próximo jueves 27. A primera hora de la tarde se trasladó a Buenos Aires, para asistir, en un hotel de la capital, a la fiesta del Frente para la Victoria, acompañada por su hija, Florencia.

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Los próximos a Carles Puigdemont deberían facilitarle un buen resumen de la actualidad internacional. Informarle de que el Gobierno de Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen, no a Oriente Próximo, sino a ningún lugar del mundo, por temor a sufrir ataques terroristas. Que a uno y otro lado de la frontera de Líbano con Israel se acumulan misiles y que Washington ha enviado parte de sus fuerzas navales al Mediterráneo para advertir a Irán de que no aceptará que entre en la batalla. Que ha habido incidentes armados y bombardeos en Irak y en Siria. Quizás podrían incluir algunas fotos de lo que está ocurriendo en Gaza, el espanto de la aniquilación física de un pueblo bajo la mirada indiferente de medio mundo (1.500 niños muertos y 4.000 heridos, 500 desaparecidos, datos de la UNRWA), y recordarle que si la comunidad internacional dispusiera de mediadores en conflictos no los enviaría, desde luego, a Cataluña, un lugar donde impera el Estado de derecho y el respeto pleno a los derechos humanos, con alto nivel de vida, lengua propia y brillante futuro.

Quizás esos asesores (incluidos los empresarios catalanes que le siguen financiando) le podrían recordar que existe una cosa que se llama jerarquía de prioridades y que, en estos momentos, con su actitud de bloqueo impidiendo la formación de un Gobierno en plenitud de ejercicio en España, está perjudicando a Cataluña, a España y a Europa. Aunque es muy probable que los responsables de los países europeos no estén dedicando en estos momentos ni un segundo de sus pensamientos a los eventuales objetivos del independentismo catalán, sí recordarán en el futuro quién perdió los papeles en una situación de grave inestabilidad.

Es difícil comprender por qué el PSOE se ha enredado en una estrategia de negociación con Junts tan confusa. El resultado de las elecciones generales dejó claro que el Partido Popular no podría alcanzar el Gobierno, como se demostró en la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo. El PP no lo logró, ni podrá hacerlo mientras mantenga una estrategia política que le impide cualquier alianza parlamentaria. El PSOE, por el contrario, ha demostrado que es capaz de alcanzar esa mayoría. ¿Qué pasaría si convocara rápidamente la sesión de investidura y Pedro Sánchez presentara un programa político de fuerte contenido social, protagonismo europeo y que ofreciera directamente a los independentistas, sin más negociación, medidas de gracia para los implicados en los sucesos de octubre de 2017 (bajo la forma de Ley de Amnistía o no), nueva financiación y nuevo Estatuto de autonomía, que necesariamente, tal y como establece la Constitución, debería ser sometido a referéndum en Cataluña? Es posible que Junts (y detrás, ERC) negara su voto y provocara nuevas elecciones, pero también que comprendiera que ni el momento ni sus expectativas justificarían esa decisión.

No es cierto que los problemas internos de un país condicionen su posición internacional. Todos los países tienen problemas internos y no por eso dejan de jugar su papel en el mundo. Lo que sí dificulta ese trabajo es la condición de no disponer de Gobierno, o de que ese Gobierno esté en funciones, desprovisto de algunas capacidades. Las condiciones internacionales aconsejan que España (Cataluña incluida) disponga de un Gobierno en pleno ejercicio. Si Junts no lo entiende, no merece la pena perder más tiempo.

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El equipo editorial llevaba 28 semanas apoyando a los miles de manifestantes israelíes que protestaban contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu y su intento de suprimir el derecho de la Corte Suprema a examinar la racionalidad de las medidas ejecutivas. “El nombramiento de Ben Gvir como ministro de Seguridad Nacional —afirmaba un reciente editorial— es suficiente para llegar a la conclusión de que las vidas de los ciudadanos árabes no valen nada para Netanyahu”. Convertir Israel en un Estado teocrático, argumentaba Haaretz, en el que nadie más que los judíos pueden reclamar derechos, condena a sus dos millones de habitantes árabes y aleja cualquier esperanza de negociación con los palestinos de los territorios ocupados.

El ataque perpetrado por Hamás esta semana, con su terrible cifra de víctimas civiles, no ha debilitado la crítica del diario israelí, pese a la angustia que sufren sus periodistas. Su primer editorial empezaba así: “El desastre que se ha abatido sobre Israel es responsabilidad de una persona: Benjamín Netanyahu. El primer ministro, que se enorgullecía de su vasta experiencia política y su irremplazable sabiduría en asuntos de seguridad, fracasó completamente a la hora de identificar los peligros a los que llevaba a Israel al establecer un gobierno de anexión y desposesión, con Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir en posiciones clave, al tiempo que se embarcaba en una política exterior que ignoraba abiertamente la existencia y los derechos de los palestinos”.

