La fe ciega en Cerdán ha dado paso a la fatalidad y la impresión acelerada de un fin de ciclo, mientras las nuevas tandas de grabaciones y de audios revelan presuntas mordidas a cambio de contratos públicos y conversaciones soeces y bochornosas para un partido que, desde el Congreso Federal de Valencia de octubre de 2021, se define como feminista en sus estatutos. Tres meses antes, Sánchez había cesado a Ábalos como ministro de Transportes y Cerdán le sustituyó como el nuevo secretario de Organización.

El pánico que devora ahora al PSOE es que Cerdán emule a Ábalos y no entregue, en contra de lo que había prometido, el acta de diputado. El navarro asegura que lo hará el lunes. Si no lo hace, sería expulsado al Grupo Mixto, donde le haría sitio Ábalos, del que fue su segundo en Ferraz durante cuatro años. “Sería una imagen devastadora”, tiembla un ministro. “Ahora se explica la lentitud con la que se ha gestionado el expediente de expulsión abierto en febrero de 2024 a Ábalos [tras la detención de Koldo García]. ¡Qué garantistas ni qué historias! Dependía de Organización, es decir, de Santos, tomar esa decisión antes de que se enviara para que se pronunciara la comisión de ética y garantías, que es la que tiene la última palabra”, lamenta un miembro de la dirección socialista.

Sánchez se ha recluido el fin de semana en la finca toledana de Quintos de Mora a meditar cuál debe ser la reacción a una bomba de racimo que ha reventado el discurso de que el PSOE sufría una cacería judicial, enfangando los otros frentes de la familia del presidente en los tribunales con la sospecha de la duda. La moral de la militancia está por los suelos, mientras Ferraz no daba este sábado señales de vida pese a las pintadas y acosos a sedes en Sevilla, Coslada (Madrid), Valencia, Burgos o Cuenca. “El partido está muerto, paralizado a la espera de Pedro”, cuenta un fontanero de la vieja guardia. El secretario general del PSOE, que no tiene un grupo de mensajería con los líderes territoriales, no había hablado este sábado con ninguno de los barones consultados por este diario, fueran seniors o primerizos.

“Pedro solo está contribuyendo a que el nerviosismo avance. La huida hacia adelante solo contribuye a hacer más daño al partido. Tiene que asumir consecuencias, convocar elecciones y asumir el resultado”, sentencia un secretario general que no ve otra solución a una crisis que señala directamente a Sánchez, por ser quien eligió a Ábalos y Cerdán para gestionar el partido. “Santos se convirtió en el interlocutor para todo. ‘No le vayáis a Pedro, no le molestéis, decídmelo a mí’, te decía. Y de esa manera lo fue aislando y controlando el partido”, entienden ahora en la bancada del PSOE en el Congreso.

Otro temor que recorre al PSOE es que haya financiación ilegal. “Sería demoledor, infinitamente más grave, espero que sea una cosa de un par de golfos, aunque con mucho prestigio”, desea uno de los secretarios provinciales más poderosos. Sánchez anunció el jueves una auditoria externa de las cuentas del PSOE para disipar las sospechas de financiación ilegal.

El líder del PSOE no comparecía en Ferraz desde mayo de 2018, cuando se anunció la moción de censura contra Mariano Rajoy. Desde entonces no había vuelto a atender a la prensa en la sede del principal partido del Gobierno. Puede parecer una anécdota, pero la opinión generalizada en el partido es que muestra hasta qué punto Sánchez ha desatendido al PSOE. Otro gesto que llamó muchísimo la atención se produjo en el Congreso Federal de finales del año pasado en Sevilla. El sábado por la noche, con la nueva ejecutiva por cerrar, Sánchez se fue poco después de las once de la noche. La futura dirección, a la que el presidente dice que va a someter a una profunda reestructuración con la que espera calmar las aguas internas, se cerró pasadas las dos de la madrugada. El presidente delegó su confección en Cerdán, que había preparado una lista previa de sus integrantes. Sánchez tampoco asistió el viernes al Congreso Federal, pese a que era el primero de los tres días de la cita por excelencia de los socialistas. Ese viernes Cerdán negó a EL PAÍS que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, se iba a incorporar a la cúpula del PSOE como nueva responsable de Igualdad. Finalmente fue así.

El poder absoluto que Sánchez le confirió en Sevilla empoderó todavía más a Cerdán. Pese a que llegaba señalado por haber llevado a Ferraz a Koldo García, donde entró como el chófer de Ábalos antes de medrar en el ministerio de Transportes, el presidente le revalidó a los mandos del partido. Nadie chistó y, si lo hizo, fue de forma discreta. La mayoría le aplaudió en Sevilla cuando subió al escenario para ocupar su silla de secretario de Organización del PSOE. Ni más ni menos que, de nuevo, como el número tres de un partido que iniciaba en su 41º Congreso un proceso de puesta a punto para renovar a buena parte de los secretarios generales autonómicos, provinciales y locales. El PSOE se preparó para el próximo ciclo electoral, no para una catástrofe que Sánchez no vio o no quiso ver venir, aferrado al mantra de la persecución de la derecha política y judicial.

El PSOE es ahora un partido con el ánimo destrozado, que vuelve a lamerse las heridas y a preguntarse “qué nos ha pasado”, cuando lo previsto era pasar a la ofensiva para recuperar el poder territorial perdido hace dos años. Un PSOE que, después de siete años de Gobierno, reconoce en privado que “no hay partido”. “Pedro se olvidó del partido, lo consideró un instrumento y se lo confió durante siete años primero a José Luis y luego a Santos. Esa dejadez nos ha metido en este incendio”, se queja un sanchista pata negra.

Entretanto, Emiliano García-Page guarda silencio. El presidente de Castilla-La Mancha fue el primero en el PSOE en pedir el adelanto de las elecciones generales para ahorrarle a los candidatos a alcaldías y gobiernos autonómicos evitar las “bofetadas de la política nacional”. “Es hora de que hablen otros. Ha habido momentos en que nos hemos sentido muy solos”, indican en su entorno. “Page dijo lo que cada vez más pensamos en privado”, asiente un integrante de la dirección federal.

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Un peso pesado del PSOE andaluz, la federación con más militantes, conviene que la mejor opción es que Sánchez convoque elecciones “aunque sería suicida”. La duda en la que se debaten los socialistas es cuál es la prioridad, aguantar para ver si se puede retener el Gobierno o proteger el poder territorial, ante un horizonte electoral funesto según la mayoría de encuestas aunque el PSOE se mantenga en una estimación de voto cercana al 30%. “Me gustaría que las generales fuesen antes y que sea una decisión que se pueda colegiar”, reclama un secretario general autonómico, que justifica que ese escenario “permitiría hacer una campaña más focalizada en el territorio”. “El problema es aguantar dos años en esta situación, lo veo imposible, y encima sin Presupuestos”, añade otro líder territorial. La inquietud alcanzó todavía más intensidad porque en el partido se esperaba que Cerdán hubiera entregado este viernes su acta de diputado. El temor a que no lo haga agitó todavía más al partido que un miembro de la dirección federal define “en estado catatónico”. “No es lo mismo leerlo que oírlo. Esto es una tortura, una deflagración lenta que no sabemos cuándo acabará”, lamenta un sanchista de siempre.

La hoja de ruta de Sánchez se percibe como un horizonte demasiado lejano mientras en el partido y en el Gobierno gana enteros la sensación de que las legislativas se adelanten a otoño, una decisión que solo corresponde al presidente. Lo que nadie quiere es un superdomingo electoral dentro de dos años. “Una conjunción de elecciones sería un plebiscito nacional y eso puede llevarse por delante alcaldes y algún presidente autonómico”, rechaza un tercer líder autonómico. También hay, por el contrario, quienes recuerdan que cinco ministros —María Jesús Montero (Andalucía), Óscar López (Madrid), Pilar Alegría (Aragón), Ángel Ángel Víctor Torres (Canarias) y Diana Morant (Comunidad Valenciana)— son los secretarios generales del PSOE en sus comunidades y sus campañas estarán condicionadas por la política nacional.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, es quien ha ido en público más lejos pidiendo un Congreso Extraordinario del PSOE y que Sánchez no se presente a la reelección, además del adelanto de las generales. “Hay que actuar de otra manera, los socialistas no nos merecemos esto, hay miles de cargos en este país, alcaldes, concejales, diputados, personas honradas trabajando en los gobiernos”, expresó Osuna, que confía que se tomen “más medidas” que las que anunció el presidente del Gobierno. El alcalde de la capital extremeña recalcó que no le “parece lógico” que Cerdán, que fue elegido “apenas hace seis meses” en el 41º Congreso Federal de finales del año pasado en Sevilla, sea sustituido el 5 de julio en un comité federal, el máximo órgano de decisión del partido, cuyos componentes el área de Organización de Ferraz —es decir, Ferraz— negoció con las federaciones del partido. Por esa razón, insistió en la alternativa de un congreso extraordinario. “No pueden opinar los mismos que eligieron en ese congreso. Parte de esos miembros del Comité Federal los eligió precisamente Santos Cerdán”, apostilló.

La sensación que se extiende por el PSOE, y que valoran en el entorno de García-Page, es que la mejor fórmula es la que el presidente de Castilla-La Mancha puso sobre la mesa hace unas semanas. García-Page la defendió incluso en la Conferencia de Presidentes en Barcelona. El barón socialista contó con el respaldo esta semana de Felipe González. “Si lo ha pedido él, entonces estoy de acuerdo con Page y no con [Alberto Núñez] Feijóo”, le respaldó el expresidente. A diferencia de García-Page, que no pone fecha al adelanto de las legislativas, una decisión que depende de Sánchez, el líder del PP exige que los comicios sean inmediatos.

“Ahora mismo hay un posible arrastre negativo, a todos nos gusta llevar la mochila con menos piedras y que nos juzguen por nuestra gestión. Evidentemente lo que queremos es estar lo más alejados posible”, asiente el alcalde de León, José Antonio Díez. “Que haya elecciones en 2027 no significa que sean en julio. Pueden ser en enero. Sería sensato. Es perfectamente compatible”, opina un regidor desde hace años alineado, a diferencia del leonés, con la línea oficial de La Moncloa y Ferraz.

El remedio de Sánchez para solventar su peor crisis política en siete años con una reestructuración de la dirección del partido no ha amortiguado la preocupación interna. “El aliciente para ir a elecciones es puramente ético, porque esto no es remontable y cada día irá a peor en el plano nacional, aunque podría ayudar a salvaguardar a muchos de nuestros alcaldes y poder territorial”, piensa otro pedrista que se confiesa “decepcionado” con Sánchez por no prestarle al partido “la atención que merecía” y haber delegado primero en Ábalos y después en Cerdán. El regidor de una gran ciudad echa la vista atrás para defender la que, a su juicio, es la mejor baza que le queda al PSOE: “En mayo de 2023 nos vino la ola. Ya hemos visto la injusticia de tantos compañeros que perdieron sus ayuntamientos y gobiernos autonómicos. No se puede repetir, aunque nadie se engaña y el adelanto de las generales sería un suicidio, no tanto por el PSOE sino por los socios de izquierda”.

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Cerdán, que comunicó su renuncia en un comunicado, no especificó cuándo iba a dejar el acta de diputado. Sin embargo, en el partido cundía la sensación de que la renuncia iba a ser inmediata. Una parlamentaria justificaba que este viernes era un día de jornadas de puertas abiertas en el Congreso. “Santos no habrá querido encontrarse con cientos de personas”, argumentaba. “Me agarro a eso y que entregará el acta de forma discreta la próxima semana”, concluye. Todavía puede hacerlo este sábado, aunque al no tener habilitada su firma electrónica la renuncia no se considerará válida hasta el lunes, cuando la oficina se abra de nuevo en su horario habitual.

La demora en gestionar su baja ha creado cierto desconcierto entre varios cargos socialistas consultados. “Esperábamos que hubiese entregado hoy mismo [viernes] el acta. No nos queremos poner en lo peor, pero aunque no quieras piensas que Ábalos hizo lo mismo y se fue al Grupo Mixto”, dice un diputado. “No quiero imaginar ese escenario, sería la estocada final al partido”, añade otra integrante de la bancada socialista en el Congreso. “A ver si ahora resulta que no lo hace. Sería la última traición. El presidente dijo que nunca debió confiar en él… Espero que [Santos] no haya cambiado de opinión”, cruza los dedos un líder territorial.

Precisamente, este viernes el magistrado Leopoldo Puente ha aceptado la personación en el caso Ábalos de Cerdán y le ha preguntado si persiste en su decisión de dejar el acta de diputado y, si así fuera, si lo hará antes o después de su citación en el Tribunal Supremo el próximo día 25. Algunos de los miembros del partido consultados temen, de hecho, que la no entrega del acta obedezca a una estrategia legal. “Mira que ayer pensé que era raro que lo dejara, habrá hablado ya con su abogado”, advierte un senador. “La escena en el Congreso puede ser dantesca. Dos secretarios de Organización del PSOE sentado juntos en el grupo mixto sería brutal”, alerta. “Intuyo que su defensa le ha recomendado permanecer aforado. Desde luego, si no la entrega, esto se complica más todavía. ¡Espero que el lunes la entregue!”, agrega otro diputado.

El partido Movimiento Sumar, socio de los socialistas en el Gobierno, ha pedido en su cuenta de la red social Bluesky que Cerdán entregue ya su acta de diputado “sin dilaciones de maniobras” y ha instado al PSOE a hacer “todo lo que esté en su mano” al respecto.

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Las tensiones soterradas que refleja el diálogo concluyeron con la dimisión por sorpresa de Lastra como número dos del PSOE el 18 de julio de 2022, solo cinco meses después de la conversación recogida en la grabación. La actual delegada del Gobierno en Asturias, cargo que desempeña desde julio de 2024, justificó entonces en un comunicado que su dimisión se debía a los cambios que se habían producido en su vida personal ―estaba embarazada― que le exigían “tranquilidad y reposo”, motivo por el cual había estado de baja laboral. Lastra estuvo a punto de perder el bebé, recuerdan fuentes de entonces de la dirección federal del PSOE. Su sustituta fue María Jesús Montero, que compagina esa función con la vicepresidencia primera del Gobierno, el Ministerio de Hacienda -con el tiempo que le exigen los socios en negociaciones como los Presupuestos, que están prorrogados- y, desde principios de año, con la de secretaria general del PSOE de Andalucía, donde habrá elecciones autonómicas como tarde en junio del próximo año.

Otra de las personas contra la que García y Cerdán cargaban en la conversación, Maritcha Ruiz Mateos ―directora de comunicación del PSOE desde 2015 y, como Lastra, uno de los apoyos incondicionales de Pedro Sánchez― también abandonó su puesto semanas después, el 4 de agosto. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le propuso como nueva presidenta del Hipódromo. El 25 de enero de 2024 Atrevia anunció su incorporación al equipo directivo de la multinacional española en su área de Asuntos Corporativos, donde asumió la comunicación en gestión de crisis

En el audio, García y Santos también muestran cierto malestar por el trato en público que ha recibido Ábalos tras su cese, en el verano de 2021, tanto de algunos dirigentes del partido como del propio presidente del Gobierno, al que el primero recrimina no haberle ofrecido un puesto en una embajada, destino con un alta remuneración.

Koldo García (K. G.). Porque ahora con el cacharro de Valencia, que va Adriana [Lastra], que ya le vale, o sea, va a hacer la clausira [transcripción fonética], la clausura, en, en Valencia, es mearle [a Ábalos] en su cara.

Santos Cerdán (S. C.). [Ininteligible] es que ella [Ininteligible], yo no me llevo con ella.

K. G. No, no yo eso ya lo sé, eh, han, habían hablado que van a por ti ¿vale? ¿Tú tienes de amigo a Félix? ¿Bolaños?

S. C. A veces.

K. G. Bueno, yo te digo lo que hay, o sea lo [se ríe], tú administra lo que tengas que administrar, yo, yo si quieres...

S. C. [Interrumpe] A Félix le tuve que coger el otro día y le decirle: ‘¿Tienes algún problema conmigo?’ ‘No, no’.

K. G. ¿Félix?

S. C. Si tlenes algún problema conmigo, me lo dices a la cara.

K. G. ¿Félix? (se ríe sorprendido) ¿No jodas?

S. C. Me había llegado, me negó todo ello, vale oye, me alegro que sea mentira, pero que sepas... no es que...

K. G. Naa, no creo yo que Félix sea, a mí me hablaba siempre bien de ti y, lo que sí parece mentira es que a Jose [Luis Ábalos], todo el mundo menos tú, porque él me lo dice, Jose me lo dice, ‘para mi Santi, cada vez que me ve, me saluda, me habla y me sonríe y es un tío que se parece que está cercano a mí’.

S. C. Es que, y además lo hago para que me vean y me paro a hablar con él. O sea, yo cuando...

K. G. [Ininteligible] Pero esta cabezonada del nuestro, del presi [en referencia a Pedro Sánchez, que había cesado a Ábalos un año antes]...

S. C. No, yo por lo menos yo...

K. G. [Ininteligible] Jose no es un corrupto, Santi, hazme caso.

S. C. No, no. Por lo menos ahí, eh, lo suyo hubiera sido que le hubiera mandado a una embajada por ahí [Ininteligible].

K. G. Sí, pero esa cabezonería, además, él se está buscando las habichuelas por otro lado, es decir.

S. C. No, yo lo haría también

K. G. Es decir, pero bueno, él, lo que pasa es que, lo único que está haciendo es un mártir, porque todo el mundo le está llamando a escondidas y le está dando su apoyo (balbucea). No sé si me entiendes, vale, vale, este ha dicho el jefe, ha dicho que no hablemos con él y que lo marginemos.

S. C. [Ininteligible] No, hombre, no ha dicho que le marginemos... [...]

Más adelante, García y Cerdán vuelven a arremeter contra Lastra y otros miembros del partido, entre ellos Maritcha Ruiz Mateos, de la que destacan una supuesta relación cercana de ambas con Carolina, la exmujer de Ábalos.

S. C. Y no solo su exmujer, [Ininteligible] Maritcha [Ininteligible].

K. G. Ah no, es que Maritcha [Ininteligible], con Adriana, Carolina va todas las semanas.

S. C. Ya, ya, pero en vez de hablar con José Luis e intentar arreglar las cosas, lo que hizo fue hacerle la vida imposible.

K. G. Pero a ver, pero si Adriana es su mayor enemiga, se la, se lo quiere cargar sí o sí.

S. C. [Interrumpe] No, no, y ahora a mí.

K. G. No, Adriana va a por ti, pero claro que sí, y Maritcha, ten cuidado con Maritcha.

S. C. [Interrumpe] [Ininteligible] No, Maritcha, no nos hablamos casi.

K. G. Ah, bueno.

S. C. No, no, Maritcha yo le [Ininteligible] la nochebuena.

K. G. Pero, uh, yo creo que Félix, lo que le dijo a Jose, es que a ti te tenía cariño, para que lo sepas.

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El desengaño del PSOE con Cerdán (Pamplona, 56 años) es proporcional a la sorpresa de las mordidas que habría descubierto la UCO. “No le pega nada”, balbucea un miembro de la dirección del partido. “Ábalos era de otra forma, se llegaba a quejar de que firmaba nombramientos de gente que cobraba tres veces más que él cuando estaba en el ministerio y protestaba por la parte del sueldo que destinaba al partido, pero lo de Santos... Esto nadie lo vio venir”, recuerda un antiguo miembro de su equipo. El que menos, Pedro Sánchez, que reforzó a Cerdán, revalidándole de nuevo al frente de Organización en el 41º Congreso Federal de finales del año pasado en Sevilla cuando ya había rumores sobre sus conexiones presuntamente ilícitas con Ábalos y García. Hasta la mañana de jueves, el líder del PSOE estuvo convencido de su integridad, según reconoció en su primera rueda de prensa en Ferraz desde 2018.

Cerdán ha renunciado a todos los cargos en el partido y en el Congreso después de que Sánchez le enviara en febrero de 2024, nada más estallar el caso Koldo, para pedirle el acta de diputado a Ábalos, que en ese momento todavía no salía en las investigaciones de la Guardia Civil. El dirigente navarro había sido su segundo en el área de Organización entre junio de 2017 y julio de 2021, pero la negociación se fue al traste: Ábalos no aceptó la exigencia de tener que renunciar al escaño de cuando Sánchez le alejó del Ejecutivo y del PSOE.

Durante el periodo en el que ejercía en la sede socialista mientras Ábalos era ministro, Cerdán ha desempeñado con discreción la tarea en el partido. Nada dado a los focos y anónimo para el gran público, llamó la atención de Sánchez resolviendo en la sombra la elaboración de las listas electorales, imponiendo los candidatos de Ferraz en varias provincias de Andalucía y Aragón en un pulso que perdieron Susana Díaz y Javier Lambán, para las elecciones generales de abril de 2019. “Es quien lleva el día a día [en Ferraz], es el ejecutor”, le reconocía su jefe, José Luis Ábalos.

Técnico de mantenimiento e industrial en diversas empresas del sector agroalimentario, Cerdán se afilió al PSOE en 1999. Roberto Jiménez le nombró secretario de Organización del partido en Navarra en 2012, cargo que mantuvo con la siguiente secretaria general María Chivite, desde el inicio de su mandato a finales de 2014 ―en esa ocasión Sánchez era el candidato del aparato― hasta el salto a Ferraz tras las primarias de 2017. En ellas fue el encargado de presentar los 57.369 avales de la candidatura de Sánchez, tan solo 6.000 menos que los recopilados por Susana Díaz (63.610). Una diferencia que Cerdán vivió como una victoria adelantada del líder socialista. Un año después, estuvo en las conversaciones con los grupos parlamentarios para la moción de censura del 1 de junio de 2018, con especial interlocución con el PNV.

Hablar de Cerdán es hablar de Navarra, donde dio la batalla y venció la resistencia de Sánchez para que María Chivite fuera presidenta foral en 2019 rompiendo el tabú de los votos de Bildu. Y, por extensión, es hablar de Koldo García, a quien incorporó al equipo de las primarias de Sánchez en 2017 y que, según la UCO, se lucró con mordidas a cambio de su involucración en la adjudicación de contratos de obras públicas. La “decepción” que siente Sánchez es la tónica, junto al “estupor”, que recorre al PSOE, que sigue sin sobreponerse a los que la veintena de cuadros consultados definen de forma somera como un “shock”. La incredulidad es aún mayor en Ferraz, donde la impresión extendida era que, tras el cese de Ábalos, Cerdán había cortado la relación o al menos la había reducido a una cuestión protocolaria.

La imagen que Cerdán se ganó, especialmente en marzo de 2023, no puede ser más distinta a la actual. En ocho horas convenció a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como Tito Berni, para que firmase su renuncia al acta. Cerdán cortó de raíz un frente inesperado con la implicación del diputado canario en la trama corrupta del caso Mediador. “Si no hay nada, yo te defenderé para que te presentes otra vez, pero ahora tienes que entregar el acta. Es más, no vas a salir de aquí si no firmas el acta”, le terminó convenciendo. Unas palabras que hoy, vistas en retrospectiva, un líder territorial tilda de “puro cinismo”.

Los elogios dieron paso al desgaste. Cerdán cumplió con una orden especialmente sensible: era la única persona de confianza de Sánchez sin cargo en el Gobierno y el presidente le escogió para ser el enlace con Carles Puigdemont, sin cuyo apoyo no habría sido posible la investidura y que tiene paralizada la legislatura. Cerdán recibió el 24 de julio, al día siguiente de los comicios del 23-J, el encargo más difícil de su carrera política, la encomienda de recomponer los puentes rotos con Junts. El encuentro entre el líder de los neoconvergentes y el número tres del PSOE en Bruselas, bajo una foto del 1 de octubre, fue un punto de no retorno hacia el pacto. Y fue una imagen con un coste político que empezó a achicharrar a Cerdán, al menos de cara al público.

Dentro del partido también le surgieron incendios que no supo o no quiso resolver. En privado, cada vez más cuadros orgánicos se quejaban de que no era accesible. En el Congreso le rodeaba la misma cohorte de diputados, lo que ha generado incomodidad en el grupo. Luis Tudanca, secretario general de Castilla y León hasta enero, cuando decidió no presentarse a la reelección, acusa al “entorno” del secretario de Organización de “desestabilizar” a su federación mientras recordaba en una entrevista con EL PAÍS su apoyo a Pedro Sánchez “cuando casi nadie creía en él”. “A veces, todo es exactamente lo que parece. Y no hay más que una solución. Primero el país, luego el partido y, por último, uno mismo. El PSOE se merece el máximo respeto y la máxima decencia por todos los que están trabajando por el bien común y el servicio público”, resumió Tudanca en redes sociales. La relación de Cerdán con el gran barón crítico, Emiliano García-Page, es directamente inexistente. El puente con Ferraz es Sergio Gutiérrez, diputado nacional y secretario de Organización en Castilla-La Mancha. En la elaboración de las listas en junio de 2023, cuando parecía que el PSOE estaba abocado a perder el Gobierno, Ferraz tuvo que rectificar a su intento de relevar a la mano derecha de García-Page y le volvió a colocar como cabeza de lista por Toledo.

Al runrún cada vez mayor que rodeaba a Cerdán, con todo un repertorio de informaciones a los que el PSOE restó credibilidad, hay que añadir la gestión de la penúltima crisis del PSOE: la irrupción hasta el estrellato mediático de Leire Díez, que ofrecía tratos de favor incluso de la Fiscalía a cambio de trapos sucios de los investigadores de la UCO, entre ellos el comandante Antonio Balas, que el martes asistió al registro de una empresa de un amigo de Cerdán en Pamplona. Díez exigió comunicarle en persona su baja voluntaria como afiliada del PSOE y Cerdán aceptó recibirla y cumplir su último deseo con carnet socialista. Fue una decisión que generó muchas suspicacias. Nadie en el PSOE lo entendió.

La firmeza con que Cerdán mantiene su inocencia, pese a los datos aportados por la UCO, que se jugaba su credibilidad en lo que el PSOE consideraba hasta ahora “una cacería mayor”, es el último gesto que ha descolocado a los socialistas, que lo vieron sentado en el escaño durante el pleno del jueves como si desconociera el contenido de las investigaciones. Su final recuerda en parte al de Ábalos. “No acabaré mi carrera como corrupto cuando soy inocente”, justificó cuando anunció que no renunciaba al escaño que le exigió Cerdán y se iba al Grupo Mixto. El alivio generalizado es que el último número tres del PSOE ha renunciado a todos los cargos orgánicos y al acta de diputado. En plata: a Cerdán ya no se le verá por el Congreso. “Resulta que teníamos dos zorros en el gallinero. No termino de creérmelo”, concluye pesaroso un líder autonómico.

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En una nota de prensa sin logotipo del partido, Cerdán mantiene su inocencia, asegura que dimite “para poder dedicarse a su defensa” y que nunca “ha cometido ninguna ilegalidad”. El ya exsecretario de Organización de PSOE se muestra dispuesto a colaborar con la justicia y comparecerá voluntariamente el próximo 25 de junio.

Sánchez entrega así la cabeza más importante, la de su número tres, pero algunos dirigentes consultados creen que no basta y que tendrá que tomar más decisiones. En la rueda de prensa en la tarde de este jueves en Ferraz, el líder socialista y presidente del Ejecutivo ha descartado un adelanto electoral antes de 2027, así como una crisis de Gobierno, y tras pedir “perdón a la ciudadanía”, ha anunciado que encargará una “auditoría externa” sobre las cuentas del partido para despejar cualquier duda y una “reestructuración” de la cúpula socialista que se materializará en el congreso del próximo 4 de julio.

La crisis no es como las demás. Sánchez se ha acostumbrado a vivir en la tormenta y a sobrevivir durante siete años a todo tipo de situaciones políticas aparentemente imposibles. Pero esta vez la sensación tanto en el PSOE como en el Gobierno y entre sus socios es diferente. Cerdán ya es el segundo secretario de organización socialista -tras José Luis Ábalos- implicado en un caso grave de corrupción, con un informe demoledor de la UCO que ha dejado KO al Ejecutivo y al partido. La mayoría de apoyos del Gobierno pedían la cabeza de Cerdán, algo que ya ha sucedido, pero también que Sánchez diera explicaciones y dejara de estar “escondido”, en expresión de Gabriel Rufián, de ERC. El presidente llevaba un mes y medio sin contestar a ninguna pregunta de la prensa. La de esta tarde ha durado unos 20 minutos.

Sumar, el socio minoritario de la coalición, había pedido expresamente que Cerdán entregara el acta de diputado y el cargo de secretario de organización en el PSOE. Varios socios están siendo muy duros, especialmente Podemos. Otros, como Junts, descartan apoyar una moción de censura. Alberto Núñez Feijóo no ha aclarado, de momento, si la presentará, pero ha subrayado la “gravedad” de la situación.

La moción de censura parece difícil, pero la mayoría también tendrá muchas dificultades para mantenerse en esta situación, porque varios socios recuerdan que este Gobierno llegó al poder en 2018 para acabar con la corrupción de Mariano Rajoy, y para muchos de ellos se hace muy difícil sostener su apoyo si no hay decisiones muy drásticas, más allá de la propia dimisión de Cerdán. Algunos especulan con una profunda remodelación del partido y también del Gobierno, que Sánchez ha descartado este jueves. El exministro Alberto Garzón incluso propone que Podemos vuelva a entrar en el Ejecutivo para afrontar el resto de la legislatura.

Durante las últimas horas, especialmente el miércoles por la noche y este jueves por la mañana, tanto el Gobierno como el PSOE decidieron ganar tiempo y esperar a conocer el informe de la UCO, cofiando en que todo fuera un malentendido. Sánchez ha explicado que mantuvo hasta el último momento su confianza en Cerdán, una persona clave en su estructura de poder, mucho más que un número tres del partido.

Cerdán acompaña al presidente desde su primera batalla en las primarias de 2014, de las que se habla en las conversaciones con Koldo García para amañar votos. El líder socialista ha recordado este jueves durante la rueda de prensa que ganó las primarias por miles de votos y ha asegurado la “limpieza” del proceso. Una prueba de la confianza que Sánchez tenía en su ya ex secretario de organización es que fue la persona que envió a Suiza para negociar con Junts cada paso de la legislatura, incluida la investidura, en la que su trabajo fue decisivo para lograr el pacto con Carles Puigdemont.

Con José Luis Ábalos, Sánchez pudo decir que lo había apartado del núcleo duro del poder mucho antes de que saltara el escándalo, en 2021, y que le había pedido rápidamente el escaño. Fue precisamente Cerdán el que se lo pidió en su casa de Rivas Vaciamadrid. Pero con el secretario de organización que acaba de dimitir ese argumento no vale. Sánchez lo ha defendido hasta el último momento y sobre todo tomó hace unos meses una decisión que se ha vuelto en su contra y que muchos dirigentes y miembros del Gobierno consideran ahora, pasado el tiempo, completamente incomprensible: lo confirmó como secretario de Organización en el Congreso Federal del pasado diciembre en Sevilla, cuando había muchos rumores de que lo apartaría precisamente por su cercanía al caso Koldo, porque él mantenía una estrecha relación con Ábalos y con el propio García, que venía de Navarra como él y al que había introducido en el partido como chófer de la dirección.

Los detalles del informe, las conversaciones con Koldo hablando de dinero, incluso de posibles amaños en las primarias, han dejado totalmente desconcertados al Gobierno y al PSOE. Nadie acaba de entender cómo pudo Cerdán presentarse en el Congreso y hablar con total naturalidad ante la prensa negando las acusaciones cuando debía conocer de esas conversaciones en las que dice que no se reconoce. Cerdán se pasó casi toda la mañana de este jueves en su escaño mandando y recibiendo mensajes y leyendo el informe de la UCO, a pesar de lo cual, después dijo a la prensa que no lo había leído.

Otra de las cuestiones que desconcierta a distintos dirigentes consultados es que Sánchez no tuviera en ningún momento información del contenido de este informe demoledor y mantuviera hasta el último minuto su confianza en Cerdán, algo que, por tanto, le quita cualquier cortafuegos y le afecta directamente por la responsabilidad política de haberlo mantenido en el puesto y confirmado en el último congreso. El entorno de Sánchez insistía en que la única información que tenían era la que publicaba la prensa.

Los dirigentes consultados, entre los que hay miembros de la cúpula del PSOE, diputados, senadores y líderes territoriales, opinaban antes de la dimisión de Cerdán que la situación era “insostenible”. “Con dos secretarios de organización corruptos, la conclusión es que tú no eres viable como secretario general”, apostilla un antiguo líder territorial que señala ya directamente a Pedro Sánchez como responsable de que la presunta trama corrupta “escalara” hasta la cúpula misma del PSOE.

“Esto es brutal”, decía mientras salía noqueado del Congreso un diputado miembro del comité federal, el máximo órgano de decisión del PSOE. El ánimo en la bancada socialista era desolador. “La gente está en shock”, resume un parlamentario. Hasta pasadas las seis de la tarde, cuando se ha informado de la rueda de Sánchez en Ferraz, el grupo de WhatsApp de la ejecutiva federal del PSOE guardaba silencio. El mensaje anterior era del martes por la noche y transmitía que Cerdán no había “participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”.

El expresidente Felipe González se ha alineado con el barón del PSOE en su petición de que las elecciones generales sean antes de las autonómicas y municipales de mayo de 2027. Una posición que cada vez comparten más cargos socialistas, sobre todos alcaldes, los más interesados en que su gestión no se vea afectada por “la política nacional” —el eufemismo al que recurren varios para referirse a los pactos contra natura con los independentistas como Junts— y a los casos de corrupción que según la UCO implica a Cerdán de lleno con Ábalos y Koldo García. Un regidor piensa que el escenario no deja margen: “El presidente tiene que convocar para después del verano, hay que pensar en el partido. Es insostenible para los alcaldes y nos arrastra”. Sánchez ha descartado el adelanto electoral.

“El informe que acabamos de conocer explica la inacción con Leire [Díez] ¿Qué por qué se reaccionó con tanta lentitud? Era algo que nos preguntábamos todos y tampoco se explicó como debíamos”, apunta un secretario provincial por el “daño” a un partido centenario. “La aureola con la que llegamos al Gobierno en 2018 como la solución a la corrupción ha quedado mancillada”, reflexiona. “Y nos hemos quedado sin relato. No todo puede ser una persecución”, interviene otro líder provincial.

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En un mensaje del 13 de julio de dicho año, es decir el día en que se celebró ese proceso interno del PSOE, Cerdán envió el siguiente mensaje a García con el propósito de que introdujese dos votos en una urna: “Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas”, le escribió a las 17.55, según recoge la investigación de la UCO. “Ya está”, le respondió García en menos de un minuto a Cerdán, al que tenía guardado como Santos jefe psoe. “Los procesos de primarias en el PSOE son de absoluta garantía y en esa ocasión gané por más de 16.000 votos, ese mensaje me decepciona pero las garantías de las primarias son totales con independencia de este hecho”, ha dicho al respecto Sánchez en su primera comparecencia en Ferraz desde 2018.

Sánchez se impuso como líder del PSOE con un respaldo del 48,7% de los votos frente al diputado vasco Eduardo Madina (36,14%) y el andaluz José Antonio Pérez Tapias (15%). La victoria de Sánchez se produjo por un margen de 16.000 votos: el actual presidente del Gobierno fue el vencedor con 62.411 votos, por los 46.408 de Madina en un proceso con una participación del 67%. En esas primarias Sánchez tuvo el apoyo de Susana Díaz, al frente del PSOE andaluz, la federación socialista más poderosa, y de la mayoría de barones. El diputado vasco ganó en Cataluña, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Navarra, Ceuta y la federación de Europa, pero no en Navarra. El secretario general en ese momento en la comunidad foral era Roberto Jiménez y Cerdán su mano derecha: en 2012 se convirtió en el secretario de Organización de la ejecutiva regional del PSN-PSOE. María Chivite, la sucesora al frente de la federación socialista, fue elegida en diciembre de ese año y mantuvo a Cerdán en el mismo puesto que venía desempeñando. Una responsabilidad que Cerdán ejerció hasta que tras las primarias de 2017 dio el salto a Ferraz como número dos de José Luis Ábalos en el área de Organización.

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La primera reacción del PSOE ha sido la de defender al secretario de Organización. “Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”, mantiene en un comunicado. “Cuando se conozca la totalidad del informe, Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona”, añade. Esas mismas fuentes transmiten que Cerdán “no da crédito” a los datos manejados por la UCO y asegura que “jamás” habló de esos con José Luis Ábalos o con Koldo García. Mensaje parecido lanzan desde el Gobierno: “No podemos opinar sobre un informe que aún no hemos leído y unas conversaciones de las que desconocemos el contexto”.

El Ejecutivo insistía por la mañana en que no había ninguna acusación formal contra Cerdán, y que todo lo que está tratando de mover la oposición se basa en comentarios sobre un informe de la UCO cuyos detalles no se conocían. El PP, por el contrario, cree que el silencio de Sánchez sobre Cerdán en el pleno del Congreso y el lenguaje gestual entre ellos indica que el líder está a punto de dejar caer a un hombre clave en su estructura de poder y que le acompaña desde que dio la batalla de las primarias en 2017. Cerdán ha reconocido que se cruzó mensajes con el que entonces era el hombre de máxima confianza del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, interesándose por distintas obras, pero no por ningún movimiento ilegal ni amaño de ningún tipo, sino porque como coordinador territorial del partido tenía la presión de muchos alcaldes y dirigentes provinciales que querían saber cómo iban las obras en sus territorios y presionaban para que estuvieran acabadas antes de las elecciones de 2023, algo habitual en el mundo político.

A su vez, fuentes del PSOE de Navarra insistían en que se trata de “una cacería política sin ningún tipo de pruebas” contra Cerdán, y recalcaban que las adjudicaciones ya han sido investigadas con detalle en esta comunidad tras las denuncias de UPN y no se ha encontrado ninguna irregularidad. “Hubo 37 iniciativas de UPN al respecto en la pasada legislatura sobre este tema. Y en lo que le llevamos de legislatura, ha habido 46 iniciativas sobre este tema. Se han presentado 17 empresas registradas en ocho UTE [uniones temporales de empresas] y no ha habido denuncias ni recursos de ninguna de ellas. En la mesa de adjudicación cinco técnicos votaron una cosa y hubo dos votos particulares. El del secretario que firmó la adjudicación y el del interventor que hizo un reparo no suspensivo. Por lo tanto, sin ilegalidades. Esto es lo que hay. Que investiguen todo lo que quieran”, explican.

Ignacio Cabeza, presidente de la Cámara de Comptos, órgano fiscalizador de la gestión económica y financiera del sector público de la comunidad foral, negó actuaciones ilícitas en su comparecencia en el Parlamento de Navarra el pasado 17 de diciembre. “Es la obra relevante de la legislatura y nos hubiera gustado que defectos que pusimos de relieve se hubieran solventado con unos buenos pliegos, unos buenos criterios y un buen procedimiento de votación. No obstante, nuestra asesoría jurídica analizó profunda y detenidamente el contrato de Belate y desde luego no detectó ningún tipo de responsabilidad ni contable ni de ninguna otra naturaleza”, afirmó.

UPN, que interpuso en 2024 una denuncia ante la Guardia Civil —la senadora María Mar Caballero dijo en una entrevista que habían valorado ir a la Fiscalía, pero los servicios jurídicos que asesoran al partido recomendaron acudir al instituto armado— ante la sospecha de irregularidades en el proceso, ha llamado a comparecer esta legislatura en el Parlamento navarro al director general de las obras del Gobierno de Navarra, al presidente de la mesa de contratación que dio la adjudicación y al secretario que firmó esa adjudicación. La adjudicación de los túneles de Belate se hizo en 2024, es decir, tres años después de que Ábalos fuera cesado. Desde la dirección de la federación socialista que lidera María Chivite, presidenta autonómica desde 2019, afirman que “ha sido todo un explicado minuciosamente y se ha dado toda la documentación existente”. Y subrayan que “hay incluso más de mil conversaciones entre los técnicos que se les dio a todos los grupos parlamentarios”.

La propia Chivite compareció el 16 de abril del año pasado sobre esta obra que ahora está bajo sospecha, la del desdoblamiento de los túneles de Belate: “Es la más transparente de todas las adjudicaciones que haya podido hacer cualquier Administración de Navarra. La ciudadanía navarra no solo ha podido conocer los datos que en cumplimiento de la normativa de transparencia podría llegar a tener de cualquier contrato público, las actas de las reuniones, hasta la resolución de la adjudicación, pasando por el informe de fiscalización, colgado todo en el Portal de Transparencia. Atendiendo a las peticiones de información de este Parlamento, el Gobierno ha enviado más de 2.000 folios de documentación extra, incluyendo correos electrónicos que los miembros de la mesa de contratación se han intercambiado durante la duración de sus trabajos. Es como si este contrato se hubiera desarrollado bajo el ojo de un gran hermano que todo lo veía”, declaró. El PSOE y todos los grupos de la mayoría están, pues, a la expectativa de lo que pueda dar de sí el informe de la UCO que sigue sin conocerse, pero de momento el respaldo a Cerdán no solo por parte del presidente sino de dirigentes como Gabriel Rufián sigue firme y sobre todo lo que va creciendo es la presión para que el Ejecutivo, como dijo el portavoz de ERC, “salga a la ofensiva” frente a estas acusaciones que ven infundadas. Pero todo eso fue antes de que se conocieran los últimos datos manejados por la UCO.

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La efeméride de un acontecimiento tan trascendental con la entrada de España y Portugal en la CEE ha reunido al expresidente del Gobierno con su homólogo portugués Aníbal António Cavaco Silva en el Palacio de Fuensalida de Toledo, con García-Page de anfitrión, en un acto en el que se ha conmemorado el “camino compartido” por España y Portugal en vísperas del 40º aniversario de su acceso al club europeo, que hasta ese momento tenía solo 10 países miembros y ya alcanza los 27.

El 12 de junio de 1985 España y Portugal firmaron su incorporación a la Unión Europea. Los dos países meridionales del viejo continente compartían, además de la geografía y siglos de historia interrelacionada, a veces en paz y otras en discordia, el pasado traumático tan reciente de las dictaduras franquista y la salazarista de Marcelo Caetano a la que puso fin la Revolución de los Claveles. La entrada de españoles y portugueses en el club comunitario se hizo efectiva el 1 de enero de 1986 y fue decisiva para la consolidación de las dos incipientes democracias y su desarrollo económico bajo el maná de los fondos europeos.

“Mi sensación no fue la de que se había llegado a puerto y se había conquistado un objetivo. Nuestro ingreso, que se votó por unanimidad, fue más un punto de partida que de llegada”, ha echado González la vista atrás en un discurso marcadamente europeísta, con críticas al “austericidio” con que Bruselas reaccionó a la crisis financiera que arrancó en 2008 y halagos a la respuesta a la pandemia de la covid, favorable al incremento del gasto militar y en el que ha vuelto a quedar patente la distancia con el Gobierno de Pedro Sánchez. El expresidente ha aseverado que España retrasó y “perjudicó” el ingreso de los portugueses en las instituciones europeas, donde se decidió que ambos países lo hicieran al mismo tiempo aunque Lisboa era en este caso el alumno aventajado, mientras Silva ha destacado “la lucha liderada por González en la que se consiguieron grandes victorias en ayudas específicas a la industria o las regiones ultraperiféricas”. “Tuvimos gran suerte de que estuviera Jacques Delors [como presidente de la Comisión Europea]. Fue un gran defensor de la cohesión y su apoyo fue importantísimo para conseguir un desarrollo armonioso en la UE”, ha abundado el dirigente luso. “Se tomó el camino correcto y hay que seguir en él”, ha sentenciado García-Page.

El acto ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de José Enrique Serrano, exjefe de gabinete de González y del siguiente presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que falleció este martes a los 75 años. “Sus firmes convicciones sobre la democracia y su espíritu de consenso han marcado una forma de hacer y pensar la política”, le reconoció la Fundación Felipe González, de la que los últimos años fue su vicepresidente y responsable de la comisión de archivo.

González, que ha lamentado en una alusión implícita al PP que haya partidos políticos que acudan a Bruselas “a plantear un problema hispanoespañol, como la nueva Roma a la que llegan los súbditos” y que se vote lo mismo en el Parlamento Europeo “para volver a no estar de acuerdo cuando bajamos de los Pirineos”, ha defendido la autonomía de la UE para que no dependa de la Administración Trump. “La UE se tiene que hacer cargo de sí misma. Tenemos que dar un nuevo avance a la construcción europea”, ha resaltado. A continuación ha lanzado el siguiente aviso: “Si tenemos que depender de Trump, mejor que nos vayamos a California y veamos lo que pasa. O a Ucrania, y a Gaza. No podemos estar en manos de un mercachifle geopolítico. Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. En serio”. “Aquí se entiende mal esto de las propuestas que llevan siempre implícitamente un análisis crítico de cómo hay que hacer. Si no, ¿qué somos? ¿Meritorios del puto amo?”, ha apostillado González. “Hay un retroceso de la democracia, en el orden internacional no solo juega la democracia, también los regímenes autoritarios que no responden al derecho internacional”, ha alertado el mandatario socialista acerca de una geopolítica “que estamos viendo que es un disparate”.

El expresidente se ha mostrado a favor del incremento del presupuesto destinado a Defensa —el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin nuevos Presupuestos pero ha aprobado elevar antes de que acabe el año el PIB destinado a seguridad hasta el 2% comprometido con la OTAN en 2014—, aunque ha pedido concreción y le ha restado credibilidad a los partidos contrarios a hacerlo. “Tiene que haber una nueva política de mayor grado de integración y de responsabilidad europea. También en política de defensa y de seguridad. Ya sé que la mejor política de defensa para algunos, que no saben de lo que hablan, es decir que no hay que gastar nada en defensa. Ni nada en seguridad. Nada de nada… Van a declarar la paz al mundo… Y quiénes no nos crean que se joden. Que nos ataquen, que no nos vamos a defender. Es una cosa ridícula, es ridículo cuando no malvado”, ha afirmado. El expresidente sí ha incidido en que le gustaría conocer de qué partida presupuestaria saldrán, “por pura responsabilidad”, los más de 10.000 millones de incremento. “Eso se considera una crítica… No una ayuda, no un apoyo… Eso lo desespera a uno, no es la tribu a la que he pertenecido, es una cosa diferente”, se ha quejado en una referencia implícita a su mala relación con la dirección actual del PSOE.

“Hemos perdido convergencias y cuando lo digo se irritan, incluso los míos… Los míos no son, son de Sánchez… Los míos, si hay propietario de esto, la gente más próxima a mí se irrita porque digo que hemos perdido convergencias. Pues tenemos que recuperarla”, ha sido otro de sus reproches a la cúpula socialista.

“Delors dijo que Europa no estaría completa sin España y Portugal, que éramos la parte sustancial que quedaba por integrarse. El anhelo social en España era entrar en Europa, porque significaba democracia, paz, una paz que hoy se ve amenazada con el ataque de Rusia”, ha observado García-Page, que ha advertido del riesgo de “los populismos y sus discursos de odio” que sacuden al proyecto comunitario.

El barón del PSOE ha subrayado la importancia que tuvo que España formase parte de la UE en el desafío independentista del procés, que tuvo su apogeo con la declaración unilateral de independencia de 2017. “¿Qué nos pasaría si España no estuviera en la UE? Esa es una pregunta que flotó hoy mucho con motivo de los graves disturbios independentistas en Cataluña. Lo que a mucha gente le hizo pensar que no se iba a ningún lado, que era un viaje a ninguna parte, era probablemente ese vértigo a no estar en Europa”, ha reflexionado García-Page.

El presidente autonómico ha recordado además que ETA cometió varios atentados el 12 de junio de 1985. “De la manera más macabra y mortífera, ETA dio la razón a la Unión Europea. Cuatro fallecidos, dos atentados, con los que quiso celebrar la banda terrorista la entrada, la firma de adhesión… Fue doloroso y lo sigue siendo su recuerdo, pero hay que verlo desde la perspectiva que da el tiempo: ETA tenía claro que la entrada en la Unión Europea era lo mejor para España, para la democracia, en definitiva, para la unidad de España, porque lo que salía ganando era el concepto mismo de unidad. La unidad hace la fuerza, que es exactamente lo contrario de lo que buscan cualquier tipo de separatismo, que también es una forma de populismo actual", ha discurrido. Su conclusión final es que, hace 40 años, “España se completó en su perfil mismo y en su definición como país”.

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El PSOE ha reaccionado con aflicción a la pérdida de un referente al que se tenía como una persona de partido, comprometida con los valores socialdemócratas y con una visión federalista del país. “Fue un servidor a España, y un socialista comprometido con los valores más profundos de este partido. Este país siempre estará en deuda con José Enrique Serrano”, le ha despedido el partido. Sánchez le ha definido como “irrepetible” y “con una lealtad a la altura de un compromiso que hizo escuela”. “Hizo de la discreción un oficio y de la eficacia una actitud”, ha abundado Sánchez, que ha agradecido sus décadas de trabajo “al servicio de los demás”.

Las muestras de afecto dan fe del legado de Serrano y del respeto y cariño que le tenían en el PSOE, sin distinción. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general de los socialistas, le ha querido recordar como “un hombre sabio y generoso que dedicó su vida a hacer de España un país más justo, con más derechos y mayores libertades”. “Perdemos a un socialista y a un demócrata extraordinario. Su compromiso con los ideales de este partido, sus conocimientos y su trabajo inigualable por este país, nos acompañarán siempre”, ha compartido Santos Cerdán, secretario de Organización.

Profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, en 1987 dio sus primeros pasos en la actividad pública como director general de Personal de Defensa. El entonces ministro, Narcís Serra, lo mantuvo a su lado como secretario general cuando fue nombrado vicepresidente del Ejecutivo. En 1995 ascendió en el escalafón: González le fichó como su jefe de Gabinete de González, tarea que realizó hasta 1996, cuando se produjo el relevo en La Moncloa por la victoria electoral de José María Aznar.

Serrano dirigió después el gabinete de Joaquín Almunia en su etapa como secretario general del PSOE. En 2004 regresó a La Moncloa como director de gabinete de Zapatero , una responsabilidad que desempeñó durante sus siete años como presidente del Gobierno. “Protagonista discreto de los momentos más importantes de la historia de España en las últimas décadas. Y siempre con el Estado en la cabeza”, le ha descrito Óscar López. El ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid se ha referido así a la fama que Serrano se ganó aquellos años, en los que siempre actuó en la sombra, con un estilo muy alejado del de otros jefes de gabinete de gobiernos posteriores empecinados en buscar la atención mediática.

En febrero de 2016 fue una de las personas elegidas por Pedro Sánchez para la negociación con Ciudadanos, Podemos y otras fuerzas políticas en busca de los apoyos para intentar ser investido presidente del Gobierno. El equipo elegido para la negociación para tratar de tejer una mayoría parlamentaria lo integraron, entre otros, el entonces portavoz parlamentario, Antonio Hernando, el político vasco Rodolfo Ares, mano derecha durante muchos años de Patxi López y cómo no Serrano, siempre presente en las negociaciones de Estado de todos los presidentes de Gobierno socialistas y de los secretarios generales del PSOE.

Su dilatada experiencia en la función pública y el respeto que provocaba trascendió la política de bloques y generó consensos que hoy parecen imposibles. El PP y el PSOE acordaron a finales de 2017 que Serrano presidiera la comisión del Congreso de los Diputados para actualizar el modelo autonómico. Su trayectoria como negociador del PSOE en los asuntos de Estado lo erigieron en un candidato con la suficiente solvencia capaz de poner de acuerdo a los dos grandes partidos.

El Gobierno le otorgó en diciembre la Medalla al Mérito Constitucional. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó que ese reconocimiento se realizaba a personas que han prestado “servicios relevantes” a la Constitución y a sus valores. “Su trayectoria profesional es un paseo por la historia de la democracia”, valoró. Bolaños le ha recordado esta noche como “un servidor público que dedicó su vida a mejorar” España; “En Moncloa, su ejemplo sigue todavía inspirándonos”.

Salvador Illa, que se ha declarado “consternado”, también ha acentuado la condición de Serrano como un “servidor público ejemplar” con una “forma de hacer política” que “siempre serán un ejemplo”. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, le ha ensalzado como “un hombre fundamental en la construcción de nuestra democracia”. Para el barón del PSOE, Serrano “atesoraba dos de las virtudes más importantes: la discreción y sentido de estado”, además de un profundo conocimiento de España.

Fue un servidor a España, y un socialista comprometido con los valores más profundos de este partido. Este país siempre estará en deuda con José Enrique Serrano.

Nuestras condolencias a su familia y amigos. Que la tierra te sea leve compañero. pic.twitter.com/WknN4i6yFv

— PSOE (@PSOE) June 10, 2025

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El Gobierno ha decidido cerrar filas con el fiscal incluso el día de en que ha quedado a un paso del banquillo, pero además no está solo: la mayoría de los socios del Ejecutivo salieron también a apoyarles y algunos criticaron con dureza al juez que ha decidido procesarlo. Al contrario que en otras ocasiones, el Ejecutivo puede contar esta vez con el apoyo de toda la mayoría que lo respalda, incluido Podemos, últimamente muy crítico, porque todos coinciden con distintas palabras en rechazar el auto del juez. Antonio Maíllo, de IU, lo vio como un ataque al Gobierno de coalición, mientras Ione Belarra, de Podemos, insistía en que es la prueba de que en la justicia sigue mandando la derecha. El Gobierno tiene varias reformas judiciales en marcha y espera contar con el apoyo de todos sus socios. El PP y Vox, por el contrario, pidieron la dimisión del fiscal.

El presidente, Pedro Sánchez, y su equipo de máxima confianza, con Félix Bolaños, ministro de Justicia, al frente de esta cuestión, están dispuestos a mantener el apoyo a García hasta el final, según coinciden diversas fuentes del Ejecutivo. Pero confían en no tener que llegar al extremo de apoyar a un fiscal general condenado porque creen que en este caso el que se ha excedido es Hurtado, con un auto que provoca en privado palabras muy gruesas por parte de miembros del Gobierno. Los miembros del Ejecutivo que están más encima de este asunto creen totalmente imposible que haya una condena e incluso confían en que pueda triunfar la apelación que hará García Ortiz porque tendrán que decidir sobre ella tres magistrados con prestigio. “Algunos jueces no son conscientes del deterioro de la imagen de la justicia que provocan autos como el de hoy [por el lunes]. Está creciendo la desconfianza en la justicia. Lo vemos en los sondeos. Pero confiamos en el que cuando esto llegue a la sala segunda del Supremo haya otros que sí crean necesario preservar esa imagen de la justicia”, señala un miembro del Gobierno. “Todos estos excesos se acabarán poniendo en su contra, si es que no está sucediendo ya”, analiza otro.

Desde que la derecha se hizo con el control del CGPJ, hace más de 10 años, e incluso antes, la Sala de lo Penal se ha ido llenando de jueces conservadores hasta estar muy descompensada a favor de este sector. Pero, aun así, varios miembros del Gobierno consultados confían en que estos jueces, ya reunidos en forma de sala y con necesidad de buscar consensos, “no tendrán el descaro” de condenar sin pruebas, según la visión del Ejecutivo, nada menos que a un fiscal general del Estado.

“¿Pero alguien ha leído el auto? ¡Pero si son todo suposiciones! No ha creído a ninguno de los testigos que lo exculpaban, sobre todo los periodistas. ¿Pero dónde está el in dubio pro reo?“, se indigna un miembro del Gobierno. “No puede condenarlo. Seríamos Burundi. A pesar de todo, nosotros tenemos fe en el Supremo, creemos que alguien tiene que parar esta locura de Hurtado. No hay por dónde coger el auto”, señala otro. “Pero ¿cómo puede decir el juez en la primera línea del auto ‘a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno’ y luego no demostrar de dónde saca esa conclusión y no aportar ninguna prueba de que se diera esa instrucción que nunca existió?“, se enfada.

Esto en la parte privada. Porque en público las opiniones, aunque más matizadas, también fueron contundentes. Incluso el ministro de Justicia, el que más cautela debe tener con sus palabras sobre los jueces, fue muy claro en su defensa de García Ortiz, al que el Gobierno ve sometido a un proceso muy injusto. Bolaños aseguró que García es “un servidor público ejemplar”. “Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto. Es habitual que personas que se ven sometidas a procesos penales y a delincuentes presuntos, es habitual que arremetan contra los fiscales. Desde luego, el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales, que persiguen el delito. Eso, sin ninguna duda. Y, por tanto, nuestra confianza plena en el fiscal general del Estado y también en la Fiscalía en su conjunto”, aseveró Bolaños.

El ministro explicó que conoció la noticia cuando asistía, como el fiscal general, a un acto en la sede del Consejo General del Poder Judicial, algo que tampoco ven casual algunos miembros del Gobierno, cada vez más molestos con los movimientos de algunos jueces que tienen muy identificados, y no tanto de la justicia en general. Bolaños confió en los procedimientos que aún quedan contra el auto. “Cabe recurso de reforma, cabe recurso de apelación y, por tanto, vamos a estar al sistema de garantías, al sistema de recursos que tiene nuestro país. Sin duda, al final, la verdad prevalecerá”.

Bolaños niega con rotundidad cualquier instrucción del Gobierno al fiscal general sobre este caso. “Se dice que hubo eventuales instrucciones de la Presidencia del Gobierno [sobre la filtración] de la Fiscalía General del Estado. Quiero negar rotunda y categóricamente esto. Esto no sucedió nunca y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria porque esto no sucedió nunca”.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado explican que Álvaro García Ortiz se encontraba en el despacho de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, con las autoridades que iban llegando a un acto sobre igualdad, cuando se conoció la decisión judicial que le deja al borde del banquillo. Dichas fuentes señalan que en el Tribunal Supremo “obviamente sabían” que García Ortiz iba a asistir a la sede del CGPJ y consideran que no es casual que se conociera justo en ese momento con el fin de hacer “el mayor daño posible”. Más directo fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, que es jurista. “La oposición real tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer tiene que haberles sentado fatal”, tuiteó enlazando a la noticia del auto. Esto es, según Puente, la verdadera oposición está en la justicia.

El procesamiento ha llegado justo cuando el Ejecutivo empezaba a coger un poco de aire tras la sucesión de crisis que ha enlazado desde el apagón del 28 de abril. El ambiente en el Gobierno era un poco más tranquilo porque, como apuntaba Puente, consideran que la manifestación del PP en Madrid, convocada bajo la disyuntiva de “Mafia o democracia”, a juicio de ministros y otros miembros de la sala de máquinas de La Moncloa y de Ferraz había tenido un seguimiento por debajo de las expectativas generadas por el PP que, nada más conocer la decisión del juez Hurtado, pidió la dimisión de García Ortiz. Fuentes oficiales de la Fiscalía aseguraron tras conocer el auto de incoación de procedimiento abreviado, que el fiscal general del Estado se reafirma en su compromiso de “continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma” y defendieron su inocencia.

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En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, a Sémper le han preguntado por la conversación grabada, que forma parte del dosier entregado por la exafiliada del PSOE Leire Díaz a su partido y este a la Fiscalía General de Estado. En concreto, a Sémper le han inquirido si la dirección popular enmarca esas palabras de Cospedal en las llamadas “cloacas del Estado”, en el que el PP viene situando al PSOE.

“Ni este portavoz ni esta dirección va a justificar nunca ese tipo de comportamientos”, ha dicho Sémper, que ha subrayado que las conversaciones de Cospedal se produjeron “hace siete u ocho años”. Pero, enseguida, el popular ha comparado aquellos hechos con los que ocurren ahora, “en tiempo real”, sobre los casos de corrupción que afectan al entorno de miembros del Gobierno. “Las diferencias son abismales”, ha asegurado.

Leire Díez incluyó en el dosier que entregó en el PSOE la semana pasada audios de un encuentro entre Villarejo y la también entonces ministra de Defensa. La conversación, grabada por el policía, tuvo lugar el 6 de julio de 2017, cuando el comisario jubilado se sentía perseguido por la Fiscalía y por determinados fiscales a los que vinculaba con el CNI.

A las palabras de Cospedal reveladas este lunes se ha referido también el número dos del socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Sergio Gutiérrez ha pedido al PP de la región que abra un expediente de expulsión contra Cospedal, expresidenta regional y que en 2017 era la presidenta del partido en la comunidad en el que sigue siendo militante.

“Hoy EL PAÍS publica unas grabaciones entre Cospedal y Villarejo en las que, la por aquel entonces presidenta del PP de Castilla-La Mancha afirmaba que ‘había que matar’ a un fiscal. Espero que hoy [este lunes] Paco Núñez [sucesor de Cospedal al frente del partido en la autonomía] anuncie que pide la apertura de un expediente de expulsión por las mismas razones que exigía para Leire Díez al PSOE. Con una diferencia, si el PP dice que una era fontanera, Cospedal era, como poco, la capataz de toda la obra”, ha reclamado el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos.

“Estos son los coletazos de la Kitchen”, ha abundado a su vez Óscar López en un desayuno informativo. “Todos los personajes, las filtraciones, los personajes, tiene que ver con una operación de Estado de un Gobierno contra sus adversarios políticos. Hubo un gobierno en este país donde montó una policía patriótica, hubo un gobierno en este país donde el ministro del interior, la número dos del PP y el secretario de Estado del interior se dedicaron a coordinar campañas contra partidos como el PSOE. El tiempo va a poner todo en su sitio”, ha manifestado el ministro para la Transformación Digital y Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid.

Desde Podemos, Pablo Fernández ha declarado en la rueda de prensa de su partido de este lunes que el audio “pone de manifiesto que el PP es la auténtica mafia”. Fernández ha añadido que estos audios “revelan la relación de complicidad” de Cospedal con “cloaqueros” y que estas cloacas “han trabajado sistemáticamente para hacer frente a los adversarios políticos, especialmente a Podemos y a los independentistas”.

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La noticia de la decisión de Hurtado pilló a García Ortiz en un acto en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se entregaba el premio del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, junto a la presidenta de esa institución y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El fiscal abandonó el edificio sin hacer declaraciones ante los numerosos periodistas que ya se agolpaban allí. Quien sí ha hablado ha sido el ministro Bolaños para expresar la “confianza plena” del Ejecutivo en García Ortiz. Este, según las fuentes consultadas, tampoco piensa abandonar el cargo y considera que hacerlo crearía un grave precedente para la institución. Antes prevé agotar todas las vías para intentar evitar el juicio.

Bolaños ha recordado que el auto del Supremo “no es firme” y todavía cabe recurso. Ha negado, además, “rotundamente” que la Presidencia del Gobierno diera instrucciones al fiscal para filtrar la confesión de delitos contra la Hacienda pública por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso, como afirma el juez Hurtado en su auto sin aportar ninguna evidencia al respecto. El ministro ha calificado a García Ortiz de “servidor ejemplar” y ha proclamado: “Entre los fiscales y los defraudadores confesos, [el Gobierno] está con los fiscales que persiguen el delito”,

Quien se ha lanzado en tromba a exigir el cese ha sido el PP, que ya lo venía pidiendo desde hace meses, en realidad, desde el mismo momento en que el fiscal tomó posesión. Solo habían pasado unos minutos de la divulgación del auto de Hurtado, cuando la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, una de las voces más beligerantes contra el máximo responsable del ministerio público, sentenciaba en su cuenta de X: “Debe dimitir hoy mismo”.

Poco después ha sido el propio Alberto Núñez Feijóo, quien, en la misma red social, ha aprovechado para sugerir un día más que debe ser también el presidente del Gobierno quien deje el cargo. “Es el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y quien le daba las indicaciones”, ha escrito el líder de la oposición.

El portavoz del PP, Borja Sémper, en su comparecencia de todos los lunes en la sede del partido, ha reiterado que el fiscal debe renunciar “por dignidad”. “El procesamiento no tiene precedentes en la historia democrática española, es extraordinariamente grave”, ha argumentado Sémper. “Es de tal gravedad que no puede ser que el encargado de perseguir los delitos penales esté sometido a una investigación. Es insostenible”. Tampoco el PP de Madrid ha faltado a la cita. Su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha apremiado a “una respuesta rápida y tajante” para que el proceso contra García Ortiz “no manche a la institución”.

La izquierda, en cambio, no solo ha defendido al fiscal, sino que ha reaccionado con duras descalificaciones al juez que ha llevado el caso y a las actuaciones de una parte del poder judicial. En un irónico mensaje en X, el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, ha insinuado que Hurtado representa la “oposición real” y ha relacionado su decisión con lo que considera un fracaso de la manifestación del pasado domingo convocada por el PP bajo el lema “Mafia o democracia”. “La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo”, ha escrito Puente.

Muy duro se ha mostrado el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien ha hablado directamente de una maniobra para derrocar al Gobierno de coalición. “Procesar al Fiscal General”, ha declarado en sus redes sociales, “informa de a qué nos estamos enfrentando, a qué está dispuesta la reacción para derribar al Gobierno y a qué estamos emplazados en la izquierda más allá de los discursos”. En un tono más comedido, la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha puesto el acento en que la actuación por la que se quiere procesar al fiscal pretendía desmentir un bulo difundido por la Comunidad de Madrid. “Que el Supremo impute al fiscal general del Estado por defender esa institución de los bulos y las mentiras del entorno de Ayuso es algo que nos parece inquietante”, ha señalado Hernández. “Da un mensaje de impunidad a quien vive de mentir y degradar nuestras instituciones”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha interpretado que lo sucedido prueba que en realidad “sigue mandando la derecha” y ha responsabilizado al PSOE por pactar la composición del CGPJ con el PP. Belarra ha agregado: “El fiscal se va a sentar en el banquillo por unas supuestas filtraciones cuando tenemos una presidenta en la Comunidad de Madrid corrupta, que vive en un piso pagado con dinero negro y que es consecuencia de las mordidas que se llevó su novio por contratos de mascarillas durante la pandemia”.

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“Esta legislatura comenzó con unas altísimas dotes de inviabilidad, lo cual no me lleva a querer elecciones mañana o pasado mañana, que es algo que el PP ha planteado desde el primer momento”, ha afirmado García-Page en una comparecencia posterior a la cumbre celebrada en Barcelona. “Lo que sí digo es que las generales se celebraron a los dos meses de la hecatombe socialista y fueron los pactos del PP y Vox lo que revirtieron aquellos resultados. Eso no puede volver a pasar. Los alcaldes y presidentes socialistas no podemos ser la trinchera donde se desahogue la tensión en España. Para mí sería desleal con los ayuntamientos y autonomías socialistas ponerlos por delante y llevarse las bofetadas de la política nacional. Confío que no se les emplee como infantería y trinchera y que la patada se la lleven los demás”, ha enfatizado. Sánchez ha reiterado, ante la ofensiva de los barones del PP que le han exigido que adelante las elecciones, que su intención es completar la legislatura y que, por tanto, las generales serán dentro de dos años. Page no se ha sumado a las peticiones del PP en la reunión. Ya afuera, sí ha matizado su posición para que no se confundiera con la de los presidentes autonómicos populares: “El PP estaría siempre pidiendo elecciones hasta que les dé para gobernar”.

Page no ha hablado de fechas ni de calendarios, pero sí ha instado al secretario general de su partido que atienda su demanda. “La política nacional hundió a los ayuntamientos y autonomías socialistas en 2023 y esta vez no puede volver a pasar. No pueden ser víctimas ni rehenes de esa tensión nacional”, ha percutido en Barcelona. El único barón socialista con mayoría absoluta, “decepcionado” con la “falta de compromiso” del Gobierno para actualizar el sistema de financiación autonómico, sí ha realizado una defensa encendido y nada impostada de Salvador Illa y la normalidad institucional que ha devuelto en su primer año como president de Cataluña. “No voy a amparar ninguna polémica lingüística. Estamos en Cataluña, me parece normal que quien quiera hable en catalán. El problema no está en el catalán, gallego, vasco o el español, el problema está en quien utiliza la lengua como arma excluyente”, ha zanjado tras la polémica que ha protagonizado Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid ha cumplido su amenaza y ha abandonado, aunque solo durante unos minutos, la reunión tras escuchar hablar en catalán y euskera al lehendakari, Imanol Pradales (PNV). Antes, Illa ha intervenido íntegramente en catalán, sin que Ayuso se levantara del sitio. Presidentes del PP como el gallego Alfonso Rueda han hablado unos segundos en la lengua cooficial de su comunidad en la primera conferencia de presidentes en las que se podían utilizar los otros idiomas, aparte del castellano, que la Constitución reconoce en parte del país. El propio García-Page ha empleado el pinganillo con normalidad.

“Illa es bueno para Cataluña y el conjunto de España, está intentando establecer el sentido común. No voy a coincidir con él en algunas cosas, pero Illa se comporta con mentalidad nacional, de España. Y por ejemplo no usa el catalán como arma arrojadiza”, ha valorado. Illa, que además de president es el primer secretario del PSC, pactó una financiación singular con ERC que puso en alerta el verano pasado a García-Page y otros barones; desde entonces, las garantías de Illa de que no pretende un trato privilegiado han calmado los ánimos, aunque la menor chispa podría hacer saltar de nuevo las hostilidades entre las federaciones socialistas.

La falta de avances en la financiación es el punto que más ha defraudado a García-Page, que preside una de las comunidades más penalizadas por el modelo vigente, que se aprobó en 2009 y todos los presidentes, sean del partido que sean, consideran obsoleto. “No soy ingenuo, no venía buscando una votación pero sí al menos un compromiso dialéctico y no ha habido ninguno pese a que llevamos 11 años de retraso”, ha lamentado el presidente de Castilla-La Mancha, que ha desvelado que ha solicitado dos veces, sin éxito, que las comunidades autónomas cuenten con un calendario para el futuro modelo de financiación. “La izquierda no puede hacer un planteamiento de privilegio: no puede ser que los que más tienen más se quejen. Pagan quienes más tienen. La riqueza es de todos los españoles, los territorios no pagan impuestos ni son los propietarios de la riqueza de un territorio y no voy a consentir que la riqueza nacional se trocee en 17 economías como si se buscasen privilegios”, ha apostillado.

“Esta reunión tiene de positivo que se haya celebrado en Barcelona y que el presidente de Cataluña no solo asista y que acepte que se celebre en su comunidad... En sí mismo esa normalidad tiene un alto valor político pero más allá de la foto, que es más importante que en otras ocasiones, la sensación que me llevo es que cualquier español que pudiera haber seguido la reunión habría visto que el país es un puzle roto, con piezas averiadas y con un frentismo asfixiante que hace imposibles los acuerdos”, se ha despedido.

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El presidente, que no concede una rueda de prensa desde el 29 de abril, no se ha pronunciado sobre la última crisis que ha zarandeado al Gobierno y ha opacado su gestión. En vez de marcar la agenda, los buenos datos del paro conocidos el martes, que ha bajado de los 2,5 millones por primera vez en 17 años, fueron secundarios en todos los noticiarios. Las ayudas de 100 euros para gafas y lentillas a menores de 16 años que Sánchez anunció el lunes de la semana pasada, el primer día con Díez acaparando titulares, también pasaron sin pena ni gloria. El partido, donde hay cuadros que se declaran “en shock” también ha pasado de puntillas: “Leire es un militante y nada tiene que ver con Ferraz ni con Organización”, despachó Santos Cerdán en los pasillos del Congreso.

En La Moncloa reconocen en privado que no vieron en un principio el impacto que podrían tener las grabaciones de Díez, en las que llegaba a ofrecer tratos de favor hasta de la Fiscalía a cambio de información negativa de mandos de la UCO, aunque actuase por su cuenta y no en nombre del Gobierno ni del PSOE. Su baja como militante, el cortafuegos con el que Ferraz confiaba dar carpetazo a una semana agónica, resultó insuficiente. “No hemos estado rápidos. A alguien que el primer día menoscaba la imagen del partido le metes un tajo y cortas esto de raíz. Si se quiere ser expeditivo se es en una tarde. No entiendo esa inacción que da a entender lo que no hay”, piensa un miembro del Gobierno curtido en mil batallas orgánicas.

En el partido tampoco se ha entendido el trato concedido a Díez, que el martes pidió comunicarle en persona su renuncia a Cerdán. El número tres del PSOE accedió y lo atendió después de su declaración de dos horas en la sede del PSOE con el director de los servicios jurídicos del partido, Alberto Cachinero, que era el instructor de su expediente, que se abrió el miércoles pasado sin medidas cautelares, cuando habían transcurrido 48 horas del inicio del serial de informaciones de Díez. En Ferraz explican que Díez se empecinó y Cerdán optó por resolver de una vez una crisis que al PSOE se le ha hecho bola. Fuera, entretanto, una romería de cámaras y redactores aguardaba a Díez, que decía que no quería “un circo” y cuyo entorno avisó cuándo acudiría a la sede estatal para espanto e incredulidad de la cúpula socialista.

“Es la prueba palpable de que no está bajo nuestro control ni trabajaba bajo las órdenes del PSOE. ¿Por qué si no nos da el pendrive?“, remarcan en la cúpula socialista sobre la información que Díez habría recabado de la trama de hidrocarburos y la policía patriótica que actuó durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El PSOE llevará a la Fiscalía el pendrive con la información aportada por Díez. Fuentes del partido explican que la decisión se ha tomado para que se tomen en sede judicial “las medidas que consideren”. La intención era haberlo hecho este miércoles pero le ha resultado imposible a sus abogados, que tenían un juicio sobre el caso FP, en el que se investiga el presunto fraccionamiento irregular de contratos de centros educativos de la Comunidad de Madrid. La dirección del PSOE subraya que los servicios jurídicos han custodiado la memoria portátil y que ningún cargo ajeno a ese departamento ha tenido acceso a su contenido.

”La militancia es la piedra angular del partido y del proyecto de Pedro. Urge cuidar a nuestros afiliados, Díez ha indignado a todo el mundo y ha puesto sobre blanco que en las primarias, sobre todo en las de 2017, medraron unos cuantos friquis”, reflexiona un sanchista de primera generación que coincidió con Díez en Los Sugus, el primer equipo de campaña en redes sociales de Sánchez en las primarias de 2014 contra Eduardo Madina.

El Ejecutivo atribuye la sucesión de escándalos a una guerra sucia por parte de la derecha. Ese es al menos el discurso oficial, según insistió este miércoles Óscar López. “Yo acuso a Feijóo, que es el responsable directo de este ruido ensordecedor. Lo que estamos viendo es guerra sucia contra el Gobierno La última versión de el que pueda hacer que haga”, arremetió, aludiendo a la polémica frase de José María Aznar, el ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid. Otros ministros que compaginan el Gobierno con la dirección del partido en sus territorios marcaron toda la distancia que pudieron con Díez. “Como ministra lo que puedo decir es que desde luego no representa el Gobierno de España. Ya lo hemos dicho, toda nuestra confianza y todo nuestro apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también a la UCO. Y no tengo más que decir”, zanjó Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general en la Comunidad Valenciana.

El discurso de Emiliano García-Page fue menos edulcorado. El presidente de Castilla-La Mancha fue la voz de quienes demandan más contundencia al partido. “Esta señora —por Díez— no tiene la más mínima base de credibilidad. Para el PSOE es un drama todo el espectáculo que se está ofreciendo... Que encima busque show es todavía más dramático. Quiero pensar que se ha ido voluntariamente porque si no se lo hubiera expulsado. Quiero pensar que es así porque sinceramente para estar en el PSOE no solamente hay que cumplir con el código penal, también hay que tener un código ético", lamentó. “Llevo diez años echando en falta algo de autocrítica, algo”, remachó el barón en una de sus andanadas habituales a Ferraz y La Moncloa. Page aprovechó para pedir que las elecciones generales se celebren antes de las municipales y autonómicas de 2027. “Yo lo que me encuentro es a multitud de responsables locales y territoriales, en un grito contenido, deseando que las generales no afecten a las municipales y autonómicas, y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría”, aseveró.

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Díez ha justificado su comportamiento en las grabaciones que se han conocido y que terminaron motivando la apertura de un expediente informativo del PSOE y que fuese citada este martes en Ferraz, donde durante dos horas declaró ante el director de los servicios jurídicos del partido, Alberto Cachinero, que era el instructor de su caso. “Como es evidente, cualquier relación con la Fiscalía correspondería a los abogados de los implicados (…) Puse encima de la mesa las posibilidades que existen en nuestro ordenamiento. No comprometí ningún comportamiento de ningún servidor público. De eso estoy absolutamente segura. Ni de fiscales, ni de nadie”, ha asegurado. “Si se ha interpretado otra cosa, puede ser una mala interpretación, quizás es que me haya equivocado en mi cálculo, pero hasta el juez Peinado parece que se equivoca y es humano”, ha querido zanjar aludiendo de forma expresa al magistrado que ha imputado varios delitos a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno.

La socialista, que hoy tramitará su baja como afiliada —espera que sea “temporal”—, ha reivindicado en su comparecencia de nueve minutos el trabajo periodístico que, sostiene, ha realizado durante años investigando a las cloacas del Estado. El martes entregó en Ferraz un pendrive con la información que dice haber recabado sobre la trama multimillonaria de los hidrocarburos y sobre la denominada policía patriótica, la trama parapolicial responsable de la guerra sucia contra los independentistas catalanes y Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

“Soy una ciudadana con derechos, creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo y la trama de los hidrocarburos”, se ha justificado. Díez ha sostenido que en esa tarea “ha tenido conocimiento del detalle de muchos escándalos directamente de las personas afectadas, con entrevistas, con reuniones, recopilación de datos, recuperación de antecedentes, análisis de procesos judiciales, relación del funcionamiento de los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos”. “En resumen, lo que se conoce como una tarea de periodismo e investigación con el objetivo de publicar un trabajo que evalúe diversos casos de gran trascendencia para nuestro Estado de derecho”, ha reflexionado. El martes, tras entregar esa documentación, pidió como último deseo comunicarle su renuncia en persona a Santos Cerdán, el secretario de Organización del partido. El número tres de los socialistas atendió su solicitud.

El PSOE llevará a la Fiscalía el ‘pendrive’ con la información aportada por Díez. Fuentes del partido explican que la decisión se ha tomado para que se tomen en sede judicial “las medidas que consideren”. La intención era haberlo hecho este miércoles pero le ha resultado imposible a sus abogados, que tenían un juicio sobre el caso FP, en el que se investiga el presunto fraccionamiento irregular de contratos de centros educativos de la Comunidad de Madrid. La dirección del PSOE subraya que los servicios jurídicos han custodiado la memoria portátil y que ningún cargo ajeno a ese departamento ha tenido acceso a su contenido.

“Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre, que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones”, ha concluido Díez antes de que llegase la traca final. Víctor de Aldama ha reventado el final de la comparecencia.

De pronto, un hombre engominado, ataviado con un traje gris, camisa a juego y sin corbata, ha accedido a la sala, ubicada en la planta baja del hotel, por el lado izquierdo. Un periodista ha vociferado:

—¡Es Aldama!

Víctor de Aldama, el empresario investigado en la trama de hidrocarburos y presunto conseguidor en la trama del caso Koldo, se ha acercado a la mesa de Díez ante la mirada atónita de más 40 cámaras y reporteros. Aldama le ha espetado a Díez: “¿Me explicas?”. Inmediatamente, Diez ha sido consciente de quién tenía delante. Se ha levantado, rauda, y se ha dirigido al otro lado de la sala, donde existía una salida. Aldama, visiblemente nervioso, ha salido detrás ante la marabunta de medios que no daban crédito. La secuencia ha dejado empujones, agarrones, tirones, gritos, botellas de agua por el aire, el agua encharcando el suelo, roturas de cable… Aldama ha seguido la estela de Díez contestando a algunas preguntas de los periodistas y envuelto en un estado de nerviosismo muy visible.

—Señor Aldama, ¿por qué ha venido?

—No me agarre más.

El espectáculo acababa de comenzar. Aldama ha continuado hasta el final de la sala, donde Díez ha desaparecido y un hombre ejercía de guardaespaldas. “Vale. Vale. Vale”. “¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí!”. Y ha impedido el paso de Aldama, que insistía en llegar a Díez. “Llamad a la policía. Llamad a la policía. Venga, sacadla. ¡La sinvergüenza esta! ¿No os dais cuenta de que es una pantomima de estos sinvergüenzas del Gobierno?”. Nervioso, insistía. “¿En qué ha mentido?, en todo, ¿pero no os dais cuenta?”. La marabunta de medios ha seguido tras él, que reiteraba: “¿No habéis escuchado los audios?, se está riendo de todos los españoles. Al señor [José Luis] Ábalos lo expulsaron del partido [el exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE fue suspendido cautelarmente en febrero de 2024]. ¡Es una sinvergüenza!”.

—¿La va a denunciar?

—Por supuesto.

Aldama ha tratado de salir de la sala de la comparecencia de Díez por otro lado, junto a su portavoz ante los medios, Ramón Bermejo. Más nervioso, mantenía: “Esta señora no sabe lo que ha hecho con venir aquí [...] Ya veréis lo que va a pasar. También al presidente del Gobierno y al señor Cerdán [Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE]”. A continuación se ha subido a un ascensor, donde ha preguntado a su portavoz: “¿Quién me ha empujado? ¿El Dolset este, no?“. ”Sí, estaba ahí en la esquina“, le ha respondido Bermejo.

Aldama ha salido directamente a la calle O’Donnell y ha cruzado el asfalto en busca de un taxi.

—¿Esto sería el final del Gobierno de Sánchez?

—Esperemos que así sea. A ver si ya de una vez el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer y saca a este Gobierno en el que estamos.

Aldama ha levantado la mano. Un taxista se ha parado. Se ha metido dentro y, casi 20 minutos después de su irrupción sorpresa, ha terminado el circo matutino.

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La ya exafiliada, que niega ser una fontanera de Ferraz, ha entregado según afirman fuentes conocedoras de la reunión a EL PAÍS, un pendrive con la información que dice haber recabado sobre la trama multimillonaria de los hidrocarburos y sobre la denominada policía patriótica, la trama parapolicial responsable de la guerra sucia contra los independentistas catalanes y Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Díez ha convocado a la prensa para este miércoles a las diez de la mañana en una comparecencia en un hotel madrileño en la que su intención es explicar las razones personales y orgánicas que le han llevado a pedir su baja como militante del Partido Socialista. En principio no está previsto que acepte preguntas. Una de las razones que justificarían su renuncia al carnet de militante es que de ese modo tendría más libertad para defender su investigación contra determinados mandos de la UCO sin comprometer al PSOE y, por extensión, al Gobierno. Díez se ha negado a hacer declaraciones tanto a su llegada a la sede del PSOE, a las 16.25, como a su salida, a las 18.40, en medio de un enjambre de cámaras y periodistas. La expectación mediática ha sido similar a la de los comités federales, que reúnen a la dirección estatal, los barones y líderes territoriales y a otros dirigentes del partido.

La reunión con el responsable de los servicios jurídicos encargado de recopilar la información sobre el caso y las alegaciones de Díez era el paso previo a un posible expediente disciplinario que podría conllevar la expulsión del PSOE por el daño a la imagen y reputación del principal partido del Ejecutivo. Las fuentes consultadas contemplaban que esa posible decisión llegaría como tarde a finales de esta semana. Según la versión ofrecida por el PSOE, Díez ha renunciado de forma voluntaria como militante al final de su declaración. Díez ha pedido comunicarle directamente al secretario de Organización, Santos Cerdán, su renuncia como militante, y así ha ocurrido, señalan fuentes conocedoras de la reunión. El partido ha explicado que, “en cuanto la misma sea efectiva, cualquier medida de carácter orgánico quedará suspendida”.

Líderes territoriales socialistas reclamaban en público y privado un gesto contundente que sirviera de “pararrayos” al daño que el comportamiento de Díez estaba ocasionando a las siglas de un partido que acaba de cumplir 146 años de historia. El nerviosismo entre los cuadros de todo el escalafón iba a más conforme se sucedían los días y se conocían más detalles de la forma de proceder de Díez. La reacción de Ferraz también era cada día más cuestionada por parte de los cargos que reclamaban una respuesta rápida y tajante para salvaguardar al partido, sometido a una ofensiva durísima de la derecha.

La renuncia de Díez se ha recibido con un alivio automático a lo largo y ancho del escalafón del partido. Y ha facilitado al PSOE una salida, sin tener que esperar a que el partido tuviese que abrir un expediente disciplinario que habría llevado días. En Ferraz insistían, para justificar el tiempo que se estaban dando, que Díez era una militante de base “que tiene deberes, pero también derechos”, al tiempo que reiteraban que no estaba en nómina del partido ni trabajaba a sus órdenes. Licenciada en Ciencias Sociales y de la Información, Díez esgrimió para justificarse que su intención era “sacar información para un libro de investigación sobre temas de hidrocarburos”. El empresario Javier Pérez Dolset, imputado en la Audiencia Nacional por una causa sobre fraude que él niega, ha afirmado que lleva seis años investigando con Díez “las cloacas del Estado”.

El PSOE inició el pasado miércoles un expediente tras la presión creciente tanto dentro como fuera del partido para que se actuase con urgencia. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, instó a tomar “medidas drásticas e incluso medidas legales”.

Las informaciones conocidas los días posteriores habían redoblado aún más la presión, forzando incluso a Correos a emitir un desmentido en el que aseguraba que la socialista “nunca fue responsable del voto por correo” en las elecciones generales de 2023. Díez fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales entre febrero de 2022 y principios de 2024, durante la etapa como director ejecutivo de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de su llegada a La Moncloa. Previamente fue responsable de comunicación en Enusa, la empresa estatal de uranio, entre octubre de 2018 y diciembre de 2021 durante la presidencia de José Vicente Berlanga, hombre de confianza de José Luis Ábalos.

Díez defendió su inocencia el viernes en un chat de militantes del PSOE de Cantabria, según avanzó EL PAÍS. “Me llamó Juanfran Serrano [el número dos de Santos Cerdán en el área de Organización del PSOE] para decirme lo del expediente informativo. Me han dicho que me llamarán”, escribió Díez en el grupo de WhatsApp. “He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación”, les transmitió. Díez aseguró, además, que iba a poner la información que habría recopilado “a disposición [del PSOE] para su análisis”. “Y de verdad que estoy aliviada de poder compartirla”, abundó, transmitiendo así la idea de que habría actuado por su cuenta y no mandatada por el partido.

Dirigentes del PSOE entre los que se encuentran barones, diputados y senadores, defendían desde el inicio de la crisis que el partido podría aplicar el artículo 8 de los estatutos del PSOE. Ese punto establece que un militante del que se “observe mala conducta cívica o ética, falte al programa o a los acuerdos o resoluciones de los órganos competentes del Partido, exprese públicamente sus opiniones en términos irresponsables o con deslealtad al Partido o a sus afiliados, cometa actos de indisciplina, injurie o calumnie a alguna persona que pertenezca al partido, o de cualquier otra forma viole las obligaciones que a todos miembros del Partido imponen los presentes Estatutos Federales y la normativa citada, será sancionado previos los trámites reglamentarios y mediante decisión de los órganos competentes, con medidas que podrán llegar hasta la expulsión en aplicación del régimen disciplinario”.

El artículo 92 de los estatutos regula cuáles son los dos escenarios que afronta Díez: el archivo de su causa o un expediente disciplinario que podría suponer su suspensión cautelar como militante. Fue la misma medida que se aplicó a Ábalos, exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE, tras negarse a renunciar al acta de diputado en febrero de 2024, como le exigió Ferraz tras el estallido del caso Koldo. El Tribunal Supremo investiga a Ábalos, que desde entonces forma parte del Grupo Mixto en el Parlamento, por cuatro delitos (tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación).

El punto mencionado de los estatutos establece que “con anterioridad a la iniciación del expediente disciplinario”, la dirección federal del PSOE o los órganos competentes “podrán realizar, si lo consideran necesario, actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación”. Y añade que el órgano ejecutivo que acuerde el inicio de las actuaciones nombrará a un instructor “con el propósito de recabar la información respecto a los hechos que se han producido”. Justo lo que este martes ha sucedido en Ferraz, donde Díez ha tenido la oportunidad de defenderse antes de solicitar su baja. “Una vez recabadas las pruebas oportunas, el instructor pondrá en conocimiento del órgano ejecutivo correspondiente todas las actuaciones realizadas, quien adoptará la decisión de incoar el expediente disciplinario o archivar la causa”, añade el artículo.

Aunque ya no será necesario, el instructor tenía previsto terminar el expediente informativo una vez que hubiera incluido todo el material necesario para que los órganos políticos tomasen la decisión de seguir adelante con un expediente disciplinario o archivar el caso. La comisión federal de ética y garantías, el máximo órgano disciplinario del PSOE, solo habría intervenido si Díez hubiese recurrido en el supuesto de que hubiese sido sancionada y de que no estuviese de acuerdo con el castigo.

Transcurridos 16 meses, el máximo órgano disciplinario del PSOE aún no ha resuelto la suspensión cautelar de Ábalos, que la ha recurrido y tachado de “arbitraria”. El PSOE mantiene abierto el expediente disciplinario al ex ministro de Fomento y ex secretario de Organización, sin resolución definitiva, argumentando que se tramita con garantías debido a su relevancia en el partido. En perspectiva, la crisis protagonizada por Díez se ha resuelto en menos de una semana que para el PSOE ha sido eterna.

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El presidente, que si mantiene su plan de no convocar elecciones superará en 2026 a José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero —Felipe González estuvo en La Moncloa más de 13 años—, ha destacado en su discurso la subida acumulada del 61% del salario mínimo interprofesional (desde los 735 euros de 2018 hasta los actuales 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas) y la lucha contra la precariedad laboral “con más y mejor empleo”. El tirón de la Semana Santa llevó al empleo a un nuevo récord con 21,6 millones de afiliados en abril. El paro se situó en el nivel más bajo desde julio de 2008, con 2,5 millones de inscritos. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han elevado las previsiones de crecimiento de España este año al 2,5% pese a la guerra comercial desatada por Donald Trump, muy por delante de las principales economías de la eurozona. “Ese es el resultado de estos siete años en los que España no ha dejado de avanzar por adversas que hayan sido las circunstancias”, ha subrayado.

El líder del PSOE también ha mencionado como un hito de su Gobierno la “revalorización conforme al coste de la vida” de las pensiones “donde hubo congelación y pérdida de poder adquisitivo”. Un asunto capital en un país con 12 millones de jubilados, que de momento se mantiene fiel al bipartidismo frente a la irrupción de la ultraderecha, que tras la abstención es la opción preferente de las generaciones más jóvenes, como refleja el último barómetro de 40 dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. Los socialistas han reducido a tres puntos la distancia con el PP, según el último trabajo demoscópico.

Sánchez mejora además en valoración ciudadana desde las elecciones de 2023 y el presidente de Vox, Santiago Abascal, supera al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El PP ha convocado el domingo una concentración en Madrid por los supuestos casos de corrupción y describe al PSOE como una “mafia” que tiene a Sánchez de “capo”. Vox, que no acudirá a la concentración, le pidió que presentara una moción de censura. La Conferencia de Presidentes se celebrará dos días antes en Barcelona, en un clima marcado por la tensión entre los barones del PP con el Gobierno central.

La visita a Melilla, que como ocurre en la otra ciudad autónoma, Ceuta, no tiene delegada las competencias en sanidad, que sí gestionan las comunidades autónomas, le ha servido a Sánchez para destacar la apuesta del Gobierno por los servicios públicos. “En España hoy se invierte casi un 30% más en Sanidad que en 2018″, ha puesto como ejemplos.

El presidente también ha recordado que la semana pasada el Gobierno asumió el compromiso de financiar, a partir de septiembre, las gafas y las lentillas con una ayuda de hasta 100 euros para los menores de 16 años. El anuncio quedó eclipsado por las grabaciones en las que Leire Díez, una militante del PSOE que ha desempeñado puestos de responsabilidad en empresas públicas dependientes del Gobierno durante la etapa de Sánchez, ofrecía tratos con la fiscalía en reuniones con empresarios, abogados y guardias civiles a cambio de información negativa de mandos de la UCO. “Donde hubo despidos masivos y se cerraban plantas enteras de atención sanitaria, hoy se abren hospitales públicos”, ha incidido Sánchez tratando de romper el marco de las últimas semanas, en las que el Gobierno ha enlazado el apagón del 28 de abril, la interrupción del servicio ferroviario, el procesamiento del hermano del presidente y otras derivadas como el revuelo por el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, el secretario general de Extremadura, o el protagonismo de Leire Díez, que esta semana acudirá a Ferraz a defender su comportamiento tras la apertura el pasado miércoles de un expediente informativo que podría derivar en su suspensión cautelar. En todo caso, la parte socialista del Gobierno ve una “campaña mafiosa” contra Sánchez que devora su agenda y que calcula que no se reducirá hasta que no pase el congreso del PP de principios de julio.

“Esta es la España de hoy, un país que lidera y que es motor de crecimiento económico de toda la Unión Europea, que crea más de cuatro de cada diez nuevos empleos en Europa. Un país que inspira como referente en derechos y libertades en progreso, cohesión social y cohesión territorial”, ha valorado Sánchez en la única alusión implícita a Cataluña justo el día que se ha conocido que el Tribunal Constitucional avalará el núcleo central de la ley de amnistía.

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En los audios, adelantados por El Confidencial, se escucha una reunión celebrada en marzo por videoconferencia entre Díez y un grupo de abogados, junto al empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en las subvenciones públicas y el empresario de hidrocarburos Alejandro Hamlyn, imputado en la Audiencia Nacional por liderar una “organización criminal” dedicada al fraude de hidrocarburos, por la que la Fiscalía reclama que se le impongan más de 89 años de cárcel. En este encuentro, Díez se muestra interesada por una información que dice disponer Hamlyn sobre un presunto caso de corrupción en el seno de la UCO, contra el teniente coronel Balas, máximo responsable de la investigación de las causas contra el hermano y la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del caso Koldo y Ábalos.

Hamlyn, que reconoce haber pagado una deuda a la Hacienda del País Vasco de más de 1.000 millones de euros, pide dos cosas antes de proporcionar más información que asegura tener: “Un papelito bien firmado y que se me arregle lo de la foral [una Hacienda vasca]. Necesito algo firme y yo me pongo firme con vosotros”. A cambio, Díez ofrece la posibilidad de sentarse con un fiscal: “Yo te puedo sentar con la Fiscalía”, repite. No queda claro, pues la militante no lo menciona en ningún momento, si el nivel de influencia que prometía en la reunión para lograr alguna ventaja en su proceso judicial era tan real como proponía. Tampoco señala en la conversación que hable en nombre del PSOE ni de ningún cargo.

“No tengo ninguna vinculación con Ferraz. Es cierto que estoy investigando cuestiones que tienen que ver con el mal funcionamiento en algunos casos de algunas instituciones, pero en ningún caso tiene que ver con un menoscabo de la UCO ni nada parecido”, niega Díez en conversación con EL PAÍS. Preguntada sobre el motivo que la llevó a investigar sobre estos temas, responde que su objetivo era “escribir un libro de investigación sobre temas de hidrocarburos”. “Nunca he trabajado en [el área de] Organización del PSOE, en Ferraz, no hay nada que esconder”, insiste, al tiempo que remarca que “en ningún momento” habla en la grabación conocida en nombre del PSOE o del Ejecutivo.

Díez ha sido teniente de alcalde y secretaria general del PSOE en Vega de Pas (Cantabria) en 2017. También ha trabajado en dos empresas públicas: fue jefa de Comunicación de Enusa (Empresa Nacional de Uranio) entre 2018 y 2021 y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos entre 2022 y 2024.

Ferraz no contempla abrirle un expediente, como plantean algunos representantes públicos consultados molestos con la actitud y promesas de Díez en la reunión cuyo audio se ha difundido, con el argumento de que no hay un motivo concreto que se pueda sustentar en los estatutos del partido. “No sé qué se puede hacer, pero la imagen que queda es nefasta. Hay una mezcla de cabreo y de estupor. Esta persona no está a sueldo del PSOE, ha ido por libre prometiendo lo que no puede y sin que nadie le ordenara nada”, defienden en la cúpula socialista.

La sensación de abatimiento, combinada con cierta incredulidad, era la tónica común en las bancadas del PSOE este martes en el Congreso y el Senado. “No tengo ni idea de quién es esa mujer. No es una persona habitual de Ferraz, yo al menos no tengo conciencia de haberle visto en mi vida”, alegaba un peso pesado del Gobierno, que le restaba toda credibilidad tildándole de “una Pequeña Nicolás más”. “Aquí hay más fantasmas... Si no le conozco es que importante no es, ¡tendría que ser de fontanería, fontanería [profunda]!”, ironizaba un alto cargo del Ejecutivo que recalcaba que la protagonista de la última crisis del PSOE “no había sido objeto de conversación” en el Consejo de Ministros.

En La Moncloa también se desmarcaron en privado de Díez, negando que hablase en su nombre. “Ofrece cosas que no puede prometer, pero no dice que haya hablado con el Gobierno. Tenemos una grabación editada en la que promete cosas que no puede prometer ni está autorizada”, argumentan en la sede del Gobierno, donde surge de nuevo la comparación con el Pequeño Nicolás. “El Bigotes también prometía cosas que luego no eran verdad. Los intermediarios tienden a exagerar su poder”, era otro ejemplo que ponían.

Un miembro de la dirección federal, que sí reconoce que conocía a Díez, a la que define como una persona “maja” y “afable”, no escondía su estupefacción. “¿Qué si esto nos debilita? Ya más no", se mostraba tajante. “Se ha abusado tanto de los bulos que ya te insensibilizas”, añadía, aunque acto seguido reconocía que la concatenación de informaciones de presuntos escándalos de corrupción “es un mazazo para la militancia”.

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La proliferación de imágenes suyas con la cúpula del PSOE, con fotografías con el líder del partido, su esposa, Begoña Gómez, la exvicesecretaria general Adriana Lastra y una constelación de estampas con dirigentes del partido y del Gobierno, se han vuelto ahora incómodas para un Gobierno que cada día amanece con un nuevo frente. “Mi lectura de lo que está pasando es que se ha convertido en una Pequeña Nicolás del PSOE, donde se ha dedicado durante años a hacerse fotos y fotos y fotos con diferentes personajes en cada momento para vender una serie de contactos. Creo que está intentando o pretendía hacer méritos llevando como cuando un gato te trae un ratón a la puerta de casa”, piensa un líder territorial. Hay cargos partidarios de un expediente como una forma de marcar distancia, una opción que, al menos de momento, en Ferraz no tienen sobre la mesa. El motivo que alegan es que Díez no habría actuado en representación del partido o del Gobierno en la controvertida grabación que El Confidencial publicó esta semana de la que la oposición concluye que el Gobierno habría montado una operación para desacreditar a la UCO, que estaría ultimando un informe sobre Santos Cerdán. “Pueden abrir lo que quieran, pero entiendo que se habrá visto que este es el enésimo ejercicio de manipulación contra el Gobierno”, afirma.

Todos los cargos consultados, entre los que se encuentran miembros de las distintas ejecutivas de Sánchez y cuadros conocedores del funcionamiento de Ferraz, niegan que Díez formase parte del equipo de fontaneros del PSOE. “No ha formado parte de la plantilla de Ferraz ni ha cobrado”, dice una voz autorizada. “Soy una militante de base y desde que fui teniente de alcalde en Vega de Pas [2011-2014, 750 habitantes] y secretaria general no he tenido ningún cargo público de representación y jamás un cargo orgánico”, asegura en conversación con EL PAÍS, al que niega formar parte de lo que la derecha ha denominado como “las cloacas del PSOE”. “En mi vida la he visto trabajando en Ferraz”, afirma un dirigente que tiene mala opinión de ella: “Es conflictiva”. “Por Ferraz no había vuelto a aparecer desde las primarias de 2014. Lo que se está diciendo no tiene sentido, no cuadra con lo que hacía, no encaja... Aunque bueno, Koldo era un mindundi y fíjate en lo que se convirtió”, añade un cuadro que conoce el funcionamiento de la sede estatal del PSOE.

Díez nació en Portugalete (Bizkaia) y está licenciada en Ciencias Sociales y de la Información. Se sacó el carnet de militante socialista en el PSE-EE, aunque su trayectoria en el PSOE está vinculada a la federación de Cantabria. “Ella viene aquí como periodista y supuestamente con una experiencia tremenda. En aquel momento era la revolución de las redes sociales. Hacía alarde de controlar mucho y se ganó el favor de la dirección regional de entonces que encabezaba Eva Díaz Tezanos”, cuenta una fuente conocedora de la vida orgánica de la federación cántabra, donde Díez apoyó en las últimas primarias al vencedor por un estrecho margen, Pedro Casares, frente al líder territorial desde 2017 y exvicepresidente autonómico Pablo Zuloaga. “En Vega de Pas gobernó con el PP, hasta que el PP se hartó de ella y acabó la legislatura en solitario tras echarle de teniente de alcalde”, subraya un alto cargo. Las mismas fuentes críticas añaden que el PSOE pasó de tener dos concejales a ningún concejal. “Ella acabó dejando la agrupación en una gestora tras la celebración incorrecta de una asamblea en la que se le volvía a elegir a sí misma secretaria general”, añade una dirigente crítica con su labor orgánica de aquellos años.

La moción de censura contra Mariano Rajoy abrió un escenario inesperado. De la noche a la mañana, el PSOE regresó a La Moncloa. “Hacía falta gente por todos lados. Lo primero que se hace en una situación así, tan inesperada, es tirar de los tuyos. Y a Leire le llegó la oportunidad como a tantos otros de fichar por el Gobierno”, explica una persona que estuvo en la organización del relevo repentino en el Ejecutivo. Díez era en ese momento la responsable de comunicación del PSOE de Cantabria, aunque pocas semanas después perdería la confianza del nuevo líder territorial, Zuloaga, que se impuso a Díaz Tezanos.

Díez dio el salto a una compañía pública estatal: Enusa, la empresa nacional del uranio. “No existía la figura de comunicador en la empresa y me lo propusieron”, sostiene. Entró en 2018 y en 2021 se rompió la relación laboral. Entre 2022 y 2024 fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, hasta que llega a su presidencia Pedro Saura. “Desde entonces me dedico a mi profesión de periodista como autónoma, trabajando con distintas empresas”, asegura sin desvelar la identidad de las compañías “para respetar su privacidad”.

Díez afirma que no tuvo “prácticamente ninguna relación” con José Luis Ábalos y “menos trato todavía” con su sucesor como secretario de Organización, Santos Cerdán. “Es que yo no pasaba nunca por Ferraz, el día que me hacen la foto [con la que El Confidencial ilustra su información] fui a ver a una compañera de hace años que estaba en el equipo de redes de Rubalcaba. Ese día, a esa hora, Cerdán estaba en el Congreso, para que vean la relación que tengo”, esgrime.

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La apertura de un expediente la reclamaban barones como Emiliano García-Page. El argumento que daban en la sede estatal del PSOE ante la urgencia que le transmitían dirigentes del partido es que Díez, de la que niegan que fuese una fontanera del partido, en ningún momento dice hablar en nombre del PSOE o del Gobierno, según las grabaciones incompletas que han trascendido. La presión y la incomodidad creciente con la actitud y promesas de Díez en sus reuniones con mandos de la Guardia Civil y empresarios, ofreciendo incluso pactos con la Fiscalía que Díez justifica porque, en su condición de periodista, estaría “intentando sacar información para un libro de investigación sobre temas de hidrocarburos”, ha llevado al PSOE a iniciar el proceso para abrirle un expediente. Fuentes de Ferraz adelantan que esperan incorporar al expediente “la totalidad de la grabación realizada ilegalmente en el despacho de un abogado, y de la que hasta la fecha solo se conocen algunos cortes”, así como el propio testimonio de la afiliada afectada. El inicio del procedimiento no ha convencido en todo caso el PP, que lo ha tildado de “paripé”. “Nadie ofrece tratos con la Fiscalía o la Abogacía del Estado si alguien no le ha conferido el poder para hablar en su nombre. Y ambas instituciones dependen de Pedro Sánchez”, han señalado fuentes del partido.

El secretario de Organización, Santos Cerdán, ha negado por la mañana que Díez actuase por encargo del partido en las reuniones que mantuvo para obtener información sobre la UCO. “Es un militante y nada tiene que ver con Ferraz ni con Organización”, ha afirmado en los pasillos del Congreso. “Con un solo brazo, no tengo para tanto mano derecha”, ha ironizado acerca de las informaciones que vinculan a la afiliada de la federación de Cantabria con el departamento que dirige en Ferraz. “Por supuesto que no”, ha respondido a la pregunta de si Díez recibía instrucciones de la cúpula socialista.

La reacción del partido en un caso que está afectando a su reputación estaba siendo cuestionada en privado por bastantes dirigentes que reclaman celeridad para defender la imagen del PSOE. Una vez más, Emiliano García-Page ha sido el que ha dicho en público lo que piensan otros cargos autonómicos y provinciales. “El partido está tardando, sinceramente, en tomar medidas más tajantes. Porque ayer el Gobierno y el partido dejaban entrever que no había problema porque no hablaba en nombre del Gobierno, no hablaba en nombre del partido. Ese plural que utiliza ella es lo que a mí personalmente me preocupa muchísimo y me da que pensar”, ha afirmado el barón socialista en una entrevista en RNE a primera hora de la mañana. El líder de los socialistas de Castilla-La Mancha se ha mostrado inquieto por las consecuencias de esta última crisis que sacude al PSOE: su conclusión es que no se han tomado medidas aún porque “alguien no está al tanto de lo que está pasando, o no es consciente de la cantidad de información que queda por salir” y eso le asusta “en términos de militancia”. No obstante, García-Page ha defendido “a ultranza la honestidad de la organización y del Gobierno”. José Zaragoza, peso pesado del PSC en el Congreso, también ha sido contundente antes de que llegara el anuncio del PSOE: “Hay comportamientos individuales que evidentemente no son ejemplares”.

Distintos cargos consultados, entre los que se encuentran líderes territoriales, diputados, senadores y alcaldes, comparten que el PSOE podía ser más contundente en la crisis y aplicar a Díez el artículo 8 de los estatutos del PSOE, que regula el comportamiento de los afiliados. Este apartado establece que un militante socialista del que se “observe mala conducta cívica o ética, falte al programa o a los acuerdos o resoluciones de los órganos competentes del Partido, exprese públicamente sus opiniones en términos irresponsables o con deslealtad al Partido o a sus afiliados, cometa actos de indisciplina, injurie o calumnie a alguna persona que pertenezca al partido, o de cualquier otra forma viole las obligaciones que a todos miembros del Partido imponen los presentes Estatutos Federales y la normativa citada, será sancionado previos los trámites reglamentarios y mediante decisión de los órganos competentes, con medidas que podrán llegar hasta la expulsión en aplicación del régimen disciplinario”. “La forma en que está redactado ese artículo da margen de sobra”, sentencia un dirigente autonómico. “Se me ocurren más artículos que aplicar y por mucho menos”, alegaba un senador con trienios.

Andueza sobre Díez: “Esas declaraciones están fuera de tono”

Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, ha salido en defensa de la UCO al mismo tiempo que ha reprobado el comportamiento de Díez. “Esas declaraciones están fuera de tono”, ha afirmado en un desayuno informativo en el que se ha mostrado “respetuoso con todas las instituciones del Estado, entre ellas la UCO y la Guardia Civil”. “Valoro mucho su trabajo y desde un punto de candidez creo en la honestidad de las personas que trabajan en las instituciones del Estado”, ha aseverado en un desayuno informativo. Andueza ha dicho que conocía a Díez “de redes sociales” y que sabía que es militante del PSOE de Cantabria. “Habré coincidido con ella en algún acto y se podría haber sacado una foto conmigo, lo digo de manera preventiva, porque no le conozco de nada más”, ha añadido. En cuanto a la opción de abrirle un expediente, el líder del PSOE vasco ha dicho que procura “poner todo en cuarentena y reposarlo” y se ha mostrado cauto. “Vamos a ver lo que ocurre. Lo que espero de todas las instituciones es honestidad. Espero que todo el mundo esté actuando conforme al código ético”, ha abundado. Horas después, Ferraz ha anunciado la apertura del expediente.

“Si esto que se ve y se publica es verdad, pues son actitudes rechazables”, ha declarado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, antes del desayuno. “El PSOE ha sido contundente y ya ha dicho que no tiene nada que ver con este asunto”, ha enfatizado por su parte Óscar López a su llegada al acto del líder de los socialistas vascos. El ministro de Transformación Digital y Función Pública y secretario general de Madrid ha achacado el caso a “una campaña de acoso y derribo permanente y constante al Gobierno”. “Todo lo que tenga que ver con cloacas del Estado, con policías patrióticas, con investigaciones raras, es el modus operandi y no es el del Partido Socialista”, ha reiterado.

Casi a la misma hora, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, se ha mostrado “muy disgustada” y sorprendida con el nivel de las conversaciones de Díez y ha admitido que la conoció hace “mucho tiempo” en Santander cuando era la responsable de comunicación de la federación socialista de Cantabria. Díez fue teniente de alcalde en Vega de Pas y secretaria general de la agrupación en el municipio de 750 habitantes. En 2018, tras ser despedida con el relevo en la dirección regional, dio el salto a Enusa, la empresa nacional del uranio, donde trabajó en comunicación entre 2018 y 2021. Entre 2022 y 2024 trabajó en otra compañía pública estatal: Correos, donde fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos. “Desde entonces me dedico a mi profesión de periodista como autónoma, trabajando con distintas empresas”, ha asegurado Díez a EL PAÍS sin desvelar la identidad de las compañías “para respetar su privacidad”.

El portavoz parlamentario de IU y líder del PCE, Enrique Santiago, ha roto esta mañana el silencio de Sumar en torno a las conversaciones que afectan a la militante socialista. Santiago, duda “mucho” de que, a tenor de la “vulgaridad” de lo que dice en los audios difundidos por El Confidencial, Díez actuara en nombre del PSOE al pedir pruebas contra la UCO, pero ha recomendado a los socialistas que tomen medidas. “Si hubiera ocurrido en mi partido, yo sé lo que haría”, ha afirmado a su llegada al pleno del Congreso, sobre las supuestas maniobras en contra de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Me ha parecido un espectáculo obsceno y vulgar y hay que tomar medidas”, ha subrayado, a la vez que ha exigido respeto para “todas las instituciones del Estado de Derecho y todos los cuerpos profesionales que tienen que investigar los delitos que se cometen”. Aunque Díez “no forma parte del Gobierno”, ha dicho que espera que sus compañeros del Ejecutivo “tomen medidas para que estas cosas no vuelvan a repetirse”, informa Paula Chouza.

El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha evitado pronunciarse, igual que un día antes la portavoz parlamentaria del grupo, Verónica Barbero. El objetivo era no darle munición al PP con este asunto. Fuentes de Sumar aseguran ahora que emitirán un comunicado en las próximas horas.

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“Buenos días. Como podéis comprender, llevo una semana complicada y es por eso que no he puesto nada por aquí. Sólo quiero decir tres cosas al menos hasta que se resuelva el expediente y, por lo tanto, permitidme la prudencia”, arranca el mensaje, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que Díez ha escrito a las 12.06 de este viernes en un grupo de afiliados formado por 77 integrantes, que representan a las distintas corrientes autóctonas del partido, entre los que figuran la actual portavoz de la federación, Ainoa Quiñones, el secretario de organización, Agustín Molleda, o el secretario general de Torrelavega, José Luis Urraca, según fuentes conocedoras de ese chat. Díez apoyó al actual secretario general del partido en Cantabria, el diputado nacional Pedro Casares, que en febrero se impuso en primarias por un estrecho margen a Pablo Zuloaga, líder territorial desde 2017 y exvicepresidente regional.

La primera puntualización que Díez hace en su defensa es que “como ya ha empezado a salir desde ayer y seguirá saliendo información, las cloacas mediáticas son mucho más profundas de lo que parecen”. “Pero la verdad es solo una y saldrá. De hecho, ya está saliendo”, apostilla. Díez, licenciada en Ciencias Sociales y de la Información, aseguró a este diario que lo que pretendía era “sacar información para un libro de investigación sobre temas de hidrocarburos”. Entre 2011 y 2014 fue teniente de alcalde en el pueblo de Vega de Pas y después responsable de comunicación de la federación del PSOE cántabro durante el mandato de Eva Díaz Tezanos. Tras esa etapa, ejerció durante más de cinco años puestos de responsabilidad en empresas públicas con el actual Gobierno (fue responsable de comunicación en Enusa, la empresa estatal de uranio, entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, antes de trabajar en Correos, donde fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales entre febrero de 2022 y principios de 2024). Desde entonces, Díez ha asegurado a este diario que se dedica a su profesión de periodista como autónoma, trabajando con distintas empresas cuya identidad no desvela “para respetar su privacidad”.

La parte a la que dedica más tiempo es a explicar su situación tras el inicio del expediente contra ella. “Voy a decir lo mismo aquí que he dicho a los compañeros periodistas respecto del expediente informativo. Me llamó Juanfran Serrano [el número dos de Santos Cerdán en el área de Organización del PSOE] para decirme lo del expediente informativo. Me han dicho que me llamarán”, señala Díez. Y sigue: “He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación”, explica en el chat de militantes cántabros. La comisión de ética y garantías del PSOE analizará su caso cuando se reúna, en una fecha aún por determinar.

“Pondré la información a disposición para su análisis. Y de verdad que estoy aliviada de poder compartirla”, añade Díez, que de este modo transmite a sus compañeros que no trabaja para el PSOE, como sostiene el partido, que niega tenerla en nómina y que trabajara a sus órdenes. “No tengo ninguna vinculación con Ferraz. Es cierto que estoy investigando cuestiones que tienen que ver con el mal funcionamiento en algunos casos de algunas instituciones, pero en ningún caso tiene que ver con un menoscabo de la UCO ni nada parecido”, declaró Díez esta semana a este diario. Cerdán negó esta semana que Díez actuase por encargo del partido en las reuniones que mantuvo para obtener información sobre la UCO. “Es un militante y nada tiene que ver con Ferraz ni con Organización”, afirmó en el Congreso.

Díez, sanchista de primera generación —participó en el equipo de apoyo en redes a Pedro Sánchez en las primarias de 2014 conocido como Los Sugus y después ha intervenido en campañas críticas contra barones como Emiliano García-Page— concluye reivindicándose. “Lo único con lo que duermo todos los días es con mi conciencia y procuro que esté tranquila. Hasta ahora lo he conseguido y voy a seguir así. En cuanto a comentarios como algunos de este grupo y otros, de verdad, me la traen al pairo. La verdad, repito, es una. Y prevalecerá”, escribe.

Para finalizar, y tras dar “mil gracias” a quienes le han mostrado su apoyo, reprocha la actitud de quienes “se ponen de lado” y optan por no respaldarle empleando la cita, que se atribuye al pastor alemán Martin Niemöller, referente moral frente a los nazis: “Si todo el mundo se pone de lado, se repite el dicho que comparto a continuación: Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista / Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista / Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí”.

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La estrategia coordinada de los dirigentes autonómicos del PP —que preside 11 comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla— trata de resucitar el sentimiento de que el procés no ha muerto y de que Pedro Sánchez sigue atado —sostienen— por sus socios independentistas. El plan popular de cara a la conferencia se ve reforzado ahora, consideran en Génova, por el aplazamiento este martes de la votación en la UE de la oficialidad del catalán, euskera y gallego. “Europa ha dicho a Pedro Sánchez que la UE no es moneda de cambio con el independentismo que le llevó a la Moncloa y que le mantiene en el poder”, señalan fuentes del gabinete de Feijóo.

El plazo que las autonomías tenían para presentar propuestas terminó el viernes. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres —que este martes ha retomado la actividad tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un cáncer—, estará este miércoles presente en la reunión del comité preparatorio, tras la cual se cerrará el orden del día definitivo. El reglamento del órgano multilateral establece que los temas a tratar en la conferencia de presidentes los fijará el comité preparatorio “con la conformidad de su presidente —el ministro de Política Territorial— y de diez comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía”.

Las comunidades del PP han hecho un frente común para añadir al orden del día de la cumbre prevista en el Palau de Pedralbes de Barcelona siete puntos. El primero es la “lucha contra la okupación”, según la documentación remitida por los consejeros de Presidencia al Gobierno, un asunto al que la derecha otorga una gran importancia pese a que los datos oficiales desmienten la alarma social. Los juzgados recibieron 2.309 denuncias en 2024 por okupación de vivienda habitual según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Mientras el PP se niega a intervenir el mercado aplicando la ley de vivienda y basa su respuesta a la crisis habitacional a combatir la okupación y una fiscalidad más baja al sector inmobiliario, el PSOE acaba de registrar proposición de ley en el Congreso para subir el IVA de pisos turísticos, encarecer la vivienda vacía y gravar a los extranjeros que compren casa. También quiere ampliar las bonificaciones a los caseros de toda de España en el tramo estatal del IRPF que rebajen sus alquileres conforme al índice de precios oficial sin necesidad de que esas viviendas se encuentren en zonas declaradas como tensionadas. Las medidas anunciadas a pocos días del cónclave marcan el camino sobre el cuál se moverá el Gobierno.

Pero la senda a la que apuntaba el Ejecutivo central se topa este miércoles con la jugada a la contra de los populares, que en la capital catalana azuzarán con cuestiones relacionadas con las cesiones de Sánchez al independentismo. Respecto a la financiación autonómica, el PP quiere introducir en la agenda el debate sobre la reestructuración de la deuda —reiterando su rechazo a la condonación pactada por Hacienda y ERC (extensible a todos los territorios) y el trato singular a Cataluña acordado por el PSC y ERC precisamente para la investidura de Illa—. Así como la aprobación por real decreto de las entregas a cuenta.

Otra de las exigencias de los presidentes del Partido Popular es tratar la “indelegable competencia exclusiva” del Estado en control de fronteras e inmigración. Una petición que se introduce después de que en marzo el Gobierno y Junts acordasen para la delegación de la gestión de la competencia de inmigración.

Un pacto al que se suma el pendiente traslado de los menores migrantes no acompañados a la península y al que se opone el PP —cuatro de sus comunidades lo han impugnado en el Constitucional— porque considera que se beneficia a Cataluña. El Gobierno prevé la actuación de la policía y la fiscalía para obligar a las comunidades a acoger a estos jóvenes, y emprenderá acciones legales contra las comunidades que se nieguen a colaborar en su reubicación.

Al margen de la espina catalana, los presidentes del PP han pedido abordar otras cuestiones peliagudas como la seguridad en el modelo energético después del apagón del 28 de abril, con el foco puesto en las “inversiones técnicas en las redes de REE [Red Eléctrica Española] y energías de respaldo”, que los populares utilizan como ariete contra La Moncloa. Otro apartado con mucha miga política es “el grave déficit de las infraestructuras críticas” tras los retrasos que sufrió hace unas semanas la red ferroviaria de alta velocidad.

La falta de profesionales sanitarios y la financiación de la educación de cero a tres años son otras de las demandas consensuadas por los barones populares. Murcia marca perfil propio al pedir que se hable de “la cuestión del agua y la necesidad de un Pacto Nacional del Agua”. La Generalitat de Carlos Mazón propone los mismos puntos que las demás comunidades del PP pese al desastre de la dana. Canarias, donde Coalición Canaria cogobierna con los populares, requiere que Gobierno y presidentes autonómicos traten en la Conferencia de Presidentes la “elaboración de un Plan Migratorio Estructural en el Estado” y que se modifique la legislación de régimen local “para posibilitar a las entidades locales adoptar acuerdos que limiten la adquisición o uso de viviendas por personas no residentes”.

Comunidades socialistas

Frente a la estrategia seguida por el PP, las comunidades del PSOE plantean distintos temas acordes a sus intereses. Así, Cataluña refuerza que se debate sobre políticas de vivienda además de la modernización y transformación de los servicios públicos, “abarcando ámbitos como la digitalización, la agilización y simplificación de los procesos administrativos”. Asturias tiene interés en las escuelas de cero a tres años como las comunidades del PP, pero también quiere hablar de la inversión en defensa y seguridad y de la “respuesta coordinada” a la crisis arancelaria provocada por la guerra comercial de Donald Trump. Castilla-La Mancha está conforme con la iniciativa del Gobierno de centrarse en vivienda y formación profesional, pero pide que se amplíe a la financiación autonómica. “Ya que estamos en Barcelona, sería oportuno”, recalcó este martes su presidente, Emiliano García-Page. Navarra no ha hecho propuestas adicionales. Euskadi, con un gobierno de coalición del PNV y el PSE, reclama tiempo para la transición energética y descarbonización de la industria.

La última conferencia de presidentes se celebró de forma presencial el 13 de diciembre en Santander. La anterior tuvo lugar en marzo de 2022 en la isla canaria de La Palma. Los asistentes aprobaron en ella la modificación del reglamento para que hubiera dos reuniones anuales. El Gobierno justificó el incumplimiento del reglamento hasta la cita en Cantabria por un calendario que no dio tregua con elecciones autonómicas y municipales en mayo de 2023, generales en julio de ese año y un primer semestre de 2024 con comicios en Galicia, País Vasco, Cataluña y elecciones al Parlamento Europeo.

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Entre las medidas que contempla, incluye la posibilidad de que, “en casos debidamente motivados”, una entidad crítica de carácter privado pueda pedir a Interior la comprobación de los antecedentes de sus trabajadores que “desempeñen tareas sensibles” o tengan “acceso directo o remoto a sus instalaciones, información o sistemas de control”. Esta consulta deberá ser aprobada por la Secretaría de Estado de Seguridad y “será proporcionada y se limitará estrictamente a lo necesario, con el único fin de evaluar un posible riesgo para la seguridad de la entidad crítica de que se trate”.

El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que la consulta incluirá “corroborar la identidad de la persona objeto de la comprobación”, “comprobar en el registro nacional o en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales la eventual constancia de delitos directamente relacionados con las funciones del puesto concreto” y revisar “la información de inteligencia y de cualquier otro tipo de la que dispongan las autoridades nacionales competentes”. El documento detalla que estas medidas de “acreditaciones o informes de idoneidad” vienen recogidas en la directiva de la Unión Europea de 2022 que Interior traspone con esta ley.

El anteproyecto recoge en su exposición de motivos que el objetivo de la nueva norma es modernizar el marco legal existente en la actualidad para poder responder a amenazas cada vez más complejas, incluidas las llamadas híbridas (actuaciones que buscan desequilibrar las condiciones de seguridad de un Estado sin superar el umbral de la agresión armada convencional). Para ello, la propuesta de Interior plantea la necesidad de que las propias entidades críticas evalúen los riesgos a los que se enfrentan y, en los seis meses siguientes, elaboren un plan de resiliencia que incluya medidas de prevención, respuesta y recuperación ante ellos con el objeto de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios esenciales para la sociedad y la economía.

Ese plan de resiliencia ―que las entidades deberán remitir a la Secretaría de Estado de Seguridad para su validación― tendrá que detallar “las medidas técnicas, organizativas y de seguridad” para, por ejemplo, “evitar que se produzcan incidentes, valorando especialmente medidas de reducción del riesgo de catástrofes y de adaptación al cambio climático”. También deberá “garantizar una protección física adecuada de sus instalaciones y de la infraestructura crítica” con especial atención a “las vallas, las barreras, las herramientas y rutinas de vigilancia perimetral, los equipos de detección y los controles de acceso, entre otros”. Las Fuerzas de Seguridad elaborarán también “planes de apoyo operativo” de cada una de las infraestructuras críticas que contemplen “medidas de vigilancia, prevención o reacción complementarias a las previstas por la entidad crítica”.

Interior quiere también que en estos planes de resiliencia las entidades públicas y privadas consideradas como críticas recojan las medidas para ser capaces de “responder y resistir a las consecuencias de los incidentes y mitigarlas” y, además, “recuperarse de incidentes, atendiendo en especial a medidas de continuidad de las actividades y la identificación de cadenas de suministro alternativas, a fin de retomar la prestación del servicio esencial”. Las entidades críticas deberán designar a “una persona, unidad u órgano como responsable de seguridad y resiliencia”, que además de ser el responsable del cumplimiento de los planes de respuesta, será el punto de contacto con las autoridades. Esta persona deberá contar con una habilitación como director de seguridad expedida por Interior.

El texto plantea que la Secretaría de Estado de Seguridad siga siendo el órgano competente de coordinar a todos los actores, tanto públicos como privados. Lo hará, como hasta ahora, a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), que será rebautizado una vez se apruebe la ley con el nombre de Centro Nacional para la Protección y Resiliencia de Entidades Críticas (CNPREC). Este organismo será el encargado de elaborar el plan que “permitirá dirigir y coordinar las actuaciones precisas para fortalecer la seguridad de las entidades críticas y de sus infraestructuras, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios esenciales”.

El proyecto es, en realidad, la trasposición de una directiva europea aprobada en diciembre de 2022 que buscaba precisamente implicar a entidades públicas y privadas relacionadas con las infraestructuras críticas de toda la Unión Europea (UE) para que realizasen evaluaciones de riesgos, adoptasen medidas y se comprometieran a notificar a los gobiernos cualquier incidente significativo que pudiera poner en peligro los servicios que prestan.

La directiva ya ponía el foco en el riesgo derivado de catástrofes naturales y el cambio climático, del que destacaba que había intensificado la frecuencia y la magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos que amenazan “la capacidad, la eficiencia y la vida útil de determinados tipos de entidades e infraestructuras si no existen medidas de adaptación a dicho fenómeno”, según recuerda ahora Interior.

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El Partido Popular otorga total credibilidad a los hechos relatados y arremete con fiereza. “Es de tal gravedad que son comportamientos más propios de una organización de carácter mafioso que de un partido político”, ha aseverado Sémper, acusando al presidente del Gobierno como responsable último de las supuestas coerciones al instituto armado y tacha al PSOE de Pedro Sánchez de “aparato de presión institucional dispuesto a reventar el Estado de derecho”.

Pero el Partido Socialista, por su parte, ha negado la vinculación establecida entre Díez y Ferraz. “Ninguna de las personas que aparecen en esa grabación está en nómina en el PSOE, y decir lo contrario solo busca un salto más en esta ofensiva diaria contra los socialistas”, aseguran fuentes de la formación en un comunicado difundido a primera hora, y en el que desmienten “categóricamente” la información. “El PSOE se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que crea oportunas, ante una publicación que considera difamatoria y claramente destinada a realizar un daño reputacional al partido”, añaden.

Los populares, sin embargo, dan por ciertos los hechos. “Solo quien teme lo que la Guardia Civil pudiera haber descubierto, investiga a la Guardia Civil”, ha agregado el portavoz del PP en alusión a investigaciones como el caso Koldo y a la presunta implicación del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. El dirigente socialista compareció la semana pasada brevemente ante los medios de comunicación para defender su inocencia frente un supuesto informe de la UCO que le vincularía con el amaño de contratos de obra pública, relacionado con la trama.

El PP solicitará la comparecencia de Díez a la comisión de investigación sobre el caso Koldo impulsada con su mayoría absoluta en el Senado. “Nadie en el PSOE ordena investigaciones ni hace dosieres sin que lo sepa su secretario de Organización”, ha sostenido Sémper, calificando a Díez como “persona de máxima confianza” de Cerdán.

En otra rueda de prensa paralela, celebrada tras la reunión de la comisión Ejecutiva Federal del PSOE, la portavoz socialista, Ester Peña, ha trasladado el “total respeto” de su formación “al trabajo de la UCO”. Pero ha reiterado su rechazo a la información de El Confidencial, insistiendo en que “ninguna de las personas que aparecen en la grabación está en nómina del Partido Socialista ni lo ha estado nunca”.

“Lo que nos está sucediendo en las últimas semanas es que no se habla de los informes de la UCO, sino que se habla de algo que alguien dice que aparece en un documento relacionado con la UCO y de aquello nunca se supo”, ha señalado Peña. “El daño reputacional a personas honestas se hace día a día, el daño que se intenta hacer a la organización política se hace día a día, pero realmente no existe nada que de verdad acredite todas esas difamaciones y todos esos datos. Por lo tanto, nosotros seguimos respetando a la UCO y a todos los órganos que de verdad se dedican a estudiar cuestiones reguladas en nuestro país con tantos casos que hay abiertos también del PP”, ha agregado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha pronunciado para manifestar su confianza en los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y sobre María Leire Díez Castro, ha añadido: “Yo me remito al comunicado del PSOE”. “No demos por probado lo que tú has dado por probado”, ha respondido a una pregunta de la prensa sobre la información publicada este lunes.

Las asociaciones profesionales de guardias civiles han publicado este lunes notas de prensa en apoyo al trabajo de la UCO y al teniente coronel Antonio Balas. Jucil, que cuenta con más de 15.000 miembros, ha manifestado “su profunda preocupación ante la purga sistemática que el Gobierno del PSOE ha llevado a cabo en los altos mandos de la institución desde su llegada al poder en 2018″, a pesar de que “la UCO ha sido históricamente el cuerpo policial que ha demostrado mayor independencia y valentía en la lucha contra la corrupción y la mala praxis”. Del mismo modo, AUGC ha afirmado que, en un Estado de Derecho, “resulta inaceptable cualquier intromisión real o presunta que pueda interpretarse como un intento de condicionar o limitar la actuación de los cuerpos policiales en su labor investigadora”.

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC), con menor representación, ha destacado que, “revelaciones como las conocidas en las últimas horas, no solo comprometen” la independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “sino que generan desconfianza ciudadana hacia instituciones fundamentales”. Aprogc ha sido otra asociación que también ha publicado un comunicado para apoyar “sin fisuras” a la UCO.

Un empresario acusado

Los audios publicados recogen el contenido parcial de una reunión celebrada por videoconferencia, donde participaron, entre otros, María Leire Díez Castro y el empresario Alejandro Hamlyn. Este último nombre resulta clave. La tesis de El Confidencial es que Díez Castro quería que Hamlyn le facilitara información comprometedora de un mando de la UCO. En esa línea, este mismo lunes, el empresario ha concedido una entrevista a la web Estrella Digital donde añade: “Me ofrecieron impunidad si acusaba a la Guardia Civil y al fiscal Anticorrupción”.

Todo ello se pone sobre la mesa este lunes, en un momento fundamental para Hamlyn. El empresario debía acudir esta mañana a la Audiencia Nacional para ser juzgado por liderar una “organización criminal” dedicada al fraude de hidrocarburos, por la que la Fiscalía reclama que se le impongan más de 89 años de cárcel. Sin embargo, el empresario no se ha presentado a la cita y su abogado, José Antonio Choclán, ha alegado que se encuentra retenido en Dubái por las autoridades, debido al impago de una deuda.

Choclán, que también ejerce la defensa del comisionista Víctor de Aldama en el llamado caso Koldo, ha insistido en que Hamlyn quería acudir a la vista. Sin embargo, la Fiscalía no le cree y desliza que pretende obstaculizar la actuación de la justicia. “¿El señor Hamlyn no ha venido porque no quiere o porque no puede? Esa deuda, al cambio, es de 3.000 euros. Y esa prohibición de salida se levanta en el mismo momento en que se pague. Ha podido pagar los 3.000 euros [durante un mes] y venir, y no lo ha hecho”, ha recalcado la representante del ministerio público, que ha pedido al tribunal que dicte una orden de busca, captura e ingreso en prisión de Hamlyn. La Abogacía del Estado ha apoyado esa iniciativa.

De momento, ante la incomparecencia del empresario, los magistrados han decidido aplazar el inicio del juicio hasta el próximo 30 de junio. El tribunal ha pedido a Choclán que su cliente facilite una dirección para notificarle personalmente la fecha y ha abierto la puerta a que, en el caso de que no se presente ese día, se dicte una orden de detención contra él.

En esta causa, la Fiscalía pide que se imponga más de 89 años de prisión a Hamlyn por encabezar una trama alrededor de la petrolera Hafesa Energía, acusada de perpetrar un fraude de más de 154 millones de euros entre 2016 y 2019, por no pagar el IVA derivado de la comercialización y venta de combustibles. “Soy un empresario independiente que ha levantado su grupo desde cero. Han intentado utilizarme como arma política. Cuando me negué a colaborar en su montaje contra la Guardia Civil, reactivaron el proceso penal contra mí”, se defiende el empresario en esa entrevista de Estrella Digital.

En el banquillo de los acusados se sienta otra veintena de personas. Entre ellas, José Norberto Uzal, al que se señala como número dos de Hamlyn en la trama. Antes de ocupar el puesto de consejero delegado de Hafesa, José Norberto Uzal fue director general de Administración Local de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia que encabezó Alberto Núñez Feijóo, actual presidente del PP. Ocupó ese puesto entre 2009 y 2013. La Fiscalía también pide más de 89 años de prisión para él.

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“Como no se puede renunciar, y lo que se pretende es que renuncie a ser diputado y apagar la voz del PSOE, creo que la mejor forma es que reflexionemos si es un problema el aforamiento de los 65 diputados y del Consejo de Gobierno”, ha trasladado Gallardo. El dirigente socialista ha insistido en que el aforamiento “no significa inmunidad ni impunidad” y es víctima “de una cacería” y una “campaña de desprestigio coordinada por PP y Vox”. La ejecutiva federal del PSOE ha respaldado su incorporación al Parlamento autonómico, aunque fuentes de la cúpula creen en privado que no se han manejado bien los tiempos. “Apoyamos la entrada de Gallardo en la Asamblea de Extremadura, los afiliados le dieron un mandato claro para liderar la oposición, existía esa posibilidad y es lo que se ha hecho con naturalidad”, ha afirmado Esther Peña. La portavoz de la dirección estatal del partido ha sentenciado que Gallardo “es otra pieza más de la cacería desatada por la derecha política y mediática contra los políticos del PSOE, contra sus familias, contra cualquiera que les moleste para recuperar el poder del que [el PP] fue alejado por una corrupción sistémica insoportable”.

Gallardo ha anunciado además que este viernes renunciará a la presidencia de la Diputación de Badajoz, que ostenta desde 2015. También dejará de ser concejal en Villanueva de la Serena, localidad de la que ha sido alcalde desde 2003 hasta marzo de 2024, cuando fue elegido líder territorial de su federación. Gallardo decía la semana pasada en una entrevista en EL PAÍS que no iba a dejar la Diputación “de forma precipitada”. “Lo haremos de forma tranquila y transparente. Lógicamente se necesita unos meses, pero es una decisión que tomé hace mucho tiempo”, aseguró entonces.

En los juzgados

Mientras tanto, la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa en la que se investiga a Gallardo y a David Sánchez, ha dictado un auto en el que pide a la Asamblea de Extremadura y a la Junta Electoral de Extremadura información sobre la nueva condición de diputado del líder de los socialistas extremeños, informa Óscar López-Fonseca. En concreto, a la Cámara regional le pide que certifique que Gallardo “ostenta la condición de diputado de dicha Asamblea y desde que fecha”. A la junta electoral le reclama que, dado que las elecciones autonómicas que dieron lugar a la actual composición del parlamento extremeño tuvieron lugar en mayo de 2023, “un año antes de la iniciación del presente procedimiento [en mayo de 2024] y casi dos del auto de procedimiento abreviado [el pasado 28 de abril]” que lleva al banquillo a Gallardo y al hermano del presidente-, que “aporte toda la documentación referida” al procedimiento que ha desembocado en el nombramiento del dirigente socialista como miembro a la cámara regional tras la renuncia de una compañera y de cuatro miembros que le precedían en la lista del PSOE a aquellos comicios.

Por su parte, la asociación Liberum, que forma parte la acusación popular en la causa de David Sánchez, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para evitar que se formalice la condición de diputado de Gallardo. En el escrito, Liberun solicita que el TSJ adopte como medida cautelarísima (es decir, de modo urgente y sin escuchar a las partes) que suspenda el acto de juramento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía que debe hacer el dirigente socialista el próximo jueves, último paso para que sea efectiva su condición de parlamentario regional y, por tanto, de aforado. Esta asociación esgrime que el líder socialista extremeño va a obtener la credencial “en fraude de ley y abuso del derecho”, ya que la ha obtenido “valiéndose de una serie de actuaciones forzadas” entre las que incluye la renuncia de Maricruz Rodríguez como diputada para que él ocupe su escaño y de los cuatro miembros de su partido que le precedían en la lista electoral, de 2023, y que deberían sustituir a aquella antes que él.

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Su sucesor desde marzo del año pasado es Miguel Ángel Gallardo, al frente de la Diputación pacense desde 2015. Bajo los reproches de una integración insuficiente y con cicatrices aún sin suturar tras dos procesos de primarias en 10 meses —mejoró su respaldo del 55,7% al 62,6% en las segundas—, afronta el desafío de impedir lo que el PP no ha conseguido hasta ahora: que Guardiola se consolide, aunque de momento siga sin Presupuestos y dependa de la ultraderecha. Pero con lo que nadie contaba era con el frente judicial: Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación y tráfico de influencias a raíz de una querella presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias en 2024, siete años después de ocurridos los principales hechos supuestamente delictivos. Otras nueve personas también irán a juicio.