Haaretz ha abierto un debate en varias ocasiones sobre uno de los grandes problemas que plantea el análisis del conflicto palestino-israelí. ¿Reconoce la ley internacional el derecho de los palestinos a la resistencia? ¿Por qué medios? Obviamente, el terrorismo, cuyo objetivo fundamental es provocar víctimas civiles, no puede ser nunca uno de ellos. Hámas lo practica, sin lugar a dudas. Pero ¿es lícita la resistencia armada frente a un ejército que hace menos de 50 años ocupó un territorio por la fuerza, ocupación que ha sido rechazada por Naciones Unidas? Algunos colaboradores de Haaretz han explicado que, si se niega a los palestinos la posibilidad de obtener por vía pacífica un Estado y el respeto a sus derechos humanos y civiles en un eventual Estado binacional, no se les puede exigir que renuncien a su derecho a la resistencia, siempre que no incluya el terrorismo. Por eso es tan importante que no se califique como tal todo tipo de acción de protesta, como muchas organizaciones no gubernamentales denuncian que sucede hoy día en Israel. Si todo es terrorismo (y no exclusivamente “el daño intencionado a inocentes por parte de un actor no estatal”, según la aceptada, y curiosa, definición del embajador estadounidense Richard Haas, que deja fuera el daño intencionado a civiles provocado por un Estado), el concepto y su condena se debilitan y desaparecen.

El talón de Aquiles de Occidente en el plano internacional ha sido siempre la acusación de que practica el doble rasero. Chaves Nogales nos contaría que Israel tiene derecho a defenderse, pero no a bombardear sistemática e intencionadamente a civiles, y Palestina, a organizar su resistencia, sin caer en el terrorismo. Y como estaría sobre el terreno, en Gaza, escribiría que lo importante ahora es salvar a los heridos hacinados en hospitales palestinos, sin agua ni electricidad, y evitar que los rehenes israelíes sean asesinados. Y quizás citaría a Shakespeare: “El infierno está vacío y todos sus demonios están aquí”.

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Por supuesto que el PP puede convocar manifestaciones pacíficas, en Madrid o en Barcelona o en cualquier lugar de España donde lo considere adecuado; por supuesto que puede oponerse radicalmente a una eventual amnistía para los implicados en los sucesos de Cataluña en octubre de 2017. Pero lo que no puede hacer es calificar de ilegítimo a un Gobierno que haya obtenido la mayoría parlamentaria necesaria en el Congreso de los Diputados. Ni al Gobierno ni a las decisiones que vaya adoptando, porque para eso existe un Tribunal Constitucional, encargado de controlar, llegado el momento, el respeto a los principios constitucionales. A nadie se le ocurrió calificar de ilegítimo al Gobierno de José María Aznar, por ejemplo, cuando el Constitucional echó para atrás su reforma laboral, en 2002.

Cuanto más se retrase la decisión de convocar al Congreso para celebrar una nueva sesión de investidura o de convocar nuevas elecciones, más tiempo se deja para actuaciones y movimientos confusos. Un ejemplo de ello son los singulares comunicados de la Casa del Rey en los que Felipe VI propuso, primero a Alberto Núñez Feijóo y después a Pedro Sánchez, como candidatos a la presidencia del Gobierno. Singulares por su extensión. Los comunicados similares en la época de Juan Carlos I solían tener siete líneas. Por ejemplo: “De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.1 de la Constitución, tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo a proponer al Excmo. señor don Mariano Rajoy Brey como candidato a la presidencia del Gobierno. Lo que comunico a V. E. (el presidente/a del Congreso) para que se formule la oportuna propuesta”. Punto.

Por algún motivo, quizás inquietos por el ruido que organizan pequeños grupos de extrema derecha (que también atacaron en su día, con más dureza aún, a Juan Carlos I, aunque este jamás les prestó la más mínima atención), la Casa del Rey hizo públicos en las dos ocasiones mencionadas dos comunicados inusualmente largos, con variadas consideraciones sobre los motivos que llevaban a Felipe VI a realizar la propuesta. En ambos casos, llamó la atención que, sin necesidad, se explicaran esas decisiones, que están simplemente obligadas por la Constitución y que no necesitan justificación alguna.