La polvareda por el aforamiento de Gallardo ha sido la última sacudida en la federación. En pleno procedimiento judicial, ha decidido dar el salto al Parlamento autonómico tras haber prometido lo contrario, una operación que ha requerido de la renuncia de una diputada que fue su jefa de gabinete y el paso a un lado de otras cuatro personas que le precedían en las listas electorales. “Miguel Ángel no ha leído bien los tiempos”, explica un dirigente regional con trienios. “Ha dado la imagen de querer protegerse. Desde marzo de 2024 se le ha estado pidiendo que fuera a la Asamblea y hubo una oportunidad de oro cuando Guillermo renunció al acta de diputado en junio. Ese era el momento ideal para que él optara a ese escaño y además se hiciera un relevo simbólico. El drama es que por entonces el caso de David Sánchez no existía”. Otro alto cargo admite que están “noqueados” y atribuye la dilatación de los plazos a que Gallardo preveía que podía tener que fajarse en otras primarias, como finalmente sucedió, y no quería perder el control de la Diputación. “No le faltaba razón, porque las diputaciones son fundamentales en el interior de España, otorgan mucha influencia, también para el manejo interno en los partidos... Pero, viendo cómo se ha gestionado, no deja de ser una cagada”, observa el secretario general de otro territorio.

Ferraz y La Moncloa respaldan a Gallardo, aunque hay miembros de la dirección federal que opinan que ha gestionado su entrada en la Asamblea como un “aficionado”. En la sede estatal del PSOE también lamentan que Gallardo haya desaprovechado durante un año el foco del Parlamento regional, una opción de la que no disponen los ministros y secretarios generales de otras federaciones, María Jesús Montero, Óscar López, Pilar Alegría y Diana Morant. Aunque al final se siente en el banquillo, Gallardo está blindado internamente. En el último Congreso Federal se introdujo una disposición que flexibiliza el código ético y no obliga a dimitir cuando se abre juicio oral si se considera que el proceso es fruto de una persecución política. Gallardo fue imputado justo antes del congreso.

La causa ha llevado a Sánchez a abandonar su puesto en la Diputación y al PP a basar su principal estrategia en recordarle al presidente del Gobierno que tiene a su hermano y a su mujer imputados. Tras casi un año de investigación por parte de la jueza Beatriz Biedma, la defensa aduce que en el sumario no hay una sola prueba sólida. La jurisprudencia exige en el caso del tráfico de influencias (artículo 428 del Código Penal) que se pruebe la existencia de una relación de prevalimiento o influencia indebida entre un funcionario o autoridad y otro individuo, con el fin de obtener una resolución administrativa que genere un beneficio económico. Para sustentar esta tesis, la jueza infiere que Gallardo habría ejercido una influencia indebida sobre altos cargos y funcionarios para adjudicar la plaza a David Sánchez.

Según la jueza, la plaza de coordinador de conservatorios fue creada en octubre de 2016 para el hermano del presidente, que en aquellas fechas había dimitido como líder del PSOE. La tesis de Biedma es que Gallardo había creado este puesto para el hermano de quien entonces era su adversario político dentro del partido y que, además, había perdido todo su poder. Gallardo, que en la batalla orgánica apoyaba a Susana Díaz, declaró en sede judicial que cuando se creó la plaza, él ni siquiera sabía que Pedro Sánchez tuviera un hermano. La jueza mantiene que el puesto no era necesario, basándose en el testimonio ambiguo de los directores de los conservatorios. Las declaraciones de unos y de otros apuntan a que esa plaza era desempeñada, aunque no con esa denominación, por otra persona que se había jubilado. Y que sí era necesaria, aducen las defensas, para poner en valor, fuera de los conservatorios, el trabajo de sus estudiantes.

La otra acusación de la juez a David Sánchez es la prevaricación por colocar en 2024 a un amigo suyo en un puesto de la Administración provincial de Badajoz. El abogado de Sánchez alega que su cliente no es funcionario y no tenía competencias para crear puestos de trabajo en la Diputación. Además, recuerda que la persona supuestamente enchufada llegó al puesto, por el que no compitió nadie, en comisión de servicios. El fiscal ha pedido el archivo de la causa en un extenso escrito donde intenta desmontar las inferencias “irracionales” de la jueza, que no ha esperado a la resolución de los recursos para sentar a los acusados en el banquillo.

Contra David Sánchez se presentó además una denuncia por supuesto fraude fiscal, con el argumento de que residía en Portugal para presuntamente no pagar impuestos en España. Fue desmontada por un informe de la Agencia Tributaria. La denuncia aseguraba ue tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros, desproporcionado en relación con el sueldo que percibía, pero se trató de un grave error de interpretación de una documentación oficial.

Pese a ello, la instructora ha dictado auto de apertura de juicio oral al considerar que “existen indicios” de que “David Sánchez Pérez-Castejón, teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios [de la diputación pacense] se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”. En cuanto a Gallardo, la magistrada señala que es “inverosímil” que “como máximo responsable de la Diputación y ostentando la competencia para el nombramiento y cese del Personal de Alta Dirección” no tuviera conocimiento de este nuevo puesto y que desconociera que “estaba destinado a ser adjudicado” al hermano de Pedro Sánchez. Añade además que, una vez que David Sánchez se incorporó al puesto, Gallardo y él “tenían una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana”. Por esto, concluye que Gallardo participó “directamente en los hechos”. Él lo niega y esgrime que el Parlamento regional le dará “garantías de justicia a su indefensión”. El próximo jueves se estrenará en la sesión de control a Guardiola.

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El Gobierno, a través de Bolaños, ha cuestionado la celeridad con que la jueza Beatriz Biedma ha sentado en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ambos acusados de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. “La resolución es sorprendente, porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir un juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial”, ha resaltado el ministro antes de su comparecencia.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz tomó la decisión el jueves, que afecta a otras nueve personas por las supuestas irregularidades en la contratación del familiar del presidente en 2017 y de un extrabajador de La Moncloa en la Diputación de Badajoz, organismo que preside el líder de la federación autonómica socialista. La magistrada dictó el auto de apertura de juicio oral este jueves a las 9.43, cuando solo habían pasado 16 minutos de que hubiese rechazado los recursos que habían presentado cuatro de los acusados, entre ellos David Sánchez, que pedían el archivo de la causa con el argumento de que se basa en conjeturas. Una posición que coincide con la de la Fiscalía. El ministro ha subrayado que “las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial, y menos sin conocer cuál es la decisión del Tribunal Superior, en este caso de la Audiencia Provincial”.

“Vamos a confiar en la Audiencia Provincial, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, para que el procedimiento vaya por los cauces legales”, ha reiterado Bolaños, que ya en la comisión ha destacado que apenas se habla, “pese a que se iba a romper España”, de la ley de amnistía: la semana que viene cumplirá su primer aniversario pendiente de su aplicación a Carles Puigdemont. “Dejemos trabajar al Constitucional, dejemos trabajar a los tribunales”, ha pedido. Bolaños ha reivindicado dentro de su plan de reformas que se desvincule el mandato del fiscal general del Estado de la duración de la legislatura —por tanto ya no coincidirá con el del Gobierno, sino que el jefe del ministerio público será elegido por un periodo de cinco años no renovables—, el decreto ley de la ley de eficiencia o el blindaje de becas para acceder a la carrera judicial. El último Consejo de Ministros aprobó becas de hasta 12.000 euros anuales. Mientras comparecía, tres asociaciones de jueces y dos de fiscales han convocado un paro en junio por su descontento con el anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

“Ha pasado usted de ser el triministro todopoderoso a tapar la corrupción que acorrala a Sánchez, a su familia, a sus amigos, a su entorno y a su partido”, le ha espetado la senadora María José Pardo, que ha acusado a Bolaños de “haberse convertido en el abogado defensor de la imputada mujer del presidente, del enchufado hermanísimo procesado del presidente y de su también procesado presidente de la Diputación de Badajoz, el enchufador del hermano y el del aforamiento exprés”. Bolaños le ha reprochado que el PP “esté con los agitadores ultras en vez de con los periodistas de verdad, que hacen su trabajo intentando informar a la ciudadanía”. El Congreso inició el martes la tramitación de la reforma para expulsar a agitadores acreditados como periodistas con el voto en contra de PP y Vox. “¿Dónde ha caído el PP? Creo que más bajo no se puede caer (...) Su intervención es indistinguible de la de Vox, si se cambian de silla nadie lo notará, son lo mismo y es una pena“, ha apostillado.

Antes, desde León, el PP ha lanzado a Ester Muñoz, una de sus vicesecretarias más mordaces como altavoz de las críticas contra Sánchez por el procesamiento de su hermano. “Hoy es un día que probablemente quede marcado en la historia democrática de nuestro país”, ha afirmado la diputada, informa Virginia Martínez. “Por primera vez el hermano del presidente va a ser procesado junto a otros cargos del PSOE”, ha añadido, antes de acusar a Sánchez de estar “bunkerizado” mientras se suceden las imputaciones de su entorno a diferencia de otros países —ha sostenido— como Alemania o Portugal, donde ante la falta de presupuestos y “meras sospechas” de corrupción, respectivamente, se ha anticipado la convocatoria de elecciones. “En cualquier país democrático estaríamos viviendo una catarsis, y aquí estamos viendo una bunkerización del presidente del Gobierno”, ha apuntado. Muñoz también se ha referido al cambio de estatutos del PSOE introducido en el pasado Congreso Federal de Sevilla: “Están haciendo una redegeneración política, están dando pasos hacia atrás. Lo que está pretendiendo Sánchez es adecuar al Partido Socialista para que todos sus cargos que están inmersos en procesos judiciales se queden en sus sitios”.

La incorporación de Gallardo a la Asamblea de Extremadura, donde recogió el acta de diputado el miércoles, en una operación para la que fue necesaria la renuncia de una diputada y que den un paso a un lado cuatro compañeros de partido que lo precedían en las listas electorales, ha levantado otra polvareda por la condición de aforado que tendrá Gallardo. “El aforamiento es simplemente que otro tribunal es el competente para juzgar una causa, no implica ninguna impunidad y, por tanto, que la decisión del líder del PSOE de formar parte de la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al Gobierno de Extremadura es una decisión que ha tomado y que respetamos por completo”, ha observado Bolaños.

Respecto al movimiento de Gallardo, que no será aforado hasta que acate la Constitución en un pleno de la Cámara, el ministro no ha querido entrar en lo que considera “un debate jurídico”. “Yo lo que sí sé, y es un hecho absolutamente objetivo, es que él tiene la acreditación de diputado desde el miércoles”, ha zanjado. “Iban a por el hermano del presidente. Yo pasaba por allí. Es un 2x1”, afirmó el líder territorial del PSOE en una entrevista a EL PAÍS.

Gallardo se mantendrá en sus cargos institucionales y orgánicos hasta que haya sentencia. El código ético del partido establece que, una vez que se abre juicio oral, los dirigentes socialistas tienen que dar un paso atrás, pero los estatutos se cambiaron en el Congreso Federal de Sevilla de finales del año pasado: se añadió una disposición que otorgaba tiempo ante determinados casos judiciales que afectasen a dirigentes ante lo que se entienden como ataques con una intencionalidad política. “Se ha hecho porque o hacíamos eso para defendernos de la acción coordinada de la derecha y la ultraderecha en los tribunales o nos quedábamos la mitad si manteníamos el listón de la dimisión una vez que se abre juicio oral”, explican en la dirección del PSOE.

El código ético establece que cualquier “cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria”. En caso contrario, añade el documento, “será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”. La salvedad añadida es que “el afectado puede hacer una solicitud a la Comisión de Ética y Garantías con base en la disposición adicional sexta de los estatutos, exponiendo que las denuncias vienen de organizaciones de extrema derecha, y que se pueda esperar a la sentencia”, explican en Ferraz.

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Pregunta. ¿Resulta estético que un diputado socialista tenga que dimitir y otros cuatro compañeros que le preceden en las listas tengan que renunciar al escaño en el Parlamento extremeño para que corra turno y lo obtenga usted?

Respuesta. Mi entrada en la Asamblea no es cuestión de estética, es para defender un modelo de gestión diferente a solo unas semanas del debate sobre el estado de la región. No hay ninguna renuncia que no esté en la línea de lo que ya me han solicitado muchos parlamentarios. Y cuenta con la predisposición de todas las personas que van en la lista del PSOE para que su secretario general pueda estar [en la Cámara] contraponiendo políticas a la nada que representa María Guardiola. Además, un senador gallego del PP renunció en 2022 a su escaño para que Feijóo pudiese convertirse en senador y confrontar en la Cámara alta con el presidente del Gobierno. Entonces no pasó nada y se vio como algo normal.

P. ¿No lo hace por el aforamiento?

R. En absoluto. Si hubiera querido, lo hubiera hecho antes. Tuve la oportunidad y no lo hice porque he querido ser absolutamente transparente. Podía haberlo hecho cuando fui elegido secretario general [hace un año], pero no lo hice. Lo hago ahora que estamos en el ecuador de la legislatura y hay una estrategia clara por parte del PP y Vox y sus organizaciones instrumentales como Hazte Oír o la que pone la denuncia, Manos Limpias, que tiene que ver con que yo no esté en la Asamblea de Extremadura en esta legislatura. La prueba es que intentan alargar el proceso como un chicle sine die, pese a que es un caso que no existe. La Fiscalía ha sido contundente en su apreciación, en un informe de 125 páginas dice que no hay ningún indicio.

P. Pero usted da este paso una vez que se sabe que la jueza ha resuelto su investigación, mandando a juicio a 11 personas, entre ellas a usted.

R. La instructora hace conjeturas y así lo establece el informe de la Fiscalía. Y sobre esas conjeturas es sobre lo que se basan el PP y Vox para intentar alargar el proceso por ventajismo político. Desde mi respeto absoluto a la institución de la justicia, no puedo estar en nada de acuerdo con la forma como se ha instruido un procedimiento donde la propia instructora pareciera sinceramente acusación popular. En cualquier caso, a mí me sorprende mucho ese miedo del PP a que yo pudiera estar en la Asamblea y lo achacan al aforamiento. Eso significaría que la causa la va a poder dictaminar el Tribunal Superior de Justicia, pero en ningún caso el aforamiento significa inmunidad. ¿Qué es lo que teme el PP? ¿Que haya una instrucción justa? Porque parece que le sienta mal que un juzgado determinado pierda la instrucción.

P. ¿Cree que si el caso pasa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estará mejor tratado?

R. Estoy convencido que en el Tribunal Superior de Justicia se va a hacer justicia. La justicia, si realmente es justicia, no puede llevar a personas a juicio sobre la base exclusivamente de conjeturas.

P. ¿Cuándo calcula que será diputado regional?

R. La semana pasada tuvimos una reunión de la dirección del partido a la que se invitó también a los presidentes Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara y en ella todo el mundo me trasladó, sin excepción, la necesidad de estar en el centro de la política extremeña. Deseo estar en la Asamblea el 29 de mayo, que hay sesión de control al Gobierno.

P. ¿Va asociado a la renuncia inmediata como presidente de la Diputación?

R. No voy a dejarla de forma precipitada, lo haremos de forma tranquila y transparente. Lógicamente se necesita unos meses, pero es una decisión que tomé hace mucho tiempo.

P. ¿Creó usted la plaza a propósito para dársela a David Sánchez?

R. En absoluto, es una mentira de manual. Es un caso fabricado. La Junta de Extremadura financia con dinero público a pseudomedios para destruir a una parte de los extremeños, a los socialistas, con una serie de informaciones falsas como se ha demostrado a lo largo de todo este proceso. Como que David Sánchez tenía un millón y medio de euros en el banco o que no iba a trabajar. Esas noticias falsas se convierten posteriormente por organizaciones instrumentales como Manos Limpias en una denuncia falsa que cae en un juzgado y se empieza a instruir. Todo lo que hemos visto en la instrucción ha sido lo que han demandado las acusaciones populares. Esa es la realidad de un proceso hueco y estéril que lo único que ha buscado ha sido dañar la reputación de la Diputación de Badajoz y someter a la pena del telediario a funcionarios públicos con una trayectoria ejemplar y a mí como secretario general del PSOE en Extremadura.

P. Usted apoyó a Susana Díaz en las primarias de 2017, ¿por qué cree que la jueza está convencida de que usted enchufó a David Sánchez?

R. La jueza, con todos mis respetos, ha comprado el relato de las acusaciones populares, pero en base a conjeturas, no en base a indicios. No hay delito. Estamos hablando de unos hechos supuestos de 2017, donde ni conocía la existencia de David Sánchez y ni siquiera Pedro Sánchez era presidente del Gobierno. Por no ser, ni siquiera era secretario general del PSOE. Para más inri, en las primarias yo estuve enfrente de su proyecto, defendiendo el de Susana Díaz. Por lo tanto, es todo una falacia, un proceso inventado.

P. ¿Le pidió en algún momento Pedro Sánchez que colocara a su hermano en la Diputación?

R. Ni lo hizo porque no lo podía hacer ni tampoco hubiera sido admisible por mi parte. En torno al presidente salen supuestos delitos como setas porque hay una estrategia de la derecha y la ultraderecha, valiéndose de organizaciones instrumentales como Manos Limpias, que tienen todo sucio, incluso las manos, que lo único que buscan es crear una situación de caos para que la gente acabe desentendiéndose de la política y puedan gobernar ellos. Lo que buscan es el cabreo de la ciudadanía, que crea que somos todos iguales.

P. ¿Ordenó usted a algún funcionario que en los exámenes o entrevistas a los candidatos interesados en la plaza, suspendieran a todos menos a David Sánchez?

R. Todo este proceso es una fabricación inventada, es impensable que pudiera dar orden a ningún funcionario o funcionario. Y además que la obedecieran, entre otras cosas porque se estarían jugando su puesto de trabajo. ¿En base a qué? ¡A nada! Es todo tan absurdo que si no fuera por el daño reputacional, el daño personal y la pena del telediario sería una broma. Esto debilita la democracia y el Estado de derecho. Y es contra lo que yo y mi partido nos rebelamos.

P. Usted podría haber nombrado asesor directamente a David Sánchez.

R. Si hubiera querido contratar a David Sánchez, tenía 27 puestos de personal eventual de confianza. ¡Y no lo hice! Algo falla en este país, porque lejos de demostrar que soy culpable, yo tengo que intentar demostrar ser inocente. Ese no es el espíritu del Derecho ni de la justicia. No sé cuándo acabará esta farsa, pero me guardo el derecho a defender mi honor. Pero ya hay un prestigio que se ha perdido, y en ese sentido ya han ganado.

P. ¿Cómo se explica que un extrabajador de la Moncloa, que era amigo del hermano del presidente, consiguiera un empleo en la misma institución?

R. Mire usted, salen plazas de funcionario y no olvidemos que ese señor está en comisión de servicios. Forma parte de una dinámica natural de la Diputación, donde se crean una serie de plazas y se pueden ocupar en comisión de servicio por funcionarios propios o de cualquier otra administración. Y, en este caso, menos sospecha aún puede haber cuando ni siquiera ningún funcionario de la Diputación se presentó. La persona de la que habla es un funcionario de la Junta que estaba en Madrid en un puesto personal eventual de confianza, que quiso volver a su tierra y decidió concursar a una plaza que salió en la Diputación de Badajoz. El problema de todo este proceso es que se ha inundado de medias verdades, que es la peor de las mentiras.

P. ¿Confía en que los recursos de la Fiscalía y de los abogados de los imputados ante la Audiencia Provincial provoquen el archivo de esta causa?

R. Quiero pensar en ello. Es tal la contundencia de las afirmaciones en base al Derecho que hacen la Fiscalía y la defensa, que se archivará después de toda esta anomalía.

P. ¿Se presentará como candidato del PSOE en las elecciones autonómicas, suponiendo que sean en 2027, si sigue abierta la causa contra usted?

R. Si siguiera abierta la causa es porque habría condena. El Tribunal Superior de Justicia no suele tardar dos años en una resolución de este tipo. Pero esa posibilidad que usted me traslada no la contemplo por una sencilla razón: yo no soy culpable de nada.

P. ¿Cuenta con el apoyo de Ferraz?

R. No solamente cuento con el apoyo de Ferraz, es que está sufriendo la misma campaña de hostigamiento de denuncias falsas que vivimos en Extremadura. Somos una pata más de todos los casos que se fabrican, con distintas ramificaciones, en torno al presidente. Me ha tocado a mí, pero de inicio iban contra el hermano del presidente del Gobierno. Yo pasaba por allí, es un 2x1. Todo en base a un objetivo: desalojar del poder al PSOE por las buenas o por las malas. Ya lo dijo Aznar: el que pueda hacer que haga.

P. ¿Hay Pedro Sánchez para rato?

R. Yo le veo fuerte y animado. Se ha rebelado ante una injusticia basada en la mentira. A mí también me ocurre. Lejos de doblarme la piernas, de hacerme caer, me reafirma para combatir a esta derecha que está poniendo en riesgo a la democracia. Hay mucha gente que ve que hay una campaña de tal hostigamiento que todo lo que se dice no es real. Y eso hace al presidente mucho más fuerte.

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En el PSOE nadie oculta su “preocupación” por el último frente que se le ha abierto al partido tras las acusaciones vertidas hasta la fecha, sin aportar ninguna prueba, contra Cerdán y por cómo repercute en la dificultad del Gobierno de ganarse un respiro y vender los buenos datos macroeconómicos tras enlazar durante semanas el apagón, las averías de los trenes o el serial de los mensajes publicados la semana pasada entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Los mensajes de WhatsApp entre el presidente y el ex se cretario de Organización y exministro de Fomento fueron la comidilla dentro y fuera del PSOE. En cambio, los socialistas guardan silencio por el caso que ha puesto en la diana a Cerdán. “El tema es incómodo, pero al mismo tiempo la confianza es prácticamente unánime de que no saldrá nada”, cuenta un diputado. “El ambiente está enrarecido y evitamos el asunto aunque es todo muy burdo”, añade una compañera de escaño. En las reuniones de grupo del PSOE en el Congreso y el Senado de esta semana no hubo de hecho ninguna alusión. El secretario de Organización tuvo que salir al paso el martes y negó que hubiera cometido ningún delito.

La impresión generalizada en el PSOE es que el secretario de Organización es un eslabón más de una campaña de la derecha, sustentada en un informe “apócrifo de la UCO que nadie ha visto”, subraya un barón socialista. Leopoldo Puente, el juez instructor del Tribunal Supremo que lleva el caso Koldo, todavía no lo ha recibido, recalca un senador con muchos galones. Aun así, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, agitó las sospechas contra el número tres del PSOE en la sesión de control del Congreso. Pedro Sánchez le acusó de “difamar a personas honestas”.

Quienes han hablado los últimos días en privado con Cerdán le han visto “dolido pero tranquilo”, explica una de las personas que lo ha tratado. “Estamos hartos de la cacería contra el socialista, todo vale con tal de atacar a los socialistas“, salió en su defensa Patxi López. El portavoz del PSOE en el Congreso remarcó que “todos los diputados” se interesan por “algunas obras de su territorio”, validando los argumentos que el martes había dado el secretario de Organización. Cerdán avanzó que el interés que hubiera podido tener por el estado de determinadas obras públicas en conversaciones y mensajes con Ábalos o Koldo García en su etapa como secretario de coordinación territorial del PSOE entre 2017 y 2021 —es decir, como el segundo en el área de Organización— no era “constitutiva de ningún delito”. Y justificó que el motivo de su atención a la evolución de las obras era que debía responder a las consultas de alcaldes, diputados o secretarios provinciales. Distintos cuadros consultados en ese tipo de puestos públicos y orgánicos afirman que es una práctica habitual para poder diseñar la estrategia del partido y “reivindicar” la gestión del Gobierno. Pero ese interés, insisten, no tiene nada que ver con la involucración en la adjudicación de obras a empresas privadas.

Los dirigentes consultados resaltan que Cerdán fue además reelegido como secretario de Organización, puesto que desempeña desde verano de 2021, en el Congreso Federal del PSOE de finales del año pasado en Sevilla. Es más, en los meses previos era el único fijo en la dirección junto a María Jesús Montero. “Después de la decepción con Ábalos aquí todo el mundo ha sido examinado con lupa, a la menor duda sobre un comportamiento intachable te ibas fuera. Kaput”, resume otro integrante de la ejecutiva.

El sentir en el PSOE es que la derecha “busca” a Cerdán desde hace mucho tiempo y de momento no ha tenido éxito. El PP ya le atribuyó de forma falsa un piso en el paseo de La Castellana de Madrid en la comisión de investigación del caso Koldo en abril del año pasado. La semana pasada Cerdán desmintió las publicaciones que sostenían que la trama corrupta les regaló a él y su esposa un Audi y un Volvo. En su declaración de bienes en el Congreso figura un Volvo de mayo de 2023 con un préstamo asociado a su compra de 19.200 euros. El Audi, según fuentes socialistas, sería el coche facilitado por el partido.

La Fundación Avanza, laboratorio de ideas del PSOE, publicó este miércoles un editorial en el que acusa a “las derechas españolas, sean las políticas o las mediáticas”, de haber convertido “la mentira o las medias verdades en arma de uso cotidiano”. “En España, siendo Vox maestros en su utilización, la dirección actual del PP lo ha abrazado con total naturalidad, convirtiéndolo en el elemento principal, y casi único, de su estrategia política”, reprocha a Feijóo. “Santos es la excusa, el objetivo es el PSOE. Lo que estamos viviendo ya nos lo hicieron entre 1993 y 1995 en los últimos años como presidente de Felipe González“, comparte otro parlamentario veterano.

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“No voy a entrar a desmentir la tal cantidad de mentiras que se vienen diciendo sobre mí estos días. La semana pasada dije que las noticias que se están dando son mentiras y cuando salga ese supuesto informe de la UCO lo desmontaremos uno a uno si son estas mentiras, pero me cuesta creer que esto sea un informe de la UCO. Estaríamos hablando entonces de que se está produciendo una filtración de la UCO, o es una filtración o son invenciones de los periodistas. Por lo tanto, vamos a esperar y mientras no tengamos noticias tampoco podemos valorar”, ha afirmado Cerdán.

“Lo que sí quiero dejar claro es que yo como diputado de Navarra he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra y como coordinador territorial del Partido Socialista en el año 2020 también preguntaba por obras en el resto del territorio. Como han hecho los 350 diputados que hay aquí en el Congreso de los Diputados. Ninguna de esas es constitutiva de ningún delito, eso lo tengo clarísimo”, ha añadido el secretario de Organización del PSOE, que ha tildado de “mentiras” las informaciones que le vinculan con la trama corrupta. “No voy a entrar a hablar de ninguna de las noticias que han salido estos días, todos son mentiras y además está en manos de los abogados. A los que han afirmado que yo he cometido delitos nos veremos en los juzgados y los que hayan cometido un delito también”, ha concluido dirigiéndose al hemiciclo sin aceptar preguntas.

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Un portavoz de la compañía subraya que el ex dirigente del PP no tiene ningún cargo ejecutivo en la firma y atribuye a un error que García-Legaz figurase este lunes en la dirección ejecutiva y la junta directiva de Berkeley Energía. Tras la llamada de EL PAÍS, la empresa ha modificado su página web y eliminado ese nombre este martes.

García-Legaz responde por su parte que forma parte del consejo asesor, que “no tiene ninguna función ejecutiva ni de decisión”, de la filial Berkeley Minera España. La compañía anunció en noviembre de 2022 el fichaje del ex secretario de Estado junto a Miguel Riaño y Rafael Miranda, “todos ellos destacados empresarios españoles con amplia experiencia y prestigio, y con amplias redes de contactos”. “La experiencia corporativa, comercial y operativa, además de sus extensas redes empresariales y gubernamentales, será de gran ayuda para la compañía en su esfuerzo por resolver la actual situación de permisos y, en última instancia, impulsar el Proyecto Salamanca”, añadía en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Un año y medio antes, en mayo de 2021, el Congreso de los Diputados había aprobado la Ley de Cambio Climático, con la abstención del PP, en la que figura un artículo que veta la explotación de minerales radiactivos. En julio de ese mismo año, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también dio el que se consideró el varapalo definitivo al proyecto: rechazó que se concediera el permiso de construcción de la planta de procesado del mineral, vital para esta polémica explotación minera. El CSN sustentó el veto en que existen riesgos con el tratamiento y almacenamiento de los residuos radiactivos que se generarían durante el procesado del uranio y cuya gestión se dejará como herencia a las generaciones futuras. La intención de Berkeley era enterrar esos desechos en dos de las cortas —los grandes agujeros en la tierra que se abren en un yacimiento a cielo abierto para extraer el mineral—. En la práctica, esto supondría crear un almacén de residuos radiactivos en este pequeño municipio salmantino.

“El proyecto es una burbuja, no es viable económica y socialmente”, sostiene Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, y en 2021 diputado y presidente de la comisión del Congreso que se encargó de la redacción de la Ley de Cambio Climático. López de Uralde critica que “los partidos de las derechas”, en referencia a PP y Vox, al defender esta mina “están beneficiando a Berkeley en su demanda económica contra España”. Además, recuerda que el PP apoyó durante la tramitación de la Ley de Cambio Climático en el Congreso la enmienda en la que se vetaba la minería del uranio.

Pero el PP ha ido cambiando de postura en los últimos años y endureciendo el discurso en su competencia con Vox. En esa lucha, la defensa de la energía nuclear es una de las principales banderas energéticas de estas formaciones. “El Gobierno ahoga la energía nuclear imposibilitando la extracción de uranio, [cuando] en España existen en torno a 30.000 toneladas de uranio esperando a ser obtenidas, singularmente en la zona de Salamanca, y ahogando también vía fiscalidad. ¿Por qué no podemos abrir un debate serio, técnico y solvente? Pero no, el Gobierno se atrinchera y nos dice que es imposible, que los de la energía nuclear son malos y los otros buenos”, afirmó el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, el 8 de mayo en una entrevista en Antena 3. La víspera, Sánchez había esgrimido en su comparecencia en el Congreso para informar de la crisis por el cero eléctrico y del rearme del 2% en gasto militar para este año que los yacimientos de uranio que existen en España “dejaron de explotarse hace décadas porque eran absolutamente inviables desde el punto de vista económico y altamente contaminantes”.

Porque fue en el año 2000, durante el mandato del popular José María Aznar cuando se cerró la única mina que permanecía abierta. La gestionaba una empresa pública, Enusa, que también tenía los permisos del yacimiento de Retortillo, pero renunció a desarrollar esta minería al no considerar de entidad las reservas existentes como para garantizar la rentabilidad de esta actividad.

En España existió entre 1948 y 2000 una minería de uranio en yacimientos de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. La Empresa Nacional de Uranio (Enusa) anunció en 1998 el cierre de la mina en Saelices el Chico (Salamanca), la última que seguía operativa, a finales del año 2000 tras considerar que ya no era rentable. La compañía justificó el cierre por el elevado coste de producción, “muy por encima de los precios del mercado internacional del uranio, lo que motiva que la empresa haya perdido durante los últimos ejercicios en torno a 1.500 millones de pesetas [6 millones de euros], situación que se repetirá este año”. La empresa estatal explicó también que, “en función del coste de explotación, en el año 2000, en la mina de Saelices, ya no quedará reserva minera [la rentable de explotar], aunque se mantenga la reserva geológica”. La demanda española de uranio era entonces de unas 1.400 toneladas de concentrados de uranio, de las que Enusa producía un 20% y el resto se tenía que importar.

Un informe de Enusa recoge que en 1997 “la caída” de los precios de los concentrados de uranio “y su previsible evolución negativa a medio y largo plazo, junto a la liberalización del mercado de materias primas y la necesidad de suministrar el combustible al precio más bajo posible”, lo que hizo que la empresa pública “se plantease el cierre ordenado de su actividad minera y, por consiguiente, de la producción de concentrados”. “Ciertamente, los stocks y bajos precios de los países del Este, así como la introducción en el mercado de las reservas de uranio altamente enriquecido procedentes de los arsenales nucleares y la explotación en el extranjero de minas de mucha mejor calidad que las ubicadas en suelo español, habían enfriado las expectativas de un posible aumento de precio de los concentrados de uranio", se reconocía en el documento 50 años de tecnología del uranio en España (1972-2022).

En ese contexto, en 1998 se autorizó el Plan de Parada de Actividades Mineras que preveía paralizar por completo la explotación minera de Ciudad Rodrigo (Salamanca) en 2001. A partir de ahí se planificó el cierre de instalaciones, hasta que Berkeley entró en escena y puso su interés en las reservas de uranio en la provincia del este de Castilla y León.

La empresa australiana ya contrató la década pasada a Manuel Lamela, otro ex alto cargo del PP, como lobbista en Bruselas. Berkeley registró el fichaje del exsubsecretario del Ministerio de Agricultura en diciembre de 2014. Lamela, que previamente fue consejero de Sanidad y de Transportes con Esperanza Aguirre en Madrid, inscribió su despacho personal, Acountax, en el registro de lobbies de la UE. El único cliente del asesor era la empresa minera y él el único lobista autorizado por la misma. Su ex jefe, el ministro popular Miguel Arias Cañete, fue nombrado comisario de Energía y Acción por el Cambio Climático un mes antes.

La compañía presentó en mayo del año pasado la reclamación de 921 millones de euros contra el Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El 8 de mayo se celebró, sin acuerdo, la primera sesión entre las partes, según figura en el registro del CIADI, justo el día que Sémper animaba a explotar el uranio en España.

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Sánchez, que aseguró a sus compañeros de la dirección del PSOE que se encontraba “bien” y agradeció tener junto a él a “una gran familia, un gran equipo de personas en el gobierno y en el partido”, achacó la filtración al interés de la derecha por hacer caer al Gobierno. Lo ligó a la protesta del sábado en Madrid y a las investigaciones judiciales contra su esposa y su hermano, ambos imputados. “En resumen, ‘quien pueda hacer que haga”, concluyó el secretario general del PSOE en referencia a la máxima que el expresidente José María Aznar profirió a finales de 2023 contra la ley de amnistía. Las respuestas de ánimo fueron la tónica y el cierre de filas del medio centenar de integrantes de la ejecutiva fue unánime, según comparten varios dirigentes del PSOE.

Tras abordar el domingo la primera tanda de mensajes revelados, la dirección del PSOE no les ha dedicado “ni un segundo” en la reunión de más de dos horas de este lunes en Ferraz, según ha recalcado su portavoz, Esther Peña. “No ha habido ni una palabra en nuestra comisión ejecutiva federal. Hemos hablado mucho de la guerra de aranceles, del apagón, de lo que le interesa a la gente, de proteger a nuestro país, de nada más”, ha afirmado Peña.

La portavoz ha eludido responder al malestar de Emiliano García-Page y Javier Lambán tras el revuelo que han causado los mensajes en los que Sánchez ordenaba a Ábalos a finales de 2020 —cuando todavía era el ministro de Fomento y secretario de Organización socialista, antes de su defenestración en julio de 2021— que estuviera encima de los barones críticos con los pactos con los independentistas. “Yo tuve tres o cuatro episodios con Sánchez, telefónicos todos ellos, donde me sorprendía la ira ante comentarios que yo había hecho y que no le habían gustado”, indicó Lambán en Onda Cero.

Tras la ruptura de Sánchez y Ábalos, el trato entre ambos se retomó unos meses después y continuó de forma esporádica al menos hasta los días posteriores a las elecciones generales del verano de 2023 en las que el PSOE retuvo el Gobierno. “Mi grupo de [chat de] primos es más interesante que los mensajes que hemos podido ver, no hay nada relevante y no tienen mucho más recorrido”, ha zanjado Peña, que ha subrayado que las filtraciones “no tienen nada que ver con ninguna causa” judicial.

El PSOE no denuncia

La opinión generalizada en Ferraz y La Moncloa es que los mensajes proceden, “como hecho empírico”, según la información publicada, de los discos duros que están en el juzgado tras ser requisados a Koldo García, el hombre de confianza de Ábalos en su etapa en el ministerio y como número tres del PSOE. Es decir, que se encontraban bajo custodia y que no formaban parte de ninguna causa judicial abierta. El PSOE no prevé denunciar la filtración de unas conversiones que, insiste, son privadas y, por lo tanto, su filtración sería delictiva. Las fuentes de la cúpula consultadas no lo descartan, pero se muestran prudentes pese a que podrían presentar una denuncia en el Tribunal Supremo por revelación de secretos. Una opción que a día de hoy no se plantean tampoco ni Ábalos ni su exasesor de confianza, según fuentes de su entorno.

“Vamos a esperar, la UCO o la justicia tendrán elementos internos para abrir una investigación y saber qué ha pasado”, señalan fuentes de Ferraz, que apostillan que los mensajes no están en ninguna causa ni indican ningún delito. “No tenemos por qué preocuparnos, el PP lo quiere comparar, y es algo imposible, con el ‘Luis, sé fuerte”, añaden en alusión al SMS de Mariano Rajoy a Bárcenas cuando ya se sabía que el ex gerente del PP tenía 50 millones en Suiza e iba a ir a la cárcel. En Génova lo ven de forma totalmente diferente: “La estrecha amistad entre ellos demuestra que Pedro Sánchez no era ajeno a toda la trama de corrupción. Esa relación tan estrecha demuestra muchas cosas, sobre todo que su cese tapó un gran escándalo que el presidente del Gobierno conocía perfectamente”, ha dicho Cuca Gamarra, secretaria general del PP.

Sánchez ha dedicado el inicio de su intervención en la ejecutiva de este lunes al apagón de hace dos semanas en un discurso en el que, a falta de conocer las causas exactas que lo originó, ha expresado su confianza en los técnicos que deberán aportar las respuestas al incidente que dejó a oscuras a la cuarta economía del euro. El presidente, según fuentes de la dirección del PSOE, también ha defendido a las renovables, a las que partidos como Vox han puesto aún más en la diana en su defensa contra viento y marea de las nucleares, cuyo cierre se acordó con las dueñas de los reactores en 2019, que siguen sin hacer una propuesta formal al Gobierno para revisar el calendario programado entre 2027 y 2035. La entrevista en EL PAÍS a la ministra de Energía de Portugal, la conservadora Maria da Graça Carvalho, que asegura que Francia “no tiene interés en acelerar las interconexiones” con la península ibérica por sus nucleares —cuenta con 57 reactores que producen el 60% de su electricidad— ha sido muy comentada.

El congreso del PP ha sido la comidilla de la reunión. Sánchez ha destacado que Alberto Núñez Feijóo fue quien abrió las puertas de las instituciones a la ultraderecha tras dar luz verde a los pactos con Vox. Fernández Vara ha hecho una reflexión en la que a su juicio que el PP no tiene estrategia ni un plan para España tras retrasar los últimos años el debate ideológico sobre la relación con Vox. El expresidente extremeño y secretario de Política Autonómica del PSOE ha sido de los primeros a llegar a la reunión, un gesto que distintos compañeros consultados le reconocen después de salir en los mensajes publicados, de hace cuatro años, y por el sobreesfuerzo físico añadido que le supone en su lucha contra un cáncer. La dirección del PSOE también ha comentado la guerra en el PP valenciano, donde Francisco Camps celebró un acto el fin de semana al que asistieron un millar de cuadros históricos del partido. La conclusión en Ferraz es que evidencia la debilidad de Carlos Mazón pese a Feijóo le reafirmó su apoyo hace unas semanas por ser “valiente y coherente” en su gestión de la dana y los meses posteriores.

Page: “Esto es muy desagradable”

Frente a la ausencia de la menor referencia a los mensajes en la dirección del PSOE, incluidas las andanadas a los barones críticos, Emiliano García-Page y Javier Lambán han reivindicado la legitimidad de sus críticas a los pactos con los independentistas. “Esto es muy desagradable. A cualquiera le gusta llevarse bien con sus direcciones. Me sonroja cuando la oposición o el PP siempre nos dice que esto es un puro teatro, que a la hora de la verdad... Esto se lleva mal”, ha reconocido a la llegada a un acto en Toledo en el que ha señalado que Sánchez y Ábalos “eran uña y carne” y donde ha remarcado que la presión que pudiera haber recibido de Ferraz ha sido “ineficaz”. Las conversaciones que mantuvo tanto con Ábalos fueron “mínimas” y las que ha mantenido con su sucesor, Santos Cerdán, han sido “en un tono bastante amable”.

El expresidente aragonés ha reprochado la “obsesión enfermiza que demostraba” Sánchez “por tenernos controlados a los barones y marcarnos la dirección y decirnos lo que teníamos que pensar y decir”. La ministra Pilar Alegría fue elegida su sucesora como secretaria general sin necesidad de primarias y su ejecutiva obtuvo un respaldo del 93,06% en un cónclave al que Lambán no asistió.

En cambio, el presidente catalán, Salvador Illa, ha considerado “profundamente preocupante” la filtración de mensajes privados de Sánchez y cree que se debe abrir una investigación, ya que, ha enfatizado, “no es una cuestión menor”. Asimismo, Illa ha vaticinado que Sánchez tiene cuerda “para rato” y volverá a ganar las elecciones generales en 2027.

La impresión en el Gobierno es que el objetivo de la publicación de los mensajes es erosionarle. “La revelación de conversaciones privadas es un delito. Sobre el contenido, nada que me parezca especialmente significativo”, ha afirmado el ministro de Agricultura, Luis Planas. “Imagínense si supiéramos las conversaciones entre Mazón y Feijóo, o entre Ayuso y Feijóo, o que supiéramos lo que no sabemos qué hizo Mazón en aquellas cuatro horas el día clave de la dana”, ha apostillado en una entrevista en RNE.

Planas ha recalcado que “la relación en estos momentos es nula” entre Sánchez y Ábalos y considera que la intención de la publicación de unos mensajes de hace cuatro años “es muy sencilla: erosionar al Gobierno”. Las fuentes consultadas de la dirección del PSOE y de La Moncloa resaltan que los mensajes son previos a febrero de 2024, cuando estalló el caso Koldo. “Yo me quedo con que hubo una persona que fue retirada de sus responsabilidades de partido e institucionales. No tengo nada más que añadir. Ante ciertos comportamientos, la diferencia de nuestro proyecto político con otros es la reacción fulminante y a tiempo, la separación de las responsabilidades”, ha observado en la misma línea el ministro de Industria, Jordi Hereu, en La Hora de La 1. El PSOE suspendió de militancia a Ábalos a los pocos días de conocerse el caso Koldo y su expulsión la debe decidir el comité de ética y garantías.

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Los representantes políticos se han reunido en la puerta de los Leones del Congreso, en Madrid, para hacer una foto de familia y dar a conocer la decisión adoptada porque sostienen que la modificación de la ley impulsada por el anterior gobierno autonómico de izquierdas va en contra de los derechos constitucionales de protección del medio ambiente.

La secretaria de Ordenación del Territorio y desarrollo sostenible del PSPV-PSOE, María José Salvador, y el diputado por Alicante en el Congreso, Alejandro Soler, han alertado de que el PP utiliza la dana “como excusa para desproteger la huerta y a las personas, incrementar el riesgo y reducir su seguridad”.

Salvador ha explicado que el Consell de Mazón ha modificado por decreto la ley de la Huerta basándose en “falsedades”, y ha criticado la “grave irresponsabilidad” del PP y Vox al respaldar estas medidas” que suponen “una involución y una contrarreforma” en materia de urbanismo, que “desprotege” a los valencianos.

Soler ha señalado que el PP utiliza la dana “para hacer negocio sobre una terrible tragedia y usarla como excusa para facilitar la construcción” en la Comunidad Valenciana, y ha insistido en que “el PP está volviendo a la senda del urbanismo salvaje con el único interés de hacer negocio”.

La diputada de Compromís Àgueda Micó ha indicado que también tienen el apoyo de Esquerra Republicana para recurrir este decreto ley que busca “desmantelar toda la protección de la huerta de Valencia”y poder urbanizar 3.800 hectáreas de huerta y hacer “toda la especulación urbanística que quieran”, sin evaluación ambiental ni consulta pública. Se obvia también su capacidad como infraestructura verde clave para la protección ante fenómenos meteorológicos extremos, como la dana del pasado 29 de octubre que causó 228 muertos.

Podemos se ha adherido al recurso porque, según la coordinadora autonómica de Podem, María Teresa Pérez, esta reforma es “un atentado antidemocrático que elimina el Consell de l’Horta para acallar la voz de sindicatos agrícolas y asociaciones de defensa del territorio” y “recalifica el suelo agrícola convirtiéndolo en suelo urbanizable”.

Además, se elimina el Consell de l’Horta, órgano de coordinación entre municipios y Generalitat, “recentralizando competencias y marginando la participación local”, sostienen los representantes políticos de izquierdas. El decreto supone un “ataque al patrimonio cultural”, reconocido por la rta que c (art. 46 CE): La Huerta de Valencia, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial.

Por último, los recurrentes consideran que se vulnera el principio de seguridad jurídica al introducirse modificaciones normativas con efectos estructurales “sin claridad, ni previsibilidad ni debate parlamentario, ya que no solo se altera el ordenamiento jurídico aplicable a la Huerta de Valencia de forma sustantiva, sino que lo hace de forma opaca, repentina, incoherente y sin garantías, generando un entorno jurídico incierto y arbitrario”.

La Ley de la Huerta entró en vigor en 2018, firmada por el Botànic (el anterior gobierno de izquierdas formado por PSOE-PSPV y Compromís al que en 2019 se unió POdemos), con el objeto de salvaguardar 11.000 hectáreas de una huerta que ha ido menguando por el avance de los planes urbanísticos y las infraestructuras. La ley creó un consejo rector y fijó una serie de medidas para incentivar la recuperación de tierras de cultivo abandonadas o degradadas, medidas que el PP las considera fracasadas.

Con la devastadora dana de fondo —aunque los cambios se anunciaron mucho antes de las riadas—, el Consell abrió la posibilidad de construcciones residenciales en un tercio de los suelos protegidos, concretamente los de grado 3, y suprimió el Consell de l’Horta, su órgano rector “por inoperativo”. La Generalitat también ha incidido en que la ley de la Huerta frenó actuaciones en el barranco del Poyo, principal causante de los fallecimientos por la dana, extremo que niegan los defensores de la normativa.

Laura Chulià, portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, la ley de 2018 del Gobierno del Botànic ha sido un “rotundo fracaso” porque no ha cumplido los objetivos marcados y no ha contado con la opinión de los municipios. También niega que se busque desproteger la huerta: “Las de grado 1 y 2 seguirán estando protegidas y solo las de grado 3 podrán, en algunos casos, usarse para construir viviendas. Chulià argumenta el fracaso de la ley en los datos de pérdida de tierras en la huerta: de 2010 a 2018 se perdía a razón del 0,96% anual. Y de 2018 a 2023, con la ley en vigor, se ha perdido un 3,5% anual.

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El máximo representante del Gobierno de España en Madrid, donde mantiene una relación tirante con Isabel Díaz Ayuso, que no le invitó a los actos institucionales del Dos de Mayo, en el que el Ejecutivo central no estuvo representado, es el sexto imputado en la causa que el juez Peinado inició contra Gómez en abril de 2024. En todo este tiempo no ha encontrado un solo indicio que justifique su decisión de prorrogar la investigación hasta final de año. “Llevamos meses con una sucesión de citaciones y en esta ocasión me ha tocado a mí. Quiero hacer mías las muestras de cariño, de apoyo y de solidaridad y compartirlas con muchas personas honestas que desde hace tantos meses vienen encontrándose en una situación como la que yo hoy estoy”, ha recalcado Martín, que se ha mostrado “plenamente confiado” en el sistema judicial y en las instituciones españolas.

El delegado, cargo que ostenta desde marzo de 2023, ha recibido por la tarde una cédula de citación ordenada por Peinado junto un CD, en el que aparece el manuscrito que se trata de la querella de Vox. Martín está citado a comparecer en la Plaza de Castilla el miércoles que viene, 14 de mayo, a las 13.30 horas. “Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. Tengo la conciencia muy tranquila y no me siento en absoluto concernido con este procedimiento por el que se me cita. Somos un Estado social y de Derecho y, por tanto, estoy convencido de que todo este ruido terminará en nada, de que acabará en la nada”, ha remarcado mientras adelantaba que el 14 de mayo comparecerá ante el juez “con voluntad de colaboración y de confianza en el sistema judicial, que pondrá las cosas en su lugar”.

Pesos pesados del Gobierno como los ministros Félix Bolaños y Óscar López han salido rápidamente en su defensa. “Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país”, se ha pronunciado Bolaños a su llegada a la sesión de control en el Senado. El ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid ha publicado en su cuenta en X un mensaje con la definición de prevaricación según la Real Academia de la Lengua: “Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta”. “Palabras de actualidad...”, ha enfatizado el dirigente socialista en lo que se entiende como una crítica indirecta pero evidente al juez Peinado.

Palabras de actualidad… pic.twitter.com/ibpBBnr0EM

— Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) May 6, 2025

El malestar en el Gobierno con el magistrado ya era mayúsculo desde que en abril de 2024 admitió a trámite una querella del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias contra Gómez basada en recortes de prensa y noticias falsas. En el tiempo transcurrido el magistrado no ha encontrado pruebas de los delitos que le atribuye a Gómez, investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. La imputación del delegado del Gobierno, que fue el número dos de Félix Bolaños, en su etapa como secretario general de la Presidencia, responsabilidad en la que Martín le relevó en julio de 2021 cuando Bolaños fue nombrado ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha agriado aún más la relación. Bolaños declaró en Semana Santa como testigo al juez Peinado que no participó en la contratación de la asistente de Gómez. El magistrado suspendió el interrogatorio media hora para que el ministro fuera a averiguar un dato que, según le indicó él y una defensa, ya constaba en el sumario.

El juez ha sido corregido por la Audiencia Provincial en varias ocasiones, pero ha ignorado las pruebas de la inocencia de la mujer del presidente. Los testigos principales de las actividades de Gómez desde que su marido es presidente han negado cualquier tráfico de influencias y han acabado imputados. Fuentes gubernamentales opinan que su último auto, en el que ha añadido a Martín a su lista de imputados, es “demencial” y resulta “imposible buscarle lógica”. “Lo de hoy es un disparate más, como tantos otros”, alegan las fuentes consultadas, que instan a la Audiencia Provincial a intervenir ante lo que en La Moncloa y el PSOE consideran una investigación “prospectiva”. Cargos del más alto nivel del Gobierno sentencian que Peinado “es un problema para la judicatura” española “porque se lleva por delante el prestigio de la justicia” y resaltan que la preocupación es compartida por el sector más tradicional de los jueves conservadores.

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Pedro Sánchez no entró en la confrontación con Ayuso y recordó “el coraje del pueblo madrileño en defensa de la libertad” con un mensaje en redes sociales. El presidente del Gobierno expresó su reconocimiento a aquellos “que construyen cada día una región abierta, solidaria y dinámica”, al tiempo que conmemoraba los 146 años “de lucha, de conquistas sociales y de orgullo colectivo” en el aniversario del PSOE.

Hoy, #2demayo, recordamos el coraje del pueblo madrileño en defensa de la libertad. Una historia que nos inspira y une.

Mi reconocimiento a todos los madrileños y madrileñas que construyen cada día una región abierta, solidaria y dinámica.

¡Feliz día de la Comunidad de Madrid! pic.twitter.com/nRqgbEGB26

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 2, 2025

La alternativa con la que dirección autonómica del PSOE buscó su espacio y contraprogramó a la Comunidad fue un acto con catering y con una banda de música que tocó desde a AC/DC (Highway to Hell) a Amaral (Revolución) al que asistieron más de 400 militantes, simpatizantes y cuadros del partido en el que todos los corrillos comentaban cómo las encuestas rompen el empate en la izquierda y les sitúan claramente por encima de Más Madrid. Esto es, que recuperarían de nuevo la condición de alternativa al PP. Mientras, se restaba credibilidad a la fortaleza que los sondeos otorgaban a Ayuso, que según algunas casas demoscópicas incluso subiría un par de puntos: los más optimistas recordaban que en 2023 perdió 33.000 votos, aunque obviaban que se impuso con más de 1,5 millones de votos, casi un millón más que el PSOE. “En las últimas generales sacamos 400.000 votos más que en las autonómicas de dos meses antes. Óscar puede arrastrar de ese voto”, confiaba un peso pesado de la federación curtido en mil batallas internas y del Congreso de los Diputados. “El PP solo habla del PSOE y de Óscar, nos refuerzan porque hoy en la Puerta del Sol ignoraban a Más Madrid. Eso es una muestra de que ya nos consideran el referente de la oposición. Y eso nos atraerá más votos, lo que tenemos que conseguir es que el electorado progresista se movilice. Si conseguimos aumentar la participación en 5 puntos en los distritos y las ciudades del sur de Madrid y del corredor del Henares le podemos dar la vuelta”, sostenía otro veterano.

“Esto es una fiesta, y es una fiesta de todos y de todas, porque Madrid es de todos y de todas, Madrid no es tan sectario como es la señora Ayuso. Por lo tanto, celebrad, disfrutad, sonreíd e imaginad el fiestón que va a ser el día oficial de la Comunidad de Madrid cuando Madrid tenga un gobierno digno”, transmitió López a los asistentes al evento en el Parque del Oeste, donde lució el sol a diferencia de la tormenta que arreció en el kilómetro cero durante la conmemoración del levantamiento contra las tropas napoleónicas. En los corrillos sorprendió que Ayuso mantuviese la celebración en el exterior de la Real Casa de Correos pese al mal tiempo.

“Felicitamos a todos los madrileños piensen lo que piensen y vean la vida como la vean. Nosotros somos el partido de la gente y somos el partido de todos. Madrid es una comunidad alegre, hospitalaria, educada, solidaria, respetuosa, y en 2027 tendrá un presidente y un gobierno alegre, respetuoso, educado, responsable y solidario”, abundó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en un acto en el que también acudieron el delegado del Gobierno, Francisco Martín, la portavoz en la Asamblea Mar Espinar, su homóloga en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, y el dircom del PSOE, Ion Antolín Llorente, del que se percibió su sintonía con López, con el que coincidió en la Moncloa en los dos años que ejerció como jefe de gabinete de Sánchez antes de ser nombrado ministro.

146 años de lucha, de conquistas sociales y de orgullo colectivo.

El @PSOE ha sido el motor de cambio y progreso en España y lo seguirá siendo.

Con la fuerza de nuestra historia, seguimos construyendo el futuro.

¡Felicidades, compañeros y compañeras!🌹#146AniversarioPSOE pic.twitter.com/MqTBrUUZww

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 2, 2025

El veto en la Puerta del Sol provocó que los socialistas se volcasen en su aniversario. “Celebramos los 146 años de historia del Partido Socialista con un Gobierno socialista y un presidente como Pedro Sánchez”, ensalzó López. El partido, el segundo más antiguo de las formaciones socialistas tras el SPD alemán, se fundó en Casa Labra, en la calle Tetuán, a un centenar de pasos de la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. “El dos de mayo de 1879, en esta casa, careciendo los trabajadores de libertad para reunirse y asociarse, se fundó clandestinamente el Partido Socialista Obrero Español”, reza la placa colocada en la entrada de la taberna. Veinticinco personas, lideradas por Pablo Iglesias Posse, formaron la primera cúpula: 16 tipógrafos, cuatro médicos, un doctor en ciencias, dos joyeros, un marmolista y un zapatero.

“La historia del PSOE y la de España van unidas por la conquista de derechos y libertades. Nuestros 146 años han sido una lucha continua mientras tenemos un PP que en cada uno de esos derechos que hemos ido conquistando ha votado en contra”, reflexionó Santos Cerdán en una entrevista en Zona Roja, el programa semanal del partido. El secretario de Organización lamentó que el PP “se ha mimetizado con Vox y le ha comprado los argumentos y tesis en las que reniegan del cambio climático” tras “abrirle las puertas a la ultraderecha” en los gobiernos autonómicos y municipales. “En España hay dos formas de votar a la ultraderecha: al PP y o a Vox. Ambas llevan al mismo camino, es lo que ha traído quien venía a la política [nacional] a no insultar”, cargó contra Alberto Núñez Feijóo.

“Es un lugar que me emociona, aquí empezó la semilla de una parte importante de la historia moderna y contemporánea de España. Si tenemos 146 años es porque el PSOE ha sido un partido de futuro, formamos parte de un proyecto común”, compartió el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el mismo programa, grabado en Casa Labra. En su opinión, la buena marcha de la economía española, la más vigorosa de las economías avanzadas según han destacado desde el FMI a The Economist, resume los principios por los que surgió el PSOE: “Nuestro objetivo ha sido siempre la defensa de la gente común, humilde, de los trabajadores. Celebrar este aniversario en el momento que más personas trabajan, y sobre todo que más mujeres trabajan... No hay mejor homenaje a Pablo Iglesias que este”.

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Pedro Sánchez ha reprochado a la formación de Alberto Núñez Feijóo su “nulo compromiso” con España en una carta a los militantes del PSOE y ha acusado a los populares de “anteponer la voluntad de determinadas grandes empresas a la prosperidad de la economía española”. Pese a todo el caos que rodea a Trump y a la incertidumbre que el presidente de Estados Unidos ha causado en los primeros 100 días de su segundo mandato en la Casa Blanca, el Ejecutivo mantiene las estimaciones de crecimiento en un 2,6% para 2025, un cálculo similar al del Fondo Monetario Internacional (2,5%), que le convierte en el referente de las economías más avanzadas.

Hoy celebramos el #1DeMayo con orgullo socialista. Porque defender el trabajo digno, la igualdad y los derechos sociales ha sido siempre nuestra bandera.

Apostamos por un país más justo y sostenible.

¡Feliz día de las trabajadoras y trabajadores!https://t.co/0ELuUS4Sjd pic.twitter.com/RDCeL7Gmdj

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 1, 2025

Tras la imposición de aranceles de la Administración Trump, el PP mostró su disposición a participar en una negociación con el Ministerio de Economía a la que ayer dio un portazo definitivo. Vincula su rechazo al debate sobre las centrales nucleares, pero el argumento difundido por Génova este jueves a través de un vídeo tiene que ver con la “incapacidad” de Sánchez de ayudar a los sectores afectados. Este Gobierno, según la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, solo busca trabajo para familiares del presidente o las “amantes” de “un ministro”.

Frente a eso, el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas remarca que España “ha sido el primer país europeo” en impulsar un paquete de 14.100 millones de euros para proteger a los sectores más afectados, y que tras aceptar algunas de las propuestas del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, supera los 14.300 millones. “Esperamos contar con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario para ratificarlo. Lamentablemente, el PP ya ha anunciado su voto en contra al Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial frente a la guerra arancelaria”, lamenta Sánchez, que lo achaca “al total sometimiento del PP al interés de determinadas grandes empresas”. Aunque no las cita de forma expresa, la alusión al lobby nuclear y las empresas energéticas es evidente. “Lo grave ya no es su falta de proyecto de país, sino su absoluta sumisión a intereses particulares de los de arriba frente al interés de la mayoría”, censura Sánchez en su misiva a los afiliados del PSOE.

En la misma línea se han pronunciado otros miembros del Gobierno desde las manifestaciones a las que han asistido en distintos puntos de España. En Zaragoza, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha acusado a los populares de “mezclar churras con merinas y votan contra España” y el responsable de la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López ha acusado al PP de haber dejado de ser “un partido de Estado” para convertirse en “lobby” de las nucleares. Todos los ministros candidatos han participado algunas de las 50 manifestaciones por el Día del Trabajador. En la de Sevilla, la vicepresidenta María Jesús Montero ha arremetido contra el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, por lanzar una hipótesis “sin tener una evidencia” de las causas del apagón tuvieran que ver con un ciberataque.

Declaraciones políticas en la calle en distintas ciudades después de que esta mañana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, haya presidido el comité de situación creado por el Gobierno para evaluar el impacto del cese del suministro eléctrico, en el que han participado distintos ministerios afectados. Según fuentes gubernamentales, han constatado que el transporte ferroviario está normalizado, las incidencias en el sistema eléctrico son las que se producen en condiciones de normalidad y, según los primeros datos, no detectan afectación en el turismo de este puente en cancelaciones de reservas. La telefonía móvil está funcionando, según las mismas fuentes, por encima del 95%. Esta misma mañana, el Gobierno ha vuelto a cursar por escrito nuevas peticiones dirigidas a los agentes del sistema eléctrico, pidiendo también información sobre las horas previas y las referidas al proceso de reposición. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, se ha reunido con la presidenta de la CNMC y se reunirá este viernes con su homóloga de Portugal. El comité de análisis está de nuevo convocado el sábado, esta vez en la sede de REE.

Manifiesto del PP

“Que España vuelva a funcionar”, “que tu esfuerzo sirva” son los mensajes centrales que Alberto Núñez Feijóo ha lanzado con motivo del 1 de mayo. Los dirigentes del PP no han participado en las manifestaciones de este jueves pero Génova ha hecho público un manifiesto en el que carga contra la “disonancia evidente entre el relato del Gobierno y la realidad que viven millones de españoles”. “Mientras desde La Moncloa se celebra la estadística, muchos hogares viven con incertidumbre, salarios que no alcanzan y trayectorias laborales marcadas por la inestabilidad”, añade. La paradoja es que el discurso del PP contrasta con la reacción de sus presidentes autonómicos cada vez que se conocen los últimos datos laborales. “Madrid lidera el empleo en España. En Madrid se han creado el 21,3% de los nuevos empleos nacionales. La tasa de paro femenino es inferior al de los hombres, y la de paro juvenil, 6,9 puntos inferior a la nacional”, valoró Isabel Díaz Ayuso el lunes dos horas antes de que el apagón paralizara el país.

Que tu esfuerzo sirva. #1DeMayo #DiaDelTrabajador pic.twitter.com/DvlxQLKlbq

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 1, 2025

El PP sostiene además que se “está acercando peligrosamente el salario medio al salario mínimo, cronificando unos sueldos bajos e insuficientes hasta un extremo preocupante”. El salario mínimo se ha incrementado durante el mandato de Sánchez de 735 a 1.184 euros. Los populares esgrimen también que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocida esta semana “reflejan un mal arranque” de 2025, con “el mayor aumento de paro en un primer trimestre desde 2013″. Las previsiones del Gobierno apuntan a la creación de unos 480.000 empleos anuales de aquí a 2028, lo que permitiría rebajar la tasa de paro desde el 11,3% de 2024 al 10,3% de 2025. A partir de 2026 el indicador caería por debajo del 10%, lo que sería un paso claro hacia el pleno empleo, según el Ministerio Economía. Desde 2018 se han creado más de 2,7 millones de puestos de trabajo y se han alcanzado los 21,6 millones de afiliados a la Seguridad Social.

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A partir de ahora, ningún certificado extranjero, ninguna sentencia de autoridades judiciales de otros países, ni ninguna declaración acompañada de documentación médica servirá en ningún Registro Civil de España, incluidos los de los consulados, para inscribir a un bebé nacido por vientre de alquiler, sea cual sea el país en el que hayan nacido y sean cuales sean las circunstancias individuales.

Sin excepciones, “en ningún caso”, dice la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ―dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños― firmada este pasado lunes y que, tras su publicación en el BOE, entrará en vigor de forma inmediata. En esa instrucción, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se reconoce que a pesar de la ilegalidad de esta práctica, “lo cierto es que se dan casos”. Y aunque no hay un dato exacto, en los registros consulares, en 2021, constaban más de 3.200 niños entre 2010 y ese año nacidos de esta forma; y, con datos del Ministerio de Justicia, la cifra que figura en el Registro Civil de España es de 154 solo en 2024.

El procedimiento que siguen es habitualmente el mismo. Una vez que la madre biológica da a luz, explica el texto de la Dirección General, estas personas “solicitan su inscripción [la del bebé] en el Registro Civil español con la filiación derivada del contrato celebrado en el país extranjero”. Y lo hacen o bien pidiendo que se traslade a España la inscripción que ya consta en el registro extranjero, o apelando a una resolución judicial extranjera que determina que esas personas son la madre o el padre del bebé.

El panorama judicial del que se beneficiaba esta práctica cambió sin embargo el pasado diciembre cuando el Tribunal Supremo rechazó regularizar a niños nacidos a través de vientres de alquiler aunque lo respaldaran los jueces de otro país en una sentencia que sentó de forma clara que esta práctica “atenta contra la integridad moral de la mujer gestante y del niño” y supone una “explotación” de las madres. El fallo hacía también referencia a ese “interés superior del menor” por el cual se había estado asumiendo administrativamente en España la llegada de estos bebés

“El Tribunal declara que la concreción de lo que en cada caso constituye el interés del menor no debe hacerse conforme a los intereses de los comitentes de la gestación subrogada, sino tomando en consideración los valores asumidos por la sociedad como propios, contenidos tanto en las reglas legales como en los principios que inspiran la legislación nacional y las convenciones internacionales sobre estado civil e infancia”, incluye la Instrucción de Justicia sobre esa sentencia del Supremo, a cuya interpretación ha atendido para hacer este cambio administrativo, en el que también recuerda que “el contrato de gestación subrogada es contrario al orden público, cosifica tanto a la mujer gestante como al menor y vulnera principios fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico”.

Qué ocurrirá a partir de ahora

Vetar la entrada a España de bebés nacidos por esta práctica o negarse a reconocerlos de ninguna forma como Estado es imposible, porque quedarían en una suerte de vacío legal. La Instrucción, de cuatro puntos, detalla en el cuarto y último cuál es la única fórmula posible a partir de este momento: “Los solicitantes podrán obtener de las autoridades locales, si procede, el pasaporte y permisos correspondientes para que los menores puedan viajar a España y, una vez aquí, la determinación de la filiación se efectuará a través de los medios ordinarios previstos en el ordenamiento español: filiación biológica, en su caso, respecto de alguno de los progenitores de intención y filiación adoptiva posterior cuando se pruebe la existencia de un núcleo familiar con suficientes garantías”.

Es decir, que a la llegada a España se deberá comenzar desde cero un proceso judicial para esa filiación [determinar la procedencia de hijos e hijas respecto a madres y padres]. Es el único resquicio legal para algo que España lleva casi 20 años intentando erradicar y que, por el momento, para hacerlo, ha trabajado sobre cuestiones administrativas y, según las fuentes gubernamentales consultadas, no se contempla la tipificación penal como ocurre en Italia.

Ahí, la justicia italiana castiga desde 2004 recurrir a los vientres de alquiler con multas de entre 600.000 y un millón de euros y hasta dos años de cárcel a quien “en cualquier modo realice, organice o publicite el comercio de gametos o de embriones o la subrogación de la maternidad”, y en septiembre del año pasado, el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó añadir un apéndice a su legislación para incluir también a los ciudadanos italianos que lo hicieran en países extranjeros.

“No se puede evitar por completo, pero sí se puede dificultar y entorpecer algo que, recordemos, es violencia contra las mujeres, y de forma mayoritaria contra las más vulnerables”, detalla una fuente de Justicia. Mujeres que, según los países donde se produzca cobran distintas cantidades por someterse a un tratamiento hormonal, quedarse embarazadas y parir a un bebé que otras personas se llevarán en cuanto nazca.

Las horquillas son amplias, se pueden mover desde los 4.000 euros que se les pagan en India, a los 15.000 en México o los hasta 100.000 a los que se puede llegar en Estados Unidos ―tres de los países junto a Canadá, donde está permitido solo si es de forma altruista, e India donde más se viaja por esta práctica―. Todo dependerá de las circunstancias: el lugar, las agencias que intermedien, los abogados, o las necesidades económicas de esas mujeres. Y para quienes recurren a ellos, el coste total puede ir de los 70.000 hasta los más de 250.000 euros para pagar cuestiones legales, de intermediación y administrativas.

El embarazo y parto de determinadas mujeres para otros es ya una industria que mueve miles de millones de euros y que ha ido adaptándose a lo largo de los años a los distintos contextos legales, políticos y sociales de diversos países, como el cambio de Ucrania como principal destino o las soluciones que se encontraron durante la crisis de la covid; y también en el foco de un intenso debate político y social donde los vientres de alquiler se enfrentan no solo a las legislaciones y posturas de distintos países sino también al feminismo entre sí ―aunque de forma minoritaria―, y con aquella parte del colectivo LGTBIQ+ que defiende esta práctica como fórmula para ser padres, sobre todo para los hombres homosexuales.

Desde el feminismo se recuerda siempre el matiz de que ser padres no es un derecho, sino un deseo, y de que esta práctica supone otra forma más de explotación reproductiva y mercantilización ya no solo del cuerpo de las mujeres, sino de menores. En eso, el consenso en España es amplio, también en la comunidad médica y entre los partidos tanto de izquierda como de derecha –con la excepción del ya extinto partido Ciudadanos–, que han estado históricamente en contra de la práctica.

Esta instrucción es ahora la última herramienta legislativa que ha activado el Gobierno, queda conocer si, como estaba previsto, los vientres de alquiler se mantendrán o no dentro de la futura ley de trata, pendiente de segunda lectura en Consejo de Ministros.

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El hombre ha irrumpido hasta el salón de actos, donde el líder territorial del partido, Pedro Casares, daba una charla a unos 70 militantes y simpatizantes, y ha dejado dos botellas con un líquido inflamable. Una mujer ha reaccionado con rapidez y ha sacado las botellas fuera de la casa del pueblo, donde han explotado sin causar grandes daños según testigos. Las botellas eran de plástico y llevaban el mensaje “Frente a las mentiras revanchistas PSOE=Satanás”. Una afiliada sacó las botellas al exterior antes de que explotasen durante un acto de Memoria Democrática con casi un centenar de asistentes. Las botellas contenían aparentemente aguarrás o aguafuerte y bolas de papel de plata, cuya reacción química causa una explosión.

Frente a la violencia y el odio, responderemos con memoria, respeto y justicia.

El PSOE seguirá reivindicando el derecho a recordar y honrar a quienes lucharon por la democracia. Un abrazo a los compañeros y compañeras del @PSOECantabria. https://t.co/I1nxrz27v8

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 25, 2025

Para el PSOE, el ataque “eleva la violencia” el acoso ultra que padece desde el inicio de la legislatura “a la categoría de atentado”. “Frente a la violencia y el odio, responderemos con memoria, respeto y justicia. El PSOE seguirá reivindicando el derecho a recordar y honrar a quienes lucharon por la democracia. Un abrazo a los compañeros y compañeras”, se ha solidarizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta en X.

Al igual que el líder del partido, otros dirigentes como Pilar Alegría han transmitido su “cariño” a sus compañeros de partido: “Ante los insultos y el odio, siempre responderemos con más democracia, más respeto y más memoria. Ni un paso atrás”, se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo, ministra de Educación y secretaria general del PSOE de Aragón. “Que los violentos y reaccionarios sepan que no impondrán su odio sobre los demócratas”, le ha secundado Francina Armengol, presidenta del Congreso y secretaria general en Baleares. “Siembran vientos y después vienen las tempestades. Es absolutamente intolerable el comportamiento de una derecha que emplea un tono cada vez más violento y plagado de descalificaciones hacia el PSOE. Toda la solidaridad con los compañeros y compañeras de Cantabria”, ha apuntado Óscar Puente, ministro de Transportes y secretario provincial de Valladolid.

Las agrupaciones del PSOE han sufrido más de 150 ataques por toda España y cargos de todo el escalafón del principal partido del Gobierno siguen recibiendo insultos y amenazas un año y medio después de la investidura de Sánchez. En mayo se cumplirá el primer aniversario de la ley de amnistía. “Estamos cansados de la catarata diaria de insultos que desde el Partido Popular y los ultras se vierten contra el PSOE, sus cargos, afiliados y votantes. La crispación y esas malas artes diarias son el caldo de cultivo para que personas exaltadas se tomen la supuesta justicia por su mano”, ha criticado el PSOE en un comunicado. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su “condena absoluta a los actos de terrorismo” y su “solidaridad con las víctimas” en un mensaje en redes sociales.

La federación cántabra estaba celebrando el acto De la memoria al respeto para reivindicar el cambio de nombre de 18 calles de Santander que mantenían su nomenclatura franquista, en el que participaban la directora general de atención a las víctimas del Gobierno de España, Zoraida Hijosa, y el historiador Antonio Santoveña. “Frente a los radicales y violentos que quieren callarnos, vamos a alzar aún más fuerte la voz en defensa de una sociedad libre y democrática”, ha compartido Casares, que en febrero fue elegido nuevo secretario general en su comunidad. “Estos ataques nos reafirman en la importancia de seguir reivindicando la memoria democrática que hace sociedades más libres, más decentes y más dignas”, ha subrayado.

Los hechos han sido denunciados inmediatamente a la Policía Nacional, que se ha desplazado hasta la sede del PSOE de Cantabria para recoger las pruebas de estos hechos violentos y las imágenes de las cámaras de seguridad. Los socialistas cántabros se concentrarán este sábado en su sede en la capital autonómica en repulsa del último caso de violencia contra el partido.

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La nota de La Moncloa es muy clara. “Tras haber agotado todas las vías negociadoras, la presidencia del Gobierno, la vicepresidencia segunda y los ministerios competentes han decidido rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems”, señala el Gobierno. “La Junta de inversión de material de doble uso denegará a dicha empresa el permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato. La Abogacía del Estado y los ministerios competentes ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones. Los partidos del Gobierno de coalición progresista están firmemente comprometidos con la causa palestina y la paz en Oriente Medio. Por esto, desde el 7 de octubre de 2023, España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes. Ni lo hará en el futuro. Los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y los que sean armamento no se van a ejecutar”, remata.

La tensión fue máxima durante este miércoles. Nadie parecía informado al máximo nivel de la decisión de Marlaska. Ni lo sabía Sumar, que era el principal afectado políticamente, porque ya vive una tensión muy fuerte por el aumento del gasto en defensa que decidió el Consejo de Ministros el martes, ni lo sabía aparentemente la cúpula de La Moncloa, que mantuvo silencio durante las primeras horas en una muestra evidente de malestar con una polémica que no esperaba después de cuidar con esmero el anuncio que hizo el propio presidente el martes de los 10.600 millones de euros que se moverán del Presupuesto para alcanzar el 2% del PIB del gasto en defensa este mismo año.

La noticia, adelantada por la Cadena SER, de que Interior había aprovechado la Semana Santa para intentar colar, de tapadillo, un contrato de compra de balas a una empresa israelí, después de prometer que lo anularía, sentó muy mal en La Moncloa y desató la indignación en Sumar y en IU, que precisamente ya apuntaba la posibilidad de salir del Gobierno por el aumento del gasto en defensa. Marlaska y su equipo habían diseñado una maniobra para que el contrato no saliera a la luz, pero lo hizo de manera estruendosa, en el peor momento político. Así que La Moncloa se puso a evaluar la situación, con conversaciones permanentes con su socio de Gobierno, y finalmente Pedro Sánchez ha dado la orden este jueves de que Interior dé marcha atrás y anule el contrato.

Interior alegaba cuestiones económicas para mantenerlo. “La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados”, explicaba el ministerio en un comunicado el miércoles. Ahora Sánchez obliga al ministro y su equipo a una rectificación completa 24 horas después.

Sánchez ha decidido que hay algo más importante que eso en este momento, y es el coste político de mantener un contrato millonario de armamento con una empresa israelí que está trabajando activamente en los ataques diarios a Gaza que han dejado 60.000 muertos y que han llevado al Gobierno español a sumarse a una denuncia contra Netanyahu en el Tribunal de La Haya por crímenes contra la humanidad.

La contradicción es tan evidente que era insostenible, o al menos así lo creían en La Moncloa y en Sumar, con Yolanda Díaz muy pendiente en todo momento de resolver el problema y en conversación con Sánchez. Al tratarse de una crisis del máximo nivel, han intervenido en ella las personas clave del entorno del presidente. Ha estado encima en todo momento el jefe de Gabinete, Diego Rubio, que mantiene una interlocución permanente con Sumar, y también María Jesús Montero y Félix Bolaños, que suelen negociar con los grupos y en especial las cuestiones dentro de la coalición.

La Moncloa llegó a la conclusión de que no solo por salvar la coalición y quitarle presión interna a Díaz, sino sobre todo por coherencia política con la posición del presidente en la guerra de Gaza, había que dar marcha atrás por segunda vez: primero se dio para cerrar el contrato y ahora para deshacerlo. Era insostenible, concluyeron al máximo nivel en el Ejecutivo, mantenerse internacionalmente como el adalid de la causa de los dos Estados ―Israel y Palestina―, como uno de los pocos países europeos que ha reconocido a Palestina, como el gran azote europeo de Netanyahu, y a la vez comprarle munición a empresas de armamento israelíes con gran protagonismo en la destrucción total de Gaza.

Al contrario de lo que pasó con este contrato de armamento, que se cerró sin que Sumar lo supiera, el aumento del gasto en defensa sí vino precedido por conversaciones con Sumar. La fórmula fue la de otras veces: la vicepresidencia de Díaz introdujo observaciones que mantuvo vivas en el Consejo de Ministros, de manera que políticamente ellos aseguran que no asumen la decisión. No hay votación en el Consejo de Ministros, pero esta es la fórmula para dejar por escrito una discrepancia interna. Aún así, Izquierda Unida no estaba satisfecha y quería más dureza. Cuando llegó la noticia del contrato de munición ya se desató una tormenta incontrolable, que se intentará aplacar con esta última decisión de La Moncloa, aunque aún queda mucho trabajo político por hacer para intentar reconducir la coalición en un momento muy delicado.

Díaz explicó que había hablado con Sánchez y con Marlaska y que este contrato “nunca debió haber existido”. “Este contrato es una vulneración flagrante de la legalidad internacional, del comercio internacional, de los acuerdos de gobierno y cuando estamos viviendo y asistiendo a un auténtico genocidio en Gaza. Ayer dije que se tenía que rectificar de manera inmediata”, ha subrayado en la clausura de un acto de Comisiones Obreras. “Lo importante hoy es que por fin se encuentra rescindido y que el Gobierno de España no hace negocios con un Gobierno genocida como en este caso es el que está masacrando al pueblo palestino”, ha enfatizado la vicepresidenta segunda.

IU ha reivindicado su presión para que el Gobierno anule el contrato de compra de munición a Israel, que ha tilado de “tropelía”, y ha advertido que hará un “estricto marcaje” al PSOE para impedir cualquier colaboración comercial en materia de armamento con el país hebreo. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, cree que no es necesaria la dimisión de Marlaska después de la rectificación pero ha instado a una mejor coordinación dentro de la coalición y a que el PSOE no actúe de forma “unilateral” en cuestiones tan sensibles como la del incremento del gasto militar. “Nosotros dijimos que o se rectificaba o tenía que dimitir el ministro del Interior. Como se ha rectificado que no haya compraventa de armamento de Israel, lo demás es complementario. Obviamente estamos satisfechos”, ha apostillado el dirigente de IU en una entrevista en La Sexta.

La mesa de partidos de Sumar, solicitada la víspera por IU, ha mantenido a primera hora de la tarde una reunión descafeinada tras la rescisión del contrato. El encuentro, de menos de dos horas y telemático, ha servido para emplazarse a mejorar la coordinación del espacio político, incluidas las fuerzas de Movimiento Sumar sin ministros, en una próxima reunión presencial. También se ha consensuado que se establezcan “mecanismos de reacción a las acciones unilaterales” del PSOE en el Ejecutivo, según fuentes conocedoras de la reunión.

Mientras la crisis se reconduce dentro de la coalición, la tormenta no amaina a la izquierda del PSOE. Podemos mantiene una presión creciente sobre Sumar sin suavizar sus críticas al Gobierno. La formación desplegó a todos sus portavoces estatales, con la acusación compartida al Ejecutivo por “financiar el genocidio” en Gaza y Cisjordania, con más de 50.000 palestinos fallecidos ―la gran mayoría civiles y casi la mitad menores y mujeres― por el ejército israelí en su respuesta al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023. “No se trata solamente de la compra de balas israelíes por valor de 6 millones, se trata del paso de buques de guerra por los puertos españoles y de otros contratos que se han descubierto, que están ya formalizados y sobre lo que el Gobierno no dice nada. Nosotros tenemos la percepción de que el Gobierno no quiere cortar relaciones comerciales con Israel de compraventa de armamento, que se mantienen a pleno rendimiento. ”, ha afirmado Javier Sánchez Serna, portavoz adjunto de Podemos en el Congreso.

Previamente, la eurodiputada Irene Montero ha resaltado el rechazo de Podemos al incremento del gasto militar hasta el 2% del PIB este año aprobado el martes por el Consejo de Ministros. “ Estamos muy preocupadas por este rumbo de guerra en el que Sánchez y el PSOE están metiendo a España sin ningún tipo de control democrático y de una forma absolutamente autoritaria que va a comprometer seriamente el bienestar de los españoles. Esos 10.500 millones no están saliendo de ningún bolsillo mágico de María Jesús Montero, son recortes”, ha asegurado la secretaria política de Podemos. El Gobierno niega que ese incremento sea a costa del Estado del bienestar.

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El grupo de la vicepresidenta Yolanda Díaz emitió un duro comunicado exigiendo la rectificación de Interior y un portavoz de Izquierda Unida llegó a abrir la puerta a su salida del Consejo de Ministros, una posibilidad que fue matizada después tanto desde su partido como desde el entorno de la vicepresidenta. “En ningún momento está encima de la mesa o en riesgo ni la participación de Sumar en el Gobierno ni la continuidad del Gobierno de coalición”, zanjó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por la tarde.

A primera hora, Díaz había tratado de normalizar las diferencias por el aumento del gasto militar confirmando que la coalición gozaba “de muy buena salud” y agotaría la legislatura. Fuentes del sector socialista del Gobierno entienden la incomodidad de sus socios por este asunto, pero se escudan en la comunicación de la Abogacía del Estado que desaconsejó la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato con la empresa israelí. La anulación, explican, hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado. El socio minoritario niega las limitaciones jurídicas y sostiene que todo es cuestión de voluntad política. En cualquier caso, la Moncloa intentó ayer relativizar la profundidad de la crisis y espera al regreso de Fernando Grande-Marlaska, de viaje este miércoles en Irak, para abordar el asunto.

El malestar entre los partidos de Sumar se hizo evidente a lo largo de la mañana y sus portavoces fueron endureciendo el tono, con petición de dimisión incluida desde Compromís e IU del responsable del Interior si no aceptaba la exigencia del grupo de cancelar el contrato con Israel, valorado en 6,6 millones de euros. “Es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y la comparecencia del ministro para explicar lo que ha sucedido”, enfatizó la vicepresidenta poco después de conocerse que el departamento de Marlaska había decidido seguir adelante con la compra.

“La suspensión del comercio de armas con Israel no es solo una medida justa en el contexto del genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, sino también en consonancia con los tratados internacional sobre Comercio de armas”, señala la nota pública de los de Díaz, que subraya que “no caben matices en medio de una masacre cuyos responsables tienen una orden internacional de arresto por parte de la Corte Penal Internacional”. Desde la guerra abierta en octubre de 2023, Sumar ha hecho de este asunto una de sus banderas y batalló con el PSOE para incluir en el acuerdo de Gobierno el reconocimiento de Palestina como Estado, algo que finalmente aprobó el Consejo de Ministros en mayo del año pasado.

La crisis la elevó este miércoles al máximo Izquierda Unida, la formación más sensible en este tema, y que ya se había mostrado muy enfadada con la inversión de casi 10.500 millones de euros en defensa anunciada un día antes y con la que España cumplirá este año el compromiso que Mariano Rajoy adquirió en 2014 con la OTAN de destinar el 2% del PIB a esta materia. Sumar alberga en su grupo a partidos de tradición política muy distinta e IU, que nació en 1986 al calor de las movilizaciones contra la ratificación de la entrada de España en la Alianza Atlántica y ha mantenido históricamente una posición de defensa del Estado palestino, ha sido la más beligerante también este miércoles. “No vamos a tolerar que ninguna partida [del Ejecutivo] vaya a financiar un Estado genocida”, advirtió su coordinador federal, Antonio Maíllo. “No basta con pedir explicaciones. Ese camino no lo vamos a recorrer. El PSOE ha abierto la mayor crisis desde que tenemos Gobierno en 2023″, añadió en un tono especialmente duro. Un paso más allá fue en este caso su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, quien preguntado por una posible salida del Gabinete respondió: “Estamos ante una seria contradicción. Por una parte, queremos que España siga siendo el único Gobierno de coalición progresista. Es el mejor escudo de protección de nuestro país. Si al final hay que tomar una decisión de no seguir participando en el Gobierno, vamos a intentar que en España no haya un Ejecutivo de derechas”, afirmó en rueda de prensa. Un alto cargo de IU descartó horas más tarde en privado a EL PAÍS que la organización “esté en eso”, e hizo hincapié en lograr que la decisión se revierta. Pero aunque el propio Maíllo, a última hora de la tarde en la SER, repitió que su partido quiere “mantener el Gobierno de España” en un intento por rebajar la crisis, evitó rechazar explícitamente el abandono, añadió que “[todos] los escenarios están sobre la mesa”, y aseguró que le “llamaba la atención que el foco se pusiera en salir o no“ del Ejecutivo. Un argumento que reiteró Santiago más tarde en el Canal 24 horas, mucho menos contundente ya que por la mañana.

La política de defensa y particularmente los aumentos del gasto militar han dividido tradicionalmente a los socios del Gobierno desde 2020, primero a PSOE y Unidas Podemos y ahora a los socialistas y Sumar. La coalición que coordina Yolanda Díaz ya había asumido en cierta medida la hoja de ruta de Sánchez desde que la Comisión Europea pidió incrementar las inversiones militares por el giro en Europa tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Se trata de lo que han bautizado en la coalición como “discrepancia pactada”, y por ello Sumar presentó “observaciones formales” en el Consejo de Ministros, haciendo constar su rechazo. Sin embargo, la noticia sobre el cambio de parecer de Interior sobre los contratos de armas a Israel resultó una sorpresa para el grupo minoritario, que se enteró por los medios. La ministra Sira Rego, de origen palestino y del partido de Maíllo, envió a mediodía de ayer una carta al propio Marlaska pidiendo la rectificación y una auditoría que “arroje luz” sobre cualquier otro tipo de convenio con Israel en este ámbito. “Comprar armamento testado en combate contra la población civil palestina choca frontalmente con la posición que ha venido manteniendo España a nivel internacional, así como con el sentir mayoritario de la población”, añade en la misiva.

En La Moncloa y en Ferraz no le dan ninguna verosimilitud a una ruptura repentina de la coalición. Lo que sí hay es preocupación por la imagen de división e inestabilidad que el Ejecutivo transmite. “Son fuegos de artificio, no va a ningún lado. Todo esto responde al momento de redefinición de ese mundo y a la competencia entre Sumar y Podemos”, piensa un ministro. La fractura en todo ese espacio que se presentó unido en las elecciones generales de 2023 bajo las siglas de Sumar es el gran quebradero de cabeza de los socialistas. La coalición de Díaz debe lidiar con la presión de Podemos, que desde el grupo Mixto del Congreso los acusa de formar parte de un Gobierno que califica como Ejecutivo “de la guerra” o “colaboracionista de un genocidio”, en palabras el miércoles de su secretaria general, Ione Belarra. Un peso pesado del Gobierno rebaja la crisis y muestra cierta comprensión “con un desmarque con el que buscan justificarse ante sus militantes” y subraya que la polémica se reduce a “una cuestión muy concreta de un contrato muy concreto”.

El PSOE quiere pasar pantalla cuanto antes mientras trata de desdramatizar la última crisis en el Ejecutivo, como quedó patente en las intervenciones públicas de sus ministros. “Somos un Gobierno de coalición y lógicamente hay cuestiones en las que manifestamos posiciones comunes en sintonía y Sumar ha trasladado que hay algún desacuerdo en alguna de las cuestiones, pero en prácticamente el 99% de este plan están de acuerdo los partidos que conformamos el Gobierno de España”, destacó Pilar Alegría.

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Pese a las observaciones de Sumar al plan y las críticas internas, los socialistas minimizan el impacto de esta discrepancia y niegan que provoque grandes turbulencias en la coalición. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, declinó intervenir en el Consejo de Ministros y delegó esa responsabilidad a Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar. Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo ya se planteó la posibilidad de llevar al Consejo de Ministros del pasado martes el paquete en defensa en cuyo diseño han estado implicados los ministerios de Presidencia, Hacienda, Industria, Defensa y Transformación Digital. La operación se ha gestionado con cautela, sin llevar el plan la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios de Estado, el órgano en el que previamente se analizan los asuntos del Consejo de Ministros, ni a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En el Gobierno subrayan que Díaz fue informada con la “suficiente antelación”. “Este plan industrial no es fruto de la improvisación y va a ser un programa muy bueno para nuestras Fuerzas Armadas, para la seguridad de España y para nuestra industria con la creación de puestos de trabajo. Va a demostrar que España es un país serio, comprometido y fiable”, reivindicó la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras la sesión de control en el Senado.

La ministra Robles hizo una exposición inicial en la reunión del Consejo de Ministros antes de la intervención central del presidente. “Hemos hecho observaciones, no es la primera vez, tenemos nuestras discrepancias sanas y muy transparentes, estamos en el único gobierno progresista de coalición que hay en toda Europa y vamos a seguir empujando porque las medidas vayan más allá de lo que se ha dicho de un rearme militar”, discrepó en los pasillos de la Cámara alta la ministra de Sanidad, Mónica García, dirigente de Más Madrid, una de las fuerzas de que engloba Movimiento Sumar. “Tenemos coincidencia en el 99% de las actuaciones y de las iniciativas, pero en algunas políticas, en esta en concreto, hay algunos matices que ellos han expresado sin más preocupación”, terció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

En el PSOE atribuyen los reproches de Sumar a la necesidad de no ceder espacio a Podemos, que desplegó a todos sus portavoces a cargar contra la iniciativa del Gobierno. Su secretaria general, Ione Belarra, afirmó que “cualquier Gobierno de la guerra” los “tendrá enfrente”. Sumar, en cambio, sacó pecho de haber conseguido que no haya “ningún recorte social, que el 80% esté destinado a mejoras salariales para los profesionales, ciberseguridad y mejoras en la gestión de emergencias naturales”. Una visión que contrasta con la postura crítica sin matices manifestada por Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, una organización históricamente contraria a la OTAN y muy beligerante con el incremento de la inversión militar. “Desde IU mostramos nuestro más absoluto rechazo a la toma de decisión del Consejo de Ministros. Nos oponemos no solo porque es una decisión unilateral del PSOE y del presidente Pedro Sánchez, sino porque no se ha deliberado previamente, ni debatido, ni está en el acuerdo de investidura, ni responde al espíritu con el que el Gobierno se constituyó en 2023″, fue mucho más crítico.

El Congreso, por ahora, no se pronunciará sobre el gasto en Defensa pero Sánchez volverá a comparecer en mayo para explicar el plan. Por lo pronto este martes Gabriel Rufián, portavoz de ERC en la Cámara baja, criticó al presidente por ser “capaz de instaurar tres días de luto en un Estado aconfesional por la muerte de un Papa pacifista y durante esos tres días anunciar 10.000 millones de euros más en armas”. Néstor Rego, del BNG, reprochó al presidente que dé “una versión dulcificada de lo que verdaderamente se está haciendo, insistiendo mucho en el aspecto de la seguridad y en las tecnologías de doble uso”.

La decisión de Sánchez de no llevar a votación el plan de defensa da oxígeno al PP, porque lo libra de la incómoda tesitura de pronunciarse sobre un asunto de Estado que comparte en el fondo con el PSOE. Los populares españoles se han comprometido con sus socios del PP europeo a un incremento del gasto en defensa mayor todavía del anunciado por Sánchez, del 3% del PIB. Aun así, Feijóo tiene mucha presión de los sectores más duros de la derecha, que le instan a evitar cualquier acercamiento a Sánchez, de forma especialmente significativa en Defensa.

Tras las explicaciones del presidente, el PP llegó a denunciar este martes los “tics autoritarios” de Sánchez por no someter a votación del Congreso el plan de defensa. La número dos de Alberto Núñez Feijóo instó a Sánchez a que lleve a votación en el Parlamento cada medida de un plan “que hace agua por todas partes”, y a que elabore y presente de manera inmediata los Presupuestos generales, incluyendo ahí el incremento en defensa. “No es serio ni democrático”, se quejó la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en un vídeo grabado por el partido y remitido a los medios de comunicación. “El Gobierno, con la Constitución en la mano, ejerce sus competencias como Ejecutivo. No es que el Congreso no vaya a disponer de esa información, lo que no es necesario es que se vote en el Congreso. Si hubiera que votar algo sería generación de créditos, que no es el caso”, contestó Montero.

Feijóo, que se reunió por la mañana en Génova a puerta cerrada con embajadores y diplomáticos de países aliados y de la OTAN, se expresó sobre el anuncio del presidente a través de un tuit: “Sin el acuerdo de su Consejo de Ministros. Sin Presupuestos. Sin autorización del Congreso. Sin dar detalles de dónde va a sacar miles de millones de euros. España necesita un verdadero Plan de Defensa y Sánchez ha presentado uno de autodefensa”, escribió. Pese a sus importantes reservas sobre la forma en la que va a aprobarse el plan, Feijóo manifestó ante los embajadores y diplomáticos con los que se vio en la sede del PP que invertir el 2% en defensa “es una condición necesaria” y “una obligación como aliado”, según un comunicado remitido por el partido.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el plan que Sánchez anunció en marzo en el Congreso. Lo aprobó después de que, en la reunión de la Ejecutiva federal del PSOE, Sánchez hiciera pedagogía ante la cúpula del partido. Según fuentes presentes en la reunión, señaló que Italia, gobernada por la ultraderechista Giorgia Meloni y entre los rezagados de la OTAN como España, iba a alcanzar este año el 2% de gasto militar. El líder del PSOE no habló de plazos concretos ni adelantó sus planes a la cúpula socialista pero deslizó que su intención era la de seguir la estela del resto de países comunitarios con un mayor presupuesto en Defensa.

La decisión de Italia, unida a la de Bélgica, dejaba en una posición aún más difícil a Sánchez, que ahora afrontará en una posición “fortalecida” la cumbre de la OTAN de junio en La Haya, según coinciden varios ministros. El Gobierno lanza el plan una semana después de la reunión en la que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, le reclamó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que España aumentase el gasto militar, que en 2024 representó el 1,4% del PIB. Los más de 10.000 millones necesarios para llegar al 2% saldrán de la reorientación de parte de los fondos europeos, de remanentes y de partidas de los presupuestos prorrogados de 2023. Otro de los interrogantes es si el Gobierno será capaz de ejecutar el gasto aprobado antes del 31 de diciembre. “Confío plenamente en que la maquinaria, que está muy engrasada, de la Administración General y la de Defensa en particular va a permitir la ejecución de hasta el último euro”, observó Montero.

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El listado de llamadas de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, imputada en la causa abierta por la gestión de la tragedia que dejó más de 200 víctimas en la provincia de Valencia, demuestra que la primera llamada entre ambos, pese a que Pradas era la responsable autonómica de Emergencias, no ocurrió ese día hasta las 17.37. Aun así, el barón popular sostiene que habló con Pradas “todo el día”. Mazón y la exconsellera se comunicaron además a las 20.10, un minuto antes del envío de la alerta a la población cuando ya había decenas de víctimas y las localidades más afectadas se encontraban inundadas. Pese a estos y otros hechos, como que Mazón se incorporase al Cecopi, el organismo de coordinación de emergencias, a las 20.28, la Generalitat siempre le ha desligado de la decisión de mandar la alerta a móviles en su intento de protegerle con múltiples versiones de lo que hizo aquella tarde para justificar su ausencia en el centro de mando de la dana. Feijóo también ha cerrado filas y justifica a Mazón obviando su comportamiento tanto el día de la dana como en los seis meses transcurridos.

El PSOE ha vuelto a exigir a Feijóo y a Mazón que hagan público el listado de llamadas que realizaron el pasado 29 de octubre. Los socialistas basan su petición en que el líder del PP aseguró que había estado informado “en tiempo real” ese día por el presidente de la Comunidad Valenciana. “Es urgente que tanto Feijóo como Mazón muestren sus listados de llamadas que se produjeron en la tarde de la dana, así como todos y cada uno de los mensajes. Es necesario que, tras tantos meses de mentiras, sepamos de qué tenía conocimiento Feijóo, en qué horas y de qué hablaron él y Mazón en tiempo real. Es necesario saber si Feijóo solo conocía la información de la boca de Mazón o, además, si participó en alguna decisión o alguna recomendación al presidente de la Generalitat. La sucesión de acontecimientos desastrosos en la gestión de la emergencia da la idea del tamaño de la negligencia”, ha arremetido la portavoz de la dirección socialista, Esther Peña. Ferraz considera que Feijóo “tiene que asumir en primera persona la responsabilidad” de la gestión de Mazón y considera que ambos se encuentran “arrinconados”. El PSOE está personado en la causa que investiga la jueza de Catarroja Nuria Ruiz y no descarta pedir la declaración como testigo del jefe de la oposición. “La verdad está en el tejado del PP. Es Feijóo quien tiene que mover ficha”, ha advertido Peña.

Otra demostración de la fragilidad de Feijóo, según la percepción generalizada en Ferraz, es que el Partido Popular Europeo vaya a celebrar su congreso en Valencia a pesar del compromiso que supone para la imagen de la formación tener a Mazón de anfitrión. Una tercera derivada es que los pactos del PP con Vox en la Comunidad Valenciana, donde han acordado los Presupuestos asumiendo el discurso migratorio y crítico con la lucha contra el cambio climático de Santiago Abascal, colisionan con el cordón sanitario que la derecha tradicional alemana de la CDU/CSU ha aplicado a la ultraderecha en Alemania en su acuerdo para gobernar en coalición con los socialdemócratas del SPD. “El Partido Popular Europeo nos pide unidad en Bruselas para hacer frente a los aranceles mientras en España el PP pacta con la ultraderecha”, se ha recalcado la contradicción que suscita la política de alianzas que Génova consiente a sus líderes territoriales en la reunión de hora y media de duración. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria general de Igualdad de la dirección federal del PSOE, ha tildado de “líderes del negacionismo” a los dirigentes del PP: “Niegan el cambio climático y la violencia machista y eso cuesta vidas”, ha observado según varios compañeros.

Como viene ocurriendo con las últimas ejecutivas del PSOE, la reunión ha estado condicionada por el contexto internacional y la respuesta a la guerra comercial iniciada por Donald Trump. El presidente ha explicado su reciente viaje a China, del que ha puesto en valor el cierre de sendos acuerdos para el sector agrolimentario español para exportar cerezas y almendras, y ha recordado que estaba agendado desde hacía meses y que según el PP debería haberse aplazado y que en realidad responde a los “intereses personales” de José Luis Rodríguez Zapatero: el expresidente socialista acudió al foro de Boao, el Davos chino, unos días antes de que Sánchez se viera con Xi Jinping en Pekín. En la cúpula del PSOE se ha incidido en que el viaje estaba coordinado con la Comisión Europea. Su presidenta, la conservadora Ursula von der Leyen, tiene previsto acudir en verano a China ante la debilidad de las relaciones trasatlánticas.

Sánchez ha abundado en la idea de que el giro drástico en la Casa Blanca está provocando un “nuevo orden mundial” en el que España está demostrando su capacidad para tejer alianzas y como acaba de demostrar con su gira asiática que tuvo su primera parada en Vietnam. El secretario general del PSOE comparte que la UE tiene que gestionar su seguridad ante la amenaza de Washington de retirar su paraguas defensivo y ha señalado, sin dar plazos, que España está en la misma línea que el resto de socios europeos de la OTAN de incrementar el gasto militar. Sánchez, según fuentes presentes, ha mencionado a Italia, otro de los países más rezagados de la alianza. Giorgia Meloni se ha comprometido a alcanzar este año el 2% comprometido. Sánchez también ha sacado músculo con el crecimiento económico: según el Fondo Monetario Internacional, España crecerá un 2,5% este año tras la última revisión al alza y pese a la guerra comercial. En este frente, el PSOE confía que el PP no tumbe el primer decreto que el Gobierno ha aprobado para paliar los efectos de los aranceles de Estados Unidos. “Seguimos reuniéndonos con colectivos afectados y notamos con claridad que sectores afines al PP no entenderían que votase en contra”, afirman fuentes de la dirección.

La dirección del PSOE no ha dedicado un momento a los Presupuestos, con las cuentas de 2025 cada vez más difíciles. “Estamos trabajando por que los Presupuestos vengan en forma en 2025 y si no lo conseguimos trabajaremos para los de 2026. Con las cuentas que están ahora prorrogadas nos encontramos cómodos, ayudan a nuestro tejido productivo”, ha zanjado Peña. A puerta cerrada, Sánchez ha reiterado que no piensa convocar elecciones anticipadas y que serán en 2027. El PSOE sí tiene previsto poner en valor la implementación de la lluvia de millones de los fondos europeos bajo su mandato en algunos actos de partido.

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Mientras, las banderas preconstitucionales de España y de la Falange continúan siendo la estampa cotidiana que pintan a diario el centenar de neonazis y nostálgicos del franquismo que se citan en la calle Ferraz, a las puertas de la parroquia del Inmaculado Corazón de María, a unos metros de la sede socialista —escena aderezada habitualmente con un repertorio de proclamas antisanchistas estridentes y vulgares—. El partido ha tenido que ajustarse al horario de las concentraciones y ha tenido que adelantar la salida de sus trabajadores. “Seguimos con el protocolo de seguridad como si estuviéramos en otoño de 2023. Si siguiésemos con un horario normal nos arriesgaríamos a situaciones muy tensas. Así evitamos, aunque sea en parte, los insultos e intimidaciones. Que si ‘me he quedado con tu cara’, que si ‘sabemos donde vives’...”, explica un empleado de la central del PSOE.

Juan Antonio Sagredo, de 48 años, senador y alcalde de Paterna (75.000 habitantes, Valencia) desde 2015, que en noviembre se fundió en un abrazo emocionado con otro senador, Gerardo Camps, del PP, tras animar “a cambiar la confrontación por la unión” ante la tragedia de la dana, tampoco se ha librado de la crispación que pretendió atajar. El conocido como Paredón de España de Paterna, el lugar donde fueron fusiladas 2.238 personas durante la represión franquista, entre el 3 de abril de 1939, dos días después del fin de la Guerra Civil, y la última ejecución en 1956, amaneció el 21 de febrero profanado con la pintada “Sagredo eres maricón y tarado”.

“Es un mensaje de odio y un ataque, no contra mí, sino contra el Gobierno municipal de Paterna, por ser un referente que ha apostado por recuperar y dignificar la memoria de las personas que fueron fusiladas. El Paredón de España es Lugar de la Memoria y Bien de Relevancia local, ambas distinciones obtenidas en 2022, y lo atacaron por su simbolismo, por lo que representa. Después del muro del cementerio de Madrid es donde más gente fusilaron durante la posguerra”, describe Sagredo. El gobierno municipal del PP en Paterna de 2007 a 2015 abrió una única fosa y por decisión judicial. Con Sagredo se abrieron 40 fosas hasta 2024 y se han recuperado 1.397 cuerpos. El año pasado comenzaron los trabajos de apertura de otras 40 fosas mucho más pequeñas donde se prevén encontrar cerca de 180 víctimas de la dictadura. El 12 de marzo, casi un mes después, se empezó a limpiar la pintada, que requería el permiso de la Consellería de Cultura de la Generalitat valenciana. “Pedimos que fuera tan rápido como cuando pintaron “Mazón dimisión” por primera vez en el Palau de la Generalitat, que está protegido también. Al día siguiente ya estaba limpio”, remarca el regidor.

“Fuerte olor a gasoil”

A 130 kilómetros de Paterna, Cristina Díaz vuelve a enfrentarse, entre indignada e incrédula, a un ejemplo de intimidación que suena más propio de autocracias y países aspirantes a democracias de otras latitudes. “Lo que me pasó no es un hecho aislado. Yo sabía que la cosa podía ser tensa, pero hasta ahí… No. Y ya no es solo que me implica a mí, es que implica a mi familia. Sigo que no me lo creo”, regresa la edil a la noche del 20 al 21 de febrero. “Pasó en la casa familiar. Ese día estaba mi hermano. A las tres de la mañana oyó un golpe que le despertó y le llegó como una ráfaga muy fuerte de olor a gasoil. Se levantó, no vio nada y se acostó. A los 20 minutos escuchó el chasquido de un mechero y, cuando ya estaba fuera, vio a unos 20 metros a un hombre vestido de negro que se iba en una bicicleta. No le dio tiempo a reconocerlo. Mi hermano se metió en el coche a ver si volvía y llamó a la Guardia Civil, que sobre las cinco o seis de la mañana llegó e hizo el atestado. Ese mismo día fuimos a Albacete y pusimos la denuncia”, relata la concejala, de 49 años.

No se plantea renunciar: “Me hice militante pocos meses antes de las elecciones de mayo de 2023, me presenté sin ningún propósito de ganar, porque aquí es imposible, siempre ha estado el PP, que sacó cinco concejales por los dos del PSOE. Lo hice para que hubiese un poquito de oposición. Si renuncio entraría mi pareja, que iba tercero en la lista, y no quiero dejar a la otra concejala que salió sola”. El atestado de la denuncia recoge que la edil “quiere dejar constancia que no es la primera vez que le pasa algo similar”. “En otras ocasiones ha recibido amenazas hacia ella y su hijo, las cuales fueron notificadas de forma verbal a la Guardia Civil de Jorquera. En diciembre de 2023 sufrió un intento de agresión, que fue denunciado [...] Todo esto ocurre desde que ella es concejala”, figura en el escrito. El marido de la concejala colaboró con el PSOE y llegó a ir en la lista en las elecciones de 2019. “Y ya también hubo presiones”, subraya la concejala. “Nos arañaron el coche, nos pintaron una rueda, pero al dejarlo los problemas se acabaron”, concluye.

En Ciudad Real, María Montes, concejala de 29 años y secretaria provincial de las Juventudes Socialistas, también interpuso una denuncia contra un varón conectado con Movimiento Resistencia Ferraz, los grupos organizados de extrema derecha que mantienen la presión contra la sede estatal del PSOE. “Todo comenzó hace más de un año con las concentraciones de Noviembre Nacional. Es una persona que no respeta nada, que se hace el encontradizo y que te increpa, le da igual si vas con la familia o estás en la compra. Todo bajo encuentros casuales. En enero tuve un problema serio, salía de la sede y le dio lo mismo que fuera con mi hijo menor de edad. Un mes después me empezó a increpar en un supermercado y llamé a la policía y le detuvieron porque ya había una orden de alejamiento. Pero se creía tan impune que, cuando salí a llamarles, él vino detrás y siguió con su retahíla a mi lado hasta que llegaron”, narra.

Además del vía crucis que sufren algunos cuadros socialistas, los ataques a las sedes persisten: 157 de las casas del pueblo del PSOE habían sido vandalizadas a principios de marzo, según datos del partido. Aunque la mayoría de esas acciones violentas se produjeron en los días previos y posteriores a la sesión de investidura de noviembre de 2023, ha habido repuntes posteriores: el pasado 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco, y en los primeros días de febrero, con cinco actos vandálicos en diez días. Desde que se inició la oleada de ataques, se han producido casi 12 al mes de media, según el recuento realizado por Ferraz. En varias agrupaciones, además, la violencia es reincidente.

Es el caso de la agrupación de Nájera, localidad de La Rioja con 8.000 habitantes, que ha sufrido cuatro acciones vandálicas. “Llevamos unos meses sin sufrir otro y cruzamos los dedos. La peor, por decirlo así, fue la primera, por lo inesperado, pero la más grave fue otra ocasión en la que nos rompieron la cristalera de la sede por completo con una piedra de tamaño importante”, cuenta Saúl Manzanares, concejal, que compagina su labor pública con la empresa familiar. En febrero, él y otro compañero de bancada tuvieron que salir escoltados por la Guardia Civil protegiéndoles con los escudos en alto del pleno municipal en el que se votaban los presupuestos. Por redes sociales circuló un mensaje en el que se les identificaba con el siguiente mensaje: “¡A por estos dos socialistas, vamos a ir a por ellos y sus familias! Van a morir esta semana”. “Hubo un grupo de WhatsApp donde se nos decía que no podríamos ni entrar al Pleno, lo está investigando la Guardia Civil... Aquí nos conocemos todos y te duele especialmente. Porque si vives en una ciudad de un millón de personas... Pero aquí te pones cara, entras al bar de uno, vas al estanco de otro, sabes las ideas de la gente, más o menos te tienes localizado, y no puede ser que se pierda un respeto que es algo básico en democracia”, expone.

Un calvario parecido padecen en la agrupación de El Ejido, también con cuatro casos. “En el último ataque, a finales del año pasado, nos rompieron la cerradura. Hemos instalado cámaras y lo denunciamos a la Policía Nacional”, relata su secretario general, José Miguel Alarcón, de 65 años y edil en la localidad almeriense de 90.000 habitantes. “Estamos hartos de quitar las barbaridades que nos pintan. Han llegado a poner mensajes racistas como Moros fuera y, tras la dana, Valencia vuestra tumba”.

El hostigamiento se reproduce en otras casas del pueblo, como la de Burgos, donde no han cesado las protestas diarias. El centenar de personas que se llegaban a congregar delante se ha reducido a una docena, pero la tensión no ha amainado. El último episodio grave, explica la secretaria provincial y portavoz de la dirección federal, Esther Peña, se produjo hace un mes, con un joven que se cubrió el rostro con la capucha de su sudadera: “Se han dado casos de personas que entraban a la sede a increparnos. Todo esto ha obligado a las trabajadoras a cerrar con llave por dentro en horario laboral cuando están solas, y también a guardar cierta cautela antes de abrir a personas desconocidas que llaman al timbre o que se detienen ante la puerta”. Las llamadas telefónicas insultantes o amenazantes, los golpes de viandantes en las ventanas, los abucheos y los escupitajos en los cristales ya forman parte de la rutina.

El caso de la casa del pueblo de Béjar (Salamanca, 12.000 habitantes) merece mención aparte porque es ahora cuando está en el punto de mira de los radicales. “No tuvimos ningún problema cuando la investidura y amnistía. Hubo un par de concentraciones, pero nada. No sufrimos nada. En cambio, nos han vandalizado la sede ahora en enero, nos pintaron los cristales y la persiana, tacharon el letrero y pusieron un cartel para que leyese casa de putas y sus hijos. Lo quitamos. Hicimos una concentración silenciosa... Y volvieron a hacer lo mismo”, cuenta el secretario general, Antonio Cámara, funcionario del Estado de 57 años, portavoz en el Ayuntamiento y diputado en la Diputación de Salamanca. “Somos 50 militantes y nos seguimos reuniendo con normalidad, aunque te intimidan y claro, la gente se puso nerviosa. Pero no ha habido bajas de afiliados, de hecho hemos crecido unos pocos”, añade el exalcalde.

Los cuatro diputados socialistas que fueron increpados y a los que lanzaron huevos en una cafetería cerca del Congreso —entre gritos de “Traidores, os tendrían que matar”— en la última investidura de Sánchez fueron llamados a testificar el 20 de marzo en los juzgados de Plaza de Castilla. Los parlamentarios vascos Daniel Senderos Oraá y María Luisa García Gurrutxaga, el valenciano Vicent Sarrià Morell y el aragonés Herminio Rufino Sancho Íñiguez se encuentran a la espera de la fecha del juicio tras la denuncia que presentaron contra un grupo de varones, cuya actitud agresiva y violenta obligó a la policía a escoltar a los diputados hasta el Parlamento. “No se puede normalizar lo que no lo es. He llegado a recibir anónimos en mi casa, la derecha no puede restarle importancia a unos hechos tan graves”, exige Rufino.

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La mayoría de reemplazos se han producido sin necesidad de primarias, con la presentación de candidaturas de consenso. Solo dos han surgido de las urnas en las agrupaciones. En cinco provincias (Valencia, León, Cádiz, Segovia y Jaén) y la isla de La Palma sí han saltado chispas y la militancia ha acudido a votar a las casas del pueblo, aunque todos los secretarios provinciales que han tenido que ir a primarias han sido revalidados. Andalucía, la federación con más afiliados (40.000) y cuyo concurso es vital para retener La Moncloa, es donde la transformación ha sido más profunda, con cuatro líderes provinciales de estreno. A la sucesión en enero de Juan Espadas por María Jesús Montero en la secretaría general, le han seguido los cambios, inmediatamente después del congreso autonómico, en Jaén, Granada, Málaga y Almería. Esto es, de la mitad de sus cabezas provinciales.

Montero apremió a resolver los procesos orgánicos cuanto antes para volver a sacar el “gen competitivo” del PSOE andaluz y reanimarlo con una “campaña permanente” hasta que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, convoque las elecciones como muy tarde en junio de 2026. La número dos del Gobierno y del PSOE ejerció su influencia y logró que se produjera una transición rápida y ordenada, sin primarias. En Málaga con la apuesta por un peso pesado como Josele Aguilar; en Granada, donde Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía y alcalde de Baza entre 2007 y 2021 sustituyó a Pepe Entrena, secretario general durante los ocho últimos años; y en Almería con José María Martín, actual subdelegado del Gobierno.

Las primarias fueron inevitables, y a cara de perro, en Jaén y Cádiz. La sucesión de Paco Reyes, presidente de la diputación jienense y secretario general desde 2010, es una de las principales batallas orgánicas que han librado los socialistas debido a la relevancia que Jaén juega siempre como factor de estabilidad en el PSOE andaluz. Juan Latorre, alcalde de Arjona (5.400 habitantes) desde 2014 y de 38 años —es el secretario provincial más joven de España—, se impuso con un respaldo del 54,6% a Ángeles Férriz, a la que Montero ha mantenido como portavoz adjunta en el Parlamento andaluz tras ser la portavoz con Espadas. En Cádiz, el diputado nacional Juan Carlos Ruiz Boix retuvo el cargo por la mínima tras vencer con 1.823 votos, el 51,15% de los emitidos y 82 votos de diferencia sobre el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana. “Concluido este proceso de primarias y de renovación, el PSOE de Andalucía sale más reforzado”, sentenció su secretario de Organización, Paco Rodríguez.

La victoria más ajustada de las primarias ha sido la de Carlos Fernández Bielsa, secretario general en la provincia de Valencia desde 2022 y alcalde de Mislata desde 2011. La comisión de ética del PSPV-PSOE le proclamó oficialmente ganador por 21 votos en el proceso orgánico, en el que participaron más de 6.800 militantes (74% del censo), contra el regidor de Riba-roja, Robert Raga, de la cuerda de la ministra Diana Morant (Ciencia y Universidades), que acaba de cumplir su primer año como secretaria general en la Comunidad Valenciana. La revisión de las actas dejó un resultado más ajustado al inicial por 33 papeletas. El pulso fue tan enconado que se llegó a plantear la repetición de las votaciones en tres agrupaciones, opción que finalmente se desechó. En Alicante, Rubén Alfaro sucedió a Alejandro Soler, diputado nacional y miembro de la dirección federal desde diciembre, sin necesidad de primarias.

En Castilla y León, Javier Cendón, que ingresó en diciembre en la dirección federal del PSOE, revalidó el título de secretario provincial de León que ostenta desde 2017 doblando a Diego Moreno (1.492 papeletas por 747). Otro diputado nacional, José Luis Aceves, ganó las primarias en Segovia con el 57,14% de los votos al aspirante Borja Lavandera con una participación del 71,53%. La única novedad en la federación de autonomía más extensa es la de Carlos Montesino en Ávila: el alcalde de Candeleda (5.000 habitantes), unos meses mayor que el de Arjona, es el nuevo secretario general provincial tras la retirada del senador Jesús Caro, al timón los últimos ocho años, dos días antes de la votación en urna. Montesino le agradeció su “generosidad” y “responsabilidad”.

En Canarias, Borja Perdomo (1985), portavoz en el cabildo, fue elegido en primarias nuevo secretario general en La Palma con un apoyo del 63,3%. La candidatura de Sergio Matos, ex diputado en el Congreso y ex alcalde de Santa Cruz de La Palma, obtuvo el 36,1% de los votos. La diputada autonómica Tamara Raya se convirtió en la primera mujer en ser secretaria general del PSOE de Tenerife. Lo hizo sin una candidatura alternativa.

Baleares es otra de las federaciones que más se han rejuvenecido. Amanda Fernández Rubí es la nueva secretaria general del PSOE de Mallorca, lo que le sitúa como la número dos tras Francina Armengol. La presidenta del Congreso ha confiado en ella para recuperar el gobierno del Consell de Mallorca. En Menorca, Susana Mora renunció a seguir liderando el PSIB-PSOE después de dos mandatos. Pepe Mercadal, diputado de 40 años en el Congreso, le ha reemplazado al ser el único candidato. Ibiza ya se renovó el año pasado.

Extremadura ha completado su reestructuración, iniciada hace un año con la elección de Miguel Ángel Gallardo tras la decisión de no volver a presentarse de Guillermo Fernández Vara —refrendada en unas nuevas primarias en enero—, con sendos cambios en sus dos provincias. Álvaro Sánchez Cotrina, alcalde de Salorino (550 habitantes) desde 2011, fue el único candidato en Cáceres, al igual que la de Manolo Borrego, alcalde de Valverde de Leganés (4.200 habitantes) desde 2019, en Badajoz.

La federación del PSE-EE en el País Vasco también se ha remozado. Javier Hurtado, consejero de Turismo, liderará a los socialistas de Álava tras la renuncia de Cristina González. Hurtado contó con el respaldo del líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, y de Ferraz. En la otra punta de España, en Ceuta, se consiguió una candidatura de unidad tras un año de gestora y Miguel Ángel Pérez fue designado secretario general.

A falta de lo que suceda en Galicia, donde las provincias de Lugo y Ourense irán a primarias, la principal pugna que queda pendiente del puzle territorial del PSOE es Zaragoza. Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación y actual secretario de la provincia con más militantes de Aragón (casi 5.000, muy por encima de los 1.400 de Huesca y 1.100 de Teruel) valora presentarse a la reelección. Su continuidad se interpretaría en todo caso como una demostración más de integración en la nueva etapa que lidera Pilar Alegría, que en enero sucedió a Javier Lambán a los mandos de una federación que ha pasado de ser díscola a alinearse con Ferraz. El congresillo de Zaragoza será en junio. Entretanto, en Teruel ya ha habido cambio: Mayte Pérez declinó presentarse a un tercer mandato. Muy vinculada a Lambán, con quien fue consejera de Presidencia y portavoz en las Cortes de Aragón, Pérez tomó el 8 de abril posesión de su escaño como senadora por designación autonómica en lugar precisamente de Lambán. Rafael Guía, alcalde de Andorra (7.250 habitantes) desde 2023 y diputado provincial, es el nuevo responsable del PSOE en Teruel.

La federación de Castilla-La Mancha es la única de las comunidades con más de una provincia donde se mantienen todos los secretarios provinciales. No es casualidad: los cinco pertenecen al núcleo duro de Emiliano García-Page. Álvaro Gutiérrez es delegado de la Junta y alcalde de Escalona (Toledo), Josele Caballero (Ciudad Real) es vicepresidente segundo de la Junta, Santiago Cabañero (Albacete) es presidente de la Diputación, Pablo Bellido (Guadalajara) es presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y Luis Carlos Sahuquillo (Cuenca) es diputado nacional.

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Pregunta. ¿Le sorprende que el PP votase en contra? Tenía la opción de abstenerse.

Respuesta. Es inexplicable. Hemos aprobado una respuesta justa y solidaria, no tienen razones para votar en contra. ¿Cuál era la alternativa? Cuando hay comunidades que dicen que van a ir al Tribunal Constitucional para parar el decreto ley, lo que el PP le está diciendo a Canarias, a Ceuta y a Melilla, donde además gobierna, es que los menores se queden en esos territorios, hacinados como están.

P. El PP de Canarias, que gobierna con Fernando Clavijo, apoya el real decreto ley, aunque sus seis diputados en el Congreso votaron en contra.

R. Apelé a que, al menos en conciencia, los diputados del PP de Canarias, Ceuta y Melilla lo apoyaran. Es imposible votar en contra si eres de allí, te han votado allí y estás en el Congreso de los Diputados, a una medida reclamada históricamente por las comunidades de frontera, que han pedido todos los presidentes que ha tenido Canarias desde 1994.

P. El PP se ha quedado solo con Vox. UPN se abstuvo.

R. Es surrealista que partidos de carácter nacionalista o independentista voten a favor de que menores que están en Canarias vayan al País Vasco, Cataluña o a Navarra y que el PP, que está presente en todos los territorios, le dé la espalda a esos menores. El real decreto no está pensado solo para dos ciudades autónomas y una comunidad, es para toda España: si la ruta migratoria cambia y vuelven a entrar por el Estrecho migrantes del norte de África, irán fundamentalmente a Andalucía, donde gobierna el PP. La Junta podría acogerse a este decreto ley porque la contingencia migratoria es para todas las comunidades. Yo creo que, al menos, debía haberse abstenido para no negarse a recibir a menores porque el color de su piel es negra. Si fueran blancos, ¿votarían que no? Si tuviésemos hoy una circunstancia de guerra, en cualquier país europeo, ¿votarían que no? No lo harían.

P. ¿Por qué al PP no le interesa que haya un sistema automático de reubicación?

R. Le interesa, pero ha cedido ante Vox. Tiene que sacar los presupuestos en distintas comunidades donde no tiene mayoría y Alberto Núñez Feijóo se ha rendido ante [Isabel Díaz] Ayuso, [Jorge] Azcón y [Santiago] Abascal. Ha traicionado y ha abandonado a Canarias.

P. ¿El presidente de su comunidad, Fernando Clavijo, debería romper con el PP? ¿Están llamados a cogobernar Coalición Canaria y PSOE?

R. Yo sé lo que yo haría si fuera presidente de Canarias. Jerónimo Saavedra [expresidente canario del PSOE] sufrió una moción de censura por parte de lo que luego se convirtió en Coalición Canaria porque, según ellos, no defendía a Canarias ante sus compañeros de partido en el régimen económico y fiscal. Esto es mucho más grave: aquí tenemos a un vicepresidente, que es Manuel Domínguez, que es el que ha propuesto los nombres de los diputados canarios del PP que han votado en contra ante lo que, según Fernando Clavijo, es la urgencia máxima que tiene Canarias.

P. La ministra de Juventud espera que los traslados se puedan comenzar en verano. ¿Ese plazo no es optimista? No se tienen aún todos los datos de las comunidades, ni los protocolos para los traslados, ni el acuerdo de las comunidades...

R. Vamos a intentar que sea cuanto antes. Pero hay algo importante que es necesario aclarar. No estamos hablando de sacar 4.000 menores de Canarias y 400 de Ceuta en 24 horas, sino en 12 meses.

P. Después de tantos meses de polémica con este asunto ¿Se puede reconducir la imagen que se ha instalado en algunos sectores de los menores inmigrantes como jóvenes conflictivos?

R. Es que eso es falso, si así fuera Canarias sería la comunidad con mayor delincuencia juvenil. Y no solamente no lo es, sino que en 2024, con más menores no acompañados que en 2023, la delincuencia juvenil ha disminuido en mi tierra. Ningún inmigrante es ilegal, y mucho menos si es menor. No se puede asociar delincuencia con menores, es de una injusticia absoluta.

P. Toda esta polémica no se ha producido con los 1.600 menores no acompañados de Ucrania.

R. No ha habido problema. En estos casos ninguna comunidad se ha negado a tener la tutela de los menores procedentes de Ucrania. Al revés. Ahí lo han facilitado.

P. ¿Por qué se dejó que Junts anunciara el acuerdo que garantizaba la aprobación del real decreto? En el rechazo del PP está el trasfondo de que sean los independentistas quienes deciden algunas de las cuestiones más importantes del país.

R. Es una cuestión menor...

P. Menor, pero simbólica.

R. Aquí lo lamentable es que hayan tenido que ser los partidos nacionalistas o independentistas los que, ante el no del PP, se hayan sumado al acuerdo.

P. Pero Junts se opuso en la primera votación y cuando se llegó al acuerdo actual lo comunicó como si se tratase de una competición con Madrid por ver quien acogía menos.

R. No es cierto que a Cataluña no va a ir ningún niño. Irán los que tengan que ir, como a Madrid, a Extremadura, a Castilla-La Mancha o a Castilla y León, a todas las comunidades acorde a la capacidad que cada una deba tener.

P. El PP reprocha que en los primeros cálculos para fijar el reparto de menores iban más a Melilla y a Baleares que a Cataluña.

R. Tendrían que ir primero a territorios que tengan menos presión que Baleares y Melilla. Hay autonomías que dicen que se encuentran saturadas pero están muy lejos, no solo de multiplicar por tres la capacidad ordinaria, sino de llegar a la capacidad ordinaria. ¿Cómo puede decir [que la red de acogida de] la Comunidad Valenciana, que va a recurrir al Tribunal Constitucional, están saturados con 600 menores cuando tiene cinco millones de habitantes? ¿Y Canarias entonces qué, cuando con una población de dos millones acoge a 6.000 menores? ¿Puede alguien que tenga criterio de Estado mantener esa desproporción? Para que la Comunidad Valenciana pudiese decir que está en la misma condición de saturación que Canarias tendría que atender 15.000 menores.

P. Muchas comunidades han alegado que estaban sobreocupadas.

R. Porque están confundiendo los recursos que tienen con los que tendrían que tener. ¿Cómo puede decir una comunidad autónoma que está saturada cuando tiene 100 plazas y están cubiertas? ¿No parece lógico que el Estado matice ese desequilibrio? Porque jamás llegará una patera o un cayuco a Madrid o La Rioja. Lo que proponemos es que quienes lleguen lo hagan al conjunto del país y no solo se responsabilicen de ellos los territorios frontera, terminando en una situación de hacinamiento según el Defensor del Pueblo, el derecho internacional o el Tribunal Supremo.

P. El Supremo y el Defensor del Pueblo también han dicho que el Estado debe asumir la responsabilidad de los 1.200 menores que han solicitado o que van a solicitar asilo en Canarias. ¿Usted puede asegurar que el Gobierno va a acoger en su red estatal a alguno de esos menores?

R. Indudablemente sí. Aquellos que acordemos con el Gobierno de Canarias.

P. ¿Hacía falta que tuviese que intervenir el Supremo?

R. El Estado estaba trabajando para sacar un real decreto ley que fue previo al fallo del auto.

P. ¿Por qué la Abogacía del Estado presentó un recurso cuando esa no era la intención de su Ministerio? ¿Hubo descoordinación?

R. Lo que ocurrió fue que, por norma, en cinco días se presenta un recurso. Nos sentamos con el Gobierno de Canarias y el recurso se retiró. Yo pongo en valor que se retirara y algunos ponen más énfasis en por qué se presentó.

P. ¿Puso en riesgo la relación con el Gobierno de Canarias?

R. No, lo que pasa es que tampoco iba a ayudar. Yo me quedé tranquilo cuando se retiró porque el camino era llegar a un acuerdo.

P. ¿Qué hará el PP con el real decreto de respuesta a los aranceles?

R. Ha habido otros ejemplos donde el interés general estaba claro, como con la senda de déficit, y el PP prefirió una derrota del Gobierno, pero creo que no van a votar en contra.

P. El PP sostiene que le han engañado pactando con Junts las ayudas a Cataluña.

R. Hemos dejado claro que las ayudas serán a empresas, no a los territorios. En la pandemia, Canarias fue la que recibió la mayor cantidad económica para las empresas y los autónomos porque afrontó el mayor daño de afiliados a la Seguridad Social. No fue para beneficiar a las empresas canarias, fue porque había un dato objetivo que se daba en un territorio que vivía del turismo.

P. Al final la comunidad benedictina seguirá en Cuelgamuros.

R. Había dificultades objetivas para que incluso la resignificación se pudiera llevar a cabo y hubo un encontronazo con quienes están también en el valle de Cuelgamuros. Ante eso, yo creo que se ha tomado una decisión inteligente. Yo puedo comprender que no satisfaga a unos u otros. También he visto como muchos protestan porque la Iglesia llega a un acuerdo con el Gobierno de España progresista. Pero vamos a tener la resignificación del valle de Cuelgamuros. Vamos a poder tener ahí un espacio que recuerde lo que se hizo para que no se repita.

P. ¿Por qué decidió anunciar en un acto de su partido que padecía cáncer?

R. Sufrí un impacto porque no me lo esperaba. Yo fui al médico para que me hiciera unas pruebas rutinarias, como un tema menor, y en un análisis detectaron una anomalía que tenía que ver con un tema urológico. Las pruebas que me hicieron salieron bien, pero el especialista no se quedó convencido, creía que tenía que haber tumores y pidió una resonancia. Aquello me dejó intranquilo y al día siguiente me comunicaron que podía haber metástasis en huesos y en órganos, aunque parece que no está extendido. Decidí hacerlo público y lo compartí en la que también siento como mi casa, con mi organización política, creo que era el lugar adecuado porque es parte de mi familia. No sabía cuándo era el momento mejor y al final fue un hecho absolutamente improvisado de ese día. Lo importante es que parece que está acotado y es operable, ya veremos si tenemos que hacer algún otro tratamiento.

P. ¿Se planteó su renuncia como ministro y secretario general del PSOE en Canarias?

R. No. En ese momento lo que uno piensa es qué me pasa y en que los médicos me dijeron que había que operarme cuanto antes porque si no entraríamos en una fase de metástasis en poco tiempo. Animo a que todo hombre y mujer se hagan análisis anuales aunque no haya síntomas, nadie está exento de tenerlo por muy joven que sea. Quiero agradecer los mensajes que me han llegado de todos lados, de los partidos políticos de todo color, incluido Vox.

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El PP justifica ese vaivén por una disposición del real decreto ley que iba incluida en la versión definitiva que Economía les facilitó antes de su aprobación. Según Junts, el acuerdo supone que el Gobierno “territorialice” las ayudas e inversiones del plan de 14.100 millones para los afectados por los aranceles. Sin embargo, el Ejecutivo aclara que no hay ningún trato diferencial para las empresas catalanas en esa disposición segunda que sostiene que “el Gobierno garantizará que la puesta a disposición a las empresas de los instrumentos financieros se efectúe con respeto al equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024, con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición”.

Pero la interpretación de Junts incomoda a los populares, que llegan a hablar de un “reparto desigual de los recursos de todos los españoles”. “No se puede llamar a los pactos de Estado mientras se sigue subastando el Estado”, llegan a decir los populares. El Gobierno subraya que el PP no puso objeciones a ese contenido y que la reacción del PP se ha producido cuando supo que esa incorporación era del grupo de Carles Puigdemont.

En este escenario, el PP asegura que la posibilidad de un acuerdo con el Gobierno “está más lejos que antes” y que las negociaciones para este primer real decreto de ayudas “han terminado”, puesto que el texto ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, pese a sus discrepancias. Génova deja en todo caso abierto el canal de diálogo con el Ejecutivo, pero ha vuelto a imponerse la desconfianza. “Seguiremos atendiendo las llamadas que recibamos porque somos un partido de Estado, pero no es posible que cuenten con el Partido Popular si es para blanquear un acuerdo que vuelve a comprometer la igualdad entre ciudadanos y entre territorios”, avisa el PP.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al que Pedro Sánchez ha designado como el negociador principal del Gobierno en las negociaciones abiertas con todos los partidos salvo Vox, salió a última hora de la tarde a templar los ánimos. Cuerpo defendió que el real decreto es “muy equilibrado” y aseguró que la relación con el PP, donde su interlocutor es Juan Bravo, vicesecretario de Economía, es fluida: “Estoy hablando con el señor Bravo con más frecuencia casi que con mi familia. Estamos en una situación de contacto continuo y de buen entendimiento. Yo creo que eso es en lo que tenemos que estar por encima del ruido”, afirmó. Fuentes del Ejecutivo detallaron que ambos hablaron por la tarde y que la conversación fue “amena” y “constructiva”, una versión que también ratifican en el entorno del vicesecretario del PP. Según fuentes conocedoras de esa conversación, Cuerpo explicó a Bravo la disposición adicional, y este la entendió aunque reprochó al ministro no habérselo explicado antes.

A diferencia de Cuerpo, otros sectores dentro del Gobierno son pesimistas y están convencidos de que el PP está preparando el terreno para romper con el Gobierno.

El PP también deja en el aire el sentido de su voto sobre el decreto, pese a sus reservas. Feijóo, que este miércoles se reunirá en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene difícil oponerse a un texto del que dijo el lunes que veía elementos acertados, en un discurso que trufó de apelaciones a la unidad ante la crisis arancelaria. No obstante, antes de poner el foco en el pacto con Junts, el PP ya había advertido de que le parecían “insuficientes” las modificaciones que el Gobierno había hecho al real decreto tras sus sugerencias, que tienen que ver con la reducción a un año de la moratoria contable y la incorporación al diálogo a las comunidades autónomas, además de la incorporación de 220 millones más para la internacionalización de empresas. En medio, un gesto político del PSOE: el cambio del Pleno del Congreso que estaba previsto para la última semana de abril de fecha para permitir al PP que pueda asistir al congreso del Partido Popular Europeo que se celebra en Valencia.

Pero para el PP no fue suficiente. “Hay miedo a que Sánchez nos engañe y mucha presión de los sectores más duros de la derecha”, analiza un dirigente popular, que recuerda que en este contexto el PP “no quiere dar bazas a Vox, ahora que están tan mal”. “El mensaje es: lo hemos intentado, pero con Sánchez es imposible”, interpreta este dirigente, mientras en el partido hay dudas de si la voluntad de negociar de la cúpula era real o desde el principio se ha tratado de una escenificación.

En esta tesitura, el análisis que hacen en La Moncloa es que Feijóo se encuentra muy incómodo por las presiones internas de federaciones como el PP de Madrid, contraria a pactar nada que les vincule con Pedro Sánchez tras basar su estrategia en una confrontación en la que no existe la tregua, y la dependencia de Vox para aprobar los presupuestos en buena parte de las comunidades presididas por el PP. “Están dando los pasos para que no haya acuerdo”, resume un peso pesado del Gobierno que vaticina que el alma del PP que representa Miguel Tellado, el portavoz y látigo de Feijóo en el Congreso, se impondrá a la corriente más posibilista y moderada que encarna el vicesecretario de Economía, Juan Bravo.

Los titubeos del PP propiciaron que varios ministros le instasen a no romper el acuerdo y a comportarse como un partido de Estado, justo como lo ha reivindicado Feijóo desde el inicio de la crisis arancelaria. “Es un momento crucial, muy complejo en el mundo y desde luego el Gobierno va a hacer lo que tiene que hacer para defender a España, sus trabajadores y sus empresas de la mano tanto de la Comisión Europea como de los grupos políticos”, observó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. ”Espero que se materialice [el pacto] porque se requiere y se necesita. Nuestra mano tendida”, abundó Fernando Grande-Marlaska (Senado) tras otra sesión de control en el Senado en la que no hubo ni rastro de la supuesta tregua. “Esperemos que el PP sea capaz de una vez romper con la ultraderecha y apoyar al Gobierno alguna vez”, abandonó la Cámara alta con ese deseo Óscar López, ministro de Transición Digital y secretario general del PSOE de Madrid. “Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que el PP arrime el hombro como puede ser en la guerra arancelaria. Esperamos a un PP que sea un partido de Estado y que cuando hay una crisis que arrime el hombro y que sea capaz de tener altura de miras”, zanjó Mónica García, ministra de Sanidad y referente de Más Madrid.

En lo que coinciden todas las voces gubernamentales consultadas es que el real decreto no peligra: “Está trabajado con los grupos”, es tajante un ministro. Esto es, que cuando llegue el momento de convalidarlo en el Congreso no dependerá del PP. Fuentes del Ejecutivo resaltaban que los grupos parlamentarios son favorables a un acuerdo, y que la predisposición del Gobierno es “construir una respuesta juntos”, como dijo el ministro de Economía tras el Consejo de Ministros. Y achacaban la reacción del PP al acuerdo entre Junts y el Gobierno, que negó que el real decreto establezca cuotas regionales. Las comunidades autónomas están convocadas este jueves a una reunión sectorial en la que el Gobierno atenderá sus demandas.

Pese a los mensajes contradictorios del PP, en el PSOE no esperan que la bancada popular se una a Vox y vote en contra en una cuestión tan sensible. Feijóo incluso valoró el lunes los “elementos acertados” del decreto, al que el Gobierno ha añadido peticiones del PP como reducir la moratoria contable y la incorporación de las comunidades autónomas al diálogo. No había transcurrido un día y la “sobreactuación” del PP según otro ministro invitaba a pensar ya en una ruptura y la vuelta a las hostilidades. “Genial que el PP vea posibilidad de distanciarse de Vox. Bienvenido sea”, razonaban a mediodía en La Moncloa antes de que el PP se diera por “expulsado del marco negociador” para responder a la guerra comercial iniciada por Donald Trump, aliado de Santiago Abascal, tras el acuerdo del Gobierno con Junts.