A la espera de que el candidato socialista explique, él sí, el resultado de sus negociaciones y si llevan aparejadas una ley de amnistía o una ley que regule la concesión de nuevos indultos (del tipo de los que se ofrecieron en su día a los poli-milis que regresaron del exilio y no pasaron por los juzgados), lo que parece claro es que Pedro Sánchez busca un acuerdo de legislatura y no solo de investidura. La idea de que Junts per Catalunya acepte un acuerdo de legislatura implicaría, de alguna forma, la recuperación de Junts para el tablero de la política española, puesto que se involucraría necesariamente en los Presupuestos Generales del Estado. En el fondo, esa sería una buena noticia también para Núñez Feijóo, que nunca ha dejado cerrada la puerta a un contacto con quienes considera herederos de su añorada Convergència.

El hecho de que las negociaciones se lleven a cabo conjuntamente por PSOE y PSC y que intervenga el propio Salvador Illa, ajusta bien el campo de juego porque impide a los representantes de Junts y de ERC hablar, como siempre pretenden, en nombre de los catalanes o de Cataluña. El PSC obtuvo en las últimas elecciones 1.213.006 votos, frente a los 462.883 de ERC y los 392.634 de Junts. Es decir, 357.489 votos más que sus dos oponentes juntos. De algo deberían servir.

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La sesión de investidura de Núñez Feijóo ha servido poco para asentar los usos democráticos, que hacen tanto por el sistema como la norma y que, lamentablemente, en España parecen cada día más debilitados, pero ha ayudado al dirigente popular a fortalecer su liderazgo interno. Feijóo piensa durar y la investidura no ha perjudicado su imagen frente a sus votantes. Otra cosa es la gran dificultad del juego que intenta: mantener al mismo tiempo a Vox fuera y dentro de su proyecto. Es un equilibrio difícil porque está ya casi dentro del terreno de Vox; si se mueve un milímetro más, caerá de lleno en ese pantano, y si intenta una pequeña línea aperturista, es posible que se lo coman en la cocina de Génova. De momento, parece que no será tan fácil moverle la silla y que ha ganado tiempo hasta las elecciones europeas, en junio de 2024.

A la espera de que, fracasada la propuesta del aspirante popular, el Rey proponga como nuevo candidato al dirigente socialista, y que lo haga con la rapidez aconsejable (la solemne jura de la Constitución por la princesa de Asturias está prevista para el 31 de octubre y la Casa Real debió recibir mal que Feijóo se apropiara del discurso del jefe del Estado en 2017), hay nuevos elementos que se suman al panorama político.

Primero, un comunicado de ERC y Junts exigiendo a Sánchez un compromiso para “trabajar en hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum”, contestado inmediatamente por otro del PSOE/PSC explicando que ese compromiso está descartado e instando a seguir el diálogo. El comunicado de ERC/Junts no tiene mucho sentido porque viene a decir “o consigo avances en el referéndum o me quedo sin nada”, sin referéndum, por supuesto, pero también sin indultos, sin amnistía, sin financiación, sin nuevo Estatut y sin nuevas competencias. Una manera muy extraña de acudir a unas eventuales nuevas elecciones: vótenme porque no soy capaz de ofrecerles nada.

Segundo, en realidad, Sánchez tiene ahora al alcance de la mano el voto favorable de Coalición Canaria (basta con asumir su agenda), lo que implicaría que le bastaría la abstención de Junts, y no su voto afirmativo, para superar la investidura.

Tercero, ERC tiene perfectamente claro todo lo que se juega. En el debate sobre política general celebrado en el Parlamento catalán el mismo día 27, Salvador Illa dio un paso serio: no votó a favor de exigir la amnistía y explicó con detalle que está dispuesto a apoyar los nuevos presupuestos catalanes y a sostener la acción del gobierno. No hacía falta ni mencionarlo, pero ese apoyo sería totalmente imposible si ERC impidiera la investidura de Sánchez.

Cuarto, el problema de conceder una amnistía parece cada vez menos un problema jurídico (unos respetables expertos consideran que la Constitución no lo permite, y otros, igualmente respetables, que sí) y cada vez más un problema político. Es perfectamente posible evitar que pierdan su patrimonio o acaben en la cárcel los varios centenares de personas que participaron en segunda fila en los hechos del procés, con una ley que garantice indultos y una especie de “notario” que de fe de ese proceso, y sería muy duro para todos ellos perder esa oportunidad por una discutible decisión de sus dirigentes. Tan duro como para muchos ciudadanos catalanes y españoles presenciar el regreso triunfal de Carles Puigdemont y la amnistía de sus delitos.