El Gobierno percutió contra la posición aparentemente imposible que Feijóo tiene que lidiar: los pactos con Vox. “Bienvenido sea un cambio, si es así, de actitud por parte del PP. Les falta un paso ya más y no es menor: se necesitan respuestas unitarias y es fundamental que por parte del PP que haya también una ruptura absoluta con aquellos socios de gobierno, socios de legislatura, como es la ultraderecha, que son los mismos que quieren romper con Europa. La respuesta que llega tiene que llegar también desde la unidad de Europa y casa muy mal plantear lo que ahora mismo está planteando el PP y, sin embargo, con la otra mano, seguir sosteniéndose en Vox”, remarcó Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y líder del PSOE de Aragón. La única crítica al PP en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros la realizó Diana Morant en esa misma línea: “Feijóo ha decidido aguantar a Carlos Mazón [como presidente de la Comunidad Valenciana] a cambio de un pacto presupuestario con Vox que es un pacto antieuropeísta. Estamos hablando de dónde se tiene que posicionar el PP ante los aranceles de la administración estadounidense y le digo a Feijóo que o se está con la Unión Europea y con los productores españoles o se está pactando presupuestos con la ultraderecha. No se puede estar en misa y repicando”, cargó la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE.

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“Dentro de las más de 18.600 millones de exportaciones que tenemos con Estados Unidos, más o menos el 80% se vería afectado por esa subida de aranceles”, ha aseverado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la presentación del real decreto posterior al Consejo de Ministros con el que España pretende mitigar el primer zarpazo de Trump, que se ha interpretado como el inicio de un nuevo orden mundial y que pone en barbecho casi un siglo de atlantismo. “Vamos a ver ahora cuál va siendo, día a día, la capacidad de competir en nuestras empresas en este entorno de incertidumbre y, en función de eso, iremos redirigiendo la respuesta e iremos valorando si son necesarias o no medidas de apoyo directo”, ha abundado Cuerpo.

Las ventas de empresas españolas a Estados Unidos superaron los 18.000 millones durante el año pasado, según los datos actualizados de la Cámara de Comercio de España. En 2024 se produjeron más de 2,5 millones de operaciones de exportaciones desde algo más de 1.500 compañías españolas. La mayor parte de las ventas españolas a la primera potencia mundial comprenden productos industriales y tecnología, según la recopilación estadística de la Cámara. Un vistazo a los capítulos de productos que más se exportan a EE UU permite descubrir que las empresas españolas lo que más colocan al otro lado del Atlántico es maquinaria mecánica y eléctrica, sobre todo motores. Otros de los productos que generan más comercio desde nuestro país a EE UU son turborreactores, turbohélices y turbinas de gas, materiales para reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, material eléctrico, aparatos de grabación y reproducción de sonido e imagen, grasas y aceites animales o vegetales, combustibles minerales, productos farmacéuticos, aceites esenciales y preparaciones de perfumería, productos diversos de las industrias químicas, manufacturas de fundición, de hierro o acero, productos cerámicos y preparaciones de hortalizas, frutas entre otros.

Aun así, el ministro ha sido prudente a la hora de calcular el impacto de las medidas arancelarias de Trump sobre la economía. Ha insistido en que es pronto para saberlo, pero que será poco significativo y ha citado a analistas que apuntan “a décimas”, aunque otros elevan el golpe hasta el medio punto de PIB.

El ministro de Economía, al que Pedro Sánchez ha encargado la reacción española y las negociaciones con el PP y el resto de partidos para consensuar el diseño de una red de seguridad abierta a ideas y propuestas por encima de las siglas, ha logrado una tregua, que no se sabe cuánto durará, entre los dos grandes partidos hasta el punto de intercambiarse documentos. Génova considera insuficientes las medidas que el Ejecutivo le ha aceptado y ha incorporado al real decreto mientras en La Moncloa destacan que sí se han atendido las principales. El real decreto reduce la moratoria contable e incorpora al diálogo a las comunidades autónomas como reclamaba el partido de Alberto Núñez Feijóo. Además, se aumenta la partida inicial de 14.100 millones con la incorporación de 220 millones más para la internacionalización de empresas con una inyección extra al Fondo de Internacionalización de la Empresa.

“Es prematuro entrar ahora a hacer una valoración o a poner sobre la mesa algún elemento adicional como un fondo de ayudas directo. Iremos viéndolo e iremos reaccionando con un diálogo continuado con los grupos. Lo que tenemos ahora sobre la mesa es un despliegue completo de toda la red de la que disponemos en materia de instrumentos financieros. No queremos que se cuele nada en cuanto a impacto sobre empresas o sectores que puedan hacer que a corto plazo tengan un problema de liquidez o de circulante y que, por lo tanto, puedan verse afectadas sin que hayamos reaccionado. Esta es la respuesta inicial”, ha expuesto el ministro que, junto a Luis Planas, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, está teniendo un papel más destacado en la última crisis que le ha tocado sortear al Gobierno actual tras la covid, la inflación por la guerra de Ucrania o la erupción del volcán de La Palma.

Otra novedad respecto al borrador que EL PAÍS publicó el lunes es que se añade un artículo específico sobre rendición de cuentas y transparencia: el ministro de Economía tendrá una comparecencia trimestral en el Congreso. Otro gesto a las demandas del PP es que el Gobierno reduce un año, cuando estaba pensado hasta 2026, la prórroga de la moratoria contable aplicada ya en la pandemia para evitar la quiebra de empresas por la guerra arancelaria. “Es importante señalar que esta medida es fundamental para aquellas empresas o sectores que todavía tienen una recuperación más retrasada o más retardada. En las discusiones con el grupo popular, uno de sus comentarios era que quizás la prórroga durante dos años era excesivo, que podríamos valorar la situación al finalizar 2025 y luego ajustarla. Es solo un ejemplo donde creo que queda claro de nuevo la voluntad y la capacidad de ir ajustando los márgenes que tenemos para adaptar este plan de tal forma que contribuya o que sea una respuesta conjunta”, ha explicado Cuerpo, que no ha hecho una sola crítica al principal partido de la oposición ni al resto de formaciones. Las comunidades autónomas (el PP gobierna en 12, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) formarán parte desde este jueves del diálogo abierto por el Gobierno con los diferentes niveles de la administración a través de la conferencia sectorial. “La idea es tener un plan entre todos, un plan de país. Juntos es como lograremos reforzar nuestro tejido productivo”, ha cerrado Cuerpo.

Ayudas a Cataluña

Junts ha aprovechado la aprobación del plan de ayudas para sacar pecho. El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, ha anunciado este martes un acuerdo con el Gobierno para que las ayudas se distribuyan a las comunidades en función de su peso en las exportaciones al país norteamericano, de modo que Cataluña percibirá el 25% del total, algo más de 3.000 millones de euros.

Cruset ha explicado que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros no contemplaba como se desplegarían los recursos económicos a las diferentes comunidades autónomas, algo que para Junts era una “línea roja”. Después de “intensas” negociaciones con Economía, el diputado catalán ha confirmado que el Ejecutivo se ha comprometido a incluir en el decreto de ayudas por los aranceles que estas se distribuyan a las autonomías en función de lo que aportan en términos de exportaciones.

Fuentes del Ministerio de Economía explican que la disposición adicional segunda incluida en el real decreto compartido con todos los grupos parlamentarios y acordada con Junts, dispone que los instrumentos estarán a disposición de las empresas de manera equilibrada territorialmente en función de su exposición a la perturbación derivada de los aranceles estadounidenses.

“Si hay empresas más expuestas a los aranceles en determinadas regiones, en consecuencia, podrían necesitar más acceso a financiación”, explican las fuentes ministeriales. “La financiación se otorgará a las empresas que lo soliciten y el seguimiento del uso de los instrumentos se hará de forma transparente articulando mecanismos de seguimiento con las comunidades y rendición de cuentas antes el Congreso”, añaden.

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La ministra ha respondido a las palabras de Iglesias, que este lunes manifestó en TVE que Sumar “es una fórmula perdedora” y que, para él, la unidad pasa por que una parte de esa coalición se integre en las filas del PSOE y la otra, se alíe con ellos. Además, se ha congratulado por ser “el único Gobierno progresista de toda Europa”, que está “empujando a lo mejor de las políticas progresistas en un momento muy delicado”. Ha añadido que Más Madrid trabaja por un espacio progresista, “que, por cierto, ellos dejaron en las cenizas” y que, en concreto en Madrid, “es ahora mismo el líder de la oposición”.

El espacio a la izquierda del PSOE se encuentra en un momento de debate por su liderazgo. Hace dos semanas, Movimiento Sumar designó a su nueva coordinación general encabezada por Lara Hernández y Carlos Martín. El pasado domingo, Podemos lanzó sorpresivamente la candidatura de Irene Montero para liderar el partido. Este lunes, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, reivindicó que su partido podría ser el que lidere esa candidatura a la izquierda.

En sendos documentos políticos presentados en sus asambleas, Movimiento Sumar y Podemos trataron la unidad de la izquierda, aunque desde ópticas diferentes. MS llamó a la unidad con todos los partidos y espacios progresistas, con el objetivo de “reeditar” el Gobierno de coalición en 2027. Hernández explicó que el plan consiste “aunar diversidad, agrupar diferencias, llegar a acuerdos” y que “el momento político requiere imaginación, osadía, capacidad de diálogo y acuerdo”.

Por su parte, Podemos ha optado por una política de oposición frontal contra Sumar y el PSOE. El portavoz de la formación, Pablo Fernández, declaró este lunes que buscan “tejer alianzas” con “la sociedad civil organizada”, como asociaciones pacifistas o que denuncian el problema con la vivienda. En el acto de Podemos de este domingo, no se habló de incluir en la candidatura a otros partidos.

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El Gobierno ya acordó a finales del año pasado prorrogar a 2025 y 2026 la moratoria contable establecida para evitar que las empresas tuvieran que disolverse a causa de las pérdidas generadas en los ejercicios de 2020 y 2021 por la pandemia. Además, extendió la medida a las empresas afectadas por la dana. En plata: las pérdidas provocadas por el coronavirus y la dana no se tendrán en cuenta para determinar la concurrencia o no de la causa legal de disolución hasta el cierre del año 2026. “Si, excluidas las pérdidas de los años 2020 y 2021 en los términos señalados (...) en el resultado del ejercicio 2022, 2023, 2024, 2025 o 2026 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente”, reza el artículo 6 del decreto, que regula las condiciones para la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocadas ”por diversos acontecimientos naturales”. En una carta de su responsable de Economía, Juan Bravo, al ministro Carlos Cuerpo, el PP exige la retirada de la medida al entender “que no tiene una relación directa con la situación de los aranceles en los Estados Unidos”, recogida en el artículo 6 del borrador del Real decreto, “en relación con la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocadas por diversos acontecimientos naturales, en ningún caso arancelarios”.

El Gobierno advierte en el documento, de 10 páginas, que la política arancelaria anunciada por la Administración de Estados Unidos “va a generar desafíos” en algunos sectores de la economía española, aunque espera que el impacto económico sea moderado “debido al limitado peso relativo del comercio bilateral de mercancías con los Estados Unidos en el PIB español”. Según los últimos datos, Washington tuvo un superávit comercial frente a España de 2.039 millones de dólares en 2023 y de 2.632 millones en 2024 en el intercambio de bienes.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez alerta, no obstante, que el zarpazo por los aranceles “puede ser muy heterogéneo, sectorial y territorialmente, con empresas y sectores particularmente expuestos al comercio con Estados Unidos”. “Es por eso que es necesario desplegar un plan de respuesta que dé tranquilidad a nuestro tejido productivo estableciendo una red de instrumentos que permita a las empresas adaptarse a los efectos de este shock comercial y mitigar sus efectos”, apunta en el borrador. Fuentes gubernamentales subrayan que el texto no está 100% cerrado. La previsión es que los equipos técnicos de los ministerios implicados se reúnan hasta la madrugada para darle forma al armazón jurídico. En La Moncloa contemplaban incluso la posibilidad de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se tuviese que reunir con carácter extraordinario y urgente pero al final no ha sido necesario.

El Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, diseñado por el Gobierno, parte de la premisa de “mitigar los impactos negativos del shock arancelario” atendiendo a tres elementos: favorecer la inversión productiva y facilitar la liquidez y la actividad exportadora de las empresas afectadas. El compromiso adquirido es que trabajadores y empresas “podrán contar con todo el apoyo necesario para que no solo el impacto sobre la actividad sea el mínimo posible sino para que puedan aprovechar esta oportunidad para abrir nuevos mercados”.

Avales por 5.000 millones

El real decreto ley contiene una línea de avales por valor de 5.000 millones de euros hasta el 30 de junio de 2026, plazo que podrá ser extendido por Acuerdo del Consejo de Ministros, para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por las entidades financieras a las empresas afectadas por el cambio de la política arancelaria de Estados Unidos. Sus potenciales beneficiarios serán las empresas exportadoras e importadoras “que tengan una exposición significativa directa o indirecta” por ser proveedoras de empresas “expuestas significativamente al mercado de Estados Unidos”. El objetivo que se busca es paliar las tensiones de liquidez generadas por la disminución de los ingresos provocados por la imposición de los nuevos aranceles. También serviría para la realización de proyectos de reconversión de las empresas. El PP critica al Gobierno de “falta de transparencia” con el argumento de que “no se recogen las condiciones de los avales ni se contempla ninguna bonificación” a los tipos de interés de los préstamos concedidos por las entidades financieras.

La norma, que se deberá aprobar en el Congreso en un plazo máximo de 30 días, también establece que las operaciones de carácter no reembolsable se financiarán con cargo a los recursos propios del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). El propósito es apoyar las “iniciativas estratégicas de política comercial internacional” de España y “los proyectos de diversificación en terceros países” de las empresas españolas afectadas por la política proteccionista de Estados Unidos.

Otra derivada de las contramedidas del Gobierno a la guerra arancelaria es el refuerzo de la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización, cuya gestión está encomendada a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. “Mediante este instrumento el Estado da cobertura a gran parte de los riesgos asociados a las operaciones de internacionalización, ya sean riesgos de carácter comercial, político o extraordinario”, recoge el real decreto. El plan que orquesta el ministro de Economía moviliza 2.000 millones de coberturas para las empresas afectadas por el impacto del shock arancelario. El Gobierno ha decidido además elevar 6.000 millones el límite a la cobertura que se puede otorgar, llegando hasta los 15.000 millones, “de manera que se pueda seguir reforzando el apoyo público a la actividad exportadora sin que el límite actual de 9.000 millones suponga un freno”. Y en relación con el principio de eficiencia, se procura que la norma genere “las menores cargas administrativas para los ciudadanos”. El PP discrepa y entiende que el Gobierno no justifica la ampliación del límite de cobertura, “y sin especificar si se espera una mayor siniestralidad”.

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Creado en 1843, las principales funciones de este órgano similar al de otros países europeos son preparar textos prelegislativos y de carácter reglamentario, revisar leyes vigentes y disposiciones reglamentarias, así como elaborar dictámenes a petición del Gobierno. Sus miembros colaboran en la Comisión sin recibir ninguna retribución. Esta renovación refuerza la presencia de mujeres y consolida un modelo paritario. Precisamente, fue la ausencia de mujeres lo que, en 2018, llevó a un plante de los expertos penalistas de esta comisión a los que el Ejecutivo de Mariano Rajoy había encomendado la tarea de estudiar una posible reforma de los delitos sexuales tras la polémica sentencia de La Manada. Los miembros de este órgano rechazaron acometer esta tarea hasta que no se resolviese la falta de mujeres: la sección penal de la Comisión estaba formada por 20 vocales permanentes y todos eran hombres. En cambio, 17 de sus 31 componentes eran mujeres de acuerdo con los últimos datos oficiales.

Los nuevos vocales nombrados libremente por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, han sido elegidos entre juristas de reconocido prestigio que han tenido que acreditar, al menos, 15 años de dedicación científica al Derecho o ejercicio profesional en el ámbito jurídico. Además de una solvencia probada en el mundo jurídico y una sólida trayectoria académica y divulgadora, las fuentes gubernamentales consultadas destacan su firme compromiso con la defensa de los derechos de humanos y el reconocimiento a las minorías propios de una sociedad “moderna, feminista y comprometida con los valores sociales”.

Una de las principales novedades es la incorporación como vocal en la sección segunda de la Comisión (Derecho Mercantil) de Marina Echevarría, catedrática de la Universidad de Valladolid y activista LGTBI que ha participado en la redacción de varias normas autonómicas de identidad de género y en la ley de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. En esa misma sección se estrenará María Victoria Petit, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Jaume I de Castellón, magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Castellón y vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas.

En la sección tercera (Derecho Público) entran cuatro nuevos juristas. Concepción Escobar, catedrática de Derecho Internacional Público (UNED) especializada en Derechos Humanos, ha formado parte de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Carlos Javier Moreiro, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido asesor del Comité Económico y Social Europeo y del European Research Council. Javier García, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Complutense, fue ex secretario general técnico de los Ministerios de Relaciones con las Cortes, Presidencia y Vivienda; y María Belén Cardona, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Valencia, ha desempeñado diferentes cargos en la Generalitat Valenciana entre 2018 y 2022 durante el mandato de Ximo Puig.

Otros tres juristas acceden a la sección quinta (Derecho Procesal) de la Comisión General de Codificación. Mercedes Llorente, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, ha realizado trabajos de investigación centrados en temas como la violencia de género y el acceso a la justicia de los colectivos vulnerables. Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido secretaria de Estado de Empleo; y Mar Jimeno, catedrática de Derecho Procesal en la Universidad de Burgos, tiene experiencia docente en la Chicago-Kent College of Law y ha sido directora de diversos proyectos de investigación sobre el espacio judicial europeo.

Enrique Gimbernat, vocal de la Comisión, dejará su labor como director del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales durante más de 40 años. José Luís González Cussac toma el relevo como director de esta publicación, que reúne artículos doctrinales de penalistas, comentarios de legislación y jurisprudencia y notas bibliográficas sobre libros y revistas de Derecho Penal.

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La Moncloa está convencida de que, una vez que la quita se apruebe por ley orgánica, algo que cree garantizado ya que el Gobierno cree contar con el plácet de Junts, los presidentes autonómicos del PP pedirán su aplicación, que no es automática y requiere su solicitud expresa. “Es una medida sin precedentes, valiente y generosa (...) Van a firmar los convenios. Ya lo hemos visto antes, porque saben que es mejor de lo que tenían. Si no, les va a resultar muy duro en los territorios”, auguró Montero. Andalucía —la comunidad más poblada— es a la que se le ofrece más margen de condonación de deuda en términos absolutos (18.791 millones), seguida de Cataluña (17.104) y la Comunidad Valenciana (11.210). La vicepresidenta recalcó que la condonación también beneficiará a los territorios que no se acogieron al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y se financiaron por su cuenta en los mercados, como hizo Madrid, la cuarta que acumula más deuda (8.644 millones).

El senador popular José Manuel Barreiro ignoró las contradicciones en su partido que la vicepresidenta le recordó a lo largo de las cuatro horas que duró su comparecencia y basó su estrategia en que la deuda seguirá existiendo por mucho que la asuma el Estado y que, en la práctica, la seguirían pagando los ciudadanos. “La condonación es como un proceso químico que hace que la deuda se evapore y desaparezca. Lo que hacen es mutualizar la deuda y se debe a una gestión deficiente de los independentistas en Cataluña que ahora quieren que paguemos entre todos”, esgrimió antes de acusar al Ejecutivo de “usar el dinero de los españoles para comprar tiempo en La Moncloa y en el Gobierno de Cataluña”, dos administraciones en las que tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa dependen de Esquerra. Sorprendida, Montero negó la fórmula mágica que le atribuyó el PP: “¿Cómo se va a evaporar la deuda si el acuerdo se llama de asunción de la deuda por parte del Estado? ¡La deuda se la queda el Estado! Es que la Comunidad Valenciana no puede salir a los mercados por el peso de la deuda en su valoración crediticia, igual que le ocurre a Cataluña o Murcia. Otras están empezando a salir poco a poco. En definitiva, es bueno para sus presidentes autonómicos, ¿entonces por qué se oponen?”, objetó. “Cuando uno no tiene argumentos, da vueltas como una reolina [ruleta, en Andalucía] y a usted se le nota que no puede defender lo indefendible”, sentenció la vicepresidenta primera del Gobierno.

El Gobierno interpreta el plante que los 14 consejeros del PP le hicieron a Montero en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a finales de febrero, justo cuando llegó el momento de debatir la quita de la deuda, como una muestra clara de los problemas que tienen sus líderes territoriales para justificar la estrategia que Feijóo les ha ordenado. “Fue porque no lo podían explicar, porque [la posición del PP] no tiene sentido común y no tiene ninguna racionalidad”, reiteró la responsable de Hacienda. La prueba de que el PP se halla en un laberinto es que sus comunidades se han resistido en las semanas transcurridas a confirmar si pedirán la quita o renunciarán a ella. El importe de deuda máximo que podría asumir el Estado para cada comunidad será del 50% como máximo a 31 de diciembre de 2023, según recalcó Montero. “Estamos ante el chantaje a su gobierno en minoría. El prófugo Puigdemont y el golpista Junqueras exigen que paguemos su lucha carísima y despilfarradora contra España”, achacó Ángel Pelayo Gordillo (Vox). “Ustedes son fans de Trump y de su política neoliberal y ultraderechista, pero hoy ustedes están callados, deberíamos conocer su opinión de los aranceles, ¿o van a seguir navegando en la contradicción?”, le achacó Montero.

Aviso de ERC: “Nuestra paciencia puede agotarse”

El momento más delicado para Montero lo produjo la competencia entre Junts y Esquerra en su pulso eterno por la hegemonía entre el electorado independentista. La intervención de la senadora neoconvergente Maria Teresa Pallarès, que quiso dejar claro que su formación “ha pedido históricamente la condonación de la deuda” fue más suave que la del senador republicano Joan Josep Queralt. “ERC ha puesto unas condiciones que se están negociando muy lentamente, muchas veces tenemos la sensación de [solo] muy buenas palabras y encima tenemos que pagar el café de las reuniones. Le digo que la paciencia, como la arena de los relojes, puede agotarse. No tiren demasiado de la goma, la elasticidad tiene un límite... Hemos firmado unos pactos que tenemos que creemos que son buenos y tenemos que justificar ante nuestros electores”, avisó el senador. La representante de Junts criticó que en los tres primeros meses del año tan solo ha habido 12 días sin incidencias en Rodalies: “Nuestra gente camina por las vías para ir a trabajar, lo peor es que nos quieren hacer creer que Cataluña vive una nueva normalidad”.

La falta de acuerdo entre los dos grandes partidos se repitió en un rompecabezas que se arrastra desde 2014: la renovación del sistema de financiación autonómica. Si en algo coinciden los gobiernos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez es que no han sido capaces de actualizarlo en buena parte por los diferentes intereses de las comunidades, aunque sean del mismo signo político. Consciente de que la solución exige un acuerdo entre los dos grandes partidos, Montero tendió la mano al PP: “Somos nosotros los que tenemos que construir ese diseño y los que tenemos que tener la capacidad de poner de acuerdo las discrepancias o diferencias legítimas, que puede tener cada uno de los presidentes autonómicos a la hora de defender su posición”. “La cuestión es que seguimos sin resolver que lo que defiende Andalucía no es lo mismo que Galicia, Madrid, la Comunidad Valenciana o Murcia y el Partido Popular gobierna en todas ellas”, añadió acto seguido, resaltando la falta de una posición única en las filas del PP. Justo lo mismo que le pasó la legislatura anterior al PSOE, cuando gobernó en una decena de comunidades y les separaban criterios como el de la despoblación, el porcentaje de habitantes de la tercera edad, su dispersión en el territorio o la población flotante, en el caso de las autonomías más turísticas. “No hay ninguna comunidad estándar, todas tienen sus singularidades y no es posible que la propuesta común sea un traje a medida de una de ellas”, advirtió Montero.

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El Gobierno de coalición, con Sánchez y Yolanda Díaz al frente, ha preparado en los últimos días un escenario aún incierto con una estrategia muy similar a la de la pandemia: los dos líderes convocaron este miércoles en La Moncloa a los cuatro grandes líderes de la patronal y los sindicatos para un primer análisis —durante los peores meses de 2020 las citas con ellos eran muy frecuentes para debatir medidas— y este jueves ha citado allí a un gran grupo de empresarios que representan a los sectores previsiblemente más afectados —agroalimentario, automóvil, acero—. Sánchez anunciará frente a estos empresarios en la sede de la Presidencia del Gobierno el paquete de medidas que está ultimando el Ejecutivo y que se sumarán a las que puedan llegar de Europa. El Gobierno prepara un mensaje potente del presidente para dar tranquilidad a los ciudadanos y demostrar que el Estado está para protegerlos en situaciones así y ejercerá al máximo su capacidad.

En público, el Gobierno mantiene una gran discreción porque está ultimando las medidas, que serán intensas según diversas fuentes, y porque quiere estudiar bien qué aranceles va a poner EE UU y cómo afectarán a la industria española. “Los aranceles perjudicarán a todos e impactarán sobre ciudadanos y empresas de todo el mundo, de manera injusta e injustificada”, señala el Ejecutivo. “Desde Europa hemos apostado desde el principio por una solución negociada con Estados Unidos. Y seguimos haciéndolo. Tenemos que proteger la mayor relación comercial y económica del mundo. Cada día, cruzan el Atlántico 4.400 millones de euros en comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y la inversión extranjera entre ambas partes representa 100.000 millones de euros en cada una de las direcciones. Ni España ni la Unión Europea desean el conflicto comercial, pero no podemos ignorarlo. Tenemos las herramientas necesarias para proteger los intereses de nuestros ciudadanos y empresas si no hay espacio para la negociación. Responderemos de manera unida y proporcionada, apelando siempre a la negociación y al trato justo y equilibrado entre socios estratégicos. Como ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, estamos finalizando un primer paquete de respuesta a los aranceles al acero y al aluminio, que debería estar listo en las próximas semanas. Y prepararemos medidas adicionales de respuesta a los anuncios de ayer, sin descartar ninguna medida a priori, pero apelando a una solución negociada”, ha asegurado el Ejecutivo esta mañana, tras conocerse las medidas de Trump. “Al mismo tiempo, Europa debe mantener su propia hoja de ruta, que refuerce el aprovechamiento de nuestro mercado interior, de 450 millones de consumidores, y las relaciones con socios estratégicos, priorizando la ratificación cuanto antes el acuerdo con Mercosur”, remata el Gobierno.

En privado, distintas fuentes del Gobierno coinciden en que se está trabajado en una respuesta “estilo pandemia”, esto es: ayudas millonarias a sectores en diversas formas —desde créditos a medidas fiscales— y también posible oferta de ERTE para los que se vean especialmente afectados y necesiten reducir temporalmente su producción. Aunque no ha logrado aprobar los Presupuestos de 2025, y todo indica que no lo logrará, el Gobierno tiene cierto margen con las cuentas prorrogadas aún en vigor y la recaudación fiscal, gracias al crecimiento sostenido de la economía, está teniendo un comportamiento muy positivo, por lo que en La Moncloa creen que se podrá hacer un fuerte despliegue de medidas. “España tiene una exposición directa limitada pero el efecto indirecto por la exposición de nuestros principales socios europeos, es mayor. Hoy mismo pondremos en marcha un plan de respuesta que complemente la respuesta europea y que presentará el Presidente del Gobierno esta misma mañana. El Plan activará los instrumentos comerciales y financieros a disposición del Estado para desplegar una red de protección inmediata y una estrategia de relanzamiento de los sectores afectados”, asegura el Gobierno.

Las represalias a los aranceles no corresponden a España, sino a la Comisión Europea, al tratarse de un mercado único, pero el Gobierno sí puede ayudar a los distintos sectores y eso es lo que harán Sánchez y Díaz. En la cita con patronal y sindicatos, Sánchez planteó la necesidad de buscar alternativas, abrir nuevos mercados, pensar en Mercosur o en China, un país que precisamente visitará de nuevo la semana que viene en este marco de guerra comercial planteada por Trump. Y todos se emplazaron a tener un diálogo permanente porque habrá que tomar muchas medidas. Al Gobierno le preocupa especialmente que se mantenga la unidad europea y que no haya grietas en aliados políticos de Trump como la italiana Giorgia Meloni. En este contexto, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tuvo una conversación con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en la que hablaron sobre todo de los aranceles.

Desde el punto de vista político, en La Moncloa creen que de nuevo este escenario demostrará la validez de su apuesta ideológica de un Estado fuerte que puede reaccionar ante amenazas como esta ayudando a las empresas y los trabajadores afectados, en contraste, según su visión, con la apuesta liberal de tener un sector público cada vez más pequeño. Después de la reunión, el Gobierno tiene además claro que, como sucedió en la pandemia, la patronal se acercará mucho al Ejecutivo porque muchos sectores necesitarán su ayuda, algo que también cambia el escenario de enfrentamiento abierto que había en los últimos meses y que rompe la dinámica que plantea el PP de oposición frontal a todo, porque las medidas que plantee el Ejecutivo tendrán un gran apoyo frente a un enemigo exterior muy claro: Trump.

Sánchez está convencido de que, de nuevo, se vuelve a un momento de gran inquietud en España en el que tanto su perfil internacional como su imagen de presidente curtido en situaciones extremas puede reforzar su credibilidad. El escenario internacional, con Trump tomando medidas que van a perjudicar a distintos sectores de la economía española y que están llevando a toda la economía mundial a una situación límite, refuerza según la visión de La Moncloa el marco de discusión ideológica que Sánchez lleva planteando desde las elecciones de 2023, cuando hizo un llamamiento a los progresistas a movilizarse para que no llegaran al poder los aliados de Trump en España, Vox.

Mientras, el PP juega a dos bandas: por un lado, rechaza los aranceles de Trump, pero, por otro, reivindica sus acuerdos con Vox, que se van a extender a otras comunidades autónomas. Alberto Núñez Feijóo reaccionó al anuncio de Trump de la pasada noche asegurando que “los aranceles no harán más grande a nadie, sino más pequeños a todos” y que “España [debe] ayudar y acompañar a nuestros sectores con una estrategia de país única y coordinada” y, antes, pidió a Sánchez que contacte con los presidentes autonómicos para poner en marcha “un plan de contingencia” frente a los aranceles de Trump. El líder popular se mostró especialmente duro. “No es el día de la liberación, es el día de la preocupación. Si la Administración norteamericana rompe el tratado de libre comercio y empieza a poner aranceles, necesita una respuesta igual de contundente y proporcional, si persisten en atacar los productos europeos, tenemos que responder en la misma proporcionalidad (...) Es una decisión absolutamente equivocada”, dijo Feijóo en una entrevista en Antena 3. Pero a la vez, Feijóo defendió los pactos con Vox porque “la prioridad es dar Presupuestos a las comunidades autónomas”. El Gobierno cree que estos acuerdos atrapan a Feijóo con la ultraderecha en un momento precisamente en que se va a ver con más claridad que nunca los efectos negativos sobre la economía española y especialmente algunos sectores con mucho voto conservador de las medidas del gran aliado americano de Vox.

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El presidente del Gobierno tiene previsto comparecer este jueves y transmitir una imagen de tranquilidad y de confianza tras recibir a varios representantes del tejido productivo. “Si se nos imponen estos aranceles, responderemos con decisión y nos defenderemos. Actuaremos con rapidez, proporcionalidad y unidad”, advirtió el lunes el presidente. “Estamos silentes porque estamos pendientes de lo que diga Trump. Máxima prudencia. A una reacción europea habrá que esperar casi con toda seguridad al jueves”, indican en la cúpula del Ejecutivo.

El presidente ha ejercido de anfitrión por la tarde en una reunión a la que han asistido los líderes sindicales y de la patronal, otra muestra de la preocupación que ha generado la amenaza arancelaria de la administración estadounidense. Sánchez convocó a las 18.00 a los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y a los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, para analizar la coyuntura geopolítica actual en el complejo de La Moncloa. Al encuentro asistirán Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; y Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. Fuentes del Gobierno explican que se han tratado las posibles medidas arancelarias que podría tomar la administración estadounidense y las posibles respuestas tanto a nivel europeo como nacional. También se ha abordado la situación geopolítica y se ha compartido la necesidad de una Unión Europea “fuerte y unida, que proteja a la industria, los trabajadores y las empresas”.

A la espera de que finalice la cuenta atrás y Trump concrete los aranceles de lo que ha denominado como el “Día de la Liberación”, el Ejecutivo ha insistido las últimas horas en trasladar un mensaje de seguridad y firmeza. “Desde la Unión Europea y desde España hemos manifestado que queremos llegar a una solución acordada con Estados Unidos, porque hay que proteger la relación privilegiada que hemos forjado y porque los aranceles acaban siendo perjudiciales para todos. En el caso de que Estados Unidos imponga finalmente medidas, se trataría de medidas injustas, injustificadas, y la Unión Europea tiene las herramientas necesarias para responder ante ellas. Responderemos, como siempre, de una manera justa y proporcionada”, ha observado este miércoles el ministro de Economía.

“Está en el ADN de la Unión Europea mantener la visión multilateral, la voluntad de negociar, pero sin ser ingenuos a la hora de proteger a nuestros trabajadores, industrias y empresas”, ha insistido Cuerpo, que ha llamado a la calma y evitar caer en las especulaciones o tratar de anticipar la respuesta a la guerra comercial iniciada por Washington. “Esperemos a ver qué es lo que se anuncia. A partir de ahí, ya podremos hacer una valoración, aunque como ya ha expresado el propio presidente del Gobierno: España apoyará a los sectores que puedan verse afectados desde el primer día”, ha expresado el ministro. El Gobierno ya se ha reunido con los sectores del acero y el aluminio, del automóvil y los componentes o del vino y bebidas alcohólicas, precisamente los sectores con los que Sánchez tiene previsto verse este jueves. “Esta es la forma en la que vamos a seguir trabajando, manteniendo un contacto directo y continuo, y estando del lado de nuestras empresas y nuestros trabajadores”, ha remachado Cuerpo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado especialmente duro con la guerra comercial, que para referentes del liberalismo económico y conservador como The Wall Street Journal es la “más tonta de la historia”, y le ha pedido a Sánchez que contacte con los presidentes autonómicos para poner en marcha “un plan de contingencia” frente a los aranceles de Trump. “No es el día de la liberación, es el día de la preocupación. Si la Administración norteamericana rompe el tratado de libre comercio y empieza a poner aranceles, necesita una respuesta igual de contundente y proporcional, si persisten en atacar los productos europeos, tenemos que responder en la misma proporcionalidad (...) Es una decisión absolutamente equivocada”, ha dicho Feijóo en una entrevista en Antena 3. Ante la andanada de aranceles que pretende aplicar la Casa Blanca, el jefe de la oposición ha solicitado a Sánchez que telefonee a los presidentes autonómicos —el PP preside 11 comunidades además de las ciudades de Ceuta y Melilla— y ponga en marcha un “plan de contingencia” común para hacer frente a las consecuencias económicas. El líder de los populares ha subrayado asimismo su “independencia” frente a la posición de Vox, que se ha mantenido del lado de Trump desde la toma de posesión pese al ataque a los intereses de productos europeos y españoles, manteniendo un “silencio cómplice”, ha afirmado Feijóo. En paralelo, fuentes de Génova sostienen que “hay una ventana de oportunidad” para desmarcarse de la formación de Santiago Abascal en este asunto geopolítico, informa Virginia Martínez.

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Estas cuantías se podrán incrementar en hasta un 10% en algunos supuestos, como en los de vehículos destinados a personas con discapacidad. También se contemplan ayudas para las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, con porcentajes del 20% al 80%. De esta forma, el programa se mantiene igual a como estaba antes de ser anulado cuando el Congreso tumbó el decreto ómnibus el pasado 22 de enero en el que iba el Moves III y la deducción de hasta 3.000 euros en el IRPF para los que hubiesen adquirido un eléctrico —esta deducción también se ha vuelto a aprobar—.

La resurrección del Moves III fue la principal petición del sector del automóvil en los últimos meses, en los que los fabricantes alertaron de una parada en seco de los pedidos de coches eléctricos ante la incertidumbre de si habrá o no ayudas. “La situación que atravesamos en España es caótica. Empezamos el año con unos objetivos complicados y a mediados de enero se paralizó el plan de ayudas. Estamos a la espera de un nuevo programa. El que sea, que se reactive ya, porque se ha parado el mercado, ahora estamos cancelando pedidos”, denunció en febrero el presidente y CEO de Hyundai España, Leopoldo Satrústegui.

Otros fabricantes como Volkswagen o la china BYD se pronunciaron en la misma línea. Faconauto, patronal de concesionarios, aseguró en marzo a CincoDías que los pedidos de eléctricos estaban un 50% por debajo del año anterior. Aun así, las ventas de vehículos eléctricos se han disparado en España en este primer trimestre, con un incremento del 69%, hasta rozar los 20.000 turismos, según datos de Anfac, la patronal española de automovilísticas.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha vuelto a asegurar que las ayudas del Moves III serán de carácter retroactivo para que se puedan beneficiar de ellas los que hayan comprado un eléctrico desde el 22 de enero. Revivir el Moves III dará más tiempo al sector y al Gobierno para reconfigurar las ayudas al eléctrico de cara a futuro. Entre las opciones está la posibilidad de un programa europeo de ayudas a la compra, como propuso la Comisión Europea en su Plan de Acción Industrial para el Automóvil; o continuar con un programa nacional con ayudas directas, como quiere el sector, sin intermediación de las autonomías. El Gobierno ha trabajado en esta línea, pero la vía más rápida para volver a tener ayudas era revivir el Moves III.

La ministra ha insistido también en que se han incluido “mejoras en la simplificación de los trámites” y que el procedimiento para pedir ayudas será más “ágil” que antes, respondiendo a una solicitud del sector del motor y de los consumidores que se enfrentaban a dificultades a la hora de pedir las ayudas. “Aquellas solicitudes de menos de 100.000 euros tendrán una tramitación más reducida en el número de documentos que se tienen que presentar. Esperamos que las comunidades autónomas, que son las que gestionan estos programas, puedan tener una respuesta más rápida y hacer esta tramitación más ágil”, ha ahondado la vicepresidenta.

En cualquier caso, Aagesen ha recordado que el sector del transporte aglutina el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, representando el transporte por carretera por sí solo un 28% del total de las emisiones. A pesar del considerable aumento en las ventas de los coches eléctricos desde enero, los vehículos eléctricos apenas representan el 5% del total de matriculaciones, cuando esta cifra alcanza más del 15% en Portugal.

De hecho, sobre este repunte, Aagesen se ha mostrado esperanzada con que, gracias a la “certidumbre” de esta prórroga de las ayudas al eléctrico, “siga y mejore” dicha tendencia al alza. “Apoyamos al sector en un momento extraordinariamente complicado”, ha dicho. Al mismo tiempo, con estas iniciativas se acelera la transición energética, un transporte más descarbonizado y se da una “respuesta rápida” a las tensiones que se observan en el panorama internacional.

En opinión de la vicepresidenta tercera, la medida aprobada por el Consejo de Ministros “va a ayudar a seguir fomentando la demanda para proteger al sector de situaciones convulsas”. Más aún en un momento de guerra comercial global en el que los aranceles cruzados entre Estados Unidos, Unión Europea y China están poniendo en jaque a un sector que ya de por sí arrastraba varios años de problemas encadenados con sus ventas.

Por su parte, la ONG Transport & Environment ha celebrado la renovación del Moves, pero pide más. “El diseño de esta ayuda, como de las previas ediciones del Moves, es muy mejorable, tal como lo ha criticado la organización en múltiples ocasiones. Dentro de las carencias del Moves cabe destacar que no es una ayuda directa que se percibe en el momento de la compra, sino una subvención que contaba hasta ahora con procesos administrativos complejos y extremadamente lentos”, ha señalado esta organización, con fuerte presencia en Bruselas, en un comunicado.

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La portavoz del Ejecutivo, que además es ministra de Educación, ha acusado a Feijóo y Ayuso de orquestar una nueva confrontación con el Ejecutivo que parte de una premisa falsa: el rechazo del Gobierno de coalición progresista a las universidades privadas. “Es mentira”, ha sentenciado la ministra, que ha instado a la presidenta madrileña a incrementar el presupuesto de las universidades públicas. Madrid, que cuenta con 13 universidades privadas, es la comunidad que menos dinero invierte por alumno en sus seis universidades públicas (un 21% menos que la media) de España, pese a su enorme renta per cápita regional (36,5% más). Con esta premisa, Alegría ha diferenciado las universidades privadas con años de experiencia de aquellas “que lo único que tienen de universidad es el nombre y que suelen ser fondos de inversión”. “Lo único que buscan es generar negocio. Tienen un número muy escaso de estudiantes, prácticamente no ofertan un número claro de grados universitarios ni de másteres. En definitiva, es sencillamente un negocio para expender títulos”, ha apostillado.

El PP ha optado por ignorar los nuevos criterios de apertura de los centros privados que impulsa el Gobierno, como que los campus lleguen a los 4.500 alumnos en sus primeros cinco años de andadura, y que sus promotores cuenten con experiencia en la gestión universitaria. Feijóo considera que se trata de un ataque generalizado de Sánchez contra las universidades privadas, algo que niegan tajantemente en La Moncloa. Desde 1988 no se abre una universidad pública en España y se han inaugurado 26 privadas. “Hay bastantes más chiringuitos en el Gobierno de Sánchez que en el ámbito de la educación superior”, ha afirmado Feijóo a su llegada a un desayuno organizado por La Razón en Madrid después de que Sánchez se refiriese el lunes como “chiringuitos” a determinadas “academias” que no pueden ser consideradas universidades y que expenden títulos auspiciados por gobiernos autonómicos que habrían optado por “ahogar” a las públicas. Génova sostiene que lo que busca La Moncloa con este movimiento es “enfrentar” nuevamente a dos bandos: los alumnos de la pública y de la privada para polarizar el debate político, según varias fuentes de la dirección popular.

“Solo puedo mostrar respeto porque en el ranking de universidades, en las primeras hay privadas”, ha afirmado Feijóo. “Es verdad que no conozco en profundidad las privadas como Sánchez porque yo estudié una pública. Quizás lo dice porque en alguna universidad con la que tuvo contacto puede entender que no tenía la calidad universitaria suficiente. Pero eso es un problema de Sánchez, no mío”, ha ironizado aludiendo a la formación del presidente, que se licenció en una universidad privada y se doctoró en otra. El portavoz del PP, Borja Sémper, había exigido ya este lunes a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que rectificase sus declaraciones del fin de semana —que acusó a los alumnos de las universidades privadas de “comprarse el título”—, y pidiese “perdón a las familias que hacen un esfuerzo enorme por la universidad privada”. “Que nadie intente llevarnos a esa confrontación de universidades públicas contra universidades privadas, porque entonces estarán sencillamente mintiendo y engañando”, ha discrepado Alegría.

Previamente, Ayuso se ha sumado a la estrategia de Feijóo tachando los planes del Gobierno como un “ataque ideológico” con el objetivo “de llevarlo todo al guerracivilismo para que España se parta en dos de forma permanente”. En esa línea, Díaz Ayuso ha defendido la colaboración público-privada como la fórmula que ha permitido a la Comunidad de Madrid levantar 12 hospitales, ha dicho durante el V Foro Wake up Spain, organizado por Invertia y El Español. Atacan a las privadas “porque quieren que nada mejore y que nada vuele libremente”, ha añadido. “La universidad privada no resta alumnos a la pública porque a la universidad pública se accede libremente por una nota de corte”. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la universidad pública hay 205.000 alumnos y en la privada 103.000 “que son jóvenes que luego tendrán arraigo en la ciudad donde pasaron los mejores años de su vida”.

“Es sectario y es no estar en el mundo, atacar a las universidades privadas. Muchas veces los alumnos no son familias ricas y es un suicidio atacarlas”, ha insistido la baronesa del PP. “Somos el país de las clases medias y ese es nuestro mejor tesoro”.

Dimisión de Montero

Feijóo ha pedido además la dimisión de Montero por otras declaraciones de este sábado, las referentes a la sentencia de Dani Alves, que le declara no culpable. “Todo parece indicar que es una instrucción de Sánchez para deslegitimar la independencia judicial”, ha dicho Feijóo. El jefe de la oposición ha exigido la dimisión de la número dos del Gobierno y, en caso contrario, que sea el presidente quien la cese. Feijóo ha deslizado que si Sánchez no destituye a la vicepresidenta segunda es porque sus declaraciones forman parte de una “estrategia” y “hoja de ruta” del Gobierno para “deslegitimar” el poder judicial porque el jefe del Ejecutivo está “ahogado” en causas de corrupción, en alusión velada a la imputación de su esposa, su hermano, del exministro José Luis Ábalos y del fiscal general del Estado.

En esa “hoja de ruta”, el presidente querría “deslegitimar a los jueces” anticipándose a eventuales futuras sentencias en su contra, sostienen los populares. “Fíjense en Francia. Por temas similares o menores de algunas actitudes o conductas que afectan a la propia presidencia del Gobierno es inhabilitada la candidata a la presidencia de la República Francesa. Dejemos que los jueces actúen, hay posibilidad de apelar y recursos. Esta es la grandeza del Estado de derecho”, ha afirmado Feijóo.

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“Quiero ir al fondo del asunto, que me importa mucho más que la manera en que la expresé, a ver si la expreso ahora de una forma más clara, que se pueda entender mejor. Yo dije y así lo hacemos siempre, que se acatan las sentencias, que se respetan, pero que eso no quita que uno tenga su propia valoración sobre su contenido. Y en relación con la sentencia que hemos conocido respecto al señor Alves, decir primero que este caso fue juzgado en un tribunal que declaró culpable a esta persona. Es decir, que no estamos hablando en el vacío, estamos hablando de una cuestión concreta. Y desde mi punto de vista, la presunción de inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad y con la fiabilidad del testimonio de las víctimas”, ha añadido Montero.

Montero matiza así sus polémicas palabras del fin de semana en un mitin, en el que aseguró: “Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves. Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos. Queremos decirle a esta mujer que estamos contigo”.

La numero dos del Ejecutivo y del PSOE considera, tras retractarse de sus declaraciones, que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña supone un “retroceso” en los avances en derechos de las mujeres. “Creo que el debate es importante, el debate es muy importante, porque la justicia de este país había dado un paso, yo creo que decisivo, en el avance de las mujeres y, por tanto, también de la defensa de las mujeres. Y creo, sinceramente, que esta sentencia es un retroceso respecto a esos avances y creo que se tiene que generar el debate social que permita ver cómo y de qué manera somos capaces de no revictimizar a las víctimas cuando hacen su declaración en los juzgados para no provocarles un doble sufrimiento. Yo creo que este es el meollo de la cuestión que tenemos que discutir”, ha manifestado.

Montero ha remachado asegurando: “No soy jurista. Si mis palabras, insisto, desviaron el debate, no fueron las correctas, lo que quise decir en lo que acabo de decir y repito”. “Y a mí me parece que la sentencia obviamente es un retroceso y las mujeres estamos cansadas. No solamente nosotras, yo creo que los hombres, muchos padres, muchos novios, muchos hermanos”, ha añadido, para insistir: “Claro que queremos animar a las mujeres a denunciar y queremos decirles que tienen que confiar en las instituciones y que el conjunto de la sociedad las va a ayudar y las va a apoyar. Esto yo creo que es lo importante para no dar pasos atrás en cosas que vamos consiguiendo a golpes de mucho esfuerzo”.

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El PSOE amarró a mediados de marzo el apoyo imprescindible de Junts para reformar la Ley de Extranjería y fijar los traslados automáticos cuando el sistema de protección de una autonomía se halle al triple de su capacidad. Un cambio legislativo que el Parlamento debatirá y votará el 10 de abril, justo antes del parón por la Semana Santa, con el rechazo del PP y Vox. A la espera del debate en las Cortes, las chispas han saltado en esta ocasión por el malestar del Gobierno con los datos suministrados por el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso y por los recursos del aragonés Jorge Azcón y el valenciano Carlos Mazón. La ministra de Infancia, Sira Rego, ha valorado que “la mayor parte” de las comunidades han remitido información “fiable” sobre los menores migrantes no acompañados que acogen actualmente —los datos anteriores eran de diciembre de 2023— mientras cuestionaba la información proporcionada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Según la ministra, el equipo de la Comunidad de Madrid ha trasladado “una cifra general” que no era la que se había solicitado para dimensionar el sistema de acogida.

De acuerdo con los datos trasladados por Madrid, la comunidad atendió durante 2024 a 2.442 menores y cuenta con una sobreocupación de sus recursos del 132%. ”Si lo extrapolara al sistema hospitalario, nosotros lo que hemos pedido es un dato de camas ocupadas y lo que nos da la Comunidad de Madrid no es el número de camas ocupadas, sino todas las personas que han hecho uso de un hospital, tanto en consultas externas como en camas ocupadas”, ha discrepado Rego. “A nosotros lo que nos interesa saber es el número de niños y niñas migrantes no acompañados que están con una plaza habilitada en el sistema de acogida”, ha precisado. Para calcular la futura distribución se tendrán en cuenta varios criterios objetivos: la población (con un peso en el cálculo del 50%), la dispersión de población (2%), la renta per cápita (13%) y el desempleo (15%). Para contemplar la singularidad de cada comunidad también se tendrá en cuenta la insularidad (2%) y si el territorio es frontera (2%), el número de menores acogidos en los últimos seis meses (6%) o el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en atender a este colectivo (10%).

Rego ha cuestionado además la decisión de Aragón de haber recurrido la petición de información del Gobierno y no haber enviado las cifras, pues con una sola comunidad que no envíe la información queda incompleto el cálculo para la dimensión total del sistema de acogida. El Gobierno de Azcón presentó un recurso al requerimiento del ministerio ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya lo admitió a trámite. “De lo que esto da la sensación es de que Vox sigue gobernando en algunos territorios”, ha afirmado. “Esto lo único que pone son dificultades para establecer una dimensión correcta del sistema de acogida, estamos hablando de algo que es estrictamente humanitario, estamos hablando del interés superior de los derechos de la infancia”, ha añadido Rego. Casi al mismo tiempo, Pilar Alegría, que además de portavoz del Gobierno es la secretaria general del PSOE en Aragón, también ha reprochado la decisión del barón del PP en su comparecencia semanal en La Moncloa. “Desconozco por qué no ha querido remitir esa información, espero que no sea el preludio a que puedan tener ya unos presupuestos a punto de aprobar de la mano de la ultraderecha”, ha arremetido Alegría contra el presidente aragonés, que depende de Vox para sacar adelante las cuentas públicas y su plan legislativo.

En este contexto, la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley que permitirá el traslado automático de menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas. Camarero ha acusado al Gobierno de no haber debatido ni acordado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia esta cuestión, “conculcando los principios de autonomía financiera de las comunidades autónomas, de cooperación y de lealtad institucional”, informa Cristina Vázquez. “Hemos incrementado las plazas de atención residencial en el sistema de protección de nuestro territorio para poder dar a esos menores [migrantes no acompañados] una atención digna, lo que nos ha obligado a hacer un esfuerzo dentro del proyecto migratorio de más de nueve millones de euros”, ha afirmado la vicepresidenta valenciana. La atención a estos menores suponen un gasto anual de 23 millones de euros para la Generalitat Valenciana cuando del Gobierno se reciben solo 1,2 millones según Camarero, que ha subrayado que el sistema de atención está tensionado, con más de 900 menores atendidos, una media de permanencia de 480 menores y una ocupación de los recursos del 160%.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha asegurado que su comunidad estudia presentar recurso contra la medida y que es “probable” que lo terminen presentando. “Puede ser que lo recurramos porque el atropello es total”, ha lamentado el popular. “Estamos indefensos ante un Gobierno que tiene unos inputs y unos tics muy preocupantes: es el ‘ordeno y mando’. Estamos cansados de tener que tragar todas y cada una de las órdenes que nos da Sánchez”, ha criticado.

De forma generalizada, las comunidades han respondido a la ministra Rego alegando que tienen sobreocupadas los sistemas de acogida de que disponen para menores extranjeros, como adelantó EL PAÍS. El Gobierno ha anunciado que se darán “unos días” para hablar con los territorios y precisar los datos de los que saldrán los criterios de reparto, que no están claros en este momento. El motivo es la “asimetría”, según la ministra, en la forma en que los enviaron, lo cual no permite todavía una cifra uniforme. Y ha advertido que, en el caso de aquellas comunidades que no aporten la información precisa, se procederá con los últimos datos que tiene el Gobierno de finales de 2023. Ese plazo en el que se afinarán los datos tiene como horizonte, según ha dicho Rego, la convalidación en el Congreso el jueves de la semana que viene.

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La declaración consensuada por la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, y los 20 vocales no cita expresamente a María Jesús Montero, quien el pasado fin de semana calificó de “vergüenza” la sentencia absolutoria de Alves y cuestionó que la presunción de inocencia prevalezca “sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas”. No obstante, fuentes del órgano señalan que el comunicado es una respuesta a las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. El texto que ha salido adelante por unanimidad ha sido propuesto por Perelló, después de que los vocales conservadores presentaran una versión mucho más dura que la mayoría de los progresistas se negaron a apoyar. Entretanto, el Gobierno ha respaldado a la número dos del Ejecutivo y del PSOE, muy criticada por sus palabras en un acto de los socialistas andaluces, federación en la que ha relevado a Juan Espadas como secretaria general. “Se expresó el mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad sintió al conocer una sentencia, en este caso de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, radicalmente distinta a la de la Audiencia Provincial de Barcelona en menos de un año”, ha salido en defensa de Montero la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. “El respeto [por las resoluciones judiciales] tampoco es antagónico a opinar sobre las mismas”, ha remachado.

La versión definitiva es bastante genérica para evitar entrar en un choque con el Gobierno, como ocurrió con frecuencia durante el mandato del anterior CGPJ. El comunicado de este martes se centra en apoyar a los magistrados que han firmado la absolución de Alves y reivindicar la presunción de inocencia. “El sistema de recursos se establece para buscar el acierto de la decisión última. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no escapa a este principio y también está sujeta a los procedimientos de revisión previstos en las leyes procesales”, advierte el Consejo.

El pleno reivindica también “la profesionalidad y capacitación técnica” del los jueces que han intervenido en el caso, tanto de la Audiencia Provincial de Barcelona como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y solo envía un mensaje de prudencia para los políticos: “Es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, afirma el Consejo, cuyo pronunciamiento llega un día después del suscrito por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, que reaccionaron a las palabras de la ministra exigiendo “responsabilidad institucional”. Las críticas compartidas por la oposición y jueces y fiscales han forzado al Gobierno a salir por segundo día cerrando filas con la vicepresidenta primera. “Este Gobierno siempre ha manifestado su respeto a todas las resoluciones judiciales”, ha resaltado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha observado que “no solo las autoridades que forman parte del poder ejecutivo, sino también el legislativo y el judicial, deben explicar muy bien” sus declaraciones y resoluciones y más en el caso concreto de fallos como el del caso Alves “con la finalidad de una sensibilización máxima a la sociedad, hacia las víctimas de la lacra de la violencia contra la mujer”. El ministro, que fue vocal del CGPJ y presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha incidido en la atención que las administraciones tienen que dedicar a unas resoluciones “de una sensibilidad social máxima” como la del caso Alves para que las víctimas de violencia sexual “no se sientan desprotegidas” para que “no pierdan la confianza de las instituciones”.

Nuevo aplazamiento de las presidencias de sala clave del Supremo

Por otra parte, la presidenta del CGPJ ha vuelto a retirar del orden del día del pleno la presidencia de las dos salas clave del Tribunal Supremo, que ella misma había decidido incluir para sorpresa de la mayoría de los vocales, ya que los dos grupos, el conservador y el progresista, no han llegado a un acuerdo sobre quién quiere que ocupen esas plazas ni se atisbaba la posibilidad de un pacto a corto plazo porque no había una negociación formal en marcha. Es la segunda vez que Perelló incorpora al orden del día la votación de las presidencias de la Sala Segunda (Penal) y Tercera (Contencioso-Administrativo) para después sacarlas ante la ausencia de pacto. Fuentes del órgano señalan que la presidenta y los vocales han acordado que los dos bloques negociarán en las próximas semanas para que ambas presidencias puedan votarse en el mes de abril o, como tarde, en mayo.

Perelló ya retiró del orden del día la presidencia de la Sala Segunda y Tercera en febrero pasado, después de que los grupos progresista y conservador pactaran el nombramiento de casi 40 altos cargos judiciales, entre ellos las presidencias de la Sala Primera y Cuarta del Supremo, pero no lograran un acuerdo sobre las dos salas consideradas clave, cuyas presidencias también está vacante y que Perelló había incorporado al orden del día. En el caso del pleno de este martes, la decisión de Perelló ha sorprendido aún más si cabe a los vocales, ya que no ha habido en los últimos días ninguna negociación entre los grupos que pudiera desembocar en acuerdo para esas plazas. Fuentes del órgano interpretan ese movimiento de la presidenta como un intento de presión a los vocales para que aceleren la negociación, pero algunos miembros consultados temen también de que la reiteración de esta situación dañe la imagen del órgano.

Miembros del Consejo admiten su desconcierto por los movimientos de la presidenta e incluso algunos vocales progresistas advierten de cierto malestar porque Perelló se está desmarcando de la postura que mantiene la mayoría de vocales de este sector, que defiende la candidatura de Ana Ferrer para la Sala Segunda (Penal) y de Pilar Teso para la Tercera (Contencioso-Administrativo). Los progresistas defienden sus candidaturas por sus currículos, pero también por ser mujeres, una cuestión que ha centrado el debate de los nombramientos porque la ley de paridad que entró en vigor en agosto pasado establece que ningún sexo puede tener una representación inferior del 40% “en los puestos de representación y decisión”.

Perelló, sin embargo, según aseguran fuentes del órgano, no defiende ninguna de estas dos candidaturas y se muestra partidaria de nombrar a los dos candidatos de los conservadores, Andrés Martínez Arrieta en la Sala Penal y Lucas en la de lo Contencioso, dos magistrados considerados de perfil moderado. La intención de la presidenta, según varias fuentes, es que el pleno vote a ambos, lo que supondría una cesión por parte de los progresistas que la mayoría de vocales de este grupo no está dispuesto a aceptar.

Estas designaciones necesitan un mínimo de 13 votos, una cifra que no reúne ninguno de los dos bloques, por lo que hace falta llegar a un pacto para cada plaza. Vocales consultados de ambos sectores coinciden en destacar su voluntad de negociación, pero mantienen posturas opuestas que, admiten, pueden hacer naufragar cualquier posibilidad de consenso.

La estrategia de los conservadores, a falta de acuerdo para que salgan adelante sus propuestas, es aparcar la designación de estas dos presidencias porque ambas salas están ya presididas en funciones por sus candidatos para el nombramiento formal. Este sector se niega a entrar en una negociación que implique aceptar a una de las dos candidatas propuestas por los progresistas, a quienes los conservadores ya vetaron el verano pasado como presidentas del Supremo y del CGPJ por considerarlas afines al Gobierno.

El pleno sí ha acordado por unanimidad el nombramiento de Jesús María Chamorro González como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Celso Rodríguez Padrón como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Manuel Luna Carbonell como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. En su sesión de hoy, el órgano de gobierno de los jueces ha realizado otros 18 nombramientos, todos ellos por unanimidad y correspondientes a 2 presidencias de salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de distintos Tribunales Superiores de Justicia, a las presidencias de las Audiencias Provinciales de Zamora y de Huelva y a cuatro cargos de la jurisdicción militar.

Con las designaciones realizadas hoy, el CGPJ ha realizado un total de 102 nombramientos -tanto en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción militar- desde el comienzo de su mandato el pasado 25 de julio.

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Según los datos recabados por EL PAÍS, Aragón ha sido la única comunidad autónoma que se ha negado a entregar en plazo las cifras al Gobierno, con el argumento de que no lo hará hasta que no se resuelvan las medidas cautelares que solicitó a los tribunales contra la petición prevista en el decreto ley. En sus respuestas al Ministerio de Juventud e Infancia, las comunidades han alegado sobreocupación de las plazas con las que cuentan para acoger a los menores. De todas formas, según el diseño de la distribución incluida en la reforma de la ley, lo más relevante para establecer cuántos menores han de acoger las comunidades es el número de plazas que idealmente debería tener cada una en función de una serie de parámetros.

En el caso de Madrid, una de las comunidades que ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto que permite la distribución de los menores, las cifras remitidas al Gobierno hablan de 2.442 menores atendidos en 2024 y una sobreocupación del 132% de sus plazas. Sin embargo, según el cálculo preliminar del Ministerio de Juventud e Infancia, la Comunidad de Madrid es la región que recibiría más menores con el criterio de la diferencia entre las plazas de que dispone y el número ideal que, según Juventud, debería tener. Esto es: cuanto menor sea el esfuerzo realizado en reforzar el sistema hasta ahora, más menores recibirá. De hecho, las proyecciones con las que ha trabajado el Gobierno establecen que esta comunidad debería tener capacidad de acoger a más de 3.000 menores. La financiación extra del Gobierno cubrirá a partir de esos umbrales de ocupación.

Es una situación similar a la de Andalucía. Según sus cifras, en 2024 atendió a 2.615 menores migrantes solos. Y la ocupación efectiva de las 6.092 plazas con las que cuenta para todo el sistema de protección de menores, sean extranjeros o no —2.968 en acogimiento residencial y 3.124 en acogimiento familiar— es del 96,32%, que esa comunidad considera “al límite”. Sin embargo, en función de su población y la dimensión del sistema de acogida que debería tener, será la segunda comunidad que reciba más menores. Un caso contrario al de Cataluña, cuyos datos recogen 6.450 niños y jóvenes migrantes solos, de los cuales 2.242 son menores de edad y 4.208, mayores de edad en prórroga asistencial, una capacidad del sistema más cercana a la óptima. Este hecho redundará en menos menores a recibir.

El número de menores extranjeros no acompañados acogidos y la capacidad total de su sistema de protección de menores son los dos datos por los que ha preguntado el ministerio que dirige Sira Rego (Sumar). Pero en el listado de criterios que cifrarán el reparto están, y con mayor peso que estos dos, la población de cada comunidad, la renta per cápita o la tasa de paro.

Sobre la negativa de Aragón a remitir la información, fuentes del ministerio aseguran que es la propia comunidad la que resulta afectada: “El envío de los datos solicitados redunda solo en beneficio de los territorios, dado que permitirá que se tenga en cuenta la situación real del sistema de cada comunidad a la hora de ajustar el esfuerzo colectivo y solidario en materia de acogida”.

El caso de Castilla-La Mancha también es ilustrativo del mecanismo. En su respuesta al Gobierno, indica que los 139 menores migrantes no acompañados que tiene acogidos en este momento representan una ocupación del 463% de las plazas. De nuevo, para la redistribución tal cual está diseñada en este momento, lo que importa es cuántas plazas debería tener idealmente según el cálculo interno de Juventud e Infancia. La ministra dará a conocer los pormenores de los datos recopilados en una comparecencia pública este martes.

Otras comunidades reportaron una ocupación del 100% de sus plazas o un porcentaje levemente superior: Galicia (273 menores migrantes no acompañados a un 108%), Extremadura (126 menores y una ocupación del 111%), Asturias (99 menores y 100% de ocupación) o Navarra (164 menores y ocupación del 102%).

A pesar del rechazo frontal, hay gobiernos del PP que han remitido su información al ministerio. En el caso de Cantabria, la consejera de Inclusión, Begoña Gómez del Río —que reportó 22 menores extranjeros acogidos en un total de 36 plazas— afirmó que su Gobierno entiende “que el Real Decreto-Ley 2/2025 (que permite el reparto) es inconstitucional” y que activarán “los mecanismos de defensa jurídica” frente a la norma. En la misma línea habló la consejera de Política Social de la Región de Murcia, Conchita Ruiz, que informó de que actualmente tiene 619 plazas ocupadas: “Ahora son datos que tiene que trabajar el ministerio y esperamos que sean transparentes en trasladar los criterios que van a utilizar, que sean igualitarios en cuanto al trato que reciban todas las comunidades autónomas y que no sea un traje a medida con Cataluña después de esos acuerdos alcanzados con sus socios independentistas”.

“Llevamos más de un año y medio, en el que las comunidades del PP ha hecho dejación de funciones sobre los menores que llegan de determinadas zonas. Es importante conocer la situación del sistema de acogida en cada autonomía. Un menor migrante primero es menor y después migrante”, alegó este lunes en RTVE la ministra Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). En una rueda de prensa en Génova, su portavoz, Borja Sémper, indicó que las comunidades populares “van a cumplir con la ley con un principio moral y ético que es inexcusable, y es cumplir también con las condiciones mínimas humanitarias exigibles para el trato a los menores no acompañados”, informa Virginia Martínez. “Y, por lo tanto, van a cumplir también con los intereses y con los derechos de los ciudadanos a los que sirven y que reclaman también que sus comunidades autónomas, en todo caso, tengan los recursos suficientes para atender de una manera humanitaria a sus menores no acompañados”, abundó. Asimismo, el portavoz nacional del PP recordó que hace una semana el Tribunal Supremo dio 10 días al Gobierno para que “se haga cargo de los mil menores no acompañados que han pedido asilo en Canarias”.

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A las críticas también se ha sumado el PP, tanto por parte del líder de la formación como por otros dirigentes, que han cargado contra Montero. “No está en condiciones de ser la número dos de ningún Gobierno europeo”, ha señalado Alberto Núñez Feijóo en X. El portavoz popular, Borja Sémper, ha subrayado además que las declaraciones de Montero son “incompatibles con una visión democrática del Estado de derecho” y ha reiterado que debería dimitir de su cargo. Unas aseveraciones que han sido contestadas por la vicepresidenta primera también en redes sociales: “No voy a aceptar lecciones ni tergiversaciones del PP. Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo”. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y responsable de Igualdad de la dirección del PSOE, había salido ya en defensa la número dos del Ejecutivo argumentando que, aunque su partido respeta el fallo judicial, se trata de una sentencia “muy difícil de digerir”.

No voy a aceptar lecciones ni tergiversaciones del PP. Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo.

— María Jesús Montero (@mjmonteroc) March 31, 2025

Las palabras de Montero han puesto de acuerdo a las asociaciones de jueces y fiscales progresistas y conservadoras, una circunstancia que, según fuentes de las propias asociaciones, solo había ocurrido antes en dos ocasiones, ambas relacionadas con una huelga convocada por la carrera judicial y la fiscal en mayo de 2018. Probablemente por eso, el comunicado suscrito este lunes por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales es aséptico en comparación con la mayoría de los pronunciamientos que firman cuando reaccionan de forma individual o divididos por tendencias (conservadoras, moderadas o progresistas). No obstante, el texto censura con contundencia las manifestaciones que hizo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda el pasado sábado, cuando calificó de “vergüenza” la sentencia absolutoria de Alves y cuestionó que la presunción de inocencia prevalezca “sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas”.

“La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho”, señalan las asociaciones, que recuerdan que las resoluciones judiciales se adoptan “tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente”. “Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial”, añade el escrito.

Jueces y fiscales recuerdan que la presunción de inocencia es “un derecho fundamental” recogido en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España y garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal “mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho”. “Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios”, apuntan.

Tras el revuelo que ha levantado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que considera que la Audiencia Provincial de Barcelona incurrió en “déficits valorativos” al condenar a cuatro años de cárcel al futbolista, las asociaciones de jueces y fiscales advierten también sobre la “importancia de proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales”. “Es fundamental que las víctimas se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto”, señala el texto consensuado por todas ellas.

La posición de las asociaciones de jueces y de fiscales contrasta con la del PSOE. “Hay que respetar [la sentencia] pero es muy difícil de digerir, desde luego no ayuda a que las víctimas denuncien. Solo el 8% de las víctimas de agresiones sexuales denuncian y por lo tanto esta sentencia no ayuda a favorecer algo básico y fundamental que son las denuncias”, ha observado Bernabé a su llegada a la reunión de la dirección socialista en Ferraz. esto no ha terminado aquí. Al término de la ejecutiva, en la que no se ha abordado esta cuestión, Peña ha subrayado que el proceso judicial no ha terminado. La portavoz socialista ha incidido en que la violencia sexual “no va a quedar impune” y España “protege a las víctimas” tras la polémica que ha generado la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el caso Alves. “Es verdad que sentencias contradictorias como estas que se han dado no parecen muy halagüeñas para dar seguridad a todas esas mujeres víctimas de violencia sexual que lo que necesitan es el respaldo de las instituciones y también de la legislación”, ha abundado Peña, que ha remarcado la intención del Gobierno de implantar 53 plazas de jueces de violencia de género antes de fin de año. El Ministerio de Justicia ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta de Real Decreto que prevé incrementar en 53 las plazas de jueces y magistrados de violencia de género para facilitar que puedan asumir la instrucción de los delitos sexuales o de trata y mutilación genital femenina. Los planes del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, consisten en la creación de 39 nuevas plazas en Secciones de Violencia sobre la Mujer. Las 14 plazas restantes, que ahora se dedican a instrucción en general, se reconvertirían en especializadas. Fuentes de Ferraz reconocen en privado que Montero no estuvo atinada y “se dejó llevar por lo cruel de la sentencia” aunque insisten en que no creen que se tenga que disculpar. En todo caso, apuntan que tendrá ocasión de explicarse “mejor” en otra ocasión.

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El conflicto entre los dos socios del Gobierno escaló en febrero, cuando el mismo día que se aprobaba la subida del SMI hasta los 1.184 euros, Hacienda anunció que quienes lo percibían pagarían por primera vez en la historia el IRPF. Tras hacer explícito su rechazo en una rueda de prensa donde la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y la propia Díaz se mostraron muy incómodas, Sumar presentó horas después una Proposición de Ley para corregir una medida que fue criticada por la práctica totalidad del hemiciclo. PP y Podemos también registraron sendas iniciativas en el mismo sentido. Aunque el Gobierno tiene la potestad de vetar la propuesta, la Mesa del Congreso puede levantar ese veto y, en este punto, Sumar y PP podían unir sus votos para lograr que la norma se tramite. A pocos días de que termine el plazo para presentar ese veto y a pesar de que hasta ahora las posturas parecían inamovibles, finalmente los ministerios se han sentado a hablar.

“En esta subida [última del SMI hasta los 1.184 euros] solo un 20% de los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional tendrían que tributar, son aquellos que no tienen cargas familiares y en lo que estamos trabajando es en ver si arbitramos alguna propuesta que pudiera compensar a estos trabajadores que, como digo, son pocos, pero que tendrían que tributar con esta nueva subida del SMI”, ha observado Montero en los pasillos del Senado, aunque no ha concretado cómo sería la medida. Fuentes gubernamentales adelantan que no se trataría de subir los umbrales y aprobar cambios que afecten a todo el colectivo que cobra el sueldo mínimo, sino de una medida quirúrgica dirigida solo a aquella minoría que con la última subida se ve obligada a tributar por el IRPF, informa Laura Delle Femmine. Por ejemplo, aprobando una deducción o algo similar solo para esta minoría de contribuyentes. Su impacto sería de unos 150 millones de euros, según fuentes del Ejecutivo.

“El Ministerio mantiene una posición que sigue estando vigente, que es que el SMI se desacople de una exención del IRPF. Son dos debates distintos. Un debate es el que tiene que ver con el crecimiento del SMI, que evidentemente mejora la renta salarial de ese grupo de trabajadores y otra cuestión distinta es a partir de qué tramo se tiene que tributar en el IRPF, teniendo en cuenta que, si la vocación del Gobierno es que los salarios sigan subiendo, pues evidentemente tendremos que ir acompasando la capacidad económica también que tienen los trabajadores”, ha mantenido Montero sobre las diferencias que tiene con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El ala socialista del Gobierno se mantiene en la misma posición que defiende desde el estallido de la crisis con Sumar. Sánchez ya recalcó en una ejecutiva del PSOE que el SMI “no se puede equiparar” con el ingreso mínimo vital debido al incremento que ha venido experimentando año tras año desde que llegó a La Moncloa en 2018. Un lapso de tiempo en el que ha aumentado de los 735 euros a 1.184 euros al mes actuales. Su razonamiento y el de Montero es que la política fiscal es progresiva y que si se pretende que los trabajadores sigan aumentando su poder adquisitivo y haya más subidas del SMI, lógicamente eso no se podría hacer si no hay unos ingresos por parte del Estado para sostener el Estado del Bienestar. La tesis compartida en la dirección del PSOE es que no se trata de “caridad”, sino de contribuir a un “sistema solidario” que se mantiene con los impuestos. Pero la seriedad de la crisis entre PSOE y Sumar exigía un remedio que contente a ambas partes y les permita salvar la cara tras semanas de rifirrafe en el seno de la coalición.

Díaz se muestra “optimista” en la negociación

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha manifestado confiada en poder llegar a un acuerdo sobre las diferencias en cuanto a la tributación del salario mínimo interprofesional en las negociaciones que mantiene con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Eso sí, en declaraciones desde Bruselas, la líder de Sumar ha dejado claro que su posición sigue siendo que las rentas salariales mínimas “deben quedar exentas” de las tributaciones.

“Siempre soy una mujer optimista en las negociaciones, esto es lo que me gusta, lo que no tenía sentido era no sentarse a negociar, ayer hemos hecho lo que teníamos que hacer y me gustaría que alcancemos un acuerdo”, ha declarado Díaz antes de participar en un acto en el Parlamento Europeo sobre la reducción de la jornada laboral en España. Según ha revelado, este mismo martes, antes de viajar a Bruselas, ha estado negociando con Montero, en unas discusiones que “continúan” con los equipos de Sumar y PSOE, ha indicado.

Díaz ha indicado que confía en lograr un acuerdo importante porque “hemos hecho lo que no está haciendo nadie en el mundo: mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, subiendo el salario mínimo”. Aun así, ha dejado clara su premisa: “Me van a permitir que les diga que seguimos pensando que esas rentas salariales [mínimas] deben quedar exentas”.

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La “adaptación a las nuevas formas de criminalidad” para poder “ejercer una protección eficaz frente a los nuevos delitos tecnológicos” es el principio del que parten los cuatro ministerios implicados en la futura ley (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Transformación Digital, Juventud e Infancia y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) mediante varios cambios pioneros en el Código Penal. Por ejemplo, se aborda específicamente el tratamiento penal de las denominadas “ultrafalsificaciones” o deepfakes, las imágenes o voces manipuladas tecnológicamente y extremadamente realistas con herramientas como la inteligencia artificial. Para combatirlas se incorpora un nuevo artículo (173 bis) que sanciona “a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, software, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias”, según recoge el proyecto de ley, de 44 páginas.

También se regula por primera vez el grooming o la creación de una identidad falsa cuyo propósito es engañar a un menor para la comisión de un delito sexual mediante “una identidad ficticia o imaginaria” o atribuyéndose falsamente “una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes de las propias”. Con ese propósito se añaden diferentes tipos agravados en los artículos 181, 182, 183, 185, 186, 188 y 189 del Código Penal cuya modificación impulsa el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

Otra de las novedades es la “pena de alejamiento de los entornos virtuales, para un mejor cumplimiento de la prevención general y especial en el ámbito de los delitos tecnológicos”. En concreto, se modifican los artículos 33, 39, 40, 45, 48, 56, 70 y 83 del Código Penal para añadir la “pena de prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, cuando el delito se comete en su seno”. De este modo, se confía en evitar tanto la revictimización como la reincidencia, estableciendo “una mayor protección de las víctimas, evitando la reiteración de conductas punibles”.

El proyecto de ley, para el que también se ha consultado a las comunidades autónomas y entidades locales, eleva de 14 a 16 años la edad mínima para abrirse una cuenta en redes sociales. La edad de consentimiento para el tratamiento de datos personales está regulada por la Ley de Protección de Datos, que se tendrá que modificar. “La evolución, no solo de la tecnología digital, sino también de su uso por los menores de edad, ha sido tan exponencial que puede resultar inapropiada su utilización precoz, dada la madurez que requiere el uso de determinados servicios, plataformas, sistemas y contenidos digitales”, argumenta el texto para elevar la edad exigida.

El plan para reforzar la seguridad de los menores incluye la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual para imponer obligaciones a los grandes operadores de la comunicación y a los influencers como, por ejemplo, utilizar sistemas de verificación de edad, o separar los contenidos que puedan incluir escenas de pornografía o violencia gratuita. Otra exigencia es que se establezcan enlaces a los canales de denuncias y utilizar mecanismos de verificación de la edad, siempre que el contenido que estén difundiendo sea potencialmente perjudicial para los adolescentes. Todo un reto, ya que todavía no existe una herramienta fiable de verificación de la edad para que las redes sociales y páginas webs puedan cerciorarse de la edad real de sus usuarios.

Los fabricantes estarán obligados a incluir sistemas de control parental, activados por defecto, en los dispositivos digitales. Y se prohibirá con carácter general el acceso por parte de los menores a los mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas (loot boxes), que permiten a los jugadores obtener, con carácter aleatorio, premios virtuales.

Las pocas modificaciones que se han realizado, en comparación con el anteproyecto impulsado hace nueve meses, se han producido según fuentes del Ejecutivo para que la norma esté totalmente alineada con la normativa europea en materia de mercado interior. Así, se ha suprimido la referencia a la cartera de identidad digital europea (Eudi Wallet) en la parte expositiva al ser todavía un proyecto piloto, explican fuentes del Ejecutivo. La otra variación tiene que ver con los mecanismos aleatorios de recompensa: se ha suprimido la obligación de que el proveedor cuente con un sistema de verificación de la edad de los usuarios. Y se incorpora el desarrollo de un reglamento de la prohibición de acceso a estos mecanismos, que se hará de acuerdo a la normativa europea.

El proyecto estipula que los centros educativos deberán contar con una regulación expresa sobre el uso de dispositivos móviles y digitales en el aula, así como en el resto de actividades e instalaciones escolares. Las administraciones sanitarias tendrán que revisar las actuaciones de prevención de trastornos adictivos y desarrollar protocolos de atención específicos para incluir las adicciones relacionadas con el uso de medios digitales. Para ello se promoverá la coordinación de todas las administraciones públicas y agentes implicados, especialmente de los servicios de atención primaria, atención especializada a la salud mental y a las conductas adictivas, servicios sociales y educativos.

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“Los que me conocéis sabéis muy bien que tenía muchas ganas de que llegara este día por veros a todos pero especialmente por decir cinco palabras: presidente, bienvenido a tu casa. A Aragón, a la que siempre ha sido tu casa. Todos lo sabemos, pero hoy, delante de todos los compañeros del socialismo aragonés, quiero que lo sientas con más fuerza si cabe”, le ha recibido la ministra, la quinta a los mandos de una federación como María Jesús Montero en Andalucía, Óscar López en Madrid, Diana Morant en la Comunidad Valenciana y Ángel Víctor Torres en Canarias. La nueva dirección autonómica ha obtenido un respaldo del 93,06% en un cónclave al que Lambán no ha asistido. Otro expresidente autonómico, Marcelino Iglesias, presidirá el PSOE de Aragón en un puesto que hasta ahora no existía. Darío Villagrasa, último secretario de Organización de Lambán y que se retiró de la carrera de las primarias con la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, será vicesecretario general de la federación en un ejemplo de integración. La nueva responsable de Organización será Manuela Berges, que renunciará a su puesto en la ejecutiva federal, en la que ingresó en el Congreso de Sevilla de finales del año pasado. “Hoy en un día de absoluta alegría para los socialistas y triste para [Jorge] Azcón, que no os quepa ninguna duda: ¡Hoy comienza el cambio, en 2027 Azcón a la oposición!”, ha clamado la primera secretaria general de la federación. Alegría ganó las municipales en Zaragoza a Azcón en 2019, pero Albert Rivera truncó el pacto que tenía cerrado con Ciudadanos para gobernar la quinta ciudad española.

Recuperada la sintonía con los socialistas de Aragón, el presidente del Gobierno ha incidido, para tratar de convencer a las diferentes formaciones a la izquierda del PSOE, en su reciente visita a Finlandia, un país con 1.300 kilómetros de frontera con Rusia que se adhirió en 2023 a la OTAN, un paso que también emprendió Suecia. Precisamente los Verdes acaban de dar su apoyo al futuro canciller alemán, el democristiano Friedrich Merz, a una reforma constitucional que autorizará un endeudamiento y un gasto en infraestructuras y defensa que podría alcanzar el billón de euros. Los ecologistas han conseguido que una parte se destine a inversiones en protección civil, inteligencia y ciberseguridad, un ejemplo que en el ala socialista del Gobierno con el que esperan atraer a los aliados más reacios al rearme: España, con un presupuesto de Defensa equivalente al 1,28% del PIB, se puso como objetivo alcanzar el 2% comprometido en 2014 con la OTAN en 2029, una hoja de ruta que se acelerará tras el nuevo orden mundial que Donald Trump impulsa en su regreso a la Casa Blanca. Sánchez se ha comprometido, sin decir cómo lo hará, a que la subida del gasto en Defensa no se producirá a costa del Estado del Bienestar.

“Finlandia tuvo que ceder tierra, territorio, a Rusia para poder conseguir la paz, hace ya bastantes años [a mediados del siglo pasado] ¿Qué es lo que te piden los finlandeses, como piden también los letones, los estonios, los lituanos y otros países que están en el Este de Europa, como Polonia o Rumanía? Echadnos una mano, ayudadnos, porque tenemos un problema de seguridad, una amenaza cierta porque Putin se ha dado al revisionismo de fronteras y se está anexionando unilateralmente territorios”, ha expuesto Sánchez ante más de un millar de militantes y simpatizantes en un acto en el que la federación aragonesa se ha realineado con La Moncloa y Ferraz y ha cerrado la etapa crítica con Javier Lambán.

El viraje del PSOE de Aragón en el último gran congreso que quedaba pendiente antes de la tercera fase de la remodelación de la estructura del partido con los congresos provinciales ha estado marcado por la insistencia en una paz “justa y duradera” para Ucrania y las llamadas a la solidaridad en las que Sánchez no ha entrado en por dónde iría la subida en el gasto y defensa. “Nosotros no queremos atacar a nadie porque la Unión Europea es un proyecto que nació para la paz, pero tenemos muy claro que la única manera de garantizar esa paz en Europa, al menos en nuestros países, es elevando la capacidad de disuasión. Tenemos que mejorar entre todos nuestra seguridad porque es Europa quien tiene que proteger a Europa”, ha reiterado el presidente del Ejecutivo.

Sánchez ha apuntado a las mismas peticiones que los Verdes en Alemania como posible pista de aterrizaje para sus aliados en el Congreso: “Tenemos unas necesidades de seguridad particularmente diferentes a las que puedan tener en el Este y en el Oriente de Europa. Nosotros podremos tener ataques híbridos y tendremos que mejorar nuestra capacidad de ciberseguridad y en nuestra protección de las infraestructuras críticas, y como hemos visto en Valencia tendremos que hacer frente de una manera mucho más eficaz a todo lo que tiene que ver con las emergencias de protección civil derivadas de la emergencia climática”. Aunque esa es la salida que La Moncloa confía haber encontrado, el Gobierno no parece que vaya a variar de estrategia a corto plazo: la intención es seguir aprobando ese aumento en el Consejo de Ministros, y no en las Cortes, tirando de créditos y del fondo de contingencia de un importe de cientos de millones de euros.

A la guerra en Ucrania se añade el nuevo frente abierto por Trump con su guerra arancelaria, a la que Bruselas ha respondido con una andanada de 26.000 millones de euros y gravando productos selectivos de Estados republicanos para hacer mella en el electorado trumpista. Un desafío al que el presidente de Estados Unidos ha advertido que responderá con un arancel del 200% al sector vinícola. “Las naciones que se encierran no se hacen más grandes, se hacen más pequeñas. Nunca es bueno abrir guerras comerciales. A mí me parece poco acertado abrir una guerra comercial con el primer bloque comercial del mundo, que es la UE”, ha manifestado Sánchez.

“Si nos imponen aranceles, desde luego la Unión Europea responderá unida y unida y protegeremos a nuestros trabajadores, a las empresas, a los agricultores, ganaderos y a todo el sector productivo como hicimos durante la pandemia, la crisis energética, la crisis inflacionaria y las guerras de Putin en Ucrania y también en Oriente Medio”, ha recalcado el secretario general del PSOE. En contraposición, Sánchez ha arremetido contra la derecha y la ultraderecha, en la que Santiago Abascal se ha erigido en el político español más cercano a Trump. “Vox es la voz de su amo, y el PP dejó hace tiempo de ser una derecha moderada, como la derecha en Alemania, para ser una derecha absolutamente tutelada por la ultraderecha. Por eso están callados, porque son muy fuertes con los débiles, pero son serviles con los poderosos”, ha igualado a la derecha clásica con los ultras españoles.

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Este tipo de reuniones entre ambos líderes solo se producen cuando la discrepancia en el Gobierno afecta a asuntos de gran calado. En Ferraz se comprometen a cuadrar el aumento del gasto en Defensa sin recortar el Estado del Bienestar y razonan además que lo lógico es que Sumar apoye la estrategia de La Moncloa, como ya sucedió en los gobiernos de coalición con Unidas Podemos. El Consejo de Ministros ha aprobado créditos por un importe de cientos de millones para Defensa en la legislatura pasada y en la actual, es decir, ya con los socios minoritarios a la izquierda del PSOE. “Los dos partidos que formamos la coalición de Gobierno estamos completamente alineados en lo sustancial, queremos una Europa mucho más fuerte y con perfil propio. En cambio, la mitad de la otra coalición, la del PP y Vox, lo que quiere es romper Europa mientras la otra mitad no sabe lo que quiere”, se ha afanado la portavoz de la dirección del PSOE, Esther Peña, en minimizar las diferencias con Sumar por el incremento del presupuesto militar de España, dentro del cambio estratégico que afronta la UE tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

La postura de Sumar, que engloba a organizaciones de tradición política muy distinta, es a priori de rechazo, pero los matices ya han sido expresados por sus portavoces. Mientras IU se opone de plano a cualquier incremento del gasto y el envío de tropas a Ucrania, Movimiento Sumar, el partido creado por Díaz en 2023, pone el foco en la necesidad de avanzar en la autonomía estratégica de la UE y cree prioritario hablar de qué política de defensa deben construir ahora los Veintisiete. Este mismo lunes, antes de la reunión entre Díaz y Sánchez, el grupo celebra una mesa de partidos para tratar de consensuar una posición común. Dentro de Unidas Podemos las diferencias en temas de defensa se evidenciaron la pasada legislatura, y llegaron a votar divididos en el Congreso. IU, que nació en 1986 al calor de las movilizaciones por el no en el referéndum que finalmente ratificó la entrada de España en la OTAN, es el más beligerante en esta materia.

“No se arregla nada por subir el Presupuesto militar”, ha afirmado a primera hora desde Bruselas Yolanda Díaz. En su opinión, el debate no va de subir el gasto, sino de “reordenar” los recursos. “Primero, necesitamos hacer balance de lo que tenemos en nuestro país. España tiene presupuestado un 1,2% del PIB y solo ejecuta el 0,9%”, ha dicho a su llegada al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) “Y más allá de todo esto, se trata de decidir qué política de defensa necesita España en el marco de la UE”. La titular de Trabajo ha recordado que las cuentas de defensa de todos los Estados de la Unión arrojan una inversión mayor que el gasto militar ruso. “Va más de coordinar efectivos y recursos, y no de introducirnos en una carrera armamentística sin control”, ha reiterado. El PSOE ha evitado alimentar la confrontación con Sumar: “Hay más cosas que nos unen que [las que] nos separan. Lo que nos une a este Gobierno de coalición es sin duda la idea de Europa. Somos coherentes en nuestra posición desde hace mucho tiempo y también que creemos con firmeza que invertir en defensa es invertir en democracia. Invertir en defensa es invertir en seguridad y en la protección de nuestros valores”, ha resaltado Peña con un discurso muy medido.

En la misma línea que la vicepresidenta segunda, Urtasun se ha mostrado contrario a flexibilizar las reglas del gasto para permitir créditos destinados a defensa. Según ha expresado en rueda de prensa, si Europa necesita hacer una inversión militar conjunta, esta debería financiarse con una partida nueva, que no saliera de los Presupuestos nacionales. “Haber subcontratato la política de defensa a la OTAN y a EE UU ha sido un error. Solo hay un camino posible: dibujar una defensa europea autónoma y sustituir progresivamente el paraguas de la OTAN por el de la defensa europea”, ha señalado el portavoz, quien ha subrayado que este nuevo modelo ha de ser “independiente, disuasorio y estrictamente defensivo”. ”Tenemos 27 ejércitos mal coordinados. Hay que construir primero capacidades de interoperatividad y coordinación”, ha ahondado.

Los socialistas recalcan ante la inquietud de sus socios que el aumento del gasto militar no sería a costa del gasto social. “No tiene que decir que haya que quitar un servicio público. Hemos aprendido mucho de la respuesta neoliberal de la crisis de 2008. Hay fórmulas diferentes y [en Bruselas] se están empezando a tomar las mismas medidas que en la pandemia”, ha señalado Peña, como con el levantamiento de las reglas fiscales, las emisiones de deuda mancomunada de hasta 150.000 millones y que el Banco Europeo de Inversiones aumente sus créditos para la industria militar. La nueva amenaza para la UE y, por tanto, para España “no es óbice para que se desgaste nuestro estado del Bienestar”, ha zanjado la dirigente del PSOE.

Desde Izquierda Unida, el coordinador federal, Antonio Maíllo, ha sido mucho más duro en su rechazo. “No son tiempos de rearme. IU plantea que no puede volver el principio cínico de ‘si quieres la paz, que vuelva la guerra’, sino el de ‘si quieres la paz, prepara la paz”, ha afirmado también ante los medios. “No compartimos [la propuesta de la Comisión Europea de] aportación de hasta el 5% del PIB. Esa propuesta tendría consecuencias económicas en términos presupuestarios y de política social. Supondría para España un recorte lineal del 13% en todas las políticas sociales”, ha estimado. Para Movimiento Sumar, esta es también una línea roja. Maíllo ha abogado por un modelo de seguridad basado en “la paz, la desmilitarización y el alto el fuego” y ha anunciado que su formación impulsará próximamente una campaña de movilizaciones por la paz.

Podemos, por su parte, ha ido este lunes un paso más allá. Después de días expresando su rechazo al aumento del gasto militar, su coportavoz Pablo Fernández ha anunciado que el partido registrará en la Cámara baja una iniciativa para que todo incremento de la inversión en defensa tenga que pasar por el Congreso “para su debate y aprobación”. La propuesta del partido de Ione Belarra, que el viernes se refirió a Sánchez como “el señor de la guerra” (una expresión que ha repetido hoy el dirigente) pedirá también la salida de España de la OTAN. “Estamos muy preocupados por los compromisos adquiridos ya por este Gobierno de incremento del gasto militar y las consecuencias que ello puede tener en nuestro Estado del bienestar, servicios públicos y derechos sociales”, ha afirmado el también secretario de Organización.

En su tono habitual, Fernández ha criticado la “sumisión” a Trump y la OTAN, ha tildado al presidente de EE UU de “delincuente y fascista” y ha considerado “abominable y vergonzoso” que un Gobierno “que se autodenomina progresista esté empeñado” en “abocar el futuro” de España a un incremento del gasto en defensa. El PSOE rechaza el envío de tropas de paz a Ucrania como proponen Francia y Reino Unido —”no estamos en ese momento, no se han dado las circunstancias”— y ha destacado a cambio “el compromiso material y monetario con el pueblo ucraniano” mediante el envío de mil millones de ayuda de euros anuales.

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La revolución tecnológica ha convertido a las redes sociales en herramientas imprescindibles en la comunicación política. Instagram y Tik Tok son los nuevos campos de batalla del universo digital. La retirada de controles decidida por Elon Musk en X ha provocado que el canal predilecto de los partidos e instituciones para comunicarse sea un campo abonado para la desinformación. Un terreno donde la ultraderecha se siente cómoda. “La extrema derecha es la que mejor ha sabido instrumentalizar las redes, los partidos políticos tradicionales obvian a un segmento de la población”, observa Anna López, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia. El último barómetro de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER sitúa a Vox como la primera opción política en intención de voto (24,3%) entre los potenciales electores entre 18 y 24 años tras la abstención (33,1%). El PSOE obtendría un respaldo del 20,9%, con el PP muy descolgado (7,9%).

‘La isla de las tentaciones’ y el baño de oro en La Moncloa

La adaptación de los dos grandes partidos a la nueva realidad es muy diferente. PSOE y PP han apostado por caminos distintos para innovar sus contenidos. La fuga de electorado del PP a Vox en el voto joven ha llevado a los populares a arriesgar en las redes sociales, un entorno donde la formación de Santiago Abascal y otros partidos ultras como Se Acabó la Fiesta, del agitador Alvise Pérez, llevan la delantera tanto en la presencia dentro de la comunidad digital como en el dominio pleno del uso del lenguaje. Génova reconoce que en los últimos meses ha aumentado el presupuesto y el personal, sin aportar cifras, para incrementar su potencia de fuego en las redes oficiales del partido y de sus dirigentes. Aunque su foco, subrayan en el gabinete de Alberto Núñez Feijóo, está puesto en las campañas generadas a través de Inteligencia Artificial.

El reciente final de La isla de las tentaciones inspiró al PP para generar con IA el vídeo que ha generado tanta controversia, en el que simulaba a sus protagonistas pero con el rostro de Sánchez, su esposa, Begoña Gómez, el exministro José Luis Ábalos o su exasesor Koldo García. Pero la iniciativa se les fue de las manos y se le volvió al PP como un boomerang. El PSOE subraya que una de las preocupaciones de la UE es que la IA se emplee para suplantar la personalidad de un individuo y rechaza emplearla como el PP está haciendo: el partido de Feijóo publicó un vídeo de la misma índole con los líderes independentistas Carles Puigdemont y Oriol Junqueras bañándose en oro en La Moncloa tras el anuncio de la condonación de deuda a las comunidades autónomas de régimen común.

Otra de las campañas del PP con la IA fue con un vídeo en el que recreaba a Ábalos con una voz de fondo que hacía afirmaciones sobre corruptelas que han sido desmentidas. En ese vídeo, el PP no aclara que las imágenes no son reales y concluye con un cartel del Ministerio de Hacienda. Los socialistas están usando la IA para la traducción simultánea de discursos y su transcripción, para facilitar las búsquedas de información en la red o para la generación de imágenes metafóricas en sus campañas que se identifican como realizadas con tecnología IA. Un ejemplo: un especulador que se enriquece con los precios de la vivienda. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE obliga a quien genere audios o vídeos que son deepfakes a que los identifiquen como contenido generado por IA. A partir de agosto de 2026 se podrán imponer sanciones, recuerdan en el Ministerio para la Transformación Digital.

El PSOE ha apostado más que el PP por Instagram, con la emisión de varios directos por los que han desfilado Alegría, Patxi López y otros cargos del partido, en los que se combinan preguntas sobre política y cuestiones más personales. “Esta segunda faceta es la que también queremos dar a conocer. Sacar al político del encasillamiento en el que los populismos quieren meterlo, y que la gente vea que están ante personas normales como ellos, que dedican su tiempo al servicio público”, explican en Ferraz. “Es una forma de hablar de tú a tú con ellos, de conocerles, de que te cuenten qué les preocupa, sus inquietudes. Al ser un directo, es un diálogo muy dinámico e interactivo y aunque de vez en cuando hay algún troll, los propios espectadores del directo les reprochan su comportamiento. Es decir, frente al discurso de la derecha, que dice que no podemos salir a la calle, este formato demuestra que no solo estamos en ella sino que somos más accesibles”, interviene Enma López. La secretaria de Política Económica y Transformación Digital se estrenó el 13 de febrero protagonizando el primer directo. “No podemos renunciar a ningún espacio, las redes son también el antídoto contra la proliferación de discursos de odio. Queremos contrarrestarlos con formatos que resultan atractivos y con contenido frente a los discursos vacíos y trumpistas. Es una oportunidad”, comparte Víctor Camino, diputado por Valencia y secretario general de Juventudes. Los usuarios conectados en cada uno de los directos en tiempo real han oscilado entre las 160 y 200 personas.

La otra línea en la que trabaja principalmente Génova y a la que también presta mucha atención el PSOE es la publicación de vídeos cortos, en movimiento y con mensajes sencillos en Tik-tok e Instagram orientados para la primera franja de edad de votantes. El estilo se asemeja al que ya utilizaba la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez. Además de ser la responsable del ramo, la dirigente popular es la más joven del comité de dirección del partido con 32 años y acompañó a Feijóo esta semana en el Mobile World Congress. El gabinete de Feijóo busca ahora que la fórmula ya impulsada por Núñez sea replicada por otros miembros de la cúpula y otros cargos de la formación.

“Hoy se cumple un año de la jugada maestra del PSOE”, arranca uno de estos vídeos, protagonizados por Tellado, en el que simula jugar a las cartas para cargar contra el Gobierno a cuenta del caso Koldo. Otro dirigente popular que sigue la estela de Núñez ha sido el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, que el 23 de enero publicó un vídeo similar para justificar que su partido iba a votar en contra del decreto ómnibus. La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital ha lanzado además las Noecharlas, un pódcast en vídeo en el que conversa con miembros del PP.

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“No se puede pactar lo que se está pactando sin vender tus valores, sin caer en la hipocresía de haber hecho lo contrario de lo prometido. Como demócrata me sonroja. Espero que alguien se le ocurra ya quitar del argumentario lo del muro contra la extrema derecha”, ha arremetido el líder territorial, que de ese modo ha dudado de la estrategia que el Gobierno ha desplegado frente al auge de la ultraderecha, y en la que incluye al PP dentro de la “coalición negacionista” con Vox. “A mí, ya que no me vengan con cuentos chinos de muros frente al trumpismo, frente a la extrema derecha. Sobre todo cuando se está pactando con la peor”, ha reiterado Page.

A Page se ha sumado el expresidente del Gobierno Felipe González, que se ha mostrado “totalmente de acuerdo” con la posición del presidente castellanomanchego y ha añadido que la competencias de inmigración no son “ni transferibles ni delegables”.

Los argumentos del presidente castellanomanchego se asemejan a los que ya formuló Podemos para avanzar su rechazo al traspaso de competencias. “Una vez que delegas las competencias en una institución que el día de mañana puede estar en manos de un partido antiinmigración como es Junts y una ultraderecha conservadora como es Aliança Catalana, eso no tienes forma de controlarlo y de asegurarte que se cumplen con los derechos humanos”, advirtió su secretaria general, Ione Belarra, que piensa que el PSOE ha comprado el marco sobre inmigración más a la derecha. El conglomerado de partidos de Sumar tampoco es pétreo, como ha dejado claro Compromís. Su oposición complica más el acuerdo para ceder la inmigración a Cataluña. Según sus dos diputados, el pacto entre PSOE y Junts “abona el marco de la extrema derecha”. Page comparte esa visión: “Me parece grave y a mí me sonroja que cualquiera del ámbito progresista, incluyendo los de Sumar, puedan terminar pensando que es asumible el planteamiento absolutamente racista”.

Page también ha coincidido con la lectura que el líder de Junts ha hecho del acuerdo. “Lamento decir que [Carles] Puigdemont tiene razón. Estas son competencias de un Estado y es dramático que tenga razón porque básicamente es lo que busca. Son competencias de un Estado, el 149.2 de la Constitución habla con claridad de las competencias exclusivas”. El artículo citado establece que el Estado tiene “competencia exclusiva” sobre “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”. En el Gobierno remiten al artículo 150.2 de la Ley Fundamental para remarcar que el acuerdo respetará y cumplirá la Constitución. “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”, establece ese punto de la Constitución.

El PSOE extremeño también discrepa del acuerdo

El PSOE de Extremadura también mostrado sus discrepancias con el acuerdo anunciado para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña. El secretario general del partido en la región, Miguel Ángel Gallardo, considera que las políticas de Estado consagradas en la Constitución han de ser ejercidas por el Gobierno central y, al tiempo, ha defendido que se dé una colaboración más estrecha entre Administraciones. “Todo lo que sea la colaboración de las Administraciones que están más cercanas, siempre es positiva y buena; abogamos por una relación de mutua colaboración entre instituciones y leal, con el objetivo de mejorar los mecanismos que intervienen en esta política, que, insisto, es de Estado”, ha señalado el secretario general extremeño desde Jerez de los Caballeros (Cáceres).

Desde la Junta de Extremadura, gobernada por el PP su portavoz Victoria Bazaga ha criticado el acuerdo al considerar que supone una desconexión total de Cataluña con el resto de España. “No sé qué más queda para que negocien ya con Junts. Dijeron ‘amnistía no’ y ‘amnistía sí', se está trabajando en una hacienda privada y ahora las competencias en inmigración también”, se ha lamentado Bazaga, quien ha incidido en que el Gobierno extremeño está decepcionado con estos acuerdos, porque la comunidad tiene muchas necesidades reivindicadas al Ejecutivo central, pero que no acaban de llegar.

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El PSOE ha protestado con un escrito en el que afirma que los citados a la comisión “gozan de menos garantías legales y procesales de las que corresponderían ante los tribunales” e incide en la “gravosa pena del telediario que sufren” sus dirigentes y miembros del Gobierno “al verse convocados a esta comisión sin fundamentos sólidos”. Frente a las críticas socialistas de haber convertido el Senado en una institución “al servicio de sus intereses partidistas”, el PP alega que no hay ningún punto del reglamento donde diga que no se puede volver a llamar cuantas veces se considere a una persona siempre que se justifique debidamente. Y se escuda en las novedades en los tribunales del presunto caso de corrupción de la trama que presuntamente lideraba el empresario y comisionista Víctor de Aldama y que afecta a José Luis Ábalos.

El alegato final del ministro de Política Territorial en su comparecencia de finales de enero da una idea del malestar en el PSOE por la estrategia que el PP está siguiendo y anticipa la tensión que rodeará al déjà vu de Torres en la Cámara alta. “Lamentablemente, me marcho de esta comisión de investigación que ha solicitado de nuevo el PP con una prueba que ya tenía a su entrada, y es que iban a ser incapaces de acreditar que yo he pedido mordidas, que yo haya estado en pisos y que haya estado con señoritas. Tres gravísimas acusaciones, difamatorias y calumniosas, que el PP utiliza esta y otras sedes parlamentarias como altavoz”, reprochó Torres. El ministro refutó hace dos semanas las últimas acusaciones de Aldama, que aseguró que había alquilado un piso en la calle de Atocha para que el expresidente de Canarias, Ábalos y Koldo García tuvieran “encuentros de diversa naturaleza” con mujeres. Torres presentó tres certificados de compañías aéreas que acreditaban que no se encontraba en Madrid en las fechas que Aldama afirmó que había reservado la vivienda.

La exministra Reyes Maroto ha pasado dos veces en menos de un mes (29 de enero y 19 de febrero) por la comisión de investigación del Senado, donde repetirán el ministro Óscar Puente. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se estrenará en la comisión tras la declaración de la semana pasada de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, que el jueves declaró en el Tribunal Supremo que durante esa etapa estuvo contratada en dos empresas públicas (Ineco y Tragsasec) aunque nunca trabajó realmente en ellas.

Pese a las quejas del PSOE, el tono de la sesión será previsiblemente bronco, como ya se pudo comprobar en el anterior careo entre Torres y el senador popular Fernando Martínez Maíllo.

”Le ha acusado de cosas gravísimas, concretamente de tres. Una, de los 50 000 euros que le pidió Koldo a él; la segunda, de la agilización de todos los trámites en relación con los contratos, y el famoso piso de las señoritas de la calle Atocha, 25. Usted sigue negando todas ellas”, le dijo el excoordinador general del PP. ”¿Cuántas veces es necesario hacerlo?”, le espetó Torres.

Mientras el PP se hacía eco de las declaraciones de Aldama, Joan Queralt, senador de ERC, cuestionó la credibilidad del testimonio “de un corrupto y delincuente confeso que no demuestra nada ni da indicios”. “Solamente está clara su intención de dañar la honorabilidad de terceras personas (...) Hoy se le ha vuelto a preguntar lo mismo que se le preguntó la otra vez y yo he tenido la santa paciencia de leerme los 80 folios de su comparecencia anterior. ¿Qué hacemos? ¡Vamos a ampliar más el objeto! ¡Vamos a traer más comparecientes! ¡Vamos a contrastar a quienes comparezcan aquí con auténticas chafarderías, con auténticos rumores esparcidos por panfletos, sin ninguna base, con mentiras! Me reafirmo: estamos perdiendo el tiempo. Yo, por mi parte, señor ministro, lo siento, pero no le voy a hacer ninguna pregunta, porque usted ya me contestó a lo que me tenía que contestar”, reflexionó. El PP no se dio por aludido.

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La Comisión Nacional de Ética de la federación socialista valenciana ha resuelto este miércoles la repetición del proceso electoral en las agrupaciones de Manuel, Corbera y Llíria tras estimar las reclamaciones que se presentaron por supuestas irregularidades en el proceso. Además, ha abierto un expediente informativo en la agrupación de Sedaví, donde también podría repetirse la votación.

La suspensión temporal de las primarias en Valencia, las más relevantes ahora mismo de los procesos provinciales abiertos junto a las de León, ha recrudecido una batalla orgánica muy simbólica. Los secretarios generales de Castellón y Alicante, Samuel Falomir y Rubén Alfaro, están alineados con Morant y por eso mismo cobra tanta importancia lo que pueda suceder en la provincia en disputa. “Lo que salga, bien salido estará”, afirmó Morant, que defendió la “absoluta normalidad” del proceso interno tras conocerse la decisión de la Comisión Nacional de Ética. Las fuentes consultadas del PSPV dan por hecho que Bielsa recurrirá la decisión al comité de garantías federal —es decir, a Ferraz—, que en ese caso tendría que pronunciarse. Solo entonces se podría fijar le fecha para volver a votar en las agrupaciones afectadas.

La candidatura de Bielsa, que durante un año ha sido vicesecretario general de la federación tras el acuerdo auspiciado por Ferraz para que Morant fuese la candidata única para relevar a Ximo Puig —quien en sus 12 años de líder territorial jamás controló al mismo tiempo las tres provincias valencianas— obtuvo 3.421 votos, el 50% del total, por los 3.388 apoyos a Raga (49,5%). La participación en la provincia fue del 74% del total del censo. Al ser el margen tan estrecho, la repetición de la votación en unas pocas agrupaciones podría influir en el vencedor.

Fuentes de la candidatura de Bielsa aseveraron que no “bajará los brazos en el empeño” de que el proceso “se ajuste a la legalidad” y no admitirá “el juego sucio porque eso iría contra los principios y valores socialistas”. A su vez, la candidatura de Raga, exigió en un comunicado “respeto” a la resolución de los recursos presentados ante la “certeza de que se han podido cometer irregularidades en el escrutinio de varias mesas electorales”. Y resaltaba que las impugnaciones se han llevado a cabo por parte de las dos candidaturas, la primera de ellas elevada por el equipo de Bielsa “el mismo domingo en el centro de votación de Llíria”. En esa agrupación, con un censo de 82 militantes, se cerró a mediodía la urna, según fuentes que justifican la impugnación que presentó el apoderado de la candidatura de Bielsa. En las agrupaciones de Manuel y Corbera se presentaron reclamaciones porque los votos contabilizados superaban a los militantes censados según fuentes de la cúpula del PSPV.

La Comisión Nacional de Ética del PSPV sí dio validez a las primarias en Castellón, donde revalidó el cargo Samuel Falomir con 824 votos (63,98%), por los 450 de Isabel Albalat (34,94%). La participación ascendió al 77,26%. En Alicante, Rubén Alfaro sucedió a Alejandro Soler, diputado nacional y miembro de la dirección federal desde diciembre, sin necesidad de primarias.

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Junts ha negociado la inmigración porque se la prometieron hace más de un año a cambio de la aprobación de un decreto ómnibus en el que estaban en juego 10.000 millones de fondos europeos. “Es una carpeta que no tiene nada que ver con los Presupuestos. No se desbloquea nada. Lo desvinculamos al 200%”, son tajantes en el círculo de confianza de Carles Puigdemont, donde tienen dos prioridades: la oficialidad del catalán en las instituciones de la UE y la aplicación de la ley de amnistía. Ninguna depende del Gobierno. El Constitucional confía en dictar antes del verano la primera sentencia sobre el perdón por los delitos relacionados con el procés y la previsión que hacen en la cúpula de Junts es que Puigdemont y otros altos cargos políticos se pueden beneficiar de la medida de gracia en verano.

ERC ha discutido a su vez sobre la quita de parte de la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la gestión de Rodalies, dos compromisos que el PSOE adquirió hace un año y medio a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Así que ninguno de los dos avances supone ninguna garantía para los Presupuestos. Por eso el Gobierno no quiere vincular ahora el pacto conseguido con Junts, y tampoco se muestra especialmente optimista. De hecho, en el Ejecutivo cada vez se percibe con más claridad que los Presupuestos son una meta casi inalcanzable, dadas las tensiones entre todos los socios que tendrían que sumar sus votos para aprobarlos, aunque con Sánchez nunca conviene hacer afirmaciones definitivas. Distintos ministros vienen deslizando las últimas semanas que la prórroga presupuestaria —la sexta en los últimos 10 años— no es un drama, ya que las cuentas vigentes son expansivas y llevan el sello del Gobierno progresista. El razonamiento que hacen es que no hacen falta unos nuevos Presupuestos y que ni siquiera son necesarios para llegar a 2027 y completar la legislatura. Fuentes del máximo nivel del Ejecutivo se escudan además en que las comunidades del PP que dependen de Vox tampoco han sacado sus cuentas adelante y que, por tanto, la presión de la derecha por la falta de unas cuentas actualizadas no es creíble.

Mientras Junts y ERC insisten, pues, en que estas negociaciones no despejan la carrera por los Presupuestos, que con ellos está entera por hacer, otros grupos, como Podemos, también ponen el listón muy alto para aprobar esas cuentas. La formación de Ione Belarra exige medidas que se antojan muy difíciles para el Gobierno, como la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel y bajar por ley el 40% el precio de los alquileres. En esta tesitura, en el Ejecutivo se va extendiendo la idea de que tal vez no sea posible ya sacar los Presupuestos de 2025 y habría que empezar a pensar en los de 2026. Algo para lo que tampoco queda tanto tiempo si se quiere hacer en tiempo y forma, porque tendrían que estar listos para presentarse en septiembre y aprobarse antes de fin de año.

Pero lo que sí tienen claro en La Moncloa es que las últimas negociaciones resueltas con ERC y con Junts, ejecutadas casi a la vez, son muy relevantes porque tranquilizan la legislatura aunque no garanticen los Presupuestos. Los mensajes que van transmitiendo tanto desde ERC la semana pasada como desde Junts este martes indican que la relación entre los socios cambia con estos acuerdos, que nadie está pensando en tumbar la legislatura, y que otras leyes que el Gobierno tiene en cartera sí son posibles, aunque antes habrá que hacer mucha negociación. “Los acuerdos llaman a acuerdos”, resume un ministro. Lo importante para el Ejecutivo, desde el punto de vista político, según explican diversas fuentes consultadas, es que la mayoría de la investidura se vuelve a engrasar y se puede pensar con claridad en una legislatura larga aunque con mucha menos tarea legislativa que la anterior, cuando se aprobaron 200 leyes, pero que no esté completamente vacía. Para eso el Gobierno ha tenido que ceder de nuevo y entregar a Junts algunos hitos que hace unos meses negaba, entre ellos una participación de la Generalitat en el control de fronteras para la devolución de inmigrantes o la posibilidad de que las expulsiones partan de una solicitud del Gobierno autonómico y no del Estado, como era hasta ahora.

Pero ya al margen de lo que el pacto entre PSOE y Junts signifique para reforzar la mayoría, de momento las cuentas no salen para aprobar la proposición de ley registrada a primera hora de este martes porque Podemos se opone a la delegación de la gestión de las competencias migratorias a Cataluña. Su secretaria general, Ione Belarra, ha advertido que los cuatro diputados de su partido votarán en contra de la ley que pretende delegar la gestión de las competencias migratorias a la Generalitat. “Este acuerdo no contará con los votos de Podemos” ha remarcado Belarra, que considera “imposible de garantizar” el respeto a los derechos de los inmigrantes. “Una vez que delegas las competencias en una institución que el día de mañana puede estar en manos de un partido antiinmigración como es Junts y una ultraderecha conservadora como es Aliança Catalana, eso no tienes forma de controlarlo y de asegurarte que se cumplen con los derechos humanos”, ha afirmado en una entrevista en la cadena de televisión Canal Red.

El Gobierno alega que mantendrá la titularidad estatal de la competencia migratoria, y que, por lo tanto, podría “detraer”, según fuentes del Ejecutivo, la transferencia de su gestión en el supuesto de que gobernasen formaciones que vinculan la delincuencia con la inmigración, como ha hecho Junts. Los socialistas anteponen como garantía extra que el actual president catalán es Salvador Illa, del PSC, un aval con el que ganar tiempo. Unos argumentos que no convencen a Podemos, el socio del Gobierno más impredecible con permiso de Junts. El pacto en inmigración ha evidenciado sobre todo sus tensiones con Sumar en una cámara en las que al Gobierno no le sobra un solo voto. “Estamos viendo una mimetización entre el PSOE y Sumar, comparten Gobierno, cada vez tienen más puntos de sintonía y cada vez están más convencidas de que esa política del PSOE es la que hay que hacer... Ahora mismo, Pedro Sánchez está ya en una posición comodísima porque tiene un Gobierno en el que sólo manda él y se hace lo que dice el PSOE”, arremetió Belarra contra el socio minoritario del Ejecutivo. Sus palabras enturbiaron la satisfacción en el Ejecutivo y se entendieron como un aviso a navegantes de la complejidad de lograr el apoyo de todos los socios de la investidura a la prueba del algodón de todo Gobierno: los Presupuestos.

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Las cuentas no salen, en principio, para aprobar la proposición de ley registrada este martes temprano por el PSOE y Sumar debido a la oposición de Podemos a la delegación de la gestión de las competencias migratorias a Cataluña. Su secretaria general, Ione Belarra, ha advertido que los cuatro diputados de su partido votarán en contra de la ley que pretende delegar la gestión de las competencias migratorias a la Generalitat, presidida esta legislatura por Salvador Illa (PSC). “Este acuerdo no contará con los votos de Podemos” ha remarcado Belarra, que considera “imposible de garantizar” el respeto a los derechos de los inmigrantes. “Una vez que delegas las competencias en una institución que el día de mañana puede estar en manos de un partido antiinmigración como es Junts y una ultraderecha conservadora como es Aliança Catalana, eso no tienes forma de controlarlo y de asegurarte que se cumplen con los derechos humanos”, ha afirmado en una entrevista en Canal Red. El Gobierno alega que mantendrá la titularidad estatal de la competencia migratoria, y que, por lo tanto, podría “detraer” la transferencia de su gestión en el supuesto de que gobernase formaciones que vinculan la delincuencia con la inmigración.

Podemos defiende que se apruebe la iniciativa legislativa popular con la que se podría regularizar a cientos de miles de inmigrantes y que se encuentra encallada en el Parlamento. Tras calificar a Junts como un “partido antiinmigración que compite con la ultraderecha catalana”, Belarra ha acusado al PSOE de “intentar lavarse la cara” aprobando una reforma del reglamento de extranjería “que no sirve para ninguno de los objetivos” que tenía la regularización extraordinaria paralizada en las Cortes. Pero el pacto en inmigración entre PSOE y Junts ha evidenciado sobre todo las tensiones entre Podemos y Sumar en una cámara en las que al Gobierno no le sobra un solo voto. “Estamos viendo una mimetización entre el Partido Socialista y Sumar, comparten Gobierno, pero cada vez tienen más puntos de sintonía y cada vez están más convencidas de que esa política del Partido Socialista es la que hay que hacer... Ahora mismo, Pedro Sánchez está ya en una posición comodísima porque tiene un Gobierno en el que sólo manda él y se hace lo que dice el PSOE”, ha cargado contra el socio minoritario del Ejecutivo, del que decidió escindirse semanas después de la investidura de Sánchez en noviembre de 2023.

La posición de Podemos choca con la de Sumar. A primera hora, poco después de conocerse los detalles del acuerdo, la vicepresidenta y líder de esa formación, Yolanda Díaz, ha remarcado que el acuerdo “garantiza el respeto de los derechos humanos y es constitucional”. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha insistido así que el proyecto garantiza el respeto de los derechos humanos y se encuentra en el marco del respeto constitucional. “No se alteran las competencias que tiene el Estado. Más allá de compartir las competencias, la titularidad de la misma reside en el ministerio de origen. Vamos a avanzar en una delegación de competencias”, ha destacado en una entrevista en RTVE.

A Sumar, por tanto, la solución para un nuevo modelo migratorio de cogestión entre el Estado y la Generalitat catalana no le parece mal, la apoya y, es más, reclama a los aliados habituales de izquierdas del pacto de investidura que la respalden. El diputado de En Comú y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha comparecido en las Cortes tras escuchar a la líder de su formación, Yolanda Díaz, para calificar esa propuesta de ley orgánica registrada por el PSOE y Junts como “importante” porque entiende que puede ser bueno para Cataluña y para cualquier autonomía que así lo demande “participar en la gestión de un fenómeno tan importante como el migratorio” siempre que se trate con un enfoque u orientación progresista, de diversidad e integración de la sociedad y “para ampliar la prosperidad”.

Pisarello ha valorado que gracias a esa gestión más cercana y más descentralizada de ese fenómeno que se pueda aplicar desde las comunidades autónomas se pueda también hacer un trabajo mejor en los Centros de Internamiento, para que “dejen de ser agujeros negros en lo que no entra la legalidad y se avance en los derechos humanos”, pero también para facilitar “un tejido productivo más moderno” o incluso una mejor aplicación de las peculiaridades lingüísticas. El portavoz de En Comú espera que el proyecto de ley pueda discutirse, dialogarse y mejorarse en su trámite parlamentario y apeló sobre todo a las fuerzas progresistas y de izquierdas del pacto de investidura a que la apoyen y citó ahí expresamente a todos los partidos del Congreso menos al PP y Vox.

El dirigente de Sumar realizó en ese contexto una apelación específica a Podemos, que ha mostrado su oposición de partida al acuerdo, al considerar que puede ser “complementario” apoyar esa ley sin demagogias y al mismo tiempo exigir al Gobierno y al PSOE que respalde la Iniciativa Legislativa Popular ya registrada para impulsar la regularización de inmigrantes. Pisarello hasta defiende que ambos objetivos pueden ser “factibles” e incluso que la cesión de la cogestión puede acelerar la aplicación de las regularizaciones propuestas en la ILP. El dirigente catalán mantiene que con este proyecto y otras negociaciones de las últimas semanas entre los partidos de la coalición gubernamental y otros socios de “la mayoría frágil” sí se está “encarrilando la legislatura” al margen de lo que pueda suceder con la negociación pendiente de los Presupuestos para 2025.

PNV, BNG y EH Bildu no quisieron adelantar su valoración y esperarán a un análisis más detallado del texto. En ERC sí anticiparon su respaldo y sus matices. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, siempre muy pendiente de cualquier paso que dé Junts o que la formación que lidera Carles Puigdemont negocie bilateralmente con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, comentó en la red social X: “1) Nuestro trabajo no es criticar que Cataluña pueda tener más competencias, nuestro trabajo es asegurarnos de que se utilizan bien. 2) Esperamos que Junts se acuerde de la Cataluña de todos de Pujol y no de la Cataluña por 4 de Orriols. 3) Veremos cómo termina”. Rufián lleva meses advirtiendo de la deriva de Junts hacia la derecha y de futuribles pactos con el PP de Feijóo y hasta con Vox. Más contundente que Rufián fue el vicesecretario de comunicación de Esquerra, Isaac Albert, que ha definido como un “buen acuerdo” el pacto. “Cuantas más competencias para Cataluña, mejor”, ha remachado en una entrevista en Aquí Catalunya de la Cadena SER.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha saludado este martes en el Palau el acuerdo. “Cualquier avance de competencias y mejora del autogobierno es siempre bienvenido y el Govern de Cataluña las ejercerá siempre con el máximo rigor y responsabilidad”, ha afirmado tras pronunciaun discurso en el acto de posesion del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas. La consejera portavoz, Sílvia Paneque, del PSC, ha asegurado que el Ejecutivo catalán celebra la delegación de competencias. “Es una buena noticia. Y nos vamos a preparar para realizarlas con rigor, responsabilidad y máxima lealtad institucional”, ha afirmado. El Govern, de momento, creará un grupo de trabajo, liderado por la consejería de Derechos Sociales, formado por miembros de diferentes consejerías para preparar el terreno para cuando esa delegación sea efectiva, informa Àngels Piñol.

Desde la oposición, Feijóo califica el acuerdo de “humillación”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado desde Barcelona sobre el acuerdo y lo ha considerado una “humillación sin precedentes” y una forma de “seguir desmantelando el Estado” en esa comunidad. Además, Feijóo ha lamentado que la nota de prensa difundida esta mañana “reconoce que las competencias del Estado español se negocian en Bruselas. Tenemos un presidente, Pedro Sánchez, que es un florero”, se ha quejado. El líder del PP se ha comprometido a revertir este acuerdo si llega al poder. “Cuando lleguemos al Gobierno, restableceremos las competencias en materia de inmigración para el Estado”, ha dicho a las puertas del Mobile World Congress.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido esta mañana que “no se puede transferir una competencia que es exclusiva del Estado”, en referencia a la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, y que “el Gobierno debería ejercer el control de fronteras de nuestro país”. “Lo que hace Sánchez es ser un pelele del separatismo”, ha zanjado, informa Elsa García de Blas.

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En consecuencia, los Mossos no estarán solos en el control de fronteras para la devolución de inmigrantes, como pedía Junts, pero tampoco el Estado, a través de la policía y la Guardia Civil, liderará esta tarea, como planteaba Interior, muy reticente a ceder ninguna parte del control de fronteras a la Generalitat. El acuerdo va así más allá de las líneas rojas que había marcado Fernando Grande-Marslaska, ministro del Interior, y el propio Pedro Sánchez, que hace un año, preguntado por este asunto, ya entonces polémico, señaló en una entrevista en EL PAÍS: “Las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado”.

Al final, desde el punto de vista simbólico, aunque no tenga mucho efecto práctico, es importante saber qué cuerpo recibirá a los extranjeros al llegar al aeropuerto de Barcelona, por ejemplo. La redacción de la proposición de ley apunta a que podría haber un mosso en esa primera garita, para controlar si la persona puede o no entrar en Cataluña, aunque siempre en coordinación con la policía y la guardia civil. Pero fuentes del Gobierno señalan que eso no está cerrado y de momento seguirá siendo un policía el primero al que vea un extranjero al llegar. Otra posibilidad es que estuvieran los dos cuerpos juntos en la llegada. “Que los mossos y policía colaboren y se coordinen es una muestra de que el Estado funciona. Los mossos actuarán en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, insistió la ministra de Inclusión, Elma Sáiz, cuando le preguntaron expresamente por esto. Marlaska no compareció tras el Consejo de Ministros para explicar este acuerdo, con mucha resistencia en Interior, pero Sáiz aseguró que este pacto cuenta con el apoyo “de todos los ministerios”.

Sobre expulsiones, asunto también muy sensible, la proposición de ley es clara: “Respecto al resto de los procedimientos sancionadores en materia de extranjería que pueda recaer una sanción de expulsión, se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de incoación, instrucción y propuesta de resolución de dichos procedimientos sancionadores por actuaciones realizadas por personas físicas residentes en el ámbito de la comunidad autónoma de Catalunya”. Esto es, la Generalitat dirigirá las expulsiones que no requieran expediente, las más infrecuentes. Las demás, que son la enorme mayoría, se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la administración autonómica (algo que hasta ahora hacía el Estado) previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña, presidida por la Generalitat. La cuestión más sensible, la expulsión, queda así muy delimitada y la Generalitat solo dirigirá la devolución en frontera de personas que no tienen permiso para entrar en España, algo muy inusual en Cataluña, no así en Canarias.

El Gobierno sostiene que este acuerdo es plenamente constitucional, porque aunque el artículo 149 señala que la inmigración y el control de fronteras son competencias exclusivas del Estado, el 150.2 permite delegarlas, que no transferirlas. Esto implica que se podrían recuperar en caso de conflicto, aunque en España nunca ha pasado y toda competencia delegada ha quedado definitivamente en manos de las autonomías. La ministra de Inclusión, Elma Sáiz, aseguró que el Gobierno “no cede el control de fronteras” aunque luego, al comentar la redacción del artículo 9 en el que sí se habla de delegación del control de fronteras para devolución de inmigrantes, sí admitió: “la Generalitat podrá expulsar a personas que tengan prohibida la entrada en nuestro país, que no necesitan expediente. Cuando sea necesario un expediente [los casos más frecuentes] la Generalitat podrá proponer”. Junts lo explicó de otra manera. A partir de ahora, dijo Miriam Nogueras, la portavoz parlamentaria, “todas las expulsiones de ciudadanos extranjeros en Cataluña serán a petición de la Generalitat”. Mientras, Carles Puigdemont comparó esta decisión con la histórica delegación de competencias en prisiones a la Generalitat en 1983.

Sáiz además reivindicó que el Gobierno no asume el discurso de Junts, muy duro con la inmigración, y sostiene que por eso “la exposición de motivos recoge los principios y valores que defiende el gobierno de España. Una política que pone en el centro los derechos humanos porque así lo consideramos. Somos un país con memoria y fuimos un país emigrante”, remató. Mientras, Junts reivindica que ha logrado prácticamente casi todo lo que reclamaba.

Con este acuerdo, el Gobierno no se garantiza los Presupuestos, que siguen estando muy complicados porque hay varios grupos que no parecen muy dispuestos a aprobar los de este año o ponen condiciones muy difíciles para el Gobierno ―ERC, Podemos― pero el Ejecutivo sí confía en tener al menos una etapa de cierta estabilidad. El Gobierno acaba de cerrar con ERC un acuerdo sobre la quita de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que se extiende a todas las demás autonomías, y ahora firma este con Junts sobre inmigración una semana después, logrando así una cierta calma para negociar otras leyes y pensar en una investidura larga hasta 2027 con o sin Presupuestos.

Sin embargo, el acuerdo también será polémico y es muy probable que ahora se abra una batalla legal en la que el PP recurra al Tribunal Constitucional. El Gobierno insiste en que el acuerdo respeta en todo momento la Constitución, que a través del artículo 150.2 da mucho margen para delegar, que no transferir, varias competencias que en principio eran estatales como esta. El acuerdo será polémico también en sectores progresistas, porque Junts tiene un discurso muy duro sobre inmigración en el que en ocasiones compite con un rival que le ha surgido en la derecha del independentismo, Aliança Catalana. El Gobierno argumenta que quien va a gestionar estas competencias ahora es un Ejecutivo catalán socialista, el de Salvador Illa, sin presencia de independentistas, pero la inquietud de algunos sectores pasa por lo que pueda venir en el futuro si Junts vuelve a la Generalitat y sobre todo por alentar este discurso tan extremo.

Según el comunicado conjunto de socialistas e independentistas, Cataluña se configurará como “ventanilla única” en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; y también expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del registro del NIE. La Generalitat gestionará además las devoluciones de extranjeros (cuando tengan prohibición de entrada).

Ambas fuerzas han pactado el incremento del número de mossos d’Esquadra en Cataluña en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes. La comunidad ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos (incluida la resolución y ejecución). De este modo, instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devolución). Las expulsiones que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña.

Otro punto que recoge el acuerdo entre el PSOE y Junts es que Cataluña gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros. En contrataciones en origen, Cataluña será la administración que determinará (junto a sus empresas y sindicatos) los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras. En materia lingüística, “se aplicarán las previsiones de la legislación vigentes al ejercicio de las competencias delegadas”. El pacto especifica que serán los Mossos quienes ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.

Y se concreta que el Estado transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega. “En definitiva, con esta Ley Orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración Cataluña podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español”, cierra el acuerdo.

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El acuerdo se produce después de la retirada por parte de Junts de la iniciativa en la que planteaba la posibilidad de una cuestión de confianza contra Pedro Sánchez y tras el acuerdo con ERC para la condonación de más de 17.000 millones de deuda a Cataluña, otro compromiso que los socialistas arrastraban desde el inicio de la legislatura y que el Ministerio de Hacienda ha incluido en su oferta de quita de 83.000 millones de deuda al conjunto de las comunidades de régimen común. Siete días antes, el Govern y ERC pactaron que Cataluña gestione el servicio de Cercanías el 1 de enero de 2026. Tras los dos relevantes gestos con ERC, La Moncloa contempla concederle el foco a Junts, que mantiene un pulso permanente con ERC por la hegemonía entre los votantes soberanistas.

La discrepancia de fondo que ha imposibilitado el pacto durante meses ha girado alrededor del control de fronteras. Junts ha insistido durante todo este tiempo en que el traspaso tendría que ser integral. El debate ha sido enconado por los diferentes puntos de vista acerca de la participación de los Mossos d’Esquadra en la seguridad fronteriza, una función que hasta el momento venían desempeñando en exclusiva Policía Nacional y Guardia Civil. La consejera de Interior catalana, Núria Parlon, anunció en febrero que la policía autonómica asumirá la seguridad ciudadana de puertos y aeropuertos a partir de septiembre. El Govern lo desligó de la negociación de las competencias de inmigración entre Junts y el Gobierno central y Parlon rechazó que el Estado fuese a ceder el control de las fronteras con el traspaso de inmigración a Cataluña: “Por la línea en la que van las negociaciones, será en todo caso compartido”, afirmó. En el Gobierno han evitado dar detalles, no han avalado públicamente el modelo bávaro que ha estado presente en las negociaciones y que consistiría en una gestión compartida de las fronteras. PSOE y Junts también han mantenido desavenencias por la administración sobre la que debe recaer la decisión para poder expedir documentos como la tramitación del NIE, el número de identificación de extranjeros, así como los procesos de expulsión, que Junts quiere que sean responsabilidad exclusiva de la Generalitat.

Fuentes del Gobierno evitan entrar en detalles para no poner en riesgo el acuerdo, pero aseguran que se mantendrá la titularidad estatal de la competencia migratoria, que sería gestionada por la Generalitat que preside Salvador Illa, del mismo signo político que Sánchez. Una garantía más, según los socialistas, de que el traspaso será constitucional frente a las críticas del PP y Vox de que será una nueva concesión a los independentistas. Fuentes de la dirección federal del PSOE remiten al artículo 150.2 de la Ley Fundamental para remarcar que el acuerdo respetará y cumplirá la Carta Magna. “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”, establece ese punto de la Constitución.

La concreción de los acuerdos se ha dejado para después del Mobile World Congress. Los socialistas no querían opacar la última demostración de la normalidad institucional de la que Illa hace gala desde que es president. Entretanto, en Junts también reconocen que el acuerdo está a punto, pero se evitan triunfalismos, aludiendo a que no sería la primera vez que un trato con los socialistas se termina torciendo a última hora, cuando parecía haber quedado perfilado y sellado. Puigdemont ha rebajado los decibelios de la confrontación que mantenía con el Gobierno a la espera de resultados tangibles y la idea en todo caso es que el acuerdo se pueda anunciar incluso antes del miércoles. Ese día también valdría, en una semana valle en la que no hay plenos ni en el Congreso ni el Senado. En las filas del partido independentista, la negociación se ha diseñado en Madrid más que en Barcelona. El equipo que lidera Míriam Nogueras en el Parlamento ha estado en contacto directo con Puigdemont para desgranar los requisitos que tiene que tener un traspaso que siempre se ha presentado como “integral”.

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La relación del exministro con Jessica Rodríguez forma parte de la investigación porque informes de la UCO revelaron que la trama pagó el alquiler de su piso en Madrid. Lo instruido hasta ahora apunta a que, de los 88.000 euros que costó el alquiler del inmueble, la mayor parte la asumió una empresa a nombre de Luis Alberto Escolano, socio de Aldama en la trama de hidrocarburos y otra sociedad a nombre de la esposa de este, mientras que de otra parte se hicieron cargo el exasesor del ministro, Koldo García, su hermano Joseba e incluso la hija de este, que en ese momento tenía un año. Los investigadores también han puesto el foco en que Rodríguez estuvo contratada en dos empresas públicas dependientes del ministerio que dirigía Ábalos.

Respecto a los puestos que ocupó en dos empresas públicas, la expareja de Ábalos aseguró ante el Supremo que los contratos los gestionó Joseba García y que ella no acudía realmente a su puesto de trabajo ni trabajaba a distancia, pero que sí cobraba. Según afirmó, entonces no sabía que Ineco y Tragsasec eran empresas públicas, algo de lo que, dijo, se ha enterado ahora. Rodríguez contó, en Ineco la contrataron como auxiliar administrativa de Joseba García, se reunió con él y le dijo que le llamaría cuando la necesitase, pero nunca lo hizo. Estuvo contratada durante dos años y cobraba 1.060 euros al mes, pero “nunca” hizo nada relacionado con ese puesto, ha admitido.

El juez hizo referencia a un informe de la UCO, que recoge un cruce de conversaciones entre la mujer, Ábalos y Koldo en febrero de 2021, cuando la relación entre el ministro y Jessica Rodríguez ya había acabado, según el cual ella avisa al entonces ministro de que acaba su contrato en Ineco. Ábalos reenvía a su entonces asesor ese mensaje y este le responde: “Hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses” y le pide a Koldo García que le diga a Jessica Rodríguez que la van a pasar a otro sitio y, una semana después, la mujer firma con la empresa pública Tragsatec por un período de seis meses. Ante el juez ha reconocido que entró en esta empresa tras ese cruce de mensajes y llamadas.

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Bravo insistió en que la propuesta del Gobierno era una “trampa”, el mismo término que empleó Feijóo cuando conoció el montante que Hacienda puso sobre la mesa. El líder del PP aseguró el lunes que sus baronías votarían en contra de la condonación de la deuda, y al final estos se levantaron de su silla a media reunión del CPFF y la quita se aprobó sin su participación. La interpretación que hacen en Ferraz y La Moncloa es que de esa forma se ahorran caer en la contradicción de haber rechazado la medida ―su voto se contabilizó como abstención― y solicitarla dentro de unos meses si se aprueba en el Congreso. Pese a todos los intentos de Génova por transmitir una imagen de unidad, no ha podido garantizar que sus barones rechacen acogerse llegado el caso a la oferta ideada por Montero, que entre otros beneficios les facilitaría financiarse en los mercados. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reafirmó este jueves en que la condonación de la deuda que ofrece el Gobierno es “un negocio ruinoso”, pero al ser preguntado de forma directa evitó aclarar si renunciará a ella: “Vamos por partes”, dijo, y eludió ser claro. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, tampoco quiso cerrar la puerta de antemano a aceptar la condonación si se aprueba la ley, a la espera de conocer en qué términos llega la norma al Congreso de los Diputados. “Hay que leer la letra pequeña”, dijo en una entrevista en Onda Cero en la que tildó la iniciativa de Hacienda de “juego de trilerismo” y “un mal negocio para los aragoneses con la aritmética en la mano”. Más tajante fue el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco: “Si la ley para condonar la deuda sale adelante, recurriremos ante el Tribunal Constitucional”.

La presión del Gobierno arreció sobre los barones del PP mientras Bravo acusaba al Gobierno de intentar “dividir” a su partido. Varios ministros y líderes territoriales del PSOE, encabezados por Montero, dieron por sentado que los presidentes autonómicos conservadores no se podrán oponer cuando llegue el momento de la verdad y tengan que solicitar la quita de la deuda una vez se apruebe en las Cortes, dando por hecho que Junts no la tumbará y, por tanto, contará con el apoyo de la mayoría de la investidura. “¡Les quitas algo de deuda y las comunidades del PP te dicen que no! Esa es la política para adultos de Feijóo”, afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “El PP tiene tantos modelos de financiación como comunidades donde gobierna”, resaltó la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía tras un acto en Málaga, donde destacó que su comunidad recibiría más millones que Cataluña. “El PP no tiene modelo para impulsar un sistema de financiación o para hacer una condonación de deuda, no tiene un proyecto de país”, zanjó tras acusar de “postureo” y “andalucismo de pulserita” al presidente regional, Juan Manuel Moreno, su rival en las elecciones que, si no se adelantan, se celebrarán en junio de 2026.