Así que nada está dicho, nada está escrito… y las sorpresas, elecciones incluidas, son la sal de la vida.

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Las sesiones de investidura suelen ser el mejor momento para conocer con detalle el programa de gobierno de un candidato y las críticas que suscita en sus oponentes, pero en esta ocasión lo más probable es que ambas se conviertan en una demostración de radical hostilidad en torno a un único tema: la pretendida ley de amnistía relacionada con los sucesos de 2017 en Cataluña. Al margen del problema jurídico o constitucional que plantee, lo cierto es que las amnistías de carácter político suelen proclamarse en un ambiente de consenso, con la voluntad de favorecer la concordia y cohesión de un país, y que ese no es precisamente el ambiente actual en España. Es posible que una amnistía lograra alcanzar ese objetivo en Cataluña, pero es difícil que, hoy por hoy, sirva para mejorar la cohabitación política en el resto del país.

Quizás fuera posible suavizar la profunda desconfianza que provoca la amnistía en amplios sectores de la sociedad si fuera acompañada de una declaración expresa por parte de los amnistiados de que nunca volverán a utilizar la vía unilateral para proclamar la independencia. El problema es la fórmula que adopte esa renuncia: el PP ya ha adelantado que no aceptará la sola mención en el preámbulo de la ley, por mucho que los diputados de Junts per Catalunya voten a favor.

Sea como sea, la semana que empieza será decisiva para el Partido Popular. Por fin, se sabrá con qué apoyos parlamentarios cuenta Alberto Núñez Feijóo, con qué tipo de discurso decide acudir a esa cita, qué tono elige Pedro Sánchez en su respuesta y, por último, se habrá podido calcular, en el extraño mitin convocado para hoy domingo en Madrid, cómo están las relaciones de poder dentro del PP, quiénes toman la palabra y qué papel adopta cada uno.

Nadie duda en el PP de la permanencia de Núñez Feijóo al frente del partido, pero existen muchas dudas sobre la firmeza de ese liderazgo. El mitin de Madrid, con el protagonismo renovado de José María Aznar, augura el empuje del sector más duro. Hace mucho que el expresidente es capaz de decir cosas brutales, como si la idea de España no pudiera estar asociada más que a su propia persona. El discurso de Aznar en la oposición ha sido siempre atroz y parece que ahora, tras las vacilaciones de su sucesor, Mariano Rajoy, pretende que su línea vuelva a imponerse.

Pese a todo, siguen existiendo dentro del PP algunas voces, cercanas a Feijóo, que consideran que su partido necesita, por muy lento que vaya, un cambio de imagen, que le aproxime a los nacionalismos de derecha moderados y que esa puerta debe quedar abierta en el discurso de investidura. Creen que no ha sido nunca buena idea mezclar dirigentes y mensajes contrapuestos, y que Feijóo nunca ha pretendido ser Aznar. El principal peligro para el actual líder del PP, estiman algunas de esas voces, es que convierta la sesión de investidura exclusivamente en una moción de censura adelantada a Pedro Sánchez. Sería un fracaso personal, añaden, que Feijóo no pudiera plantear también un verdadero programa de gobierno, con todo lo que eso supone.

Ningún sector del PP cree que sea posible alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria, pero mientras que el sector duro exige que Feijóo se centre en atacar a Sánchez, con el lenguaje más áspero posible, otras voces insisten en pedirle que aproveche también para marcar su propio perfil, dejando algunas señales de un carácter menos brutal. Lamentablemente, también piensan que en un ambiente tan crispado como el actual, y con la presión del dichoso mitin, será difícil que sus voces se oigan. De momento, solo aspiran a que Feijóo consiga mantenerles cerca.

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El caos es necesario en casi todas las facetas del arte, pero en política, el caos está relacionado con la decadencia del lenguaje y con la decadencia de los procedimientos democráticos. Si el discurso de Feijóo en el mitin del día 25, en una plaza de Madrid, es tan importante como para que le dedique todo su esfuerzo, en lugar de preparar su intervención en el Congreso, quizás lo más razonable sería que renunciara a ese segundo discurso, convertido en una especie de postre del plato principal.