“Las comunidades del PP se levantaron del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque no quisieron manifestar su voto negativo; me apostaría que fue porque querrán esa quita de la deuda”, incidió Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo y secretaria general de los socialistas en Aragón, en una entrevista en Antena 3. El mismo argumento que Montero sostuvo el miércoles cuando los consejeros del PP abandonaron el CPFF por no “atreverse” a votar en contra de una medida a pesar de que los beneficia. La solución por la que optaron fue dejar la reunión cuando ya llevaba más de una hora y, por tanto, se había constituido: de ese modo, la condonación se pudo aprobar sin que las autonomías del PP tuvieran que pronunciarse. La medida se aprobó con los votos favorables del Gobierno y de las comunidades de Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha, todas socialistas. “Es el momento de estar a la altura y tener un punto de generosidad. No vale levantarse de la mesa y evitar el diálogo. Debemos respetar las instituciones y realizar un esfuerzo de unidad”, reprochó Salvador Illa, el presidente de la Generalitat catalana.

Recorte de deuda en las autonomías del PP

El PSOE ha pasado de sufrir para explicar acuerdos como el de la financiación singular para Cataluña a asegurar que se siente cómodo con la solución de la quita para todas las comunidades de régimen común. Frente al argumento del PP de que es una iniciativa que responde al acuerdo con ERC que garantizó su apoyo a la última investidura de Pedro Sánchez, la condonación diseñada por Montero ha alineado y dado oxígeno a los nuevos líderes territoriales del PSOE. “Es inexplicable que una comunidad autónoma no acepte la condonación de la deuda y, por lo tanto, el ahorro en el pago de intereses. Ya le gustaría a cualquiera que el banco le llamara para decirle que le va a perdonar el 25% de la hipoteca y que se va a ahorrar sus intereses. Bueno, pues no solamente dicen que no, sino que encima lo consideran una agresión, es lamentable que el PP tenga una posición tan sectaria que es capaz de renunciar incluso a ahorrarse casi 300 millones al año en el pago de intereses en Madrid”, cargó Óscar López, ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSM.

La tesis de los socialistas es que la quita de 83.000 millones que Hacienda ha puesto sobre la mesa implica que varias comunidades del PP puedan soltar lastre de forma amplia: casi 19.000 millones en Andalucía, 11.210 millones en la Comunidad Valenciana, 8.644 millones en Madrid, 4.010 millones en Galicia, 3.643 millones en Castilla y León, 3.318 millones en Murcia, 2.124 millones en Aragón, 1.741 millones en Baleares, 1.718 millones en Extremadura, 809 millones en Cantabria y 448 millones en La Rioja. “No tiene un pase abandonar la reunión antes del debate. No sé si la abandonaron porque no podían votar en contra o porque les obligaron desde el PP a no votar a favor. Es un ejercicio de tacticismo político para seguir la orden que ha dado Feijóo. Pero no ocupan un espacio individual, están representando a millones de personas. Y apuesto a que si esto se termina aprobando no van a renunciar a la quita de la deuda”, sentenció Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y secretario general del partido en Canarias.

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“Estamos en el lado correcto de la Historia. Hasta Vox va a tener más diputadas porque por ley va a tener que contar con más mujeres en las listas cremallera”, ha apuntado Sánchez con un toque de ironía en un evento que ha congregado a la plana mayor del principal partido del Ejecutivo. “Las redes sociales no pueden ser el Salvaje Oeste en el que campen libremente machistas y acosadores. Ahí tenemos que hacer un trabajo extraordinario desde el punto de vista de los poderes públicos y yo estoy comprometido al 100% en esta causa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde Europa podemos también decir mucho y hacer más aún para luchar contra este odio que se expande en las redes sociales y decirle a la gente joven que lo moderno, lo contemporáneo, no es ser machista, sino ser feminista”, ha manifestado en una alusión implícita a la permisividad con la proliferación de bulos, desinformación y discursos de odio que permiten magnates como Elon Musk, dueño de X y la persona en la que más está confiando Donald Trump en su segundo mandato en la Casa Blanca.

La lucha contra la violencia de género “no es una lucha de las mujeres contra los hombres”, ha incidido el secretario general del PSOE, sino “una lucha de mujeres y de hombres por la dignidad del género humano”. El Parlamento aprobó el miércoles el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género por 315 a favor, ninguna abstención y el voto en contra de los 33 diputados de Vox. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria salvo la ultraderecha asumieron como compromiso sus más de 450 medidas, que inciden en la violencia vicaria, proponen reconocer oficial y legalmente la económica y ahondan en la violencia digital de las que pueden ser víctimas menores y adolescentes. “El PSOE se siente orgulloso de la actualización del Pacto de Estado, el primero nació de la valentía del PSOE. En un momento tan complejo como el que vivimos con tanta crispación, está muy bien que nos podamos juntar a celebrar el triunfo de la política”, ha valorado Pilar Bernabé. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad en la dirección federal de los socialistas ha destacado la dotación de 1.500 millones de euros del pacto suscrito en las Cortes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha detallado que esa partida económica es necesaria, frente a la oposición de la extrema derecha, para “contrarrestar” violencias como la vicaria, la digital, la económica, la que sufren las mujeres con discapacidad o quienes la padecen en el ámbito rural. “Me llevaré a mi casa el resto de mi vida la imagen de cuando toda la bancada estábamos aplaudiendo el pacto y vimos bajar a todos los diputados de Vox. Lo que hay que exigir es sacar a Vox de las instituciones, del Congreso. Lo tenemos que exigir a todos los niveles. Hay que terminar con la extrema derecha y podemos hacerlo”, ha recordado la emoción que sintió el día anterior cuando se aprobó el pacto.

“¡Qué bien le sienta al rojo del PSOE el violeta del movimiento feminista!”, ha clamado María Jesús Montero provocando los aplausos de la sala Ramón Rubial. La número dos del Gobierno y del PSOE, cargos a los que acaba de añadir la de secretaria general del PSOE de Andalucía ha hecho hincapié en la importancia de medidas como la subida de 735 a 1.184 euros del salario mínimo durante el mandato de Sánchez en La Moncloa: “Es netamente una política feminista, ha permitido a muchas mujeres crear su proyecto personal”. La equiparación de los permisos de maternidad y paternidad es otro gran avance en el que se ha detenido: “No es una política dirigida a los hombres, es una política de la que además de beneficiarse los niños y de beneficiarse los hombres fundamentalmente fue dirigida a las mujeres porque lo que queríamos era de forma muy concreta que nadie nos preguntara en las entrevistas de trabajo por nuestra edad y si dentro de nuestros planes estaba ser madre y tener una baja que nos perjudicaba en nuestra carrera profesional”. La reducción de la jornada laboral, una de las medidas más ambiciosas del Gobierno de coalición para esta investidura y que ha provocado tensiones entre PSOE y Sumar, sería la tercera pata de las políticas económicas “con sello violeta” que genera una enorme “ilusión” a Montero: “Son políticas que tienen la marca de Pedro Sánchez. Nos permitirá disfrutar de nuestro tiempo, las mujeres tenemos que disfrutar de nuestra vida y de nuestra capacidad de avanzar”.

“Madrid es la única comunidad de España que no tiene una ley de igualdad cuando debería ser la más avanzada, la más a la vanguardia”, ha observado Óscar López. El secretario general del PSOE de Madrid ministro para la Transformación Digital y la Función Pública ha señalado que las redes sociales, del mismo modo que encierran muchas oportunidades, también tienen sus riesgos y hay que ponerles freno. “Nos encontramos en un debate civilizatorio. Han siglos de machismo, siglos de violencia, siglos de opresión... Llevábamos décadas de lucha feminista para conseguir la igualdad, décadas para conseguir un gran consenso y ahora torpedean ese consenso, la ultraderecha dice que el feminismo es woke... Que la igualdad entre mujeres y hombres es woke. Que la violencia de género es mentira. Hace un año la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo, acercándose el 8-M, que había que hacer un Día del Hombre. Estas caricaturas, que algunos pueden no darle importancia, tienen mucha, porque hay una batalla del lenguaje e ideológica detrás en la que se ridiculiza, se menosprecia y se persigue. Y, por tanto, no podemos dar ni un paso atrás”, ha sido su reflexión.

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Los recién elegidos secretarios generales socialistas en los congresos regionales se han lanzado a la ofensiva y los 11 presidentes de las comunidades del PP son quienes tienen que decidir en adelante su estrategia más allá del rechazo este miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Montero planteará formalmente la propuesta de perdonar 83.252 millones a todas las comunidades autónomas del régimen común. El día después del anuncio (primero por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y luego por Montero), el Gobierno, Ferraz y el conjunto del partido en todas las federaciones socialistas salieron ayer en tromba para presionar al PP: para que apoyen en el Congreso la reforma de la ley que permitirá la condonación de la deuda (la mayoría no está por ahora garantizada con los socios de investidura, sobre todo, por la competición entre ERC y Junts) y para que, después, si la ley entra finalmente en vigor, los gobiernos autonómicos soliciten a Hacienda acogerse a esta medida de alivio a las arcas autonómicas.

No hay discusión interna en el PSOE sobre la quita de la deuda, a diferencia de la incomodidad que provocó el debate de la financiación autonómica el verano pasado a cuenta del acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa. La confianza del PSOE en esta medida la demuestra la satisfacción de la Junta de Castilla-La Mancha que preside Emiliano García-Page, azote del independentismo y el gran barón crítico que queda en el PSOE tras los relevos de Javier Lambán en Aragón, Juan Lobato en Madrid y Luis Tudanca en Castilla y León. “La propuesta es sumamente positiva, nos coloca en el centro de la justicia fiscal”, valoró la número dos de García Page y eurodiputada Cristina Maestre. La quita de Castilla-La Mancha supone 4.927 millones y equivale al 30,5% del endeudamiento público de la administración autonómica, que supera los 16.000 millones. Fuentes del entorno de García Page destacan que Montero ha tenido en cuenta el criterio de infrafinanciación de la comunidad por el sistema vigente, pendiente de renovar desde 2014, y que es la región a la que más deuda se le quita por habitante.

La marejada interna que provocó en agosto el acuerdo para la financiación singular de Cataluña llevó a Pedro Sánchez a transmitir en una reunión de la dirección federal que su objetivo era “alinear” el discurso territorial del PSOE y a buscar un acuerdo el 41º Congreso Federal de Sevilla sobre unos principios de financiación autonómica que fueron aprobados por unanimidad. Los mismos barones que se pusieron más en guardia celebran ahora la oferta de María Jesús Montero, que implica para las comunidades gobernadas por el PP liberarse de casi 19.000 millones en Andalucía, 11.210 millones en la Comunidad Valenciana, 8.644 millones en Madrid, 4.010 millones en Galicia, 3.643 millones en Castilla y León, 3.318 millones en Murcia, 2.124 millones en Aragón, 1.741 millones en Baleares, 1.718 millones en Extremadura, 809 millones en Cantabria y 448 millones en La Rioja.

“Me parecería una aberración que el Gobierno de [María] Guardiola atendiera los intereses del PP y de Feijóo en vez de al interés de los extremeños. En el tiempo que lleva gobernando ha generado una deuda de 300 millones como consecuencia de la bajada de impuestos a las grandes rentas y el Gobierno de España le da la posibilidad de condonar el 30% de la deuda de Extremadura, que se podría dedicar a reforzar nuestra sanidad pública, que sufre un deterioro constante desde el último año y medio”, resaltó Miguel Ángel Gallardo, que en enero se consolidó como secretario general tras imponerse en sus segundas primarias en menos de un año. Los líderes territoriales consultados por este periódico coinciden en que la apuesta de Sánchez por Montero para revivir al PSOE andaluz era una “garantía” y “seguridad” de que las condiciones con las que iba a llegar al Consejo de Política Fiscal y Financiera serían favorables para las comunidades socialistas.

“Lo del PP es puro tacticismo político, está poniendo por delante el interés miope de Génova frente al de los ciudadanos de las comunidades donde gobiernan. Yo vaticinaría que si la ley sale adelante [en las Cortes], no va a haber ningún territorio que no firme el convenio”, sostuvo María Jesús Montero este martes en el Senado. La número dos del Ejecutivo llegó a poner en duda el liderazgo de Feijóo y piensa que en un asunto tan sensible los presidentes del PP tienen miedo a enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso, que es la que con más contundencia se ha opuesto a la quita. “Rotundamente sí, además diría que Génova está siguiendo las instrucciones de Ayuso”, aseveró en la Cámara Alta a preguntas de los periodistas.

“Imaginen la cantidad de recursos que podría ahorrarse Madrid en el pago de su deuda que podrían servir para mejorar los servicios públicos. A nadie se le ocurre decir que no si le ofrecen reducirle la hipoteca”, afirmó Óscar López, ministro para la Transformación Digital y secretario general de la federación de Madrid, que pidió desde la Moncloa a Isabel Díaz Ayuso que “no castigase a los madrileños con su voto negativo”. La presidenta de Madrid ha llegado a acusar a Sánchez de “imponer a punta de pistola” un “trágala inasumible” por una condonación pensada en un primer momento para Cataluña, pero que se ha extendido a todas las comunidades salvo Euskadi y Navarra, fuera del Régimen Común. “La propuesta de condonación del 27% supondría dejar de pagar intereses por 480 millones, pero [Alfonso Fernández] Mañueco corre para ser el primero de la clase en dar una negativa porque lo dice su jefe. Es absolutamente irresponsable y no obedece a los intereses de esta comunidad”, incidió Carlos Martínez, recién elegido líder del PSOE en Castilla y León. En la misma línea, Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general en la Comunidad Valenciana: “Es un paso histórico, una propuesta inédita, mientras el PP [de Mariano Rajoy] con mayoría absoluta no hizo nada para ayudar a las autonomías a hacer frente a la crisis financiera, ahora los valencianos sabemos que podemos contar con el Gobierno de Sánchez”.

El último secretario general debutante, Pedro Casares, que se impuso en unas primarias muy reñidas, también ha aprovechado para fortalecer su discurso de oposición. “Calificar de trágala la propuesta de condonación del Gobierno demuestra el desconocimiento absoluto que tiene [María José] Sáenz de Buruaga, porque a Cantabria se le va a condonar el 25% de nuestra deuda. Estamos hablando de más de 800 millones que servirían para reforzar la atención primaria, abrir consultorios rurales o para fortalecer nuestro sistema educativo frente a las políticas de recortes”, expuso Casares.

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El doble cónclave, que se celebrará de forma solemne en el Palau de la Generalitat, visualizará que estos son otros tiempos, aunque este lunes Junts tenga en vilo al Gobierno con si decide retirar o no la cuestión de confianza de Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo. La realidad es que los socialistas vuelven a copar, 15 años después, las dos instituciones y la reivindicación de ERC de la mesa de diálogo ha quedado atrás. El orden del día pactado entre las dos Administraciones dará prioridad a asuntos como la seguridad y la justicia, una de las principales prioridades de Illa, que quiere poner freno a la multireincidencia y no dar argumentos que pueda utilizar la extrema derecha. Los dos órganos también abordarán aspectos relacionados con la financiación de los Ayuntamientos para dar solución a la falta de secretarios e interventores y con la gestión de becas, así como a otros propuestas del Govern y otros pactados con sus socios.

Con toda probabilidad, este lunes se darán luz verde a asuntos pactados políticamente en la Bilateral de 2022, relacionados con el ciclo del agua, y que nunca se llegaron a concretar porque, según ERC, el Estado no convocaba la comisión de transferencias, que no se reúne, de hecho, desde 2010. Desde el otro lado de la mesa se apunta a una cuestión de desidia de las dos administraciones. El mecanismo de funcionamiento es primero un acuerdo político en la bilateral que luego se concreta en la de transferencias. El Govern de Aragonès rechazó en septiembre de 2022 organizar la Bilateral porque no se convocaba esa comisión y porque no se pensaba conformar con una “foto”. El tiempo transcurrido da idea de la magnitud del vacío durante el procés y posprocés.

Tras cumplir ahora seis meses en el cargo, Illa se ha propuesto reactivar toda la maquinaria institucional, normalizar la situación de Cataluña y cumplir a rajatabla los acuerdos con sus socios de investidura para apuntalar su mandato en minoría. La Comisión Bilateral de hoy culmina el calendario desplegado en dos semanas por las dos Administraciones para tomar medidas y poner al día asuntos que están en el limbo desde hace años. El programa arrancó hace una semana con la comisión de infraestructuras, saldada con el acuerdo de que la Generalitat asumirá la gestión de Rodalies en 2026, proseguirá este lunes con la Bilateral y la de Transferencias y se cerrará el viernes con la comisión mixta de Asuntos Económicos en la que se tratará con más profundidad el nuevo sistema de financiación, caballo de batalla de la legislatura. Illa insiste a diario que no hay nada que negociar en ese sistema y que se cumplirá.

La jornada arrancará con reuniones en el Palau entre Dalmau y miembros de los grupos parlamentarios, así como con representantes de agentes económicos y sociales como las patronales Foment y PIMEC, los sindicatos CC OO y UGT y entidades municipalistas para dimensionar la magnitud de los acuerdos. Pese a que Illa gobierna con una frágil minoría y no tiene presupuestos, la Bilateral viene precedida por una imagen simbólica para visualizar la buena relación con ERC. El sábado, en el Palau, se celebró la primera entrevista entre Illa y Oriol Junqueras desde que el primero es president y después de que el segundo revalidara en diciembre su cargo en la cúpula republicana.

Los dos políticos mantenían los contactos en privado y el encuentro normaliza una relación que no fue precisamente muy fluida en tiempos no muy lejanos. Ni el día ni el lugar elegido fue gratuito porque conviene a ambos. El Govern en minoría de Illa casi se ha resignado, sin dramatismos, a que tendrá que transitar su primer año de mandato sin presupuestos porque ERC dice que no hay tiempo y que tendrá que pactar modificaciones de crédito con sus socios -hoy Illa se reunirá con la líder de los comunes, Jéssica Albiach- por al menos 4.000 millones de euros. Y a ERC le interesa mostrar su capacidad de influir en logros en la Bilateral ahora que los socialistas están a ambos lados de la mesa. Junqueras afirmó antes de la cita del sábado que llegan días y horas importantes en temas de financiación. Y otra cosa más: que ya pone la mirada en los presupuestos de 2026.

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Pero el problema no es personal, es político. La discrepancia sigue en todo lo alto dentro de la coalición. Díaz ofreció este lunes la posibilidad de retirar la proposición de ley de Sumar para revertir la decisión de Hacienda, que en principio cuenta con una mayoría absoluta en el Congreso porque la respaldaría la izquierda y el PP, si hay una negociación y se busca un punto intermedio, para el que hay varias propuestas encima de la mesa. Pero Hacienda insiste en que no quiere tocar el IRPF, quiere dejar las cosas como están para evitar una negociación compleja para reformarlo y, por tanto, si no se toca nada, el SMI automáticamente pagará IRPF porque superará el mínimo exento. El PSOE parece apostar por llevar al límite la presión sobre Sumar que, según los socialistas, también sufriría un coste si suma sus votos a los del PP y posiblemente a Vox para revertir una decisión del socio mayoritario de la coalición. Sumar piensa lo contrario, que los socialistas tienen el debate perdido en la calle y no aguantarán la presión y se verán obligados a negociar en cuanto se acerque la votación. La realidad es que nada indica que haya ningún espacio para la negociación en este momento y ninguno de los dos grupos dan cuenta de reuniones o contactos para acercar posiciones.

A la entrada del teatro, Montero mantuvo de nuevo la posición unos minutos antes de darse el abrazo con Díaz. “El Gobierno ha explicado a lo largo de todo este periodo el porqué considera que era importante la subida del SMI. Un 61% desde que Pedro Sánchez es presidente. Por tanto, este debate de lo que se trata era de la subida del salario mínimo en nuestro país. Estos salarios tributaban ya el año anterior. Por tanto, nosotros en ningún caso subimos impuestos. El Gobierno de España ha bajado los impuestos a la clase media y la trabajadora con un ahorro de 5.000 millones”, aseguró. Montero no abrió ninguna puerta a la negociación, aunque dijo que la receta siempre es “diálogo, diálogo y diálogo”.

Díaz, por la mañana, también sostuvo el pulso. “Ser de izquierdas no es bajar los impuestos a las energéticas”, aseguró como respuesta a Montero, que le reprocha que no es progresista abrir este debate contra los impuestos. Díaz dejó la puerta abierta a la negociación: “Me gustaría alcanzar un acuerdo dentro del Gobierno, esto es lo legítimo. Yo nunca voy a una negociación diciendo que no voy a mover una coma”. Pero el PSOE insiste: la decisión está tomada y no se moverán.

Sánchez respalda a Montero ante la ejecutiva del PSOE

En la reunión de la ejecutiva del PSOE, Sánchez fue claro sobre este asunto y respaldó la posición de Montero, según fuentes presentes en la cita. El encuentro versó casi en su totalidad por la inestabilidad geopolítica y la intención de Donald Trump de negociar con Rusia las condiciones de la paz en Ucrania, pero Pedro Sánchez también le ha prestado atención a la polémica que desde hace una semana sacude al Gobierno por la exención o no del IRPF a quienes cobren el salario mínimo y se beneficien de la última subida aprobada la semana pasada. La posición de Sánchez es que el SMI “no se puede equiparar”, según miembros de la ejecutiva socialista, con el ingreso mínimo vital debido al incremento que ha venido experimentando año tras año desde que llegó a La Moncloa en 2018. Un lapso de tiempo en el que ha aumentado de los 735 euros a 1.184 euros al mes actuales.

La reflexión que hizo Sánchez fue que por esa razón se entiende que es justo que tributen al menos una parte de los trabajadores que lo perciben. El líder del PSOE razonó que la política fiscal es progresiva y que si se pretende que los trabajadores sigan aumentando su poder adquisitivo y haya más subidas del SMI, lógicamente eso no se puede hacer si no hay unos ingresos por parte del Estado para sostener el Estado del bienestar. La tesis compartida en la dirección del PSOE es que no se trata de “caridad”, sino de contribuir a un “sistema solidario” que se mantiene con los impuestos.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se refirió a las contradicciones en las que en su opinión estaría incurriendo Sumar, y que a juicio de otros integrantes de la cúpula socialista son “incomprensibles”, por defender ahora la exención fiscal. Un peso pesado pidió “menos demagogia” a Sumar y “más pedagogía” al PSOE para solventar cuanto antes la crisis.

“Lo relevante es que el SMI ha subido desde que estamos en el Gobierno, son 6.000 euros más al año, son 400 euros más al mes, y hay unos tramos de tributación. Algunos seguimos defendiendo y defenderemos siempre la progresividad fiscal”, zanjó el ministro Óscar López, deslizando una pulla a Díaz, a su llegada a un acto de José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso.

El PP, a “disfrutar del espectáculo”

Mientras, el PP invita a Sumar a respaldar su proposición de ley para evitar que tribute vía IRPF el salario mínimo, pero los populares están dispuestos también a apoyar la iniciativa de Sumar llegado el caso, según transmiten fuentes de la dirección popular. De momento, según distintas fuentes de la cúpula del PP, no han existido conversaciones directas con el grupo de Yolanda Díaz para coordinar estrategias o sus iniciativas, pero en el núcleo duro del PP sí subrayan que, llegado el caso, sería posible incluso unir sus votos a los de Sumar en la Mesa del Congreso para levantar el veto presupuestario del que dispone el Gobierno ante iniciativas que pueden alterar las cuentas públicas. Es decir, para doblar el brazo al PSOE. El PP no cree, en todo caso, que se vaya a llegar a ese extremo porque la mayoría de la dirección piensa que la parte socialista del Gobierno rectificará antes la “metedura de pata sideral” que consideran que ha cometido abriendo a tributación la subida del SMI. Fuentes del área económica de la dirección del PP insisten en que el partido está convencido de que el salario mínimo no debe tributar IRPF, y recuerdan que esas rentas ya tributan a través de otros impuestos como el IVA. Además, argumentan que el Gobierno ha logrado una recaudación importante, de hasta 280.000 millones de euros en 2024, y la tributación del SMI, según sus cálculos, no llegaría a 1.000 millones.

“Vamos a disfrutar del espectáculo”, se relamen en el gabinete del líder del PP con la discusión interna entre los dos socios del Gobierno, aunque algunos miembros de la cúpula creen que se trata de un “paripé” organizado entre el PSOE y Sumar para dar oxígeno a Yolanda Díaz. Otros dirigentes populares discrepan de esa tesis y creen que hay un conflicto entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz, pero en todo caso el PP se encuentra cómodo en lo que considera un error estratégico de los socialistas.

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Los equilibrismos del PP para evitar ir al choque con Vox y evitar pronunciarse sobre las decisiones más espinosas de Trump convierten a Feijóo, según Sánchez, en un dirigente “dubitativo”, sin un proyecto para España y menos aún para el papel que debe desempeñar en el mundo. La resistencia que el PSOE achaca al expresidente de la Xunta a marcar un perfil determinado en la arena internacional contrasta con el rol activo que están jugando tanto Sánchez como Santiago Abascal. El presidente de Vox, que a diferencia de Feijóo fue invitado a la toma de posesión de Trump en su segundo mandato, regresará esta semana a Washington para participar en la Convención de Acción Política Conservadora. Además de Trump está previsto que acuda el presidente argentino, Javier Milei, a la cita por antonomasia del movimiento conservador de Estados Unidos. Abascal también elogió al presidente estadounidense y se refirió a él como un “compañero de armas” en la cumbre del trumpismo europeo que organizó a principios de febrero en Madrid.

Feijóo ha hecho por el momento oídos sordos a las exigencias de Sánchez de que signifique y rompa con Vox por su ideario ultra y por las amenazas de Trump a los intereses españoles. El presidente no se anduvo con medias tintas el fin de semana y tildó al partido de Abascal de “caballo de Troya” de la ultraderecha “que quiere hacer caer desde dentro a Europa”. En la misma línea que Sánchez, otros miembros de la dirección del PSOE han resaltado que la ambigüedad del PP les brinda una oportunidad para ocupar espacio en la centralidad política y captar a los votantes menos ideologizados que no de identifican ni con la derecha ni con la izquierda pero a los que no les gustan ni Trump ni sus aliados y las políticas que defienden perciban al PSOE como un partido serio, garante de la estabilidad y defensor de los servicios públicos.

En cuanto a la solución de la invasión de Ucrania, que está a punto de cumplir su tercer año, Sánchez también ha sido tajante y ha mantenido a puerta cerrada en la ejecutiva del PSOE que “la paz no puede ser unilateral ni a cualquier precio”, rechazando así que el futuro de Ucrania lo decidan entre Trump y Vladímir Putin en las conversaciones que Washington y Moscú van a mantener en Arabia Saudí. La geopolítica, con las negociaciones de paz para Ucrania que Trump impulsa con Rusia desdeñando a la UE, ha acaparado la reunión de hora y media duración. “Europa tiene que defender la paz, pero no una paz cualquiera. Ni una paz unilateral”, ha sido el mensaje que el secretario general del PSOE y presidente de la Internacional Socialista ha transmitido, según integrantes de su dirección. Una posición que Sánchez ha reiterado a lo largo de los últimos días. “Cualquier futuro de Ucrania tiene que pasar por el protagonismo y el liderazgo de Ucrania y cualquier conversación sobre la seguridad de Europa debe contar en la mesa con los europeos”, defendió el sábado en el congreso de los socialistas vascos. Ese mismo día por la tarde incidió en el cónclave del PSOE de La Rioja, que “Ucrania y Europa estén en las negociaciones para que se logre una paz duradera, estable y justa que garantice la seguridad de Europa y de Ucrania”.

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El grupo parlamentario de Sumar registró la semana pasada en el Congreso una proposición de ley para que el SMI no entre en la tributación por IRPF, pero Yolanda Díaz ha mostrado su disposición a retirarla si hay acuerdo. “No tengan ustedes ninguna duda”, respondió sobre la retirada de esta iniciativa que será calificada este martes por la Mesa de la Cámara en paralelo con las registradas por el PP y Podemos. A partir de este martes, el Gobierno tiene un mes para mostrar su conformidad con la tramitación de la iniciativa o vetarla por afectar a los Presupuestos. El PP no ha cerrado la puerta a prestar sus votos a las propuestas de los grupos de izquierdas sin coinciden en su contenido con el texto que promueven los populares.

“Lo que no es de izquierdas es bajar impuestos a las energéticas. Lo que no es de izquierdas es permitirles a los rentistas que se olviden del 100% del IRPF y lo que no es de izquierdas es que tengamos un impuesto de sociedades, que es semejante al europeo, pero con dos grandísimos agujeros: las deducciones y las bonificaciones fiscales”, aseguró Yolanda Díaz, en referencia a las declaraciones de Montero del pasado viernes. En el ala socialista del Gobierno hay un gran malestar por este planteamiento de la vicepresidenta segunda, que tildan de “populista”, un discurso con el que creen que la izquierda está asumiendo el “discurso demagógico de la derecha” contra el pago de impuestos.

“Yo la quiero mucho”, ha dicho Yolanda Díaz de María Jesús Montero a su llegada a la presentación del documental. Antes, Montero ha defendido la decisión de no eximir del pago del IRPF a una parte de los beneficiarios de la última subida del SMI. “El Gobierno ha explicado a lo largo de todo este periodo el porqué considera que era importante la subida del SMI. Un 61% desde que Pedro Sánchez es presidente. Por tanto, este debate de lo que se trata era de la subida del salario mínimo en nuestro país. Estos salarios tributaban ya el año anterior. Nosotros en ningún caso subimos impuestos. Lo que piden algunas formaciones políticas es bajar esos impuestos pero no subirlos que el gobierno de España ha hecho realmente para la clase media y la clase trabajadora un ahorro de 5.000 millones en materia fiscal. Y en relación con el gobierno, como siempre, puede haber discrepancias puntuales respecto a una materia pero siempre la receta es diálogo, diálogo y diálogo”, ha afirmado.

Las posiciones no se mueven. Fuentes de Ferraz, donde Pedro Sánchez ha convocado a la dirección del PSOE antes de acudir a la cumbre convocada en París, son tajantes y rechazan modificar la tributación del salario mínimo: “La decisión está tomada. Según los cálculos de Hacienda, la adaptación del IRPF al salario mínimo restaría hasta 2.000 millones en ingresos. Una partida similar al presupuesto para vivienda y muy similar a los 2.500 millones que el Ministerio de Educación aporta a becas cada año. Los socialistas también esgrimen que alrededor de medio millón de trabajadores de los 2,5 millones de perceptores del SMI, es decir el 20%, tendrán que tributar en el IRPF si el Ejecutivo no varía sus planes para la última subida. Lo harían por su situación familiar: al ser solteros sin hijos, no se podrían beneficiar de deducciones por motivos familiares. La Moncloa también subraya que la última subida del SMI, de 700 euros anuales, supondría que quienes tuviesen que tributar por el IRPF abonarían unos 300 euros. Es decir, ingresarían 400 euros. Pero todos estos argumentos colisionan con la exención que defienden Sumar y no convencen a la titular de Trabajo y líder de Sumar, que sigue sin remontar en las encuestas. Ahora mismo solo retendría a la mitad de sus votantes en las elecciones generales de 2023 según el CIS o 40dB.

Los socialistas siguen solos en sus argumentos. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha tildado de “incomprensible” que el SMI pase a tributar. A juicio del partido morado, la ministra de Hacienda “demuestra que el Gobierno está absolutamente fuera de la realidad social”. Fernández ha insistido en que el SMI no es suficiente para “vivir de manera digna” y que gravar a las “personas vulnerables” mientras que exime de impuestos a las energéticas no es la política fiscal de “un partido progresista y de izquierdas”. Ha acusado al Ejecutivo de “negarse sistemáticamente a aprobar impuestos a las empresas del IBEX que están teniendo ingresos de récord”. Y ha recordado que su partido ha registrado una iniciativa en el Congreso y ha declarado que se activará la vía parlamentaria si la negociación de Yolanda Díaz no llega a buen puerto. Y Podemos, ha dicho, “duda” de que sea así.

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El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, presidirán en Barcelona un encuentro en el que el Govern de Illa se estrena en su relación bilateral con el Ejecutivo de Sánchez. La oposición en el Parlament siempre ha advertido de que el hecho de que ambas Administraciones tengan el mismo color pueda implicar que la Generalitat claudique en la exigencia de los compromisos, algo que desde el Govern rechazan. La primera crítica, de entrada, es que no sea el ministro Óscar Puente el que participe en la reunión en la capital catalana. “Algunas de esas reuniones no se celebraban hace más de 10 años”, responde Albert Dalmau, consejero de Presidencia de la Generalitat, en referencia a la Comisión de Transferencias.

Fuentes del Ejecutivo catalán defienden que los asuntos a tratar en todas las reuniones son contundentes. El tema central en la de este lunes será “la concreción del traspaso del servicio de Rodalies a la Generalitat”, empezando con la R1 en el primer semestre de este año según el acuerdo firmado por ERC y el PSOE. La creación de la nueva empresa gestora necesaria para ello ya había sido objeto de trabajo por parte del Govern que lideraba ERC, pero nunca se pudo concretar cómo sería el modelo de constitución de esa sociedad. Fuentes gubernamentales destacan la voluntad de lograr avances y transmiten que en el encuentro se abordará el “borrador de los estatutos” de creación de la nueva empresa mixta de Rodalies. La intención es que la reunión sirva para dejarlos completamente encarrilados. El traspaso del servicio fue uno de los compromisos suscritos para la investidura de Sánchez y en el Gobierno hay interés de que ERC vea materializado el cumplimiento. La razón es que la falta de avances es uno de los motivos que dificultan la negociación de Presupuestos y dilatado los tiempos que Illa contemplaba para sus primeras cuentas públicas desde que fue investido president en agosto del año pasado.

El anterior Ejecutivo republicano presidido por Pere Aragonès había logrado esbozar las líneas generales de lo que sería la gobernanza de esa empresa mixta, con paridad de representación de ambas Administraciones pero sobre la cual la presidencia (y por tanto el voto de calidad) recaería en la Generalitat. Uno de los aspectos centrales era cómo encajarían los posibles conflictos de intereses de la red con decisiones que el Estado considerara de interés general.

Otros de los puntos que se tratarán, explican fuentes conocedoras de las negociaciones a EL PAÍS, es la situación de las infraestructuras ferroviarias en Girona o el despliegue de la fibra óptica para llegar al 100% de los municipios catalanes. Para la Generalitat es especialmente sensible el estado de las mejoras pendientes en la N-II a su paso por el Maresme, el segundo tramo con más accidentes por kilómetros en Cataluña, según un informe del RACC.

El calendario de reuniones los próximos días será tan apretado como simbólico. El lunes de la próxima semana se celebrará la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat: el principal órgano de cooperación administrativa debía reunirse al menos dos veces al año pero no lo hace desde febrero de 2022. Ese mismo día se celebrará también la Comisión de Transferencias, que no se reunía desde 2010. El viernes día 28, será el turno de la reunión sobre Asuntos Económicos y Fiscales, medio año después del encuentro anterior. Aquí, la atención se centrará en los posibles pasos para concretar el nuevo sistema de financiación singular —se debería establecer un cronograma legislativo— y en ver si hay avances en cuestiones como el traspaso de nuevos órganos judiciales, el de las becas (con años en el tintero) y la construcción de nuevas depuradoras.

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En un mensaje en las redes sociales, Sánchez ha felicitado al triunfador, al tiempo que ha dedicado también un reconocimiento a Zuloaga “por su compromiso y dedicación”. Con el triunfo de Casares, el PSOE cierra los procesos autonómicos con siete nuevos secretarios generales: la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en Andalucía; el ministro Óscar López, en Madrid; la ministra Pilar Alegría, en Aragón; el alcalde de Soria, Carlos Martínez, en Castilla y León; Javier García, alcalde de Arnedo y portavoz en el Parlamento regional, en La Rioja; el diputado nacional Francisco Lucas en Murcia y el relevo en Cantabria. La militancia solo ha acudido a las urnas en los dos últimos casos y en Extremadura, donde Miguel Ángel Gallardo, que ya era secretario general, salió reforzado.

Los socialistas cántabros arrastran la fractura desde octubre, cuando la elección de los delegados que acudirían al 41º Congreso Federal de Sevilla también fue muy ajustada y les abrió en canal. Fue el origen de la primera gran batalla interna entre sanchistas en el PSOE. Otra de sus denominaciones ha sido la de las “guerras cántabras del sanchismo” debido a la virulencia del enfrentamiento. La votación de los delegados en otoño dejó en una posición comprometida a Zuloaga. Su lista cayó derrotada frente a la propuesta alternativa de la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, afín a Casares, que se impuso por un resultado ajustado del 50,69% frente al 49,31% de la encabezada por Zuloaga. El líder territorial impugnó sin éxito el resultado y fue el único secretario general que acudió a Sevilla sin poder hacerlo al frente de su delegación: los 19 delegados se repartieron entre los 10 encabezados por Herrán y la lista de nueve que comandó Zuloaga. Al Congreso del PSOE asistieron más de un millar de delegados de toda España.

Una de las esperanzas de la candidatura de Zuloaga para estas primarias era que en la elección de los delegados no participaron unos 800 militantes. La movilización ante la jornada de este domingo fue intensa, en medio de un ambiente muy cargado como transmitieron los dos candidatos el jueves en un debate en Santander. Unas de las explicaciones a la mayor implicación de las bases en la votación del referente autonómico del PSOE radica en que el sector de Zuloaga no se volcó en el proceso de hace cuatro meses. El de Casares sí lo hizo y lo convirtió en el primer pulso por la secretaría general, propiciando una derrota a la dirección regional que ha vuelto a reeditar este domingo. Zuloaga llegó debilitado al Congreso de Sevilla, aunque la bronca que se generó también le pasó factura a Casares por contravenir las órdenes de Ferraz, que no quería ningún ruido orgánico que desviase la atención de la gran cita de los socialistas en Sevilla.

La consecuencia fue que Casares dejó de formar parte de la ejecutiva federal y, en contra de una norma no escrita, tampoco entró en el comité federal, el máximo órgano del PSOE entre congresos. La representante actual de la federación cántabra en la cúpula de Ferraz es la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, la persona por la que Zuloaga se afilió al partido. Un gesto que, aunque Ferraz no se significase en público por ningún candidato, Zuloaga sintió que le reforzaba frente al sector crítico. Pero no fue suficiente para que firmase un tercer mandato. Aún queda pendiente la celebración del congreso regional, los días 15 y 16 de marzo, donde se comprobará si los dos sectores entierran las hostilidades.

Casares contó con el respaldo de las ex secretarias generales Lola Gorostiaga y Eva Díaz Tezanos, a quien Zuloaga venció en 2017 con 1.267 votos frente a los 1.100 de su rival; en 2021 renovó su liderazgo con el 75,42% de los votos ante Judith Pérez. Las otras primarias más reñidas han sido las de Murcia, donde Lucas, miembro de la dirección federal, se impuso con 2.219 votos (54,8%) a Diego Conesa, líder territorial entre 2017 y 2021, que logró 1.827 apoyos (45%). La siguiente fase serán los congresos provinciales, con las espadas en alto en federaciones como Andalucía.

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La exhortación a Feijóo se produce después del último ataque de la administración Trump contra la UE. El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, indignó el viernes a los participantes comunitarios en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que afirmó que la principal amenaza para Bruselas es “la retirada de algunos de sus valores fundamentales”, como la libertad de expresión, a su juicio “en retroceso” por la persecución del ideario de la ultraderecha. A una semana de las elecciones en Alemania, Vance se inmiscuyó en la política interna de uno de los grandes aliados de Washington afirmando que “no hay espacio para cortafuegos”, en alusión al cordón sanitario contra el partido ultraderechista de AfD. En cambio, el número dos de Trump eludió aclarar en que consiste el plan estadounidense para acabar con la guerra en Ucrania, que está a punto de cumplir su tercer año tras la invasión rusa. Trump habló esta semana con Vladímir Putin, sin contar de antemano con Ucrania y la UE. Sin siquiera esperar al inicio de las negociones, Washington ya ha transmitido que Ucrania tendrá que renunciar a parte del territorio invadido y ocupado por Moscú y que no entrará en la OTAN mientras azuza la imposición de aranceles.

“Sobre la amenaza de aranceles por parte de la administración estadounidense, el Gobierno de España con prudencia y con firmeza estará del lado de los agricultores, de los ganaderos, de la industria, de las empresas y de los trabajadores. Mientras, la ultraderecha y la derecha no han abierto la boca, no han dicho ni mu, están callados, porque son muy fuertes con los débiles, pero son serviles con los poderosos. Su lema no es todo por la patria, su lema es todo por la pasta”, ha remarcado Sánchez en un acto al que ha asistido la presidenta navarra, María Chivite; Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general de Madrid; y Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. “Frente a guerras comerciales que no benefician a nadie salvo a los de arriba, y que perjudican a la mayoría social, nosotros defendemos las alianzas comerciales. Frente a aquellos que quieren unilateralmente romper con el derecho internacional, nosotros reivindicamos el multilateralismo y que cuando se abran esas negociaciones de paz, que todos hemos querido, el primero de ellos el presidente [Volodimir] Zelenski, cualquier futuro de Ucrania tiene que pasar por el protagonismo y el liderazgo de Ucrania. Y cualquier conversación sobre la seguridad de Europa debe contar en la mesa con los europeos. Eso es lo que defendemos los socialistas y desde el Gobierno de España, mientras otros callan”, ha abundado Sánchez en otra arremetida contra Feijóo.

El expresidente gallego mantiene que España debe mantener una relación “excelente” y “constructiva” con Trump y ha desautorizado al vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del PP, Esteban González Pons, muy crítico en un artículo con el presidente americano. “No sé si Feijóo no sabe o no le dejan o no puede hacer la oposición que merece España. En todo caso, en política sucede como en la vida, y es que aquellos que no saben adónde van acaban en el lugar equivocado. A la derecha le ha pasado que ha acabado en la coalición negacionista con la ultraderecha. Lo que diga Santiago Abascal va a misa. Esta semana dijo que si hay aranceles contra Europa es culpa de Sánchez, porque le caigo mal [a Trump]. ¿Qué dijo Feijóo al día siguiente? Lo mismo, que si hay aranceles en Europa es culpa de Sánchez y ahora resulta que es culpa del IVA, que también se paga en Hungría, donde gobierna [Viktor] Orban, el amigo de Abascal, que cercena los derechos del colectivo LGTBI, identificándolos con la pederastia, cercena los derechos de las mujeres y cercena la libertad de expresión de los medios de comunicación”, ha incidido Sánchez. La ultraderecha europea celebró la semana pasada en Madrid la vuelta a la Casa Blanca de Trump, al que Abascal, que ejerció de anfitrión y asistió hace un mes a su toma de posesión, se refirió como un “compañero de armas”.

El presidente también ha sido explícito en su defensa de la solución de los dos Estados tras la ocurrencia de Trump de expulsar a los más de dos millones de palestinos de Gaza y convertirla en la “Riviera de Oriente Próximo”. “Queremos que los palestinos vivan en Palestina y los israelíes vivan en Israel, en paz, en armonía y con seguridad. Ninguna operación inmobiliaria va a tapar la ignominia, los crímenes de lesa humanidad y tampoco la vergüenza que se ha vivido en Gaza durante estos años. No debemos permitirlo y desde España no lo permitiremos”, ha aseverado en otro alegato a favor del multilateralismo en riesgo con la nueva era impulsada por Trump y sus aliados reaccionarios.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha ha apostado a su vez por “fortalecer” el modelo europeo de socialdemocracia y ha reprochado que el vicepresidente de Estados Unidos se dedique a “insultar y ofender” a las democracias europeas. “Hubo un momento en el que los líderes americanos aspiraban a ser referentes morales en el mundo y hoy la única moral que manejan es la de su dinero. Es increíble que quienes carecen de moral quieran dar lecciones morales a los europeos. Ya lo decía una canción de Sabina, como persona era tan pobre, tan pobre, que solo tenía dinero”, ha reflexionado el barón del PSOE a su llegada al Congreso del PSOE de La Rioja, en el que ha sido proclamado nuevo secretario general a Javier García, actual alcalde de Arnedo y portavoz parlamentario regional. Sánchez reiteró en su intervención en Logroño el mismo mensaje al PP de la mañana en Euskadi para que no cometiese lo que considera un “error histórico” de un partido que se define como “europeísta”.

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La reconciliación parece muy lejana, por mucho que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo llamase a la unidad a finales de enero. “Quien no quiera estar, lo tiene que explicar”, sentenció Díaz. “En los momentos históricos uno tiene que decidir de qué lado está”, apostilló. Sin embargo, Podemos, que se sintió ninguneado tras no estar presente con ministro propio en el Gobierno y además arrinconado dentro del grupo parlamentario de Sumar, donde se le negó un papel relevante en las Cortes, deja bien claro que las posiciones no podrían estar más enfrentadas. “Hemos pasado de la irrupción de Podemos en las elecciones europeas de 2014, que pusieron fin al sistema bipartidista, a unos años protagonizados por el procés en Cataluña, seguidos de [...] la formación del primer Gobierno de coalición de nuestra democracia, la brutal reacción golpista de la derecha política, judicial y mediática, y también de una parte de la progresía, contra los avances que fuimos capaces de producir [...], nuestra expulsión del Gobierno que construimos con nuestras propias manos, el achicamiento hasta el límite de nuestro espacio electoral y, recientemente, el inicio de una nueva trayectoria electoral creciente, inaugurada por la candidatura encabezada por Irene Montero a las elecciones europeas de 2024″, resume la dirección morada los diez años de historia de Podemos, que reivindica los logros del primer Ejecutivo de coalición (2020-2023) desde la Segunda República y responsabiliza de los males de la izquierda y del Gobierno al actual socio minoritario del PSOE.

Las pullas implícitas o directas a Sumar son constantes en las preguntas y listas de temas planteadas a las bases de Podemos. Y evidencian la gravedad del desgarro entre las distintas almas de la izquierda. “¿Cuáles han sido las diferencias principales entre la acción política del gobierno en la legislatura pasada, con Podemos formando parte del Consejo de Ministros, y el actual gobierno entre PSOE y Sumar? ¿Cómo funciona la defensa por parte del PSOE y de sus partidos satélites del mal menor? ¿Funciona el mal menor como una forma de frenar a la extrema derecha o, por el contrario, le da combustible para que avance más rápido?”, son algunas de las cuestiones planteadas. La operación Sumar tiene un apartado específico, con preguntas como “¿cuál ha sido la naturaleza de la operación política conocida como Sumar?, ¿cuál era su objetivo y hasta qué punto lo ha conseguido?” y “¿qué nos enseña respecto de la diferencia entre una izquierda intervenida por el PSOE y una izquierda autónoma?”. “¿Qué aprendizajes extraemos de esta experiencia respecto de la posibilidad de volver a tejer algún tipo de alianzas con otras organizaciones en el futuro?”, se apostilla en otra cuestión sobre uno de los grandes interrogantes de la política nacional por resolver y de la que puede depender que la derecha llegue al poder.

La formación de Belarra justificó su salida de Sumar a finales de 2023 y su paso al Grupo Mixto en el Congreso por su falta de capacidad de “hacer política”, pero en el proyecto de Díaz no compartían esa “visión victimista”. Para entonces, la relación entre las dos partes estaba ya muy deteriorada. Después de fraguar una alianza por puro interés electoral tras el descalabro de la izquierda en las elecciones autonómicas y municipales y el adelanto electoral convocado por Sánchez al día siguiente, Belarra fue denunciando lo que consideraba una estrategia de silenciamiento a Podemos. Unas críticas que se fueron recrudeciendo hasta el punto de llegar a afirmar que “Pedro Sánchez y Yolanda Díaz les habían “echado del Gobierno”. La crisis estalló por completo sin que hubiera transcurrido un mes de la tercera investidura del líder del PSOE para un nuevo mandato como presidente del Gobierno. Y desde entonces no ha habido ningún acercamiento. Al contrario: Podemos se ha convertido en el Congreso en un competidor directo de Sumar por la hegemonía en ese espacio.

Las opciones de Sánchez para seguir en La Moncloa dependen, entre otros factores, de que no haya más de una candidatura alternativa al PSOE. La última encuesta del CIS le daba por separado el 6,4% de los votos a Sumar y el 4,4% a Podemos. El último sondeo de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER les otorga un respaldo del 5,9% y 3,4% respectivamente. La candidatura unitaria que encabezó Díaz el 23-J logró el 12,3% de votos, una décima menos que Vox. Los socialistas aguardan con inquietud que ambas partes encuentren una solución y vuelvan a presentarse dentro de un proyecto común como ya hicieron en las elecciones generales de 2023. Un escenario imposible, al menos a corto plazo, según se deduce del documento de Podemos.

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El laboratorio de ideas del PSOE, creado el pasado verano con el propósito de contribuir a la ofensiva de ideas “democráticas, progresistas y de una socialdemocracia adaptada al siglo XXI” frente a “la cruzada ideológica” liderada por Trump, ha celebrado la primera sesión del Foro Avanza en el Círculo de Bellas Artes para abordar las raíces y razones de la irrupción internacional de la ideología ultra. Pepa Bueno, directora de EL PAÍS, ha moderado el acto, al que han asistido un centenar de personas, la mayoría dirigentes socialistas como la presidenta del partido, Cristina Narbona, el ministro de Transportes Óscar Puente y la presidenta del Congreso y secretaria general de la formación en Baleares, Francina Armengol. “Asistimos en directo al desmontaje de muchas de las estructuras que la democracia liberal estadounidense ha ido construyendo mientras se reafirma un imperialismo sin más regla aparente que la ley del más fuerte. Esa catarata de anuncios y de acciones con las que cada día nos sorprende Trump y su valido Elon Musk parece bloquear a buena parte del mundo, particularmente al occidental, dubitativo entre no dar crédito a lo que dice y hace Trump y quizá con la esperanza de poder sortear los daños”, ha reflexionado Bueno, que ha hecho hincapié en cómo Trump ha llegado al poder “a través de las urnas con el triunfo absoluto de la posverdad” y beneficiándose del “altavoz tan potente que está difundiendo antipolítica”, en referencia a la red social X, donde los mensajes de odio se han disparado desde que Musk la adquiriera en 2022.

“Vivimos algo aturdidos por lo que está sucediendo, es un tsunami político la velocidad con la que actúa Trump, parece un reality televisivo que nos tiene acongojados y asustados”, ha reconocido Ignacio Sánchez-Cuenca. El catedrático de Sociología y miembro del Consejo Científico de Avanza ha subrayado que la extrema derecha no es un fenómeno repentino, sino que comenzó a cobrar forma en los años ochenta, con un crecimiento muy lento que dio las primeras señales en Francia y Austria y que en los casos de Alemania y España ha experimentado un auge “de golpe”. “¿Qué tienen en común estos partidos? Pues muy poco. Es una ideología que está en un proceso constante de transformación, que no ha cristalizado todavía definitivamente y vemos experimentos en direcciones muy diferentes. Lo que está haciendo Trump no es exactamente igual a lo que pueda proponer el Partido de la Libertad en Austria o Marine Le Pen en Francia. Hay claramente elementos de conflicto entre ellos. Por ejemplo, la postura de Javier Milei sobre comercio internacional no tiene nada que ver con la de Trump. Son elementos incompatibles. Hay líderes de la extrema derecha que son enemigos declarados de cualquier tipo de intervención estatal pero hay también una extrema derecha que cree que el Estado debe proteger a los nacionales y excluir a los inmigrantes”, ha observado Sánchez-Cuenca antes de centrarse en sus similitudes. “El elemento común que unifica a Trump, [Giorgia] Meloni, Milei o [Benjamín] Netanyahu es un estilo de liderazgo bastante peculiar con el que están tratando de poner a prueba las reglas formales e informales de las democracias liberales y ver hasta donde resisten los muros de contención del sistema. Y lo hacen con ferocidad y desprecio hacia los perdedores, los vulnerables, los humildes, los extranjeros, los inmigrantes dispuestos a llevar a cabo sus ideas cueste lo que cueste”, ha abundado.

El combustible que alimenta a la ultraderecha sería el pesimismo según el cual más del 75% de estadounidenses piensa que sus hijos vivirán peor, una degradación de las condiciones de vida que también tiene su público en España. La consecuencia es la pérdida de credibilidad en las instituciones y partidos políticos. “Esta combinación de pesimismo y desconfianza produce un aumento del apoyo a la extrema derecha, que capitaliza estos movimientos de desesperanza”, ha sentenciado Sánchez-Cuenca. José María Lassalle, escritor, consultor, profesor universitario y ex secretario de Estado en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), apunta otra clave: “El supremacismo blanco explica por qué unas clases medias en todo el mundo mayoritariamente blancas, a pesar de las diferencias que comentamos, consideran que hay una guerra global frente a lo que representa China y el mundo asiático y se agrupan en un frente internacional reaccionario que es la clave de la supervivencia del hombre blanco en el siglo XXI. Solo hace falta echar un vistazo a todos los que acompañan en el Despacho Oval al presidente de Estados Unidos y veremos esa reproducción del supremacismo blanco”.

Lassalle es el autor del ensayo El liberalismo herido, publicado en 2021, en el que ya hablaba de una internacional reaccionaria más que de una derecha alternativa. “Su objetivo es favorecer la reconstrucción neofascista del neoliberalismo, frente a un enemigo común, la democracia liberal y el cosmopolitismo humanista que defiende”, escribía Lassalle, mediante “sucursales reaccionarias” repartidas por el mundo cuyo objetivo es “la despolitización autoritaria del Estado” impulsada por los herederos del Tea Party estadounidense. “En todas las franquicias que operan a nivel global se replica el mismo relato. Liderazgos fuertes invocan modelos verticalizados (...) Estaríamos ante un mercado que se convertiría en una forma de dominación cuya legitimidad descansaría en garantizar la prosperidad del pueblo. Esta sería una tarea que se pondría en manos de un líder que actuaría como un CEO, que actuaría con mano dura para garantizar la eficacia de un orden robusto, orientado incluso a la riqueza, demandado por multitudes sociales que respaldarían una autoridad populista” añadía. Un comportamiento que define a Trump, que presentó su plan para tomar el control de Gaza, y que implicaría la expulsión de sus más de dos millones de habitantes palestinos, como “una transacción inmobiliaria” con la que convertiría a la Franja en “la Riviera de Oriente Próximo.

Cristina Monge también ha incidido en ese concepto de un presidente que actúa como el alto directivo de una empresa. Trump, en un imperialismo económico, habla de que las tierras raras de Ucrania van a pasar a estar gestionadas por empresas estadounidenses para desarrollar el uso tecnológico”, ha puesto de ejemplo tras las llamadas del presidente de Estados Unidos a Vladímir Putin y Volodímir Zelenski para acabar con una guerra que está a punto de cumplir su tercer año. “La ultraderecha no es que haya vuelto, es que nunca se fue. ¿Por qué ahora estamos en estado de shock en un siglo XXI al que probablemente vayamos a denominar como el siglo de los miedos? Y nos encontramos además ante una estrategia de hipnosis por parte de Trump, con anuncios que no sabemos adonde conducen”, ha resaltado la politóloga, presidenta de Más Democracia y miembro del Patronato de Avanza. “Uno de los elementos fundamentales es la alianza entre las élites, que tiene un carácter más tecnológico en Estados Unidos y aquí en España se produce entre las élites tradicionales de toda la vida junto con clases populares. La pregunta es cómo es posible que aquellos que salieron perdiendo de las políticas neoliberales ahora estén apostando por elementos neoliberales”, ha puesto el foco en “la ruptura de la idea del futuro”. Es decir, en las expectativas negativas que explican que Vox sea la primera opción, tras la abstención, entre los jóvenes de 18 a 24 años que han encadenado la crisis financiera y la de la pandemia y ahora son las principales víctimas del precio de la vivienda.

“Para entender la emergencia de la ideología ultra tendríamos que pensar en esas plataformas [sociales] no como un altavoz, un canal o un mero medio de difusión neutral, vacío de orientación política, sino más bien como una de esas raíces de ese auge reaccionario que estamos viviendo. Y eso implica pensar en que esos espacios que en otro momento fueron fetichizados o proyectados como ágoras de debate libre se han convertido en un lugar de incubación, de gestación, de esta internacional reaccionaria a la que cincelan como un martillo percutor”, ha advertido Iago Moreno, sociólogo por la Universidad de Cambridge. Y que tiene en Musk, que ha llegado a pedir el voto para Alternativa para Alemania, a su ejecutor más poderoso con permiso de Trump.

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“Con el prestigio llega la oportunidad y la responsabilidad. España no puede aspirar, de la noche a la mañana, a tener el PIB de Francia o de Alemania, pero sí puede intentar ser uno de los adalides, un David que doblega a Goliat, y que, en un mundo convulso, contribuye significativamente a ordenar las filas europeas”, recoge en su último estudio, La socialdemocracia en los albores de una nueva época, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El laboratorio de ideas vinculado al PSOE que dirige Manuel Escudero, uno de los puntales de Sánchez cuando se presentó a las primarias a la secretaría general en 2017 con el aparato del partido en contra, reivindica la “ofensiva económica y social” de la izquierda en España en un contexto en el que las democracias liberales flaquean y en casi una decena de países europeos la ultraderecha participa de un modo u otro en sus gobiernos. En esta tesitura, con la UE conteniendo el aliento a la espera del resultado en las elecciones alemanas del 23 de febrero, en las que según las encuestas el canciller socialdemócrata Olaf Scholz perderá las elecciones y la ultraderecha de Alternativa para Alemania sería segunda fuerza, “recae sobre el PSOE la responsabilidad de intentar frenar esta deriva, también fuera de nuestras fronteras” según recalca Cristina Narbona. “La buena marcha de nuestra economía, en pleno avance de la transición ecológica y de la transformación digital, y defendiendo una mayor justicia social, nos ayuda a jugar un papel activo en el ámbito de la UE, como referente de los logros de la socialdemocracia”, abunda la presidenta del PSOE en el prólogo del trabajo de 42 páginas.

El laboratorio de ideas progresista no oculta que los progresistas “podrían tener motivos para ser pesimistas”, pero insiste que hacerlo sería un error, como recalcó Sánchez en la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE de finales del año pasado en Sevilla. “Más que una época de cambios nos ha tocado vivir un cambio de época, marcada, entre otros hitos, por el cambio de modelo económico y político del capitalismo en Estados Unidos, y que pronto llegará también a Europa de la mano de las derechas ultras. Pero ni nada está perdido ni nada está ganado, porque casi todo, los grandes avances y retrocesos, están aún por escribir”, sostiene el estudio. En el caso concreto de España, la Fundación Avanza advierte del riesgo de que el partido de Alberto Núñez Feijóo, que está evitando pronunciarse sobre las primeras decisiones de Trump, se vea superado, y arrastrado, por los postulados antieuropeístas, contrarios al feminismo y negacionistas del cambio climático que promueve Abascal en su batalla cultural contra la izquierda. “El PP tendrá que reaccionar ante los nuevos planteamientos de la derecha ultra que atacan las mismas fundaciones del modelo neoliberal que aún defiende el partido conservador. Si no hacen ellos será la extrema derecha de Vox quien actualice el ideario de la derecha española más pronto que tarde”, subraya el informe. Los populares celebraron su última convención ideológica en 2017.

“El partido conservador sigue impertérrito con su estrategia de reacción extrema al Gobierno de coalición progresista en su búsqueda de atajos para recuperar el poder político. Así lo ha anunciado para 2025. Y su estrategia va a consistir en seguir deslegitimando todo lo que pueda al adversario, continuando su polarización y manipulación de la realidad, y sobre todo fiando una buena parte de su estrategia a lo que pueda dar de sí el lawfare [o judicialización de la política]”, es otra de las conclusiones sobre la hoja de ruta con la que Feijóo confía en llegar a La Moncloa. “[El PP] ha elegido colocarse en primera fila con la bandera de la reacción, estando alineado al milímetro con los postulados neoliberales en materia económica o en su complacencia con el capitalismo financiero”, es otra de las reflexiones sobre el rumbo de Feijóo. El motivo, según la Fundación Avanza, es que el modelo de crecimiento económico que está practicando el Gobierno, “canalizándolo a favor de las clases medias y las clases trabajadoras, con un éxito espectacular reconocido internacionalmente”, está minando las bases del poder que las derechas han detentado en el pasado “y de las que se sienten propietarias”.

Pese a las perspectivas cargadas de esperanza con que se analiza al PSOE, que sigue en el entorno del 30% de votos, muy por encima del resto de la socialdemocracia europea, Escudero sentencia que “no se puede minusvalorar el empuje” de “la nueva ultraderecha” por tres razones. La primera es la estrategia de desinformación, que “está adquiriendo unas proporciones enormes con la proliferación de bots, trolls e influencers, muchas veces con lazos orgánicos perfectamente coordinados con la derecha ultra, y también por la benignidad con la que tratan la desinformación las grandes plataformas tecnológicas”. En segundo lugar, se reconoce que las nuevas derechas “están ganando la batalla de la comunicación” porque “han entendido, cosa que aún no han logrado las fuerzas políticas progresistas, que la comunicación por redes hoy tiene dos nuevos atributos, la inmediatez en el tiempo, y la simplicidad del mensaje”. La tercera es el nacionalismo económico trumpista apoyado en pilares como la coalición con “los grandes magnates dueños de las grandes empresas de innovación y tecnología, comenzando por [Elon] Musk, [Mark] Zuckerberg y [Jeff] Bezos”, que “prescinde de las complejidades del sistema democrático”.

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Pero los socialistas, al margen del debate ideológico, tienen un problema de votos. Sumar registró a última hora de la tarde una proposición de ley en el Congreso para revertir la decisión del PSOE y es muy probable que cuente con apoyos suficientes para aprobarse, porque varios socios del izquierda de la mayoría salieron en contra de la decisión de los socialistas, pero sobre todo porque el PP tiene una oportunidad de oro para respaldar la inciativa del grupo de Yolanda Díaz y forzar al PSOE a rectificar. Queda tiempo para eso, y distintas fuentes señalaban este martes que antes se intentará buscar una solución, que ya hay conversaciones entre ministerios para resolver la que algunos señalan como la mayor crisis de la coalición desde que salió Podemos del Gobierno. En último extremo, el PSOE podría apelar a la Constitución para vetar la iniciativa, porque en su artículo 134.6 dice: “Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. Pero ese momento aún está lejos.

La cuestión, que llevaba días en discusión pública pero sin mucho foco mediático, saltó de forma inédita en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, un encuentro atípico que se convirtió casi en un debate público entre los dos sectores de la coalición, con Pilar Alegría por el PSOE y la propia Yolanda Díaz por Sumar. En los últimos días, hubo discusión interna en el Gobierno para ver si Díaz debía o no comparecer para anunciar la subida del SMI. Estas tensiones por ver quién comparece son habituales. Al final, se pactó entre los dos sectores que Díaz saldría con Alegría, y no comparecería Montero. La discrepancia sobre el IRPF estaba ahí, pero se había acordado de alguna manera una rueda pacífica, en la que Díaz dejaría claro que no estaban de acuerdo pero se pondría el foco en las buenas noticias que tenían para vender: la subida del SMI, la nueva ley de dependencia, los planes para la demolición del hotel ilegal de El Algarrobico.

Sin embargo, poco antes de la comparecencia, Hacienda decidió confirmar oficialmente que la decisión estaba tomada: el SMI pagará IRPF. Lo hizo, según dijo Díaz ante los periodistas, sin comunicárselo a Sumar. En La Moncloa también había un malestar evidente, porque sabían que ese anuncio dinamitaba la rueda. La idea inicial era comunicarlo después, o en los próximos días. “La decisión no está tomada”, había dicho el lunes Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Eso desató la caja de los truenos, y la conferencia de prensa se convirtió casi en un debate parlamentario entre los dos sectores, en el que Díaz y Alegría se rectificaban, sacaban cada una sus propios gráficos, apelaban a la misma palabra, “pedagogía”, para defender posiciones antagónicas o favor y en contra de cobrar IRPF a los trabajadores con salario mínimo. “La justicia fiscal empieza por arriba. Acabamos de hacer un regalo fiscal a los rentistas, que se desgravarán el 100% del IRPF”, clamó Díaz. Y Alegría replicaba, sentada a su lado: “Esa parte que se dice que se lo queda Hacienda no es para ella, va a consolidar los servicios públicos que todos disfrutamos”. Los gestos de las dos mientras la otra hablaba mostraban la tensión.

En el fragor de la batalla, que está dejando heridas importantes en la coalición, los socialistas difundieron que la propia vicepresidenta segunda, hace un año, cuando hubo un debate similar en la anterior subida del SMI, dijo en el Consejo de Ministros que en algún momento habría que cobrar IRPF a estos salarios, pero ahora ha cambiado de opinión. En Sumar lo desmienten de forma tajante, señalan que solo hubo debates teóricos sobre los efectos de estas subidas, pero su posición política siempre fue clara en contra de que el SMI pagara IRPF, y así lo dijo también Díaz públicamente. Al final, el año pasado se decidió subir el mínimo exento para que el SMI no pagara IRPF, como se había hecho siempre, pero este año Montero, con el apoyo de Sánchez, ha dicho “hasta aquí”. Ahora falta por ver cómo se resuelve el entuerto.

El malestar en la coalición es evidente, y mientras los ministros socialistas critican en privado a Díaz y la llaman “populista”, como hizo públicamente Montero, los de Sumar señalan que la vicepresidenta primera se ha metido en un agujero político imposible y tendrá que rectificar o lo harán ellos, porque cuentan con los votos suficientes para sacar adelante la actualización del IRPF a la nueva subida del salario mínimo. La solución llegará con toda probabilidad con una negociación entre Sánchez y Díaz, pero de momento el disgusto en el Gobierno es enorme por haber convertido una buena noticia en un conflicto interno y una posible derrota parlamentaria del PSOE y también por regalar una baza al PP, que siempre trata de golpear al Ejecutivo en el asunto de los impuestos. De hecho los populares se apresuraron también a presentar una proposición de ley para que el SMI no pague IRPF.

Toda la izquierda parlamentaria aliada del Gobierno discrepa también de la decisión del Ministerio de Hacienda. El más rotundo, como es habitual, ha sido Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, la tachó de “escándalo” y registró también su propia iniciativa para tratar de revertirla. Fuentes de ERC anunciaron ya que apoyarán la proposición de ley de Sumar con el mismo objetivo. Por EH Bildu, su portavoz económico, Oskar Matute, también fue claro: “Cuando las rentas del trabajo tributan más que las rentas del capital, cuando asistimos con tristeza a cómo se le perdonan impuestos a las grandes empresas energéticas, que nos lanzan a la cara sus beneficios extraordinarios, cada vez más extraordinarios, pues nos parece que es la peor manera de empezar la reforma fiscal” . También el BNG anticipó que “trabajará para evitar este tipo de política fiscal”. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, no se pronunció categóricamente, aunque subrayó que en el País Vasco, con competencias plenas sobre la gestión del IRPF, hay un principio de acuerdo entre su partido y sus socios del PSE-PSOE para excluir el salario mínimo de la tributación. “Entiendo a Hacienda, pero entiendo también que hay que ayudar a los que están en situación más difícil”, añadió.

La cuestión queda así en el aire: el PSOE mantiene su posición, y previsiblemente hoy se verá en la sesión de control, en la que Sánchez tenía previsto respaldar a su ministra de Hacienda, que este martes estuvo todo el día en silencio y para este miércoles ha cancelado las preguntas que tenía previstas. En Hacienda señalan que está con fiebre por una gripe. Montero estuvo todo el día con varias reuniones, pero se fue encontrando peor y ha decidido cancelar su participación en el pleno para este miércoles. Pero a pesar de que Hacienda insiste en que no rectificará, los socialistas no tienen votos para evitar una derrota parlamentaria, así que tendrán que buscar una salida política. No será la primera vez que la coalición discute públicamente antes de encontrar soluciones intermedias, pero la diferencia es que esta vez los votos están del lado de Sumar, aunque sea con el respaldo del PP.

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“La argucia se les ha ido por completo de las manos, una vez más se han ensuciado las manos con una artimaña antidemocrática utilizando la fórmula de la corrección de errores para modificar un texto legal aprobado por las Cortes. Estamos ante un tick autoritario de [Pedro] Sánchez con el que se ha producido una total usurpación e intromisión del Gobierno en la potestad legislativa”, ha clamado el senador popular. Como era de esperar, el Senado ha aprobado el último tirón de orejas al Ejecutivo por 148 votos a favor, 90 en contra y 24 abstenciones para que se aprueben dos requerimientos formales al Congreso y el Gobierno y revoquen la modificación. Mientras el PP se erigía en el paladín de la democracia “en la era sanchista”, legiones de turistas fotografiándose en los alrededores del Palacio Real y las terrazas a rebosar de clientela ajenos al panorama desolador que pintaba el principal partido de la oposición y ganador de las últimas elecciones generales, como se han encargado de recordar los senadores del PP, al igual que Feijóo ya había reiterado por la mañana en la reunión que ha mantenido con los diputados y senadores de su partido.