Feijóo es el dirigente de uno de los partidos más importantes de España, el que representa al sector conservador de la sociedad. Aseguró al rey que estaría en condiciones de acudir al Congreso para cumplir con su obligación como candidato. Es decir, que presentaría un completo programa de gobierno para desarrollar en cuatro años, un programa que abarcaría a todo el país, y que propondría medidas concretas, como mínimo en el plano económico, social, institucional, ecológico y europeo, lo bastante atractivas como para atraer el voto de otros grupos minoritarios. Por supuesto, su programa tendría que explicar su análisis de la situación en Cataluña y, en su caso, qué iniciativas esperaba adoptar y cuáles no estaba dispuesto a considerar en ningún caso. Ahora Feijóo convoca a la ciudadanía en un mitin callejero e introduce una confusión considerable. ¿Qué discurso será el más firme, cual valdrá más ante los ciudadanos, qué lenguaje será el más válido, el del 25 o el del 27?

Si en el caso de Feijóo puede parecer que habla demasiado, en el de Pedro Sánchez sucede lo contrario. Mientras que no haya sido convocado como nuevo candidato no tiene por qué protagonizar el escenario político y su silencio es razonable. No lo es el ruido ensordecedor que está provocando su entorno, especialmente en lo relativo a una eventual amnistía planteada como exigencia por Carles Puigdemont. Sorprende la facilidad con la que el expresident de la Generalitat consigue condicionar el debate en el ámbito socialista, cuando se supone que debería ser el PSOE el que expusiera una estrategia propia, a expensas todos de lo que se resuelva en una negociación posterior.

No hay ningún motivo por el que los socialistas no puedan avanzar su propuesta negociadora. La mayoría de sus votantes comprende que si se ha aprobado el indulto para los políticos que participaron en primera fila del procés, desde Oriol Junqueras hasta Carme Forcadell, es razonable que esos indultos alcancen también, en la forma que sea adecuada, a los más de mil hombres y mujeres que participaron en ese mismo proceso en escalones inferiores. Dada la situación económica que atraviesa Cataluña, parece lógico que cualquier negociación incluya un nuevo sistema de financiación. Y puesto que en Cataluña existe un sector importante de la población que se siente incómodo con la forma en que se relaciona con el resto del Estado, parece razonable también un acuerdo para plantear la reforma del actual Estatuto de autonomía.

Sobre estas propuestas sería sobre las que Junts per Catalunya debería también recapacitar. Como bien les ha explicado incluso Esquerra Republicana de Catalunya, hoy por hoy, no hay ningún proceso de independencia posible dentro de Europa. Y como bien le mostraron las urnas en las últimas elecciones, J×C representa a menos de un millón de catalanes (menos del 10% de los votantes en Barcelona, por ejemplo). ¿Abandonará a esos mil y pico seguidores cuyo patrimonio está comprometido y les negará la posibilidad de un indulto rápido si Puigdemont no consigue su amnistía personal? ¿Renunciará a una nueva financiación? ¿Cegará cualquier posibilidad de ampliar las competencias de la Generalitat? Es Junts el que llega muy condicionado a las negociaciones. Se notaría mucho más si los socialistas dejaran de hacer tanto ruido.

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Lo que sucede en Holanda es asombroso. Rafael del Pino lleva su empresa, Ferrovial, a Ámsterdam, una gran meca para compañías de todo el mundo, pero difícilmente estaría él tan seguro como su dinero. En Holanda se detectó el pasado otoño un plan para secuestrar a Vincent Van Quickenborne, ministro de Justicia de Bélgica, país vecino, y el 15 de julio de 2021 cayó acribillado en la calle uno de sus periodistas de investigación más famosos, Peter R. de Vries, autor de grandes reportajes sobre el mundo del crimen organizado en su país. Los dos sicarios que le asesinaron fueron detenidos, pero, por lo que se ve, no han implicado a sus jefes.

Prácticamente todos los organismos internacionales encargados de vigilar las redes del crimen en el mundo aseguran que una de las más poderosas es la que se ha instalado en Países Bajos, con ramificaciones en Bélgica. Quizá porque Holanda cuenta con uno de los puertos con más actividad del mundo, Róterdam (entre ese puerto y el belga de Amberes consta que llega el 80% de la cocaína que se consume en Europa), y quizá también porque dispone de una red de asesores financieros formidable, dispuesta a dar cobertura a los miles de millones de euros que maneja la poderosa mafia local.

Un trabajo publicado por los profesores Roks, Kruisbergen y Kleemans explica los muros de silencio que han rodeado y ayudado al crimen organizado en Países Bajos, “secreto mantenido por cómplices, víctimas y personas que están al tanto de sus actividades”. “Basándonos en una exploración teórica y empírica (…) del Dutch Organised Crime Monitor­­ —escriben— ilustramos cómo los delincuentes del crimen organizado en los Países Bajos dependen del silencio y el secreto de los cómplices, las víctimas, los espectadores y otras personas que están al tanto de sus actividades”. Para proteger esas actividades delictivas, esas redes recurren a diversas estrategias que incluyen “corrupción, violencia, intimidación, manipulación de los medios y el uso de expertos como notarios, abogados y contables”.

Roks y sus compañeros afirman que la continuidad y longevidad del crimen organizado en Holanda no es el resultado del aislamiento, sino más bien “el producto de un arraigo relacional y estructural”. Los delincuentes ocultan deliberadamente sus actividades delictivas utilizando las oportunidades que les brinda su entorno social, “incluidos los servicios proporcionados por intermediarios profesionales, como abogados o asesores financieros y otros, en un entorno social regular y lícito”.

Otro estudio firmado por Jo-Ann Kramer y el propio Kleemans resalta la importancia de la ayuda que ofrecen los “facilitadores financieros”, generalmente vincu­lados a extensas redes de lavado de dinero. “Se pueden distinguir dos tipos de redes profesionales de lavado de dinero, las que operan en el sector inmobiliario y las que se dedican principalmente a la llamada banca clandestina”.

Países Bajos se considera desde hace muchos años el paraíso de la ingeniería financiera. En muchas ocasiones ha sido acusado de actuar como un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea. En plena pandemia se supo, por ejemplo, que las prácticas tributarias de Holanda le costaban 10.000 millones de euros al conjunto de ingresos fiscales de la UE (unos 1.000 millones de euros menos para España, en particular). Pero el dinero que Holanda siempre ha llamado a gritos ha llegado también con miedo, secreto y violencia.

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Así destapó el caso Banca Catalana, cuando nadie se atrevía a poner en entredicho a Jordi Pujol. Su exactitud era famosa. Varios compañeros que estaban como él en el Congreso el 23-F cuentan que, tumbados boca abajo en el suelo de una pequeña habitación, con un guardia civil provisto de metralleta apostado en la puerta, Boni sacó como pudo un bolígrafo y un papel y empezó a tomar notas. “Vas a hacer que nos maten. Estate quieto”, le rogó un colega, atemorizado, con razón. “¿Por qué lo hiciste?”, le preguntaron un día. “Hay que tomar notas. Después, con las emociones, las cosas se empiezan a adornar. Pero si lo apuntas todo, ahí queda”.

Bonifacio, que murió este miércoles en Madrid, a los 83 años de edad, fue uno de los fundadores de EL PAÍS. Formó parte de la primera Redacción, la que se organizó en torno a Juan Luis Cebrián antes incluso de estar seguros de que el diario podría publicarse, y fue uno de los periodistas que más ayudó a crear lo que se conoció como la cultura de la Redacción de EL PAÍS. En momentos difíciles, la Redacción siempre le pidió opinión y siempre lo escuchó. Bonifacio encabezó el grupo de periodistas que crearon EL PAÍS, dispuestos a pelear por romper los límites de la naciente libertad de información, verdaderos creyentes en que los procedimientos profesionales son la esencia del oficio.

Quizás era así porque aprendió periodismo en una agencia de noticias, Pyresa, aún en pleno franquismo, y porque tenía formación como jurista. Bonifacio nació en Úbeda (1940), se licenció en Derecho en Granada y terminó en Madrid en la Escuela Oficial de Periodismo. Jamás alardeó de nada, pero ser periodista en aquella época no era fácil y él lo hizo con valentía. Un día, un periodista fue procesado y condenado por escribir que, en Barcelona, algunas viudas de militares, para subsistir con sus míseras pensiones, alquilaban habitaciones por horas a parejas desesperadas. Otros periodistas demócratas intentaron convocar una huelga de brazos caídos en toda España. En Pyresa, el director adjunto despidió a la jefa de turno. Mientras ella recogía su bolso, Bonifacio entró en el despacho del director: “Yo también estoy en huelga”. Fue despedido de manera fulminante. Tenía ya entonces dos niñas pequeñitas. Daba igual. Estaba haciendo la huelga y estaba dispuesto a asumir las consecuencias. Era honesto hasta la médula de los huesos.

Boni empezó siendo cronista parlamentario en las Cortes franquistas y pasó a ser el gran cronista de las Cortes democráticas. Amaba los debates y amó con pasión los debates constitucionales. Pasó larguísimas horas escuchando a los diputados, a todos, con un respeto imponente, y a todos les dio espacio en sus crónicas para que los lectores los conocieran. Entonces no había ordenadores portátiles, y para aprovechar hasta el último minuto, terminaba por dictar sus crónicas a un taquígrafo del periódico, directamente, sin haberla escrito antes en papel, simplemente manejando las notas que había tomado. Era un verdadero prodigio de oficio y de concentración. Y sus crónicas siempre quedaron redondas.