El PSOE ha esgrimido frente a las críticas que se había dado una solución a un error muy concreto que afectaba a unos 2.000 funcionarios de la justicia y que la corrección del error se ajustaba a derecho. El senador Toni Magdaleno ha defendido que la fórmula ideada por el Gobierno y en el Congreso fue “la más eficaz de solventar el error” y el conflicto de atribuciones “no soluciona ningún problema”. “Al Senado nadie le ha usurpado sus atribuciones constitucionales y las ha ejercicio en su lugar”, ha sido el resumen de su intervención, en la que no ha distinguido al PP de Vox y les ha igualado en “su coalición negacionista y de la internacional ultra”.

En esa línea, Magdaleno ha incidido además en que el PP tiene como asesor en el Senado al abogado de Manos Limpias personado en la causa contra el fiscal general del Estado. “Es inaceptable que los ciudadanos sigan pagando el sueldo en diferido al abogado de Manos Limpias que tienen contratado aquí para hacer el trabajo sucio de la ultraderecha. La decencia exige su cese inmediato. A ver si la tienen y actúan en consecuencia”. El discurso de Vox no se ha diferenciado del empleado por el PP: “El PSOE y sus socios tienen una misión clara: destruir a España. Asaltar las instituciones es el deporte base de los socialistas. Cada vez le importa menos saltarse la legalidad. Total, es mejor destruirla, ya que en la situación actual esa destrucción es necesaria para poder sobrevivir. Estamos ante un atropello más de una interminable lista que ha sufrido la constitución y la separación de poderes”, ha afirmado la senadora Paloma Gómez.

La supuesta extralimitación de funciones por parte del PSOE y del Gobierno ha propiciado otra oportunidad a Junts para marcar perfil propio con el fin de que no se le incluya en el bloque de la investidura y tampoco en el de la derecha. “Más allá de quien tiene razón, si el Gobierno o la oposición, y más allá de este denominado conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso, hay una evidencia: la España Política, ustedes, son el país del Lazarillo de Tormes. Es una lástima que la España Política siempre acabe llevando las cosas al límite para así intentar hacer trampas sin parecerlo demasiado”, ha porfiado el senador Eduardo Pujol.

El presidente del Senado le ha interrumpido varias veces y conminado a que hablase en castellano en vez de en catalán: a diferencia de lo que sucede en el Congreso, los senadores solo pueden utilizar el catalán, el gallego o el euskera en la comisión de comunidades autónomas o cuando se debaten mociones en el pleno. “El Partido Popular tiene esta sensibilidad con las lenguas oficiales”, ha reprochado el representante de Junts, que ha aprovechado su turno para recordarle al PSOE su dependencia en el Congreso del voto de los siete diputados de la formación de Carles Puigdemont. “Señorías del PSOE, lo que nos dicen en Suiza también lo deben decir en España. ¿Qué prefieren? ¿El riesgo de perder algún voto o el riesgo de perder el Gobierno? Díganle al presidente Sánchez que espabilen en la aplicación de la ley de amnistía y la defensa de su aplicación correcta”, ha advertido. Un mensaje al que la bancada socialista ha prestado muchísima más atención que a las andanadas del PP.

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Pregunta. ¿Por qué cree que la izquierda esta vez sí puede ganar en Madrid?

Respuesta. La derecha tiene una estrategia perfectamente definida, que se llama antipolítica. Y ha jugado durante años a alejar de la política a grandes capas de la población que defienden la universidad y la sanidad públicas. Es decir, que haya una prosperidad compartida, como dice Salvador Illa. Hay una amplísima mayoría progresista en Madrid que comparte esa visión pero que se abstiene. Hay que movilizarla.

P. En 2003 no gobernaron por el Tamayazo, en 2015 porque IU rozó el 5% pero no llegó, en 2019 ganaron pero no gobernaron. Pero en 2021 y 2023, Ayuso arrasó. ¿Qué tiene que pasar para que tengan opciones en 2027?

R. Ahí tenemos un manual para ganar Madrid. En 2003 fueron las malas artes de la derecha, en 2015 la división de la izquierda y en 2019 una marca blanca llamada Ciudadanos le dio el poder al PP. Ayuso llegó a presidenta con el 22% de votos, y por eso estoy absolutamente convencido de que hay una mayoría progresista en Madrid. Otra cosa es que la derecha haya conseguido adormecerla, que la participación sea bajísima en los barrios progresistas. Hay unos poderosos intereses detrás, mucha pasta de gente que quiere ganar más pasta y por el camino financia a pseudomedios y agitadores para distraer la atención y no hablar de lo importante.

P. ¿La clave es la baja participación en los barrios populares?

R. Las zonas que tradicionalmente son más conservadoras acumulan participaciones por encima del 80%, mientras que las de tendencia progresista muchas veces están por debajo del 50%. Hay que romper el viejo truco de la derecha y explicarle a la gente que les están robando a manos llenas. La derecha está convirtiendo a los ciudadanos en clientes, expulsando por ejemplo a la gente de la universidad pública. Cuando yo estudié en la universidad pública, había más públicas que privadas. Hoy hay más del doble de privadas que públicas en Madrid. Tenemos que hacer un sobresfuerzo y mucha pedagogía. Un ejemplo: hoy habría más de medio millón de madrileños que estarían pagando menos alquiler si se aplicara la ley de vivienda y hubiera zonas tensionadas declaradas. Porque hay desgravaciones para los que bajan los precios, pero no se aplican porque Ayuso no quiere aplicar la ley. La gente no tiene un millón y medio de euros para comprarse un piso en Madrid ni 1.500 euros para pagar un alquiler.

“La derecha está robando a manos llenas a los madrileños, los convierte en clientes”

P. ¿La derecha ha logrado que en Madrid no haya conciencia de clase, que la sociedad madrileña sea una sociedad aspiracional?

R. Absolutamente. Es verdad que la sociedad ha cambiado y que la derecha ha perfeccionado sus técnicas invirtiendo mucho en España, Estados Unidos, Argentina, Brasil y en toda Europa. En el caso de Madrid, Ayuso tiene el monopolio de la ultraderecha. Es la mejor representante en Madrid de la ola trumpista que hay en el mundo. Las mismas prácticas, discursos, insultos, la polarización extrema, alimentando polémicas absurdas que distraen del debate esencial. Mientras, debilitan lo público y te hacen ir a la privada. Cuanto más deterioran lo público, más clientes generan para la universidad privada, para la sanidad privada o para la vivienda no intervenida. La izquierda puede ganar siendo valiente, hablando claro, contando la verdad, porque esta es la verdad.

P. Ayuso ha dicho esta semana que el presidente del Gobierno la quería matar políticamente.

R. Es un ejemplo de lo que decía, una astracanada más. Son polémicas absurdas que generan distracción, horas de tertulias y titulares de periódicos. El espacio que ocupan esas tonterías no lo ocupan la sanidad, la educación o el empleo.

“Ayuso es la mejor representante en Madrid de la ola trumpista que hay en el mundo”

P. Habla de la izquierda valiente, ¿el PSOE de Madrid no lo ha sido estos años?

R. El PSOE de Madrid lleva mucho tiempo en la oposición y la oposición desgasta; pero también creo que, de las últimas siete elecciones, hemos podido gobernar tres veces. Es evidente que también tenemos que hacer autocrítica. Mientras yo esté al frente, el PSOE de Madrid va a llamar a las cosas por su nombre. ¿Están o no están infrafinanciadas las universidades de Madrid? ¿Y la sanidad pública? ¡Tenemos el menor gasto por habitante de toda España! Madrid es un territorio próspero, el problema es que esa riqueza se acumula en pocas manos y crece la desigualdad. Estoy seguro de que mucha gente va a responder a esa llamada y habrá un cambio en Madrid en 2027.

P. ¿Por qué cree que la internacional ultra se reúne justo en Madrid?

R. Madrid es una tierra abierta, es la capital del Orgullo Gay, está llena de gente que sí cree en la justicia social, pero Ayuso le da una medalla a Javier Milei, que dice que la justicia social es aberrante. Hay un corpus ideológico compartido, un discurso negacionista del feminismo, la ciencia o del cambio climático con un modus operandi: el lío, la bronca, el insulto, la simplificación al máximo del mensaje para que todo sea binario. El tipo más rico de la historia [Elon Musk] compra la red social más poderosa del planeta y a partir de ahí quita los elementos de verificación y lanza campañas de apoyo a la extrema derecha alemana. En el caso de España, hay un elemento central: un Gobierno que ha cambiado la ortodoxia económica. La derecha y la ultraderecha no soportan que haya un Gobierno progresista que bate récords de empleo y crecimiento, subiendo las pensiones y el salario mínimo, porque les rompe toda la teoría. Jamás en la vida hubo más gente trabajando en España. Rajoy soñaba con llegar a 20 millones de empleados y estamos casi en 22 millones. El enemigo a batir de la ola ultraderechista es España, es su Gobierno, es Pedro Sánchez, que ya les derrotó en julio de 2023.

P. ¿Qué efecto puede tener Trump, va a hacer crecer a la derecha o le puede penalizar si empieza a tomar medidas que perjudiquen a España?

R. Nosotros, como Gobierno, queremos mantener la mejor relación con Estados Unidos. Nos jugamos muchas cosas, hay mucho intercambio comercial. Pero también creo que Europa tiene que reaccionar.

P. El PP evita pronunciarse sobre Trump.

R. El PP está perdido, es un drama, corre como un pollo sin cabeza y no ha sabido defender su territorio. Ha acabado acomplejado, agobiado y angustiado por la ultraderecha y ha comprado el marco de Vox. El mismo día que Angela Merkel estaba frenando a los suyos para no pactar con la ultraderecha, Miguel Tellado decía que el PP tenía que tener una mejor relación con Vox. Van al bulto, sin luces largas, sin una estrategia a medio plazo. Todo es al choque.

“El PP está perdido, acomplejado y angustiado por la ultraderecha y ha comprado el marco de Vox”

P. Vox está en máximos pese a sus crisis internas.

R. El PP y Vox son vasos comunicantes y de la debilidad del PP se extrae la fortaleza de Vox. Es matemático. Todo lo que no ocupe el PP, lo ocupa Vox. El problema es que Vox le está comiendo el terreno no solamente a nivel electoral, sino intelectual. El PP le sigue en su discurso xenófobo contra la inmigración.

P. ¿Por qué ha elegido a Pilar Sánchez Acera como su número dos? ¿Y si acaba investigada?

R. Me gusta trabajar con gente buena, trabajadora, honesta, sencilla, que conoce el partido como la palma de su mano. ¿Cómo es posible que la pareja de Ayuso todavía no haya declarado ante el juez y sí el fiscal general? ¡Es el dedo en la luna! Quien defraudó fue la pareja de Ayuso. Quien filtró un bulo fue el jefe de gabinete de Ayuso. Son capaces de montar un caso sobre la nada y perseguir a personas inocentes, valiosas y humildes como Pilar.

P. ¿Le parece que el Tribunal Supremo está haciendo lo correcto en la investigación por la filtración del mail del caso de la pareja de Ayuso?

R. Obviamente no. Compañeros suyos periodistas le han dicho al juez que tenían esa información antes que él [Álvaro García Ortiz, el fiscal general]. Me extraña que no se haya tenido en cuenta su declaración o que Miguel Ángel Rodríguez mintiese en sede judicial. Lo que más rabia me da es que al final Miguel Ángel Rodríguez y los suyos consigan que estemos discutiendo de esto, persiguiendo a quien persigue los delitos, mientras se fuman un puro en un ático pagado supuestamente con dinero defraudado a Hacienda.

P. Ha pasado un año y el escándalo de su pareja no parece aparentemente tener un coste electoral para Ayuso.

R. Lo veremos con las elecciones. Ayuso vive sentada en una montaña de chanchullos que acabarán saliendo tarde o temprano, por una parte o por otra, mientras encima trata de victimizarse.

P. ¿El Gobierno y su entorno está sufriendo un acoso judicial?

R. Sin ninguna duda. Todas las denuncias que se han presentado vienen de organizaciones ultraderechistas como Manos Limpias o Hazte Oír. Gran parte nunca deberían haberse admitido a trámite, según la jurisprudencia del Supremo. Y son prospectivas. Aznar dijo aquello de “él que puede hacer que haga” y algunos lo entendieron.

“La derecha y la ultraderecha no soportan que haya un Gobierno progresista que bate récords de empleo”

P. ¿Por qué ha dimitido el hermano del presidente del Gobierno de su puesto en la Diputación de Badajoz?

R. Entiendo que la gente acabe cansada y harta de que se metan en su vida privada, de que destrocen la vida de personas inocentes, honradas y humildes.

P. ¿Les preocupa que el caso Koldo se extienda a otros ministerios?

R. No, el PSOE actuó con contundencia. Siempre he dicho lo mismo: nadie está a salvo de tener un caso de corrupción. Nadie. Lo importante es cómo se responde.

P. ¿Ve a Junts rompiendo con el Gobierno?

R. La relación con Junts nunca ha sido fácil, estamos muy lejos ideológicamente y esto es partido a partido como dice el presidente. Hemos demostrado, y llevamos siete años de gobierno, que sabemos articular mayorías en el Parlamento.

P. ¿Habrá Presupuestos?

R. Si algo ha demostrado el Gobierno de Pedro Sánchez es que nunca tira la toalla, que se empeña hasta el final, que trabaja con esfuerzo, que se sienta, que practica el diálogo. ¿Es fácil? No. Pero este Gobierno y este presidente sacan las cosas adelante. Hace unas semanas perdimos una votación en el Congreso, se encendieron todas las alarmas, corrieron las quinielas, y una semana después resulta que Feijóo volvió a pinchar y el Gobierno salió reforzado.

P. ¿Qué va a suceder con las coberturas de Muface?

R. El mensaje de tranquilidad que he lanzado a los mutualistas será una realidad, cuando acabe el plazo se renovará el concierto. He escuchado mensajes positivos de las aseguradoras.

P. ¿Le pedirá el acta de senador a Juan Lobato?

R. No le voy a dedicar un minuto a lo interno. Es tan grande el reto, tan importante y tan difícil, que perder el tiempo en estas cosas es ridículo. Ese es uno de los errores que ha cometido el PSOE en Madrid durante mucho tiempo.

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“Madrid no necesita una izquierda que salga a defender el resultado, Madrid necesita una izquierda que salga a ganar el partido, y ese es el PSOE”, ha apelado el presidente del Gobierno, quien ha cuestionado la autoridad de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP y ha vinculado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la ultraderecha global reaccionaria. “¡Aquí nació el PSOE, en Madrid! Y el PSOE es un partido ganador”, ha remachado Oscar López. “¿Qué es eso de que Madrid es derechas? Rafael Simancas tuvo que gobernar en 2003 y no gobernó por las malas artes de la derecha [en alusión al Tamayazo]. Ángel Gabilondo se quedó a un escaño de gobernar en 2015 y no lo hizo por la división de la izquierda [IU no entró por unos miles de votos en el Parlamento regional tras presentarse en solitario Podemos]. Y Gabilondo ganó las elecciones en 2019 y no gobernó por la marca blanca del PP, que se llamaba Ciudadanos. Eso se acabó, ¡en 2027 a ganar y a gobernar también, porque esto es Madrid!”, ha clausurado el sucesor de Juan Lobato el 15º congreso regional del PSOE madrileño. El ministro de Transformación Digital y Función Pública ha sido la figura indiscutible de un congreso en el que Sánchez se ha declarado “admirador declarado” suyo y se ha mostrado seguro de que su exjefe de gabinete y compañero de correrías cuando daba sus primeros pasos en el escalafón de Ferraz “tiene la capacidad de liderazgo y de articular grandes mayorías para que en 2027 haya un cambio en Madrid”.

La principal conclusión del cónclave es que el PSOE pretende sacudirse de encima todos sus complejos en Madrid y no izará la bandera blanca por adelantado ni le regalará la victoria a Isabel Díaz Ayuso, la némesis del Ejecutivo con permiso de Feijóo. El desafío que Sánchez y López se han puesto como tarea es transmitir al resto de la organización y a su electorado la fe en la victoria, que el cambio en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, es posible en 2027 y que pasa por “persuadir”, con las políticas progresistas del Ejecutivo como bandera, a los votantes de izquierdas para que se movilicen en las urnas y no se queden en sus casas. La alternativa sería, según Sánchez, el éxito de un proyecto que identifica con recortes, que gobierna para los ricos y la extrema derecha que se expande por las democracias liberales. “Aquí no tenemos a una internacional ultraderechista, aquí tenemos a la multinacional ultraderechista, que consiste en lo siguiente: Yo te pongo una alfombra roja para que hagas negocio con los derechos de la gente y a cambio te financio pseudomedios digitales y tertulianos en las televisiones y en las radios para expandir bulos, desinformación y condicionar el debate público en la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España. Esa es la multinacional ultraderechista, la coalición entre los de arriba que tienen el dinero y el Partido Popular y Vox cuando es necesario. Todos ellos unidos por la pasta para hacer negocio con los derechos de la gente”, ha arremetido Sánchez contra la presidenta de Madrid. Ayuso le concedió el año pasado a Javier Milei la medalla internacional de la región en plena crisis dilplomática del presidente argentino con el Gobierno central. Vox celebrará el 8 de febrero un acto público en Madrid con líderes de la extrema derecha europea como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y la líder del Reagrupamiento Nacional francés, Marine Le Pen.

El PSOE no gobierna la locomotora económica de España desde hace 30 años, un periodo en el que el PP ha convertido a la región en su incubadora de ideas y campo de pruebas para sus políticas, en muchas ocasiones neoliberales, antes de su exportación a otras comunidades autónomas. “Lo hicimos en España y lo vamos a hacer en Madrid porque esta es la izquierda valiente”, ha martilleado López, que repitió una y otra vez el lema escogido para el congreso, al que han acudido los ministros Félix Bolaños, Pilar Alegría —que se acaba de imponer, también sin necesidad de primarias, como secretaria general en Aragón— y José Manuel Albares, la presidenta del Congreso Francina Armengol, el portavoz parlamentario Patxi López y Eneko Andueza, secretario general de Euskadi. “Juntos vamos a recuperar Madrid, no tengáis ninguna duda. ¿Sabéis por qué va a perder Ayuso? Por una razón muy sencilla, porque la izquierda no la soporta, pero la mitad de la derecha tampoco”, ha afirmado López en el auditorio de la Universidad Carlos III de Leganés. Una elección que es un guiño claro a la defensa del modelo de enseñanza público y de calidad en una comunidad que se ha convertido en el paraíso de las universidades privadas. La región no solo es la que menos invierte por alumno en España pese a su renta per cápita regional, también es la que cuenta ya con 13 universidades privadas y seis públicas ―la última fue inaugurada en 1996― y la intención del Ejecutivo de Díaz Ayuso es que se implanten más. López se ha comprometido a aplicar en Madrid una moratoria sine die a la creación de universidades privadas si el PSOE gobierna. El ministro está seguro de poder aprovechar, frente a la desafección de la izquierda, el malestar por los recortes y falta de financiación en servicios públicos como la sanidad y la educación, con Madrid a la cola de toda España. Por el momento, su ejecutiva obtuvo un respaldo del 83,37% —Lobato obtuvo un 76,2% en su único mandato— mientras Sánchez alternaba los golpes contra Ayuso y Feijóo.

“La revalorización de las pensiones va p´alante”

Sánchez ha aprovechado las contradicciones del PP con el decreto ómnibus, al que Feijóo ordenó votar en contra y ha anunciado tras su modificación que votará a favor condicionado por la reacción de los 12 millones de pensionistas, para cargar contra Feijóo. “[Ayuso] Ha puesto Madrid en venta y ya sabemos quien se lleva la comisión. Feijóo tiene muchos argumentos y razones de peso para exigir una dimisión como una casa, bueno como un ático, a Ayuso y no lo hace”, ha afirmado el líder del PSOE aludiendo a la polémica que rodea a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, investigado por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental, y la vivienda en la que reside con la presidenta regional. “Sabéis por qué? Porque Feijóo no quiere acabar como Pablo Casado. A veces me pregunto que pensará Casado después de ver a Feijóo, pero al paso que va, se va a abrir la puerta solo... La política nacional a Feijóo le pilla lejos o le queda grande. Hace bueno el dicho de otro vendrá que bueno me hará”, ha incidido mientras resaltaba los vaivenes del PP con el decreto ómnibus. “Feijóo está que si sí, que si no… En Madrid son más de p´alante. Feijóo, el autor de no soy presidente porque no quiero, ahora viene con que vota que sí a la revalorización de las pensiones cuando su voto es irrelevante. Cuando su voto es decisivo votan que no y cuando no, votan que sí. No son de fiar. Nosotros en cambio cuando estamos en el Gobierno la revalorización de las pensiones va p´alante, las ayudas al transporte, p´alante, y el escudo social claro que va a ir p´alante. Y la economía española no va p´alante, va muy p´alante”, ha aseverado apropiándose del lema fetiche del PP de Madrid acuñado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. Sánchez ya le dio la vuelta a su favor al lema zurdo, empleado de forma despectiva por Milei para referirse a la izquierda.

La declaración de guerra a la presidenta madrileña no acabó ahí. La confección de la nueva dirección regional del PSOE, del agrado de los alcaldes de las grandes ciudades del sur de Madrid y del corredor del Henares y de las distintas familias de la federación, fue toda una declaración de intenciones. Y no solo por la elección como secretaria de Organización de Pilar Sánchez Acera, el el ojo del huracán desde que Lobato decidió registrar ante notario la conversación en la que le facilitó información sobre el fraude de la pareja de la presidenta de Madrid y el correo electrónico en el que el abogado de González Amador había propuesto un acuerdo a la Fiscalía reconociendo la comisión de dos delitos fiscales. Además, el delegado del Gobierno, Fran Martín, será el número cuatro de la ejecutiva como secretario de Política Institucional. Sánchez Acera recibió el nombramiento como “un reconocimiento” a su trabajo. La número tres será Lorena Morales, encargada en la Asamblea de Madrid del escándalo de las muertes de más de 7.000 ancianos en residencias en la pandemia. “Yo no quiero un Madrid donde la vida y la muerte dependa de un seguro privado, no hemos llegado aquí para eso”, ha remarcado López, sobre los residentes que salvaron su vida en lo más crudo de la pandemia al ser derivados a hospitales por contar con un seguro. Javier Guardiola será el portavoz de la dirección autonómica, otra de las grandes novedades de un congreso al que Lobato no asistió.

“Tenemos una responsabilidad, que la izquierda se una y sea valiente para luchar en este momento para defender la democracia y las libertades. Algunos están intentando arrogarse esa palabra tan bonita que es la libertad, una libertad que trajimos muchísimos españoles de izquierdas que estuvieron luchando por traer la libertad y la democracia. No podemos permitir que esa palabra se la apropien cuando además están intentando borrar lo que significó la memoria”, ha sentenciado Paca Sauquillo, nueva presidenta de la federación madrileña.

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La parada del líder del PSOE este fin de semana en Comunidad Valenciana y Madrid (dos de las 11 comunidades que preside el PP) tienen por ello una dimensión especial. El despliegue de Sánchez, Illa y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que repetirán cartel en los dos congresos, muestra la relevancia que en Ferraz y La Moncloa le otorgan a ambos territorios, que aglutinan a 12,5 millones de habitantes, el 25% de la población de España. La situación de la que parten Diana Morant y Óscar López es dispar. La sensación que recorre al PSPV-PSOE es que la gestión del presidente autonómico, Carlos Mazón, ha hecho de la dana puede propiciar un cambio rápido en la Generalitat tras el golpe emocional que supuso la pérdida de poder institucional en las elecciones de 2023. “El partido está en posición de gobernar, puede haber vuelco en solo una legislatura”, creen en la dirección de la tercera federación con más militantes tras Andalucía y Madrid (el PSC es el partido hermano del PSOE en Cataluña). La misión del ministro de Transición Digital y Función Pública y exjefe de gabinete de Sánchez se antoja mucho más ardua en Madrid, donde el PP gobierna de forma ininterrumpida desde 1995. Y cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, compite con el teórico líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como referente de la derecha.

El congreso de Valencia no está pensando para reforzar sin más a la ministra de Ciencia, que cumple justo un año de que fuera elegida la candidata de consenso para suceder a Ximo Puig. “Diana está fuerte porque cuenta con el respaldo de Sánchez, como se ha visto en otras federaciones”, resaltan en la cúpula del PSPV, donde abundan quienes piensan que Morant tiene que aprovechar la ocasión para dar un golpe de autoridad. Y la manera de hacerlo sería remozando los liderazgos provinciales. Los primeros movimientos ya se han producido: el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, dará el paso según distintas fuentes de la federación y se postulará para liderar el partido en la provincia de Valencia, responsabilidad que ahora desempeña el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, que el año pasado fue nombrado vicesecretario general del PSPV dentro del pacto que coronó a Morant.

La candidatura de Raga se enmarca dentro de la estrategia de los afines a Morant para hacerse con el control de la segunda provincia con más militantes de España. El secretario provincial de Alicante, Alejandro Soler, que también es el presidente de la federación, fue el otro aspirante que el año pasado dio un paso atrás tras la mediación de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, para no tensar al partido en unas primarias. Soler entró en la actual dirección federal del PSOE y tiene detractores que opinan que no debería acumular tantos cargos orgánicos. “Es la oportunidad de ordenar el partido y demostrar quién manda”, sentencian voces muy bien posicionadas de la federación. El empuje de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a la que Sánchez incorporó en su ejecutiva en el congreso de Sevilla, es tan indiscutible como el de Morant. Todas las voces consultadas la sitúan dentro de dos años como la candidata al Ayuntamiento de Valencia.

Donde ahora mismo no hay ruido interno es, pese a la fama que lo persigue, en el PSOE madrileño. El apoyo de Sánchez impone y es determinante, como se acaba de demostrar en Aragón, donde Pilar Alegría no ha necesitado ir a primarias para ser la sucesora de Javier Lambán, que el miércoles anunció su renuncia como senador por designación autonómica y su retirada de la vida política institucional. López fue proclamado secretario general sin necesidad de primarias tras la crisis que acabó con la dimisión de Juan Lobato después de que registrara ante notario cómo el pasado 14 de marzo Pilar Sánchez Acera, en ese momento la jefa de gabinete de López en La Moncloa, le facilitó información sobre el fraude de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador había propuesto un acuerdo a la Fiscalía reconociendo delitos fiscales. Una jugada que en el PSOE no se entendió y puso en el disparadero a Sánchez Acera.

Dos meses después, la federación ha dejado atrás el trauma en que se vio inmersa. López ha inaugurado la nueva etapa con un estilo mucho más combativo, yendo al cuerpo a cuerpo con Ayuso, que el de su predecesor. “El ambiente ha mejorado mucho, lo que está haciendo Óscar desde que ha llegado con sus andanadas a Ayuso es muy agradecido por la militancia. Ha levantado el ánimo en el partido”, resume un histórico del socialismo madrileño. “La clave es movilizar a nuestro electorado, despertarles y sacarles de la desafección. Ya ganamos en 2019, pero Ciudadanos prefirió al PP. Tenemos que hacerles creer a los madrileños que es posible gobernar y eso pasa por ejemplo por que capitalicemos las medidas sociales del Gobierno como la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo o las ayudas al transporte. Tiene que quedar claro que llevan el sello del PSOE”, apostilla un referente del PSM.

El lema escogido para el congreso madrileño, Izquierda Valiente, es la idea que López quiere transmitir para recuperar terreno y arrebatar, para empezar, a Más Madrid el rol de principal partido de la oposición. La abogada laboralista, política y fundadora de la ONG Movimiento por la Paz Paca Sauquillo será nombrada presidenta del PSOE de Madrid, otro guiño clarísimo a la izquierda madrileña. Pero habrá más y de muchísimo calado: Sánchez Acera tendrá “un papel importante” en la ejecutiva de López. La opinión unánime de todos los cuadros consultados es que será la próxima secretaria de Organización de la federación más indómita del PSOE.

La supervivencia política del presidente del Gobierno depende en gran medida del éxito que tenga el rearme en que los socialistas se encuentran inmersos en los territorios. Una renovación de liderazgos ejecutada con pesos pesados del Gobierno, con el relevo de Juan Espadas por la vicepresidenta primera María Jesús Montero como bandera. Sánchez confía en recuperar el gen competitivo en los territorios con un desembarco de ministros en las baronías que contribuya a otra remontada en las próximas elecciones generales. Sánchez insiste en que no tiene ninguna intención de adelantar esos comicios antes de 2027. Así lo ha repetido en las últimas semanas en los congresos autonómicos de Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias. Hay dirigentes socialistas que han asistido a esos cónclaves que especulan con que Sánchez pueda decidirse por un superdomingo electoral con legislativas, autonómicas y municipales, pero lo único cierto es que nadie en el PSOE se atreve a descartar cualquier posibilidad con un presidente tan hermético como imprevisible.

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“Es mi deseo poner en conocimiento de esta autoridad policial estos hechos que considero muy graves, toda vez que desde el año 2020 (enero) se intervinieron unas comunicaciones vía WhatsApp entre dos autoridades (...) y por ende dos aforados, que para intervenir dichas comunicaciones por parte de la Autoridad Central Operativa de la Guardia Civil debieron de solicitar el correspondiente mandamiento a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, motivándolo porque deberían de entender que tanto el Sr. Sánchez como yo nos encontrábamos inmersos en la comisión de un ilícito penal”, afirma Ábalos en la denuncia a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que presentó el 28 de enero ante la Jefatura Superior de Madrid.

El Instituto Armado no obtuvo la información por una intervención del teléfono de Ábalos: lo hizo por el seguimiento al móvil de Koldo García, el asesor de confianza de Ábalos en sus tres años en el Ministerio y que da nombre a la presunta trama de corrupción, al que el exministro reenvió un pantallazo de parte de una conversación que mantuvo con el presidente del Gobierno. Así consta en un informe de la UCO del pasado octubre. Según los investigadores, Ábalos tenía previsto reunirse en su despacho con Rodríguez durante su viaje frustrado a España.

Los mensajes recabados por el Instituto Armado constatan que el ministro mintió al presidente del Gobierno sobre las razones de la visita de la vicepresidenta de Venezuela. Pese a que la dirigente chavista tenía prohibida su entrada en España por un acuerdo del Consejo de la Unión Europea, Víctor de Aldama, que habría sido una pieza clave en la presunta trama del caso Koldo, preparó para ella una agenda de cuatro días en Madrid que incluía varios encuentros con empresarios españoles y una reunión con Ábalos en su despacho. El cruce de mensajes dejaba constancia de que Ábalos informó brevemente de la visita al presidente del Gobierno pero no fue claro sobre las razones del viaje. Tras informarle de otro asunto referido a Aena, Ábalos añadía en un mensaje a Sánchez tres días antes de la fecha prevista para la llegada de la política venezolana: “Para terminar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en viaje privado el próximo lunes y quiere verme discretamente. La gestión que acordamos con empresas españolas ha permitido que Duro Felguera cobre una deuda importante”. Sánchez respondió: “Bien”. Fuentes de La Moncloa negaron cuando se conoció ese informe de la UCO que el presidente autorizara la visita y afirmaron que, cuando el Gobierno se dio cuenta de que Rodríguez tenía prohibida la entrada en la UE, el viaje se canceló.

“Me parece de tal gravedad que los miembros de un Gobierno estén siendo espiados por las Fuerzas de Seguridad del Estado, y concretamente por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al objeto de abrir una investigación que en enero de 2020, al menos que tenga conocimiento, no estaba ordenada por ningún órgano judicial y mucho menos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dada la condición de aforados y miembros del Gobierno de España”, insiste Ábalos en su denuncia. Y destaca que “estas circunstancias de intervención de las comunicaciones” aparecen recogidas en el diario de sesiones del Senado del pasado 21 de noviembre, “por lo que se da por sentado la comisión del ilícito penal”. Con esos argumentos, solicita a la Policía Nacional que proceda a investigar “esta actuación irregular e ilícita en un Estado de Derecho democrático”.

El magistrado Leopoldo Puente, instructor en el Tribunal Supremo de la causa abierta por posibles irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, dictó el 18 de diciembre un auto en el que pedía permiso al Congreso para suspender la inmunidad del exministro al haber encontrado contra él “indicios bastantes” de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El juez justificó su petición en que había “llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados” de la posible participación de Ábalos que requería la autorización de la Cámara para proseguir con la investigación.

A raíz de esa petición, el pleno del Congreso aprobó por 345 votos a favor, ninguno en contra y la ausencia del afectado conceder el suplicatorio, necesario para suspender la inmunidad por su condición de aforado, del número tres del PSOE y hombre fuerte del Gobierno en los primeros años de mandato de Sánchez en La Moncloa hasta su caída abrupta, y sin explicaciones, en la remodelación del Ejecutivo de julio de 2021. Ábalos fue expulsado del grupo socialista y suspendido cautelarmente de militancia tras negarse a entregar el acta cuando el caso Koldo estalló el escándalo hace un año. Desde entonces forma parte del grupo mixto.

Denuncia ampliada

El exministro amplió el miércoles su denuncia por el operativo de la Guardia Civil “destinado a interceptar una documentación” que según Ábalos el entonces subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez —cesado tras su imputación en el caso Koldo—, le pidió a Koldo García que se la hiciera llegar al ya exministro. En ese momento, García estaba siendo investigado bajo secreto de sumario y tenía las comunicaciones intervenidas. Koldo encargó a su hermano Joseba que se la llevara Ábalos a Valencia y fue interceptado en la AP-7 por una patrulla del Grupo de Reacción Rápida del Instituto Armado, que fotografió la documentación, que según la UCO constaba de tres documentos “directamente relacionados con la adjudicación de los contratos investigados a Soluciones de Gestión”. Detrás de esta compañía se encontraban presuntamente los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, con el propósito de conseguir adjudicaciones de forma ilícita de las Administraciones Públicas durante la pandemia. La firma fue adjudicataria en 2020 de ocho contratos para el suministro de material sanitario mediante el procedimiento de negociado sin publicidad y con carácter de emergencia.

“La Guardia Civil establece un operativo para hacerse con un envío de un alto cargo del Gobierno dirigido a un diputado del Congreso de los Diputados que a la vez, en ese momento, era presidente de la Comisión de Interior. Si ya de por sí estamos ante un presunto delito de interceptación de correspondencia (...), ello se agrava en la medida en que afecta a un diputado aforado que ve de este modo perturbada su representación popular”, alega el exdirigente del PSOE. Ábalos sostiene además que la identificación de su vehículo particular tras hacerle la entrega Joseba García en su domicilio, “averiguando la titularidad del mismo tomando nota de la matrícula, lo cual es un ejemplo de vigilancia sobre mi persona y de consulta en fuentes de datos sobre mi persona”.

“Además de este hecho, hay otras evidencias que acreditarían una investigación sin amparo judicial contra mi persona”, sostiene Ábalos, que pone como ejemplo un informe de la UCO de enero de 2023 en el que “se exponen toda una serie de alojamientos y estancias” en su condición como ministro, “detalles de viajes privados” y consultas al Registro de la Propiedad para identificar la titularidad de un inmueble. Ábalos subraya que el escolta Rubén de Aldama, hermano del empresario y comisionista Víctor de Aldama investigado en la trama, “no estaba siendo investigado y sin embargo es utilizado como excusa para investigar en las bases de datos” sus alojamientos y desplazamientos.

Ábalos sostiene en sus recursos ante el Parlamento y el Supremo que es inocente y que es víctima de una persecución policial y judicial cuyo propósito último es derribar al Gobierno. “No he firmado nunca ningún modificado o adjudicación”, defendió en su declaración a mediados de diciembre en el Supremo. Un mes después, el exministro alegó sin éxito en su comparecencia para reclamar amparo en la comisión del Estatuto de los Diputados del Congreso que se le había practicado una “investigación prospectiva” con todo tipo de irregularidades para someterle a una “cacería política” con el objetivo de dañarle a él, a su expartido y al Gobierno. Ábalos no convenció a los diputados de los diferentes partidos, incluidos sus excompañeros del PSOE, de que se le había practicado una “investigación prospectiva”. La comisión del Estatuto desestimó sus alegaciones y elevó al pleno el suplicatorio para que se le investigue en el caso Koldo.

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Pero para andanada la de que Sánchez debería convocar elecciones “si llega a la conclusión de que no puede sacar adelante el proyecto de investidura”, que “nació con una dosis importante de inviabilidad”. Ahí es nada, mientras el presidente del Ejecutivo repite en cada congreso autonómico del PSOE que terminará la legislatura y no habrá elecciones hasta 2027. Por cierto, y aunque con Sánchez es imposible hacer pronósticos, en el PSOE va calando la idea de que la jugada sería un superdomingo electoral con generales, autonómicas y municipales. Con Sánchez y García-Page jugándose los garbanzos el mismo día, espalda con espalda, una urna pegada a la otra. El barón reconoció que la relación con el líder de su partido es “muy poca, básicamente la institucional” y que hablan “muy poco”. “Lo quiero desdramatizar, un presidente del Gobierno tiene mil líos”, le restó importancia. “No le doy muchas alegrías y me gustaría porque en la suerte del presidente está la suerte del país”, abundó sobre sus discrepancias mientras a continuación pedía “coherencia”.

Los dos se dieron una tregua hace dos semanas en el congreso regional en el que García-Page fue reelegido secretario general en Castilla-La Mancha, responsabilidad que desempeña desde 2012, y su ejecutiva validada con un respaldo del 99,4%. No hay ningún líder territorial del PSOE con tantos trienios. “Siempre preferiré a un presidente socialista que a un presidente de derechas”, afirmó Sánchez, que le ensalzó por “estar a la altura” en la gestión de la dana frente a la “miseria moral” del PP. “El PSOE está por encima de cualquier dirigente y cualquier época (...) Un partido no es una persona”, apostilló García-Page en El Hormiguero, rechazando las etiquetas de sanchista, como todo el mundo ya sabía, “ni de pagista”. “Mi segundo apellido es Sánchez. No quisiera que se criminalice mi apellido”, bromeó mientras soltaba varias descargas contra el PP, algo que suele pasar más inadvertido, sobre todo para el ecosistema de la derecha. “Al PP le molesta muchísimo haber vendido la piel del oso antes de cazarla y yo no le voy a hacer el trabajo sucio”, fue una de sus perlas. “Conozco a Feijóo de cuando era presidente autonómico y nos entendíamos bastante bien. De hecho, llegamos a firmar acuerdos en materia de financiación autonómica, compartíamos algunas cosas. El problema es que se las prometían muy felices, pensaban que a la primera iba a ser fácil desbancar al Gobierno, a Pedro Sánchez. Y todavía se les ha quedado un poco ese rictus de cariacontecidos, como que todavía no se han terminado de explicar” la victoria pírrica de julio de 2023 en la que el PP ganó sin los apoyos para poder gobernar. Bueno, aunque según Feijóo no es presidente de España porque no quiso. “Me gustaría que el perfil que Feijóo mantenía como presidente autonómico, de buscar entendimientos y consensos, se mantenga también ahora”, zanjó García-Page.

Gracias a @garciapage y a los 4.935.000 espectadores únicos que nos acompañaron anoche ¡fuimos el PROGRAMA MÁS VISTO! ❤️ #audiencias #GarcíaPageEH pic.twitter.com/dwvRRkocJg

— El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 28, 2025

La audiencia es como el cliente, que siempre tiene razón, o como el algodón, que nunca engaña, y García-Page le otorgó una victoria incontestable a Motos en su rivalidad con David Broncano. El presidente socialista se merendó en su tierra a Alejandro Sanz, el invitado estrella de la noche en TVE. Según la consultora audiovisual Barlovento, la entrevista al político del PSOE que nunca se muerde la lengua arrasó en la audiencia televisiva de Castilla-La Mancha, donde consiguió un 31,7% de share, frente al 10,6% que registró La Revuelta. En la franja nacional en la que coincidieron ambos programas, entre las 21.55 y las 23.11, El Hormiguero alcanzó los 2.282.000 espectadores de media, con una cuota de pantalla del 16,4%. La Revuelta logró 2.179.000 seguidores de media, con un 15,6% de cuota.

⚪️ En la franja de coincidencia (21:55h-23:11h) @larevuelta_tve y @El_Hormiguero obtuvieron los siguientes resultados:

🗣️ @El_Hormiguero 2.282.000 espectadores de media y el 16.4% de cuota.

🗣️ @larevuelta_tve 2.179.000 espectadores de media y el 15.6% de cuota.#Audiencias… pic.twitter.com/fcBNaC5En4

— Barlovento Comunicación (@blvcom) January 28, 2025

La entrevista le sirvió a García-Page para visibilizar aún más su condición de jinete solitario, al más puro estilo cervantino, ahora que Sánchez ha logrado “alinear” el discurso de casi todas las federaciones del PSOE, sin necesidad siquiera de primarias en Aragón, donde el poderío de Pilar Alegría ha abierto una nueva era tras 12 años de lambanismo. “Hay mucha gente en Ferraz que piensa muy similar a mí, aunque no todo el mundo tiene tribuna para decirlo en público”, deslizó ante Trancas y Barrancas reconociendo que la posición que defiende dentro del PSOE no es la oficialista. “Si te quedas en minoría [en el partido] hay que respetarlo”, añadió con normalidad. En el socialismo hay quienes están seguros de que si García-Page no dijera lo que dice y fuese a tantas procesiones y misas de guardar el PSOE no gobernaría en Castilla-La Mancha. Su conclusión es que La Moncloa y Ferraz deberían la contribución del barón díscolo, el único socialista con mayoría absoluta, en el terremoto electoral de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 en las que el PSOE perdió casi todo su poder territorial. El presidente de Castilla-La Mancha, que achaca ese tsunami que sufrió su partido a los pactos con EH Bildu —la izquierda abertzale incluyó a terroristas con delitos de sangre en sus listas electorales— contó que estuvo amenazado por ETA y durante años tuvo que mirar debajo de su vehículo cuando llevaba a sus hijos al colegio, pero lo que más le dolió fue que vecinos de su urbanización recogieran firmas para pedirle que se fuera.

Y como el Quijote no podía faltar, García-Page no supo ni quiso elegir entre el caballero y Sancho Panza —“son inexplicables el uno sin el otro”— pero aprovechó la obra inmortal de Cervantes para soltar la última pulla a la dependencia del Gobierno del independentismo. “El Quijote, como obra magna, tiene una segunda parte, que en una buena medida discurre en Barcelona. Y precisamente es en Barcelona, en las playas de Barcelona, donde transcurre la última batalla. Y el Quijote, al perder esa batalla en Barcelona, recupera la cordura y vuelve a su tierra. No sé si sirve de metáfora”.

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Los independentistas reclamaban al Gobierno que lleve un decreto nuevo con cuatro asuntos —pensiones, transporte público, ayudas a los afectados por la dana y salario mínimo— y así ellos garantizan su aprobación. Es algo muy parecido a lo que reclama el PP. Pero el Gobierno no confía en los populares, que cada día que pasa ponen más objeciones al decreto, aunque hace una sola semana argumentaron que lo tumbaban por la transferencia al PNV de la sede del Instituto Cervantes en París, un edificio que fue sede del Gobierno vasco en el exilio hasta que lo confiscó la Gestapo en 1940. Y por eso sigue explorando la vía Junts para recomponer la mayoría sobre todo porque, según insisten en el Ejecutivo y ha dicho públicamente Félix Bolaños, principal responsable de este decreto, el texto se pactó con todos los grupos —incluido Junts— en diciembre, y, por tanto, no debería ser imposible reconstruir ese acuerdo para salvar, si no todo el texto, al menos sí la mayor parte.

Si finalmente no hay acuerdo antes de las nueve de la mañana de este martes y no se lleva el nuevo decreto al Consejo de Ministros, como parece lo más probable, habría que pensar ya en la próxima semana o la siguiente. Para el aumento de las pensiones, la medida más sensible, hay algo de margen porque lo que está en discusión es la nómina de febrero, y no de enero, que está garantizada con la subida acordada por el Gobierno.

Pero el problema es sobre todo político y mediático, porque el PP presiona y este martes aprovechará su mayoría en el Senado para aprobar una iniciativa a favor de la subida de las pensiones que su voto tumbó en el decreto ómnibus y así tratar de culpar al Gobierno por que no se haya garantizado aún ese aumento. El Ejecutivo, por su parte, insiste en que si el PP se hubiera abstenido el pasado miércoles, una posición que ha tenido otras veces en situaciones así, ya estaría aprobada la subida, y, por tanto, le responsabiliza de la situación de inquietud que viven los pensionistas.

Pedro Sánchez necesitaría resolver el asunto cuanto antes, como le reclamó este lunes Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, para poder centrarse en su propia agenda política y económica y salir del bucle al que le lleva Junts, que supone un evidente desgaste para el Ejecutivo. Hay asuntos relevantes para el Gobierno esta semana, como la reducción de la jornada laboral, que se trató este lunes en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, donde Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo pactaron llevarla la próxima semana al Consejo de Ministros tal como estaba pactada con los sindicatos, y también una Encuesta de Población Activa que mostraría los buenos resultados del empleo de los últimos meses. Pero hasta que no resuelva el problema del decreto ómnibus, garantice la subida de las pensiones y restablezca la normalidad con Junts, el bucle parece condenado a mantenerse.

Díaz abogó por aprobar, este mismo martes y “tal cual está”, el decreto ómnibus que la semana pasada tumbaron los populares y Junts en el Congreso. Y defendió las medidas una a una, porque Sumar ha tenido mucha participación en el diseño de ese escudo social. En La Moncloa insisten en que trocear el decreto, la salida más rápida, supondría renunciar a un bloque de medidas muy importante de ese escudo social pactadas con todos sus socios y poner en riesgo la mayoría con la que han aprobado ya 25 leyes y sacan adelante toda la política económica y social del Gobierno, y quedar en manos del PP, que aprovecharía la mínima ocasión para debilitarles. Se estaría jugando así algo más profundo que el propio decreto, ya en sí muy delicado porque afecta a 12 millones de pensionistas, que es la estabilidad de la mayoría y la gobernabilidad.

Por eso todos los esfuerzos del Ejecutivo están concentrados en la negociación con Junts, que tiene encima de la mesa otros asuntos clave como la transferencia de la competencia de inmigración a Cataluña o la solución a la proposición no de ley de Junts para instar a que Sánchez se someta a una moción de confianza. A pesar de que Junts se mostró este lunes de nuevo duro, en el Gobierno siguen confiando en encontrar una salida que si no suponga aprobar el decreto que se tumbó tal cual, algo muy difícil, sí al menos estén las medidas más importantes y el escudo social. Junts en teoría no se opone a ninguna de ellas, y ha votado a favor en anteriores ocasiones, pero la lógica política indica que no aprobará el decreto como está y habrá que hacer cambios y renunciar a algo.

Este lunes, en la Ejecutiva del PSOE, Sánchez no avanzó a su cúpula cuál será la solución para recuperar las medidas del decreto ómnibus, según fuentes presentes. El presidente se concentró en un discurso contra la “coalición negacionista” de PP y Vox y les explicó que en Davos encontró muy buena recepción por los buenos datos económicos españoles, a pesar de que ese mundo de la élite económica no suele ser cercano a un Gobierno progresista como el español. Sánchez insistió ante los suyos en que el PP es el gran responsable de la caída del decreto que sube las pensiones, y reprochó a Feijóo que llame “inquiokupas” a las personas protegidas por el escudo antidesahucios que está también en el texto. “No son okupas, sino personas vulnerables, que el PP los llame por su nombre”, insistió el presidente.

En el PSOE también trasladan la idea de que “se arreglará” la situación creada por la caída del decreto, aunque nadie explica aún cómo. El principal negociador con Junts es el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La estrategia del partido pasa por colocar el foco en el PP por haber votado en contra de la subida de las pensiones, y también desmontan otro argumento que han tratado de ofrecer los populares: “¿Dónde pone que suba el IVA de la luz o los alimentos?”, insisten para recordar que no viene nada de eso en el decreto, con lo cual se justifica aún menos el voto en contra del PP.

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La sucesión de frentes caseros se le acumulaban a Sánchez y desviaban el foco de los buenos datos económicos, en una legislatura ya de por sí endiablada por la minoría parlamentaria del Ejecutivo y la complicada relación con Junts o Podemos. Cuando no eran varios los barones a la contra por los pactos con los independentistas, las chispas saltaban por el enfrentamiento de Luis Tudanca, secretario general de Castilla y León, con Santos Cerdán, secretario de Organización de Sánchez. Y si no las turbulencias las producían las dudas que suscitaban los liderazgos de Juan Espadas en Andalucía y de Juan Lobato en Madrid, dos comunidades donde Sánchez necesita recuperar el gen competitivo y reducir el diferencial de votos que le saca el PP para no depender del músculo de Salvador Illa en Cataluña si quiere repetir en La Moncloa.

El desembarco de ministros, es decir, de dirigentes de su total confianza, dentro de la hoja de ruta que ha diseñado para la renovación de liderazgos que se habrá completado en verano para reactivar al partido y prepararse para el próximo ciclo electoral, ha sido el remedio por el que Sánchez ha optado en las federaciones en una situación más delicada. La nueva etapa que comienza en el PSOE de Aragón con el relevo de Lambán, que decidió no presentarse a la reelección, por Alegría tendrá un efecto balsámico instantáneo en la relación con Ferraz: acabará de un plumazo con las críticas públicas que el barón socialista profería contra el presidente del Gobierno y su política de alianzas. Sánchez cumple así el objetivo que se había marcado de “alinear” el discurso de las federaciones del PSOE con el de La Moncloa y la sede estatal del partido, como expuso en septiembre en una reunión de la dirección federal tras el incendio interno que suscitó la financiación singular para Cataluña que PSC y ERC acordaron a cambio de su apoyo imprescindible a la investidura de Salvador Illa.

“Cuando este partido está unido, como lo está ahora, somos invencibles. Así que, compañeros y compañeras, cerremos este proceso, unámonos todos, codo con codo, hombro con hombro, y vayamos a lo que de verdad importa, a estar ahí, al lado de la gente, a reconquistar de nuevo el voto de los aragoneses. Y si lo hacemos así, yo no tengo ninguna duda: en 2027 volveremos a ganar las elecciones y el PSOE ocupará el lugar que le corresponde y Aragón ocupará el lugar que le corresponde en España”, resaltó Alegría tras presentar su precandidatura. “Es lo mejor para el partido”, formalizó horas antes Villagrasa su paso atrás, que justificó en aras “a la unidad” del partido, tras el goteo de apoyos que Alegría había recabado los últimos días de algunas agrupaciones muy relevantes que, a la hora de la verdad, el sector lambanista ha demostrado que no controlaba. El día escogido para la rendición no fue casual: este viernes se abría el plazo para presentar las precandidaturas, un plazo que acaba el lunes a mediodía. Las primarias en Aragón estaban fijadas el 16 de febrero si había más de una candidatura y reunía los avales necesarios.

El éxito de Alegría evidencia la incomodidad que había dentro de la federación de Aragón por la confrontación permanente de Lambán con Sánchez. La falta de oposición a la llegada de la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes refleja que la opinión de los afiliados de Aragón no era lo misma que la de Lambán. “Es una anomalía que un ministro encabece la oposición a un presidente autonómico”, afirmó el líder territorial saliente en diciembre, días antes de que Alegría lanzara su candidatura, en una entrevista en EL PAÍS. Otros ministros o altos cargos institucionales que ya estaban al frente de federaciones son Ángel Víctor Torres en Canarias, Diana Morant en la Comunidad Valenciana y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en Baleares. López se sumó la semana posterior al Congreso Federal del PSOE sin la oposición de una candidatura alternativa tras la dimisión de Lobato por la crisis que se desató después de que registrara ante notario cómo le llegó un correo del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Villagrasa no es el único precandidato que se ha retirado, facilitando los planes de Sánchez. Montero tampoco se someterá al proceso de primarias: la semana pasada, una hora antes del fin de plazo de recogida de las firmas el otro precandidato, el catedrático Luis Ángel Hierro, tiró la toalla al no reunir los avales requeridos. Montero, a la que Espadas dio el testigo apartándose de la batalla por el liderazgo del PSOE de Andalucía para apoyar un proyecto “ganador”, defendió este viernes en una reunión de la Interparlamentaria del PSOE andaluz la “necesidad” de que la federación con más militantes se reivindique con “un discurso político reconocible, netamente de izquierda y progresista para fidelizar aquellas personas” que les votaron “siempre y que un momento han podido sentir huérfanos”. También pidió la activación de los 40.000 militantes andaluces y exigió un esfuerzo de “integración” con vistas a los congresos provinciales, que se prevén convulsos. “Esto no se gana solo teniendo una buena estrategia en redes, ni es solo una tarea de los dirigentes, sino de cada casa del pueblo. Esto no va de tú de quién eres, dónde te situaste, en no sé qué combate, Esto no va de dónde has estado en los últimos tiempos. Si percutimos ahí no tenemos capacidad de sumar”, aseguró. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, ha ordenado adelantar los congresos provinciales del PSOE andaluz a abril para tener a punto cuanto antes al partido.

En este escenario, García-Page cobra más fuerza como el referente crítico del PSOE. “Bastante tiene de humillante tener que ir semiarrastados a Suiza a intentar sacar las cosas adelante. [Puigdemont] sigue queriendo demostrar que tiene el mando a distancia... Yo me voy a dejar la piel para que les quede claro, sobre todo a los independentistas, que muchos no aceptamos que La Moncloa sea un edificio en alquiler y además, como está pasando con los alquileres ahora, subiendo [el precio] permanentemente”, fue la andanada que soltó el miércoles en la inauguración de Fitur. García-Page fue reelegido como candidato único por la federación de Castilla-La Mancha, en cuyo congreso Sánchez ensalzó al barón del PSOE y antepuso su gestión a las diferencias que tienen: “Siempre preferiré a un presidente socialista que a un presidente de derechas”.

Resuelto el tablero en Aragón, las primarias en Cantabria a cara de perro entre el defensor del título, Pablo Zuloaga, y el diputado Pedro Casares son las únicas que quedan pendientes de resolver, aunque el actual líder territorial salió colocado en mejor posición del Congreso de Sevilla. Tudanca se retiró y le sucederá el alcalde de Soria, Carlos Martínez, mientras que la militancia ha votado en Extremadura, donde Miguel Ángel Gallardo ha sido reelegido y ha reforzado su poder tras imponerse en las urnas con el 62,61% de los votos a la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez (36,12%). En marzo del año pasado Gallardo fue elegido sucesor de Guillermo Fernández Vara con un respaldo del 56,2% frente a Lara Garlito (42,8%). Las primarias más reñidas han sido en Murcia, donde Francisco Lucas, diputado nacional y miembro de la dirección federal del PSOE, será el nuevo secretario general de la federación de Murcia (5.227 afiliados) después de vencer con 2.219 votos (54,6%) a Diego Conesa, líder territorial entre 2017 y 2021 y ganador de las elecciones autonómicas de 2019, que obtuvo 1.827 apoyos (45%).

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“Cuando este partido está unido, como lo está ahora, somos invencibles. Así que, compañeros y compañeras, cerremos este proceso, unámonos todos, codo con codo, hombro con hombro, y vayamos a lo que de verdad importa, a estar ahí, al lado de la gente, a reconquistar de nuevo el voto de los aragoneses. Y si lo hacemos así, yo no tengo ninguna duda: en 2027 volveremos a ganar las elecciones y el PSOE ocupará el lugar que le corresponde y Aragón ocupará el lugar que le corresponde en España”, ha resaltado Alegría tras presentar su precandidatura. Este viernes se abría el plazo, que acaba el lunes a mediodía. Las primarias estaban fijadas el 16 de febrero si había más de una candidatura y reunía los avales necesarios. De esta forma, el presidente del Gobierno completa el desembarco exprés de ministros, es decir, de dirigentes de su total confianza, en tres de las principales federaciones del PSOE, dentro de la hoja de ruta que ha diseñado para la renovación de liderazgos para reactivar al partido y prepararse para el próximo ciclo electoral.

La nueva etapa que comienza en el PSOE de Aragón con el relevo de Lambán, que decidió no presentarse a la reelección, por Alegría tendrá un efecto balsámico instantáneo en la relación con Ferraz: acabará de un plumazo con las críticas públicas que el barón socialista profería contra el presidente del Gobierno y sus pactos con los partidos independentistas. Sánchez cumple así el objetivo que se había marcado de “alinear” el discurso de las federaciones del PSOE con el de La Moncloa y Ferraz, como expuso en septiembre en una reunión de la dirección federal tras el incendio interno que suscitó la financiación singular para Cataluña que PSC y ERC acordaron a cambio de su apoyo imprescindible a la investidura de Salvador Illa.

Alegría y Villagrasa habían mantenido varias reuniones y conversaciones telefónicas en las últimas horas. La última fue este mismo jueves, según fuentes conocedoras de los contactos. Los dos aspirantes estuvieron reunidos en Zaragoza después de la asamblea con militantes que Alegría mantuvo en Calatayud. En ese encuentro no se negociaron ni condiciones ni nombres para integrar a la candidatura de Villagrasa. Desde el entorno de la ministra muestran su disposición a hacerlo tanto con él como con su equipo más estrecho de colaboradores. Eso sí, se había exigido que la retirada se produjese antes de que se abriera el plazo de presentación de precandidaturas, este viernes a las 12.00. Villagrasa cumplió con esa condición.

La sucesora de Lambán, que será coronada en el congreso regional a mediados de marzo, se presentó el 21 de diciembre para liderar el PSOE de Aragón con un mensaje de unidad. “Este proyecto no excluye a nadie, voy a por todas”, se postuló, lanzando su candidatura en su pueblo de La Zaida, con una demostración de fuerza con cargos orgánicos de toda la comunidad y el objetivo de recuperar el Gobierno autonómico en 2027. La prioridad es evitar que el presidente actual de la comunidad, Jorge Azcón (PP), se consolide un segundo mandato. Algo que el PP no ha conseguido en lo que va de siglo. La victoria de Alegría ya se daba por descontada. La duda era por qué margen se produciría, si es que había primarias. Los cálculos de su candidatura, compartidos por dirigentes de la federación nada adeptos a Alegría, le otorgaban un respaldo del 70% para ser elegida como la primera mujer secretaria general del PSOE de Aragón. Un porcentaje que se agrandó esta semana, según las estimaciones de distintos cargos consultados, después de que Alegría se garantizara el apoyo de agrupaciones tan significativas como la de Zaragoza Norte, la más numerosa de la capital aragonesa. La provincia de Zaragoza concentra, con casi 5.000 militantes, a la mayoría de afiliados de la federación, muy por encima de Huesca (1.400), bastión desde hace años del sector crítico con Lambán, y Teruel (1.100).

La reacción del lambanismo al desafío de Alegría llegó una semana después. “Me presento con un proyecto autónomo, libre de equipaje. Si algo me define es ser una persona conciliadora que ha trabajado por construir puentes y no por levantar muros. Hay que unir al partido en torno a un proyecto ganador”, anunció el 28 de diciembre Villagrasa a las puertas del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. El aspirante, que había renunciado previamente como responsable de Organización, oficializó entonces su candidatura acompañado por la exeurodiputada Isabel García Muñoz y la exdiputada Noemí Villagrasa. El paso que emprendió Villagrasa no se entiende sin las presiones que recibió de Lambán y su entorno para que se presentase a las primarias. Villagrasa lo hizo tras la negativa de Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza y dirigente de la provincia con más militantes. “Has sido un dignísimo candidato y hubieras sido un gran Secretario General del PSOE Aragón. Gracias por tu esfuerzo, que, a buen seguro, no habrá sido en vano”, ha reaccionado Lambán en su cuenta de X. El camino queda expedito para que la renovación del liderazgo del PSOE recaiga en una de los pesos pesados del Gobierno. Justo lo que Lambán no quería.

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El primer secretario del PSC no tiene aún los tan perseguidos Presupuestos, como tantos presidentes autonómicos del PP, pero ha demostrado que gobernar es mucho más. El objetivo prioritario de la arriesgada jugada en la que siempre ha contado con el respaldo de Pedro Sánchez ha sido recuperar la institucionalidad para una administración que durante la etapa de Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra se convirtió en el ariete del independentismo. Desde agosto Illa ha devuelto la bandera de España al Palau, ha asistido al desfile del Doce de Octubre, ha acudido a La Zarzuela y ha recibido a Felipe VI, ha participado en la Conferencia de Presidentes... En definitiva, se ha volcado en dejar atrás la etapa del procés.

Sánchez espera que el cambio tenga un rédito electoral en 2027, pero entretanto Illa se cobró este miércoles su última victoria: la vuelta de la sede social del Sabadell a Cataluña. La entidad, en plena opa hostil del BBVA, es la primera gran empresa del Ibex 35 en desandar el camino que miles de firmas realizaron por el procés. Una prueba del desgarro es que hasta ahora solo cuatro compañías habían decido devolver su sede social a Cataluña. “Estamos en el buen camino, del buen gobierno, de la estabilidad institucional y de la seguridad jurídica”, celebró con su sobriedad característica en el pabellón de la Generalitat en Fitur.

El lema escogido para promocionar Cataluña ha sido El viaje de tu vida. “Estamos aquí porque Cataluña quiere abrirse, quiere mostrarse, quiere explicarse y este es un buen lugar para hacer eso, para darnos a conocer. También para compartir, queremos compartir nuestras experiencias, nuestra manera de ver las cosas, nuestro país, nuestra naturaleza magnífica... Y hay mil razones culturales para venir a visitar Cataluña, para compartir nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro deporte y nuestra gastronomía”, ha explicado bajo la atenta mirada, entre otros, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP). También estaban en primerísima línea Miquel Semper, Conseller de Empresa y Trabajo; Berni Álvarez, conseller de Deportes; Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y Nuria Marín, delegada del Govern en Madrid.

La gastronomía ha merecido una atención especial para Illa, que ha estado, además de en el stand de Cataluña, en el de Barcelona, el de Badalona, Casteldefels, Vueling e Iryo. Por la tarde ha mantenido algunas reuniones privadas, antes de asistir al evento en el que la Generalitat ha promocionado la comida catalana. “La gastronomía es una buena ventana, es una buena manera de presentarnos, de mostrarnos, de mostrar en primer lugar nuestros productos y también nuestra hospitalidad, nuestra forma de recibir e integrar a personas que vienen a Cataluña a buscar una vida mejor”, ha arrancado Illa. “La gastronomía es como somos, es mostrarnos como somos, es reivindicarnos como somos los catalanes, nuestra voluntad de ser, de acoger, de hacer convivir. La gastronomía es una muy buena embajadora de Cataluña”, ha recalcado antes de tener “un recuerdo especial” para el chef asturiano José Andrés, que se formó gastronómicamente en Cataluña y al que Donald Trump no quiere como asesor presidencial, a diferencia de Joe Biden. “José Andrés nos enseñó también que la gastronomía es solidaridad y cooperación. Le quiero decir que Cataluña siempre estará abierta para él, una Cataluña abierta, que quiere trasladar confianza, tranquilidad y estabilidad y participar activamente desde su pluralidad en la construcción de una España plural y diversa”, ha enfatizado. Illa regresará este jueves a primerísima hora a Barcelona para asistir a las diez de la mañana al Congreso de UGT Cataluña.

“Las mejores conquistas llegan a través del estómago”, compartían previamente, entre risas, algunos de los asistentes a un acto por la noche en la Real Fábrica de Tapices por la designación de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía 2025. El lema en esta ocasión era Somos Gastronomía, en castellano y catalán. “Este es un acto de la Cataluña que vuelve, que vuelve con fuerza, que vuelve con todos sus valores, con todas sus ganas de aportar a España”, ha resaltado Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo. “Quiero agradecer a todos los catalanes que estáis aquí, a todos los que habéis sido embajadores de una Cataluña plural defendiendo una España plural. Sé que muchos os habéis considerado solos durante demasiados años. Bien, ahora tenéis la Cataluña que también es plural, que se presenta con toda su riqueza y su diversidad en la capital de España para contribuir desde su personalidad a un proyecto de una España mejor. Os agradezco como ministro la gran aportación que Cataluña hace y hará para una España más fuerte. Sois absolutamente bienvenidos en el desembarco del propio presidente de la Generalitat, ¡ya era hora de tener un presidente de la Generalitat aquí en España, aquí en Madrid!”, ha expresado.

Al cóctel de pie han asistido 350 invitados del mundo de la gastronomía, la comunicación turística, el sector de las agencias y touroperadors de viajes, así como personas vinculadas a Cataluña y referentes gastronómicos de Madrid. Se ha apostado “por la creatividad, el talento y la tradición que posicionen a Cataluña como una referencia culinaria global”, según fuentes del Govern. Su aplicación a la práctica han sido aperitivos como coca de calçots con toque de salsa romesco, coca de escalivada con anchoas, calamar con caviar y caldo de pollo del Prat, un primer plato consistente en gamba blanca de Palamós, mejillones del Delta y buey de mar o brandada de bacalao, un segundo de guisantes del Maresme con salsa de jamón ibérico y migas o pato con peras y como colofón, de postre, pan con aceite y chocolate. En su preparación han participado Casa Hermanos Torres (Sergio y Javier Torres) -“nos hace mucha ilusión este puente entre Cataluña y Madrid”, han dicho- ambos con tres estrellas Michelín, el Restaurant Les Cols (Fina Puigdevall y Martina Puigvert), ambos con dos estrellas; Oriol Balaguer, reconocido como uno de los grandes maestros reposteros y la sumiller del restaurante El Celler de Can Roca, Marta Cortizas, mejor somelier de Cataluña en 2024.

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“El buen camino es el camino del buen gobierno, de la estabilidad institucional y de la seguridad jurídica”, ha valorado Illa en una atención a los medios en el pabellón de la Generalitat la feria turística que se celebra en Ifema. “Es el camino de la generación de confianza y de mirar siempre hacia adelante, al futuro, con confianza y con ganas de trabajar”, ha reiterado el líder del PSC. La maniobra del Banco de Sabadell, en plena opa hostil por parte del BBVA, ha tomado por sorpresa a los líderes políticos, pues la entidad vallesana logra así darle un barniz político a su oposición a la operación que pretende Carlos Torres.

El regreso de las grandes empresas cotizadas que hace siete años se fueron de Cataluña, evitando así la zozobra política y jurídica derivada del órdago independentista, era uno de los grandes gestos que quedaban pendientes para que los socialistas pudieran rematar su relato de encarrilamiento del conflicto político en Cataluña. Más allá de la encrucijada de la opa, el regreso del banco vallesano, líder en el sector de las pymes, abona a la tesis de aumento de la confianza en la situación social y económica de Cataluña que han construido los gobiernos de Pedro Sánchez y de Salvador Illa.

Incluso desde el PP se ha recibido con satisfacción el anuncio, a sabiendas que aceptar el éxito del regreso del banco de Oliu a Cataluña implique aplaudir un poco al adversario político. “Es positivo que las empresas que se fueron vuelvan a Cataluña. Así lo reclamaba en campaña y hoy lo mantengo. Ahora quedan 7.999 por volver”, ha escrito en la red X el líder de los populares catalanes. Junts per Catalunya, que en su día quiso poner sobre la mesa incentivos fiscales para garantizar el regreso de las compañías que se habían ido en 2017, no se ha referido oficialmente a la maniobra hecha por el Sabadell.

El mundo económico también ha recibido con los brazos abiertos la noticia. El presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, ha celebrado el paso dado por el banco. También ha augurado que en “los próximos meses” otras empresas “relevantes” seguirán los pasos de la entidad de origen vallesano. Todos los ojos, como no podría ser de otra manera, están puestos en los movimientos de CaixaBank y, sobre todo, del holding no cotizado Criteria. En los últimos meses un rosario de empresas diversas había devuelto su sede social a Cataluña, como por ejemplo Laboratorios Ordesa o la tecnológica Red Points. La última compañía de calado en completar el regreso fue Cementos Molins, que cotiza en el mercado de los corros: en diciembre pasado mudó su domicilio de Madrid a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha valorado que el banco de Oliu da el paso “porque la situación que había para que se fuera ha desaparecido”. “El Sabadell seguro que tiene más intereses que exclusivamente la situación política de Cataluña”, ha apostillado el líder sindical, dando a entender que hay que enmarcar el movimiento del banco en la encrucijada de la opa del BBVA. Javier Pacheco, el homólogo de Álvarez en CC OO de Cataluña ha asegurado que espera que la vuelta sirva de incentivo para atraer nuevas inversiones y anime a otras empresas a emprender el camino de regreso.

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