Profundo conocedor de la Constitución de 1978 y del proceso de la Transición política, publicó dos libros sobre el tema. Uno lo escribimos juntos, él y yo, que fui su alumna y su amiga en Pyresa, en EL PAÍS y en la tribuna de la prensa del Congreso de los Diputados. Se titulaba Crónica secreta de la Constitución, (Tecnos, 1989). Pero fue seguramente en su segundo libro, Democracia de papel (Catarata 2015), con un subtítulo explicativo —“Crítica al poder, desde la transición a la corrupción”—, donde Bonifacio dejó claro su sentimiento de frustración: “La degradación de la democracia española no se debe a los defectos de la Constitución, que existen, sino al mal uso que se ha hecho de las reglas de juego”. No fue nunca, sin embargo, un pesimista. Confiaba sobre todo en los más jóvenes para proteger la democracia y fue uno de los primeros comentaristas políticos en este país en plantear, en 1998, la posibilidad de conceder el derecho a voto a partir de los 16 años.

Terminada la Transición y siempre en EL PAÍS, Bonifacio regresó a sus orígenes jurídicos y se concentró en la información relacionada con el Tribunal Supremo y con el Tribunal Constitucional. Fue nombrado corresponsal jurídico, una figura profesional que se creó expresamente para él. Fueron años de grandes exclusivas, siempre exactas. “Yo he enfadado mucho en mi vida a jueces y políticos, porque siempre ejercí la crítica al poder y el compromiso con las reglas de la democracia, que es el único compromiso que hay que tener en esta profesión”, explicó en una reciente entrevista. Sus críticas estaban tan documentadas y eran tan justas que cuando se jubiló se dio un caso insólito: el entonces fiscal general del Estado, fiscales de sala, magistrados del Tribunal Supremo, consejeros del Poder Judicial y abogados se juntaron para ofrecerle un peculiar homenaje: lo sometieron a un “juicio” en el que resultó condenado a seguir escribiendo 10 años más, “en beneficio de la colectividad judicial”. Boni guardó siempre el texto de esa maravillosa sentencia muy cerca de su corazón. Un corazón muy grande, en el que cabían un periodista y un jurista, y que consiguió ser feliz, primero gracias a Marisa, la mujer que lo acompañó, llena de valentía en su aventura profesional, luego con sus tres hijas y nietos, y siempre haciendo escrupulosamente lo que más le gustaba: dar noticias. Noticias exclusivas. Lo que en el argot de la profesión se llama “mojar la oreja” al resto de los compañeros. Boni nos sometió a todos a un diluvio y aun así, nadie fue tan querido como él.

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España no ayudará a normalizar la presencia de la extrema derecha en las instituciones europeas y esa es una gran noticia. Lo es para quienes ambicionan una Europa cada vez más unida y decidida en la lucha a favor de la profundización de los principios democráticos y contra la desigualdad. La victoria de Giorgia Meloni, en Italia, y los acuerdos en Finlandia y Suecia parecían indicar un ascenso imparable de esas alianzas, pero el frenazo del domingo en España inyecta renovadas esperanzas. (Como las inyecta la reacción en Israel, no solo de la izquierda, sino de los liberales, oponiendo una durísima resistencia, 30 semanas consecutivas de manifestaciones multitudinarias, a que el Gobierno más extremista de su historia destruya el sistema judicial independiente de su país).

El mayor problema del PP ha sido, precisamente, que lo que creyó su talismán para garantizar su regreso a La Moncloa —convertir cuatro años de oposición política y parlamentaria en una batalla sin cuartel en todas direcciones—, a la postre lo ha dejado en manos de Vox y le ha amputado cualquier posibilidad de negociar con cualquier otro socio. La rápida respuesta del PNV, negándose siquiera a hablar con Núñez Feijóo, muestra esa soledad. La estrategia de aislamiento, el PP contra todos, en todas partes, no solo es extraña a la propia historia del partido, que, en etapas anteriores, fue capaz de negociar a múltiples bandas, sino que lo aleja del gran papel que podría desempeñar como partido conservador europeo. De hecho, el resultado del domingo podría ser visto también como una oportunidad para el PP, en el sentido de permitirle retomar el camino de una derecha alejada del mensaje extremista, capaz de unirse a aquellos de sus correligionarios que pelean en Bruselas por recuperar su papel de impulsores del europeísmo.

La decisión estará en manos de Núñez Feijóo, a quien será difícil disputarle el liderazgo interno en el PP, porque, pese a perder prácticamente la posibilidad de llegar a La Moncloa, lo cierto es que ha conseguido que su partido sea el primero de España en número de escaños, sumar tres millones de votos a los resultados de 2019 y recuperar prácticamente todos los electores que se fueron a Ciudadanos. Ha sido precisamente su relación con Vox la que ha impedido que esos resultados se tradujeran en una mayor autonomía política. Será él ahora quien tenga que decidir si marca una nueva estrategia, menos complaciente con la extrema derecha, o si continúa con la línea algo errática que ha seguido hasta ahora. Cuanto antes abandone la petición de que el PSOE se abstenga y facilite su investidura, mejor, porque no puede pedir que “nadie se atreva a bloquear España” quien lleva cinco años bloqueando una de sus instituciones, el Consejo General del Poder Judicial. Ni puede pedir negociación con el PSOE quien ha llevado como único punto de su programa electoral derogar todo lo construido en estos últimos cuatro años.

El Partido Socialista y su presidente Pedro Sánchez tienen por delante una difícil negociación para alcanzar no solo la sesión de investidura, sino también la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante durante toda la legislatura presupuestos y leyes. A su favor cuenta que el partido que podría impedirlo, sumando su voto en contra junto al PP y Vox, Junts per Catalunya, no podría esperar una mejora electoral en unas obligadas nuevas elecciones, sino, probablemente, un resultado propio peor. Incluso sus oponentes podrían mejorar. Junts sabe perfectamente que el PSOE está obligado a respetar el marco constitucional y que cualquier negociación sobre un referéndum tiene que estar ligada, no a un pretendido e inexistente derecho de autodeterminación, sino a la reforma del actual Estatuto de autonomía, lo que no sería ningún disparate porque es un texto prácticamente invalidado, que exige 800 páginas anexas para su interpretación. Y además tendría que obtener el previo acuerdo del Parlamento catalán, con mayoría de dos tercios.

Sánchez tiene la dura experiencia del anterior Gobierno de coalición con el Podemos de Pablo Iglesias, Ione Belarra e Irene Montero y seguramente le será útil a la hora de negociar una eventual nueva coalición con Sumar y Yolanda Díaz. Sería conveniente que los acuerdos firmados incluyeran ahora cláusulas de lealtad interna, de forma que ni los ministros socialistas manejen sus proyectos casi en secreto frente a sus socios, ni estos muestren continuamente su desacuerdo. Los debates internos son razonables, pero que los ministros de un Gobierno voten divididos en el Parlamento es algo inusitado. Una mayor lealtad interna ayudaría también a que el nuevo Gobierno fuera más respetuoso con el Parlamento y renunciara al uso desaforado del decreto ley, permitiendo que renazca el proceso tradicional por el que los proyectos de ley pueden ser objeto de enmienda artículo por artículo. De hecho, si el PSOE consigue finalmente gobernar cuatro años más, lo razonable sería modificar también sus relaciones con la oposición, ofreciendo, por ejemplo, desde el principio, información y acuerdos sobre tres asuntos básicos: la transición ecológica y cambio climático, la reforma de la Administración, tantas veces prometida y más necesaria que nunca, y la construcción de una Europa alejada de todo extremismo.

La dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, ha demostrado ser una buena negociadora, pero es muy posible que esa capacidad la tenga que ejercer sobre todo dentro de su propio grupo parlamentario. Por lo menos, es lo que ha dado a entender Ione Belarra, responsable de Podemos, advirtiendo que “sus cinco escaños” (los que controla dentro de Sumar) trabajarán “por su cuenta”. Es una decisión comprometida, porque Podemos difícilmente podrá recuperarse a costa de Sumar y oponiendo Irene Montero a Yolanda Díaz, vicepresidenta, mucho menos si demuestra su deslealtad en el propio Parlamento. Es difícil creer que Podemos podría mejorar sus resultados presentándose por libre en unas eventuales nuevas elecciones. De hecho, corre el riesgo de pasar a ser directamente irrelevante. Belarra debería recordar la cita del pintor Mark Rothko: “Solo hay una cosa a la que tengo miedo en mi vida, amigo mío. Que un día el negro se trague al rojo”. O el consejo de Churchill: “Si estás atravesando un infierno, no te pares”.

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